EL LIBRE COMERCIO AGROALIMENTARIO Y EL MODELO AGROEXPORTADOR: UNA ALIANZA CONTRA EL CAMPESINADO

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The free agro-alimentary commerce and the agro-exporter model: an alliance against peasantry (Abstract)

One of the foundations of the neoliberal model is the conviction that the best stimulus for the development of countries exist in economic opening and commercial liberalization. A strategy that, in one form or another is imposed to the underdeveloped world by the rich countries and the international business and economico-financial organisms, and that depict high human, social, economic and environmental costs for the impoverished nations.

Drawing on free commerce and the economic globalization advancing on planetary scale, big transnational agro-alimentary companies look not only for cheap food and permissive environmental legislation in any part of the world, but also they foment the agro-exporter models and look for its suppliers between the bigger producers, that are able to provide large amounts of cheap products, standardized and in a minimum time. For the same reason they marginalize the small producer, as well the familiar as the peasant farmer, that sink into poverty, even though they develop sustainable productive systems, respecting the biological cycles and the surroundings that are crucial for the rural communities that lodge them.

Key words : frees agro-alimentary commerce, agro-exporter model, transnational companies, peasantry.

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El modelo neoliberal se fundamenta en la creencia de que el mejor estímulo para el desarrollo de los países reside en la apertura económica y la liberalización comercial[1],estrategia que, impuesta de una u otra forma al mundo subdesarrollado por los países ricos y los organismos económico-financieros y comerciales internacionales (Fondo Monetario Internacional - FMI, Banco Mundial - BM, Organización Mundial del Comercio - OMC), está representando un coste humano, social, económico y ambiental insostenible para las naciones empobrecidas.

Según la clásica y vigente teoría de la dependencia (Cardoso, 1972; Cardoso y Faletto, 1979), la forma y condiciones en que los países subdesarrollados se insertaron en la economía mundial han determinado tradicionalmente su carácter dependiente, de forma que se establece un modelo de intercambio desigual por el que los países periféricos exportan materias primas básicas, baratas e indiferenciadas a los países centrales e importan de éstos productos manufacturados y servicios comercializables. Según M. Khor (2001), este modelo de comercio colonial se mantiene en la actualidad con pocas variantes.

En la actual división internacional del trabajo aparecen varios países ricos, como Canadá, Estados Unidos y los socios de la UE continental, que son grandes productores y exportadores de alimentos básicos (cereales, carnes, lácteos), mientras que varias naciones no desarrolladas, como Brasil, Colombia, México o Venezuela, han perdido la autosuficiencia alimentaria y se han transformado en notables importadores de alimentos y, al mismo tiempo, en destacados exportadores de productos que complementan el consumo de la población de los países ricos (hortalizas de México, frutas de Chile, cítricos de Brasil, flores de Colombia y Ecuador)[2],o bien venden materias primas que se destinan a la fabricación de piensos compuestos para la ganadería intensiva de estos mismos países industrializados (cebada de Argentina y sobre todo soja de Argentina, Brasil y Paraguay)[3].

En el caso particular de América Latina, la mayoría de los países que conforman la región ofrecen la producción de alimentos por habitante más elevada del mundo debido en muchos casos a la tradición e importancia de la agricultura y la ganadería, a la alta disponibilidad de superficie agraria útil y a las favorables condiciones agroclimáticas, mientras que en otros casos estas ventajas comparativas se suman al hecho de tratarse de países con una escasa densidad demográfica.

Pese al aumento generalizado de la producción de alimentos por habitante, la dependencia alimentaria de muchos de estos países latinoamericanos es superior a la que por ejemplo muestran Estados Unidos o Canadá. Esto es especialmente llamativo en los países de América Central y también en Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil o México, pues no son pocas las naciones que tienen una dependencia del exterior para su propia alimentación más acusada que Francia o los Países Bajos, o similar a la de España. Dentro de esta dependencia, según los datos de FAOSTAT para el año 2004, destacan las masivas importaciones de trigo por parte de Brasil (4.942.500 toneladas) y México (3.922.920), acordes con las cifras generales de América Latina y el Caribe, que pasa de unas importaciones de trigo de 8.106.480 toneladas en 1990 a 17.360.500 en 2004. Es decir, experimentan un crecimiento de 114,2 por ciento entre ambas fechas. El aumento del valor de las importaciones de trigo latinoamericanas es superior al de la cantidad: 151,9 por ciento, con lo que ello supone de desembolso para unas economías con muchos y graves problemas sociales.

Todo ello demuestra de forma fehaciente el cambio de orientación de unos sectores agropecuarios que se dirigen a la satisfacción de la demanda de los países ricos[4] y, por consiguiente, a la exportación, aun a costa de perder estas naciones dependientes su autosuficiencia alimentaria, y lo que es peor, la posibilidad de alimentar de forma adecuada a la población. De ahí la proliferación de personas desnutridas, niño sobre todo, y de individuos que literalmente mueren de hambre (Segrelles, 2004). A este respecto, B. Cassen y F. F. Clairmont (2001) indican que por ejemplo en Brasil, cuyo gobierno lucha por la apertura de los mercados agropecuarios europeos (Amorim, 2006), existen sesenta millones de personas que padecen de desnutrición, y a veces mueren por esta causa.

La deuda externa, la ecología virtual y la huella ecológica

El origen de la paradoja por la que algunos países dotados de vastas extensiones de uso agropecuario y abundantes recursos naturales, como México o Brasil, no pueden ser autosuficientes en materia alimentaria, estriba en un asfixiante endeudamiento que les obliga a conseguir divisas a cualquier precio. Asimismo, el objetivo de los planes de ajuste estructural que el FMI y el BM imponen a los países con problemas de crédito se centra en que estas naciones exporten cada vez más para que no dejen de pagar los elevados intereses de sus abultadas deudas externas. Es así como muchos países latinoamericanos se ven obligados a reorientar su producción agropecuaria [5] o a sobreexplotar sus recursos naturales, pero siempre con el norte de dirigirse a los mercados exteriores en detrimento de la agricultura campesina, el consumo local y el respeto ecológico.

Con todo, todavía se percibe en la última década que este proceso de reorganización productiva dista bastante de haber concluido, por lo menos mientras la gran distribución siga controlando la cadena agroalimentaria y la demanda de los países ricos, que es el principal destino de estas exportaciones, no sufra grandes modificaciones. Esta demanda deviene fundamental para que los países subdesarrollados puedan ingresar los dólares que necesitan para amortiguar los estragos socioeconómicos de sus deudas externas.

El problema de la deuda externa constituye un círculo vicioso de difícil solución, lo que supone una hipoteca continua para sus economías y una dependencia absoluta del comercio de exportación. No obstante, se debe tener en cuenta que Argentina y Brasil han abonado gran parte de su deuda externa en la actualidad, en gran medida con la ayuda financiera de Venezuela. Pese a ello, las reflexiones aquí vertidas acerca del problema que representa la deuda externa de los países latinoamericanos en las recientes transformaciones de los aprovechamientos agropecuarios y en la vigencia de un modelo agroexportador son perfectamente válidas.

Muchos países se ven en la obligación de contraer nuevas deudas que se suman a la deuda histórica. Las nuevas solicitudes de créditos son concedidas de forma selectiva y siempre que el país endeudado permita la gestión de su economía al FMI, es decir, una institución al servicio de las naciones dominantes, sobre todo de Estados Unidos[6] De ahí que una de las primeras exigencias sea la liberalización comercial y el fomento de las exportaciones agroalimentarias.

Los nuevos fondos prestados se destinan al pago del servicio de la deuda, lo que supone una carga insoportable para los países pobres, que se ven inmersos dentro de un círculo vicioso de difícil solución. Sólo una pequeña parte del nuevo dinero, y siempre que sobre, se aplica en el desarrollo del país o en el bienestar de la población. Asimismo, el Club de París, cartel opaco de los países ricos acreedores, se encarga de renegociar la deuda pública bilateral de los países deudores que tienen dificultades de pago. Su fría lógica financiera se suma a la del FMI y a la del BM, que de hecho controlan numerosas economías subdesarrolladas (Millet y Toussaint, 2006).

A este respecto, N. Chomsky, en una entrevista radiofónica concedida a la emisora estadounidense Alternative Radio en abril de 2000, calificó la deuda externa del Tercer Mundo como una “construcción ideológica” y no como una mera cuestión económica, ya que en muchas ocasiones, como sucedió en Argentina, son contraídas por regímenes ilícitos (por ejemplo, las dictaduras militares) en los que los préstamos son solicitados por unos pocos centenares de individuos que se sitúan alrededor de la cúpula dirigente, mientras que después la deuda es socializada por el FMI, de forma que los que acaban pagando son los contribuyentes de los países ricos y el pueblo de los países pobres, lo que significa para estos últimos una creciente situación de ajustes opresivos, pobreza y sufrimiento.

Además, se debe tener en cuenta que cuando un país remite una cantidad determinada de dólares para el pago de los intereses de su deuda externa, lo que está enviando también al exterior es una cierta cantidad de recursos naturales y trabajo humano incorporado. Dado que, en general, la exportación de manufacturas y servicios es pequeña, estos países se ven obligados a enviar una creciente cantidad de recursos naturales con el objeto de recaudar divisas que servirán para pagar parte de estas deudas y sostener el modelo productivo vigente.

A este respecto, el concepto de agua virtual [7] (Allen, 2003), que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, puede ser extrapolado y adaptado a la cuestión aquí analizada mediante el término ecología virtual, es decir, los recursos naturales que se utilizan para producir una mercancía o un servicio, como sucede por ejemplo con los productos alimenticios e industriales o con las actividades turísticas. La importación y exportación de las mercancías implica de hecho la importación y exportación de ecología virtual, pues este concepto permite a los países compartir los productos y distribuir los beneficios y perjuicios al poner en relación la producción y el consumo de cada uno de los países del mundo mediante sus intercambios mercantiles (Sartori y Mazzoleni, 2003; Chapagain y Hoekstra, 2004).

Un porcentaje muy alto de la utilización de los recursos naturales en el mundo no se corresponde con la producción de bienes para el consumo interno, sino con la producción de bienes para la exportación, cuestión que por su carácter injusto ha cobrado gran importancia durante los últimos tiempos. El asunto de la propiedad y el reparto de la tierra ha aglutinado de forma tradicional a las poblaciones campesinas del mundo subdesarrollado, sobre en América Latina, provocando diversos movimientos reivindicativos y levantamientos populares de gran trascendencia pública en aras de una reforma agraria. Sin embargo, el uso y dedicación de la tierra apenas se ha planteado hasta ahora en términos sociopolíticos, toda vez que desde hace algo más de tres lustros se ha producido en la mayoría de los países empobrecidos, como ya se ha indicado arriba, una reorganización sin precedentes de los espacios y aprovechamientos agrícolas, pecuarios y forestales. Dicha reorganización está motivada por dos fenómenos muy activos e intensos que en el fondo son la misma cosa y tienen idénticas consecuencias: la difusión generalizada del complejo cereales-carne (Rifkin, 1992) y la necesidad imperiosa de exportar que estos países tienen para pagar sus abultadas y asfixiantes deudas externas (Segrelles, 2004).

Otro concepto de interés es el de huella hídrica[8], que también puede adaptarse a las cuestiones aquí estudiadas mediante la noción de huella ecológica, pues la producción de los bienes y servicios que consumen los habitantes de un lugar imprime una huella concreta en el territorio. Esta huella tendrá mayor o menor impacto dependiendo de las características productivas del modo de producción imperante.  Por supuesto, igual que sucede con el agua, habría que distinguir entre una huella ecológica interna (cantidad de recursos naturales utilizada en la producción que proviene del propio país) y una huella ecológica externa (cantidad de recursos naturales empleada en la producción que procede de otros países). Para determinar la huella ecológica de un país se deberían tener en cuenta los factores siguientes: el volumen de consumo (relacionado con los ingresos nacionales brutos), los patrones de consumo (por ejemplo, alto consumo de carne frente a bajo consumo de la misma), las prácticas agropecuarias y forestales (intensivas, extensivas, sostenibles) y el grado de dependencia del país y su posición en el comercio internacional. De todo esto es sencillo deducir la importancia de la huella ecológica que los países ricos imprimen en los pobres y la ecología virtual que es “transferida” desde el mundo subdesarrollado hasta el desarrollado.

De estas consideraciones se deduce que ecología virtual y huella ecológica son conceptos íntimamente ligados, sobre todo en estos tiempos de liberalización comercial a ultranza y aumento de los intercambios mercantiles en el mundo. Valórese al respecto, como ejemplo ilustrativo, la expansión relativamente reciente de esa “cultura de la carne” que aparece como responsable de que gran parte de las tierras arables del mundo se utilicen para cultivar plantas que después se emplean para fabricar piensos para la ganadería intensiva (fundamentalmente cereales y oleaginosas) en vez de dedicarlas al cultivo de alimentos para las personas. De este modo, por influencia de algunos países, como Estados Unidos, y sus empresas transnacionales del sector de la transformación y distribución agroalimentarias, se crea una cadena artificial de la alimentación donde el principal eslabón está representado por la carne, sobre todo la de vacuno. El ganado alimentado con cereales y oleaginosas en vez de forrajes se destina a satisfacer la demanda de los consumidores de los países ricos, mientras que en los países pobres, bastantes de ellos con excedentes alimenticios, mucha gente se encuentra desnutrida e incluso muere literalmente de hambre. A estos problemas sociales se suman los inconvenientes ambientales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la deforestación que representan los métodos intensivos de producción, el monocultivo y la creación de nuevos espacios agrícolas y ganaderos (Segrelles, 2001).

Con el desarrollo de la mundialización de la economía, la profundización de la división internacional del trabajo y la progresiva liberalización comercial a escala planetaria auspiciada en gran medida por la gran distribución agroalimentaria, es muy probable que crezcan las interdependencias y las externalidades relacionadas con el uso de los recursos naturales, hecho que llevará sin duda a la generación de acres conflictos geopolíticos y económicos por el control y explotación de la naturaleza.

El libre comercio y los modelos agroexportadores como responsables de la pobreza campesina

En este contexto, y pese al deterioro progresivo de los espacios rurales, la agricultura, los ecosistemas y la soberanía alimentaria que conlleva la obsesión exportadora, muchos gobiernos de los países subdesarrollados no han defendido los intereses de sus sociedades, sino que aparte de ejercer de meros tutores de la liberalización económico-comercial, han sido auténticos rehenes del FMI, del Club de París y de sus políticas de ajuste, actuando como voceros de la oligarquía, los exportadores locales y las empresas transnacionales radicadas en su territorio y en perfecta connivencia con la gran distribución organizada.

Por todo ello, como señala E. Hobsbawm (1998), pensar que el comercio internacional libre y sin limitaciones permitirá que los países pobres se acerquen a los ricos va contra la experiencia histórica y contra el sentido común[9]. En cualquier caso, la liberalización comercial a ultranza que preconizan la OMC, el FMI y las potencias centrales implica de hecho un perjuicio claro para los pobres de los países ricos, es decir, los agricultores, en beneficio casi exclusivo de los ricos de los países pobres, o lo que es lo mismo, los terratenientes, la agroindustria y los grandes operadores comerciales.

No obstante, quienes más y mejor rentabilizan las aperturas de los mercados son las corporaciones transnacionales de la gran distribución organizada. Incluso, como indica J. Berthelot (2000), las recientes reformas agrarias de la UE, que intentan adaptar el sector a un comercio internacional libre de trabas aduaneras y de subvenciones agrícolas proteccionistas, han sido puestas al servicio de las grandes compañías agroalimentarias europeas a los que no les mueve precisamente la solidaridad y cohesión comunitarias ni el altruismo de un comercio mundial más justo, sino el interés por comprar las materias primas que utilizan o los productos frescos que distribuyen al precio más bajo posible, invocando para ello un discutible interés por parte de los consumidores[10].

No sólo es discutible ese supuesto interés de los consumidores por  realizar sus compras a un precio bajo, sino que sencillamente es falso que los grandes supermercados sean más baratos que el comercio tradicional, sobre todo en los productos alimentarios frescos. Incluso las corporaciones transnacionales de la distribución se defienden de las acusaciones que critican las repercusiones negativas de sus políticas en los agricultores de los países ricos y en la sociedad, la economía y el ambiente de las naciones empobrecidas echando la culpa a los consumidores por demandar alimentos baratos. Esta idea de que la gran distribución organizada oferta precios más bajos constituye un mito muy bien publicitado por ella misma que no se sostiene a la luz de los datos reales, pues ya se ha mencionado que la COAG estima que en 2005 el precio de los productos frescos vendidos por los grandes supermercados es un 19 por ciento más alto que en los establecimientos especializados.

Asimismo, este mito conduce a otro que estriba en el supuesto ajuste de los márgenes comerciales que aplican los grandes supermercados, cuando la realidad es que cada vez es mayor la diferencia que existe entre el precio que percibe el agricultor por sus productos y el que paga el consumidor final por los mismos. A mediados del siglo XX los agricultores europeos y norteamericanos recibían entre un 45 por ciento y un 60 por ciento del dinero que los consumidores gastaban en comida, mientras que en la actualidad este porcentaje se ha reducido a un 7 por ciento en Gran Bretaña y a un 3,5 por ciento en Estados Unidos (Corporate Watch, 2004).

En cualquier caso, la clave de bóveda de las estrategias de las grandes empresas transnacionales de la transformación y la distribución radica en la necesidad de conseguir materias primas agroalimentarias y productos agropecuarios frescos a un precio mínimo. Por eso buscan a sus proveedores en los países subdesarrollados, donde la tierra y la mano de obra resultan baratas y las legislaciones ambiental y laboral son laxas. De ahí que se conviertan también en defensores de la mundialización agroalimentaria, en promotores de la mayor liberalización comercial posible en perfecta connivencia con el FMI y la OMC y en impulsores de los flujos alimentarios internacionales, favoreciendo de este modo los denominados “alimentos kilométricos”[11], pues el mundo desarrollado consume cada vez más productos que provienen de lugares lejanos y fuera de la estación correspondiente pese a la decisiva influencia que el transporte tiene en la contaminación del planeta y el calentamiento global. Cada vez son más irrefutables las pruebas que demuestran que el transporte agroalimentario intercontinental, el monocultivo intensivo, la utilización de insumos químicos en la agricultura, el avance de la frontera agropecuaria y la deforestación para conseguir nuevas tierras agrícolas y ganaderas contribuyen de forma decisiva al cambio climático, fenómeno que afecta sobremanera a los pequeños productores y a las comunidades rurales de los países subdesarrollados.

Por otro lado, estas grandes empresas dedicadas a la transformación y distribución son muy responsables de la implantación y desarrollo del modelo agroexportador en los países subdesarrollados, que se basa en la generalización de los monocultivos orientados a los mercados internacionales en detrimento de las producciones para el consumo local y cuyas repercusiones ambientales y sociales quedan fuera de toda duda. La ya mencionada campaña “No te comas el mundo”, promovida en marzo de 2005 por las organizaciones Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa de Consum Solidari, Ecologistas en Acción y Observatori del Deute en la Globalització, indicaba que la responsabilidad de dichas firmas transnacionales se manifestaba mediante tres mecanismos básicos:

1.) Los países ricos, donde radican estas poderosas empresas, constituyen el motor que fomenta las importaciones de los monocultivos desde las naciones subdesarrolladas, aunque muchas veces estas compras se realizan para mantener unas estructuras económica y de consumo sobredimensionadas.

2.) Algunos agentes de los países centrales exportan modelos productivos intensivos a los países pobres, lo que para éstos supone una fuerte dependencia tecnológica y económica y la adopción de sistemas agropecuarios que no siempre son los más adecuados para sus características agroecológicas. Dicha situación ha conllevado graves problemas ambientales y de desarraigo para el campesinado. Esto es lo que sucedió en su momento con la llamada revolución verde y lo que en la actualidad se intenta imponer mediante la generalización de los cultivos transgénicos (Rifkin, 1999; Segrelles, 2005).

3.) Los países ricos exportan sus excedentes agroalimentarios (aunque con precios subvencionados e inferiores, por lo tanto, al coste real)[12] a los países subdesarrollados que previamente han puesto sus recursos naturales y su trabajo al servicio de los monocultivos y de una economía agroexportadora impulsada no sólo por la gran distribución transnacional, sino ante todo por las instituciones económico-financieras internacionales, los gobiernos de las naciones centrales y los propios gobiernos locales en perfecta connivencia. Este comercio de importación destruye la agricultura autóctona porque no puede competir de ninguna de las maneras con la competencia desleal que ejercen las empresas de los países ricos.

Todo ello demuestra que el intercambio desigual entre el centro y la periferia y la teoría de la dependencia están muy lejos de ser algo desfasado, pues mantienen su vigencia actual. Además, esto propicia el desarrollo de los mecanismos mencionados, cuyas repercusiones en los países subdesarrollados son de diversa índole: concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, marginación del pequeño productor, aumento del poder de la agroindustria, deforestación, deterioro ambiental, contaminación de los ecosistemas, pobreza rural, emigración campesina hacia las áreas metropolitanas[13] y pérdida de soberanía alimentaria[14].

De todos modos, y pese a la vigencia de un intercambio desigual en las relaciones comerciales entre los países desarrollados y subdesarrollados, la cuestión agroalimentaria y las amenazas que sobre ella se ciernen no sólo tienen que ver con la dicotomía centro-periferia, sino fundamentalmente con la existencia de diferentes modelos productivos: la agricultura familiar o campesina, por un lado, y la agroindustria, por otro. El modelo agroindustrial y agroexportador es el dominante y su influencia afecta al modelo campesino hasta el punto de contribuir de forma decisiva a su inviabilidad y posterior desaparición. Es decir, los problemas que condicionan y oprimen a los campesinos de los países subdesarrollados son muy parecidos a los que deben hacer frente las explotaciones familiares de las naciones ricas[15]. Lo que ocurre es que el predominio y poder de la agroindustria, el control que ejerce la gran distribución agroalimentaria y las políticas mercantiles de los gobiernos nacionales y de las instituciones económico-comerciales y financieras internacionales se combinan de tal modo que el impacto económico, agrario social, ambiental, cultural, territorial, demográfico y alimentario resulta casi irreversible para los países subdesarrollados. Incluso sus efectos van más allá de la mera actividad agraria y de los campesinos que la llevan a cabo, comprometiendo la salud y nutrición de amplias capas poblacionales, la integridad de sus recursos naturales y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Es más, los países subdesarrollados no superarán su pobreza crónica mientras sus economías no dejen de depender de la exportación de materias primas y alimentos y no haya un cambio profundo en el tipo de política económica que se ven obligados a aplicar debido a las presiones ejercidas por las llamadas instituciones de Washington (FMI y BM). Estas políticas, que reproducen unas estrategias de tipo colonial, son precisamente las mismas que muchos países que son ricos en la actualidad evitaron aplicar cuando no lo eran, lo que demuestra que el abandono de la economía a las fuerzas del mercado no constituye ninguna garantía para salir de la pobreza pese la interesada obstinación del neoliberalismo. Por lo tanto, aunque las ventajas comparativas de muchos países subdesarrollados en la producción agropecuaria resultan evidentes, éstos no conseguirán  riqueza ni bienestar por medio del libre comercio de exportación de materias primas y alimentos básicos e indiferenciados, sin valor añadido alguno.

Conclusiones

A la luz de lo expuesto, es fácil deducir, como indica E. S. Reinert (2007), que la liberalización comercial no elimina ni la pobreza ni el hambre en los países dependientes y empobrecidos. La legión de miserables, desnutridos y hambrientos no deja de aumentar pese al crecimiento de los intercambios agroalimentariaos en el mundo durante las últimas décadas. El modelo agroexportador, fomentado por intereses de diverso signo asociados a las grandes firmas transnacionales de la transformación y la distribución, no sólo significa llevar hasta sus últimas consecuencias socioeconómicas y ambientales la política de “todo” para la exportación[16],  sino que el mantenimiento de los sistemas productivos intensivos obliga a una importación masiva de insumos cuya consecuencia inmediata es una dependencia y un gasto crecientes e insostenibles para los países pobres, pues los ingresos derivados de las exportaciones agroalimentarias únicamente les permiten cubrir algo más de la mitad de las cantidades desembolsadas para  hacer frente a las importaciones. Lo más llamativo del caso es que la venta y el control de los insumos también suele estar en manos de esas mismas transnacionales de la transformación y la distribución o de empresas a ellas asociadas[17].

Aunque haya fracasado la Ronda Doha (o Ronda del Desarrollo) de la OMC e Ignacio Ramonet (2006) afirme que la mundialización se acerca al final de un ciclo y que no cabe descartar de antemano una vuelta al proteccionismo debido a la creciente competencia de las empresas chinas, coreanas, taiwanesas o indias, la globalización de los mercados y la liberalización e intensificación del comercio internacional continuarán empobreciendo a la agricultura campesina y relegando a los países subdesarrollados al mero papel de abastecedores de materias primas baratas, básicas e indiferenciadas con el fin de satisfacer el aumento de la demanda mundial y las exigencias de las corporaciones transnacionales de la distribución[18], cuyo único objetivo, como ya se ha mencionado arriba con otras palabras, es comprar barato a los agricultores y vender caro a los consumidores.

Precisamente fue la agricultura la causa principal del fracaso de la Ronda Uruguay (1986-1994) del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Aranceles) y de todas las reuniones de la llamada Ronda del Desarrollo o Ronda Doha de la OMC: Doha (2001), Cancún (2003), Hong Kong (2005) y el epílogo de Ginebra (2006). El objetivo principal de las reuniones realizadas desde la inauguración de la nueva ronda en 2001 ha sido avanzar en la liberalización del comercio mundial, donde por fin se incluirían los sectores agropecuario y alimentario. Además, la pretensión fundamental de la OMC para las negociaciones futuras es mejorar el acceso comercial a los mercados, la reducción progresiva de todas las formas de subvención a las exportaciones y la rebaja sustancial de las ayudas agrarias que distorsionan el comercio (Fazio, 2001).

En este contexto, no parece fácil que la UE desmantele sin más su tradicional política de apoyo a la agricultura. Así se desprende de los resultados de la cumbre ministerial de la OMC celebrada en Cancún en 2003, donde Estados Unidos y la UE ofrecieron reducir, no eliminar, las subvenciones a la exportación de productos agroalimentarios, sin comprometerse a rebajar con el paso del tiempo otros tipos de ayudas a los agricultores.  Pese a todo, en la cumbre ministerial de Hong Kong (2005), aunque tampoco se consiguieron grandes avances, la UE aceptó la eliminación de las subvenciones agrarias en 2013.

Sin embargo, tal vez la UE espera un premio mayor que compense las relativas pérdidas que puedan tener lugar al reducir sus subvenciones y ayudas a la agricultura, pues pretende desde hace algún tiempo que en las negociaciones de la OMC se tenga en cuenta y se apruebe un acuerdo general sobre el comercio de servicios[19]. Aquí entrarían los servicios de distribución agroalimentaria, hecho que sin duda tendría unos efectos totalmente perjudiciales en las agriculturas campesinas y en los espacios rurales de los países empobrecidos. Diversos movimientos sociales e incluso el G-20 [20] han criticado de forma tradicional el proteccionismo agrario de los países ricos y solicitado, además, una mayor liberalización comercial que beneficiaría a sus productos agroalimentarios, hasta el punto de hacer fracasar las negociaciones en las diferentes reuniones de la Ronda Doha. Sin embargo, la legítima obsesión agropecuaria ha desviado la atención del verdadero peligro, es decir, el comercio de servicios, puesto que los modelos imperantes en la actualidad concentran el poder y el control de la totalidad de la cadena agroalimentaria en la gran distribución.

En el caso de que la UE, aunque sería mejor hablar de sus pujantes empresas transnacionales, consiguiera su propósito y pudiera, por lo tanto, acceder sin problemas a los mercados de distribución agroalimentaria de los países subdesarrollados, los efectos sobre la agricultura campesina serían catastróficos y representarían el golpe de gracia para un modelo agrario que ya se encuentra moribundo y que no tiene cabida en las estrategias de la gran distribución. El desarraigo campesino, la pobreza rural, el menoscabo de la soberanía alimentaria, la miseria y el hambre aumentarían de manera exponencial.