NOVEDADES Y RETOS EN LA GESTIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS DE EUROPA, LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (1980-2005)

Emilio Luque Azcona
School of the Built Environment – Heriot-Watt University (Edimburgo, Reino Unido)
Ejl3@hw.ac.uk

Harry Smith
School of the Built Environment – Heriot-Watt University (Edimburgo, Reino Unido)
H.C.Smith@sbe.hw.ac.uk

Resumen

Los problemas de los centros históricos[1] comenzaron a afrontarse como un campo particular y específico dentro del ámbito de la conservación y la restauración a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. El debate sobre esta temática ha continuado enriqueciéndose hasta nuestros días con aportes de diferentes especialistas y la aparición de nuevos retos a los que hacer frente.

En este artículo se realiza un balance de los logros y las asignaturas pendientes de lo realizado para la recuperación de centros históricos en Europa, América Latina y el Caribe, desde 1980 hasta nuestros días. Como resultado del mismo puede concluirse que en las tres regiones, pese a las diferentes coyunturas que les caracterizan, uno de los principales retos continúa siendo la conformación de esas áreas urbanas en espacios de cultura y vida, en el que convivan culturas y grupos sociales representativos de las sociedades a las que pertenecen[2].

Abstract

The issues involved in dealing with historic quarters started to be addressed as a particular and specific field within the context of conservation and restoration during the sixties and seventies. The debate about this subject has been enriched to date through contributions from different kinds of specialists and the appearance of new challenges that must be met.

This article presents an overview of the achievements and pending issues related to the regeneration of historic quarters in Europe, Latin America and the Caribbean since 1980. As a result, it can be concluded that in these three regions, although the contexts are different, the main challenge is still the transformation of these urban areas into spaces of culture and life in which cultural and social groups that are representative of their own societies may coexist. 

Durante el período comprendido entre las décadas de 1930 y 1970 se produjeron importantes avances en el panorama internacional en lo que respecta a la cuestión de la gestión patrimonial. La aparición de nuevas instituciones y documentos relacionados con esta temática permitieron a lo largo de esos años novedosas conquistas conceptuales y metodológicas[3]. Respecto a las primeras, Ignacio González-Varas Ibáñez destaca algunas como la formulación a mediados de la década de 1950 del concepto de “bien cultural”, con el que se pasó a valorar  el conjunto de las manifestaciones y testimonios significativos de la actividad humana y el medio ambiente. Este provocó, según destaca el citado autor, una renovación profunda en el ámbito de la conservación y la restauración, al propiciar el paso “de la tutela y protección del ‘monumento’ hacia la de los ‘centros históricos’, y desde allí hasta la del ‘territorio’ culturalmente significativo” (González-Varas Ibáñez, 2005: 46 y 54).

Como consecuencia de ello, a partir de los años sesenta la problemática de los centros históricos empezó a afrontarse como un campo particular y específico, al tiempo que durante la década de 1970 comenzaron a ser percibidos también como bienes económicos que precisan ser protegidos de los efectos negativos de las operaciones especulativas. Fue entonces, en unos momentos en los que la ciudad tradicional adquiría un mayor protagonismo frente a la expansión indefinida de la periferia urbana, cuando se propuso para la salvaguarda de dichos espacios la conservación integrada. Con este nuevo concepto se puso de relieve la necesidad de adoptar criterios de intervención que apuesten en el plano funcional por el desarrollo de actividades que contribuyeran al mantenimiento del aspecto y la estructura social y económica tradicional de dichos espacios, evitando la expulsión de las capas de población tradicionales (González-Varas Ibáñez, 2005: 341, 376 y 540).

Desde entonces hasta nuestros días han sido numerosos los proyectos puestos en marcha para la recuperación de centros históricos en diferentes ciudades del planeta. Pese a la existencia de un importante número de instituciones de ámbito internacional, continental, nacional, regional y local involucradas en este asunto, y de un corpus legal revisado y discutido por profesionales de diferentes disciplinas, aún son muchos los retos que quedan por solventar en esta materia. ¿Cuáles son los principales asignaturas pendientes?, ¿qué posibles factores obstaculizan el cumplimiento de lo expresado en la legislación existente relativa a esta cuestión? Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta.

Para ello comentaremos las novedades que se han producido en el marco conceptual y metodológico desde la década de 1980 hasta nuestros días, y pondremos de relieve los logros conseguidos y los retos existentes en contextos tan diferentes como el europeo, el latinoamericano y el caribeño. Estas regiones conservan un importante número de centros históricos de gran relevancia, con espacios urbanos y complejos arquitectónicos que testimonian diferentes períodos del pasado, y que en algunos casos se encuentran habitados por contingentes poblacionales que mantienen  fuertes sentimientos de identidad respecto al espacio que habitan. Desde nuestro punto de vista, el intercambio de experiencias desarrolladas en contextos políticos, económicos, sociales y culturales tan distantes puede contribuir al enriquecimiento del debate sobre las consecuencias derivadas de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha; también a la búsqueda de posibles alternativas de cara al futuro que permitan hacer frente a los nuevos retos que se van planteando.

Novedades en el marco conceptual

Durante las últimas décadas, la centralidad urbana e histórica se ha convertido en un elemento fundamental de competitividad de las unidades económicas urbanas, por concentrar infraestructuras, comunicaciones, recursos humanos y administrativos. También por la proyección internacional conseguida a través del desarrollo de actividades como la turística (Carrión, 2005a: 45). No obstante, es cierto que determinadas empresas siguen viendo en las nuevas centralidades conformadas en las áreas suburbanas, mayores ventajas para el desarrollo de sus actividades.

Fue durante los años sesenta cuando se produjo en los centros de algunas ciudades europeas el retorno de sectores medios, proceso que Ruth Glass llamó de ‘gentifrication’ en su obra Introduction to London: aspects of change, de 1963 (Glass, 1963). En América Latina y el Caribe dicho fenómeno se produjo algo después, concretamente durante los años noventa, tras el agotamiento de la emigración campo-ciudad y el engrandecimiento de las periferias hasta el límite (Rodríguez Alomá, 2005b: 70).En la primera, uno de los grandes retos desde entonces ha sido la adaptación de espacios que durante el siglo XIX y gran parte del XX estuvieron por lo general orientados a la producción, en lugares de consumo (Tiesdell et al., 1996: 21). En la segunda, solventar la falta de recursos y conciencia generalizada sobre la necesidad de conservar los centros históricos para convertirlos en dinamizadores de la economía, así como contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.   

Por todo ello, el debate sobre estos espacios, lejos de agotarse, ha continuado enriqueciéndose, especialmente a partir de la incorporación en el mismo de especialistas de nuevas disciplinas. A la presencia tradicional de arquitectos y urbanistas se han ido uniendo otros del campo de la Antropología, la Arqueología, la Geografía, la Historia, la Historia del Arte, Humanidades o la Sociología principalmente. Gracias a ello se cuenta en la actualidad con enfoques y planteamientos diferentes para la resolución de algunas cuestiones puestas de relieve por el geógrafo Víctor Fernández Salinas, como las de “la autenticidad, la defensa de lo público y el apoyo al desarrollo” (Fernández Salinas, 2005: 2).

Esta situación ha favorecido la aparición de interesantes novedades en el plano teórico, por una parte, la inclusión del debate sobre los centros históricos en el contexto urbano en el que se integran, aspecto que ha servido como punto de partida para la definición de un nuevo modo de planificar la ciudad y el territorio. En este sentido, la crisis postindustrial occidental provocó un cambio en el centro de atención del urbanismo, que ya no reside tanto en la expansión de la ciudad sino en la reorganización y la mejora del patrimonio urbano existente o consolidado, que incluye tanto a los centros históricos como las áreas industriales deprimidas y abandonadas[4] (González-Varas Ibáñez, 2005: 414 y 415). O lo que vendría a ser lo mismo, un mayor interés por la renovación de espacios urbanos en lugar de la planificación de nuevas áreas de expansión.

Por otro lado, la percepción de lo histórico y la protección mediante legislación se ha extendido en algunos casos desde las áreas más antiguas de las ciudades al conjunto de las tramas urbanas, incluidas las de más reciente construcción. Este hecho, unido a la identificación de nuevos tipos de centralidades en las ciudades, como las que conectan lo local con lo global por ejemplo (Carrión, 2005b: 58), ha llevado a numerosos especialistas a desechar el tradicional término de ‘Centro Histórico’ y a preferir en su lugar el de ‘Áreas Centrales Antiguas’[5]. En línea con estos cambios conceptuales, el Memorándum de Viena sobre “Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea” de 2005, primera Carta Internacional en conjugar la cuestión de la conservación del patrimonio histórico con los nuevos desarrollos, supera los conceptos clásicos de ‘centros históricos’, ‘conjuntos’ o ‘alrededores’. Para ello emplea el término de ‘paisaje histórico urbano’, concepto bastante próximo al de ‘conservation area’ utilizado en países como el Reino Unido, con el que se considera “el lugar, el perfil de la ciudad, los ejes visuales, las líneas y tipos de edificios, los espacios abiertos, la topografía, la vegetación y todas las infraestructuras, incluso las de menor tamaño”[6].

También se ha producido la extensión del interés por el estudio, la catalogación y la protección del patrimonio arquitectónico a períodos más recientes, constituyéndose organizaciones como el ‘DoCoMoMo International’ (International working party for document and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement), iniciada en 1988 y con sede en París[7]. En este sentido, ICOMOS ha incluido en sus informes sobre el patrimonio en riesgo la arquitectura del movimiento moderno de Rusia por ejemplo, al tiempo que ha puesto en marcha mecanismos para la salvaguarda del existente en regiones que, como la polar, han estado absolutamente desprotegidas hasta la fecha[8]. Este último aspecto, si bien no afecta de forma directa a la cuestión de los centros históricos, pone de relieve la adopción de nuevas perspectivas sobre lo patrimonial durante los últimos años.

Por otra parte se han incorporado conceptos en el debate relativo a los centros históricos, como el de ‘desarrollo sostenible’ o ‘sustentable’, aparecido por primera vez en el informe socio-económico elaborado en 1987 para la ONU, originalmente llamado Our Common Future (Brundtland, 1987: 43). Con el mismo se ha incidido entre otras cosas, en la necesidad de poner en marcha iniciativas duraderas para la recuperación de estos espacios, que perduren en el tiempo y satisfagan las necesidades del presente sin perjudicar las de las generaciones futuras (Coulomb, 2005: 99). También otros conceptos como el de ‘ciudad educadora’, formulado en Barcelona en 1990 con el objetivo de consolidar una ciudadanía organizada y autónoma, que solucione pacíficamente sus conflictos y sepa convivir en la diferencia[9] (Rodríguez Rodríguez, sd.). O el de ‘Patrimonio Inmaterial’ o ‘Intangible’, a partir de la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en la 32° Conferencia General de la UNESCO realizada en octubre de 2003[10].

Asimismo, conceptos como el de conservacionismo han sido criticados por diferentes autores como Robert Hewison, Guerry Kearns o Chris Philo, que lo catalogan de elitista, al tiempo que acusan a los sectores sociales altos y medios de haber manipulado la historia imponiendo sus respectivas visiones sobre la misma. Es por ello por lo que este último ha sido visto junto a la actividad turística, como uno de los principales responsables de la pérdida de autenticidad experimentada en los centros históricos de numerosas ciudades (Simpson, 1997: 41 - 45).

En el caso concreto europeo, documentos como la Carta de Gubbio de 1990 han tratado de dar respuesta a los nuevos retos que afrontan sus ciudades. Entre ellos algunos como el problema de la identidad cultural, la crisis de planificación existente, la formación de guetos o la agresión de los flujos turísticos en el patrimonio (González Varas, 2005: 452 – 455). Para América Latina y el Caribe se han emitido otros como la Carta de Veracruz o “Criterios para una Política de actuación en los Centros Históricos de Iberoamérica” de 1992, contemplándose en ellos también nuevas cuestiones que responden en buena medida a la coyuntura política, económica y social que ha caracterizado a la región durante las décadas de 1980 y 1990. Entre ellas las referidas al gobierno de los centros históricos, la inseguridad ciudadana, las identidades o los imaginarios urbanos (Carrión, 2000: 17). En este último punto relativo a los imaginarios ha sido destacada la tarea llevada a cabo por el colombiano Armando Silva, director del proyecto Culturas urbanas desde sus imaginarios sociales, desarrollado inicialmente en trece metrópolis de América Latina y Barcelona, y recientemente extendido a ciudades españolas, mediterráneas y del norte de Europa. Partiendo de la base de que lo urbano es una realidad simbólica, en permanente construcción y expansión, Silva plantea la necesidad de pasar de la ciudad pensada en el espacio a un urbanismo ciudadano concebido en el tiempo, que asuma los imaginarios que los habitantes tienen y comparten de ella[11]. 

Por último, es preciso destacar la publicación de algunos estudios especializados durante las dos últimas décadas relativos a la cuestión de los centros históricos, en los que se contemplan algunas de las novedades conceptuales expuestas y se detallan diferentes experiencias de intervención desarrolladas tanto en Europa, como en el ámbito latinoamericano y caribeño[12].

Novedades en el plano metodológico

A niveles prácticos, tanto en Europa como en Latinoamérica y el Caribe, el tema de los centros históricos ha pasado a contar desde la década de 1980 con un gran peso en el debate y la formulación de las políticas urbanas. Como veremos al hablar de los logros alcanzados desde entonces en este campo, el fomento del sector servicios y en especial de la actividad turística, ha sido uno de los principales motores que han llevado a instituciones de diversa índole a poner en marcha proyectos para la recuperación de dichos espacios. En el caso europeo especialmente, también el interés de los sectores medios y altos de la sociedad por residir en ellos. 

Al mismo tiempo se han producido importantes novedades respecto a los actores que se encuentran involucrados en la discusión y puesta en marcha de este tipo de proyectos. Estos podemos clasificarlos según los siguientes grupos:

Instituciones de ámbito internacional

Durante el período analizado UNESCO ha continuado desarrollando una importante labor en cuestiones como el fomento de la reflexión y el análisis de temáticas relevantes al patrimonio cultural, la formación de instituciones y personal especializados, así como la expedición de documentos internacionales. Entre ellos se encuentra la Declaración de Oaxaca-UNESCO de 1993, formulada para el ámbito americano, en la que se enmarca la cuestión de la protección del patrimonio cultural en el contexto de los problemas globales de la humanidad (González-Varas Ibáñez, 2005: 484).  

UNESCO ha colaborado asimismo en la organización de una serie de encuentros mundiales, como la Conferencia HABITAT II o Cumbre de las Ciudades, celebrada en Estambul en junio de 1996, en la que se debatieron ideas encaminadas a la elaboración de Planes de Acción que reflejasen el compromiso de los diversos países miembros de Naciones Unidas para mejorar el entorno y el modo de vida de sus habitantes[13]. Asimismo, su ya citado Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentra presente en 166 países y cuenta concretamente con actuaciones específicas de centralidad urbana[14], al tiempo que el establecimiento de Cátedras UNESCO en diferentes instituciones del mundo ha favorecido el estudio y la reflexión sobre diferentes aspectos, algunos de los cuales se relacionan directamente con las problemáticas que afectan a los centros históricos[15].

Dicha institución ha continuado contribuyendo también al reconocimiento mundial de nuevos monumentos, centros históricos y conjuntos urbanos mediante la declaratoria como Patrimonio Mundial. En 1993 se produjo el nacimiento de la OWHC (Organization of World Heritage Cities), con sede en Québec, organismo que se encuentra en la actualidad conformado por más de doscientas ciudades y diferentes secretarias regionales para la promoción del intercambio de informaciones y experiencias entre los conjuntos declarados como Patrimonio Mundial. Entre las iniciativas desarrolladas con este fin destacan los coloquios mundiales o regionales[16], el programa City2City, los talleres de formación de alcaldes y técnicos, y el recién creado portal URBO. Este último es un portal Web trilingüe que engloba la información referente a la gestión integral del patrimonio, que permite el intercambio de documentos y proyectos entre gestores políticos y técnicos e interesados en la temática. La OWHC ha emitido asimismo diferentes documentos como la Declaración de Québec de 1991, la Carta de Fez de 1993 y el Protocolo de Bergen de 1997[17].

Por otra parte, el aporte de ICOMOS ha sido también destacado a través de acciones como la fundación del ‘International Committee on Historic Towns and Villages’ (CIVVIH) en 1982[18] o la promulgación de documentos como la ‘Carta Internacional para la Conservación de las Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas’ de 1987 (Carta de Toledo / Washington), las ‘Recomendaciones para la educación y formación en conservación de monumentos, conjuntos y sitios’ de 1993 o el ‘Documento de Nara sobre la autenticidad en relación con la Convención del Patrimonio Mundial’ de 1994[19]. Asimismo, creó en 1998 del Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC), orientado a promover el respeto y la puesta en valor de los distintos tipos de patrimonio cultural, tanto tangible como intangible[20]. También ha publicado diferentes estudios relativos a la gestión de centros históricos y emite informes de evaluación que, en casos como el relativo al Plan Especial de Protección (PEP) del casco histórico de La Laguna en Canarias, ponen de relieve algunos aspectos que hacen peligrar la conservación de valores de índole histórica y cultural (Heritage At Risk…, 2005: 227 – 231; Navarro Segura, 2005).

Entre los planes puestos en marcha en la cooperación internacional en torno a la defensa del patrimonio de los pueblos, destacamos aquí algunas iniciativas que sirven como punto de encuentro entre los continentes europeo y los países latinoamericanos y caribeños. Entre ellas el programa europeo URB-AL, iniciativa de cooperación descentralizada de la Comisión Europea destinada a la mejora de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de las ciudades de Europa, América Latina y el Caribe[21]. También el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), institución no gubernamental con sede en La Laguna (Canarias, España), cuyos objetivos se orientan a la especialización de técnicos y licenciados en el campo de la preservación y restauración del patrimonio físico en ambos continentes[22].

Dentro de la cooperación internacional desarrollada en Latinoamérica y el Caribe, es especialmente destacable la tarea desarrollada por diversas instituciones en lo que respecta a la aplicación de medidas orientadas a la recuperación de centros históricos de la región. Entre ellas se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organización financiera internacional creada en 1959 con el objetivo de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y contribuir a la integración comercial regional en el área de Latinoamérica y el Caribe, que posee su sede en la ciudad de Washington (EE.UU.)[23]. También la labor desarrollada por países como España, especialmente a partir de conmemorarse en 1992 los 500 años del llamado “encuentro” entre las culturas europeas y americanas. Fue entonces cuando el gobierno central y algunos autonómicos y locales pusieron en marcha programas de colaboración con instituciones locales y regionales del otro lado del Atlántico para la elaboración de Planes Maestros y el establecimiento de Escuelas Taller. Una de las vías para ello fue la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organismo autónomo creado en 1988 y adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Entre sus diversas líneas de actuación se encuentra el programa ‘Patrimonio para el desarrollo’, que supone una puesta al día del ‘Programa de Patrimonio Cultural’ iniciado a fines de los años ochenta[24].

Junto a España, países como Alemania, Bélgica, Francia o Italia han desempeñado un importante papel en el desarrollo de medidas encaminadas a la recuperación de centros históricos latinoamericanos y caribeños. Entre las iniciativas puestas en marcha por estos países destacan algunas como la de SIRCHAL (Sitio Internacional sobre la Rehabilitación de los Centros Históricos de la América Latina y del Caribe). Creado en 1998 por los ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores de Francia, ha promovido la celebración de talleres de trabajo interactivos en los que se reúnen expertos y actores locales de diversos orígenes y competencias, tanto del ámbito público como del privado, con el objetivo de aportar soluciones para la revitalización de centros históricos de la región[25].

Es preciso mencionar por otro lado la tarea desarrollada por las universidades en el terreno de la cooperación internacional, al promover la formación de especialistas de diferentes disciplinas que trabajan en proyectos de recuperación de centros históricos[26]. También la organización de eventos de ámbito nacional, regional o internacional sobre esta temática, así como en la realización de estudios e informes para la puesta en marcha de proyectos de colaboración entre los gobiernos nacionales y locales y/o las empresas y la banca privada.

Instituciones de ámbito continental

A nivel europeo destacan asimismo otras instituciones que han puesto en marcha medidas que han favorecido de manera directa o indirecta la recuperación de centros históricos. Entre ellas se encuentra el Consejo de Europa, que en 1981 lanzó la Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad, con el fin de profundizar en los principios de la conservación integrada y contribuir al intercambio de experiencias. Este ha emitido también documentos como el de la Convención de Granada de 1985, acto jurídico encaminado a la aprobación de medidas para la conservación del patrimonio arquitectónico (González-Varas Ibáñez, 2005: 496 - 498). Asimismo, la Unión Europea está financiado un importante número de proyectos que se relacionan con esta temática.

En el contexto latinoamericano y caribeño han aparecido también diferentes instituciones interesadas por cuestiones relacionadas con la gestión de centros históricos. En este sentido se encuentran algunas como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI). Este organismo, cuya creación fue propuesta en Lima en el año 1997, en el marco de la celebración del I Encuentro de Alcaldes y Autoridades de ciudades de América Latina y el Caribe anteriormente mencionado, nació con el fin de reunir a todas las municipalidades de la región que poseen centros urbanos con significativo valor histórico. Entre sus objetivos se encuentran algunos como el de rescatar el significado social y cultural de las expresiones patrimoniales que fortalezcan la trascendencia histórica de la región. También el de patrocinar, apoyar y contribuir a los procesos de declaración de nuevas ciudades poseedoras de centros históricos con valor patrimonial.

Hay que destacar también otras iniciativas como la Red Iberoamericana del Patrimonio Cultural (REDIPAC), surgida de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural con el fin de englobar a todas las entidades profesionales, académicas e institucionales públicas y privadas, dedicadas a la gestión y la puesta en valor del Patrimonio Cultural en todo el ámbito iberoamericano[27]. O el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), nacido tras la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el marco de la 32a Conferencia General de la UNESCO, realizada en octubre de 2003. Su misión principal consiste en trabajar para que en cada país se generen procesos de identificación, registro, difusión y protección de sus respectivos patrimonios inmateriales[28].

Instituciones de ámbito nacional, regional y local

Públicas

Durante la década de 1980 y 1990 la gestión de la conservación de ciudades y pueblos adquirió una mayor importancia en la administración pública, principalmente local. Junto al establecimiento de una gestión diferenciada en las áreas patrimoniales de la pública común desarrollada en la totalidad de los conjuntos urbanos, se ha tratado de potenciar en algunos casos la existencia de autoridades con visiones integradoras que interpreten la condición de los centros históricos como parte del sistema urbano en el que se encuentran insertadas. También que les asegure una organización y administración responsable con mecanismos de financiamiento y de participación social[29]. Asimismo, numerosos gobiernos locales han diseñado, o se encuentran en vías de hacerlo, planes estratégicos de intervención que incluyen desde aspectos relativos al equipamiento y servicios municipales, a la cuestión de los recursos culturales. Como ejemplo de instituciones locales europeas que coordinen los planes y medidas de conservación de centros históricos, se encuentran algunas como ‘L’ Ufficio speciale per gli intervente sul centro storico’ de Roma.

En el caso concreto latinoamericano y caribeño, fue en el contexto de democratización y descentralización vivido a fines de la década de 1980 e inicios de la siguiente cuando se produjo un desentendimiento de los Estados Nacionales en lo que respecta al desarrollo de medidas sociales y de desarrollo. Las políticas de ajuste estructural que redujeron el papel de estos últimos propiciaron a partir de entonces un mayor peso de lo municipal frente al predominio anterior alcanzado por las instituciones de ámbito estatal, que habían protagonizado iniciativas “inscritas en el fortalecimiento de una llamada identidad nacional”. En este sentido, son varios los ejemplos de ciudades con gobiernos locales que cuentan actualmente con la suficiente autoridad como para someter bajo sus políticas al resto de los sujetos patrimoniales. Entre ellos La Habana, con la Oficina del Historiador, o Santiago de Chile, con la Comuna de Santiago. Otras en cambio cuentan con un “complejo institucional disperso” para la gestión de sus respectivos centros históricos (Carrión, 2005a: 51).

El peso adquirido por los gobiernos locales de la región en este sentido, se manifiesta a través de hechos como la celebración de Encuentros de alcaldes y autoridades de ciudades de América Latina y el Caribe con centros históricos en proceso de recuperación. El primero concretamente tuvo lugar en 1997 en la ciudad de Lima, celebrándose posteriormente el de La Habana en 1998 y México D.F. en 2000. Entre las propuestas realizadas por sus integrantes se encuentran algunas como la de crear una RED que reúna a las autoridades y técnicos para poder abordar de forma conjunta los grandes retos existentes en la gestión de centros históricos; la necesidad de poner en marcha o fortalecer en cada ciudad una entidad de gestión propia del centro histórico; o la conveniencia de involucrar e incentivar la participación de la comunidad y del sector privado en los procesos de intervención urbana (Mutal, 2005: 32; Rodríguez Alomá, 2005a: 91).

Públicas y privadas

Junto al incremento del peso de los gobiernos locales se ha producido también, tanto en Europa como en Latinoamérica y el Caribe, un aumento de la presencia de fundaciones o empresas privadas que trabajan de manera conjunta con los primeros en la aplicación de medidas de diversa índole en centros históricos. El trabajo conjunto del sector privado con el público se plantea desde hace unos años como vía para la preservación sostenible del medio urbano, al permitir que las limitaciones que ambos presentan por separado, se vean en cierta medida mitigadas. Mientras que ambos comparten riesgos, uno aporta su visión, su compromiso a largo plazo y su capacidad de coordinación, y el otro su experiencia en el mercado y la capacidad de poder gestionar varios proyectos respondiendo a la demanda existente[30] (Rojas, s.d.: 9). No obstante, es preciso destacar que la relación público-privado se está dando bajo parámetros de desigualdad, especialmente en el contexto latinoamericano y caribeño, puesto que los gobiernos municipales han recurrido generalmente a la privatización de ámbitos de su competencia tras recibir de los gobiernos centrales lo poco rentable e improductivo y no contar con recursos suficientes para gestionarlos (Rodríguez Alomá, 2005b: 71).

En el caso europeo existen empresas de capital mixto como ‘Promoció Ciutat Vella S. A.’ (PROCIVESA), a partir de 1999 sustituida por ‘Foment de Ciutat Vella’, ambas con la misión de recuperar el centro histórico de Barcelona[31]. En América Latina destacan algunas como los ‘patronatos’ en Lima, las ‘corporaciones’ en Santiago, las ‘fundaciones’ en México o las ‘empresas’ en Quito, que se encuentran integrados en los municipios. También otras que realizan inversiones de forma directa y organismos multilaterales de crédito que fomentan una mayor presencia del capital privado (Carrión, 2005a: 49).

Independientes

Con respecto a asociaciones independientes que promuevan aspectos relacionados con la regeneración urbana, estas cuentan con una larga tradición en el ámbito anglosajón especialmente, donde la sociedad civil se ocupa de actividades que en otros ámbitos son responsabilidad estatal, y el Estado ha creado instituciones que gozan de cierto nivel de independencia en la gestión de asuntos públicos. En el ámbito europeo, para casos concretos como el de Escocia por ejemplo, se encuentran algunas como el ‘Scottish Urban Regeneration Forum’ (SURF), la ‘Architectural Heritage Society of Scotland’, la ‘National Trust for Scotland’ o la ‘Scottish Civic Trust’. A escala local destacan otras como la ‘Cockburn Association’, que desde fechas tan tempranas como la década de 1870 trabaja por la conservación del patrimonio histórico y artístico de Edimburgo[32]. En aquellas que fueron creadas bajo la iniciativa de entes gubernamentales el carácter de independiente puede verse en cierta medida matizado.

Como ejemplos relevantes en el contexto latinoamericano destacan en este sentido el Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI) de Brasil, o El Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos A. C. (CENVI) de México. La primera, con sede en Olinda, tiene como misión el promover la conservación integrada urbana y territorial dentro de la perspectiva del desarrollo sostenible. Para ello organiza diferentes actividades dirigidas a la comunidad técnica y académica brasileña e internacional, orientadas entre otros aspectos a la formación de gestores de conservación urbana y territorial, especialmente de centros históricos[33]. La segunda, en una línea similar, fue constituida legalmente en 1980 y constituye una asociación sin fines de lucro integrada por profesionales de diferentes disciplinas. Entre sus objetivos se encuentra el de contribuir de manera conjunta con otros actores sociales “a la transformación democrática, equitativa e incluyente de las ciudades mexicanas” mediante el fomento de la investigación, la difusión de conocimientos y la intervención activa en procesos de planeación, diseño, producción o mejoramiento del espacio urbano y habitacional[34].

Logros alcanzados en Europa, Latinoamérica y el Caribe

Europa

La recuperación de centros históricos ha constituido por lo general una parte importante de las estrategias de promoción urbana y de proyectos de renovación de gran envergadura llevados a cabo durante las últimas décadas en ciudades de diferentes regiones del planeta. El fomento del turismo y las actividades culturales asociadas a dicha actividad ha sido una de los principales motores para ello. En el contexto europeo concretamente esto se ha visto como un importante recurso con el que hacer frente tanto a la crisis industrial vivida a partir de los años setenta en numerosas regiones del norte, como a la dependencia excesiva de la actividad agropecuaria en amplias zonas del sur.

En casos como los de antiguas ciudades industriales que no cuentan con paisajes urbanos y arquitectónicos armónicos y presumiblemente destacados, como Bradford, Birmingham, Liverpool o Manchester en el Reino Unido, o Duisburg en Alemania, se ha tenido que recurrir también para ello a la construcción de una nueva imagen para inversores, visitantes y residentes con el objetivo de reemplazar connotaciones negativas preexistentes (Law, 1994: 1; Tiesdell et al., 1996: 69 y 70). En este sentido destacan especialmente casos como el de Glasgow en Escocia, donde junto a la aplicación de medidas para la recuperación de zonas como la Merchant City, uno de los máximos exponentes de la arquitectura victoriana del Reino Unido, su equipo de gobierno optó por la elaboración de una imagen sofisticada de la ciudad como capital cultural. Con ello se trató de paliar la visión negativa que se tenía sobre la misma por los elevados índices de desempleo y de conflicto urbano existentes, produciéndose con ello una ruptura consciente con el pasado al dejarse fuera del nuevo imaginario construido al grupo obrero-industrial que le imprime un carácter distintivo (Ruiz Ballesteros, 2000: 152 - 154). Esto se logró en buena medida mediante la celebración de acontecimientos de gran alcance internacional y nacional, tras su nombramiento como ‘Ciudad Europea de la Cultura’ en 1990 y la ‘UK City of Architecture and Design’ en 1999. La imagen poco real pero vendible de la ciudad que se construyó desde el gobierno local fue duramente criticada entonces por colectivos como el de los ‘Worker’s city’ (Boyle y Hughes, 1991: 217-228).

Por otra parte, los países que conformaron el antiguo bloque comunista han visto también en el turismo cultural una vía con la que mejorar sus economías, dado el gran potencial con el cuentan los monumentales centros históricos de muchas de sus ciudades. Algunas como Budapest han aplicado en este sentido una inserción controlada de las actividades turísticas en su centro histórico (González-Varas Ibáñez, 2005: 428). Otras como Varsovia, tras su reciente incorporación a la Unión Europea, aspira con el desarrollo de iniciativas como el Proyecto de Ruta Real, que pretende la regeneración de los recursos culturales del centro de la capital, a la mejora de la competitividad de la región dentro del mercado turístico europeo (Nefanda Trepka, 2005).

Junto al turismo y el desarrollo de actividades culturales, otro aspecto que ha impulsado la recuperación de centros históricos en Europa ha sido el interés de los sectores medios y altos por residir en dichos espacios, atraídos tanto por el carácter histórico que les caracteriza como por la conveniencia de la localización. También es destacable la revalorización de algunas áreas antiguas urbanas a partir de la conformación de espacios con viviendas, comercios y negocios orientados al público homosexual. Es el caso de Canal Street en Manchester o del barrio de Chueca en Madrid. Este último era durante la década de 1980 uno de los espacios más conflictivos del centro tradicional de la capital española, con problemas de prostitución y tráfico de drogas. Tras el establecimiento de la comunidad gay en la zona se han abierto numerosos negocios, se han rehabilitado numerosas viviendas y se ha conformado una intensa actividad comunitaria[35].

Países como Italia, España o Francia destacan especialmente en la puesta en marcha de  proyectos de actuaciones de rehabilitación integral con equipamiento urbano, vivienda, programas sociales y zonas verdes, que han incluido medidas enfocadas a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Entre este tipo de experiencias las más difundidas han sido posiblemente las de Bolonia y la de Barcelona, modelos que se han convertido, pese a algunos problemas surgidos, en referentes internacionales por su carácter integral al abordar en ambos casos de manera conjunta cuestiones de índole política, económica, social y cultural. También merecen ser destacadas otras quizás no tan conocidas, como la desarrollada para la revitalización del centro histórico de Lyon en Francia, donde el “Plan de Salvaguarda y Puesta en valor del viejo Lyon” se enfoca al mantenimiento de la autenticidad del barrio, contemplando tanto el aspecto patrimonial como humano de la zona (Delas, 2004). O Málaga en España, cuyo Programa para la Mejora del Medio Ambiente Urbano fue galardonado con el premio HABITAT II de buenas prácticas en 1998, por desarrollar medidas de sostenibilidad urbana y sensibilizar a la población sobre las cuestiones ambientales[36]. No obstante, puede afirmarse que las experiencias encaminadas a resolver el problema de vivienda y recursos de la población de bajos ingresos en centros históricos de Europa continúan siendo por lo general bastante limitadas en la práctica.

Es destacable asimismo la adopción de medidas encaminadas a la peatonalización de calles y plazas, la construcción de aparcamientos subterráneos en los alrededores (aunque también en puntos centrales), la recuperación del uso del tranvía o la instalación de peajes para el acceso a los centros de algunas ciudades, destacando en este último aspecto ciudades como Londres. Con el objetivo de regular el movimiento de vehículos, ciudades como Barcelona, Bolonia, Dublín, Marsella y Trondheim colaboran asimismo con el proyecto Gaudí del programa DRIVE2 de la Dirección General XIII de la Comisión Europea, empleándose para ello una tecnología de tarjeta inteligente con bolardos retráctiles gobernables desde el Centro de Control de Tráfico.

Por último debemos destacar los avances conseguidos en la conformación de una conciencia más generalizada sobre la cuestión patrimonial entre la población europea a través de la puesta en marcha de iniciativas como la celebración del ‘Heritage Day’. Esta comenzó a desarrollarse en Francia a mediados de la década de 1980, poco después de que en 1982 ICOMOS pusiera en marcha con el apoyo de UNESCO el ‘Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios’ cada 18 de abril. A la iniciativa francesa se fueron sumando otros países como Holanda (1987), Suecia (1988) o Bélgica (1989), instituyéndose asimismo en 1991 con notable éxito el primer ‘European Heritage Day’ o día de “monumentos abiertos” (Van Brederode, 2005). En el caso concreto del Reino Unido se desarrollan los ‘open doors days’, durante los cuales numerosos edificios de interés histórico y artístico son abiertos al público de manera gratuita[37]. La existencia de una conciencia más generalizada sobre la cuestión patrimonial en algunas ciudades se advierte en polémicas como la desatada en Barcelona para la defensa de la fábrica Can Ricart del siglo XIX, localizada en Poble Nou (Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, 2005).

Latinoamérica y el Caribe

El fomento del turismo y las actividades culturales asociadas a dicha actividad han sido también uno de los principales motores que han impulsado la recuperación de centros históricos de ciudades latinoamericanas y caribeñas. Como destacamos anteriormente, el Banco Interamericano de Desarrollo ha llevado a cabo junto a instituciones de diversa índole, una destacada labor en este sentido. Tras apoyar durante la década de 1970 proyectos financiados y ejecutados por organismos públicos, como el destinado al desarrollo turístico de la ciudad de Cuzco, pasó a concentrar las inversiones en otros centros urbanos de la región Nordeste de Brasil, en Ciudad de Panamá o en el barrio de la Boca en Buenos Aires. No obstante, estas iniciativas no obtuvieron por lo general los resultados esperados, debido a los problemas derivados de la especulación inmobiliaria y la expulsión de sus habitantes. En el caso concreto del nordeste brasileño, las divergencias políticas entre los gobiernos locales y regionales, y el escaso financiamiento local, dificultaron que dicho proyecto, que recibió el nombre de PRODETUR, obtuviera relevantes resultados, salvo en casos concretos como el de la ciudad de Recife (Mutal, 2005: 23 y 26; Rojas y Mouro Castro, 1999: 1).

En 1994 el BID comenzó una nueva línea de intervención con la concesión de 42 millones de dólares norteamericanos a la Municipalidad de Quito, orientada a proyectos de conservación de patrimonio urbano que incluyen recursos para la promoción de asociaciones público-privadas. Para garantizar la sostenibilidad de los mismos a largo plazo, pasó a concentrar su apoyo en operaciones que tienen probados beneficios económicos, induciendo a los gobiernos prestatarios a reformar instituciones y políticas relacionadas con esta materia (Rojas, s.d.: 15). A fines de la década de 1990 la UNESCO y el BID pusieron en marcha de manera conjunta con el Ministerio de Cultura brasileño y el IPHAN, el programa MONUMENTA. Con esta iniciativa se pretende la revitalización de manera sostenible de los principales conjuntos patrimoniales urbanos de Brasil. Para ello incluye acciones que van desde las intervenciones de conservación y restauración hasta la aplicación de medidas educativas, gerenciales y administrativas que hagan posible “el retorno social y económico de las inversiones” realizadas[38].

Entre las iniciativas que han contado con el apoyo del BID durante los últimos años se encuentran otras como el ‘Proyecto estación de Montevideo’, orientado a la rehabilitación y equipamiento de la estación de ferrocarriles General Artigas para fines culturales y comerciales con el sector privado. También el ‘Proyecto centro de São Paulo’, que desde el 2001 pretende la revitalización del centro histórico de la metrópoli brasileña garantizando su diversidad funcional y el incremento del peso de la residencial, consolidando la identidad de la zona, recuperando los espacios públicos y creando mecanismos de gestión democrática (Mutal, 2005: 27-28).

Un caso peculiar lo constituye el de La Habana, donde las actividades turísticas y sus servicios asociados son las que han procurado los fondos públicos y privados para la puesta en marcha de una estrategia integral para la gestión de la salvaguarda de la Habana Vieja. Tras la caída del bloque soviético, Cuba perdió uno de sus máximos aliados y su economía se vio debilitada. Con el fin de hacer frente a esta nueva coyuntura, el gobierno cubano aprobó un paquete de medidas orientado en buena medida al crecimiento de la actividad turística en el país y la apertura al capital foráneo. Con la puesta en vigor del Decreto–Ley 143 de octubre de 1993, se reconoció una autoridad única para la conducción del proceso de rehabilitación: la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Esta puso en marcha proyectos turísticos con apoyo de capitales privados, cuyos beneficios se han reinvertido en la mejora de la infraestructura de la zona y en programas sociales[39] (Ochoa Alomá, 2002: 50 y 52) (ver figuras 1 y 2). No obstante, en la práctica se han intervenido principalmente aquellos puntos que concentran los principales atractivos turísticos en la Habana Vieja y se ha producido el desplazamiento de parte de su población residente.

Figuras 1 y 2: Plaza de la Catedral ocupada por establecimiento turístico y mejora del espacio público en la Plaza Vieja (La Habana, Cuba). Fotos: Emilio Luque Azcona (2005) y Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana.

Fruto de las medidas aplicadas hasta la fecha ciertas ciudades de Brasil, Cuba, México, Perú o República Dominicana, principalmente, han desarrollado infraestructuras que les permiten acoger a un importante volumen de turistas internacionales, y otras de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay o Venezuela, a turistas nacionales y de países vecinos. En algunos casos, el fomento de la actividad turística ha permitido la obtención de recursos para la protección y la rehabilitación del patrimonio edilicio y el crecimiento del sector terciario. Este se ha llevado a cabo mediante políticas encaminadas por lo general a la construcción de museos y centros culturales, la erradicación del comercio ambulante y la expulsión de la población residente (Carrión, 2000: 20). Asimismo, en ciudades como La Habana, Lima, México, Morelia, Ouro Preto y Quito se ha procedido a la reubicación del comercio callejero, creándose en algunos casos zonas especiales para el desarrollo de dicha actividad[40] (Cabrales Barajas, 2002; Mutal, 2005: 31).

Las experiencias encaminadas a resolver el problema de vivienda y recursos de la población de bajos ingresos en centros históricos han sido bastante escasas por lo general en el ámbito latinoamericano y caribeño. En este sentido destacan apenas algunas iniciativas como las desarrolladas en La Habana y Quito principalmente, ciudades que han contado con planes integrales de actuación que plantean estrategias y programas orientados a la conformación de una “sustentabilidad social de los procesos de rescate” (Coulomb, 2005: 100). En la primera concretamente, los vecinos son realojados temporalmente por lo general en construcciones prefabricadas mientras se desarrollan los trabajos de restauración de sus viviendas, al tiempo que se han venido fomentando aspectos como la rehabilitación participativa (Rodríguez Alomá, 2005c: 82). En la capital ecuatoriana destacan en este sentido iniciativas como la del ‘Proyecto de Vivienda Social del Centro Histórico de Quito’, que financiada por el BID, ha buscado la generación de viviendas dignas a un precio asequible para la población residente con menor nivel de ingresos, preservando al mismo tiempo el valor histórico y monumental de la zona (Carrión, 2000: 21).

Otras ciudades en las que se han puesto en marcha medidas orientadas a la resolución de esta problemática son Lima, México y Montevideo. En la segunda concretamente. fue a partir del terremoto de 1985 cuando se pusieron en práctica modelos experimentales de organizaciones cooperativas y asociaciones de vecinos destinadas a la recuperación de su centro histórico. No obstante, planes estratégicos desarrollados posteriormente, como el diseñado por el Fideicomiso del Centro Histórico, que incluía medidas para favorecer el desarrollo social, no pudieron ponerse en práctica por los escasos recursos destinados para su ejecución[41] (Coulomb, 2005: 101; Mesías González y Suárez Pareyón, 2002).

Con respecto a la peatonalización de calles y plazas, este tipo de medidas han encontrado por lo general una férrea oposición en la opinión pública, siendo hasta el momento escasos los avances experimentados en este sentido. La ciudad brasileña de Curitiba, que en la actualidad cuenta con una extensa zona peatonalizada en su centro histórico, fue pionera en este sentido. Junto a ella, otras como Buenos Aires, Rosario, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y más recientemente Bogotá, también destacan en la puesta en marcha de medidas de este tipo que han obtenido resultados muy positivos.

Por último, poner de relieve algunos esfuerzos realizados con el objetivo de concienciar a la opinión pública de la región sobre la cuestión patrimonial, mediante la conmemoración del Día del Patrimonio. Esto se ha producido tanto a nivel local, como Montevideo o Santiago de Chile entre otras, y supranacional, en instituciones como el MERCOSUR.  

Objetivos por alcanzar

A pesar de los avances conseguidos, son todavía numerosos los retos que quedan por solventar en los procesos de revitalización de centros históricos en las regiones analizadas. En el plano de nacional, regional y local, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, uno de los principales consiste en conseguir mecanismos de actuación más eficaces que permitan la puesta en marcha de programas coherentes para la mejora de dichos espacios. En muchos casos esto último se ve dificultado por el uso político con fines partidistas del patrimonio y su consideración como recurso del que sacar partido, hecho que lleva en muchos casos a que se piense más en las necesidades de inversores y visitantes, que en las de los residentes en centros históricos. También a apostar únicamente por proyectos con resultados a corto plazo, de cara a la obtención de votos. Junto a ello, la excesiva burocracia, la falta de estructuras con las que darles continuidad, la poca conciencia patrimonial o la carencia de fondos. También los enfrentamientos partidistas entre instituciones involucradas en la gestión patrimonial dificultan el consenso o la aplicación de medidas proyectadas. En este sentido, en casos como el de Roma por ejemplo, la ya mencionada ‘L’Ufficio speciale per gli intervente sul centro storico’ mantiene difíciles relaciones con los demás servicios municipales, con las autoridades del Estado e incluso con el vecindario (Office for the Management of the Historic Centre, 2005). En Lima, por otra parte, existe también una falta de entendimiento entre los gobiernos locales y central sobre el uso de los fondos, y discrepancias con el Instituto Nacional de Cultura (Mutal, 2005: 30)[42].

Asimismo, el general desentendimiento que existe entre políticos, académicos y el resto de los ciudadanos es otro factor a tener en cuenta. La práctica evidencia que los grupos económicamente dominantes y los marginados difieren tanto en la manera de entender la ciudad como en la capacidad para influir sobre la agenda urbana. Por otra parte, las visiones y los proyectos de planificadores y arquitectos no suelen coincidir con la dimensión también subjetiva o perceptiva que los habitantes tienen de su entorno, aun cuando las iniciativas aplicadas se proyecten con las mejores intenciones de paliar determinadas carencias existentes. Los tres grupos poseen por lo general diferentes visiones respecto a cómo debe intervenirse el patrimonio, haciendo por ello muchas veces los políticos caso omiso a las recomendaciones de los académicos y a lo que piensa la población afectada por las medidas previstas. En este sentido es mucho todavía lo que queda por recorrer para lograr en la práctica una participación ciudadana efectiva en el sistema de planificación territorial. Si bien existen numerosos ejemplos de ciudades que cuentan con modelos de descentralización territorial, identidades de barrio o vecinales reconocidas y estructuras representativas que estimulan la participación ciudadana, resulta difícil en muchas ocasiones cerrar el paso a especuladores y profesionales que imponen sus criterios sin un consenso y control social efectivo.

En Europa las principales deficiencias en este sentido continúan siendo en términos generales lo limitado de la información que llega al ciudadano y la falta de interés de muchos en participar, a menos que se vean directamente afectados por las medidas previstas. En el ámbito latinoamericano y caribeño, con el incremento de la pobreza son más los excluidos que carecen de canales de participación, siendo por lo general los planes de intervención pocas veces discutidos. Entre las experiencias de procesos participativos como estrategia para la reducción de la pobreza en América Latina, en la que se debaten cuestiones relativas al medio urbano, merecen una especial mención la del Presupuesto Participativo en Porto Alegre (Brasil) o iniciativas como la de Lima con la ‘Oficina General de Participación Vecinal’. También proyectos como el de ‘Bogotá, ¿cómo vamos?’, iniciativa popular de carácter local cuyo principal propósito es llevar a cabo una evaluación continua de los cambios que se van produciendo en la calidad de vida de la capital colombiana[43].

Todas estas carencias explican en parte el hecho de que en la actualidad, a pesar de haberse solventado en buena medida la carencia de profesionales y de leyes en esta materia, continúen produciéndose numerosas deficiencias en la aplicación de estas últimas. Como consecuencia de ello durante las dos últimas décadas numerosos centros históricos han continuado deteriorándose, al permanecer en un estado casi total de abandono. También se han producido algunas transformaciones profundas en sus paisajes urbanos y arquitectónicos, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, aunque tampoco algunas ciudades europeas se encuentran al margen de dicho proceso. Ni siquiera Barcelona, ciudad en la que según destaca el geógrafo Horacio Capel no se ha prestado atención suficiente al patrimonio inmueble, al haberse destruido edificios de interés histórico y artístico que podrían haberse rehabilitado, y se han permitido “construcciones poco respetuosas con el ambiente” (Capel, 2005: 63 – 71).

Esta situación responde en líneas generales a factores muy diversos. Entre ellos se encuentra el incremento excesivo del precio del suelo de áreas con potencial de renovación, situación que lleva a numerosos propietarios a abandonar sus viejos inmuebles con el objetivo de que empresas constructoras, interesadas principalmente por los solares, los compren. Estas últimas prefieren por lo general, por motivos económicos, proceder al derribo de lo existente con el objetivo de construir oficinas o viviendas de nueva planta. Por ello, en aquellas ciudades en las que no existen controles exhaustivos, se terminan perdiendo valiosos testimonios arquitectónicos o se preservan todo lo más las fachadas de algunos considerados como más relevantes. En países como el Reino Unido por ejemplo, no ha sido hasta 1991 cuando las demoliciones de edificios, estuvieran o no en ‘conservation areas’, comenzaron a requerir de ‘planning permission’, hecho que propició hasta esos momentos la pérdida de valiosos testimonios arquitectónicos (Tiesdell et al., 1996: 60).

También el empeño de numerosas ciudades por contar con edificios monumento o “icónicos”, en muchos casos como logo construido de una identidad renovada, ocasiona a veces la inclusión de construcciones en centros históricos que desencadenan polémicas[44], como ha sucedido por ejemplo con la nueva sede del Parlamento de Escocia, obra del arquitecto catalán Enric Miralles. En otros casos, como el de Ávila en España por ejemplo, el conflicto se ha desatado a raíz de la construcción de un edificio que no es icónico, concretamente el bloque de viviendas del arquitecto Rafael Moneo junto a la muralla de la ciudad, al que se opuso en el año 2003 gran parte del vecindario de la ciudad y el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por no encontrarse “proporcionado al conjunto de la plaza”[45].

Por otra parte, los deseos de una malentendida modernización siguen ocasionando la desaparición de valiosos testimonios de arquitectura regional o local que son sustituidos por edificios que no contribuyen al enriquecimiento del patrimonio edilicio existente. Es el caso por ejemplo de lo que está sucediendo con la arquitectura de madera en ciudades como Estambul (Turquía)[46], o de tierra al Norte de México[47]. En el sentido opuesto, también es posible observar la tendencia al mantenimiento de  algunos monumentos como los de Antigua de Guatemala, reducidos a ruinas. Por último, es preciso destacar asimismo con respecto al patrimonio inmueble de los centros históricos, la presión a la que numerosos complejos monumentales y entornos turísticos se están viendo sometidos, como consecuencia del desarrollo del turismo de masas.  

Desde el punto de vista funcional, numerosos centros históricos europeos, latinoamericanos y caribeños corren el peligro de reproducir el tipo de desarrollo urbano segregado de las áreas de expansión periférica. Ello se debe a la falta de interés o la dificultad existente para poner en marcha medidas que les conviertan en ámbitos plurifuncionales y en espacios de cultura y vida, donde convivan sectores sociales diferentes y los distintos grupos representativos de las sociedades en las que se insertan. Y es que los procesos de gentrificación en general siguen ocasionando la expulsión de la población residente de escasos recursos, y el cierre de comercios e industrias tradicionales.

Esta situación se ha visto acelerada con el desarrollo de la actividad turística, destacando en este sentido casos como el del ‘Temple Bar’ de Dublín (Irlanda). Allí, como consecuencia de la especulación urbana desatada a raíz del turismo, el grupo de artistas que residía y daba identidad a la zona se vio obligado a desplazarse a otros puntos de la ciudad tras el aumento de los precios de los alquileres. No obstante, las medidas puestas en marcha han permitido incrementar la población residente y consolidar a ese espacio como punto de ocio y encuentro de la comunidad local y los turistas (Tiesdell et al., 1996: 88 - 94) (ver figuras 3 y 4).

		Figuras 3 y 4: Fachada característica de uno de los numerosos pubs y mercado de artesanías y souvenir en la zona del Temple Bar (Dublín, Irlanda).  Fotos: E. L. A. (2006).

En otros casos ha sido el auge inmobiliario desatado en aquellos centros en los que se ha potenciado la función residencial de sectores medios y altos de la sociedad, el responsable de la sustitución del tradicional vecindario por otro de mayor poder adquisitivo. Es lo que sucede por ejemplo en el sector de la Alameda – San Gil de Sevilla (España), donde incluso los conocidos popularmente como “asustaviejas” atemorizan a la población residente anciana para que abandone sus antiguas viviendas. Con ello, además de perderse manifestaciones culturales y rituales que prácticamente permanecen vivos en esa zona de la ciudad, también se está viendo afectada la industria tradicional del barrio. En este sentido, resulta admirable la labor desarrollada por diversos colectivos, como La Plataforma Casa del Pumarejo, para la defensa de los intereses del vecindario.

La existencia ya en su momento de situaciones de este tipo ha llevado a los miembros de la Coalición Internacional para el Habitat (HIC), en su asamblea celebrada en Nairobi en 1997, a emprender un análisis sobre los procesos de exclusión y de expulsión de los habitantes de los centros históricos, especialmente en Europa. Gracias al mismo se pudieron identificar experiencias de movilizaciones contra desalojos y de lucha por el derecho a una vivienda digna en esos espacios, algunas de las cuales son descritas en el trabajo de Joel Audefroy y Cesare Ottolini titulado Vivir en los centros históricos. Experiencias y luchas de los habitantes por permanecer en los centros[48] (Audefroy y Ottolini, 1999).

En América Latina y el Caribe los grupos de alto poder adquisitivo no encuentran en los centros históricos las condiciones que precisan para residir, prefiriendo por lo general las periferias urbanas por las mejores condiciones medioambientales y la segregación socio espacial que les otorga mayor seguridad frente al incremento de los índices de violencia. Algunas como el recinto amurallado de Cartagena o Antigua de Guatemala constituyen excepciones al respecto, al haber sido gran parte de sus inmuebles renovados como segundas viviendas para sectores acomodados (Rojas: 5 y 14). También en otras como las de Panamá, San Juan de Puerto Rico o algunas ciudades del sur de Brasil, se están produciendo alarmantes casos de especulación inmobiliaria que están propiciando la expulsión de sus habitantes tradicionales (Mutal, 2005: 31). El poco interés por intentar revertir este tipo de procesos se manifiesta en aspectos tales como la escasa existencia de mapas sociales y económicos de estos espacios, frente al importante número de inventarios y catálogos llevados a cabo sobre el patrimonio urbano y arquitectónico (Coulomb, 2005: 100).

Los procesos de intervención desarrollados en áreas antiguas latinoamericanas y caribeñas, especialmente los orientados al fomento de la actividad turística, están generando asimismo en la práctica una semiprivatización de espacios públicos. Con ello se intenta dar respuesta al incremento de los índices de violencia urbana registrados, concretamente mediante políticas de vigilancia policial y de una sutil y a veces evidente separación étnica y social. El uso y disfrute para determinados sectores privilegiados de la sociedad de zonas como el barrio de la Candelaria de Bogotá, el área colonial de Santo Domingo o el barrio del Pelourinho en Salvador de Bahia, permite que sean concebidos como espacios seguros. También lugares como el frente ribereño de Guayaquil, donde como consecuencia de las medidas puestas en marcha por el Proyecto Malecón 2000, un extensa área del litoral urbano que abarca algunos de los monumentos más significativos de la ciudad ha sido vallada y convertida en parque urbano. Los abusos de autoridad cometidos por la empresa privada encargada de la gestión de la zona a la hora de controlar el acceso al recinto y el comportamiento de los visitantes han generado en este sentido numerosas críticas (Garcés, 2004)[49].

La expulsión de los vecinos tradicionales de las áreas intervenidas, y la exclusión de los sectores más marginados de espacios públicos que se reservan para el uso y disfrute de sectores medios y altos de la sociedad, atentan contra el derecho del conjunto de la sociedad a beneficiarse de los bienes culturales preservados por medio de la inversión pública. Asimismo, dificultan la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, por perderse con ello manifestaciones culturales espontáneas protagonizadas por personas que mantenían un vínculo afectivo con el espacio que habitaban o frecuentaban. Con ello se está contribuyendo a la destrucción de la identidad de numerosas áreas urbanas.

No obstante, en América Latina se encuentran algunas experiencias parcialmente exitosas, en el sentido de que con el fomento del turismo se han logrado dinamizar centros históricos deprimidos, sin recurrir para ello hasta el momento a la expulsión de su población residente ni a la semiprivatización de calles y plazas. Nos referimos concretamente a barrios como el de San Telmo de Buenos Aires (Argentina), o el de la Ciudad Vieja de Montevideo (Uruguay). Gracias a ello, ambos espacios conforman en la actualidad lugares de encuentro y ocio tanto para la comunidad local como para los turistas. Estos ejemplos corresponden precisamente a dos ciudades que presentan una estructura social menos desigual dentro del contexto latinoamericano (ver figuras 5, 6 y 7).

Figuras 5 y 6: Mercado de alimentos y espacios de ocio en el barrio de San Telmo (Buenos Aires, Argentina). Fotos: E. L. A. (2006).

Figura 7: Mercado de antigüedades en la plaza Matriz de la Ciudad Vieja (Montevideo, Uruguay). Foto: E. L. A. (1999).

Debemos destacar asimismo para los casos latinoamericano y caribeño el hecho de que continúe existiendo un ámbito muy restringido de consumo de bienes culturales entre la población, aspecto que propicia la carencia de una conciencia generalizada sobre la cuestión patrimonial. Es todavía común para amplios sectores de la sociedad relacionar el concepto de patrimonio únicamente con aquellos monumentos y manifestaciones culturales que se refieren a las producciones de las élites o que enfatizan la idea de Nación. También el considerar que la región no cuenta con manifestaciones artísticas y monumentos de la relevancia de la europea, y ver en lo antiguo una contraposición con el progreso y el desarrollo, esto último especialmente en aquellas zonas que tienen una influencia más directa de la cultura de Estados Unidos de Norteamérica.

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación internacional es preciso evitar que la existencia de una multiplicidad de iniciativas a veces redundantes y superpuestas continúe motivando una disgregación de los esfuerzos realizados. También, como destacan autores como Silvio Mendes Zancheti, Vera Milet o Virginia Puntual, es necesario que organizaciones como UNESCO adquieran un mayor nivel de conocimiento de la idiosincrasia que caracteriza a regiones como la latinoamericana y la caribeña (Mendes Zancheti, 2005b: 154; Milet and Pontual, 1999).

Conclusiones

Gracias a todo lo expuesto puede observarse cómo en el caso europeo, en el latinoamericano y caribeño se han producido durante los últimos veinticinco años importantes avances en lo que respecta a los mecanismos de gestión patrimonial, la participación conjunta de capitales públicos y privados o la elaboración de leyes y planes de intervención. Durante este período diferentes instituciones han contribuido al intercambio de información y de experiencias entre ciudades, la formación de especialistas y el diseño de planes específicos de intervención. Asimismo, se han conseguido algunos logros en materia de participación ciudadana en la planificación territorial, aunque siguen siendo escasas las iniciativas puestas en marcha en las que la decisión de estos últimos haya tenido un amplio alcance a efectos prácticos.

En las tres regiones se han producido en términos generales mejoras respecto a las infraestructuras y la recuperación de inmuebles de valor histórico y artístico existentes en centros históricos, si bien la falta de recursos o de conciencia patrimonial mantiene aún a un buen número en un estado casi total de abandono, especialmente en América Latina y el Caribe. En algunas ciudades europeas se ha conseguido incorporar una arquitectura contemporánea de calidad en esos espacios, con la que se ha contribuido al enriquecimiento del legado patrimonial de las mismas de cara a futuras generaciones, aunque en otros casos este tipo de actuaciones no han logrado dicho propósito. Asimismo, se han puesto en marcha iniciativas de peatonalización de plazas y calles, construcción de aparcamientos subterráneos en puntos periféricos y reimplantación de tranvías, con las que se están obteniendo resultados muy positivos, que para los casos latinoamericano y caribeño son de más limitado alcance. 

La atracción de inversiones y de visitantes conforma el principal incentivo que lleva a gobiernos locales de ambos continentes a la puesta en marcha de proyectos orientados a intervenir en esas zonas. En el caso europeo se une a ello el interés de los sectores medios y altos de la población por habitar en esos espacios. No obstante, a pesar de que en esta última se han conseguido mayores avances respecto al incremento de la función residencial en centros históricos, tampoco allí se está logrando por lo general la conformación de espacios en los que convivan diferentes grupos sociales y culturales de manera conjunta. La especulación inmobiliaria y el impacto del turismo son los principales factores que continúan expulsando por lo general a la población de menores recursos, fenómeno que se repite de manera parecida tanto en Europa como en algunas ciudades del otro lado del Atlántico.

Este aspecto es precisamente uno de los principales asuntos que se deben continuar denunciando, a pesar de tratarse de una cuestión que aparece recogida desde hace tiempo en diferentes documentos relativos a la gestión de centros históricos. Es necesario que los políticos implicados en la gestión de proyectos pongan los medios a su alcance para evitar que hechos de esta índole continúen produciéndose, ya que con todo ello se dificulta la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial característico de esos espacios. También para el caso latinoamericano deben evitarse las semiprivatizaciones de espacios públicos, puesto que con ello se atenta contra el derecho del conjunto de la sociedad a beneficiarse de los bienes culturales preservados por medio de la inversión pública. 

Entre los factores que dificultan el cumplimiento de lo dispuesto en los documentos internacionales y lo expresado por los especialistas de diferentes disciplinas, se encuentran algunos como el desentendimiento existente entre políticos, técnicos, académicos y el resto de los ciudadanos; el uso político del patrimonio y su consideración como recurso del que sacar partido; o la ausencia de mecanismos de actuación eficaces que permitan la puesta en marcha de programas coherentes para la recuperación de centros históricos. También la falta de políticas encaminadas a concienciar al conjunto de la población sobre la relevancia de sus respectivas herencias patrimoniales, tanto material como inmaterial. Asimismo, en el ámbito de la cooperación internacional son destacables aspectos como la disgregación de esfuerzos existente, que podría paliarse evitando la puesta en marcha de iniciativas redundantes y superpuestas; o el desconocimiento que a veces determinadas instituciones poseen con respecto a la idiosincrasia que caracteriza a las regiones sobre las que aplican sus proyectos.

Estos conforman algunos de los principales retos que tanto políticos como técnicos, académicos y ciudadanos de ambas orillas del Atlántico, tenemos de cara al futuro para la salvaguarda efectiva de los centros históricos de nuestras ciudades. En este sentido, el aprendizaje recíproco de los errores y aciertos cometidos en las regiones analizadas aporta nuevas pistas a un debate que, lejos de agotarse, continua más abierto que nunca.

Notas

[49] Para más información sobre el Proyecto Malecón 2000 consultar la Web de la Municipalidad de Guayaquil [en línea] <http://www.guayaquil.gov.ec/49.gye> [16 de agosto de 2006] y la de la Fundación Malecón 2000 [en línea] <http://www.malecon2000.org/servicios/proyectomalecon2000.asp> [16 de agosto de 2006].

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