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VALORACION SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN EL LITORAL MERIDIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Francisco Calvo García-Tornel
Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia
humangeo@um.es

María del Carmen Granell Pérez
Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia
cgranell@um.es

Recibido: 16 de febrero de 2009. Devuelto para revisión: 16 de abril de 2009. Aceptado: 27 de abril de 2009.

Valoración social del riesgo por inundación en el litoral meridional de la Región de Murcia (Resumen)

Este trabajo, basado en una campaña de entrevistas, trata de caracterizar la valoración y el discurso social resultante que una población, con nivel de experiencia relativamente elevado, manifiesta sobre el fenómeno inundación, sus posibles efectos catastróficos y las políticas de prevención y post-catástrofe aplicadas en el litoral meridional de la Región de Murcia.  

Palabras clave: riesgo de inundación catastrófica, discurso social, Sur de la Región de Murcia.

Social valuation of the flood risk on the southern coast of the Murcia Region (Abstract)

Based on a campaign of interviews, this paper tries to characterize the assessment and the resulting social discourse that a population, with relatively high level of experience, says regarding the flooding problem, possible catastrophic effects, prevention policies and post-disaster implemented on the southern coast of Murcia.

Key words: risk of catastrophic flooding, social discourse, Southern Region of Murcia.

Los estudios sobre la actitud de las poblaciones frente a la posibilidad de inundaciones y su carácter ocasionalmente catastrófico se han dejado de lado[1], salvo contadas excepciones, por parte de la investigación geográfica, al menos en España, pese a haberse iniciado precisamente dentro de esta disciplina y haber centrado, durante bastantes años, el debate científico[2].

Sin embargo, su interés es indudable, ya que los riesgos emergen cada vez con más fuerza como problemas públicos que deben gestionarse, lo cual resulta con frecuencia bastante complejo. Las tentativas de acercarse al conocimiento de la construcción social de la “realidad” del fenómeno riesgo y sus probables consecuencias catastróficas, tratan de encontrar en aquélla los factores que condicionan, en buena medida, tanto la orientación de las políticas encaminadas a abordar este tipo de crisis como la categoría de exigencias ciudadanas que, en líneas generales, las determinan. La naturaleza de los riesgos como problema se manifiesta socialmente estrechamente vinculada a  las alarmas anunciadas, las movilizaciones de actores, tanto en  el campo institucional como fuera de él, las lógicas y cuadros cognitivos de los afectados por el problema y, por supuesto, sus intereses.

La comprensión de las características, en este caso, del proceso inundación y su posibilidad potencial de daños al sistema humano de uso del suelo e, incluso, a los propios habitantes del área afectada, están en la base de cualquier acción de previsión o defensa. Esta comprensión incluye necesariamente la elaboración social de juicios de valor, más o menos acertados, y es el elemento básico subyacente en los procesos de riesgo, ya que determinan, en buena medida, la selección y definición de prioridades.

Sin tratar de conseguir información sobre los aspectos aludidos, difícilmente se puede avanzar en el análisis de riesgos desde un punto de vista geográfico, ni siquiera en el caso de los impropiamente denominados “naturales”, cuyo estudio con tanta frecuencia se reduce a la descripción de dinámicas ambientales y, en el mejor de los casos, a su modificación por actuaciones humanas.

La búsqueda del conocimiento del discurso mayoritario sobre este tipo de acontecimientos en general y, concretamente en este trabajo, sobre inundaciones catastróficas, se centra en la población potencialmente afectada y parece exigir un método de aproximación mixto entrevista-encuesta, donde la segunda tenga un carácter secundario, ceñido a cuestiones significativas y cuantificables sin dificultad.

En este caso, el objeto de la investigación se desarrolla sobre un ámbito particularmente afectado por inundaciones con desenlace calamitoso que llega a incluir la pérdida de vidas humanas: la población asentada sobre el territorio más meridional de la Región de Murcia, en concreto los sectores litorales de los municipios de Águilas, Lorca, Mazarrón y Cartagena. Un territorio donde el conjunto de parámetros físicos del fenómeno inundación en cauces tipo rambla, los únicos existentes, han sido establecidos previamente con bastante precisión (Pérez Morales, 2007, 2008; Conesa García, 1990, 2005), y en el que se han registrado, en los últimos 35 años, hasta 24 episodios con desenlace calamitoso.

Se trata, en su conjunto, de un espacio densamente poblado, ocupado en parte por instalaciones de una agricultura de ciclo manipulado, y que cuenta con varios núcleos de población de primer orden, importantes infraestructuras turísticas, industriales y de comunicación, además de estar afectado por ambiciosos proyectos de desarrollo urbanístico futuro.    

Método de trabajo

El método de trabajo escogido ha sido la realización de entrevistas, basadas en un guión detallado previamente establecido, ya que este procedimiento exige una muestra más reducida que la encuesta mediante cuestionario, además de generar menor número de rechazos (Blanchet y Gotman, 1992). Las entrevistas se realizaron en la primavera-verano de 2008, buscando que la mayor parte de los sujetos estuvieran ocupando sus viviendas, objeto en ciertos casos, como los veraneantes y algunos agricultores, de ocupación estacional.

Con la finalidad de lograr una información lo más precisa posible, se estimó necesario realizar una selección previa de la población sobre la que versa la investigación, pues al tener el fenómeno inundación un carácter discontinuo en el espacio y en el tiempo, las valoraciones que sobre él puedan hacer los no afectados, sea por ubicación o por inexperiencia, estarán siempre matizadas por interpretaciones ajenas. La muestra es, por tanto, diversificada en función de variables relacionadas con el tema, ya que conseguir una estricta selección de sujetos con residencia en áreas inundables acreditadas y experiencia personal en este tipo de eventos, que serían de hecho “interlocutores privilegiados”, resulta imposible en el área estudiada. Se trata de una dificultad derivada de su dinamismo demográfico reciente y de que, en función de su desarrollo turístico, cuenta con una fracción de población foránea básicamente estacional. Por esta razón, la población encuestada ha sido sometida a un proceso de depuración previa que atiende los criterios comentados a continuación.

Características de la muestra

La población encuestada asciende a 231 personas que representan el 0,15 por ciento del efectivo demográfico asentado en la franja costera de los cuatro municipios mencionados. La selección de su distribución espacial atiende dos criterios:

a)  El predominio de la población concentrada en grandes núcleos (74 por ciento) aconseja dirigirse mayoritariamente a éstos (Águilas, Mazarrón, Puerto de Mazarrón y Cartagena), aunque sin olvidar al tercio que reside en caseríos o viviendas aisladas. Por otra parte, resulta evidente que los sectores inundables muestran ambos tipos de poblamiento y que, en el caso del disperso, la menor posibilidad de daños parece ser una situación transitoria a la vista de los desarrollos urbanísticos previstos para esas áreas (Díez de Revenga et al., 2006). La distribución sobre el territorio de la población a encuestar (Cuadro 1) se ha realizado, de acuerdo con estas consideraciones, aplicando dos tercios de las encuestas en  núcleos de más de 1.000 habitantes, proporcionalmente a su población total.

 

b) Tanto en áreas urbanas como rurales, la localización concreta de los encuestados corresponde a sectores donde previamente está atestiguado haberse manifestado el fenómeno inundación. La búsqueda de una valoración fehaciente del riesgo inherente al mismo demanda que la población esté realmente expuesta, es decir, sometida a la posibilidad directa de que éste se manifieste.

La conjunción de ambos criterios tiene como resultado una distribución territorial de la población encuestada que coincide, en gran medida, con las cuencas de los cauces-rambla que vierten al Mediterráneo y se ubica en los sectores litorales del municipio de Águilas, el estrecho pasillo por el que se asoma al Mediterráneo el de Lorca, el litoral de Mazarrón y el del municipio cartagenero, con la excepción de su sector oriental que vierte al Mar Menor, tal y como expresa el mapa de la Figura 1.

 

Con la finalidad de avanzar más en la búsqueda de un universo teóricamente informado y con experiencia directa en crisis de inundación, además de los criterios de ubicación se han introducido otros relacionados con las características demográficas.

 

De forma preferente, se han seleccionado personas de 45 años o más (60,1 por ciento)  y residentes habituales en el área (90 por ciento). Considerando que episodios de inundación catastrófica se han producido en diferentes sectores a lo largo de las décadas de  setenta a noventa del siglo pasado, parece que este segmento de población sea el más adecuado para aportar su valoración. Cabe señalar, sin embargo, que la presencia de residentes turísticos europeos que ocupan segundas residencias en el litoral, así como de numerosos trabajadores de origen magrebí o subsahariano (Martínez, Gil, Gómez, 2007) aconseja atender a este colectivo, tanto más cuanto las víctimas mortales en los últimos episodios de inundación catastrófica han sido exclusivamente extranjeros residentes temporales. Resultado de esta selección en la muestra entrevistada es que un 52,4 por ciento reconoce haber sufrido la experiencia directa de alguna inundación, lo que a los efectos buscados resulta satisfactorio. Las características más generales de la población encuestada se expresan en el Cuadro 2.

Los resultados

Las entrevistas realizadas versan básicamente sobre cuatro aspectos: lo acaecido durante periodos de crisis relativamente recientes, la opinión sobre su gestión por parte de los organismos con responsabilidades en el tema, las reacciones defensivas de la población y, finalmente, sus juicios de valor sobre las medidas que se adoptaron antes, durante y después de la catástrofe. Se refieren, por tanto, a episodios concretos y próximos en el tiempo, circunstancia que se traduce con frecuencia en referencias claras a situaciones propias de las características de los asentamientos e infraestructuras del área.

Respecto al conjunto de respuestas, destaca la práctica desaparición de referencias a la inundación como catástrofe con repercusiones agrarias, circunstancia que no remite tanto al declive de esta actividad como al desarrollo de los sistemas de seguros y ayudas. Por el contrario, las frecuentes alusiones a daños en viviendas, tanto de primera como de segunda residencia, viales y otras instalaciones, refleja con claridad el intenso proceso de urbanización que se ha producido en el área desde los años ochenta del pasado siglo.

Es también de interés reseñar la práctica ausencia de consideraciones sobre la inevitabilidad de este tipo de acontecimiento que no estén en relación con acciones desafortunadas por parte de la sociedad instalada en el sector, excepto en porcentajes residuales, de manera que los habitantes del área parecen tener muy claro, de forma mayoritaria, que la calamidad es un producto humano. Sin embargo, se señala también de forma  evidente lo inevitable que resulta para muchos su repetición futura, certeza que se apoya en la escasa valoración de las políticas implantadas frente al riesgo y una muy limitada confianza en los gestores de las mismas.     

Cabe, por último, señalar la frecuente utilización del concepto “políticas medioambientales” por parte de los encuestados. No obstante, éstas no se concretan en la mayor parte de las respuestas que, en el mejor de los casos, se ciñen a efectuar repoblaciones forestales y, en muy pocos, a respetar los cauces de inundación de las ramblas. El término, ciertamente, ha hecho fortuna, pero su contenido real para los que lo usan resulta confuso e indeterminado.  

La atribución de responsabilidades

Tres de cada cinco encuestados encuentran que la responsabilidad de que se produzcan inundaciones causantes de daños reside en la falta de previsión de las distintas Administraciones (Figura 2).

A la hora de concretarse, esta imprevisión se formula, de forma mayoritaria, como inadecuación de las infraestructuras de defensa establecidas que las convierte en ineficaces. Es interesante destacar que, a este respecto, se atribuye a las administraciones municipales y autonómicas una responsabilidad dos veces superior a la del Gobierno de la Nación. Es posible que la extraordinaria complejidad del entramado jurídico español sobre la gestión de agua y la confusión derivada del frecuente uso de estas cuestiones en el ámbito de los enfrentamientos políticos (Calvo, 1996), favorezcan cierta desorientación ciudadana respecto a competencias y responsabilidades asignadas cada una de estas Administraciones

 

Uno de cada cinco, por el contrario, aun sin exonerar a los diferentes gestores públicos, hace residir la responsabilidad de inducir situaciones de riesgo en los propios habitantes del área. Unas veces por mantener sus viviendas o instalaciones en ubicaciones inadecuadas, con gran exposición. Otras, porque con sus actuaciones u omisiones contribuyen a alterar el medio ambiente, agravando el componente de peligrosidad, sin olvidarse incluso de situaciones que potencian los efectos del “cambio climático”. Por último, no faltan los que aluden a que las situaciones de pobreza están en la base de una alta vulnerabilidad.

Aunque se trate de una opinión minoritaria, no resulta gratuito este diagnóstico debido a los cambios de todo tipo sufridos por el área durante los últimos años, que incluyen elevados índices de artificialización del suelo (Ministerio de Fomento, 2006), espectaculares modificaciones topográficas derivadas de la introducción de amplias superficies de cultivos protegidos y sistemas de riego tecnológicamente avanzados, así como cambios demográficos importantes derivados de la inmigración extranjera.

Cabe, por último, señalar la muy minoritaria opinión, uno de cada diez, que culpabiliza exclusivamente a los condicionantes naturales del área por el desencadenamiento de estas catástrofes.

Parece que es posible concluir la pervivencia del tradicional paradigma que coloca las infraestructuras en primera línea de las políticas frente al riesgo que, desde hace ya más de un siglo, han generado en España multitud de “Planes de defensa contra  avenidas”, muy en particular en la Región de Murcia  (Romero y Maurandi, 2000), íntimamente relacionados con el discurso predominante sobre la gestión del agua (Calvo, 2006). Pero es también posible destacar la corriente minoritaria que busca otras explicaciones, en buena medida sobre la base de una crítica a la proliferación exclusiva de obra civil. Son estas últimas opiniones dispersas y poco perfiladas, posiblemente por ser su formulación mucho más reciente y por divulgarse de forma incompleta, a veces contradictoria, y siempre dentro de las polémicas sobre el modelo de desarrollo económico en una dialéctica notablemente maniquea.

Las opiniones sobre la gestión de eventos de inundación

Resulta interesante señalar, de entrada, que de los encuestados con experiencia directa en una inundación causante de daños, el 83’5 por ciento no fueron conscientes, en los momentos previos, de advertir lo que estaba a punto de ocurrir. Esta circunstancia parece remitirnos, en principio, a una confianza genérica en los elementos de prevención instalados, pero el análisis de la encuesta refleja una situación más compleja.

Según los encuestados, la responsabilidad básica de las distintas Administraciones en los esfuerzos por superar los efectos negativos de las crisis de inundación reside  en la instalación de sistemas de defensa realmente eficaces. Aunque no se exprese de forma explícita, en esta opinión parece subyacer la idea de que la catástrofe es evitable si se aportan los medios adecuados y, al parecer, la mayor parte de la población estima que los aplicados hasta el momento en efecto lo son. Pero resulta obvio que el papel de las distintas Administraciones es bastante más amplio y no sólo se desarrolla en forma de instalación de obras de prevención.

Posiblemente, el momento en que la población potencialmente afectada es más consciente de la naturaleza del peligro y establece valoraciones sobre los dispositivos establecidos para defenderse de él, sea durante el desarrollo de una crisis. Aquellos que se han visto afectados por ellas (Figura 3), que en el área estudiada suponen la mitad de la población encuestada, manifiestan de forma muy mayoritaria, cuatro de cada cinco, haberse enterado de la inminencia de una inundación menos de una hora antes de que ésta se produjera, y tres de cada cinco señalan que esta información provenía de su propia experiencia o de familiares o vecinos. Los avisos provenientes de los Ayuntamientos o de Protección Civil sólo informaron a una minoría de afectados, en tanto que el papel de los medios de comunicación y organizaciones como Cruz Roja es prácticamente residual.

 

De estas consideraciones parece imposible derivar algún tipo de confianza en los sistemas de alerta temprana implantados y, por supuesto, la absoluta dificultad para organizar con tan escaso margen actuaciones de preemergencia que no sean puramente individuales. Así, esta especie de “sálvese quién pueda” resulta tan sólo paliado por el conocimiento empírico sobre el fenómeno que proporciona a sus habitantes el residir largo tiempo en el área.

Y cabe interrogarse sobre cuál es el punto de vista de la gran mayoría de encuestados, cuatro de cada cinco, que no fueron capaces de advertir que podía ocurrir un evento catastrófico (Figura 4). Resulta notable que, entre éstos, más de la mitad acepte como justificación fundamental lo “imprevisible” de la catástrofe. Y si a ellos se unen los que estiman que con anterioridad “nunca hubo gran peligro” y respuestas similares, el resultado es que una amplia mayoría se inclinan a la valoración de estos acontecimientos como fenómenos aislados y, en gran medida, fortuitos. Concepción ésta tradicional y ampliamente divulgada que durante mucho tiempo ha dificultado el análisis científico de los riesgos de todo tipo.  

 

Hay que destacar también la presencia de un número reducido, aunque significativo, que basa su carencia de reacción en la confianza depositada en los sistemas de defensa instalados, como colectores de pluviales, alcantarillado y canalización de ramblas. Por último, una minoría recupera las críticas a la Administración, señalando mal funcionamiento de la alerta o efecto negativo de las infraestructuras instaladas.

El comportamiento durante las crisis

No cabe duda que una alerta temprana y bien difundida es la base que permite organizar mejor el conjunto de medidas y preparativos colectivos o individuales previos a la crisis, minimizando el impacto de ésta. Pero, como era de esperar en el caso que nos ocupa, si la alerta no funcionó tampoco lo hicieron los preparativos o lo hicieron mal.                   

De hecho, sólo uno de cada diez afectados reconoce que se adoptaran medidas de forma organizada, valoración que lleva a considerar el encontrarnos ante un fallo de primer orden en la transmisión de información, por ser evidente que, en cualquier caso, estas medidas sí se tomaron, lo que reconoce una minoría al señalar a la Administración como impulsora de la evacuación de personas y rescate de bienes (Figura 5).

 

Dentro del conjunto de entidades que engloba el concepto de Administración, y a las que cuatro de cada cinco encuestados asignan un protagonismo principal, éste se atribuye de forma mayoritaria al Organismo de Protección Civil, seguido de bomberos y fuerza pública y, por último, ayuntamientos y autoridades sanitarias. A otros organismos ajenos a la Administración pública, como asociaciones de vecinos, iglesias o Cruz Roja, la participación atribuida resulta irrelevante.

Sin embargo, a la hora de valorar la eficacia de esta presencia,  las actuaciones del conjunto de organismos de todo tipo resulta que se consideran como “regulares” o “malas” en los dos tercios de los casos, advirtiendo además que el hecho de estar presentes, cuando lo están, no garantiza una gestión eficaz.

 

Pero la gestión de la crisis no sólo es pública. En el ámbito personal y familiar también se reacciona ante la inminencia de la catástrofe con diversas medidas que, en el caso que nos ocupa, coinciden en general con las adoptadas de forma colectiva: evacuar, rescatar bienes y abastecerse de alimentos. A su vez, aquéllos que no reaccionaron alegan falta de tiempo para actuar o confianza en que nada ocurriría (Figura 6).   

¿Y después qué?

Estrategia idónea tras una catástrofe es conseguir recuperarse con rapidez y eficacia, a la vez que se extraen de la experiencia pasada actitudes que mejoren la resistencia ante un evento futuro. Poder y saber hacerlo disminuye notablemente la vulnerabilidad general ante este tipo de acontecimientos. En el área estudiada, los sucesos de inundación son lo suficientemente numerosos y recientes como para que estas actuaciones sean de sobra conocidas.

Resulta, sin embargo, que tan sólo una tercera parte de los encuestados reconoce la intervención de instituciones públicas en la recuperación de daños y pérdidas. Estos perciben las intervenciones (Figura 7) como orientadas, muy preferentemente, hacia la reparación o mejora de obras de infraestructura y, de forma secundaria, a remodelaciones urbanísticas en el sector afectado, básicamente consistentes en reparación y mejora de viviendas. Aquellas actuaciones que pueden tener un carácter más eficaz, orientado a aumentar la resistencia frente a acontecimientos futuros, como reubicación de viviendas o actuaciones de carácter medioambiental sobre la cuenca fluvial, no se advierten más que por una minoría de encuestados. En consecuencia, son los Ayuntamientos, organizadores de la limpieza y reparaciones más inmediatas y visibles, los órganos de la Administración que se consideran más activos en la recuperación de daños y pérdidas, y su actuación, como la de otros organismos, es valorada de forma muy positiva.

 

La rápida recuperación de la situación anterior a la crisis parece considerarse objetivo principal por los habitantes de área, que ignoran prácticamente la posibilidad de introducir mejoras integradas en esta recuperación. La propia actitud a nivel particular (Figura 8) refuerza esta idea, ya que apenas una de cada cinco familias reconoce haber tomado alguna iniciativa para paliar las pérdidas que podría causar una inundación futura y, cuando se produce esta circunstancia, se circunscribe de forma muy mayoritaria a acondicionar su vivienda. Contratar un seguro para edificios u otros bienes es una decisión que toman menos del 18 por ciento de los encuestados, y la adopción de otras iniciativas como organizarse mejor, recabar información o, incluso, plantearse el traslado tiene un carácter casi residual.

 

Las carencias detectadas

Si la valoración de lo hecho es tan escasamente positiva, resulta razonable interrogarse sobre la opinión de lo que falta por hacer en el campo de una recuperación activa que incluya mayores niveles de resistencia en el futuro. Está claro que ésta es, ante todo, una tarea que compete a las distintas Administraciones, pero también puede ser una labor a escala comunitaria e incluso individual. Las opiniones de los encuestados sobre las responsabilidades de estos tres niveles de actuación preventiva se comentan a continuación.    

Respecto a las distintas Administraciones en su conjunto (Figura 9), cerca de la mitad reclama una adecuada gestión medioambiental que incluye el conocimiento científico sobre cauces y régimen fluviales, la preparación y el mantenimiento de aquéllos, la reforestación y el mantenimiento en condiciones de los elementos que facilitan la escorrentía sin riesgo. Pero más de una cuarta parte sigue solicitando la instalación de nuevas infraestructuras, mientras que un diez por ciento confía en la bondad de un planeamiento urbanístico adecuado, otros tantos en el funcionamiento de las alertas tempranas y, por último, algunos prefieren que no se haga nada.

 

Un grupo de respuestas, muy concretas en señalar que lo que se debería hacer es “no desembalsar aguas arriba”, parece reflejar fielmente el eco de la denominada “tragedia del Camping de Bolnuevo” (Mazarrón, septiembre de 1989) donde, por parte de algunos, se atribuyó a la mala gestión de las complejas infraestructuras de defensa de inundaciones provenientes de la cuenca del Guadalentín el resultado de que esta instalación turística quedara arrasada y se produjeran víctimas mortales, ya que estaba emplazada en la desembocadura de la rambla de las Moreras, que conduce al mar aguas de avenida derivadas desde el cauce del Guadalentín (Calvo, 1991).

Está claro que la Administración es el gran protagonista, aquél a quien se atribuye la máxima posibilidad de acción frente al riesgo de inundación catastrófica por parte de los habitantes del área estudiada. A su vez, a otros tipos de organizaciones sociales, comunitarias o no gubernamentales, que posiblemente podrían actuar con bastante eficacia en estos casos, se les reserva, de forma prioritaria, el papel de presionar a los poderse públicos, organizar a la población y aportar ayudas. Por último, respecto a los particulares que actúan, se considera actitud suficiente seguir como hasta ahora lo han venido haciendo: preparar sus viviendas y contratar seguros.            

Las expectativas de futuro

Cabe, por último, interrogarse sobre las expectativas con que se afronta el futuro en este campo. Tres de cada cinco encuestados afirman que volverán a producirse inundaciones catastróficas, y sus razones se asientan en la insuficiencia de infraestructuras de control y defensa, el precario mantenimiento de las existentes, los caracteres ambientales del área y la falta de confianza en las medidas de prevención implantadas. La importante minoría que opina lo contrario, es decir, que no se repetirán estas crisis en el futuro, basa su optimismo precisamente en las mismas razones interpretadas a la inversa.

La lectura de las distintas valoraciones aportadas con anterioridad, sin embargo, no parecen autorizar en absoluto un número tan elevado de encuestados con una visión del futuro donde ha desaparecido el secular fantasma de las inundaciones. Es cierto que el carácter local que suelen presentar éstas en el área y la frecuencia con que afectan al entramado urbano, movilizan muy rápidamente a los poderes públicos para reparaciones de urgencia y para transmitir, a través de los medios de comunicación, la existencia de eficacísimos proyectos de ejecución inmediata. Aparte la humana capacidad para confundir lo deseado con lo real, es del mayor interés aquí adentrarse en la frontera social entre credibilidad y credulidad y en el uso de ambas, no siempre inocente, que realizan tanto autoridades como medios de comunicación.

El resultado de estas circunstancias, merecedoras sin duda de una atención más detallada en futuras investigaciones, es que tan sólo tres de cada diez encuestados reconocen haberse dirigido a las autoridades exponiendo sus puntos de vista sobre la emergencia vivida. Los destinatarios de estas iniciativas son básicamente las autoridades municipales y, de forma muy minoritaria, el Defensor del Pueblo.

Pero estos intentos de conectar directamente con las autoridades públicas son, en ocasiones, simples denuncias de la situación vivida. Cuando se incluyen sugerencias de cara al futuro, las aportadas se refieren básicamente a aspectos relacionados con la gestión del medio ambiente, aunque aparece también la preocupación por la insuficiencia de las infraestructuras de defensa, la consideración de que las ayudas económicas recibidas son escasas y, en pocos casos, la necesidad de que se realicen estudios sobre la cuestión.       

Conclusiones

Ante todo, sería del mayor interés constatar si la larga experiencia en crisis de inundación recientes ha modificado la percepción del riesgo en los habitantes del área. Lamentablemente tan solo disponemos de un estudio anterior (Conesa, 1985), referido a un área muy próxima, aunque de rasgos hidrológicos diferentes, que incluye las conclusiones de una encuesta mucho más escueta que el modelo entrevista-encuesta aquí utilizado. Es posible, sin embargo, señalar una cierta modificación de opiniones respecto a dos cuestiones de interés: un veinte por ciento más de encuestados afirma en la actualidad que el fenómeno se repetirá en el futuro y, por otra parte, que la confianza en las infraestructuras de defensa (básicamente presas y derivaciones) está, en el presente, mucho más matizada por otras consideraciones. El contexto social de  hace más de veinte años, cuando la masiva implantación de infraestructuras que supuso el Plan de Defensa frente a Inundaciones de 1987 estaba aún en el futuro, puede ser un elemento explicativo de estos cambios en la percepción del fenómeno.

Resulta evidente que hoy los ciudadanos son bastante conscientes de que el riesgo de inundación catastrófica es una amenaza permanente dentro del área en que habitan. Esta constatación era de esperar de acuerdo con la selección previa de encuestados, aunque resulta interesante advertir en esta certeza un importante grado de fatalismo ante la “amenaza natural” e incluso interpretaciones derivadas de la cultura religiosa tradicional. Fatalismo que aparece acompañado de la impotencia manifestada a la hora de adoptar cualquier tipo de medida o iniciativa basándose en la ignorancia.

Parece poner en evidencia esta circunstancia que existe en el área conciencia del riesgo, pero en absoluto “cultura” del riesgo. Posiblemente éste se considera, si es que llega a considerarse, tras otros muchos tipos de factores, en su mayor parte económicos, en un sentido muy amplio. Se trata de una situación que puede llegar a ser particularmente limitante para ocupantes del área provenientes de otros territorios, a veces muy lejanos, que en ocasiones han adquirido su vivienda a la vista de folletos de la propaganda turística u ocupan asentamientos de fortuna marginales. Todo ello con el agravante de que la atracción de esta población foránea es parte esencial de la política empresarial, y también de la institucional, en su objetivo de fomentar el uso turístico.

Quizá este déficit de conocimientos se advierta por aquella fracción de encuestados que reclama la realización de estudios sobre el problema. Pero toda vez que los “estudios” reclamados existen y cada vez son más numerosos, está claro que nos encontramos más bien ante un déficit de información fidedigna destinado a la población en general, pese a existir organismos con la obligación de proporcionarla y difundirla, así como medios de comunicación más que suficientes para transmitirla correctamente.

La sensación de inevitabilidad e impotencia deriva lógicamente en exigencia respecto a las administraciones públicas de todo tipo. A  ellas se culpa expresamente por el fallo de las alertas tempranas, por omisión de responsabilidades en la gestión del periodo de inminencia y por la dudosa eficacia de las medidas adoptadas tras la emergencia. También se les demanda mayor preocupación por las cuestiones medioambientales, el planeamiento urbanístico y la realización de estudios sobre cauces e inundaciones.

La referencia a las administraciones públicas y la visión globalmente negativa que sobre su actuación se manifiesta, viene reforzada por la confianza generalizada en el papel de las infraestructuras de defensa y el mantenimiento expedito de cauces y sistemas de desagüe. Actuaciones que, efectivamente, corresponden a aquellas y que, cuando se realizan, suelen presentarse a través de los medios de comunicación como “soluciones definitivas”, alimentando una sensación de falsa seguridad generalizada.

Pese a la reclamación de nuevas obras de defensa, sin embargo, una parte de la población manifiesta un cierto grado de conciencia  de que, por si mismas, estas instalaciones no garantizan el nivel de seguridad deseable. Es necesario gestionarlas adecuadamente y esto no ocurre siempre. Otro tipo de infraestructuras, en este caso no de defensa, se contempla también con cierta desconfianza, al estimarse que su diseño potencia la situación de peligro. Es el caso de determinadas vías de comunicación en las que se han producido víctimas humanas, circunstancia que como ya se ha señalado para otra situación, deriva de experiencias padecidas en el área.

La utilización de conceptos como “urbanismo”, “cambio climático” o “política medioambiental” que aparecen entre un cierto número de encuestados como causas de la catástrofe o como cuestiones a abordar en el futuro para afrontarla, adolecen de precisión, en líneas generales, a la hora de demandar actuaciones concretas. De hecho, en el nivel de preferencias se coloca siempre antes el encauzamiento de una rambla que el respeto a las características de su cauce que supondría la imposibilidad de invadirlo con cultivos o edificaciones.

Destaca, por el contrario, la ausencia de referencias a conceptos como “ordenación del territorio”, quizás interesadamente excluido del discurso político y mediático pese a su indudable trascendencia respecto a las cuestiones que nos ocupan, en general (Olcina, 2007) y también referidas al área de estudio (Espejo y Vera, 2006).  Las circunstancias aludidas parecen remitir a un cierto nivel de conocimiento minoritario de las orientaciones más recientes en el análisis científico de riesgos, pero con un carácter difuso e impreciso que le resta eficacia de cara a su concreción en demandas sociales explícitas. Quizá también por ello, el papel de grupos o asociaciones ajenos a las Administraciones se valora en conjunto como prácticamente irrelevante.

En líneas generales, resulta bastante evidente la amplia pervivencia de un discurso que sitúa la preocupación por el riesgo inundación, de forma básica, en cuestiones como los sistemas de predicción y, aún más, los de alerta. En tanto que la implantación de políticas preventivas, más acordes con los rasgos ambientales del territorio, se advierten como algo difuso y valorado como limitativo del desarrollo económico. Por su parte, la actuación post-catástrofe se orienta mucho más hacia una exigencia de recuperación de la situación anterior que hacia la posibilidad de impulsar nuevas políticas que favorezcan la resistencia y la resiliencia.

Todo ello no parece ser un punto de partida válido para la implantación en el área de políticas realmente sostenibles, incluso a pesar de la banalización del concepto de sostenibilidad actualmente en boga.

Cabe señalar, por último, que aunque no de forma expresa ni siempre directamente, los encuestados parecen  reconocerse a si mismos como inductores del riesgo, bien por exceso de confianza como por su falta de iniciativa para adoptar ellos mismos medidas preventivas o reclamarlas activamente.  

 

Notas