LA LUCHA POSTAL POR EL TERRITORIO

Antonio T. Reguera Rodríguez
Departamento de Geografía. Universidad de León
atregr@unileon.es

La lucha postal por el territorio (Resumen)

La lucha por el territorio es un motor esencial de la Historia, lo que implica a la Geografía y a la Historia en un mismo cuerpo de conocimientos. Hablamos entonces de la dimensión espacio-tiempo que envuelve la existencia humana sobre la Tierra. Pero esta lucha, como práctica, la dirige la Política, dominando, repartiendo y organizando el territorio. Operativamente se ha generalizado el modelo de Estado-nación o de Estado-federación, con un diferente grado de rigidez o de flexibilidad compositiva, que, sin embargo, no ha podido superar la idea de Estado abierto, cuyo orden territorial se ve sometido a tensiones, reivindicaciones y conflictos armados. Surgen entonces las disputas fronterizas, los “territorios en litigio”, las “zonas en reclamación”, las “tierras prometidas” o, simplemente, las identidades territoriales. Lo mismo que no hay Historia sin territorio, podemos entender que no haya sellos de correos sin mapas, con la circunstancia, que ahora consideramos, de que una parte de esas microformas aluden directamente a la lucha en cuestión. Se establece, en consecuencia, una clara imbricación entre Filatelia y Política, tal y como se puede comprobar en los ocho casos estudiados.

Postal territorial conflicts (Abstract)

Territorial conflicts have been the fundamental driving force behind History, with the result that both Geography and History share the same body of knowledge. This paper research addresses, therefore, the time-space dimension which embraces all human existence on the planet. However, in practice, this conflict is directed through Politics, conquering, distributing and organising territorial possessions. At an operative level, the Nation State and Federation State models have been widely adopted, although with differing levels of rigidity and flexibility regarding composition. Nevertheless, these models have not completely displaced the idea of an open State, whose territorial organisation in subject to tensions, territorial aims and armed conflict. From this situation arise border conflicts, disputed territories, areas subject to reclamation, or “the Promised land”, with their attendant regional identities. Just as there is no History without territory, so we could conclude that there are no postal stamps without maps, with the result that these micro-objects can be considered to be a direct reflection of the conflict in question. Between Philately and Politics, therefore, a direct inter-relationship is established, as can be seen in the eight case studies.

Geografía, filatelia  y política

Un pequeño trozo de papel, habitualmente de forma cuadrangular, con timbre oficial, que acredita el pago de una tasa por la realización de un servicio postal es algo completamente insignificante para la mayoría de las personas que utilizan el servicio postal y abonan la tasa correspondiente. Solamente un reducido número de coleccionistas y curiosos presta alguna atención a las estampillas de Correos; y debemos entender que el mero interés acumulativo y el entretenimiento clasificatorio no explican por sí solos esta atención. Alguna sensibilidad específica desarrollada en circunstancias nada homologables incita a mirar un sello como si se tratara de una ventana abierta al mundo, por la que podemos observar las representaciones consideradas significativas de algo por el organismo estatal que previamente seleccionó su contenido. Evidentemente los sellos de Correos contienen información, conocimiento y propaganda; también, reivindicaciones, si logramos demostrar que además de una Filatelia descriptiva que atiende a la clasificación temática y ordenación de series, puede existir una Filatelia creativa que se ocupa de elaborar discursos ideológicos y políticos, cuya efectividad propagandística no radica tanto en las dimensiones del soporte, como en la reiteración en la difusión a raíz de la impresión de tiradas millonarias. Esta es nuestra hipótesis.

Cuando hablamos de la lucha postal por el territorio hemos de empezar diferenciando la categoría de la anécdota. La categoría es la lucha, que nos remite a algo esencial en la historia y en la supervivencia de las sociedades; mientras que el atributo postal atiende sólo a alguno de los medios que se utilizan para difundir ideas, mensajes y reivindicaciones relacionados con la contienda. En consecuencia, debemos exponer con la claridad que nos sea posible los propósitos tanto generales, como particulares de nuestro trabajo, antes de centrarnos en el desarrollo del mismo, que será el estudio de casos o de luchas concretas en su contexto geohistórico.

La tarea del filatélico puede ser ciertamente enciclopédica, pero nosotros solamente pretendemos poner un cierto orden en el Álbum y colocar el acento en algunos contenidos o temas que hacen ostensible la dimensión territorial de las sociedades humanas. A esto lo denominamos Geografía y Filatelia, siendo esta, de momento, la casilla elegida. Pero en lo que entendemos por geografía se contiene un amplio campo de interacciones que es preciso diferenciar para mejor comprender el modo como la dimensión espacio-tiempo envuelve la existencia humana sobre la Tierra. Y viceversa, el modo cómo el discurso político desenvuelve su contenido para mostrarnos el papel que el territorio juega en su elaboración, en su articulación y en su justificación.

Nos encontramos en primer lugar una geografía influida por múltiples discursos políticos. Un fondo geográfico acompaña a una idea, a un plan o a una reivindicación, de cuya universalidad pretende dar fe la imagen de un mundo cerrado, global, que transmite la idea de una Tierra geomórfica, al mismo tiempo que la de la unicidad de la especie humana. El mapamundi incrustado en el “corazón del Imperio” es una de las imágenes de mayor ternura que nos ha ofrecido la Filatelia; pero al mismo tiempo las referencias, por ejemplo, a la FAO no dejan de cargar nuestras conciencias recordándonos cuál ha de ser la prioridad de nuestros afectos. Por otra parte, un mundo mejor comunicado, debería ser un mundo más abierto al diálogo, la cooperación y la solidaridad (Figuras 1, 2 y 3); pero lo cierto es que son los bloques de poder enfrentados o expectantes los que gobiernan el mundo. Geoestrategia, geopolítica, capitalismo y sistemas de creencias tan arrogantes como irracionales concitan grandes fuerzas enfrentadas, por todos los medios, con una marcada territorialidad que la ideología de la globalización no puede ocultar. En cuanto a las reivindicaciones, sirvan algunas manifestaciones, como la organización del movimiento de los no alineados, o de grandes regiones y continentes enteros que buscan paliar los desequilibrios geopolíticos y geoeconómicos (Figuras 4, 5, 6 y 7).

Vemos, en consecuencia, como la política va mostrando su presencia en la Filatelia a diferentes escalas; pero alcanzará su principal objetivo cuando haga del espacio cuadrangular de una estampilla la representación de un territorio que goza de soberanía estatal. Todos los países se han ocupado de diferenciar los límites de su territorio, lo que debe ser interpretado como un elemental gesto de afirmación de su identidad (Figura 8). Estamos hablando de espacios vacíos, cerrados por una línea que representa las fronteras oficiales, haciendo circular imágenes geográficas de muy fácil identificación; a veces con la sobreimpresión de la bandera respectiva (Figura 9). La función didáctica de estas representaciones debe estar más acentuada en los casos en los que las emisiones filatélicas estén relacionadas con un proceso de independencia reciente, que transcurra en paralelo o que sea la culminación de un movimiento reivindicativo, como ocurre con el caso de Namibia, por ejemplo (Figura 10).

Pero el mismo mapa puede ser interiorizado con un mayor aprovechamiento si el espacio vacío intrafronterizo que encierra se le añaden algunos de los contenidos políticamente relevantes, como son las comunicaciones, los recursos, la parcelación político-administrativa o la diferenciación lingüística, a través de los cuales el conjunto geopolítico que llamamos Estado resuelve el ejercicio de la soberanía territorial (Figuras 11, 12 y 13).

La visualización de los subconjuntos estatales, en forma de estados federados, departamentos, comunidades, regiones, länders, provincias o condados, nos permite apreciar, más allá de los componentes de la estructura general, los problemas y conflictos que subyacen en la organización territorial de muchos Estados. La serie alemana dedicada a difundir la imagen territorial de sus länders parece tener una mera finalidad descriptiva, y lo mismo la serie de estados federados venezolanos; pero la emisión conjunta de Bélgica y Holanda difundiendo la imagen de una región, Limburg, fraccionada por la frontera que divide ambos países, no deja de llamar la atención sobre la frecuencia de los artificios fronterizos, aunque no alcance este caso el diagnóstico de herida abierta y sangrante sobre la piel de ambos países. Sin embargo, la estampilla con la que se conmemora la aprobación del Estatuto de autonomía de la Comunidad Foral de Navarra, presentando el territorio de ésta rodeado de provincias y no de otras Comunidades Autónomas, denota los problemas de organización, los complejos de identidad y el arribismo diferencial que corroen la estructura territorial del Estado español (Figuras 14, 15, 16 y 17).

 El orden territorial de los Estados es el resultado de un acuerdo o el fruto de una imposición. Obedece a unos determinantes políticos con fuertes influencias geográficas, económicas y culturales, y perdura siempre que el equilibrio de fuerzas que lo generó permanezca estable. Pero en política la relación de fuerzas es imprevisible, por lo que no podemos acudir a las leyes de la física para buscar explicaciones; si acaso, a su lenguaje para proponer alguna metáfora. En conclusión, las estampillas de los Servicios de Correos nos pueden ofrecer pequeñas lecciones sobre geografía política. Pero si este trabajo lo titulamos La lucha postal por el territorio es porque la parte fundamental del mismo incluye varios estudios particulares de otros tantos casos de órdenes territoriales abiertos o al menos cuestionados. Los Estados implicados han sido y siguen siendo protagonistas de reivindicaciones, tensiones y guerras abiertas, en las que se ha puesto en cuestión el trazado de una frontera y con él el dominio sobre un territorio. El reflejo que estos problemas han tenido y siguen teniendo en las emisiones postales puede ser objeto de estudio, logrando acaso algún aprendizaje sobre su contenido y sobre el significado de su reproducción en millones de pequeños soportes asociados a la comunicación epistolar.

Polonia. La penúltima reconstrucción de su territorialidad

La estampilla que reproducimos para su estudio nos muestra la cabeza de Wladyslaw Gomulka, que fue durante varios periodos secretario general del Partido de los Trabajadores de Polonia y miembro del Gobierno de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. En el fondo se percibe con claridad el perfil del nuevo mapa de Polonia, en el que se aprecia con una coloración diferente los territorios que a costa de la Alemania vencida integran ahora el territorio de su Estado. La integración de estos territorios, denominados “occidentales” o “recuperados”, en la nueva estructura del Estado polaco fue dirigida por Gomulka desde un Ministerio específico, entre los años 1947 y 1949, explicándose así la relación de contenidos que se hace en la estampilla. Las expresiones textuales aluden al carácter conmemorativo que cuarenta años después se quiere dar a los acuerdos posbélicos sancionadores de la nueva territorialidad, afirmando: “estuvimos, estamos, estaremos. 40 aniversario de las tierras recuperadas 1945-1949” (Figura 18).  Pero el territorio que hoy representa a Polonia es el resultado de un balance con pérdidas y ganancias. Las pérdidas de territorio conquistado por los polacos en el este beneficiaron a Rusia y fueron compensadas con las ganancias a costa de Alemania. Pero de las pérdidas la estampilla no deja constancia, transmitiendo a los polacos la idea de una territorialidad de ganancias netas. Si contrastamos el contenido de la estampilla con los acontecimientos históricos a los que se refiere, la lección de geografía política que pretende trasmitirnos debe ser completada y para su entendimiento, contextualizada.

Durante los últimos siglos Polonia ha vivido determinada por una dialéctica geohistórica implacable. Su territorio forma parte de la “zona de fractura geopolítica” [1], que desde el Egeo hasta el Báltico confronta fuerzas opuestas, en especial las germanas y las eslavas, generando una intensa actividad política. En el caso de Polonia la tensión potencial de la zona es mayor, ya que su supervivencia como Estado parece estar asociada a la existencia de una confrontación con ganadores y perdedores. Podríamos formular esta hipótesis con mayor precisión: en medio de la confrontación tradicional entre Rusia y Alemania la supervivencia de Polonia depende de que uno de los dos contendientes ha de ser provisionalmente un perdedor. Polonia se configura entonces como un “estado almohadilla”, protegido por una o por varias potencias implicadas en los equilibrios de poder euroasiáticos. Sobre la “almohadilla” descansa la cabeza del guerrero hasta que se presenta la ocasión de un nuevo reparto. El último que conocemos lo decidieron los ministros representantes de la URSS y de Alemania en el pacto de 1939, después de que Hitler hubiera anunciado “una política oriental para adquirir la tierra necesaria para nuestro pueblo alemán” [2], y los rusos hubieran fijado una línea de intereses soviéticos siguiendo los cursos fluviales del San-Vístula-Narew, que llegaba hasta Varsovia. Así las cosas, los acontecimientos que en centro Europa anunciaban el repliegue y la derrota final de Alemania iban marcando el devenir del propio Estado polaco, cuyo gobierno en el exilio había confiado su suerte a las potencias occidentales que soñaban con una Polonia democrática y prooccidental. Pero una Polonia liberada por el empuje del Ejército soviético debía pagar dos facturas: la de la propia liberación y una vieja factura pendiente desde la finalización de la Primera Guerra Mundial. El acreedor de ambas era Rusia, o la URSS.

En 1918 el general Josef Pilsudski proclama la República de Polonia, al mismo tiempo que iniciaba una política de expansión territorial hacia el este y hacia el oeste, enfrentándose a rusos y alemanes. Una Polonia limitada por el Oder y el Vístula era una concreción inaceptable para los polacos que, como el general, soñaban con un territorio limitado por el Oder, el Duina y el Danubio, o redondeando, con el triángulo cuyos vértices llegaban al Báltico, al Negro y al Adriático. Los aliados comprendieron de inmediato que los polacos debían ser reconvenidos, incluso en la parte de las conquistas territoriales que pretendían a costa de Rusia. Fruto de esta llamada de atención será el trazado de la línea Curzon en 1919.

El ministro de Asuntos Exteriores británico Lord Curzon actúa de mediador en el conflicto ruso-polaco de 1919-1920 proponiendo un trazado fronterizo entre ambos países siguiendo un criterio étnico: poblaciones polacas al oeste de la línea y poblaciones bielorrusas y ucranias al este. Parecía ciertamente una solución muy razonable para lograr un armisticio, pero no es aceptada por las partes, y los polacos que lograron la victoria en esta guerra imponen a los rusos en el Tratado de Riga de 1921 un desplazamiento de frontera hacia el este, incluyendo una franja que llegaba a alcanzar hasta 250 kilómetros con respecto a la línea Curzon, o también llamada “frontera étnica” [3]. Consecuentemente la Rusia blanca y Ucrania quedaban partidas en dos por una frontera que se aproximaba mucho a una línea recta entre Leningrado y Odessa. Obviamente Moscú esperaba la ocasión para revocar este trazado, siendo esta la factura pendiente que tenía con Polonia y a la que nos hemos referido más arriba.

Ya señalamos que el pacto Ribbentrop-Molotov de 1939 incluía el reparto de Polonia, y por tanto su desaparición, lo que no contradice nuestra hipótesis, que relacionaba la supervivencia de Polonia con la existencia de un perdedor. Pero tras el ataque de Alemania a Rusia, la política de ésta para centro Europa ante la expectativa de una Alemania derrotada tiene nuevos objetivos, entre los que figura la pervivencia de una Polonia independiente con varias condiciones; condiciones que los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre los años 1943-1945, no tendrán más remedio que ir aceptando por la incuestionable razón de que ahora en la zona de fractura geopolítica centroeuropea la potencia indiscutible es el Ejército Rojo.

En primer lugar, en varias Conferencias, las de Teherán, Yalta y Postdam, en las que se trató la “cuestión polaca” se fue imponiendo la idea de que la línea Curzon podía seguir siendo el referente para trazar la frontera ruso-polaca. Finalmente la URSS y Polonia firman un acuerdo el 16 de agosto de 1945 aceptando este trazado. La URSS obtenía así el reconocimiento de su preferencia sobre los denominados “territorios polacos del Este” (Véase Figura 19), y lo que era tanto o más importante para sus intereses estratégicos, recibía Königsberg y una parte de la Prusia oriental como directo botín de guerra. Era este un pequeño trozo de Alemania que Stalin en cualquier caso hubiera tomado, después de haber hecho pública la razón que le impulsaba a ello: la imperiosa necesidad que la URSS tenía de un puerto libre de hielos [4].

La segunda condición que la URSS acepta, o más bien impone, es una Polonia independiente, progresivamente inclinada hacia el bloque soviético, bajo la gestión de gobiernos provisionales que lograron ocupar el vacío dejado por el gobierno en el exilio londinense en los momentos clave de la derrota final de Alemania y de la reconstrucción posbélica. Quedaba, por último, definir las fronteras que una Polonia reconstruida tendría por el oeste; o dicho en otros términos, qué precio territorial pagaría la Alemania vencida para contribuir a la definición de la nueva territorialidad polaca. Al igual que había ocurrido con la línea Curzon, o frontera este, los participantes en las Conferencias citadas empiezan a considerar que la línea Oder-Neisse [5] sería una compensación muy generosa a favor de Polonia si a ella se ajustaba su frontera occidental. Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña avalan este gasto cargado en la cuenta de Alemania, pensando en el renacimiento de una Polonia que querían fortalecer como democracia “libre”. Los rusos ven asimismo con complacencia el desplazamiento hacia el oeste de una Polonia en la que ya estaban trabajando para su deriva hacia una democracia “popular”.

Después de un proceso lento ligado a las discusiones y acuerdos de las citadas Conferencias, aunque sin contratiempos destacados, fue en la de Postdam donde se tomó el acuerdo definitivo sobre la línea Oder-Neisse como frontera occidental de Polonia [6]. Los polacos no ocultaban su satisfacción al considerarse compensados de las pérdidas en el este; y al mismo tiempo, de alguna forma se hacía realidad el sueño de lo que los nacionalistas polacos tenían por la frontera “histórica” de su país, mucho más desplazada hacia el oeste que su frontera “geográfica”. Esta diferencia es la que explica el asentimiento que los polacos otorgan a su nuevo estatus territorial. Las ganancias en el oeste con la frontera en la línea Oder-Neisse eran muy importantes en cantidad y calidad de territorios. Incluían Silesia y su gran industria, que iba a disponer además para la exportación de sus productos del puerto y bahía de Stettin en la desembocadura del Oder, y la llanura agrícola comprendida entre la región central denominada Gran Polonia y el río Oder, previo desplazamiento de la población alemana que la ocupaba. En el norte, Polonia se abre al Báltico en un gran frente costero desde el golfo de Danzig hasta la bahía de Stettin, superando con creces las limitaciones del antiguo corredor de Danzig. Esta apertura no sería posible sin la anexión de la Pomerania oriental, a la que había que añadir la parte de la Prusia oriental no reservada a los rusos. Además, dada la configuración estructural de los Cárpatos occidentales y de los Sudetes, por los que serpenteaba la frontera entre Polonia y Checoslovaquia, se cumplía que la frontera entre Alemania y Polonia siguiendo la línea del Oder-Neisse era la más corta posible, la más segura y la más fácil de defender.

Si volvemos de nuevo a la estampilla podemos apreciar como el mapa que reproduce es idéntico al que se dibujó en 1945 con todos los cambios reseñados. De estos cambios destacan, con una coloración diferente, los que en el mapa se representan como “desplazamiento hacia el oeste” de Polonia. Cuarenta años después los polacos podrán sentirse satisfechos con las “ganancias” territoriales, pero tal vez hubiera sido más prudente no hacer exhibición filatélica de las mismas. Anthony Eden, sustituto de Churchill en la mesa de negociaciones ya como primer ministro, quiso hacer en 1945 la siguiente llamada de atención a “nuestros amigos polacos”: “así como ustedes cometieron la última vez una falta al empeñarse en avanzar tanto hacia el este, temo que cometan ahora otra al empeñarse en avanzar tanto hacia el oeste” [7]. Se refiere a los ajustes fronterizos después de las dos guerras mundiales, convencido de que la lucha por el territorio en las sociedades humanas no tiene plazos, determinando en consecuencia que las fronteras sean la expresión de fuerzas en movimiento.

Al mediodía del Karakorum, en el valle de la felicidad. El conflicto de Cachemira

Probablemente en ninguna otra región del planeta se esté más lejos de hacer realidad el deseo formulado en la estampilla, circulada por el Servicio Postal norteamericano, con el lema de “átomos para la paz” (Figura 20). India y Pakistán, dos potencias atómicas, mantienen durante décadas un conflicto enquistado que ha costado varias guerras y episodios frecuentes de violencia. Ambas se disputan el dominio o la influencia sobre Cachemira y procuran mantener la tensión y la propaganda a favor de sus posiciones también a través de la filatelia. Dos estampillas, una emitida por la India y otra por Pakistán acreditan la situación del territorio en disputa. Las contrastaremos después de perfilar una perspectiva histórica de los acontecimientos.

A la dominación británica sobre la India no le preocupó demasiado la fragmentación de este territorio en decenas de estados, principados o regiones independientes; en cierto sentido tal situación favorecía la implantación del nuevo orden territorial y político que debía sustentar el dominio. Si se consideraba útil se podía incluso acentuar la división creando provincias nuevas con la partición de otras muy consolidadas, tal y como hizo Lord Curzon, virrey entre los años 1901 y 1905, separando del Punjab los distritos situados al oeste del Indo para formar otra provincia, o partiendo la provincia de Bengala y provocando un profundo descontento entre los bengalíes que obligó a su anulación [8]. En estas condiciones, la idea nacional que promueven los partidos que trabajan desde principios del siglo XX por la independencia ha de superar obstáculos de naturaleza geopolítica, muy superiores a los meramente políticos o administrativos.

La adscripción religiosa de la mayoría de la población condicionó el criterio de reordenación política de las diferentes unidades territoriales en el momento de la independencia, razón por la cual en 1947 nacen dos países, India y Pakistán; éste con el propósito de agrupar todos aquellos territorios del Dominio británico que tuvieran mayoría de población musulmana. Este criterio favorecía sin duda la convivencia social en un entorno convulso, pero más que disipar tensiones las concentraba en las nuevas líneas fronterizas. Por otra parte, lo que la religión pudiera ayudar a la formación de las nuevas realidades políticas se ponía en cuestión por la evidente falta de coherencia geográfica, visible en la delimitación de un Pakistán Oeste y un Pakistán Este. Se creaba así el embrión de una nueva independencia, la de Bangladesh, que tal vez responda a otro tipo de coherencia general sobre la zona. Pero volvamos a nuestro objetivo concreto que es Cachemira.

Sobre Cachemira formulamos la siguiente hipótesis. Geográficamente es tan importante esta región que la India rompió el criterio general observado en la independencia de los dos países, India y Pakistán, siendo consciente de las consecuencias tan dramáticas que en el futuro iba a tener la ruptura para toda la zona. Al final de los años cuarenta, en el momento de la independencia, tres cuartas partes de la población de Cachemira eran musulmanas [9], por lo que no había dudas sobre el criterio de su integración en Pakistán Oeste. Sin embargo, el viejo principado era gobernado por un maharajá hindú que ante las presiones de la guerrilla musulmana pide ayuda a la India para conservar el poder y en su caso acceder a la independencia. El ejército indio acude en su ayuda, pero llevando por delante el precio de la operación: los territorios defendidos, u ocupados, serían incorporados a la India. Sobrevino así sobre la región una declaración de guerra, al no aceptar Pakistán una partición del territorio del antiguo principado. Pero esta partición es el resultado que de hecho se produce con la intervención de la ONU, fijando una línea de control que separa la Cachemira del norte, administrada por Pakistán, del territorio denominado Jamu y Cachemira, administrado por la India. Para mayor complejidad, China se sumó al conflicto ocupando la parte nordeste del principado, o altiplanicie de Aksai-Chin, territorio reivindicado por la India (Véase Figura 21).

Geográficamente y en su demarcación más restrictiva Cachemira es un valle, el valle del Jehlam, que por sus recursos, paisaje y clima ha sido mitificado como el “valle de la felicidad”. Una nueva versión del paraíso terrenal a los pies de otro Olimpo. El valle forma parte de las vertientes meridionales del Hindu Kush y del Karakorum, eminencias relacionadas con la mitología hindú. Pero no es este valle el motivo del conflicto en el que convergen los intereses de cuatro países: Afganistán, China, India y Pakistán. El conflicto está referido a un territorio mucho más amplio, de dimensiones regionales que se identifica básicamente con el suelo del antiguo principado de Cachemira. Esta Cachemira ampliada contiene un complejo entramado de rutas que comunican la cuenca del Indo con las mesetas del Tibet, del Pamir y el Asia central a través del Turkestán. Los desfiladeros son de difícil tránsito por su elevación, pero el de Dras en Cachemira es utilizable casi todo el año por ser el de menor altitud. Para la India, el país del Indo, ahora disociada de esta primitiva relación, Cachemira es la llave de las vías comerciales con sus vecinos del norte y noroeste. Al mismo tiempo, en Pakistán se valora como preferente otra situación geográfica. El control de Cachemira supone el control de las fuentes de varios ríos que forman el sistema fluvial del alto Indo. Esto es vital para un país que tiene sus mejores expectativas económicas asociadas a la relación entre obras hidráulicas, irrigación y producción agraria. Por geografías menos influyentes la superficie terrestre está salpicada de conflictos y de guerras abiertas.

India y Pakistán ya se han provocado mutuamente varias veces desde que en 1947 India comenzara a expulsar población pakistaní de la zona. La guerrilla musulmana provoca otra guerra abierta en 1965, conflicto que se reproduce en 1971 a propósito de las repercusiones en Cachemira de la independencia de Bangladesh. Los años finales del siglo XX, 1998 y 1999, han sido los de mayor tensión. Ambos países cumplieron con el ritual de presentación de armas realizando varias pruebas nucleares. Pero tal vez fuera el peligro de guerra nuclear inminente el que ha hecho recapacitar a ambos países en los últimos años, abriendo vías de diálogo sobre posiciones antes irrenunciables. Ni India, ni Pakistán habrían aceptado una Cachemira independiente; sin embargo, en octubre de 2004 el presidente Musharraf la incluía entre las posibles soluciones, pensando sin duda que en tal caso Cachemira se convertiría en un Estado musulmán. No obstante, también ofreció a la India las opciones del control conjunto indo-pakistaní o la desmilitarización del territorio que quedaría bajo control de la ONU [10].

El camino que conduciría a los acuerdos sobre alguna fórmula para la convivencia sigue plagado de obstáculos; pero uno más, excepcional, puede allanar los anteriores y enseñar a los contendientes que han de olvidarse de los enfrentamientos por el territorio para unir esfuerzos contra él. El terremoto del 8 de octubre de 2005, con epicentro en la Cachemira administrada por Pakistán y magnitud de 7,7 grados (Figura 21), después de haber dejado a 2,5 millones de personas sin refugio [11], convierte los juegos de la geopolítica en episodios ridículos frente a la seriedad y contundencia con la que se manifiesta la geodinámica interna.

En este contexto, podemos finalmente observar lo que las estampillas representan y el papel que juegan en la difusión de las dos ideas en lucha por el dominio de Cachemira. En una estampilla de tamaño mínimo, pero con varios valores que contribuyen a incrementar su difusión, se representa el mapa de la India (Figuras 22 y 24). Si observamos con detalle la parte superior del mismo vemos delimitada la Cachemira cuyo territorio coincide con el antiguo principado. Contrástese con el mapa de la Figura 21. Es decir, los Servicios Postales de la India incluyen en su mapa la reivindicación sobre una Cachemira completa, formada por la suma de las tres partes de la misma administradas por Pakistán, India y China. Los pakistaníes respondieron a este reto filatélico con una emisión que refleja su propia visión de la región. La Cachemira pakistaní la consideran plenamente integrada en su territorio, mientras que la india, bajo la denominación de “Jamu and Kashmir”, es presentada como área cuyo “final status not yet determined” (Figura 23). Las posiciones de ambos países reflejadas en las emisiones filatélicas recogen los momentos de mayor alejamiento en los que ambos contendientes parecen estar apostando por el todo o nada.

Palestina. Dos cuestiones y un único territorio

En el contexto geográfico del Oriente Próximo, Palestina ha sido durante siglos el epicentro de reiterados seísmos sociales. Un permanente vórtice de pueblos ha hecho que esta zona sea la más batida del planeta. Ha sido asimismo el centro de varios cosmos religiosos, generadores en su entorno de caos sociales y políticos. En el último siglo se ha puesto de manifiesto que el epicentro tiene una réplica en profundidad, un hipocentro mucho más perturbador que todos los acontecimientos geohistóricos hasta la fecha conocidos: el petróleo. Pero concretando, dos son ahora las cuestiones que nos interesan, la “árabe” y la “judía”. Dos culturas que convergen sin entenderse en la disputa por el mismo territorio. La imposibilidad de crear un único Estado integrador viene a demostrar el fracaso en la zona de las formas civilizadas de convivencia y el triunfo de las formas bárbaras de subsistencia, alimentadas por los sistemas de creencias irracionales y sus poderosas superestructuras. El día a día parece resolverse en los campos de batalla, adonde los dioses descienden para cobrarse su tributo en sangre. Una humanidad que se destruye a sí misma, deja indemne a los dioses; el camino de la civilización y la práctica del humanismo requeriría exactamente lo contrario.

La relación de acontecimientos significativos es inabarcable, pero si nos acercamos a los tiempos recientes el cuadro de potencias coloniales dominando la zona, al mismo tiempo que fomentan el nacionalismo y los deseos de independencia, nos muestran algo esencial del proceso al que aquí queremos referirnos. Este proceso tiene algunas fechas señaladas. La primera, el año 1920 en el que la Sociedad de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina y Transjordania, reservando el de Siria y Líbano para Francia [12]. En teoría el mandatario debería auxiliar en el ejercicio administrativo durante un periodo a las naciones bajo su tutela, cuya independencia se reconocía provisionalmente [13]. Los británicos dicen defender las aspiraciones árabes a una completa independencia; pero a nadie se le oculta que hacen un doble juego, después de la Declaración de Lord Balfour en 1917 aprobando la creación de un Estado judío en Palestina. Estado que fue proclamado el 14 de mayo de 1948. Antes se crearon las bases para esta proclamación con el apoyo a la emigración judía a Palestina.

En un documento filatélico (Figura 25), emitido por Israel con motivo del quinto centenario de la expulsión de los judíos de España en 1492, se sugiere una nueva diáspora cuyo destino era en este caso recorrer el Mediterráneo desde oeste a este; desde la Península Ibérica hasta Palestina. Este “destino manifiesto” sugerido en la Edad Moderna se convierte en un objetivo prioritario de la “causa judía” a finales del siglo XIX. Las principales instituciones del sionismo militante apoyan con todas sus fuerzas la colonización judía de Palestina, después de los pogromos de 1881 y 1882 en la Rusia zarista y tras la publicación del libro de Theodor Herze, El Estado judío, en 1896. También en las emisiones postales se ha querido dejar constancia de la formación de estas primeras colonias (Figuras 26, 27).

Durante el primer tercio del siglo XX los flujos de emigrantes no dejan de crecer, al igual que los conflictos entre los pobladores árabes y los nuevos colonos judíos. Gran Bretaña se limita a observar el proceso de gestación de una nueva realidad geopolítica, abandonando el paritorio cuando la nueva criatura pudo sostenerse sola en pie. En efecto, hacia mediados de los años treinta las cosas habían llegado a un punto en el que lo más diplomático era proponer la creación de dos Estados, algo que los árabes rechazan con determinación. Entre tanto la emigración judía que no cesa sigue incrementando la presión, hasta que, tratado el tema en la ONU en el año 1947, la Asamblea General aprueba la división de Palestina, los británicos renuncian al mandato y el Consejo Nacional Judío proclama el Estado de Israel. El acontecimiento tenía fecha del 14 de mayo de 1948 y supuso una declaración de guerra en toda la región. De un primer enfrentamiento, la aviación de los colonos israelíes salió victoriosa, comenzando un movimiento de huida general de la población palestina, distribuida en calidad de refugiados en los países vecinos. A ello también contribuyó el pavor generado tras el conocimiento de la masacre perpetrada por israelíes en la aldea de la colina de Deir Yassin el 9 de abril de este mismo año, en el contexto de las luchas por el control de Jerusalem, recordada por la filatelia de muchos países árabes con la expresiva figuración de un puñal clavado en la tierra sangrante de Palestina (Figura 29). En adelante dos problemas, uno humanitario y otro político, sobrecargaban la existencia de los Estados árabes de la región. ¿Qué hacer? Deciden seguir la guerra, pero por varios medios.

En el plan de reparto territorial aprobado por la ONU en 1947, la franja de Gaza, notablemente ampliada, más al norte incluso de Askalon, formaba parte del nuevo Estado árabe; pero aunque en el armisticio de 1949 quedó como territorio “ocupado por Egipto” [14], en adelante quedaría expuesto a la fricción inmediata. Una emisión filatélica de 1950 realizada en Egipto no oculta la protección especial que necesita esta “hermana menor”, recordando que “Gaza era parte de la nación árabe” (Figura 30).

La nacionalización del Canal de Suez que el presidente Násser decide en 1956 entra dentro del juego de envites posicionales que podían afectar al movimiento en la región y también al interoceánico por razones obvias. Al garantizar la libre navegación, de la que también se quiso dejar constancia filatélica (Figura 32), Egipto aseguró el éxito de la operación frente a las grandes potencias que se sentían concernidas y en algunos casos agraviadas, antes de que sus súbditos accionistas cobraran las indemnizaciones. Pero no pudo calmar a Israel, que veía en toda la operación un peligro para mantener su salida al mar por el puerto de Elath. Israel invade la Península del Sinaí, lo que fomenta el panarabismo y la difusión del ideario sobre una nación árabe. Estos movimientos se concretan en la creación en 1958 de la República Árabe Unida, la RAU o UAR, seguida de la Unión Federal de la anterior con Yemen. La RAU estaba formada por la unión de Egipto y Siria, y tal como se aprecia en la estampilla (Figura 31) debería ejercer un efecto de pinza sobre un Israel que se pretende invisible.

Al plan político de la RAU responde Israel en 1967 con la denominada “guerra de los seis días” y la anexión de los territorios intermedios respecto a Egipto, Jordania y Siria; es decir, la Península del Sinaí, Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. La historia que sigue está colmada de nuevas guerras, de avances y retrocesos territoriales, de planes de paz, con los que se gana tiempo y se pierde a la vez, y de nuevas invasiones, como la del Líbano por Israel en 1982 y en este mismo año de 2006. Es, en fin, la práctica de la ocupación y cierre de territorios haciendo imposible fórmulas de convivencia basadas en un reparto equitativo de los recursos la que niega una solución a este conflicto.

Si la solución de un único Estado se ha revelado imposible, debería haber dos, lo que excluye a su vez la negación del otro; del otro pueblo, de la otra causa. Resulta asimismo inadmisible que un pueblo se considere “elegido” y con derecho excluyente a ocupar una “tierra prometida”. Hacerlo en nombre de un Libro Sagrado supone un desprecio a la razón y debería suscitar el repudio unánime de la comunidad internacional. Pero es que tampoco se respeta la propia Biblia cuando sus versículos son manipulados para difundir mensajes políticos. Observemos la estampilla (Figura 28), emitida por Israel en el año 1976, estando aún muy reciente la guerra declarada por Egipto y Siria en 1973. Un alambre espinado en primer término delimita y protege la colonia o asentamiento que aparece en segundo plano; y en la cortinilla que cuelga del sello podemos leer un versículo de los Salmos que traducimos: “Pusísteles un límite, que no traspasarán”. ¿A quiénes se refiere el mensaje? Parece evidente que a las comunidades árabes vecinas con las que Israel compite por el mismo territorio o está en guerra declarada. Pues bien, los versículos del libro de los Salmos inmediatos al citado nos muestran que se está hablando de algo totalmente diferente a lo que pudiera resultar en ese momento de interés para legitimar la política de asentamientos. Veamos lo que dice el texto bíblico que contextualiza el versículo citado:

(Se trata sobre “Dios en la creación”)

      1-4.  (……)

5.          Has establecido la Tierra sobre sus bases, / para que nunca después vacilara.

6.          La cubriste del océano abismal como de un vestido, / y las aguas se detuvieron sobre los montes.

7.          A tu amenaza huyeron, / al fragor de tu trueno huyeron asustados.

8.          Y se alzaron los montes y se abajaron los valles / hasta el lugar que les habías señalado.

9.          Pusísteles un límite, que no traspasarán, / no volverán a cubrir la tierra [15].

Parece evidente que el límite puesto por Dios lo es a las aguas para que no vuelvan a cubrir la Tierra, no a los asentamientos de los hombres. Como geógrafos podríamos hablar de una confusión interesada entre la geografía física general y la geografía humana de Palestina. Siguiendo una lógica elemental, una política de fuerza es asistida por mensajes forzados que tratan de legitimarla.

El Sáhara Occidental. La colonización subrogada

La Sociedad Geográfica de Madrid celebra su setenta y cinco aniversario con la emisión de un sello conmemorativo en el que se representa la alegoría de una figura femenina señalando el noroeste de África en un globo terráqueo (Figura 33). Reflejaba esta imagen postal con gran precisión el principal objetivo que se había fijado la Sociedad tras el Congreso de Geografía Colonial y Mercantil de 1883 y del de Africanistas de 1908: promover y guiar el movimiento africanista en España, con una especial mención a la importancia de la colonia saharaui [16]. Este proceso tiene varias fases, que hemos desarrollado en otra parte [17], debiendo ahora atenernos a una concreción obligada. En el año 1883 comienza en efecto una práctica colonial sistemática que pone fin a una fase de interés ocasional de España por las costas del Sáhara en función del principio de “costa opuesta” que afectaba a las actividades pesqueras de Canarias. Con las conclusiones del Congreso de 1883 se relaciona una expedición española para el reconocimiento costero de un futuro protectorado. No tardaría mucho en convertirse en realidad, pues en la Conferencia de Berlín de 1885 para el reparto de África, se acepta la pretensión española de dominio sobre el Sáhara occidental. Seguirán otras expediciones, las declaraciones oficiales y los primeros puestos de control, pero el trazado de fronteras chocará con los intereses de otra potencia colonial, Francia, que se expande por la zona. Varios Tratados, de 1900, 1904, 1912, 1920, reordenan la zona [18], con notables recortes para España hasta la fijación definitiva de los límites del Protectorado español en los que se incluían el denominado “Sáhara español” e Ifni (Figuras 34 y 35).

Entretanto, las poblaciones indígenas no permanecen inermes. Es cierto que se suscriben pactos y que algunos jefes tribales se avienen a una sumisión amistosa, pero en los años treinta se registran ya choques violentos entre la resistencia saharaui y las potencias que dominan la zona, siempre preparadas para cobrar, mediante la represión, el precio de la pacificación. Un acontecimiento, en condiciones normales muy esperanzador para la economía de cualquier país, como el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Bucraa a finales de los años cuarenta, alimentará nuevas tensiones. Para los colonizadores el territorio que ocupan se revaloriza, al mismo tiempo que crece su desprecio hacia la población indígena. Ésta, por su parte, cada vez es más consciente de que se ha abierto el proceso de la descolonización general; y España sabe que tras su ingreso en la ONU en 1955 está obligada a rendir cuentas en este capítulo a la comunidad internacional. Pero la revocación de privilegios se hace por lo común con una lentitud desesperante. Además, tras la independencia de Marruecos en 1956, un nuevo contendiente con pretensiones “entra” en la zona a jugar su propio juego. En menor medida ocurre lo mismo con Mauritania y Argelia. El Marruecos independiente se forma con la anexión de Tánger y del Marruecos español, pero el rey Mohamed V reclama otros territorios: “Ifni, África occidental española o Río de Oro y Mauritania” [19]. Mostraba así sus pretensiones de construir un Imperio Cherifiano cuya frontera sur llegara hasta el río Senegal. Consecuentemente, a Marruecos de la política de descolonización sólo le interesaba la previsible retirada de España de la zona a corto plazo, pero de autodeterminación no quería oír hablar. Sin embargo, estos son los términos de los que más se discute en los foros internacionales en los años sesenta por mandato o requerimiento de la ONU. La Asamblea General aprobó en 1960 la “Declaración sobre la concesión de independencia para los países y pueblos coloniales”, exigiendo el fin del colonialismo [20].

 La ONU no solamente incluye al Sáhara occidental en el registro de territorios que debían ser descolonizados; proclama el “derecho inalienable” del pueblo saharaui a la autodeterminación, pidiendo a España que proceda en consecuencia [21]. Entretanto, Marruecos sabe que se impone una espera vigilada. En 1966 celebra el décimo aniversario de la proclamación de la independencia y del significado del acontecimiento quiso dejar constancia postal con una representación muy recatada de su propio territorio (Figura 36). Ni por el este, ni por el sur se concreta la línea fronteriza. Por el sureste Marruecos reivindicaba el llamado Sáhara argelino, un triángulo hacia el oeste con base en el meridiano 0 y vértice en Tindouf. Y por el sur, ya lo sabemos, la reclamación era de todo el Sáhara occidental, después de haber obtenido de España la cesión de Ifni en 1969.

Los años setenta son años de lucha abierta por el territorio. Del pueblo saharaui, cansado de reclamar la autodeterminación y de sufrir represiones, nace el Frente Popular de Liberación, o Frente Polisario. Marruecos ha pasado a la acción para recibir, o tomar por la fuerza, el traspaso de poderes. Y la ONU sigue reclamando la organización de un referéndum que España debía tutelar. España se encontraba, por tanto, en el centro de un triángulo cuyos vértices representaban tres fuerzas; situación de la que no supo salir ni con autoridad, ni con dignidad, simplemente se retiró, o huyó, sin asumir la responsabilidad que la ONU exigía  a las viejas potencias que habían ejercido el dominio y el lucro en las colonias durante décadas e incluso siglos. No fue capaz de ejecutar el mandato que exigía la realización de un referéndum, fuente de legalidad y legitimidad para los nuevos titulares del poder en la zona. En 1974 tenía elaborado ya un Censo de población saharaui a ese fin. Tampoco tuvo el valor de negociar con el Frente Polisario el traspaso de poder para la creación de la nueva República. Y finalmente no pudo, o no quiso tal vez, hacer frente a la inminente ocupación del territorio del Sáhara por Marruecos. Mientras España se retiraba, el Ejército de Marruecos invadía el Sáhara abriendo camino a la Marcha Verde, un contingente de 350.000 civiles que Hassan II envío a tomar posesión de los nuevos territorios que su padre ya había puesto en el punto de mira hacía veinte años.

Todavía tuvo España la poca fortuna de escenificar el denominado “Acuerdo tripartito de Madrid”, formalmente una “Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, firmada en Madrid el 14 de noviembre de 1975. Sin la presencia de ningún representante saharaui, los firmantes, con Carlos Arias Navarro de anfitrión, declararon (principio 3º): “será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá (Asamblea General)” [22]. Lo que realmente se firma es el traspaso de la administración del territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania que literalmente se lo reparten. En Bir Lehlu, un territorio liberado, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976. Aparentemente las posiciones de guerra van cambiando, pero sólo Marruecos avanza hacia sus objetivos y lo hace con la determinación del conquistador implacable. Cuando Mauritania se retira del Sáhara, Marruecos le sustituye en una ocupación ahora total. Total y al mismo tiempo cualitativamente perfilada cuando construye los muros que protegen el llamado “triángulo fértil”, un ecumene económico que incluye el Aaiún, la zona de los fosfatos y la de mayor población.

La agresión, la conquista, los desplazamientos de población, los campos de refugiados han incrementado hasta tal punto la tensión que Marruecos se ve obligado a prestarle alguna atención a la parte discursiva de su política sobre el Sáhara. El rey de Marruecos acepta en 1981 la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui ante los representantes de los países que asisten a una conferencia de la Organización para la Unidad Africana, pero al mismo tiempo comienza el trabajo para hacer imposible su celebración. Diez años después, en 1991, entra en vigor un Plan de Paz, aprobado el año anterior, que incluye una Misión Especial de la ONU que ha de trabajar sobre el terreno como fuerza de interposición y como garante de la celebración de un referéndum que se prevé inmediato. Exactamente el 26 de enero de 1992. Pero en este asunto y tras casi dos décadas de conflicto con guerra abierta, ya ha quedado claro que la ONU propone con sus Resoluciones y sus Planes y que Marruecos dispone. Y de momento su disposición es la de la ocupación y colonización con traslados sistemáticos de población marroquí al Sáhara. En los años noventa se reiteran las “marchas” con las que Marruecos dice a la ONU, a sus enviados a la zona, a sus vecinos y a los saharauis que si llega un día en el que el referéndum se celebre realmente, eso ocurrirá cuando tenga la completa seguridad de que lo va a ganar. ¿Cómo? Neutralizando a la población saharaui con un número superior de población marroquí, y haciendo imposible que los nuevos pobladores voten en contra de la posesión de las tierras que se les han entregado.

Lógicamente lo que ocurre en el sur no es independiente de la situación que se produce en el norte. La geopolítica une al Sáhara con el área del Estrecho. La fortaleza consentida que Marruecos demuestra con su empuje hacia el sur es una compensación por su debilidad en el norte, donde Estados Unidos, Gran Bretaña y España protagonizan varios agravios presenciales. La defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui ha estado durante los últimos años bajo las gestiones, en calidad de enviado especial del secretario general de la ONU, de James Baker, antiguo jefe de la diplomacia norteamericana. Su contribución a la solución del conflicto ha sido la elaboración de un Plan o Estatuto de autonomía para el Sáhara occidental que sanciona la soberanía de Marruecos sobre el territorio, excluyendo toda opción de autodeterminación y por lo tanto de independencia. No sería, en consecuencia, necesario el tan controvertido referéndum, evitando a la ONU cuantiosos trámites y gastos relacionados con la repatriación, reasentamiento, transporte, comunicación e identificación y protección de los refugiados; pero eso sí, serviría de aliciente para un ejercicio renovado de una solidaridad internacional que se nutre de la justicia que se niega a algunos pueblos.

Durante el año 2001 Marruecos no oculta las manifestaciones que denotan el triunfo o el avance de sus posiciones políticas. Se pronuncia a favor del Acuerdo Marco o Plan Baker, que le otorgaba la soberanía sobre el territorio y proponía la solución definitiva sobre su administración. El rey Mohamed VI celebra con su viaje al Sáhara el vigésimo sexto aniversario de la Marcha Verde, queriendo con su presencia en el territorio rubricar el certificado de soberanía sobre el mismo que su ejército y su pueblo han ido rellenando en las últimas décadas. Pero también pretende que sus conquistas reciban el reconocimiento, o al menos la indiferencia, de la comunidad internacional. Para este propósito la fuerza disponible es el Cuerpo Diplomático. Una emisión filatélica (Figura 37), con la que se pretende recordar los cincuenta y cinco años de un Marruecos independiente (1956-2001), alude precisamente al trabajo circunterrestre de la diplomacia marroquí, al objeto de defender la conquista del Sáhara occidental, cuyo territorio aparece incorporado a Marruecos bajo el efecto inequívoco de una única y destacada coloración.

Ninguna de las opciones políticas que se han contemplado en los últimos años convence a una o a las dos partes en conflicto. Ni el principio de autodeterminación, ni el de autonomía, ni la partición del territorio han podido ser la base de una ulterior negociación. La guerra abierta o latente continuará mientras el ejercicio de la fuerza proporcione réditos políticos o territoriales. La ONU por su parte parece haber entrado en una fase de resignación respecto a la política. De la dirección y tutela del proceso de descolonización ha pasado al activismo humanitario, tratando de amortiguar los efectos de los hechos consumados. En el Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, de enero de 2003 [23], se sigue hablando de la previsión de la “libre determinación”, al mismo tiempo que se reseñan los trabajos ya muy avanzados de una Comisión de identificación de votantes en el referéndum, pero Kofi Annan concluye que “la responsabilidad de una culminación positiva de las gestiones debe recaer exclusivamente en las partes en conflicto”, algo de lo que la historia reciente no ha hecho sino acumular pruebas en contrario. Consciente, en fin, de que la ONU debe realizar con el pueblo saharaui una labor subsidiaria y paliativa respecto al territorio que no posee, el Informe se centra en los programas de ayuda y de vigilancia llevados a cabo con muchas dificultades, porque para Marruecos significan una victoria incompleta. Una Misión Especial (MINURSO), dependiente del Consejo de Seguridad vigila desde 1911 el alto al fuego, debiendo coordinar su presencia en la zona con las actividades de la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Completan un Programa de asistencia humanitaria a refugiados, desplazados, prisioneros y poblaciones civiles indefensas que no tienen en el rigor de la geografía del desierto a su peor enemigo para la supervivencia. La lucha por el territorio sigue siendo el capítulo esencial de la Historia, rellenada en sus intersticios con episodios de vencedores y vencidos.

El calentamiento del Ártico y el Mapa de Canadá

Los países cuyo territorio se mide en millones de kilómetros cuadrados suelen estar expuestos a un mayor número de conflictos territoriales en un mundo más poblado, más globalizado y al mismo tiempo más aferrado a las dimensiones de lo local. Los frentes de acción geopolítica se multiplican, pudiendo llegar al extremo de que un gobierno tenga que ocuparse al mismo tiempo de una propuesta de secesión y de un plan de expansión territorial. No es preciso, pues, trascender las ambiciones humanas para ver cómo se genera un conflicto, pero tampoco debemos olvidar que la propia geografía en ocasiones se activa para contribuir al mismo fin o magnificarlo.

El calentamiento general de la Tierra está produciendo mutaciones geográficas indiscutibles. Sobre los hielos han vivido cazando algunos pueblos sin ser molestados durante siglos; si acaso, emulados por exploradores intrépidos. Pero cuando el hielo ha empezado a licuarse, la civilización ha dispuesto de inmediato lo necesario para que las nuevas superficies acuáticas también sean nuevos escenarios de confrontación. El Mapa de Canadá encierra algunas evidencias de una territorialidad variable por razones físicas y cuestionada por motivos políticos y económicos. Hablamos de unos territorios helados en los que progresivamente, por el efecto del calentamiento, se abren canales de navegación más amplios y durante más tiempo. Unos territorios con barreras o sin barreras, ¿cuál ha de ser su estatus? Sobre las superficies heladas los esquimales han afianzado un principio de radicación; sobre parte de esas superficies ahora navegables se impone un principio de movimiento, pero gestionado por quién si no fueran aguas internacionales? La Ley del Mar de 1982 responde sólo en parte a estas cuestiones, en el caso de que se haya ratificado por los países que contienden.

Canadá es un país cuyo territorio tiene un amplio frente abierto al Océano Ártico. Esto genera ya de por sí una gran incertidumbre al estar en proceso de discusión la creación de un régimen jurídico específico para esta zona [24]. Además, sobre las superficies heladas están apareciendo disputas concretas por rutas de navegación, por fronteras y por plataformas continentales. Es la evidencia de que los países miembros del Consejo Ártico, y algún otro, han activado la política de extensión de su soberanía hacia los territorios del Circulo Polar. La URSS, por ejemplo, habría conseguido derechos exclusivos o preferentes sobre la mitad de los hielos y las aguas del Ártico de haberse admitido sus pretensiones en los años ochenta de aplicar a este Océano los supuestos recogidos en la Ley del Mar de 1982: aguas territoriales, zona económica exclusiva y plataforma continental. Canadá, por su parte, defiende un principio de apropiación que trata de poner en práctica mediante el denominado “método de los sectores”, por el que cada país ribereño obtendría la cuña o sector que forman las líneas que unen los puntos extremos de su territorio en el Ártico con el punto del Polo Norte [25]. Podemos comprender ahora con mayor claridad algunas sutilezas postales que los canadienses han puesto en circulación para “completar” el Mapa de su territorio.

Hace tan sólo algunos meses, en junio de este mismo año, el Servicio Postal canadiense puso en circulación una estampilla cuyo tema es: The Atlas of Canada, 1906-2006 (Figura 38). Se recuerda así el centenario de un acontecimiento científico muy destacado en la historia del país, sin olvidar a la persona que dirigió los trabajos, el geógrafo James White. Pero la emisión, que está justificada por cien años de historia, no puede quedar al margen del debate territorial que en la actualidad está planteado. El Mapa representa, tal y como pretenden las autoridades que lo han emitido, información geográfica oficial; es decir, el territorio cuya soberanía los canadienses consideran indiscutible. Sin embargo, estamos en una zona en la que los propios países admiten la idea de fronteras móviles, con la pretensión obviamente de poder desplazarlas en su beneficio. A propósito, Canadá tiene abiertos dos frentes, el de las Islas o Archipiélago del Ártico y el de la plataforma continental, por la que pretende llegar con sus demandas territoriales hasta el mismo Polo. El primero está en la actualidad en plena efervescencia; el segundo está aún en estudio, o en fase de investigación para documentar en firme sus demandas.

Las Islas Árticas forman el triángulo superior de su Mapa, e incluyen, entre otras muchas de menor tamaño, la isla Victoria, la isla de Baffin, las islas de la Reina Isabel y la más septentrional, Ellesmere, cortada por el paralelo de los 80º. Todas ellas se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, excepto el tercio meridional de la isla de Baffin, y han formado durante siglos un dominio de hielos permanentes que ha imposibilitado la progresión de la navegación hacia el norte y hacia el noroeste. Esta zona fue el fracaso e incluso la tumba de muchos navegantes y exploradores que buscaron sin descanso durante el siglo XIX el famoso Paso del Noroeste, que debía comunicar el estrecho de Davis con el de Bering, y, en consecuencia, el Atlántico, con el Pacífico [26].

Pero en las últimas décadas la situación ha cambiado. El calentamiento global de la Tierra está dejando sus muestras más evidentes en el retroceso de los hielos árticos. En relación con el Paso del Noroeste, que bordea las costas de las islas Victoria y Banks y continúa hasta la desembocadura del Mackenzie, y por la costa norte de Alaska hasta el estrecho de Bering, es en la actualidad accesible a algunos barcos, como los de propulsión nuclear y rompehielos, por ser la capa de hielos de menor grosor y por haber aumentado la temperatura de deshielo que le hace accesible a barcos de menor calado. Este es el problema. En los territorios cubiertos por hielos permanentes nadie disputa a los inuit o esquimales sus espacios de caza, y a Canadá su proclamada soberanía sobre ellos; pero en los mismos espacios, ahora progresivamente abiertos a la navegación, las grandes potencias no están dispuestas a reconocer ningún estatus que no sea el de aguas o canales internacionales de paso. Las razones de peso están ligadas a cálculos que pueden variar, pero no en lo esencial. Un elemental ejercicio de medida sobre el mapa nos muestra que los barcos que puedan utilizar el Paso del Noroeste para ir de Europa a   Asia, evitando el Canal de Panamá, recorrerán entre 8.000 y 12.000 kilómetros menos; y por lo mismo, la ruta de un barco entre Boston y Tokio se reducirá a la mitad de días, y a casi un tercio si el punto de partida es un puerto de la fachada atlántica europea.

Todo indica que la lógica mercantil de las superpotencias, acuciadas por el factor distancia-tiempo, impondrá sobre la zona el estatus jurídico de los estrechos marítimos, “abriéndose paso” sobre la soberanía reivindicada por Canadá. Pero no será fácil que esta solución se alce sobre un exacerbado nacionalismo canadiense, avivado precisamente por el nacionalismo librecambista de su vecino del sur. En enero de este año de 2006 hemos podido leer en la prensa algunas referencias al inicio del conflicto: “no ocurrió nada hasta 1985, cuando un rompehielos de Estados Unidos cruzó el Paso, desde Groenlandia hasta Alaska. Canadá denunció que Washington no había pedido permiso. ¿Por qué?, dijeron los estadounidenses: el océano Ártico es una zona de aguas internacionales. En 1986, Canadá aprobó una declaración en la que afirmaba su derecho, pero ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, Rusia o Japón lo reconocieron. La reivindicación canadiense se basaba en que las aguas habían sido toda la vida de los inuit, pobladores indígenas de las costas del Ártico. En 1993 los inuit formalizaron su apoyo a Ottawa con el Acuerdo de Nuvanut (sic). Desde entonces, la tensión ha crecido y las chispas han saltado con cada travesía, especialmente la realizada en 2005 por submarinos nucleares de Estados Unidos”[27].

El conflicto, en efecto, se ha empezado a manifestar cuando los hielos se abren y las aguas empiezan a ser navegables; pero en rigor Canadá ha estado haciendo afirmaciones de soberanía sobre las tierras, islas y aguas árticas desde los años veinte, a razón de un documento legal importante cada década. La Ley que aprueba la Cámara de Representantes en 1970 tomó como bandera la prevención de la contaminación de las aguas árticas, pero tiene implicaciones de mucho mayor calado, como se demuestra en la propia definición de “aguas árticas”. Éstas incluyen, además de las aguas propiamente dichas, heladas o desheladas, las aguas que cubren la plataforma continental canadiense; es decir, “las riquezas naturales de las zonas submarinas” [28]. Veremos la proyección reciente de esta amplia conceptualización.

Desde finales de los años setenta se observan deshielos de mayor amplitud que empiezan a alertar sobre sus consecuencias en varios campos: el geográfico, el ambiental, el económico y el geopolítico. No parece casualidad que los canadienses hayan querido marcar el año 1980 con un recuerdo muy especial relativo a la cuestión que tratamos. Si observamos la estampilla de la Figura 39, vemos representado el territorio canadiense en el que, con especial iluminación, destacan las Islas o Archipiélago Ártico y los años de un centenario, 1880-1980. Se trata sin duda de un ejercicio de propaganda postal para reafirmar, por si hubiera dudas o se hubieran empezado a suscitar, la soberanía canadiense sobre dichas Islas. Era en efecto muy oportuna la celebración de este centenario porque recordaba el acto de cesión de las Islas Árticas por el Reino Unido a Canadá en el año 1880.

El gobierno y la sociedad canadienses saben que en tales circunstancias geopolíticas el papel que puedan desempeñar las comunidades indígenas será de gran ayuda para sus pretensiones. Los inuit o esquimales, habitantes primigenios de las Islas Árticas, son una punta de lanza en su pretendida proyección polar. Pueden ser protegidos y respetados en sus formas de vida y derechos territoriales como ningún pueblo indígena lo ha sido hasta la fecha. Incluso, pueden gozar de una autonomía que les permita sentir el territorio como propio dentro del macroestado canadiense. Con gran tacto político Canadá modificó en 1999 la división administrativa de su territorio, manteniendo las diez Provincias existentes, pero creando un nuevo Territorio diferente de los dos que ya existían, el del Yucón y el del Noroeste (Figura 40). De este último se desgajaron las islas situadas por encima del Círculo Polar Ártico para formar el tercer Territorio, denominado Nunavut. Con sólo pronunciar su nombre se difunde la esencia de una reivindicación, pues Nunavut significa “nuestra tierra”. Canadá ha hecho de la autonomía de los inuit un fundamento de su presencia soberana en las Islas Árticas, pero el capítulo final de esta, ahora, relación solidaria aún no se ha escrito. Con toda seguridad los inuit conocen ya la novedosa sentencia del Tribunal Federal de Australia Occidental por la que se reconoce a los aborígenes nyungar el derecho a reclamar la titularidad de todas las tierras públicas, como bosques, parques, playas, caminos, etc., que formaron parte de su territorialidad histórica, para que puedan seguir conservando sus actividades tradicionales [29]. Ningún país colonizador había pensado hasta la fecha en semejante inversión del principio de terra nullius.

El segundo frente de la progresión polar canadiense del que hablábamos más arriba se asemeja a un nuevo escalón en la “subida” hacia el Polo. Con este nuevo impulso Canadá llega a rozar el desequilibro de la escala sobre un hielo que se desquebraja; pero no parece asustarle una retaguardia con fisuras. Las Islas Árticas han sido hasta ahora un territorio y una cuestión de frontera, marginal o periférica, que afectaba a la delimitación imprecisa de la soberanía estatal, dada la dificultad objetiva de dibujar el Mapa sobre un mar de hielos; pero un nuevo plan las convierte en la base para una última proyección que llega hasta el mismo Polo Norte. El plan ha empezado siendo una misión científica que tiene como telón de fondo la lucha por la plataforma continental del Ártico.

En la primavera de este mismo año 2006, una Expedición conjunta de científicos canadienses y daneses se ha propuesto trazar un mapa del subsuelo del Ártico [30]. De la gran cuenca se conoce la existencia de una dorsal submarina, la Lomonosov Ridge, descubierta por el científico ruso Mikhail Lomonosov en 1948. Los rusos aprovecharon el privilegio informativo para concluir que la dorsal era una prolongación submarina de Siberia; es decir, una plataforma continental sobre la que apoyar sus pretensiones de dominio sobre los hielos y las aguas de aproximadamente la mitad del Océano Ártico. Lo que Canadá y Dinamarca pretenden es verificar la hipótesis de que la Lomonosov Ridge sería en realidad una proyección submarina de las Islas Árticas y de Groenlandia, lo que supondría una modificación radical de los fundamentos geográficos y de derecho, basados en la Ley del Mar de 1982, que harían posible reclamar la soberanía sobre unos suelos marinos con abundantes yacimientos de gas y petróleo, como se supone.

Las fronteras siguen abiertas, y aún lo estarán más tras el calentamiento térmico que derrite los hielos. Pero los conflictos no dependen tanto de la agitación molecular que le es consustancial al calentamiento, como de la ausencia, o ignorancia, de reglas que ordenen la convivencia de las sociedades en los territorios.

Honduras y Nicaragua. Conflictos fronterizos en un istmo fraccionado

De una observación geográfica amplia podríamos concluir que desde Ciudad de México hasta Medellín, en Colombia, todo es istmo. Observaciones más detenidas nos permiten apreciar que son cuatro los estrangulamientos o depresiones ístmicas que, enlazadas, forman la estructura geográfica comprendida entre dichos límites. El istmo de Tehuantepec, el golfo de Honduras, el lago de Nicaragua y la zona del canal de Panamá. Estamos en cualquier caso en una zona de paso intercontinental, norte-sur, e interoceánica, Atlántico-Pacífico. Esta situación geográfica figura a la cabeza en importancia para el tráfico mundial, y por lo mismo concentra un gran valor estratégico en el orden político y en el militar. Entonces, ¿qué lógica distributiva u organizativa del territorio podría ser más consecuente con la fuerte presión exterior?

Podríamos suponer que la multiplicación de Estados, y por lo tanto de fronteras, sería una garantía de circulación; o por lo menos, facilitaría cualquier negociación para mantener el istmo transitable. Sin embargo, si un solo poder dominara la zona, cualquier expectativa vial panamericana podría tener que enfrentarse a tentativas de bloqueo o de establecimiento de la aduana única infranqueable. Con este planteamiento relacionamos la deriva política que se fue abriendo paso durante el propio proceso de independencia de las Repúblicas centroamericanas. Ante las dos opciones, nacionalismo y federalismo, sobre las que Carlos Badía Malagrida trató de teorizar con una fuerte carga determinista [31], fue finalmente el movimiento nacionalista el que logró imponer su identidad política, creando un tablero de pequeños países enredados en el juego de una geopolítica cuasitribal. Si los planteamientos de C. Badía se hubieran cumplido, media docena de grandes Confederaciones, desde Río Grande hasta el cabo de Hornos, hubieran organizado el Continente, pero por lo que afecta a la Confederación Centroamericana que ahora nos incumbe, apenas logró superar el decenio, tras la aprobación de una Constitución federal en 1824 [32], que debía ensamblar a las denominadas Provincias Unidas de Centroamérica. En 1840 se había consumado ya la división de la República Federal con la independencia de sus “provincias”. Hubo intentos posteriores de rehacer la Confederación, pero los entes nacionales ya crecidos prefirieron ocultar el problema de su identidad acomplejada reafirmando su propio ego. Desde fuera, las viejas y las nuevas potencias no dejaban de ofrecerse para tutelar o incluso intervenir en esta deriva política. No cabe duda de que el fraccionamiento político de la zona creaba unas condiciones muy favorables para su capitalización, ya fuera en el sector comercial, de la economía de plantación, o en el de las infraestructuras. El proyecto de canal interoceánico disponía de más alternativas para su estudio, aunque todavía exigiría una última segregación. Ésta se consumó con la independencia del Departamento de Panamá de la República de Colombia en 1903, y la inmediata declaración de Theodor Roosevelt como “protector” de la nueva República. Evidentemente lo que Roosevelt protegía era el contrato de compraventa por el que los Estados Unidos adquieren la plena propiedad y soberanía de una parte del territorio panameño sobre la que ya se había decidido construir el canal interoceánico [33].

Siete pequeños países, flanqueados por dos, Colombia y México, de proporciones geográficas muy superiores, han hecho de los reajustes territoriales un capítulo esencial de su existencia como Estados independientes. En mayor o en menor medida cada país ha contendido con sus vecinos por el trazado fronterizo, por unas islas o por las aguas jurisdiccionales. Pero para el desarrollo de este trabajo el modelo de fricción nos lo ofrece La Mosquitia; una región que durante varias décadas ha enfrentado a Honduras y Nicaragua en un conflicto con amplia trascendencia en la circulación postal.

Geográficamente La Mosquitia es una amplia franja costera que recorre gran parte del litoral atlántico de Honduras y todo el frente marítimo de Nicaragua, denominado Costa de los Mosquitos. Con más precisión, desde la desembocadura del río Aguán, cerca de Puerto Castilla y la ciudad de Trujillo en Honduras, hasta el río San Juan que hace frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Recibe su nombre del pueblo miskito, una de las principales comunidades indígenas presentes en la zona cuando llegaron los conquistadores españoles. Éstos, en efecto, reconocieron la zona, empezando por el propio Colón que llegó a las costas de Honduras en 1502, pero la posesión y colonización fue tan poco efectiva que los ingleses pronto percibieron el vacío y buscando la colaboración de los indígenas, con el nombre de Reino de Mosquitia, organizaron un protectorado. El beneficio obtenido no debió compensar el mantenimiento de la posición, por lo que a finales del siglo XVIII abandonan el territorio, iniciando España un plan de colonización. Fue entonces cuando los miskitos empezaron a mostrar resistencia en nombre de una autonomía que anunciaba aspiraciones más profundas: la independencia del Reino de Mosquitia para construir un Estado propio.

Con la independencia de los dos países, Honduras y Nicaragua, La Mosquitia quedó dividida en dos partes, al ser el río Coco la frontera entre ambos. El Reino de Mosquitia no sólo quedaba dividido, también quedaba reducido en sus límites territoriales y en su estatuto de autonomía a medida que se afianzaba la formación de las dos nuevas comunidades nacionales. En este proceso, el año 1894 marca el fin de una etapa, al decidir el gobierno de Nicaragua, presidido por el general José Zelaya, anexionar La Mosquitia y deponer al jefe de la Reserva, Robert Henry Clarenced, que sin éxito había invocado la protección de la reina Victoria. Esta decisión del gobierno nicaragüense ha sido calificada de “paternalismo etnocéntrico”, y de “visión nacional determinista del Estado” [34]; de afirmación nacionalista, en suma, que nos permite entender mejor por qué en Nicaragua se empezó a difundir la idea de que la parte de La Mosquitia que había quedado en territorio de Honduras era un “territorio en litigio”. Un territorio que evidentemente Nicaragua también pretendía anexionar, provocando un conflicto cuya resolución acabó implicando a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El desarrollo del mismo tiene puntos y manifestaciones de gran interés para nuestro trabajo.

Figura 41. Territorio en litigio entre Nicaragua y Honduras (Nicaragua, 1937-1940).

El conflicto declarado entre Honduras y Nicaragua por la anexión de 1894 puso sin embargo de acuerdo a ambos países en una cosa: la necesidad de la delimitación fronteriza entre ambos. Honduras buscaba consolidar una línea de protección, y Nicaragua sancionar con la misma sus pretensiones territoriales. Lógicamente no hubo acuerdo y la Comisión Mixta de Límites que trabaja en los años 1900-1901 ha de abandonar la delimitación cuando llega al “territorio en litigio”. Para Honduras la frontera debería continuar siguiendo el talweg del río Coco. Nicaragua reclamaba aproximadamente una tercera parte del territorio hondureño, trazando por frontera una línea casi recta desde la Sierra de Dipilto hasta el cauce bajo del río Aguán, siguiendo hasta la costa [35]. Sólo estuvieron de acuerdo en el nombramiento de un árbitro, que decidieron que fuera el rey de España, Alfonso XIII, dando por sentado que la vieja metrópoli tendría en sus Archivos los documentos necesarios para fundamentar un laudo por ambas partes aceptable [36]. El laudo da la razón a Honduras, fijando la frontera en el río Coco, lo que Nicaragua no acepta, alegando la nulidad del fallo.

Siguieron años, y décadas, de conflicto latente, de reclamaciones y de propaganda, procurando cada país difundir la imagen de su propia integridad territorial, que era la de una soberanía no dañada. Comenzó la guerra de los mapas, difundiendo Honduras la cartografía resultante del laudo de 1906 que le beneficiaba; mientras en Nicaragua se representaba La Mosquitia hondureña como un “territorio en litigio”. Podemos ver los términos de esta reclamación en el mapa de la estampilla (Figura 41), emitida en Nicaragua y en la que figuran los años 1937 y 1940. Entonces, el litigio adoptó también la forma de una lucha postal en la que los mapas debían representar lo esencial de los discursos políticos enfrentados. En Nicaragua se acabó reconociendo que estos medios de propaganda inclinaron finalmente la decisión sobre el pleito a favor de Honduras y en contra de Nicaragua: “lo de los mapas que circularon con este gobierno pareciera una cosa pequeña, pero fueron estos testimonios gráficos los que jugaron un papel determinante en el juicio que perdió Nicaragua en el Tribunal de Justicia de La Haya”[37].

La cuestión se resolvió, en efecto, en la Corte Internacional, después de que Honduras forzara la situación reclamando un acuerdo definitivo. La Junta Militar que gobernaba el país en 1957, tomando como frontera definitiva el río Coco, creó un Departamento sobre el “territorio en litigio”. Nicaragua protestó, hubo movimiento de tropas y se llegó incluso a las agresiones en puestos fronterizos. Una Conferencia de países de la región intentó asumir la necesaria función arbitral, pero muchos otros conflictos de similar naturaleza implicaban a los participantes en detrimento de la autoridad y la neutralidad que exigía el contencioso. Se convino en elevar el expediente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, resolviendo finalmente este alto tribunal la validez del laudo de 23 de diciembre de 1906 del rey de España: “the government of the Republic of  Nicaragua is under an obligation to give effect to the award made on 23 december 1906 by his majesty the king of Spain and in particular to comply with any measures for this purpose which it will be for the Court to determine”[38]. Nicaragua no tuvo más remedio que aceptar el fallo que fijaba la frontera definitiva en el río Coco, aunque aún fue necesario que una Comisión Mixta despejara las últimas dudas sobre el trazado en la desembocadura del río, y sobre todo que ordenara el traslado de la población nicaragüense que ahora quedaba en territorio de Honduras, y que ésta exigía que fuera inmediato.

Honduras tenía muy buenas razones para recordar a sus ciudadanos el significado de algunas fechas. En la estampilla (Figura 42) se conmemora el acto de entrega, el 26 de noviembre, de la sentencia de 18 del mismo mes de 1960 de la Corte Internacional. Siguieron emisiones inequívocamente relacionadas con la visualización de los límites definitivos del territorio nacional, ahora ajustados ya sin discusión al cauce del río Coco (Figura 43). Y por lo que respecta a la desembocadura del mismo, tampoco quedaban dudas sobre la pertenencia de la importante Laguna de Caratasca, y sobre la existencia de una Mosquitia hondureña, tal y como se refleja en la estampilla (Figura 44). Por su parte, las frecuentes emisiones postales de Nicaragua, que incluyen la representación de su territorio asociada a motivos muy diferentes, tampoco ofrecen dudas sobre una frontera norte ajustada al río Coco y ya sin “territorio en litigio” (Figuras 45 y 46).

Confluencias múltiples y reclamaciones territoriales en el entorno de la Gran Colombia

En el marco territorial de la denominada por C. Badía “Confederación Colombiana” [39], que incluye básicamente las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador, la geografía se hizo historia bajo varias manifestaciones. Sobre grandes unidades estructurales, como cordilleras, llanos, macizos y cuencas, con convergencia o difluencia de aguas, sobre vínculos económicos por producciones comunes, como sería el caucho, o complementarios, como la agricultura y la ganadería, la metrópoli, con una única lengua, religión y aparato administrativo, había construido una tradición unitaria y centralista al servicio de la lógica colonial. En cierto modo la ruptura que suponía la independencia quedó atenuada cuando se pretendió sustituir el centralismo metropolitano y colonial por lo que Badía denominó el “centralismo dominador de los caudillos” [40]. El ejemplo más destacado fue la creación bolivariana de la Gran Colombia en 1821. Pero el experimento sólo sobrevivió hasta 1830. Todo indica que los proyectos unionistas cumplieron el propósito de impulsar y consolidar el proceso emancipador con respecto a la metrópoli; pero algo muy diferente era su asunción como modelo de organización del poder en la región. En adelante no habrían de faltar propuestas de perfil federalista, ni recuerdos amparados en celebraciones centenarias, como la que dio lugar a la emisión en 1969 en Venezuela de la estampilla con el mapa de la Gran Colombia y el sesquicentenario de su creación (Figura 47).

Fue precisamente en Venezuela donde la ambición de los caudillos puso fin al gran proyecto, al modo de una nueva réplica de aquella emancipación que en 1786 segregó sus provincias del Virreinato de la Nueva Granada colombina para formar la Capitanía General y Audiencia de Caracas. Triunfaba así en la región un movimiento de disociación política que ensalzaba, entre la bahía de Guayaquil y el macizo de las Guayanas, las viejas Capitanías y provincias, al mismo tiempo que debía dirimir los localismos fronterizos. La máxima ecuatoriana de que “el Ecuador ha sido, es y será país amazónico”, reivindicando una gran parte de la cuenca alta del Amazonas, como  el derecho territorial ha tratado de justificar [41], ha condicionado las relaciones con Perú, con episodios de violencia recientes como los acaecidos en la Cordillera del Cóndor. Cuando parecía que el río Putumayo debía dar completa satisfacción a la relación fronteriza entre Colombia y Perú, fue la propia Colombia quien llevó en 1933 al Consejo de la Sociedad de Naciones la cuestión del territorio denominado “Trapecio de Leticia” [42]. La cuestión quedó zanjada con un acuerdo de paz y el reconocimiento del “trapecio” como territorio colombiano. La observación de cualquier mapa, como el de la Figura 48, nos indica que la figuración geométrica hace honor al objetivo que se perseguía: Colombia quería, y lo consiguió, meter un pie en el propio cauce del Amazonas. La amplia línea fronteriza que relaciona Colombia y Venezuela está firmemente ajustada en la mayor parte de su recorrido al trazado preciso de cauces y divisorias de aguas, pero las cosas no parecen estar tan claras en la delimitación de la soberanía marítima en el entorno del Golfo de Venezuela.

Hacia el este, en el Macizo de las Guayanas, los pleitos territoriales han concitado intereses más amplios y poderosos. En la fase colonial varias potencias mundiales llegaron a la zona y se instalaron trazando delimitaciones geográficas imprecisas; pero a raíz de la independencia empezaron a surgir los problemas relacionados con la interpretación de la posesión efectiva del territorio. Los países nuevos no podían entender el ejercicio de la soberanía sin delimitaciones territoriales precisas. Pero la precisión suponía colisión en unos territorios con grandes riquezas potenciales o ya contrastadas. El principal pleito lo protagonizan Venezuela y el Reino Unido, a propósito de los límites occidentales de la colonia de la Guayana británica; posteriormente subrogado entre la primera y Guyana, ya como República independiente.

Venezuela viene considerando el cauce del río Esequibo como la frontera oriental de su territorio. Este río fluye en la actualidad por el centro del territorio de la República de Guyana, antigua colonia británica. Los términos en los que se concreta la demanda territorial venezolana quedan, por tanto, expuestos con precisión. Veamos los fundamentos de hecho y de derecho del pleito, junto con las manifestaciones propagandísticas que lo formulan y lo sostienen.

La Capitanía General de Caracas incluía la provincia de Guayana, denominada Guayana Esequiba en su límite oriental, al tener al río que le da nombre como referente terminal o fronterizo. La Gran Colombia, en la medida en que integraba a Venezuela, reconocía estos mismos límites relacionados con el río Esequibo. Pero algo muy diferente era el grado de posesión efectiva que primero España y después las entidades políticas que la sustituyeron podían acreditar sobre este territorio. De ser visible y efectivo el dominio, no les hubiera sido tan fácil a los británicos la penetración y consolidación de las bases para formar su propia colonia. En 1814 varias colonias holandesas situadas entre el río Corentyne, actual frontera entre Surinam y Guyana, y el río Esequibo pasan a dominio británico, consolidándose un nuevo estatus colonial en 1831 con la creación de la Guayana británica: gesto que, por cierto, constituía un primer gran desafío a la denominada “doctrina Monroe”, destilada en ese ya famoso discurso del presidente James Monroe, pronunciado el 2 de diciembre de 1823, y en el que anunciaba: “los continentes americanos por la condición libre e independiente que han asumido y sostienen, de hoy en adelante no se considerarán como objetivos de futura colonización por ninguna potencia europea” [43]. En parecidos términos se había expresado Simón Bolívar en el Congreso del Istmo de Panamá celebrado en 1826 y por él convocado cuando era jefe del Estado Peruano: “resistencia a toda intervención de potencias extranjeras continentales en América y a cualquier designio ulterior de colonización” [44]. Pero debemos pensar que los británicos no leían este tipo de discursos, y si lo hacían debían tomarse tiempo para entenderlos. Así pues, lo mismo que habían desplazado a los holandeses hacia el este, aprovecharán la ocasión muy propicia para hacer lo propio con los españoles hacia el oeste. Coincidiendo con los años posteriores a la desaparición de la Gran Colombia se produjo la migración de colonos británicos hacia los territorios de la margen izquierda del Esequibo. Los venezolanos pudieron comprobar la amplitud de este movimiento colonizador sobre una terra nullius de hecho, comprendida entre el río Esequibo y una línea que unía la desembocadura del Orinoco y el Monte Roraima, en la triple confluencia de fronteras: Venezuela, Brasil y Guyana. Llegó el momento entonces de la protesta y de la reclamación, que suponía en el fondo confrontar la posición de hecho y la de derecho. A ésta se aferraba Venezuela invocando los límites de la colonia que fue; pero debía ser documentada y posteriormente reconocida en el ámbito del derecho internacional.

Ninguna facilidad podía augurarse en la resolución de este pleito. La “doctrina Monroe” era el anuncio anticipado del proceder de una potencia mundial que aún no lo era. El peso de las decisiones lo llevan hombres “sin doctrina”, como eran los premiers británicos, H. P. Palmerstone, B. Disraeli, W. Gladstone…. En nada ayudó, más bien todo lo contrario, el descubrimiento de importantes yacimientos de hierro y oro en el territorio de la colonia británica que Venezuela empezó a denominar “zona en reclamación” (Figura 49). Entre los años 1885 y 1895 la tensión entre ambos países alcanza límites preocupantes. Los británicos no han renunciado aún a la expansión territorial en la Guayana Esequiba y Venezuela llega a la ruptura de relaciones. Estados Unidos interviene situando a ambos contendientes ante la necesidad de un arbitraje internacional, cuyo objetivo debía ser el trazado de una frontera que resolviera el pleito entre Venezuela y la Colonia Británica. Con este propósito se firmó el Tratado de Washington en febrero de 1897.

En un Tratado de Arbitraje, como era el caso, lo importante era el Laudo, que será firmado dos años más tarde, en 1899; pero con anterioridad hubo de formarse el Tribunal y fue este paso el que resultaría definitivo en la resolución del pleito y en todo lo contrario, según la parte. De acuerdo con el artículo II del Tratado, el Tribunal estaría formado por cinco juristas: dos nombrados por cada parte y un quinto nombrado por consenso de los cuatro [45]. Por razones incomprensibles Venezuela consintió que los juristas que la representaban fueran el Justicia Mayor de los Estados Unidos y un miembro de la Corte Suprema de este mismo país. Junto a éstos y los dos representantes británicos fue nombrado un jurista ruso con un acreditado prestigio internacional. Creemos que Venezuela ha lamentado durante los siguientes cien años la composición de este Tribunal en la parte que directamente le competía. Pecó de ingenuidad confiando que los juristas norteamericanos defenderían sus intereses o reivindicaciones en nombre de la “doctrina Monroe”, después de haber oído al presidente Crover Cleveland en 1895 acusar a los británicos de desconocerla en relación con este pleito [46]. Pero en principio aceptó el Laudo, pues aunque era muy favorable a los intereses británicos, consiguió no obstante el control sobre la desembocadura del Orinoco. Después de cinco años de trabajo de una Comisión Mixta para hacer la delimitación fronteriza, británicos y venezolanos estuvieron de acuerdo y aceptaron los resultados recogidos en un Informe y en un Mapa [47].

Transcurrieron décadas con la apariencia de que el conflicto se había superado a satisfacción de ambas partes; pero llegó el momento en el que se demostró que se trataba de un pleito durmiente. Fue al comienzo de los años sesenta cuando el movimiento general de descolonización, auspiciado por la ONU, incumbía a la colonia británica. Entonces Venezuela cambió por completo de actitud, comunicando a la ONU que no aceptaba el Laudo de 1899 por considerarlo nulo, al ser fruto de una componenda entre los juristas británicos y el representante de Rusia que presidía el Tribunal, tal y como se recogía en una carta de uno de los abogados que defendían la posición venezolana, conocida tras su muerte [48]. En consecuencia, oficializaba de nuevo la reclamación sobre la Guayana Esequiba, o la parte de la Guayana británica al este del río Esequibo. Podemos pensar que Venezuela decidió activar la demanda territorial en un momento en el que el tránsito de la colonia británica a la joven República de Guyana dejaba a ésta en una posición de debilidad para negociar o incluso para claudicar. Pero cometió un segundo lapsus de ingenuidad al no valorar el significado que para la nueva comunidad nacional tenía el territorio reclamado.

Frente a una Guyana ya independiente, desde 1966, Venezuela fracasa en su propósito de demostrar la nulidad del Laudo de 1899; pero trabaja en pos de su causa en varios frentes. El que aquí más nos interesa es el de la propaganda postal, tratando de difundir entre los ciudadanos la idea de un territorio que le pertenece y que por lo tanto debe ser reclamado. En varias emisiones, desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta, ha dejado constancia inequívoca de su reivindicación. Podemos ver el mapa de Venezuela a diferentes escalas en varias estampillas, en las que la “zona en reclamación” aparece con diferente coloración o textualmente señalada como una unidad más del conjunto regional venezolano, como en la estampilla (Figura 51) sobre la “regionalización del desarrollo”, o como un Estado más dentro de la Federación de Estados que forman la República (Figura 52).

Pero no era suficiente insistir con las emisiones postales en la visualización de una “zona en reclamación” debida a la apropiación territorial de los colonos británicos amparados por su metrópoli. Era preciso dar fuerza a la reclamación fundamentando los derechos de posesión. Para ello Venezuela emitió una serie postal que lleva por título “Reclamación de su Guayana”, en la que en cada estampilla se representa la parte correspondiente de un mapa histórico con el propósito de avalar la demanda de posesión sobre la Guayana Esequiba. Los dos primeros (Figuras 53 y 54) reproducen fragmentos de Mapas del siglo XVIII: el de J. Cruz Cano, de 1775, y el de L. de Surville, de 1778. En ambos podemos ver como el río Esequibo separa las colonias españolas de la Nueva Andalucía y las holandesas de Surinam, salvo en la zona próxima a su desembocadura, donde el territorio con presencia holandesa incluye la cuenca baja del Cuyuni, afluente del Esequibo por su margen izquierda. La estampilla (Figura 55) reproduce un Mapa de 1827, de J. M. Restrepo, con una situación idéntica a la de de los anteriores, aunque sabemos que en esta fecha ya había presencia británica. Sin embargo, el Mapa de A. Codazzi, de 1840, representado en la estampilla (Figura 56), refleja ya otra fase del proceso. Dos territorios en la margen izquierda del Esequibo aparecen con el calificativo de “Territorio usurpado”. Ya sabemos que se corresponden con la primera fase de la formación y expansión de la colonia británica de Guayana. En el último de los Mapas de la serie, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (Figura 57), se pueden apreciar los sucesivos traslados de frontera de la colonia británica hacia el oeste. Incluye varias “líneas Schomburgh”, trazadas por el viajero y explorador alemán Robert Schomburgh durante sus trabajos geográficos en la colonia británica, coincidente la primera con el cauce del Esequibo y la última con una línea que bordeaba la Gran Sábana, o núcleo del macizo de las Guayanas, llegando hasta las proximidades de los ríos Paragua y Orinoco. Con esta estampilla Venezuela pretendía demostrar dos cosas: la compulsión británica hacia el oeste durante el siglo XIX, después de haber traspasado el río Esequibo, y la justificación del territorio que reclama entre este río y la frontera que había sido trazada a resultas del Laudo de 1899.

Venezuela se fue dando cuenta de que las negociaciones con una Guyana independiente eran más difíciles que en los tiempos de la colonia británica. El recurso a la fuerza, del que también había partidarios en Venezuela hubo de ser reprimido, y entre otras razones por lo incierto de su resultado a corto y medio plazo, tal y como se había puesto de manifiesto en otros casos; por ejemplo, el de las Malvinas. La negociación a la baja, tratando de obtener una parte del territorio reclamado, dejaba sin fuerza su posición histórica en el pleito. Por otra parte, los guayaneses se han mostrado especialmente atentos a actuaciones más sutiles, impulsadas por los venezolanos y a las que no se han podido negar, como los planes de “desarrollo conjunto”, pensando siempre que esconden estrategias de dominio territorial sin poner en primer plano la cuestión fronteriza.

A finales de los años ochenta, ambos países decidieron remitir el expediente a la ONU para dejarlo en manos de la figura del Buen Oficiante; un representante personal del Secretario General para estos casos. Por una parte, entraba en  un limbo en el que dormitaban los pleitos que traían causa en una situación de hecho, con una gran potencia como actriz principal. Pero por otra, vemos que se han ido abriendo paso las soluciones más civilizadas, que son aquellas en las que los hombres han sido capaces de eliminar del primer plano de sus relaciones los territorios y su demarcación, para centrarse en actividades de cooperación transfronterizas, como inversiones, comercio, educación, salud y medio ambiente. Estas fueron las grandes áreas que se incluían en un Memorando de Entendimiento firmado por los presidentes de ambos países, Venezuela y Guyana, en febrero de 1993 [49].

Las difluencias geohistóricas de la meseta peruanoboliviana. La guerra del Chaco

La sugerencia de corrientes fluviales en todas las direcciones, en un estudio no específicamente hidrográfico, puede entenderse como una invocación determinista, por lo que parece necesario hacer alguna aclaración sobre las historias y sobre los territorios. Damos por sentado el argumento generalmente admitido de que la geografía no explica la historia, pero al mismo tiempo queremos llamar la atención sobre algo mucho menos consensuado, como es que la historia tampoco se pueda comprender sin la geografía. Una geografía necesaria, pero no suficiente, nos sitúa, por tanto, en el camino de las apreciaciones ciertas y al mismo tiempo abierto a las motivaciones complejas que impulsan las acciones humanas.

Fue en el Alto Perú donde pretendieron hacerse fuertes en 1824 las tropas realistas que luchaban, conocedoras de la restauración absolutista en España, por el mantenimiento del poder de la monarquía española frente al ya imparable movimiento de independencia en Sudamérica. Al año siguiente fueron derrotados los últimos soldados que aún no se habían unido a los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Pero fue en concreto el general Sucre quien, con la delegación de Bolívar, arrió la última bandera española en el altiplano boliviano, al mismo tiempo que conmovía el pilar económico del imperio español ocupando Potosí. Todo estaba en el orden del día de su misión como comandante en jefe de unas tropas que luchaban por la emancipación de los pueblos sudamericanos del poder de la metrópoli; pero Sucre no pudo resistir la tentación de la política, y en un decreto que promulga en La Paz, en febrero de 1825, proclama la independencia del Alto Perú, con el convencimiento de que la zona, tras su liberación, no podía seguir bajo la dependencia política de Buenos Aires. Bolívar le reconvino por unos hechos que demostraban el equívoco con el que había actuado su delegado, al creer depositados los derechos políticos en la Comandancia y no en una Asamblea Constituyente. Tal vez Bolívar quería recordarle al mismo tiempo que el Comandante supremo era él. Pero la deriva que habían tomado los acontecimientos fue asumida y Sucre fue proclamado en 1826 el primer presidente de una Bolivia independiente. Con anterioridad Bolívar había tratado de exponer los términos de una situación muy compleja de la que él mismo no quería ser protagonista cuando manifestó: “el Alto Perú pertenece de derecho al Río de la Plata, de hecho a España, de voluntad a la independencia de sus hijos que quieren su estado aparte, y de pretensión pertenece al Perú, que lo ha poseído antes, y lo quiere ahora….Entregarlo al Río de la Plata es entregarlo al gobierno de la anarquía. Entregarlo al Perú es una violación del derecho público que hemos establecido; y formar una nueva república como los habitantes desean es una innovación de que yo no me quiero encargar y que sólo pertenece a una asamblea de americanos”[50].

Así surgió Bolivia como estado independiente; asentado sobre una zona con grandes recursos mineros que hubiera incrementado el poder de los antiguos Virreinatos ahora independientes, el del Perú y el del Río de la Plata, de haberse optado por su incorporación a uno de ellos. El problema que de inmediato se plantea a la nueva comunidad nacional es la creación de una economía nacional. Si bien escaseaban los alimentos, para la explotación de las minas de plata no faltaban en principio los capitales, pero el problema para el que no había una fácil solución era el del comercio exterior, colapsando por ejemplo las exportaciones de caucho y coca y las entradas de material para la industria minera. Ello se debía a la desarticulación del territorio nacional y sobre todo a su aislamiento del exterior.

La bandera de la independencia boliviana se alzó en un altiplano desde el que se podían observar tres perspectivas muy preocupantes para el futuro del Estado recién nacido. Se observaban en rigor tres Bolivias, que anunciaban el elevado tributo que la geografía impondría a la política. Una Bolivia andina que miraba al Pacífico sin poder alcanzarlo; una Bolivia amazónica, sometida desde su nacimiento a la presión de un poder brasileño que heredó de Portugal, además de su modelo monárquico, el impulso geopolítico hacia la unificación de la gran cuenca; y por último una Bolivia platense que para llegar al Atlántico debía pasar por las aduanas argentinas. Y a propósito hemos de recordar que, aunque Argentina dio el placet a la independencia de Bolivia, nunca renunció a penetrar con su estrategia económica en el territorio de la antigua Audiencia de Charcas, que había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Así las cosas, la geografía humana de Bolivia es el resultado de una geografía convertida en historia a golpe de conflicto, de guerra abierta, de tratado de paz y de vuelta a empezar, pues lo único perdurable es su aislamiento. Tal vez no hay ningún otro caso en el que la ausencia de una salida al mar haya contravenido con tanta contundencia la vida de una comunidad política; sin embargo, ha sobrevivido, pero también sabemos cómo: en una permanente postración o abatimiento de una inmensa mayoría de población indígena en los límites de la autosuficiencia, tutelada por una minoría igualmente extrema de descendientes criollos.

Desde un principio Bolívar fue consciente de los conflictos que iban a producirse a la vista de la configuración geográfica resultante si se respetaba la voluntad de los pueblos. Pero este fue el criterio que asumió, guiado suponemos por su ideario libertador y liberal; y aplicado tanto a la desmembración de la Gran Colombia, como a todo lo contrario en el caso de Bolivia, para que no se la repartieran Perú y Argentina, y acaso también Brasil. Y aún podemos pensar en una estrategia de orden superior si observamos el mapa político de América del Sur. Una zona de fractura geopolítica poblada de países más pequeños separa dos contendientes más poderosos. Al igual que ya vimos en el caso europeo y el significado de Polonia respecto a Alemania y Rusia, en América, Uruguay, Paraguay y Bolivia integran la zona de fractura evitando la concentración de un excesivo poder en las Confederaciones; es decir, en Argentina y en Brasil. En Bolivia se obstruía también un tercer vector, el de la querencia natural de Perú por el Alto Perú, por la meseta boliviana y su riqueza minera. Sin embargo, la imputación del principal déficit geográfico boliviano sitúa en escena a un cuarto contendiente: Chile, sometido a fuertes presiones a lo largo de la  estrecha franja litoral que es su geografía, y con capacidad por ello de producir grandes descargas en sus extremos. Hacia el sur, la descarga ha llegado hasta la península de la Antártida, encontrándose con Argentina. Hacia el norte los impactos los han recibido Perú y Bolivia.

La independencia de Bolivia se consuma tras un desplazamiento del movimiento emancipador hacia el interior de la Meseta, donde se encontraban las principales ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre y el cinturón minero. Chile aprovechó la ocasión para extender su influencia sobre el desierto de Atacama y la Pampa de Tamarugal, llegando a la frontera peruana, lo que dejaba a la naciente Bolivia sin salida al Pacífico, en un momento en el que su independencia lo era de España, pero también de Buenos Aires. El resultado era: ni salida al Atlántico, ni salida al Pacífico. Bolívar fue consciente de esta situación, lo que le llevó a intervenir para que Chile le restituyera las comarcas marítimas [51]. Así se hizo, en efecto, pero Chile no consideró esta situación como definitiva. En rigor daba comienzo un conflicto larvado, que empieza a enconarse cuando Bolivia cede a una Compañía británica la explotación de los depósitos de guano y salitre. El desierto, que había sido para unos sólo motivo de orgullo posicional y para otros vía de acceso al mar, se revela ahora área económica de primer nivel. Chile pretende participar en su explotación y lo consigue reconociendo la soberanía de Bolivia sobre este territorio, a cambio de condiciones muy favorables para la presencia de sus empresas en materia laboral, accionarial y tributaria. Pero algunas de las cláusulas de este pacto, firmado entre ambos países en 1874, se incumplieron, a juicio de Chile, cuando Bolivia decide subir los impuestos a las empresas. La respuesta chilena, que no necesitaba grandes motivaciones, tomó la forma de una declaración de guerra, ocupando el puerto de Antofagasta. Perú y Bolivia le declaran la guerra con el resultado del avance chileno hacia el norte, hasta la ocupación de Tacna y Arica, las dos poblaciones emblemáticas en esta guerra del Pacífico y en adelante en las posiciones fronterizas de ambos países, Perú y Chile, estrangulada ya la presencia litoral de Bolivia. Llegaron incluso los chilenos hasta Lima, provocando la huida del gobierno hacia el altiplano y obligándole a la firma de un Tratado, el de Ancón, en 1883 por el que cedía a Chile los departamentos de Tacna y Arica.

El Tratado preveía que en el plazo de diez años la situación de Tacna y Arica fuera sometida a un plebiscito, que llegado el momento Chile se negó a realizar. La cuestión se convirtió entonces en una reivindicación que los peruanos difundían por diversos medios, y entre ellos el de la propaganda postal, como podemos apreciar en la estampilla (Figura 58). A principios de los años veinte el asunto de “Tacna y Arica” fue tratado en el apartado de “Discordias políticas” por la Asamblea de la Sociedad de Naciones [52], concluyendo finalmente en un Tratado, ratificado por ambos países en 1929, mediante el cual el trazado fronterizo definitivo otorgaba Tacna a Perú y Arica a Chile. También firmó Chile con Bolivia un Tratado de Paz y Amistad en 1904 [53]. Suponía elevar a definitivas las conquistas territoriales de Chile, que negaban la salida al mar de Bolivia, contempladas en el Pacto de Tregua que en 1884 había puesto fin a la guerra del Pacífico de 1879-1884.

Después de haber trazado con precisión las líneas de la nueva frontera, Chile ofrece a su contrincante vencido algunas salidas para no asfixiar la economía boliviana. Los puertos de Arica y Antofagasta quedan habilitados para el comercio de exportación e importación de Bolivia, pudiendo ésta instalar sus propias agencias aduaneras en ellos. Se compromete asimismo el gobierno de Chile a construir por su cuenta un ferrocarril que una el puerto de Arica con La Paz. Y por último, anunciaba la colaboración financiera en la construcción de los ferrocarriles del interior de Bolivia que debían unir las principales ciudades. La impresión de un proceder benéfico no llega a ocultar la realidad de la situación. Bolivia no tuvo más remedio que aceptar las exigencias chilenas avaladas por una guerra que había perdido. Pero nunca ha desaparecido la idea de desposeimiento en la conciencia boliviana. Durante un siglo, con periodos de mayor o menor insistencia, la salida al Pacífico es en Bolivia una cuestión irredenta que ha fomentado el nacionalismo y otros conflictos, como veremos. Ahora seguimos situados en el altiplano boliviano observando las difluencias en forma de conflictos fronterizos que se producen en círculo, siguiendo las agujas del reloj.

Al mismo tiempo que Chile cerraba definitivamente la salida al mar de Bolivia, Perú y Brasil ponían sobre la mesa las discrepancias sobre la frontera amazónica que les une y separa al mismo tiempo. Aparentemente el desconocimiento geográfico en el ámbito de la selva amazónica era la causa principal de muchas incertidumbres o equívocos fronterizos. Esto era cierto, en efecto, pero en estos asuntos es la política con objetivos muy claros la que se sitúa por delante, o por encima, de la geografía. Por ejemplo, Brasil desconocía una gran parte de su territorio, pero considera al Amazonas como un gran agente geopolítico que fluye en dirección contraria a la del caudal hídrico. Es decir, trata de buscar las fuentes de los afluentes de orden más pequeño y la línea divisoria de aguas de la cuenca como referentes fronterizos. Dadas las dimensiones de la cuenca del Gran Río, esta política sólo se ha visto satisfecha en algunas zonas, como en el macizo de las Guayanas, formando el Territorio de Roraima, regado por el río Branco. Pero si el contendiente es un país pequeño y negociador débil, la presión puede rendir sus frutos. Con Perú planteó Brasil el conflicto por la posesión de los ríos Yuruá y Purus, dos afluentes por la derecha del Amazonas que nacen en la región peruana de La Montaña. La Comisión Mixta que estudió el caso entre los años 1904 y 1906 acreditó esta realidad geográfica [54], debiendo avenirse Brasil a una línea fronteriza que fracciona la cuenca alta de ambos ríos y reduce el territorio del Estado de Acre que Brasil ha querido incrementar desplazando las fronteras con Perú y Bolivia hasta las paredes de los Andes. Cuando la ocasión se presentó propicia, como la indicada en la Figura 59, Perú le recuerda a Brasil el trazado de la frontera que entre ambos rige desde principios del siglo XX.

Fue la región de Acre, mucho antes que alcanzara la categoría de Estado brasileño, motivo de conflicto entre Brasil y Bolivia. Este conflicto tiene raíces profundas y motivaciones complejas, pero no podemos desligarlo de la búsqueda desesperada que Bolivia emprende de una salida al mar después de perder la salida al Pacífico. No había dudas de que estos territorios formaban parte de la América española a raíz de los Tratados de límites, aunque la línea se había desplazado hacia occidente en el Tratado de Límites de 1750 con respecto al de Tordesillas de 1494, y aun al oeste de la misma figuraban en la cartografía de la época varios territorios con la indicación: “provincia asolada por los portugueses” [55]. Y tampoco se le disputaba a Bolivia la soberanía sobre los mismos después de la independencia. Sin embargo, su posesión efectiva estaba muy lejos de haberse consumado. Durante gran parte del siglo XIX fue un despoblado, utilizado si acaso como lugar de castigo para desterrados. La situación cambia en las dos últimas décadas del siglo XIX cuando el gobierno brasileño fomenta la inmigración hacia estos valles, interesado por la explotación de la quina y del caucho. Los términos del conflicto entonces se hacen cada vez más evidentes: mayoría de población brasileña asentada en un territorio boliviano. Cuando Bolivia quiso equilibrar la composición demográfica de la región, incluyendo la presencia militar, el efecto colonizador de varias décadas se mostró irreversible; y la realidad social determinó la deriva política, o geopolítica. Bolivia decide abandonar estos territorios, pero situando la cesión en el marco de un Tratado, el de Petrópolis de 1903, en el que se negociaron compensaciones [56]. Por la cesión de los territorios de Acre, en el valle del río del mismo nombre, Brasil otorgó a Bolivia algunas compensaciones territoriales en la zona del Mato Grosso, además de una indemnización de dos millones de libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril paralelo al río Mamoré en Bolivia que se adentraba en Brasil paralelo al Madeira. Este ferrocarril y la previsión que hace el Tratado de que Bolivia pueda utilizar los ríos brasileños para la navegación y el comercio ponen de manifiesto que entre las compensaciones también figuraba la apertura de una vía fluvial hacia el Atlántico para la economía boliviana.

Un puerto fluvial en el curso medio del Madeira, principal afluente del Amazonas por la derecha, podía ser, en efecto, un alivio para la economía boliviana, pero al mismo tiempo permitía la injerencia brasileña en su desarrollo. Los bolivianos, conscientes de estas dependencias, no dejan de buscar otras salidas, mirando ahora hacia el mismo océano, el Atlántico, pero siguiendo el curso de otro río. El río Paraguay, desde Asunción, y el Paraná, desde Corrientes, eran la vía más corta para llegar a la bahía del Río de la Plata; pero en medio se interponía el Gran Chaco, una depresión en la que convergen los ríos que proceden de las mesetas brasileñas y de la cordillera de los Andes, desembocando en un colector principal, el río Paraná. La parte norte de la gran depresión, el llamado Chaco Boreal, había formado parte de la Audiencia de Charcas, lo que de jure le otorgaba a Bolivia la preferencia para reclamar su soberanía. Sin embargo, las prioridades territoriales, como hemos visto, habían sido otras durante décadas. De hecho Paraguay acreditaba una mayor presencia en la zona, construyendo fortines asociados a los puntos de provisión de agua, la principal riqueza en medio de la aridez, los terrenos salobres y la madera de quebracho. Los territorios más próximos a los ríos Paraguay y Pilcomayo eran en cambio muy fértiles.

Después de las derrotas y las pérdidas territoriales que Paraguay había sufrido en la “guerra grande” de 1865-1870, frente a tres enemigos avenidos en una Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina, su expansión por el triángulo que forman el Paraguay y el Pilcomayo era entendida como una reconstrucción de una territorialidad con la que se jugaba su propia existencia como país independiente. Bolivia conocía sin duda estos hechos, pero no parecía importarle demasiado la proyección paraguaya por la gran depresión. En Paraguay, en cambio, se profundiza la conciencia de posesión y pertenencia sobre el Chaco Boreal. Pero la situación cambiará radicalmente en los primeros años del siglo XX; y no es casualidad que sea en 1905 cuando Bolivia empiece a situar sus propios fortines en la zona que ahora empieza a disputarse del Chaco. Debemos recordar que en 1904 había firmado el Tratado de Paz y Amistad con Chile por el que se elevaba a definitiva la pérdida de su salida al Pacífico.

Los fortines bolivianos indicaban un cambio de estrategia. Eran posiciones de avance en una fase intermedia cuyo objetivo final era la construcción de un puerto en el río Paraguay, llegando incluso hasta la ciudad de Concepción, cuya ubicación se aproxima al centro de gravedad del territorio paraguayo. Para Paraguay estas pretensiones eran de todo punto inadmisibles, respondiendo con una propuesta de línea fronteriza con Bolivia que seguía el cauce del río Parapetí. Significaba el dominio sobre el Chaco Boreal y la negación de toda salida de Bolivia hacia el río Paraguay. Algo inaceptable asimismo para un país como Bolivia que a falta de mar buscaba desesperadamente el contacto con algún río importante. La desesperación era la antesala de la guerra.

Ambos países, intuyendo que se acercaba el momento de dirimir el conflicto por medios violentos, habían fijado sus posiciones extremas; es decir, en términos claramente lesivos para el territorio del otro. En un periodo precedente, sin las urgencias territoriales que hemos destacado, la cuestión del Chaco boliviano-paraguayo había sido tratada con el recurso al reparto geométrico y la negociación sin ninguna premura. En la Figura 60 podemos observar las diferentes soluciones de reparto propuestas entre los años 1879 y 1907: una solución “en diagonal” y varias “en ángulo recto”, determinadas éstas por sendos paralelos y meridianos que parten respectivamente de los ríos que enmarcan el área, el Paraguay y el Pilcomayo. Pero ninguna solución pudo elevarse a definitiva. Bolivia no mostraba demasiado interés por la zona, aunque conocía su prioridad jurídica a la posesión de la misma. Entretanto, Paraguay avanzaba en sus posiciones de ocupación, resarciéndose de las pérdidas territoriales que Argentina le había causado tras la guerra que concluyó en 1870, y por la que tuvo que ajustar sus fronteras al río Paraná y al río Paraguay, aguas abajo de Asunción.

En el precalentamiento de una situación que estaba ya próxima a la combustión aparece el petróleo, el producto menos indicado para bajar la tensión y comprometer a los contendientes en una negociación. En el año 1927 la compañía norteamericana Standard Oil of New Jersey, con licencia boliviana, había encontrado petróleo en las vertientes andinas del Chaco, lo que alimentó la especulación sobre la existencia de un “mar de petróleo” en toda la depresión, pero los paraguayos habían otorgado los permisos de prospección a la Royal Dutch-Shell, compañía anglo-holandesa. De esta forma, la lucha por el territorio se presentaba mucho más enconada que si sólo se tratara de ganar unas posiciones y explotar los recursos de superficie. Por otra parte, las multinacionales agotaban su código de conducta en la cuestión de con quién habrían de negociar las condiciones de explotación, apoyando por igual la solución negociada o la guerra más virulenta.

El año 1928 marcó claramente el avance hacia el enfrentamiento armado. El gobierno paraguayo autorizó la creación de una colonia de inmigrantes menonitas en el centro mismo del Chaco. Y entre los instrumentos de propaganda que decidió utilizar a favor de sus posiciones figura la emisión de una estampilla de correos en la que sobre el territorio en litigio se podía leer: “Chaco Paraguayo” (Figura 61). La emisión se amplió en calidad y en cantidad con otras emisiones para una más fácil lectura y visualización del uso postal a favor de sus reivindicaciones. En la estampilla (Figura 62) podemos observar una representación más precisa del “Chaco Paraguayo”, cuyos límites llegaban por el norte hasta el río Parapetí y las Serranías de San José y de Santiago, al nordeste. La parte cartográfica que era propiamente el motivo del sello se completaba con una proclama inequívoca: “el Chaco Boreal ha sido, es y será del Paraguay”. Por su parte, Bolivia, indignada por la propaganda postal paraguaya, estimó que también debía entrar en este apartado tan específico de la contienda. Entre los años 1931, el anterior al comienzo de la guerra abierta, y 1935, el del final de la misma, hizo circular varias series de estampillas con un mismo mapa, en el que toda la región del Chaco Boreal, entre el Pilcomayo y el Paraguay aparece incorporada como “Chaco Boliviano” (Figura 63).

En 1928 se registraron varios incidentes entre patrullas militares y los primeros ataques a fortines que causaron víctimas. La gravedad de los acontecimientos motivó una llegada del asunto a la Sociedad de Naciones, poniéndose en marcha un proceso de mediación que no logró disuadir a los contendientes de su preparación para la guerra. Su verdadero objetivo era el de la provisión de armamento y la preparación de la estrategia. En junio de 1932 el presidente de Bolivia ordena a su Ejército la invasión del Chaco, comenzando formalmente la guerra. Durante casi tres años se sucedieron ataques y contraataques, decenas de miles de muertos, intervenciones extranjeras, de argentinos, checos, franceses y británicos, e intentos de mediación al más alto nivel, como los del Papa, del presidente de los Estados Unidos y de la Sociedad de Naciones. Pero fue el agotamiento de las fuerzas y algunas ventajas a favor de Paraguay las que decidieron el fin de la lucha y el resultado final de la misma. Bolivia perdió sin apelaciones la guerra, aunque logró a última hora que las pérdidas del territorio no coincidieran con las máximas aspiraciones de Paraguay. Paraguay contó con una inestimable ayuda de Argentina en armas, alimentos y dirección técnica; inestimable por que la mayor parte de la misma se hizo al margen de las convenciones internacionales [57]. En algún momento el mejor conocimiento geográfico de la zona por parte de Paraguay fue decisivo para el avance de posiciones hacia la victoria final. Los bolivianos, mejor adaptados a las condiciones geográficas y ambientales del altiplano, bajaron a la depresión también a luchar contra sus rigores. Además el mariscal José Félix Estigarribia, de cuyo recuerdo los mapas dan fe con el nombre de una ciudad localizada en el centro del Chaco conquistado, máximo responsable de la estrategia seguida por Paraguay, les facilitó el encuentro con una geografía que también entraba en la lucha. Siguiendo el principio guerrillero de abandonar el territorio que se quiere conquistar, propició, probablemente de manera definitiva para el desenlace de la guerra, la superación de una lógica marcial más convencional, basada en los principios de posición, ocupación y formación de las tropas.

En los meses finales de 1934 y principios de 1935 se negociaron en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, con la participación especial en los trabajos de pacificación de los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil, los términos de una tregua y de un acuerdo final [58]. Tres años más tarde, en 1938, sería elevado a definitivo. En el nuevo orden territorial de la zona Paraguay había conseguido imponer su dominio sobre la mayor parte del Chaco Boreal en disputa con Bolivia. La frontera finalmente trazada en el norte del Chaco se aproximaba, aunque no llegaba, a las líneas naturales que Paraguay había fijado, que eran el curso del río Parapetí y la orla de Serranías que iban desde la desembocadura de éste en los Bañados de Izozog, hasta el curso del río Paraguay. En términos puramente cuantitativos, Paraguay había puesto en juego con esta guerra aproximadamente el 60% del territorio de su actual Estado. Bolivia se veía obligada a desprenderse de un jirón más de su territorio; que no sería el último, no en el tiempo, sino en el cómputo circular que estamos haciendo.

El círculo de las detracciones territoriales bolivianas se cierra en la denominada Puna de Atacama. Era esta una altiplanicie andina próxima a los 4.000 metros de altura y unos 80.000 kilómetros cuadrados, ocupada por Bolivia antes de que la guerra del Pacífico la obligara a un repliegue general en todo el frente andino hacia el océano. Después de ceder a Chile el desierto de Atacama, los chilenos pretendieron llegar con su expansión hasta las tierras altas; hasta la Puna de Atacama, donde se encontrarían con Argentina y con la propia Bolivia. Entonces Argentina y Bolivia se pusieron de acuerdo para hacer un frente común contra las ambiciones territoriales chilenas, y al mismo tiempo solventar las incertidumbres sobre la frontera que compartían. Firmaron un Tratado en 1889 por el cual Bolivia cedía a Argentina la Puna de Atacama, a cambio de la renuncia de ésta a la provincia de Tarija, que quedaría dentro de la nueva frontera boliviana. Quedaron asimismo disipadas las dudas sobre los territorios del Chaco comprendidos entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, renunciando Bolivia a la pretensión que había mantenido sobre ellos  [59].

El sueño bolivariano de una Gran República que llevaba su nombre, asentada sobre la clave del gran arco andino, con salidas directas a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y cuñas de penetración hasta el propio Amazonas, se había desvanecido por completo. Sucesivas guerras encadenadas a lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX fueron despiezando la periferia de un bloque sometido a fuertes presiones externas y débiles o nulas defensas internas. Los antiguos Virreinatos, reconstruidos en bloque de poder republicanos, resuelven a su favor, en el campo de batalla o en las mesas de negociación, la anexión de aquellos territorios de las depresiones o del altiplano geográficamente desconocidos y de jurisdicción dudosa. En el interior, la débil presión demográfica favorecía, cuando no invitaba, al reajuste territorial. Por tal entendemos, por ejemplo, la inmigración brasileña hacia los valles de la región de Acre.

Cuando Bolivia surgió como Estado independiente su superficie ascendía, con redondeo, a 1.800.000 kilómetros cuadrados. Estas eran las dimensiones de “un marco geográfico que le había trazado la naturaleza para que fuese un estado robusto y fuerte” [60]. Pero la providencia sólo propone, incluso cuando lo hace a través de Bolívar. La pérdida de 700.000 kilómetros cuadrados nos indica que es el hombre quien dispone los reajustes territoriales cuando su fuerza se agrega en forma de presión demográfica, o se convierte en puras expresiones de poder ancladas en otras motivaciones.

Conclusiones

La idea de Estado abierto que señalábamos en la introducción constituye el elemento común que pone en relación los casos estudiados. Pero esta idea tiene un alcance limitado, porque el Estado al que nos referimos no deja de ser un modelo de comunidad geopolítica relativamente reciente en términos históricos. En última instancia estamos hablando de las claves en las que se manifiesta la territorialidad humana. Que el hombre es un animal territorial ya lo sabemos; lo que hay que precisar es el grado y los términos con los que quiere ejercer el pretendido derecho de exclusión. A este propósito hemos contribuido con los ejemplos expuestos, en los que fronteras y territorios son causa de conflicto entre dos o más comunidades.

Podemos asimismo concluir que la Geografía que se expone en este trabajo nos ayuda a entender la Historia y la Política; la primera, siguiendo el principio de que el territorio es una infraestructura, y la segunda, desarrollando el supuesto de que el territorio es poder. Y entre los medios que utiliza la Política para hacer efectiva esta ecuación figuran algunos que hemos destacado por su sutileza, y de los que se empieza advirtiendo en el propio título: la lucha postal por el territorio.

El tema de la propaganda postal no es nuevo, pero son muy escasas las referencias en castellano que conocemos sobre la utilización de las estampillas de Correos como vehículos de ideas políticas. Horacio Capel planteó de forma muy directa esta cuestión en un epígrafe, titulado “Sellos postales e ideología”, de un trabajo de mayor amplitud sobre “La dimensión geográfica del Servicio de Correos”, destacando el papel de los sellos de correos en “la configuración de las nacionalidades” y en la afirmación de “el sentimiento de pertenencia” [61]. Alguna indicación en la misma dirección se advierte en un artículo de Álvaro Sánchez y Héctor Mendoza, titulado “Los mapas: vértice común a la Geografía y a la Filatelia” [62]. Sirva por último el ejemplo de Tullio Aebischer que clasifica sus francobolli, relacionados con la mappa, en una entrada en línea titulada “Filatelia e confini” [63]. Para nosotros el elemento central de las estampillas ha sido el mapa, impreso con fines informativos y de propaganda en un contexto de conflicto o de lucha abierta por el dominio de un territorio. El caso más evidente de los estudiados sea tal vez el último; el que protagonizan Bolivia y Paraguay con la Guerra del Chaco. Guerra de la que se ha llegado a decir, con evidente exageración, “que estalló por un sello de correos” [64], en referencia a la emisión paraguaya de 1928 (Figuras 61 y 62).

En mayor o menor medida, todos los países imprimen en sus sellos de correos mapas con la pretensión de afirmación o reivindicación territorial. Los casos que hemos estudiado, y por ello hemos priorizado su selección, lo hacen en gran medida; es decir, con total conciencia y determinación. Difunden así pequeños documentos en los que queda constancia de la permanente lucha del hombre por el territorio, en ocasiones de forma muy directa, y en otras, entreverada con mensajes muy variados relacionados con la cultura, la ciencia, el arte o el medio ambiente. En cualquier caso, coleccionistas y estudiosos, desde la geografía y desde otras disciplinas, tienen ante sí un amplio campo de diminutos espacios por explorar.

Notas

[1] Según expresión de A. Melón, 1941, pp. 24-25.

[2] Lo había escrito ya en los años veinte, en su obra Mi lucha. Citado por W. Wagner, 1964, p. 2.

[3] H. Kinder y W. Hilgemann, 1999, Atlas histórico mundial, II, p. 171.

[4] W. Wagner, 1964, El origen de la línea Oder-Neisse, p. 49.

[5] Se trata del Neisse de Lusacia, que pasa por Görlitz, no del Neisse que bajando de los Sudetes, atraviesa la Silesia central para desembocar también en el Oder, aguas arriba de Breslau.

[6] Pueden seguirse los acontecimientos y detalles en W. Wagner, 1964, op. cit. En especial el capítulo X.

[7] Ibídem, p. 179.

[8] S. Konow, 1946, India, p. 183.

[9] Ibídem, p. 86.

[10] El País, 27 de octubre de 2004, p. 14.

[11] El País, 10 de octubre de 2005, p. 4.

[12] Manual de la Sociedad de las Naciones, 1935, p. 135.

[13] Ibídem, p. 137.

[14] H. Kinder y W. Hilgemann, 1999, Atlas…, II, p. 278.

[15] Sagrada Biblia, 1965, “Salmos”, 104, 5-9.

[16] Revista de Geografía Colonial y Mercantil, Vol. VI, 1909. “Actas de las Sesiones de la Sociedad”, Sesión del 1 de diciembre de 1908, pp. 35-40.

[17] A. T. Reguera Rodríguez, 2002, “La formación de la conciencia africanista…”, pp. 23-45.

[18] G. de Reparaz, 1924, Política de España en África, passim.

[19] H. Kinder y W. Hilgemann, 1999, Atlas…, II, p. 289.

[20] Curso de Derecho Internacional, 1980, I, p. 131.

[21] Sáhara occidental. Historia y vida de un pueblo en el exilio, 2006, p. 6.

[22] Declaración de principios….., 14 de noviembre de 1975.

[23] Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, 2003, Informe…., S/2003/59.

[24] Véase el Capítulo IV, “Régimen jurídico del Ártico”, del libro Derecho Internacional del Mar, 1988, pp. 139-148.

[25] D. Constantine y E. Aigner, 2005, “Dos formas de repartir el Océano Ártico”, p. 4.

[26] Puede verse, a propósito, P. Herrmann, 1982, Grandes exploraciones geográficas…, pp. 373 y ss.

[27] J. M. Calvo, 2006, “El Ártico enfrenta a Canadá y EE. UU.”, p. 9.

[28] Derecho Internacional del Mar, 1988, pp. 144-145.

[29] El País Domingo, 1 de octubre de 2206, p. 10.

[30] S. Leahy, 2006, “Reclamos territoriales se reavivan en el Ártico”, y R. Jackson y T. Dahl-Jensen, 2006, “Lorita-1 (Lomonosov Ridge. Test of appurtenance)”.

[31] C. Badía, 1946, El factor geográfico en la política sudamericana, passim.

[32] Ibídem, p. 307.

[33] R. Beltrán y Rózpide, 1904, “La República de Panamá”, pp. 426-436.

[34] E. Palacio Galo, 2000, “La Mosquitia, el Estado y la afirmación nacional”.

[35] Tal y como aparece en el Atlas Universal Aguilar, 1958, p. 51 (del Atlas).

[36] R. Beltrán y Rózpide, 1905-1906, “Las cuestiones de límites en la América Meridional”, pp. 58-59.

[37] M. Mairena Martínez, 1999, “El Gobierno carga su culpa”.

[38] “Case concerning the arbitral award made by the King of Spain on 23 december 1906 (Honduras v. Nicaragua)”, 1960, p. 195.

[39] C. Badía, op. cit., pp. 219 y ss.

[40] Ibídem, p. 247.

[41] T. Alvarado Garaicoa, 1952, Sinopsis del derecho territorial ecuatoriano. Véase el Epígrafe “El Ecuador país amazónico”, pp. 83-90.

[42] Manual de la Sociedad de las Naciones, 1935, pp. 131.132.

[43] F. Donovan, 1966, Historia de la doctrina Monroe, p. 11.

[44] B. Villalta, 1958, pp. 127-128.

[45] Laudo de París de 3 de octubre de 1899, sobre los límites de Venezuela con la Guayana Británica.

[46] A. F. Fenty, 2001, Una introducción a la posición de Guyana…., p. 4.

[47] Ibídem, p. 7.

[48] Ibídem, p. 9.

[49] Ibídem, p. 19.

[50] J. Lynch, 1976, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, pp. 316-317.

[51] C. Badía, op. cit., p. 211.

[52] Manual de la Sociedad de las Naciones, op. cit., p. 118.

[53] Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia…., 20 de octubre de 1904.

[54] C. Badía, op. cit., p. 207.

[55] A. T. Reguera Rodríguez, 2005, “La cartografía americana….”, p. 343.

[56] O Tratado de Petrópolis, Brasil e Bolivia, 17 de novembro de 1903.

[57] Argentina y la guerra del Chaco, 2006, pp. 1-3.

[58] Manual de la Sociedad de las Naciones, op. cit., pp. 126-127.

[59] C. Escudé y A. Cisneros (dirs.), 2006, Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, Capítulo 38: “Las relaciones con Bolivia, Paraguay y Uruguay”.

[60] R. Querejazu Calvo, 2006, Bolivia y su población, p. 3.

[61] H. Capel, 2003, La cosmópolis y la ciudad, pp. 145-146.

[62] A. Sánchez y H. Mendoza, 1991, pp. 24-32.

[63] T. Aebischer, 2006, pp. 1-4.

[64] I. Zigan, 1960, “Errores en los sellos de correos”, p. 82.

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