LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EL FENÓMENO DE LA TELEDIRECCIÓN
Análisis crítico sobre el proceso de formación de los planes urbanísticos en España y la incidencia de la opinión de los ciudadanos en su redacción, tramitación y gestión posterior

Germán J. Delgado Pérez
Arquitecto
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
E mail: gerdel@arquired.es

La participación ciudadana en el planeamiento urbanístico y el fenómeno de la teledirección (Resumen)

Las posibilidades de participación pública recogidas en la legislación española de rango estatal, sus efectos en la toma de decisiones, los entresijos de dicho proceso, así como otras posibilidades de intervención para incidir en la realidad constituyen el núcleo del difícil equilibrio en que se encuentra el proceso democrático en la actualidad. Las diversas modalidades de dominación de los mecanismos de producción del planeamiento por sectores económicos y agentes ajenos a la política y la propia naturaleza que han cobrado recientemente la legislación, las fórmulas de gestión y los documentos de planeamiento, ponen de manifiesto la existencia de una esencial transformación de las reglas establecidas en el régimen de garantías de los sistemas democráticos con la aparición del mecanismo de la teledirección.

El presente análisis se realiza desde el punto de vista del ejercicio profesional de un arquitecto urbanista con experiencia desde 1977 en la redacción, gestión y ejecución de todo tipo de instrumentos de planeamiento, tanto como profesional liberal como en el ámbito de empresas públicas y privadas, y, especialmente, desde su experiencia en la administración pública como arquitecto municipal.

Palabras clave: participación e información pública, participación ciudadana, planeamiento urbanístico, teledirección.

The civic participation in the urban planning and the teledirection phenomenon ( Abstract)

The possibilities of public participation included in Spanish State legislation, its effects on decision-making, the circumstances of this procedure, in addition to other intervention prospects that may influence reality, are at the centre of the difficult balancing act in which the current democratic process finds itself. The various means by which economic sectors and agents uninvolved in politics dominate planning production mechanisms, and the recently acquired nature of legislation, management formulae and planning documents, highlight the essential transformation undergone by the rules established in the regime that guarantees democratic systems, with the appearance of the teledirection device.

This analysis is made from the perspective of an architect professionally involved in town planning since 1977 and, in particular, from his experience as an architect in public administration.

Key words: participation and public information, citizen participation, town planning, teledirection.

“¿Quién no desearía que la ciudad volviera a lo que fue: acto y obra de un pensamiento complejo? Pero, en tanto, nos mantenemos en el nivel de los votos y aspiraciones, y sin determinar una estrategia urbana.“ Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad [1] .

Las posibilidades de participación pública recogidas en la legislación española de rango estatal [2] , sus efectos en la toma de decisiones, los entresijos de dicho proceso, así como otras posibilidades de intervención para incidir en la realidad constituyen el núcleo del difícil equilibrio en que se encuentra el proceso democrático en la actualidad. Las diversas modalidades de dominación de los mecanismos de producción del planeamiento por sectores económicos y agentes ajenos a la política y la propia naturaleza que han cobrado recientemente la legislación, así como las fórmulas de gestión y los documentos de planeamiento, ponen de manifiesto la existencia de una esencial transformación de las reglas establecidas en el régimen de garantías del sistema democrático en España. El término de teledirección, es traducido generalmente como sinónimo de control remoto, mecanismo para accionar, dirigir, controlar un robot, un artefacto fabricado para que ejecute las actividades programadas y/o gobernadas a distancia. La palabra tuvo una aplicación en el ámbito de las ciencias sociales a través de los análisis realizados por Giovanni Sartori advirtiendo del riesgo inherente a las sociedades de las tecnologías de la información, condenadas a caer en la desinformación y la subinformación [3] .

El sentido en el que se utiliza aquí es el que corresponde a su significado original, aplicado a la modalidad de aspectos previstos de participación ciudadana en los procesos de gestión del territorio, que lejos de representar un mecanismo de garantía democrática, se convierten en fórmulas de simulación que ocultan una profunda traición al significado de las conductas colectivas de la sociedad civil.

El principal objetivo no es analizar la aparición de un nuevo manual ininteligible de un determinado juguete teledirigido, cuya versión en lengua española haya sido traducida en China, Indonesia, Japón, Taiwán, o en cualquier otro país emergente del sudeste asiático; tampoco se trata de presentar el manual del último juego para la Play Station , la Game Boy , o cualquier otro juguete, videoconsola o videojuego similares. Estos productos destinados al ocio, que contribuyen a la alienación de sus usuarios —jóvenes y mayores— transformados en consumidores netos, son solamente la imagen de una práctica estratégica global dirigida a incrementar las arcas de las corporaciones y empresas fabricantes. Todos, trabajadores epsilons , según la expresión empleada por Aldous Huxley en Un mundo feliz [4] , seres programados para mirar sin rechistar en la dirección señalada por sus amos o dirigentes de manera interesada [5] , para que «cada uno ame el destino social, del que no podrá librarse», de manera que los seres superiores —directivos de las corporaciones, especuladores inmobiliarios y otros personajes subteledirigidos por estos últimos— puedan hacer su agosto sin que esos insignificantes e infracapacitados pero felices, comúnmente denominados ciudadanos, interfieran en sus acertadas y beneméritas decisiones, leit motiv de su paso por el teatro de la vida.

Con este texto tampoco se pretende plantear un discurso políticamente correcto, tan al uso en los tiempos que corren, donde la censura ha sido sustituida por la autocensura.

Para su redacción se ha tenido presente lo argumentado por Mariano José de Larra, al explicar el porqué de la denominación de su periódico, La Revista Española , el 26 de enero de 1835:

«El periódico se titulará Fígaro , un nombre propio; esto no significa nada y a nada compromete, ni a observar , ni a revistar , ni a chupar flores , ni a compilar , ni a maldita de Dios la cosa. Encierra sólo un tanto de malicia, y eso bien sé yo que no me costará trabajo. Con sólo contar nuestras cosas lisa y llanamente, ellas llevan ya la bastante sal y pimienta. He aquí una de las ventajas de los que se dedican a graciosos en nuestro país: en sabiendo decir lo que pasa, cualquiera tiene gracias, cualquiera hará reír. Sea esto dicho sin ofender a nadie» [6] .

Más adelante, respecto a las facilidades o no para producir su periódico, argumenta Larra: «¿Se ha establecido en Madrid un sistema de libertad que se extiende hasta la imprenta; y con tal que no hable en mis escritos, ni de la autoridad, ni del culto, ni de la política, ni de la moral, ni de los empleados, ni de las corporaciones, ni de los cómicos, ni de nadie que pertenezca a algo, puedo imprimirlo todo libremente, previa la inspección y revisión de dos o tres censores. Para aprovecharme de esta hermosa libertad anuncio un periódico…?»

Pero, a pesar de ello, no se persigue argumentar lo contrario, es decir, hacer un discurso corrosivo sin esperanza. En este trabajo se ofrece una reflexión crítica sobre las formas de actuación en política urbanística y la manera en que los ciudadanos, a modo de contrapoder emergente, pueden hacer frente mediante el mecanismo de la participación democrática, a los usos y abusos que se producen respecto a sus derechos e intereses privados y colectivos, por las instancias encargadas de la formación del planeamiento territorial y urbanístico. Estas personas que detentan formalmente el poder, contrarrestando la acción de sus adláteres y mentores, practican generalmente unos procedimientos que definiremos como teledirección. Esta denominación alude a la condición de mecanismos invisibles de estos procedimientos vigentes, aunque desconocidos para la inmensa mayoría de la población, incluida la mal llamada en las democracias occidentales, clase política —nomenclatura heredada de los países de régimen comunista—, cuyo papel como únicos representantes de los ciudadanos es puesto continuamente en crisis debido a la incapacidad demostrada para administrar con ecuanimidad, justicia y honradez la confianza depositada en ellos por los electores. Por ello es necesario ampliar la base de los principios democráticos, mejorando el sistema representativo actual con mecanismos que fomenten la participación y la proximidad de los ciudadanos a la toma de decisiones, sin caer en procedimientos asamblearios, descartados por injustos y por su dudosa eficacia.

La ordenación territorial, el planeamiento urbanístico, la gestión y la construcción de las ciudades, los temas que nos ocupan, siempre han sido motivo de controversia en España. Hay que tener en cuenta que los responsables de redactar el planeamiento son generalmente equipos de arquitectos e ingenieros de caminos canales y puertos. Estos equipos profesionales trabajan a menudo siguiendo las directrices emanadas de los poderes políticos, con base en criterios aparentemente técnicos, económicos, sociológicos, culturales, etc., es decir, de equipos supuestamente multidisciplinarios.

Esa multidisciplinariedad generalmente es sólo teórica, un disfraz para aparentar un cierto nivel de solvencia profesional. Con frecuencia, se inventa una realidad sobre la que se distribuye de manera discrecional, en muchos casos arbitraria, la lotería conocida como urbanística, referida a los usos, aprovechamientos, y todas las variedades de concesiones contenidas en los documentos derivados de la formación de planes urbanísticos.

En la práctica la toma de decisiones suele estar en manos de pocas personas, generalmente sólo una o a lo sumo dos. El resto de las aportaciones son un conglomerado procedente de los más variados autores que se ha ido produciendo por un proceso de simple adición hasta constituir el todo en uno que ha de conformar la documentación burocrática de los planes y poder vender así la bondad del documento, en consonancia con la práctica común de producir proyectos al peso.

Por tradición, en el proceso de formación de los planes, se huye del debate y de la transparencia en la toma de decisiones para producir un documento burocratizado con unos contenidos inescrutables para los ciudadanos, usuarios de la ciudad y hasta para los propios técnicos que han de supervisarlos o hacer uso de ellos. Se usan a menudo, de manera consciente y generalizada, metalenguajes, definiciones herméticas, o jergas de difícil o imposible comprensión con el ánimo de establecer un mecanismo de dependencia respecto a la explicación del significado de términos, expresiones técnicas, artículos de la normativa, códigos asignados en la cartografía y demás aspectos susceptibles de justificar la facultad exclusiva de interpretación.

A menudo, sólo un pequeño grupo de elegidos conoce en profundidad ese lenguaje hueco y, lo más preocupante es que de manera creciente cada vez existen menos interlocutores-intérpretes de los documentos que se aprueban. Además, con frecuencia el resultado suele estar predeterminado, o simplemente programado a distancia, por fuerzas o poderes subyacentes que mueven el mando, los hilos del guiñol, es decir, los teledirectores, de los que más adelante se hablará. Esos personajes teledirigentes manejan desde su sillón, y en la sombra —como si de una garganta profunda se tratase—, los procesos de ordenación del territorio.

Los argumentos para desestimar los sistemas tradicionales de construcción de la ciudad son de lo más peregrinos: supuestamente, evitar los planteamientos esteticistas y trasnochados; en otros casos se alega que la construcción edilicia es un acto reglado y como tal no puede estar sujeto a opiniones subjetivas; o se propone un documento flexible que, teóricamente, permita a lo largo de su desarrollo acomodarlo a las diferentes necesidades sobrevenidas, normalmente adaptaciones interesadas a situaciones concretas, etc. Es obvio que detrás de tales argumentaciones se esconde la incapacidad para redactar documentos con un alto nivel de calidad y definición, el escaso o nulo interés por la planificación urbanística, la gestión de determinados y concretos intereses, y, en última instancia, el mecanismo de control remoto, la teledirección a la que ya hemos hecho referencia.

Esa teledirección o, si se prefiere, la utilización interesada de los recursos públicos, base de la corrupción urbanística, ha sido identificada y estudiada[7] por Joel Bakan en el aspecto del peligroso poder creciente adquirido por las corporaciones comerciales a través del concepto jurídico de la corporación , persona legal con responsabilidad ilimitada, que actúa como una persona pero sin consecuencias, personas creadas por la ley (Chomsky), no tienen alma que salvar ni cuerpo que encarcelar (Thorlow). El objetivo a ultranza del beneficio comercial ha conducido a las corporaciones –siempre según el análisis de Bakan– a desarrollar las conductas que la psiquiatría ha descrito en los psicópatas.

Un análisis basado en esta interpretación se ha propuesto para definir este tipo de situaciones en el planeamiento [8]. Navarro Segura utiliza la expresión corporaciones psicópatas propuesta por Bakan, aplicándola a las conductas de las corporaciones políticas en España en sus actividades relacionadas con el planeamiento, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio. La autora analiza, entre otros aspectos, la puesta a prueba del término de buen gobierno , «en el sentido de una programación responsable y fiable de los bienes que gestionan las instituciones en el ámbito internacional y en el territorio español en particular». Navarro compara el comportamiento de las instituciones con la manera de proceder de las corporaciones comerciales, describiendo la situación que afecta a los bienes españoles inscritos en la lista del patrimonio mundial, cuya destrucción y proceso de degradación se acelera a partir de su declaración en virtud de las propuestas de ordenación urbanística, proyectos de puesta en valor muy en boga en el mundo de la arquitectura, soluciones diversas de reinterpretación proyectual a través del planeamiento, que hacen desaparecer los rasgos materiales de autenticidad y los valores que fueron objeto de identificación en el proceso de la declaración.

Este fenómeno alcanza una proporción dramática en España a causa del planteamiento sustentado por la profesión de la arquitectura a través de sus organizaciones colegiales y de personalidades de la profesión que han alcanzado una justificada notoriedad en el ámbito internacional por la calidad de su obra. El argumento esgrimido se concreta en el derecho ilimitado del arquitecto a intervenir sin ningún tipo de constreñimientos en los ámbitos patrimoniales, aduciendo que la intervención del arquitecto mejora la obra histórica. Este tipo de situaciones han convertido a los arquitectos en uno de los peligros que amenazan a las ciudades. Un colectivo profesional dotado de unas competencias legales, que no intelectuales, desproporcionadas en los tiempos que corren, poco o nada democráticas. A ese peligro cabe añadir el de los propios representantes políticos, más pendientes de sus haciendas e intereses que de la administración a la que representan en calidad de responsables de la cosa pública. En esta ocasión el ejemplo descrito es el de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en el que se encuentran todas las conductas antes descritas, y que permiten identificar procesos claros de teledirección con nombres propios, sobradamente conocidos, responsables de los planteamientos descritos en este trabajo. Los hechos definidos se han materializado en procedimientos torticeros de utilización privada de los recursos públicos e institucionales y han sido dados a conocer, aunque gozan de total impunidad a escala local, regional o nacional.

Cabría aclarar además que el proceso de redacción del planeamiento también se ve agravado por el hecho de que estos documentos, que deben formar las administraciones, se contratan en la actualidad con equipos externos mediante procedimientos igualmente teledirigidos [9], sin supervisión real alguna.

En España se han intensificado un conjunto de factores que contribuyen a agravar la situación, coincidiendo todos ellos en un menoscabo o falta de transparencia efectiva en los procesos de formación del planeamiento urbanístico y de ordenación territorial, en una ausencia de protocolos de control y fiscalización y en una carencia de funcionarios independientes para ejercer el control y seguimiento de los procesos administrativos. Todo ello hace muy difícil, quizás inviable, la modificación del rumbo de los acontecimientos. Y esta forma de gestionar los asuntos públicos ha impregnado todo el sistema con independencia de la adscripción política de los grupos gobernantes.

A todo ello hay que añadir que, cada vez con mayor frecuencia, los responsables políticos eluden contar con funcionarios independientes, al preferir entenderse con personal de libre designación, actualmente denominado de confianza , o simplemente con profesionales liberales. Este personal dependiente suele comportarse como replicantes [10], haciendo honor al término empleado en 1968 por Philip K. Dick en la novela ¿Piensan los androides en ovejas eléctricas? , después adaptada como guión de la película de Ridley Scott, Blade Runner .

La corrupción urbanística, consciente o inconsciente, tan de actualidad, o la utilización interesada o equivocada de los recursos públicos, como prefiero definirla, ha desbordado todos los diques de la seriedad política y ciudadana y es también una consecuencia de los procesos de teledirección, desarrollados al margen de cualquier control y seguimiento independientes.

Es lógico, por otra parte, que con estos antecedentes, la formación de los planes, así como su desarrollo y gestión, produzca en los ciudadanos no sólo expectación sino también preocupación o desconfianza justificada. En otras ocasiones produce la necesidad imperiosa de participar de manera activa, ya que, como expone Mario Gaviria en el prólogo al texto de Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad [11], los deseos del homo urbanicus ni siquiera se puede pensar en enumerarlos, son ilimitados y surgen a medida que la sociedad desarrolla las fuerzas productivas, e incluyen, entre otros, cuestiones lúdicas, simbólicas e imaginativas, no sólo las cuatro necesidades simplistas planteadas por la Carta de Atenas: habitar, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu. Los periodos de redacción de los planes suelen ser los más fructíferos de cara a definir las alternativas de futuro, tanto para la propia administración actuante como para las personas jurídicas o físicas que detentan los intereses urbanísticos colectivos e individuales en juego, algunos de ellos como teledirigentes subyacentes.

En la legislación española, se establecía ya en el Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo de 1978 , Art. 116.1[12] la posibilidad de la apertura por parte de la Administración urbanística —antes de acordar la elaboración de cualquiera de los instrumentos de planeamiento municipales— de un periodo de información pública con la finalidad de recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación futura.

Como plantean los profesores Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo Alfonso:

«…esta determinación reglamentaria está evidentemente dirigida a reforzar los mecanismos participativos en el urbanismo precisamente en la fase previa de recogida o recopilación de la información urbanística de partida. De hecho, en la práctica urbanística el objetivo de este nuevo trámite ahora formalizado ha venido supliéndose con la fórmula de encuestas entre la población afectada por el planeamiento a elaborar realizadas por el equipo técnico encargado de la redacción del pertinente proyecto. Los términos de su formalización reglamentaria (que reproduce todos los defectos ya conocidos de los trámites de información pública: publicidad deficiente, plazo normalmente insuficiente, comunicación Administrado-Administración excesivamente rigidificada, etc...) no son ciertamente los mejores…» [13].

Y como expresaron los mismos autores en otro capítulo de dicha publicación, los términos de esa formalización reglamentaria de la legislación española son: «desde luego inferiores a los modelos consagrados y al uso en otros Derechos, especialmente en el inglés.»

Se trata, como ya he comentado en trabajos anteriores, de fomentar la capacidad de participación y consenso entre los diferentes agentes que intervienen en la toma de decisiones que afectan a la ordenación del territorio. Partiendo de la ciudad que tenemos y levantando para ello acta de la ciudad real y las necesidades y demandas de sus habitantes, ese procedimiento de estudio es el paso previo a la formación del planeamiento, valorando en su justo término el legado de la historia dentro de un marco de máxima economía material e intelectual [14].

Este método es el opuesto a la práctica irracional y suicida que apuesta por el consumo sin límites de los recursos intergeneracionales —territorio, patrimonio cultural, recursos hídricos, energéticos, climáticos, etc.— y que empuja a nuestra civilización a la miseria y autodestrucción. Esta situación, denunciada hace décadas como causa de graves desequilibrios planetarios, se confirma en términos más graves según trabajos e informaciones recientes, que sugieren que de seguir el consumo actual de recursos naturales, para el año 2050 se necesitarán dos planetas como la Tierra para garantizar la sostenibilidad del nuestro. En relación con esto último Ricardo Díez Hochleitner, Presidente de Honor del Club de Roma, opina:

«El mundo exponencial en que vivimos sigue siendo un mundo en el que aún no se sabe como acrecentar la calidad de vida y hacerla accesible a todos sin incrementar las graves huellas ecológicas que deja sobre nuestro planeta el actual modelo de crecimiento económico. La magnitud del actual consumismo muestra desde hace tiempo que necesitaríamos contar con más de un planeta Tierra para poder mantener, de este modo los afanes de gran bienestar material por parte de los más privilegiados» [15].

Como también plantean a su vez los profesores García de Enterría y Parejo Alfonso en el año 1981 en sus conocidas Lecciones de Derecho Urbanístico :

«el urbanismo es una técnica cada vez más compleja, que exige a sus servicios unos equipos de expertos perfectamente preparados y con dominio de una pluralidad de técnicas…Pero al lado de ese componente técnico del urbanismo, resulta obvio que los ciudadanos que son los destinatarios inmediatos del mismo, tanto en el sentido de las ventajas como en de las limitaciones y las cargas, que van a ver su vida directamente afectada por las soluciones que los urbanistas propongan, deben tener también una participación activa en su formulación y en su crítica» [16].

Ambos profesores aluden también a la caracterización por Henri Lefevbre de un sustantivo derecho a la ciudad , que sería, según sus propias manifestaciones: «el valor subyacente a esa facultad de participación activa de los ciudadanos en la configuración y orden de la misma. La cuestión es luego cómo, y por qué técnicas, se articula esa participación en la que el ciudadano actúa como tal…» [17].

A tal efecto, los citados profesores plantean que dicha participación se formalice a través de las Administraciones Locales, como representantes próximos de los ciudadanos y detentadoras de la capacidad de decidir en las cuestiones que a todos concierne, en particular en las materias objeto de esta comunicación. Así se atribuye a los municipios el derecho participativo de los vecinos de un determinado ámbito territorial en la ordenación de su propio entorno, a través de las propias competencias reconocidas legalmente.

Como se puede observar, los procesos de participación no son una novedad de nuestro sistema legislativo, al menos formalmente. Estos derechos han estado reconocidos o ha sido posible ejercerlos, de una forma u otra, desde hace bastante tiempo, evidenciándose su ejercicio de manera generalizada en los últimos años del Franquismo, como válvula de escape de los anhelos democráticos del pueblo español. Hoy, desgraciadamente para los ciudadanos, los movimientos ciudadanos se encuentran en periodo letárgico, debido en parte a la cooptación generalizada de los líderes vecinales por los partidos políticos en su afán por reconducir y controlar los procesos reivindicativos. Dichos líderes, se utilizan, una vez pacificados, como correa de transmisión del voto popular durante las contiendas electorales. Recientemente se escuchan nuevamente tambores lejanos que parecen anunciar un resurgimiento de la sociedad civil organizada, al margen de los grupos políticos. Las actuaciones de organizaciones relacionadas con el pensamiento ecológico entre las que se cuenta, por ejemplo, la Fundación César Manrique en Lanzarote (Islas Canarias); las acciones individuales y colectivas en defensa de los bienes patrimoniales; las emprendidas por organizaciones no gubernamentales referidas al Patrimonio Mundial Natural y Cultural en España; y los numerosos procesos reivindicativos producidos en toda la geografía española que conducen en ocasiones a procesos judiciales son una buena muestra de ello.

Incidiendo aún más en el interés que la participación ciudadana tiene en la ordenación territorial, García de Enterría y Parejo Alfonso proponen también: «los instrumentos urbanísticos se enraícen en quienes han de vivirlos, se apoyen en un consenso más o menos virtual o difuso que solo puede venir de su adaptación a las necesidades y exigencias reales expresadas por los interesados y el hecho de que estos participen de alguna manera en su formulación».

Asimismo cuestionan la eficacia de unos procedimientos participativos demasiado simples y con escasa difusión y plazos muy reducidos lo que da lugar a que en la mayoría de los casos estos procedimientos pasen desapercibidos para la mayoría de la población, situación generalmente propiciada de manera deliberada por los administradores y planificadores para reducir el proceso a una cuestión formal sin consecuencia práctica alguna para los ciudadanos.

Durante el periodo democrático español que se inició tras la muerte del General Franco el 20 de noviembre de 1975, y las primeras elecciones legislativas de junio de 1977 que culminaron con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, se han producido varias modificaciones de la legislación urbanística. La última en 1998 —Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; Ley 6/98, de 13 de abril ( Boletín Oficial del Estado 7-10-2000)—, durante el gobierno conservador del Partido Popular, presidido por José María Aznar, de contenido ultraliberal que en la práctica redujo a la nada la legislación estatal.

Esta modificación urbanística sustituyó a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, promulgada por el gobierno del partido socialista, derogada parcialmente por la sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional [18].

Las formas de participación

La intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos y, en particular, en la toma de decisiones acerca de la ordenación del territorio y el medio ambiente, tanto urbano como rural, ofrece un gran número de posibilidades, algunas ortodoxas, otras no. Entre ellas, cabe citar la más antigua y elemental: implorar la benevolencia de los regidores públicos, muy habitual en España hasta fechas recientes. No en vano los escritos ante la Administración se terminaban con expresiones como: «…por todo lo expuesto, solicita del recto proceder de V.I. —vuestra Ilustrísima o vuestra Excelencia, etc.—, cuya vida guarde Dios muchos años…», hasta las nuevas formas que más adelante se analizarán.

Por otro lado, los países anglosajones tienen más desarrollados los procedimientos de participación ciudadana en los asuntos públicos, aunque reconocen que dicha práctica, por otro lado necesaria, plantea dificultades y costos excesivos. En España la verdadera escuela de participación ciudadana y el vivero de líderes populares fue, como se apuntó antes, el régimen dictatorial del general Francisco Franco en su última fase. La represión de las ideas y cualquier manifestación crítica fue de tal magnitud que provocó la autoorganización y la búsqueda de cualquier resquicio legal para habilitar cauces de libertad de expresión y participación democrática como válvula de escape a la cerrazón del régimen dictatorial. El Partido Comunista de España (PCE) en la clandestinidad, fue el gran organizador de las alcantarillas predemocráticas, planteando en el año 1975, en el Manifiesto Programa, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura.

Un caso ejemplar de esta modalidad de comunión participativa entre trabajadores y técnicos tuvo lugar durante la redacción del Plan Parcial del barrio de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife [19]. Entonces, a falta de cartografía aérea, la participación de esos trabajadores, organizados en una asociación de vecinos, hizo viable la elaboración de una cartografía propia. Los arquitectos redactores, ante la ausencia de documentación cartográfica fiable y medios técnicos suficientes para elaborar el trabajo, consiguieron hacer un levantamiento de todo el barrio a cinta métrica, con la ayuda de una brújula procedente de un barco de vela ligera y la colaboración de todos los vecinos del barrio que permitieron el acceso a cada una de sus viviendas y propiedades, colaborando de manera activa en su medición.

En ese contexto político, bajo la influencia de los principios de reforma y ruptura que impregnaban el desarrollo de los acontecimientos políticos, las primeras corporaciones y organismos estatales, regionales, provinciales, insulares y municipales elegidas democráticamente después del periodo de la posguerra, adoptaron el planeamiento urbanístico como bandera de su acción de gobierno, cada una a su manera, atendiendo a las problemáticas concretas de los territorios respectivos, continentales, insulares y municipales, apresurándose a poner al día todos sus instrumentos urbanísticos, fuentes indudables del poder, principalmente del municipal.

Como consecuencia de la experiencia acumulada a lo largo de estos años de convivencia democrática se identifican a continuación una serie de formas de participación en el planeamiento urbanístico y territorial. Dichas formas de intervención en la vida pública, abarcan desde la más elemental aportación de escritos y alegaciones hasta otras actuaciones menos formales u ortodoxas como pueden ser las manifestaciones, los recursos en red o el ciberespacio.

La participación a través de los escritos de participación o alegación y los recursos

La participación ortodoxa a través de escritos de alegación y recursos es una forma convencional y reglada de intervención en las decisiones públicas, en defensa de intereses individuales y colectivos, con gran tradición en la legislación española, ampliamente explicada, como ya se ha indicado antes, por García de Enterría y Parejo Alfonso en Lecciones de derecho urbanístico[20].

La efectividad de esta modalidad formal es relativa, dependiendo de la compatibilidad del asunto planteado con los objetivos del planeamiento y con la no interferencia o colisión con otros objetivos no manifestados explícitamente por los mal llamados planes de ordenación. Es decir los intereses de los grupos que teledirigen la operación.

Al respecto, los profesores Enterría y Parejo, manifiestan lo siguiente:

«La verdad es que esta fórmula de participación ciudadana no es demasiado eficaz. La información pública se anuncia solo en los Boletines Oficiales , que no suelen ser de lectura corriente, de modo que no es infrecuente que pase del todo desapercibida, al menos para una mayoría de la población, lo que incluso es deliberadamente buscado a veces por los administradores, que a ese efecto demoran la publicación de los edictos hasta la fecha de las vacaciones».

No obstante sus inciertos resultados es conveniente, por propia seguridad y garantía, estar presentes en estos procesos en defensa de intereses individuales o colectivos.

La participación individual o free-lance o el ciudadano hacker

La intervención individual es la forma más elemental de participación. En este tipo de acciones el motor lo constituye una sola persona, a modo de free-lance o hacker urbano. Ese motor, generalmente, no se debe a nada ni a nadie, sólo a sus propios principios éticos, morales y a su propia responsabilidad como ciudadano. Actualmente, con el auge de las nuevas tecnologías de la información, este tipo de participación es una buena opción de futuro. La interconexión a través de las redes digitales de estos guerreros del antifaz independientes, a modo de hackers sociales o urbanos constituye una de las formas de participación con más proyección, cuyas posibilidades se considerarán más adelante al tratar las diferentes clases de intervención en los asuntos públicos a través de la red que representa, sin lugar a dudas, la modalidad más innovadora de participación de la ciudadanía en este tipo de procesos.

Estas situaciones, por otro lado habituales en toda la geografía española, demuestran que el activismo individual es factible y positivo, si se está dispuesto a asumir determinados riesgos personales y profesionales por instituciones, autoridades y particulares implicados en ellas.

La participación colectiva

La actuación colectiva con acciones de participación, es una forma de intervención en la que las iniciativas las toman grupos organizados —asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, colegios profesionales, etc.— y no una sola persona, a modo de free-lance . En este caso el promotor de la acción responde a unos planteamientos o intereses de grupo o colectivos. La participación se produce de una manera más lenta y burocratizada que en el caso anterior y está condicionada por los principios, objetivos e intereses del grupo. Estas actuaciones generalmente son más solventes, desde el punto de vista social, y suelen ser más efectivas en algunos casos que las correspondientes a la participación individual.

Otras formas de participación

Como se puede comprobar, la participación ciudadana no es un fenómeno unidireccional. Por el contrario, existen muchas formas de actuación, inter-actuación y participación para incidir en la cosa pública, entre los particulares y la administración, y desde ésta última respecto a los primeros. Existen unos cauces ortodoxos o formales que permiten que los ciudadanos defiendan sus derechos colectivos e individuales y otros que podríamos definir como heterodoxos que son de gran utilidad y coadyuvan a la consecución de los objetivos y reivindicaciones de los colectivos sociales y ciudadanos y de parte de la administración, a reorientar determinado tipo de intervenciones. Entre esas formas de participación, que podríamos definir como no regladas, se encuentran las siguientes.

La participación e inter-actuación, desde el proceso de elaboración del plan y por el equipo redactor. De este tipo de supuestos se podría poner como ejemplo la experiencia del PERI del Centro Histórico de Santa Cruz de Tenerife, 1982 [21]. En este caso, para contrarrestar las campañas de prensa contra el Plan, promovidas por particulares, se organizó una oficina de prensa desde el propio equipo redactor que tenía como misión adelantarse a las críticas externas y, en cierta medida, practicar la participación inversa o contra-participación.

La participación a través de publicaciones y contribuciones en los medios de comunicación —libros, periódicos, revistas, TV, radio, etc.—, es una de las formas más prácticas y efectivas.

Por lo tanto, habría que aclarar que en este caso se trata de un tipo de participación de alto riesgo cuyas consecuencias son imprevisibles. La policía del pensamiento , como la denominaba G. Orwell (1984), está normalmente al acecho, estudiando tanto la comunicación verbal como no verbal, para actuar en consecuencia y reprimir, o reeducar al rebaño desconcertado , al que nos referiremos más adelante y que constituye, a juicio de muchos de los responsables políticos, la ciudadanía,.

Los graffitis, constituyen otra forma heterodoxa muy interesante, espontánea y efectiva de participación. Sus mensajes directos, en algunos casos corrosivos, y los pocos medios que se necesitan para su práctica, hacen que sea un sistema social de expresión, de enorme impacto, a tener en cuenta.

Las manifestaciones y las formas de protesta cívicas son otra forma efectiva de participación colectiva heterodoxa. Constituyen uno de los últimos recursos que les queda a los ciudadanos antes de recurrir al uso de la violencia desesperada, como forma límite de participación, justificada en los sistemas no democráticos o cuando no se articulan los cauces adecuados para canalizar sus reivindicaciones y aspiraciones en un marco de transparencia y respeto a las opiniones y necesidades objetivas de las personas.

La ciber-participación

En último lugar hemos dejado la participación a través del ciberespacio, o el desarrollo de la navegación a través de la red, quizás, la más novedosa posibilidad de incidir de forma positiva en la cosa pública. Aunque, existen sectores de pensamiento y opinión que ponen en cuestión, con razones fundadas, creemos, como piensan desde otros sectores favorables, que bien usada, la ciber-participación, es una herramienta con muchas posibilidades, como lo demuestran las redes internacionales, como Geocrítica, que desarrollan sus potencialidades tomando como medio de difusión la red.

Los movimientos marginales, como los hacker u okupa, o si se habla a nivel planetario el Foro Social Mundial, son imprescindibles para remover las conciencias de una sociedad anquilosada, con planteamientos oportunistas, y llevar al límite las posibilidades de la democracia participativa, de forma que se actúe en la dirección que necesita la sociedad actual y, en particular, los colectivos más desfavorecidos. La concentración de medios y riqueza en manos de unos pocos, y el peligro que representa el modelo de dominación capitalista contemporáneo que usualmente denominamos globalización, son las mayores amenazas a la estabilidad del planeta y, en particular, de los regímenes democráticos, incluso más que las actuaciones violentas que sufren algunos de estos países, como es el caso de España.

Un claro ejemplo de los nocivos ejemplos de el aislamiento económico de la mayor parte de la sociedad se puede observar claramente en los países Latinoamericanos, con Venezuela a la cabeza con un 85 por ciento de su población con pocos recursos o la Bolivia de Evo Morales, que, a pesar de ser países ricos en recursos y materias primas, la mayoría de sus habitantes han de soportar la pobreza y el subdesarrollo, mientras que unos pocos viven en la opulencia en sus propios barrios cerrados.

En este contexto, la red representa una de las posibilidades de expresión del sistema, a través de la que también es posible globalizar la disidencia.

Entre los detractores de determinados usos incorrectos de la red se encuentra Giovanni Sartori, que al respecto opina: «Afirmo de nuevo que las posibilidades de Internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimientos, es decir, cuando se mueva por genuinos intereses intelectuales» [22].

Y más adelante aclara:

«Sea como fuere, para los comunes mortales la navegación cibernética es solo una especie de vídeo-juego. Y si toman esta navegación demasiado en serio, los cibernautas ‘comunes' corren el riesgo de perder el sentido de la realidad, es decir, los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ellos todo se convierte en trampa y manipulación y todo puede ser manipulado y falseado. Pero como las realidades virtuales son juegos que no tienen probabilidades de convertirse en realidades materiales, el negropontismo puede llegar a generar, en un extremo, un sentimiento de potencia alienado y frustrado, y en el extremo opuesto, un público de eternos niños soñadores que transcurren toda la vida en mundos imaginarios. La facilidad de la era digital representa la facilidad de la droga».

Actualmente, el fenómeno participativo que presenta más interés, a nuestro juicio, o si se quiere el que tiene más posibilidades, es el que se produce a través de Internet. Sin duda, este procedimiento, constituye una verdadera innovación y apuesta de futuro, si se utiliza como dice Sartori por genuinos intereses intelectuales . La participación desde diversas geolocalizaciones en tiempo real, la emisión abierta y su puesta en escena, como claves para definir la arquitectura y activar el nuevo espacio público, son aportaciones planteadas por el arquitecto, o «hackitecto», como prefiere denominarse José Pérez de Lama [23], en multitud de trabajos que desarrolla y distribuye a través del ciberespacio, junto a otros profesionales agrupados en torno a hackitectura.net [24]. Así, citando la tesis enunciada por Castells acerca del espacio de los flujos y el tiempo atemporal, Pérez de Lama plantea:

«Tanto el espacio como el tiempo han sido transformados bajo el efecto combinado del paradigma de la tecnología de la información y de las formas y procesos sociales inducidos por el actual proceso de cambio histórico [1997, p: 410] (…) La tendencia dominante apunta hacia un horizonte de un espacio de flujos interconectado y ahistórico, que pretende imponer su lógica sobre lugares dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre sí y cada vez menos capaces de compartir códigos culturales [p. 462] (…) el soporte material de los procesos dominantes de nuestras sociedades será el conjunto de elementos que sostengan esos flujos y hagan materialmente posibles su articulación en un tiempo simultáneo [p. 445] (…) La ciudad global no es un lugar sino un proceso [p. 419] (…)». [25]

En relación con lo expuesto el mismo autor también pone en cuestión la definición de arquitectura de determinados arquitectos como Le Corbusier, que la define como la sabia disposición de volúmenes bajo el sol . En ella sintetiza gran parte del pensamiento arquitectónico del siglo XX, respecto a la arquitectura como el resultado de la creación de formas bellas, para apostar, a la vista de la fluidez de los procesos dominantes de nuestra sociedad, porque: "la arquitectura más intensamente contemporánea es aquella que se plantea como temas prioritarios estas cuestiones; a saber, el conocimiento y la producción del espacio de los flujos» [26].

Pérez de Lama también se interesa por el estudio de las nuevas geografías de la información que denomina geografías emergentes de la multitud , como contraposición al espacio de los flujos planificado por los financieros, transnacionales, grandes medios de comunicación y gobiernos, proponiéndolas como: «la tarea de una práctica de la arquitectura y el urbanismo que fueran verdaderamente emancipadoras y populares».

Uno de los trabajos más destacados en los que ha participado, a los efectos de esta comunicación, es el proyecto digital de la Plaza de las libertades , o wikiplaza , desarrollado en Sevilla [27].

En la concepción y planteamiento de este proyecto, según manifestaciones de los propios autores, se ha contatado con el espléndido análisis de flujos orales de Juan Goytisolo [28] sobre otra plaza, la de Xemáa-El-Fná de Marrakech, declarada por la UNESCO patrimonio oral de la humanidad. Los autores, con este proyecto, se proponen, según afirman, el desarrollo de una cultura humanista de futuro, desde la práctica de los nuevos flujos de comunicación entre los colectivos y los individuos con potencialidad para actuar a nivel global, ofreciendo un soporte sólido, abierto y generador de nuevas convergencias en el debate social de nuestro tiempo [29], flujos de información expuestos por Goytisolo en el artículo citado y en su obra literaria Makbara, en el capítulo titulado La lectura del espacio en Xemaá-El-Fná.

Todas estas propuestas abren nuevos caminos a la participación ciudadana para incidir de forma rápida, eficaz y económica en las tomas de decisiones colectivas.

Participación y teledirección: Una forma entretenida de intervenir en la cosa pública y otra, efectiva y poco ética, de beneficiarse de la colectividad

Mientras redactaba este texto leo en la primera página del diario El País un titular con el siguiente texto: «Los clubes de fútbol ganan mil –1.000.000.000,00 €– millones con sus planes urbanísticos. Las entidades mejoran sus cuentas y fichan estrellas gracias a los ‘pelotazos urbanísticos'» [30].

Más adelante, en la entradilla del citado artículo, editorial, se aclara:

«Las recalificaciones urbanísticas en terrenos de uso deportivo se han convertido en el mejor y más rápido método para que los clubes de fútbol saneen sus cuentas y fichen a grandes estrellas con la connivencia de los ayuntamientos. Una decena de entidades futbolísticas se han embolsado en los últimos años por esa vía más de 1.000 millones. El Real Madrid, Sevilla y Betis ya han culminado sus operaciones inmobiliarias, y otros, como Zaragoza, Valladolid o Barcelona, perfilan las suyas. Los clubes son sociedades anónimas deportivas, y la mayoría de sus presidentes son constructores».

Mientras los ciudadanos participan de manera entretenida en los procesos ortodoxos de información pública los teledirectores utilizan procedimientos más fluidos y efectivos para obtener ventajas de las instituciones públicas en beneficio propio.

Sin embargo, esta conducta no debe resultar extraña en un país en que hasta el ciudadano más insignificante es un especulador urbanístico potencial, al que sólo le falta que le den su alternativa como en el toreo, y en el que el ex-presidente del gobierno, del Partido Popular, José María Aznar, ha sido contratado como empleado por el empresario de medios de comunicación Rupert Murdoch. En este sentido, cabría plantearse subirle el sueldo a los ex-presidentes para que no tuviesen necesidad de pasarse como asalariados al sector privado con toda la información acumulada en el público, una vez acabado su mandato.

En un país en el cual los sueldos de los políticos no son suficientes para saciar sus ansias crematísticas, parece adecuado que cada cual haga lo que pueda y si se trata del Real Madrid, auténtico emblema nacional, no hay nada más que discutir.

Estos hechos, por otro lado, son similares, a los que se dan en otros países de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, donde el canciller saliente, tras la victoria de Angela Merkel, el social demócrata Gerhard Schröder, se ha pasado también a trabajar al sector privado con un sueldo multimillonario, para la empresa de capital ruso Gazprom, en un ejercicio aparente de tráfico de influencias [31] o, al menos, poco elegante para los millones de ciudadanos que tienen que sobrevivir a diario con un sueldo modesto.

De lo expuesto se deduce que existen dos formas extremas de participación en la cosa pública. Una primera, ortodoxa, a través de cauces burocráticos habilitados al efecto y una segunda, más efectiva, fluida y silenciosa, a través de los mecanismos de la teledirección expuestos aquí. Mecanismos ancestrales, tan arraigados y faltos de control que hacen difícil su detección y la constatación efectiva de su existencia.

Sin embargo, a pesar de las dificultades reales, riesgos y amenazas que plantea el planeamiento, este es imprescindible para garantizar el desarrollo armonioso del territorio, para adelantarnos y prever el futuro, cuyo pronóstico pueden alcanzar, a lo sumo, entre diez y veinticinco años con una fiabilidad decreciente, como manifiesta Frei Otto en su texto La arquitectura del futuro [32], o encomendarnos a las novelas de ficción científica, como propone Fernando de Terán [33], al citar las palabras de Arthur C. Clarke: «Solamente lectores o escritores de ‘science-fiction' son realmente competentes para discutir las posibilidades del futuro»

Lo que nos lleva a pensar que el futuro hay que proyectarlo desde el presente, adoptando una actitud respetuosa con el momento que se vive y con el pasado, es decir con la ciudad que tenemos. Por ello es imprescindible la actuación rigurosa y persistente de la sociedad civil organizada —colectivos sociales y vecinales, colectivos profesionales, etc.— para contrarrestar, a través de la participación ciudadana, la incontinencia de quienes en última instancia adoptan las decisiones por propia voluntad o inducidos por otros, bajo los efectos de lo que hemos convenido en llamar teledirección.

Hoy, al inicio del segundo milenio, no se puede proseguir sin más con una política de maquillaje urbano que agota todos los recursos disponibles en conseguir objetivos aparentes y pasajeros, sino que hay que cambiar la forma de pensar, apostar por actuaciones que consuman pocos recursos, que vertebren la ciudad, resuelvan los verdaderos problemas y satisfagan las necesidades y demandas de las personas que habitan las ciudades, atacando el origen de los mismos y procurando que todos sus habitantes puedan disfrutar de unos niveles de urbanidad, desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, hasta ahora privativas de ciertas áreas centrales y de determinadas élites sociales. La justicia social redundará sin lugar a dudas en beneficio de todos.

Los cambios operados en España en la legislación urbanística estatal y autonómica, así como los nuevos criterios de protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, la accesibilidad y las nuevas tecnologías, introducen variables complejas que es preciso tener en cuenta al abordar los retos del futuro.

Dentro de esta política de futuro habría que apostar claramente por la sostenibilidad y la participación, entendidas ambas desde un punto de vista integral. No es suficiente con plantear aspectos de ahorro material —energía, materias primas, etc.— y ejercicios de participación formal —informaciones públicas, etc.—, sino que es imprescindible la creación de una comunidad socialmente sostenible [34] y participativa, encaminando todos los esfuerzos a la mejora de las condiciones de vida material, social y espiritual de las personas. La lucha contra la exclusión social y la promoción de la participación e integración de todos los ciudadanos, en particular los jóvenes que representan el futuro de la sociedad y constituyen sus cimientos.

Los organismos y empresas públicas deberían actuar de manera ejemplarizante, de forma que sean percibidos como un referente por la iniciativa privada y no como competidores que juegan con ventaja. La iniciativa pública debería estar encaminada a la creación de comunidades sostenibles, cosa que actualmente no ocurre, aparte de resolver problemas materiales concretos, contribuyendo a robustecer el tejido social y ciudadano que representa la base de un futuro equilibrado.

En ese sentido, como expresa Brian Edwards: «El diseño de viviendas sostenibles trasciende de la mera organización de sus atributos físicos. Solo podrá considerarse un éxito si conlleva prosperidad económica y cohesión social, proporciona seguridad, promueve el bienestar social y mejora la salud individual, local y globalmente» [35].

A menudo, los responsables de la formación de los planes derrochan energías e ilusiones propias y ajenas, en redactar documentos —papeles al fin y al cabo— que carecen luego de la gestión, la credibilidad y el impulso político necesarios para que puedan cumplirse unos objetivos mínimos.

Son muchas las voces que se alzan en todo el país en contra de la práctica habitual de deshacer continuamente la configuración y fisonomía de los espacios colectivos sin razón aparente alguna, aparte de los caprichos de los dirigentes políticos de dejar su impronta en la ciudad y dilapidar sin sentido el erario público. Estas actuaciones innecesarias tienen unos ciclos claros, generalmente se incuban durante los tres primeros años de cada legislatura y eclosionan en el cuarto; así los idiotas de los ciudadanos tenemos ocasión de recordarlos cuando nos dirijamos a depositar el voto en la urna al final del cuatrienio, como culminación del proceso de participación pública.

Quizás, uno de los problemas de fondo sobre el que habría que reflexionar ante todo, es el de las propias condiciones de las situaciones en que se desarrolla la actividad política, tanto a escala local, como a nivel nacional o global, en las que los responsables de la toma de decisiones colectivas se ven abocados al empleo continuado de lo que denominaremos efectos especiales o fuegos de artificio , para intentar convencer a los ciudadanos.

Los límites de la participación

Como se ha expuesto, la participación ciudadana en las tareas colectivas —en este caso en lo referente a todas aquellas actividades que tienen que ver con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, es decir con la ordenación del medio físico y las actividades que en él se desarrollan—, no sólo es necesaria, sino que es imprescindible. No obstante, la participación ha de tener unos límites razonables para que sea efectiva y no se convierta en un obstáculo más, una forma de carrera de obstáculos administrativa.

La participación ha de ser una fuente de conocimiento, desarrollo social, tanto personal como colectivo y, lo más importante, una garantía para los ciudadanos.

En ese sentido García de Enterría y Parejo Alfonso ya advierten de las posibles desviaciones de este tipo de procesos y de la necesidad de que sea la propia Administración, como representante legítima de los ciudadanos, la que en última instancia decida para evitar:

«el carácter de una información egoísta de intereses privados (así los propietarios a quienes el proyecto informado reserva una zona verde la repudian sistemáticamente), o bien un tono contestatario idealista que no siempre propugna fórmulas viables. Este tipo de conflicto entre el Plan y esas dos reacciones características del público es perfectamente conocido y sin perjuicio de las funciones evidentemente positivas que ese tipo de participación ciudadana proporciona normalmente, el juicio de los representantes del público entero, que son institucionalmente los representantes municipales, ha de tener en estas situaciones un valor prevalente. El report Skeffington [36] lo subrayaba enteramente, tras estimular toda suerte de participaciones ciudadanas directas: ‘La responsabilidad en la preparación del Plan es, y debe continuar siendo, la responsabilidad de la autoridad local. Un régimen sistemático de participación directa del público no es una alternativa razonable a un régimen local institucionalizado a través de representantes permanentes del pueblo'».

La diferencia que existe entre el diseño de procesos y el diseño los productos finales es la que se debe aplicar, a mi juicio, a los procedimientos de participación ciudadana. Es decir la participación ciudadana debería limitarse a excluir el diseño del producto final.

La ordenación del territorio y la planificación de las ciudades tienen muchos aspectos que son de contenido eminentemente social y otros de contenido eminentemente técnico. Los aspectos técnicos han de ser resueltos por profesionales que entiendan de ello y ahí no caben ni ingerencias de los ciudadanos, ni ingerencias de otras ramas profesionales, entre las que situaría a las ciencias sociales.

Determinadas manifestaciones pidiendo un papel activo de los profesionales de las ciencias sociales –abogados, antropólogos sociales, economistas, geógrafos, sociólogos, etc.–, reivindicadas generalmente desde dichos campos profesionales, creo que deberían ser motivo de reflexión. Una cosa es abordar la necesidad de desarrollos transversales en los diferentes ámbitos de la creación científica y técnica y otra muy distinta es la intromisión de determinados profesionales en campos que desconocen.

Desdeñar el contenido técnico del planeamiento y diseño de las ciudades —formalización física, condiciones del subsuelo, alineaciones y rasantes, normas urbanísticas, etc.—, es renunciar a lo fundamental. Es decir a que las ciudades sean lugares técnicamente viables para el desarrollo de la vida. Y esto no es una reivindicación corporativa de determinados profesionales en contra de otros, es una realidad y una necesidad. Las ciudades a lo largo de la historia se han construido por profesionales y constructores con conocimientos de las técnicas de la construcción —arquitectos, ingenieros y constructores—, o bien se han auto-construido algunos barrios, con las consecuencias sobradamente conocidas. Además, existe abundante material escrito desde la antigüedad hasta nuestros días que desarrolla todos esos conocimientos. Desde los Diez libros de arquitectura de Vitrubio, hasta el gran número de manuales actuales que desarrollan los materiales de última generación. No obstante, dada la complejidad de los desarrollos urbanos y territoriales sería conveniente la participación de profesionales de otras ramas del conocimiento ya que el urbanismo y la ordenación territorial no debería abordarse solo desde el punto de vista de las técnicas constructivas.

Actualmente hay una gran variedad de productos industriales —automóviles, electrodomésticos, moda, etc.— que hacen uso de los estudios y análisis de las necesidades del mercado y de los consumidores para su desarrollo, asumiendo sus sugerencias. Es un procedimiento habitual en la fabricación de los automóviles, sector que, por ejemplo, tiene últimamente muy en cuenta la participación de las mujeres, que constituyen un segmento importante del mercado. Las empresas industriales de determinados productos cuentan con el asesoramiento de diseñadores de procesos, expertos en optimizar la producción, excluido el diseño del producto final que en última instancia puede ser desarrollado por otros profesionales [37].

Las claves de la participación ciudadana. Conclusión

A lo largo de este escrito se ha intentado explicar la forma en la que los amos de la sociedad o teledirectores, como hemos decidido denominarlos, intervienen en la toma de decisiones y desarrollan sus inquietudes e intereses.

La pregunta que habría que formular entonces sería: ¿cómo contrarrestar los efectos de la teledirección a través de la participación?

Partimos de la base de que la participación, tal y como se plantea normalmente, es simplemente una maniobra de distracción. A pesar de ello no existe plan alguno que se precie que no incluya un programa de participación social. Este programa, al igual que el estudio de impacto ambiental, se suele subcontratar con equipos externos porque, al fin y al cabo, lo que se pretende normalmente es completar una serie de páginas en la memoria correspondiente. No obstante, es preciso recordar las palabras de Jaime Lerner: ¡Las ciudades no son problemas, son soluciones! , y apostar por la intervención de los ciudadanos organizados para avanzar en la transformación y cambio de las ciudades desde una visión estratégica y solidaria [38].

La participación en general no suele ser fácil. A las propias dificultades encubiertas —uso de metalenguajes, fragmentación y dispersión de la información, etc.— se une la propia dificultad técnica de los documentos de planeamiento, para cuya consulta se necesita una sólida formación en la materia.

Lo primero que habría que plantearse es la necesidad o no del documento. En el caso de que se considere necesario habría que ver quienes son los posibles beneficiarios explícitos e implícitos de su formación y aprobación.

Luego habría que estudiar todas y cada una de las propuestas, leer y estudiar todos los documentos de manera rigurosa y, lo más importante, analizar y comparar las diferencias con el planeamiento precedente, si lo hubiere, cuestión ésta que debería incluirse como exigencia técnica a los nuevos planes o a las revisiones de los precedentes. Es decir, justificar de forma detallada, en un documento específico, todas y cada una de las variaciones, modificaciones e interpretaciones de la realidad, física y documental, precedente, de manera que sea posible su fiscalización, control y comprensión, en particular por los ciudadanos y personas no expertas en la materia objeto de intervención ó, en su defecto, facilitar la comprensión de los mismos.

En relación con lo expuesto, hay que estar muy atento cuando se analizan los instrumentos de planeamiento, porque normalmente son documentos en los que predominan las actuaciones gratuitas y sin justificación acerca de lo que en realidad se tiene, se aspira y se necesita, así como tener en cuenta que ningún documento técnico de planeamiento va a constituir panacea alguna. Lo que, sin duda, pudiera mejorar la realidad es el trabajo constante, día a día, para introducir orden en el caos y satisfacer las necesidades y anhelos de los ciudadanos con rigor y sin estridencias.

También se ha de tener en cuenta que no se puede bajar la guardia en ningún momento, que el planeamiento es un proceso permanente. Los teledirectores y sus colaboradores aprovecharán cualquier descuido o debilidad para volver a la carga. Cuando se piensa, incluso se está convencido, de que determinados temas se han cerrado definitivamente, en virtud de determinados acuerdos o actuaciones, vuelven a resurgir nuevamente, porque los teledirectores y sus ayudantes, de los cuales trataremos con más profundidad en otra ocasión, no escatiman esfuerzos cuando se trata de defender y reivindicar sus propios intereses.

La ciudad es lo que tenemos. El planeamiento debe, en primer lugar, levantar acta y dar fe de la ciudad real, aportando, antes de iniciar la redacción, la información cartográfica, geográfica, social, económica, cultural etc., que se precise para la consecución de los objetivos que se pretenden y, por supuesto, tener claro esos objetivos e ir a por ellos sin rodeos ni dilaciones.

En cualquier caso, con independencia de las repercusiones producidas por el abaratamiento [39]de determinados parámetros urbanísticos de calidad, para adaptarlos, probablemente, a las limitadas mentes de los actores, muchas actuaciones administrativas suelen ser, como viene siendo habitual, producto de la mediocridad generalizada que impregna a menudo la acción de la administración pública, sin reparar en que algunas de sus actuaciones pudieran estar, incluso, incursas en los denominados delitos contra el patrimonio histórico y el medio ambiente [40], definidos en el Código Penal, o constituir formas de actuar no admitidas por la legislación urbanística, como las reservas de dispensación que, en ocasiones, trufan algunas propuestas de planeamiento urbanístico. A modo de ejemplo, sirva lo que determina al respecto la Ley Urbanismo para el territorio de Cataluña —Decreto 1/2005, de 26 de julio, de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido— que al respecto dice en el Artículo 11. Nulidad de las reservas de dispensación : «Son nulas de pleno derecho las reservas de dispensación contenidas en los planes urbanísticos municipales, y también las que concedan las administraciones públicas al margen de estos planes y ordenanzas».

Para avalar lo expresado y lo innecesario, en muchos casos, de nuevas propuestas urbanísticas sobre ciudades consolidadas, habría que pensar más en ciudades como Barcelona, que ha sido capaz de mantener una trayectoria con un alto nivel de exigencia durante 30 años a base de realizar reajustes en el planeamiento heredado, constituyendo un auténtico modelo en cuanto a los procedimientos empleados y la apuesta permanente por la calidad, a pesar de sus inevitables contradicciones, señaladas, entre otros, por Horacio Capel en diferentes textos. Estas contradicciones son propias, en cualquier caso, de un planteamiento difuso de la acción política, guiado más, posiblemente, por criterios mercadotécnicos que ideológicos [41].

Como en el juego del ajedrez o en algunos deportes como el fútbol, en los procesos participativos es fundamental dominar el centro del tablero o del terreno de juego. Hay que llevar siempre la iniciativa, sin darle tiempo a reaccionar al adversario, si se quieren obtener resultados y conseguir el objetivo propuesto: ganar la partida.

Según expone Noam Chomsky, al referirse al control de los medios de comunicación:

«El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y sociedad en los que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. Permítaseme empezar contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y, por otro, los medios de información son libres e imparciales. (...)» [42]

Como es evidente, en España, como en otros muchos países, la prensa y los medios de comunicación en general son víctimas de sus propios intereses políticos y económicos y suelen ser más fuertes esos compromisos que la independencia que deben defender.

Por tanto, confiar exclusivamente en la prensa y en los medios de comunicación, la garantía de una participación ciudadana efectiva es un camino poco aconsejable. Estos medios pueden ser una ayuda, pero la participación hay que completarla a través de cauces alternativos, además de hacerlo por cauces reglados y ortodoxos. No se debe renunciar a ninguna de las formas posibles a la hora de participar. Se trata de sumar posibilidades y aprovechar todos los resquicios brindados por el propio sistema para incidir de forma positiva en la realidad, a la hora de ampliar la base del proceso participativo, por el contrario debe sumar adhesiones.

En relación con lo expuesto, este análisis es un punto de partida, simplemente exploratorio, con el que han pretendido describir las posibles vías de participación y apostar, sin lugar a dudas, por aquellas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, sin censuras ni autocensuras, como forma de generar un contrapoder posible a la estructura actual de toma de decisiones. En ese sentido, la vía que mejor encarna ese principio de igualdad de oportunidades está en la red, como se demuestra en los trabajos de José Pérez de Lama ya citados.

El planteamiento que aquí se propone es complementario del anterior, ampliando la base de la participación utilizando todos los medios a nuestro alcance, en especial los derivados de las redes informáticas y telemáticas, sin excluir ninguna de las posibilidades a nuestro alcance, propiciando que la colectividad se apropie de determinadas cotas de poder efectivo.

A tal efecto, cabría proponer que Geocrítica, como red internacional organizada, se plantease la creación de un observatorio o el desarrollo de una nueva red internacional que agrupase a universitarios y profesionales de diferentes ramas del conocimiento, de cara a participar activamente en un proyecto colectivo de asesoramiento, difusión y apoyo de los procesos que afectan a la supervivencia natural, social y política de los diferentes países integrados en la mencionada organización. Se trataría de participar de manera organizada y coordinada en todos aquellos procesos que afectan a la supervivencia de nuestra civilización, pasando del análisis de los hechos a la acción, con capacidad para intervenir a escala global, como se planteó hace años en el Foro Social de Porto Alegre.

Notas

1 LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad . Barcelona: Península, 1969, p. 132.

2 La Constitución Española, promulgada el 27 de diciembre de 1978, proclama, entre otras cosas, la voluntad de la Nación española de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones , proclamando en el artículo 37 que, El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses , (…). Asimismo destaca en el artículo 143.1 que, en el ejercicio del derecho a la autonomía recogido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos . Además, en el artículo 148, del citado texto constitucional, se definen las competencias susceptibles de ser asumidas por cada una de las autonomías en que finalmente quede organizado el Estado, incluyéndose, en las disposiciones, entre otras la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

3 SARTORI, Giovanni. Homo videns . México: Taurus, 1997, p. 80.

4 HUXLEY, Aldous. Un mundo feliz . Barcelona: Plaza y Janés, 1991. Título original: Brave New World (1932) .

5 Es habitual —se pueden citar ejemplos concretos— que en las propuestas de ordenación que se someten a la participación o información pública se introduzcan proyectos a modo de señuelos, bien para pulsar la opinión de los ciudadanos afectados y/o desviar su atención, evitando que perciban las propias estrategias de los planificadores –clasificaciones y reclasificaciones de suelo, determinaciones urbanísticas relevantes introducidas de forma farragosa a lo largo de los diferentes documentos que constituyen los planes e instrumentos de ordenación territorial, etc.–

6 Torsten Rox. Proyecto Mariano José de Larra en Internet . [Webmaster]. Dusseldorf, 2000-2003. [En línea]. < http://www.irox.de/larra/articulo/art_per2.html >. [noviembre de 2006].

7BAKAN, J. The corporation: the pathological pursuit of profit and power . Vancouver: Penguin Canada, marzo 2004.

8 NAVARRO SEGURA, María Isabel. Gestión institucional, planeamiento y patrimonio mundial. El plan especial de protección de San Cristóbal de La Laguna y la destrucción de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Scripta Nova. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto 2005, vol. IX, nº 194 (83). < http://www.ub.es/ geocrit/sn/sn-194-83.htm >. «Los agentes urbanos y las políticas sobre la ciudad. Número extraordinario dedicado al VII Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)». [2 de noviembre de 2006]. ISSN: 1138-9788.

9 Este término también define determinada forma de manipulación de los concursos de arquitectura, en los que los resultados están predeterminados cada vez en mayor medida, y es una situación que se puede hacer extensiva con carácter general a otros concursos, como los literarios, denunciados en los medios de comunicación. Esta situación ha sido objeto de análisis para la actividad de la arquitectura en, DELGADO PÉREZ, Germán J. Desde la memoria: 20 años de arquitectura en Canarias (1982-2002). Basa . Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, nº 26, primer semestre 2002, pp. 45-79. ISSN: 02 13-0653.

10 En la película, estrenada en 1982, y en el guión escrito por Hampton Fancher y David Peoples, inspirado libremente en la novela de Philip K. Dick, se describe al personaje cruel de un creador que induce a sus criaturas a tener apetitos y aspiraciones imposibles de satisfacer. Sus personajes la mayoría antihéroes deben luchar, como los humanos, contra los impredecibles designios de un plan universal que nunca se les termina de desvelar. La película describe un futuro en el que seres fabricados a través de ingeniería genética, a los que se denomina replicantes , son empleados en trabajos peligrosos y degradantes en las colonias exteriores de la Tierra. Sin embargo, estos extraños seres artificiales extraordinarios, fabricados por Tyrell Corporation, para ser más humanos que los humanos , tienen como defecto principal el hecho de disponer de fecha de caducidad, generalmente cuatro años, que casualmente es el tiempo que dura una legislatura en España. BOOKS OF THE WORLD CONTRIBUCIONES. Philip K. Dick. Books of the world . [Página web]. Palma de Mallorca, 3 de enero de 2007. <http://www.booksfactory.com/writers/dick_es. htm> . [18 de enero de 2007].

11 LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad . Barcelona: Península, 1969.

12 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de derecho urbanístico . Madrid: Cívitas, 1981, p. 6. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

13 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y PAREJO ALFONSO, Luciano. Op. cit, pp. 335 y 336.

14 DELGADO PÉREZ, Germán J. La ciudad que queremos. Apología de un urbanismo radical. Planeamiento urbanístico, participación ciudadana y gestión . El caso de la ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife 1980-2005. Scripta Nova. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto 2005, vol. IX, nº 194 (117). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-117.htm>. «Los agentes urbanos y las políticas sobre la ciudad.» Número extraordinario dedicado al VII Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio). [2 de noviembre de 2006]. ISSN: 1138-9788.

15 DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo. Prólogo, en MEADOWS, Donella; RANDERS, Jorgen; MEADOWS, Dennos. Los límites del crecimiento. 30 años después . Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, p. 14.

16 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y PAREJO ALFONSO, Luciano. Op. cit, p. 136.

17 LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad . Barcelona: Península, 1969.

18 Real Decreto Ley 1/1992, de 26 de junio (Boletín Oficial del Estado 30-6-1992).

19 Los arquitectos autores de esta proeza fueron los hermanos Alberto y Hugo Luengo Barreto, que realizaron dicho trabajo en colaboración con los también arquitectos F. Javier Ruiloba Santana y Fernando Saavedra Martínez, arquitectos todos ellos, trabajadores empedernidos, con experiencia en este tipo de misiones imposibles. Su papel como expertos en la elaboración de cartografías “de a pie”, ha sido capital para la redacción de algunos trabajos, como es el caso del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Casco Histórico de Santa Cruz de Tenerife en 1982.

20 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de derecho urbanístico . Madrid: Cívitas, 1981.

21 El PERI del Centro Histórico, obtuvo el Primer Accésit del Concurso Nacional de Urbanismo correspondiente al año 1982 y fue redactado por un equipo profesional compuesto por los arquitectos: Rafael de Cáceres Zurita, como director; Germán J. Delgado Pérez, Hugo Luengo Barreto, Alberto Luengo Barreto, José Trujillo La-Roche y Luis A. Abreu Fernández, incorporándose a lo largo del desarrollo del trabajo otros profesionales que colaboraron en temas puntuales o sectoriales. Entre estos últimos cabe citar a los abogados Luciano Parejo Alfonso y Eduardo Silgo Villegas; al ingeniero de caminos, canales y puertos Manuel Fernández del Castillo Massieu, que realizó el estudio de tráfico; al arquitecto municipal Juan Fernández de Villalta; el también arquitecto Carlos A. Schwartz Pérez, responsable de las fotografías del catálogo de protección del patrimonio arquitectónico; a la profesora de Historia del Arte María Isabel Navarro Segura; y los arquitectos Felipe Artengo Rufino y Sebastián Matías Delgado Campos que colaboraron en el denominado Informe Centro Histórico .

22 SARTORI, Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida . Madrid: Suma de Letras, 2005, pp. 67, 69 y 70.

23 PÉREZ DE LAMA, José. Geografías de la multitud [conectada]. Entre la especialidad de los flujos y la ciencia ficción. Hackitectura.net . [Página web]. Sección «os favelados». Textos, 2003. < http://hackitectura.net/osfavelados/ txts/sci_fi_geographies.html >.

24 MORENO, Sergio; CHASER, a.k.a; SOTO, Pablo de y PÉREZ DE LAMA, José. Hackitectura.net . [Página web]. < http://mcs.hackitectura.net/tiki-index.php>. [22-11-2006]. En este texto se define como banda de arquitectos y hackers. En su currículo [Time code] puede leerse la trayectoria de trabajos que define la línea desarrollada. La cabecera de la Página web lleva como subtíulo, « Posse de arquitectos, hackers y activistas sociales experimentando en los territorios emergentes de la espacialidad ciborg, recombinación de espacios físicos, cuerpos sociales, redes TIC y cuerpos».

25 CASTELLS, Manuel. Op. cit.

26 CASTELLS, Manuel. Op. cit.

27 MGM (Pepe Morales y Sara Giles), PIZARRO, Esther y HACKITECTURA.NET: Dossier para el concurso de la Plaza de las Libertades, Sevilla. Primera implementación. Hackitectura.net . [Página web]. < http://mcs.hackitectura. net/tiki-index.php? page= dossier+plaza +de+las+libertades >. [ Chaser, jueves 24 de enero de 2007, 10:43 UTC]. es

28 GOYTISOLO, Juan. La Plaza de Marrakech, patrimonio oral de la humanidad. Noviembre de 1997. En GOYTISOLO, Juan, Biografía, publicaciones y escritos. Páginas temáticas . Centro de Información y Comunicación Educativa. [Sitio Web]. Madrid: Ministerio de Cultura. [ 3 de agosto de 2001]. <http://w3.cnice.mec. es/tematicas/juan goytisolo/index.html>. [15 de diciembre de 2006, 6].

29 Idem nota anterior.

30 Los clubes de fútbol ganan mil millones con sus planes urbanísticos. El País . Edición Madrid, Madrid, 13 de noviembre de 2006, pp. 1, 18 y 19.

31 FLETA, Cecilia, E l Gobierno de Schröder avaló un crédito de 900 millones a Gazprom tras las elecciones. El ex canciller alemán tiene ahora un sueldo de 250.000 euros anuales de la compañía rusa. El País . Edición impresa internacional. Berlín, 2 de abril de 2006. [En línea]. < http://www.elpais.es/articulo/elpporint/20060402 elpepiint_3 /Tes/ internacional/ Gobierno/ Schroeder/ avalo/credito/900/millones/Gazprom/elecciones >. 02:19 h.

32 OTTO, Frei. La arquitectura del futuro. Basa . Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, segundo semestre 2001, nº 25, pp. 130-135. ISSN: 1138-9788.

33 CLARKE, Arthur C. Profiles of de future , 1962. Cit. en, TERÁN, Fernando de. Ciudad y urbanización en el mundo actual . Madrid-Barcelona: Blume, 1969, p. 284.

34 La evidencia del cambio climático es una realidad que por fin abordada por la comunidad internacional. Mientras redactaba este texto leo en el diario El País , correspondiente al jueves 11 de enero de 2007, que «El cambio climático amenaza con devastar las zonas turísticas en el Mediterráneo», recogiendo, a su vez, el acuerdo de la Comisión Europea, del día anterior, de proponer la reducción de las emisiones de gases contaminantes para el año 2020, «por lo menos un 20% respecto a los niveles de 1990».

35 EDWARDS, Brian; Y HYETT, Paul (col.). Guía básica de la sostenibilidad . Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 105.

36 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y PAREJO ALFONSO, Luciano. Op cit., p. 138. Según Enterría y Parejo, sobre el reforzamiento de la participación pública pueden leerse las recomendaciones que formuló en Inglaterra en 1969 la Royal Comisión Skeffington (por el nombre de su presidente).

37 SANTA ANA, Mariano de. Carmelo Di Bartolo. Diseñador industrial. Basa . Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, segundo semestre 2002, nº 27, pp. 168-175. ISSN: 1138-9788.

38 LERNER, Jaime. Páginas inteligentes (Prólogo), en VEGARA, Alfonso; RIVAS, Juan Luis de las: Territorios inteligentes . Madrid: Fundación Metrópoli, 2004, p. 11.

39 Término empleado por Javier Marías. El gran abaratamiento. El País Semanal . Madrid, 16-11-03. Incluido en su recopilatorio, MARÍAS, Javier. El oficio de oír llover . Madrid: Alfaguara, 2005, pp. 134-136.

40 GARCÍA CALDERÓN, Jesús María. La protección penal del patrimonio histórico y del medio ambiente. Basa . Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, primer semestre 2002, nº 26, pp. 94-113. ISSN: 1138-9788.

41 CAPEL, Horacio. El modelo Barcelona: un examen crítico. Guadalajara (México): X Arpafil, 2004. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005.

42 CHOMSKY, Noam. El Control de los medios de comunicación. Puerta del Mar . [Sitio web de cultura]. Sección Literatura. Noam Chomsky. < http://www.puertadelmar.com.ar/literatura/Noam%Chomsky/EL20% CONTROLDE LOS MEDIO20%DE COMUNICACION.htm .>. [18 de diciembre de 2006, 3,30].

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© Copyright Germán J. Delgado Pérez, 2007
© Copyright Scripta Nova , 2007

Ficha bibliográfica:

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