Fuente: Elaboración propia a partir de www.bcn.es
Scripta Nova |
Antònia Casellas
Investigador Juan de la Cierva,
Departament de Geografia i Sociologia, Universitat
de Lleida
casellas@geosoc.udl.cat
Gobernabilidad, participacion ciudadana y desarrollo economico: adaptaciones locales a estrategias globales (Resumen)
Barcelona está experimentando una transformación urbanística a gran escala con importantes implicaciones no tan sólo en la trama urbana sino también sobre su base económica y social. Con un creciente énfasis en políticas de desarrollo económico, a nivel de gobernabilidad de la ciudad de Barcelona, cabe destacar el énfasis que el Ayuntamiento otorga a la colaboración público-privada como herramienta de planificación. Esta colaboración contrasta con la escasa voluntad de inclusión de la participación ciudadana. El presente artículo argumenta que esta situación es el resultado de la respuesta local a la influencia de dos procesos diferentes pero complementarios. En primer lugar se analiza el peso del proceso de globalización en las características de la política local. En segundo lugar, utilizando categorías analíticas de la teoría de los regímenes urbanos, se explora la identidad de los agentes claves y la evolución en la toma de decisiones en política urbanística que se inicia a mediados de los años ochenta en Barcelona. El artículo finaliza apuntando la necesidad de incluir de forma efectiva la participación ciudadana. El caso de la fábrica Can Ricart en el marco del proyecto 22@Barcelona del Poblenou ilustra las contribuciones que, a pesar de las dificultades de diálogo, aporta la sociedad civil al modelo de desarrollo de la ciudad.
Palabras clave: Barcelona, gobernabilidad urbana, ordenación del territorio, participación ciudadana, Can Ricart.Governance, public participacion and economic evelopment: local adaptations to global estrategies (Abstract)
Barcelona is undergoing a radical urban transformation with important implications not only for its built environment but also for its economic and social base. Within growing emphasis on economic development policies, in the governance of Barcelona city, it deserves special attention the role that the City Council gives to public-private partnerships as a tool in urban planning. This level of cooperation differs from the little willingness to include public participation in the process. The present article argues that this course of action is the result of the local adaptation to two different but complementary processes. First, the paper analyzes the influence of the globalization process into the local policies. Second, applying urban regime analysis, it explores the identity of key agents and the evolution in decision making process the city has undergone since the mid 1980s. The article concludes with an emphasis on the need to include community input in policy decision making. The case of the factory Can Ricart, part of the 22@Barcelona project located in Poblenou neighborhood, illustrates the contributions, that even is a context of difficult dialog, the civil society provides to the city’s development model.
Key words: Barcelona, urban governance, planning, citizens’ participation, Can Ricart.En un artículo publicado en Febrero del 2007 en el vol. XI, núm. 233, de Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales bajo el título “El debate sobre la construcción de la ciudad y el llamado Modelo Barcelona”, el profesor Horacio Capel apuntaba “la necesidad, e incluso la urgencia de que el debate [sobre la transformación urbanística de Barcelona] no quede limitado a los círculos políticos y técnicos.” El presente artículo se suma a este esfuerzo con el objetivo de seguir indagando las características de gobernabilidad en la ciudad de Barcelona e intentar ofrecer una posible respuesta a la cuestión frecuentemente reiterada por parte de colectivos ciudadanos de porqué las propuestas generadas desde la sociedad civil en forma de participación ciudadana tienen tantas dificultades parar ser escuchadas y discutidas dentro de las agencias y organizaciones creadas por el Ayuntamiento. Con el fin de contextualizar el análisis, el artículo utiliza como elemento de reflexión el caso de Can Ricart y la actitud del Ayuntamiento de Barcelona con relación a las propuestas urbanísticas generadas por el Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs. Para este análisis el artículo se centra primero en temas de carácter global y otros de carácter local propios de la gobernabilidad de la ciudad [*] .
El contexto político, social y económico en el que operan las políticas urbanas de Barcelona se ha trasformado radicalmente en las ultimas décadas. Parte de estos cambios vienen motivados por transformaciones a escala nacional y global que afectan directamente a la ciudad.
La incorporación de España a la Unión Europa en 1986, la revolución tecnológica, las nuevas políticas comerciales dentro del marco de los acuerdos establecidos a través de la Organización Mundial del Comercio, en líneas generales, la globalización de la economía ha creado sistemas abiertos de alta competitividad. Estos sistemas han influido en el carácter de las políticas urbanas de Barcelona, que paulatinamente han cambiado con el fin de acomodar la base económica de la ciudad a la nueva realidad tecnológica y económica global.
El fenómeno que tiene lugar a escala global, implica un cambio de dirección en las políticas locales. Como apuntan Ross y Levine (2005) con respecto a la realidad norteamericana, las políticas urbanas a partir de los años 1990 son sinónimo de política de desarrollo y crecimiento económico. El objetivo primordial de la política local es el desarrollo de la base económica a través de la atracción de nuevas empresas y la promoción a escala nacional e internacional de los productos y servicios generados. Brugué y Gomà (1998) destacan el mismo fenómeno en el caso español y europeo. En su opinión, el proceso de globalización y los cambios resultantes en las políticas nacionales europeas han creado las condiciones para que los gobiernos locales se conviertan en los agentes clave de la promoción económica local.
Los cambios experimentados a nivel local, tienen su paralelismo y origen a nivel nacional e internacional. Centrándose en el papel del estado, Bob Jessop (2002) apunta cuatro características esenciales de cambio ideológico en las políticas nacionales que nos ofrecen claves interpretativas a través de las cuales analizar la realidad de la transformación urbanística a escala local, y más en concreto, a nivel de Barcelona. Adaptando y complementando las ideas de Jessop con las aportaciones de otros autores, podemos identificar las siguientes características en temas de gobernabilidad: 1) predominio de las políticas de innovación y competitividad sobre políticas de empleo y planificación; 2) programas de política social subordinados a programas de política económica; 3) gobernabilidad difusa con dominio de coaliciones público-privadas; y 4) creciente importancia de la escala local y la responsabilidad individual en la toma de decisiones y provisión de servicios.
El primero punto de reflexión que Jessop (2002) aporta se refiere al nuevo contexto en el que operan las economías capitalistas avanzadas. Según este autor, el nuevo modelo económico dominante neoliberal implica la promoción de la competitividad a nivel internacional y la innovación tecnológica por medio de una política de oferta en una economía abierta. En este marco, la política económica se centra en la innovación y la competitividad en lugar de en una política de empleo y planificación acorde a las características y necesidades de la población.
En el caso de Barcelona, esta tendencia queda plasmada en el creciente interés del Ayuntamiento de promover sectores económicos estratégicos con vocación internacional. Los sectores identificados como estratégicos incluyen: nuevas tecnologías y servicios avanzados; aeronáutica y espacio; enseñaza superior e investigación; medio ambiente y empresa; logística y transporte de mercancías, turismo; sector financiero; diseño; y bio-tecnología (Ajuntament de Barcelona, 2005). Joan Clos, alcalde de Barcelona entre 1997 al 2006, presentaba los sectores estratégicos de la economía de la ciudad bajo esta introducción: “[Barcelona] lidera un área emergente de actividad económica en el sur de Europa –área en la que viven 17 millones de habitantes y que incluye las islas Baleares, Valencia, Aragón, y el sudoeste de Francia -, y se ha consolidado internacionalmente como una de las principales metrópolis europeas.” (Ajuntament de Barcelona, 2005. p.2).
El proyecto “22@Barcelona” capitaliza en esta idea. La propuesta implica la transformación radical a nivel físico y social del barrio industrial y obrero del Poblenou. La remodelación urbanística involucra casi 200 hectáreas de suelo, con un potencial de más de 3 millones de metros cuadrados para actividades productivas ligadas a las nuevas tecnologías. El proyecto identifica 6 zonas, que representan el 52.7% del suelo, para ser renovadas bajo el liderazgo de la iniciativa pública. El resto puede desarrollarse a través de la iniciativa privada o pública (22@Barcelona, 2007).
Con una inversión de 80 millones de euros en el Plan Especial de Infraestructuras para el periodo 2004-2007 (22@Barcelona, 2007), el proyecto para el Poblenou ejemplifica la importancia que el sector público dedica a la política de innovación y competitividad en la ciudad de Barcelona. El objetivo final del proyecto es la creación de un espacio híbrido en el que cohabiten las actividades productivas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías o intensivas en conocimiento, con nueva vivienda, equipamientos y zonas verdes. Bajo este criterio, las actividades que se consideran incompatibles con los nuevos usos de la zona son desplazadas del barrio. El caso de las actividades productivas y artísticas en la antigua fábrica de Can Ricart obligadas en su totalidad a ubicarse en otras zonas de la ciudad o a terminar su actividad empresarial dada su dificultad de reubicación ejemplifica el enfoque y consecuencias sociales de esta política. El caso de Can Ricart es analizado en mayor detalle en otra sección de este artículo.
El segundo aspecto que señala Jessop (2002) es la subordinación de la política social a la política económica. En este contexto, elementos de redistribución y cohesión social pierden importancia frente al énfasis que se da a la necesidad de potenciar mercados laborales flexibles y espíritu empresarial e innovador.
Para incentivar nuevos espacios productivos, las políticas públicas dedican numerosos recursos a la creación de infraestructura relacionada con las nuevas tecnologías y la consolidación de la colaboración público-privada. Este modelo es común a numerosas ciudades, y a nivel urbanístico se traduce, como en el caso del Poblenou en Barcelona ya mencionado, en la creación de espacios urbanos híbridos en los que las actividades económicas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías conviven con viviendas, comercio y equipamientos primordialmente orientados hacia la fuerza productiva de este emergente sector económico. En este marco, la promoción de la industria cultural existente en Barcelona y que ya actúa como eje de renovación urbanística y económica de la ciudad, se coordina con la implantación de la nueva economía basada en el uso de la información tecnológica en un barrio tradicionalmente obrero y en proceso de radical transformación. Esta política promueve y legitima un nuevo modelo de organización espacial, social y económica de la ciudad (Gdaniec 2001, Selfa 2005).
La teoría generada por Richard Florida (2002 y 2005) alrededor de su concepto de “clase creativa” aporta un soporte teórico a esta política. La idea de Florida es que el presente motor de crecimiento económico en las ciudades no se debe tanto a la presencia de empresas, como a la existencia de trabajadores creativos (científicos, ingenieros, profesores, artistas) que optan por vivir en una ciudad porque les gusta el estilo de vida que ofrece. Florida resume el nuevo estilo de vida de ciudades exitosas en tres “T”: Tecnología, Talento y Tolerancia. El argumento de este autor es que la presencia de “la clase creativa” en una ciudad es clave para la creación de nuevas empresas punteras o para atraer empresas, ya que este grupo ofrece el perfil de trabajador que la nueva economía del conocimiento requiere.
Para fomentar las tres “T”, Florida recomienda al sector público invertir en proyectos urbanísticos que ayuden a crear un ambiente urbano atractivo: entretenimiento, cultura, diversidad, vida nocturna, etc. No resulta difícil entender porqué las teorías de Florida han atraído tanto el interés de los políticos locales, incluidos los de Barcelona. Su modelo urbano complementa perfectamente el modelo de crecimiento económico centrado en la consolidación de ciudades como centros culturales y turísticos. El problema sin embargo radica en que los recursos municipales son limitados, y la concentración de numerosos recursos públicos en este tipo de políticas beneficia a unos y perjudica a muchos otros. Como apunta Capel (2007):“La obsesión por convertir la ciudad en un polo mundial, en atraer visitantes y posibles inversores es perversa y, finalmente, contraproducente: acaba por olvidarse de los ciudadanos que viven cotidianamente la ciudad, […]” (Capel 2007, p. 10).
Desde una perspectiva académica, un creciente número de publicaciones cuestionan tanto la eficacia de la inversión en infraestructuras para atraer empresas de nueva tecnología, como en la capacidad económica de la clase creativa. El estudio de Hackler (2003) sobre cuatro regiones metropolitanas en los EEUU -Phoenix, Minneapolis-Saint Paul, Los Angeles y New York City- concluye que no se puede establecer ninguna correlación positiva entre el crecimiento de la industria tecnológica en una región con la calidad de su infraestructura tecnológica. De hecho, el estudio llega a la conclusión de que las ciudades con mayor crecimiento en industrias vinculadas a las nuevas tecnologías son las que poseen comparativamente una infraestructura tecnológica peor.
Así mismo, conceptos con gran atractivo intuitivo como los desarrollados por Richard Florida muestran claras limitaciones. Los trabajos de Ann Markusen (2006), para citar sólo un ejemplo, demuestran que la clase creativa como la define Florida es sinónimo de personas con una ocupación vinculada a alto nivel educativo. Este grupo, como apunta la autora es diverso y no necesariamente tolerante y creativo por naturaleza. Consecuentemente, la afirmación de que actividad económica vinculada a las nuevas tecnologías es el resultado de una “clase creativa” que prefiere ciudades con cierto nivel de diversidad cultural y social parece carecer de fundamento. De hecho, tal y como Markusen y Schrock (2006) demuestran en sus estudios sobre la distribución de artistas en zonas metropolitanas de los EEUU, altos niveles de creatividad en ciudades están vinculados a la presencia de artistas autónomos. Los autores señalan que la contribución de este grupo a la economía local a menudo se subestima dado su alto nivel de autoempleo. Sin embargo su aportación creativa y económica es importante y se plasma en su contribución en el diseño, producción y marketing de productos y servicios. El estudio de Markusen y Schrock apunta que para este grupo, las condiciones primordiales de ubicación son la existencia de vivienda y espacios creativos económicamente accesibles.
La dispersión del poder en toma de decisiones, diseño y ejecución es cada vez mayor (Hajer, 2003). El tradicional modelo de economía mixta que combina las fuerzas del mercado con la planificación del sector público se difumina ante el nuevo modelo de gobernabilidad que enfatiza la importancia de cooperar y de negociar. En definitiva, de trabajar a través de redes y otras formas de autoorganización.
Eric Swyngedouw (2005) argumenta que el tradicional papel central del sector público en materia de toma de decisiones políticas se está transformando hacia nuevas formas de “gobernabilidad más allá del estado”. Este nuevo tipo de gobernabilidad no implica que el sector público quede anulado, sino que partes del aparato del sector público participa en instituciones y redes de asociaciones horizontales con el sector privado y, en ocasiones, con la sociedad civil, especialmente con organizaciones no gubernamentales.
En el caso de Barcelona, el modelo de participación público-privado se ha convertido en una estrategia dominante en política local. Una de las formas adoptadas desde el Ayuntamiento para involucrar al sector empresarial es la creación de agencias de sociedad privada municipal que paulatinamente, a medida que son capaces de atraer inversores privados, van acogiendo una mayor participación de capital privado hasta convertirse en empresas público-privadas (Casellas, 2003). La lógica de este modelo se basa en la actuación del Ayuntamiento como agente definidor de estrategias, objetivos y actuaciones urbanísticas y el sector empresarial como contribuidor del capital inversor. Ejemplos de este modelo de cooperación se inicia con las empresas creadas para ejecutar la infraestructura de los Juegos Olímpicos (NISA), y se consolida con la experiencia de las agencias encargadas de la transformación urbanística del Casc Antic (PROCIVESA creada en 1988, FOCIVESA desde 2002) y más recientemente en el Poblenou con 22@ Barcelona S.A.
Los objetivos de la sociedad 22@Barcelona, S.A., son: 1) el desarrollo y ejecución de todas las actuaciones urbanísticas referidas a las áreas industriales y productivas con calificación urbanística 22@, tanto en planificación como en gestión, proyección y ejecución; 2) la planificación, promoción, diseño, construcción y gestión de infraestructuras, servicios urbanos, equipamientos y espacios públicos; y 3) la promoción nacional e internacional de la área.
Para lograr estos objetivos la sociedad dispone de las siguientes competencias: 1) iniciativa en la aprobación de los instrumentos de ordenación; 2) iniciativa en la redacción, tramitación y aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y representación del Ayuntamiento; 3) plan de infraestructuras: proyectos, financiación, ejecución y gestión; 4) gestión patrimonial del suelo municipal: adquisición y adjudicaciones; 5) colaboración con la autoridad urbanística en licencias y disciplina urbanística; y, 6) promoción del sector (22@ Barcelona, 2007). Al analizar las funciones de 22@Barcelona destaca el hecho de que la sociedad tiene fundamentalmente una función ejecutora y que no cuenta con mecanismos para la incorporación efectiva de la participación ciudadana.
Jessop (2002) apunta que la escala de gobernabilidad nacional se encuentra altamente cuestionada frente a la importancia que ganan otras escalas como la local, regional y supranacional. En el caso de Barcelona, el marco de la Unión Europea por un lado, y la descentralización del poder central a nivel autonómico, otorgan a la ciudad de Barcelona un papel importante como centro económico y político.
De forma paralela a la creciente importancia de la escala local, se está produciendo un creciente énfasis en temas de responsabilidad individual. En el caso norteamericano esta ideología se cimienta en los valores tradicionales de la cultura calvinista. En el caso europeo, se genera desde la erosión de la legitimidad moral con la que han contado las políticas de bienestar social.
Jacob S. Hacker (2006), profesor de ciencias políticas en Yale, denuncia que los ciudadanos se encuentran ante una nueva y dramática situación dado su alto nivel de vulnerabilidad y riesgo económico. Según el académico, en los EEUU, esta situación es el resultado evolutivo de un proceso iniciado en los años 1970 en el que los riesgos económicos se han ido traspasando paulatinamente del sector público y empresarial a las familias norteamericanas. La inseguridad laboral, los cambios en el sistema de financiación de las pensiones, los altos costes sanitarios, educativos y de vivienda están creando una creciente inseguridad económica a nivel personal sin precedentes.
Hacker señala que las razones cabe buscarlas en tres factores. En primer lugar se encuentra la globalización de la economía que, como hemos señalado respecto también al caso de Barcelona, impone a las economías locales cada vez mayores presiones para competir en la producción de bienes y servicios. El segundo factor hace referencia al surgimiento de nuevas estrategias en la organización de recursos humanos de las empresas que priman altos salarios para ejecutivos y accionistas recortando los de la clase trabajadora. En el caso español, el Instituto Nacional de Estadística (2005) entre los datos que presenta su Encuesta de Estructura Salarial del 2002 señala que “el salario del grupo dirección de empresas de más de 10 trabajadores es un 176 superior al salario medio nacional (INE, 2005, p5). Esta información es consistente con los datos aportados por los 25 países miembros de la Unión Europea cuyos estudios laborales recogen el hecho de que la ocupación en la que se gana más dinero es dirección de empresas, seguidos en segundo lugar de la categoría “profesionales”, con la excepción de Lituania donde las Fuerzas Armadas consiguen al segunda mayor remuneración salarial (INE, 2005).
En el caso de Barcelona, y dentro de los parámetros existentes en el mercado laboral español, junto con los altos salarios de los ejecutivos cabe destacar la especial precariedad laboral en la que se enfrentan los jóvenes, y especialmente los licenciados universitarios. Como recoge Marta García Aller (2006), en España existe un grave problema de falta de expectativas laborales para el creciente número de licenciados universitarios en la medida de que varias generaciones de estudiantes están sobre cualificados para los trabajos que se les ofrece, con salarios irrisorios o estatus de becario perpetuo. En el caso de Barcelona, el problema de la dualidad salarial se ve agravado por el alto coste de la vivienda.
Hacker señala que el tercer elemento clave en las nuevas políticas públicas es el avance de una “cruzada de responsabilidad personal”. En el caso de los EEUU, el autor apunta que esta cruzada está instigada por grupos de radicales neoliberales financiados por sectores económicos. Siguiendo a Hacker, esta ideología enmascara el creciente riesgo individual bajo la cuartada de la importancia del ejercicio del control personal por parte del ciudadano.
En Barcelona, grupos ciudadanos han señalado que el modelo de desarrollo urbanístico de la ciudad basado en la colaboración público-privada y orientada hacia la internacionalización de su producción y fuerza de trabajo deja al ciudadano en un segundo término (Unió Temporal d’Escribas, 2004). Diferentes académicos han aportado análisis críticos al modelo urbanístico de la ciudad y sus implicaciones sociales (Balibrea 2006, Capel 2005 y 2006, Delgado 2005, von Heeren 2002,). La política urbanística de la ciudad no difiere en gran medida del que aplican una gran mayoría de ciudades de economías avanzadas. Sin embargo, la peculiaridad de Barcelona probablemente radica en que este modelo es inducido y liderado por el sector público, y que este sector público ha sido controlado desde las primeras elecciones democráticos de 1979 por partidos de ideología de izquierdas que “a priori” tienen agendas políticas más orientadas hacia cuestiones de justicia social.
Además de los aspectos estructurales que afectan a todas las ciudades en general, a nivel de gobernabilidad, el caso de Barcelona presenta una peculiaridad importante relacionada con la ideología de los grupos que han controlado el Ayuntamiento desde la restauración de la democracia. De forma muy diferente a otras ciudades europeas y norteamericanas como en el caso de Madrid, Paris, Londres o Nueva York, por más de 25 años, en mayoría o en coalición, Barcelona ha estado gobernada ininterrumpidamente por partidos ideológicos de izquierda. Simultáneamente, en comparación a otras ciudades Europeas y norteamericanas en las que el sector privado (constructores, empresariado, propietarios de bienes inmuebles, sector financiero, etc.) juega un papel primordial, en Barcelona el sector público ha sido claramente el que ha liderado el proceso de transformación urbana de la ciudad.
Las categorías analíticas de Urban Regime Analysis (URA -Teoría de los Regímenes Urbanos) nos ofrecen posibilidades para entender los procesos de gobernabilidad local. Especialmente nos dan claves interpretativas para responder a la pregunta central de este artículo de porqué una ciudad liderada por partidos de izquierda se orienta hacia políticas de crecimiento económico en las que la participación efectiva ciudadana se encuentra especialmente restringida.
En otras publicaciones y estudios (Casellas 2005 y 2006, Martí 2005) se justifica la idoneidad y limitaciones de utilizar una metodología surgida en el contexto norteamericano para estudiar la realidad europea. En todo caso, el objetivo al utilizar URA no es tanto identificar un modelo de régimen urbano para Barcelona, como el prestar atención al proceso en la toma de decisiones, y más en concreto, al proceso de creación de una coalición urbana con una agenda centrada entorno a temas de crecimiento económico. En última instancia, bajo en concepto de “poder de producción social”, URA nos permite explorar cómo se genera y consolida la capacidad de actuar en la política local y qué grupos consiguen influir en la toma de decisiones.
Bajo el modelo analítico de URA, se puede afirmar que para Barcelona, la denominación de la ciudad como sede Olímpica de 1992 crea un punto de inflexión en la política local (Casellas, 2003). Por primera vez, con la posibilidad de ejecutar grandes transformaciones urbanísticas, se genera la necesidad de cooperación efectiva entre el Ayuntamiento y grupos empresariales. A mediados de los años ochenta, el Ayuntamiento socialista, con una agenda política motivada por temas de justicia social y con numerosos miembros procedentes de los movimientos ciudadanos entre sus filas, considera que tiene el respaldo de las asociaciones vecinales, pero no necesariamente la confianza de la clase empresarial (Raventós, 2000). Se inicia entonces un proceso de creación de consenso económico y social en el que paulatinamente se crean y consolidan nuevos modelos de cooperación público-privada.
La colaboración público-privada en el contexto de los Juegos se muestra efectiva en la medida en que los proyectos se ejecutan. Los técnicos municipales lideran el proceso. Evidentemente se producirá confrontación de intereses entre las directrices municipales y los objetivos del sector privado. A nivel anecdótico cabe recordar la tormentosa relación entre los técnicos del Ayuntamiento y la empresa Tejana, American Travelstead Group, encargada de la construcción del Hotel Arts (Moix 1994). A pesar de las dificultades, los Juegos crean la necesidad y ofrecen la posibilidad de cooperación entre el sector público y el privado. Este proceso de aprendizaje se consolida en el periodo post-Olímpico.
Después de los Juegos Olímpicos de 1992, y de forma muy lógica, el Ayuntamiento quiere capitalizar el aprendizaje de la cooperación público-privada obtenida hasta el momento y evitar, en lo posible, la desaceleración de la inversión privada en la ciudad. En este contexto se crean nuevas sociedades públicas. Simultáneamente numerosas fundaciones privadas registradas como no gubernamentales se organizan para actuar como “think tanks” y asesorar, colaborar y fomentar nuevos sectores económicos.
En la colaboración público privada el poder esta vehiculado tradicionalmente por coaliciones económicas, políticas y culturales que a menudo pertenecen a las elites locales. En el caso de Barcelona, el proceso de cooperación público-privado va creando paulatinamente un reconocimiento de interdependencia y respeto mutuo entre el Ayuntamiento y los sectores económicos privados. Como consecuencia se va estableciendo lo que desde URA se llama “formación de preferencias” (Stone 1989). La existencia de unos agentes (principalmente agentes vinculados a diferentes sectores económicos) y recursos determinados (capital inversor, experiencia previa en determinado tipo de estrategias de desarrollo) favorece la decisión de orientarse hacia unos objetivos concretos. La determinación de estos objetivos condiciona a su vez la identificación de los agentes ricos en recursos, los cuales terminan por asesorar, orientar e influir en las políticas urbanas. En esta dinámica cerrada, en Barcelona, en la medida que el sector privado va tomando relevancia se va produciendo una evolución paulatina de los técnicos municipales hacia un rol cada vez más tecnocrático. Las empresas públicas, como es el caso de 22@Barcelona, se convierten fundamentalmente en empresas ejecutoras sin mecanismos para incluir de forma efectiva la participación de los ciudadanos.
A pesar de que desde la administración pública se habla a menudo de la importancia de la participación ciudadana, en los últimos veinte años la ciudad no ha desarrollado una tradición de inclusión de amplias capas de la sociedad civil en toma de decisiones. En este sentido, y a pesar de que el Ayuntamiento ha difundido una imagen de participación y consenso, no se pueden identificar mecanismos efectivos de inclusión en política local.
El marco legal para la participación ciudadana en temas urbanísticos en España en los últimos años se recoge en la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones aprobada en junio de 1998. Esta ley es substituida a partir de julio del 2007 por La Ley del Suelo. Entre otras medidas, la nueva ley introduce la necesidad de reservar el 30% del suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas. También se propone promover la participación ciudadana en la elaboración de temas urbanísticos.
En el marco de la transferencia de competencias a las autonomías, a nivel de Cataluña rige la Ley Urbana del 2002. Entre otros puntos, el artículo 8 de esta ley establece que: 1) se garantiza y se debe fomentar los derechos de iniciativa, información y participación de los ciudadanos en los procesos de planeamiento y gestión urbanísticos; 2) los Ayuntamientos deben establecer voluntariamente Consejos Asesores Urbanísticos (CAU) como órganos locales de carácter informativo y deliberativo; y 3) los procesos urbanísticos de planeamiento y gestión, figuras de planeamiento, instrumentos de gestión y convenios están sometidos a procesos de publicidad.
A nivel de Barcelona, la ciudad se rige por las Normas Reguladoras de Participación Ciudadana aprobadas en Noviembre del 2002, las cuales revisan y actualizan la primera normativa de participación ciudadana aprobada en Diciembre de 1986.
En la exposición de motivos de la normativa del 2002, se expresa: “Las nuevas Normas desarrollan los aspectos relativos a la participación ciudadana recogidos en la Carta Municipal, y también incluyen aquellos compromisos adquiridos por la administración municipal en otras cartas, en especial en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, en la que Barcelona se compromete no solo a garantizar la participación, sino también a promoverla activamente” (p. 4).
Con relación a los derechos de los ciudadanos, la normativa destaca entre otros:
1) el derecho a la información a nivel general e individual (artº 3),
2) el derecho a la participación a través de la utilización de canales de
participación suficientes, abiertos y flexibles (artº
5),
3) el derecho a petición de aclaraciones sobre actuaciones municipales de
todas las persones, físicas o jurídicas, a nivel individual o en grupo (artº 6),
4) el derecho a la iniciativa ciudadana para proponer la aprobación de una
disposición municipal o de actividades de interés público (artº
7).
La normativa dedica el título tercero a la definición de los organismos de participación a nivel de ciudad y sectorial; y el título cuarto a los procesos de participación. Las fases del proceso de participación ciudadana incluyen: la fase de información y comunicación por parte de la administración, la fase de aportaciones por parte de los ciudadanos; y la fase de devolución en la que el Ayuntamiento responde a las aportaciones de los ciudadanos. A nivel de distrito, la normativa establece que se elaborarán memorias participativas en las iniciativas de mayor trascendencia para el distrito. Especial atención merece el título quinto, en el que se presentan los mecanismos de participación. Estos mecanismos incluyen: la audiencia pública ordinaria, la audiencia pública de presupuestos y ordenanzas fiscales, y la consulta ciudadana celebrada por iniciativa propia, por el Consejo de la Ciudad, o por iniciativa de la ciudadanía.
A pesar de la existencia de un marco legal, como apunta Capel (2007): “En realidad ni las memorias e informes, si existen, se dan a conocer, ni las audiencias públicas (artº 26) están bien reguladas y seriamente organizadas, ni la consulta ciudadana (artº 28) funciona normalmente. El funcionamiento se limita, generalmente, a informar a los que asisten de las decisiones que se han adoptado. Los documentos no se muestran. Las reuniones tienen defectos graves de forma. No se fija un orden del día, ni se sabe quien participa, porque no se identifica a los participantes. No hay procedimientos para debatir y tomar decisiones” (Capel, 2007, p.14).
Esta falta de mecanismos para la participación efectiva aún con la existencia de un marco legal que debería facilitarla, contrasta con la sofisticada red de colaboración público-privada que el Ayuntamiento ha ido consolidando desde principios de los noventa. Aplicando las categorías analíticas e URA, podemos apuntar que dado el modelo de decisiones que se ha establecido entre el sector público y el privado en Barcelona, la falta de modelos de participación efectiva parece darse por el profundo convencimiento por parte de los agentes claves en la gobernabilidad de la ciudad (agentes políticos, agencias públicas, y asociaciones y agencias público-privadas) de que la participación ciudadana no sólo no es positiva para el desarrollo de Barcelona, si no que entorpece la eficacia a la que ha llegado la colaboración del sector público con los agentes económicos de la ciudad. En este contexto, desde las esferas de decisión, la participación ciudadana y las propuestas de grupos de la sociedad civil se enmarcan fácilmente en el ámbito de lo “no factible”.
Contrariamente a la posición en la que se encuentran los colectivos ciudadanos, el sector privado ha gozado en Barcelona de un largo periodo de aprendizaje de cooperación con la administración. Como se ha apuntado podemos argumentar que, este ámbito de cooperación a lo largo de los años y la experiencia obtenida en ella, influyen en la elección de objetivos de la política local. El resultado es la creación de una política urbanística centrada en temas de crecimiento económico en menoscabo de otras posibilidades. Esta dinámica se ha visto reforzada por los cambios estructurales ligados a los fenómenos de globalización y cambio de rol de los gobiernos nacionales.
En política urbanística, en Barcelona se ha consolido pues un régimen urbano de crecimiento económico en el que sólo los agentes y recursos que lo sustentan alcanzan impacto en la agenda local (Casellas, 2006). Así mismo, la exclusión de las visiones y aportaciones de los grupos de la sociedad civil que no forman parte de la coalición gubernamental dominante se produce porque su visión y sus recursos no se enmarcan en el modelo consolidado por la colaboración público-privada de la ciudad. Su discurso no se entiende porque no responde al marco de gobernabilidad en la que se opera. La administración no es capaz de discriminar entre propuestas antisistema de otras con alto contenido analítico. Todo lo generado desde las plataformas ciudadanas, indiscriminadamente, queda encuadrado en “lo que no es factible.”
Como ilustra el caso de la empresa 22@Barcelona S.A. encargada de la transformación del Poblenou, la sofisticación de los mecanismos de cooperación entre la sociedad municipal y sectores económicos contrasta con la falta de mecanismos de participación ciudadana. De hecho, la escasa inclusión de la participación ciudadana se ejemplifica no sólo en la falta de mecanismos institucionales de negociación que den voz a grupos ciudadanos en el proceso de diseño en actuaciones urbanísticas; sino también por la falta de cultura de participación social. Esta cultura, de existir, fomentaría el intercambio de información entre la administración y el trabajo de grupos sociales cuando éstos, como en el caso de Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, generan estudios y propuestas por iniciativa propia.
El conjunto fabril de Can Ricart se edificó en el siglo XIX bajo la dirección del arquitecto y matemático Josep Oriol Bernadet y el arquitecto Josep Fontseré Mestres. Tatjer (2005a y 2005b) aporta información detallada sobre la obra de estos dos arquitectos al igual que sobre el valor arquitectónico e histórico de la fábrica. El proceso de evolución del recinto a través de los años ejemplifica a su vez los cambios sufridos en el barrio en el que se ubica. La fábrica se inaugura como un gran complejo textil en 1853. Las características de la zona del Poblenou son excelentes para la nueva actividad industrial de la época. Su ubicación en el extrarradio de la ciudad, con acceso a abundante agua y amplios espacios abiertos, juntamente con la introducción de la máquina de vapor permiten la construcción de un ambicioso recinto para la estampación textil. Como han destacado diversos estudios, la fábrica se encuentra pues estrechamente vinculada a la historia industrial de Barcelona (Tatjer, Urbiola y Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum Ribera del Besòs, 2005).
A lo largo del siglo veinte, las transformaciones de la base productiva de la ciudad y la reubicación de la industria a otras zonas metropolitanas afecta las características arquitectónicas del recinto al igual que sus usos. La fábrica se transforma paulatinamente en parque industrial multi-sectorial para pequeñas y medianas empresas que añaden edificación al conjunto. Tras una larga evolución, en el año 2000, el complejo ubicaba alrededor de 30 pequeñas empresas que empleaban unos 240 trabajadores. La producción de los talleres incluía una amplia variedad de actividades, desde componentes de la industria metalúrgica a carpintería. El reciento también proporcionaba espacio para un colectivo artístico.
La actividad económica y artística ubicada en Can Ricart se vio directamente afectada por las modificaciones introducidas al Plan General Metropolitano de 1976 aprobadas por el Ayuntamiento en el año 2000 (Ajuntament de Barcelona, 2000). La modificación recalifica los usos del suelo para la zona del Poblenou como nuevo centro productivo vinculado a “la economía del conocimiento”. Bajo la nueva normativa, las actividades de la industria tradicional deben desplazarse de la zona. El área se transforma de zona industrial a nuevo espacio mixto de coexistencia para industrias vinculadas a las nuevas tecnologías, oficinas, vivienda, comercio, servicios y espacios abiertos. Aunque todavía es temprano para evaluar el éxito de esta estrategia, se identifican dos limitaciones. Por un lado cabe destacar que la amplia clasificación de las actividades reconocidas como “nueva economía” o “economía del conocimiento” permite apuntar a un posible efecto de reubicación de la actividad económica desde otros puntos de la ciudad. Algunas de las nuevas empresas en el barrio del Poblenou no forman necesariamente parte de tecnología puntera, sino más bien de servicios avanzados que ya operaban con anterioridad en Barcelona. Por otro lado, la exclusión de pequeños empresarios con larga tradición en la zona repercute negativamente en el tejido económico y social del barrio (Pallarès y Casellas, en revisión).
El nuevo plan para el barrio del Poblenou afecta a casi 200 hectáreas, de las cuales se destacan 6 áreas (Llull Pujades Llevant, Perú-Pere IV, Audiovisual Campus, Parc Central, Eix Llacuna y Llull Pujades Ponent) de intervención bajo el liderazgo del sector público. Can Ricart se encuentra ubicado en la zona 4, “Parc Central” (ver la Figura 1).
Bajo la plataforma: “Salvem Can Ricart,” la movilización ciudadana generada entorno de la fábrica de Can Ricart se ha articulado alrededor de dos estrategias independientes en contenido pero complementarias en la práctica. La primera hace referencia al valor patrimonial, arquitectónico e histórico del conjunto. El segundo se vincula a los futuros usos del recinto.
Los estudios generados desde el Ayuntamiento para el conjunto del territorio afectado por el proyecto 22@Barcelona, determinaron inicialmente la necesidad de conservar escasa edificación. En el caso de Can Ricart del conjunto del recinto, el proyecto de remodelación aprobado por el Ayuntamiento en Marzo del 2005 conservaba solo unas pocas estructuras simbólicas: una chimenea, una torre con un reloj y dos naves. Además, tal y como señalaban los estudios del Grup de Patrimoni del Fòrum de la Ribera del Besòs, estos pocos elementos conservados iban a quedar encerrados y desvirtuados dentro de la nueva edificación.
|
| Figura 1. El proyecto 22@Barcelona y sus 6 zonas estratégicas. Fuente: Elaboración propia a partir de www.bcn.es |
Como alternativa al modelo presentado, y en un esfuerzo por detener la demolición de la fábrica, el Grup de Patrimoni del Fòrum de la Ribera del Besòs documentó el valor de la totalidad del recinto destacando el peso unitario del conjunto como elemento arquitectónico e histórico de la ciudad.
Las características de la organización horizontal y participación abierta del Fòrum de la Ribera del Besòs que se ha movilizado en contra de la demolición de Can Ricart se exponen en Zusman (2004). Por otra parte, Capel (2007) analiza en detalle las vicisitudes del proceso con respecto al recinto y la falta de cooperación de la administración local con la plataforma reivindicativa. En marzo de 2005, el Grup de Patrimoni presentó una propuesta de plan integral del patrimonio industrial de Barcelona, con un anexo sobre el patrimonio industrial del Poblenou. En Septiembre del 2006, el grupo junto a un amplio número de asociaciones vecinales, culturales y sociales presentó una nueva alegación y propuestas a un nuevo plan del Ayuntamiento elaborado como respuesta a la Proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre la protección del patrimonio industrial del Poblenou instigada en gran mediada por la presión popular.
A pesar de todas las dificultades en el diálogo entre grupos de la sociedad civil y el Ayuntamiento, a mediados del año 2007, la combinación del trabajo riguroso del Grup de Patrimoni, la colaboración de un gran número de asociaciones vecinales, la atención mediática despertada, y la movilización de amplios sectores de la sociedad civil barcelonesa consiguió parar la demolición de la fábrica y abrir la posibilidad de conservación íntegra del recinto amparándose en la calificación del complejo como “bien cultural de interés nacional” por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Con respecto a las actividades productivas de la fábrica, a finales del 2005, la totalidad de las empresas que realizaban su actividad económica en el recinto fueron desplazadas. Se abrió entonces un nuevo debate sobre los futuros usos del espacio. En febrero de 2006, la plataforma Can Ricart presentó una propuesta de usos y actividades. La propuesta identifica tres tipos de futuros usos enfatizando el valor del recinto como centro social a nivel de barrio y ciudad: Los usos propuestos son: 1) equipamientos para la ciudad, incluyendo un casal de barrio, espacios sociales polivalentes y una guardería infantil; 2) un museo del trabajo, y 3) un centro para actividades artísticas y tecnológicas.
El debate sobre que actividades deben ubicarse en Can Ricart se promete largo y complejo dado el diferente nivel de intereses entre la administración pública, la propiedad y los grupos sociales. La disparidad de opiniones no debe sin embargo obstaculizar el debate. De hecho, el caso de Can Ricart es un ejemplo de como la participación de la sociedad civil puede complementar las actuaciones del sector público. Las aportaciones sobre temas de patrimonio y usos por parte de colectivos ciudadanos demuestran de forma muy significativa como el capital humano de la ciudad es capaz de cooperar y complementar el trabajo de la administración, identificando, por ejemplo, un valor patrimonial que había pasado desapercibido en el estudio generado por parte del Ayuntamiento.
El problema de la falta de mecanismos de participación efectiva y cooperación abierta entre los colectivos ciudadanos y la administración en Barcelona se complica si a ello se añade el impacto de un grupo de fenómenos nuevos que inciden en el territorio urbano barcelonés y su estructura económica y social. Entre estos factores cabe mencionar el creciente número de turistas que visitan la ciudad a lo largo de todo el año; la llegada de numerosos inmigrantes que se concentran en barrios de la ciudad dependiendo de las oportunidades de vivienda y de las redes de migración; el creciente volumen de inversiones de capital foráneo que intenta rentabilizar sus inversiones al margen del contexto económico y social local; y los cambios de funciones y usos de amplias zonas de la ciudad. Esta creciente complejidad social y económica de la ciudad debe pues contar con un sistema de gobernabilidad amplio que ampare y promocione la participación ciudadana de forma efectiva. El modelo de desarrollo urbanístico basado en coaliciones de crecimiento económico entre el sector público y el privado con larga tradición en los EEUU muestran numerosas evidencias, no tan solo de deficiencias en temas de justicia social, sino también de limitaciones en crecimiento económico sostenible. Desde el marco teórico de URA y la tradición analítica de la economía política anglosajona, los trabajos de Marc Levine (1987, 1999 y 2000) sobre la ciudad de Baltimore en los EEUU ilustran bien el problema.
Barcelona cuenta con una gran ventaja respecto a otras ciudades. De forma diferente a como ocurre en numerosas ciudades del ámbito anglosajón, en Barcelona el poder de decisión aún reside en la administración pública (McNeill, 2003). En este sentido, el papel de liderazgo de la administración local sitúa a la ciudad de Barcelona en una posición privilegiada para que la participación ciudadana tenga lugar de forma efectiva. Las Normas Reguladoras de Participación Ciudadana aprobadas en Noviembre del 2002 proporcionan el marco legal para esta participación. Junto al aspecto legal, los diferentes grupos políticos que han controlado la administración local, han reiterado a menudo su voluntad de gobernar bajo un consenso social plural. Para que la ciudad cuente con una voluntad política de inclusión, estas declaraciones políticas deben pues traducirse en la práctica.
Políticos y académicos insisten en la idea de que para dar respuesta a los retos de la nueva sociedad de la información se requiere creatividad y conocimiento. Creatividad y conocimiento son conceptos mucho más amplios que los estrictamente vinculados a actividades económicas ligadas al uso de nuevas tecnologías. Creatividad y conocimiento implican pensar en modelos de crecimiento económico novedosos y alternativos. El desarrollo económico y social a largo plazo emerge, no sólo de la capacidad de atraer un grupo específico de empresas, sino también y de forma muy especial, de la solidez de las relaciones sociales que se encuentran en los activos productivos ligados a un espacio y tiempo concretos.
Ante los retos que suponen la globalización de la economía, el sector público en Barcelona puede y debe desplegar los mecanismos necesarios para asegurar que la participación ciudadana no se de tan solo a nivel formal sino real. De la misma forma que el Ayuntamiento ha fomentado la relación público-privada por considerarla básica para el futuro desarrollo de Barcelona, con el fin de encontrar respuestas innovadoras y efectivas, la administración debe capitalizar en el capital social y humano de su ciudad. Para ello es necesario en primer lugar consolidar mecanismos la inclusión de la sociedad civil en la gobernabilidad local y en segundo lugar, hace un esfuerzo constante y crítico para escapar a la instrumentalización de la participación ciudadana que muy a menudo tiene lugar en los regímenes locales norteamericanos. En definitiva, se trata de reconocer y capitalizar en el valor del capital humano, social y urbano existente. Futuros estudios y análisis deben profundizar en este debate.
[*] La autora desea agradecer al Departamento de Geografïa de la Universidad Autònoma de Barcelona, y muy especialmente al Dr. Antoni Tulla y la Dra. Montserrat Pallarès su constante apoyo e interés. De forma muy especial también mencionar las facilidades y el constante estimulo intelectual recibido por parte del profesorado del College of Architecture + Planning de la Universidad de Utah en donde se redactó este trabajo. Finalmente señalar que las sugerencias de dos evaluadores anónimos han ayudado a ampliar bibliografía, corregir errores, y actualizar información.
AJUNTAMENT DE BARCELONA Sectores Estratégicos con Marca Barcelona. 2005. http://w3.bcn.es/fitxers/bcn-negocis/sectoresestrategicoscast.690.pdf [12 de Febrero de 2007].
AJUNTAMENT DE BARCELONA 2000. MPGM (Modification of the PGM (General Municipal Plan) for the Renovation of the Industrial Areas of Poblenou 2000 <http://www.bcn.es/22@bcn/engl/planesyproyectos/plan22@/index.html> [10 Diciembre 2006]
BALIBREA, Mari Paz. Barcelona: del modelo a la marca. In Forum de cultura, democratizem la democràcia. 19 noviembre 2006. <http://www.e-barcelona.org>
CASELLAS, Antònia. The Barcelona Model?: Agents, Policies and Planning Dynamics in Tourism Development. Tesis Doctoral. Department of Urban Planning and Policy Development. 2003. Rutgers, the State Uniersity of New Jersey.
CASELLAS, Antònia. Aproximaciones teóricas para el análisis de la transformación urbana. Urban regime analysis en el contexto europeo. Documents d’Anàlisi Geogràfica, nº 46, 2005 p. 139-147
CASELLAS, Antònia. Las limitaciones del “modelo Barcelona”: Una lectura desde Urban Regime Analysis. Documents d’Anàlisi Geogràfica, nº 48, 2006, p. 61-81.
CAPEL, Horacio. El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005.
CAPEL, Horacio. De nuevo el modelo Barcelona y el debate sobre el urbanismo barcelonés. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 629, 25 de enero de 2006. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-629.htm>.
CAPEL, Horacio. El debate sobre la construcción de la ciudad y el llamado Modelo Barcelona de Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol XI, nº 23, 15 de febrero del 2007 <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-233.htm>
DELGADO, Manuel. Elogi del vianant. Del ‘model Barcelona’ a la Barcelona real. Barcelona: Edicions de 1984, 2005.
FLORIDA, Richard The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. Basic Books. 2002.
FLORIDA, Richard Cities and the Creative Class. Routledge. 2005.
GARCIA AYER, Marta. La Generación Precaria. 2006. Editorial Espejo de Tinta.
GDANIEC, C. Cultural industries, information and the regeneration of post-industrial urban landscapes. Poblenou in Barcelona – a virtual city? GeoJournal, 2001. 50. pp. 379-387.
HACKER, Jacob. The Great Risk Shift: The Assault on American Jobs, Families, Health Care, and Retirement and How You Can Fight Back. 2006. Oxford University Press.
HACKLER, Darrene. High-tech growth and telecommunications infrastructure in cities. Urban Affairs Review. 2003, (39:1), pp. 59-86.
HAJER, M. Policy without polity? Policy analysis and the institutional void, Policy Sciences 2003. Vol 36 p. 175-195.
HEEREN, Stefanie von. La remodelación de Ciutat Vella. Un análisis crítico del modelo Barcelona. Con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Barcelona: Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 2002.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Cifras INE. La distribución de los salarios. Boletin Informativo del Instituto Nacional de Estadística. Marzo 2005 < http://www.ine.es/revistas/cifraine/0305.pdf> [ 10 de Marzo del 2007]
JESSOP, Bob. Liberalism, neoliberalism and urban governance: A state-theoretical perspective, Antipode 2002. p.452-472.
LEVINE, Marc. “Downtown redevelopment as an urban growth strategy: A critical appraisal of the Baltimore renaissance”. Journal of Urban Affairs. 1987. (9:2), pp.103-124.
LEVINE, Marc. “Tourism, urban redevelopment,
and the world-class city: The cases of Baltimore and Montreal”. En C. Andrew, P. Armstrong, and
A. Lapierre eds. World Class Cities. Can
LEVINE, Marc. “Third world city in the first world: Social exclusion, racial inequality, and sustainable development in Baltimore, Maryland”. En M. Polèse, and R. Stren eds. The Social Sustainability of Cities: Diversity and the Management of Change. Toronto: University of Toronto Press, 2000. pp. 123-156.
LLEI D´URBANISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 2002. http://civil.udg.es/normacivil/cat/Reals/L2-02.htm
MARKUSEN, Ann. "Urban Development and the Politics of a Creative Class: Evidence from the Study of Artists" Environment and Planning A, 2006. Vol.38 N.10, p.1921-1944.
MARKUSEN Ann y Gregory SCHROCK. "The Artistic Dividend: Urban Artistic Specialization and Economic Development Implications". Urban Studies, 2006. Volume 43, No. 10: 1661-1686.
MARTI COSTA, Marc. Poblenou entre la continuitat i la substitució. Una aproximació a la governanca urbana de Barcelona a patir de l’ anàlisi del Pla 22@ bcn (1995-2205). Memoria de recerca del Doctorat de Sociología. 2005. Universitat Autònoma de Barcelona.
McNEILL, Donald. Mapping the European urban left: The Barcelona experience. Antipode, 2003. (35:1), pp 74-94.
MOIX, Lluis. La Ciudad de los Arquitectos. Barcelona: Crónicas Anagrama. 1994.
NORMAS REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA aprobadas en Noviembre del 2002 <http://www.bcn.es/participacio/catala/pdf/normesreguladores.pdf>
PALLARES BARBERA, Montserrat y Antònia. CASELLAS. The “Barcelona Model”. Embodying new economy in inner city areas in the “22@bcn”. En proceso de aceptación Urban Studies 2007
PLA D' USOS PLATAFORMA CAN RICART http://www.salvemcanricart.org/documents/Can_Ricart_pla_usos_27-02-06.pdf [3 de Abril de 2007]
PLATAFORMA “SALVEM CAN RICART” < http://www.salvemcanricart.org>
RAVENTÓS, Francesc. La col·laboració público-privada. Barcelona: Fundació Bosch Gimpera, Universitat de Barcelona (Colección Aula Abierta, Model Barcelona. Quaderns de Gestió, nº 8), 2000.
ROSS H. Bernard Y Mirron A. LEVINE Urban Politics. Power in Metropolitan America. Wadsworth Publishing. 7 Edition. 2005
SELFA, Jordi. Procesos de transformación urbana en la Barcelona postolímpica desde la perspectiva de la Nueva Geografía Cultural. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 2005. (60), pp. 109-125.
SWYNGEDOUW, Erik. Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-the-state. Urban Studies Vol 42, No. 11, Octubre 2005 p. 1991-2006.
STONE, Clarence. Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence: University Press of Kansas. 1989.
TATJER MIR, Mercedes. Fontseré a Can Ricart. La fabrica de Can Ricart i l’actuació de Josep Fontseré i Mestre. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 10 octubre 2005 a vol. X, nº 607 <http://www.ub.es/geocrit/b3w-607.htm>
TATJER MIR, Mercedes. Josep Oriol Bernadet (1811-1860) i la seva aportació a la ciencia, la tècnica i l’arquitectura del segle XIX. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 2005 b, vol. X, nº 582 <http://www.ub.es/geocrit/b3w-582.htm>
TATJER, M., M. URBIOLA, i GRUP DE PATRIMONI INDUSTRIAL DEL FÒRUM RIBERA BESÒS. Can Ricart. Estudi Patrimonial (Sintesi). Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 2005, vol. X, nº 598 <http://www.ub.es/geocrit/b3w-598.htm>
UNIÓ TEMPORAL D'ESCRIBES (UTE). Barcelona marca registrada. Un model per desarmar. Barcelona: Virus Editorial, 2004.
22@Barcelona <http://www.22barcelona.com > [15 Marzo 2007]
ZUSMAN, Perla. Activism as a Collective Cultural Praxis: Challenging the Barcelona Urban Model. In D. Fuller & R. Kitchin (Eds.) Radical Theory / Critical Praxis: Making a Difference Beyond the Academy? 2004. pp.132-146. Vernon and Victoria, British Columbia: Praxis (e)Press. Retrieved from www.praxis-epress.org/rtcp/pz.pdf
© Copyright Antònia Casellas, 2007.
© Copyright Scripta Nova, 2007.
