CAPEL, Horacio. El debate sobre la construcción de la ciudad y el llamado"Modelo Barcelona".

Horacio Capel
hcapel@ub.edu
Departamento de Geografía Humana. Universidad de Barcelona

El debate sobre la construcción de la ciudad y el modelo Barcelona (Resumen)

Las grandes transformaciones que ha experimentado la ciudad de Barcelona en los últimos veinticinco años han permitido hablar del ‘modelo Barcelona'. En un primer momento (años 1980) fueron esenciales las actuaciones para regenerar espacios, con la intervención en calles y plazas, el esfuerzo en el equipamiento de la toda la ciudad y especialmente en las áreas periféricas donde había graves déficits urbanísticos, y la prioridad del proyecto urbano. Fue también importante el papel de los movimientos sociales en las reivindicaciones urbanas. La preparación de los Juegos Olímpicos (1992), cambió el modelo de actuación hacia los grandes proyectos, tratando de equipar la ciudad para competir en el mercado mundial. En el artículo se hace una caracterización del llamado modelo Barcelona y se examinan críticamente algunas actuaciones en el campo del urbanismo, de las políticas sociales y del planeamiento. Finalmente, se pone énfasis en la necesidad de que la construcción de la ciudad no se deje solamente en manos de políticos y de técnicos sino que cuente de manera esencial con la participación ciudadana y el diálogo. Los objetivos sociales y políticos han de ser el punto de partida para las actuaciones urbanísticas y la organización física de la ciudad.

The debate on the making of the city and the Barcelona model (Abstract)

The great transformations that the city of Barcelona has endured in the last 25 years have led to the creation of the term” Barcelona model”. In a first phase (1980s), the main interventions were oriented to the regeneration of spaces (interventions in streets and squares) and to the creation of public facilities thorough the whole city but especially in the peripheral areas, affected by serious urban deficits. The priority in those years was the urban project, giving also special attention to the social movements and their claims for a better urban environment. The preparation of the Olympic Games (1992) changed the model of urban intervention towards big projects scheme, trying to prepare the city to the global competition. The paper characterizes the so called “Barcelona Model”, examining in a critical way some of the interventions in the urban planning arena and the social policy. Finally, emphasizes the need that the city construction is not left only to politicians and technicians, but takes also into account citizens participation and the dialogue between all these forces. The social and political goals have to be the departing point for any urban intervention and the spatial organization of the city.

He sido invitado a dar esta conferencia por el hecho de haber publicado un libro relativamente crítico sobre el llamado “modelo Barcelona”, un modelo que ha tenido un gran eco en muchas ciudades y paises especialmente de Iberoamérica[1].

Acepté porque pensé que en un congreso sobre poder local podía ser oportuno un debate sobre ese problema y, de una manera más general, sobre las formas de construcción de la ciudad actual, con el ejemplo de las experiencias que ha habido en Barcelona. Experiencias narradas por un observador que no ha tenido ninguna responsabilidad política ni técnica, ni ha trabajado en planificación urbana o territorial. Durante todos estos años me he limitado a ser un simple profesor universitario y a desarrollar líneas de investigación que, en algún caso, han tenido que ver con la ciudad.

Siempre podrá decirse que las cosas son mucho más complejas cuando hay que tomar decisiones, y que es muy fácil criticar desde afuera, reproche que acepto ya desde ahora. Estoy convencido de la complejidad de los hechos de que vamos a hablar y de la dificultad de decidir con acierto. Pero también de la necesidad, e incluso la urgencia, de que el debate no quede limitado a los círculos políticos y técnicos. Creo, además, que en ello nos jugamos mucho: no solo la forma como se construye la ciudad, y en beneficio de quién, sino el mismo futuro de la democracia.

Voy a organizar esta exposición en tres partes. En la primera resumiré los rasgos básicos que se reconocen en el llamado modelo Barcelona y aludiré también a las reacciones que ha suscitado. En la segunda presentaré de forma más detallada y crítica algunas actuaciones en el campo del urbanismo, de la políticas sociales y del planeamiento en esa ciudad. Finalmente destacaré la necesidad de pasar a una nueva forma de construir la ciudad, que no se deje solamente en manos de políticos y de técnicos sino que cuente de manera esencial con la participación ciudadana.

I. Los rasgos básicos del modelo Barcelona

El prestigio de la transición política española a la democracia dio a todo lo que sucedía en España un gran eco internacional a partir de 1975 y hasta 1992 (fecha en que se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla). Durante la década de 1960 España había tenido un fuerte desarrollo económico, de los mayores de su historia, y la muerte de Franco, la instauración de un régimen democrático, con una nueva Constitución (1978) y elecciones a todos los niveles, así como, finalmente, la entrada en la Unión Europea (1986) permitieron una consolidación de dicho crecimiento, a pesar de la recesión económica mundial provocada por la crisis del petróleo en 1973. Diversos pactos entre los partidos políticos y los agentes sociales (los llamados Pactos de la Moncloa, 1977) hicieron posible que los procesos de reestructuración económica que eran necesarios pudieran acometerse sin graves conflictos o rupturas sociales.

De todas maneras, la recesión económica no dejó de afectar a las ciudades. La detención del crecimiento masivo que se había producido en los sesenta, y la aparición incluso de movimientos de retorno, debido al paro industrial, explican que no fuera necesario seguir desarrollando vastas operaciones urbanísticas que habían sido comunes hasta entonces. Se detuvo por ello la construcción de grandes polígonos de viviendas en la periferia de las ciudades así como los proyectos de Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR), o “ciudades nuevas”, previstas en algunas áreas metropolitanas. El problema fundamental pasó a ser en ese momento el de la conservación y renovación de las construcciones urbanas existentes, y especialmente de los centros históricos y los cascos consolidados.

Con las primeras elecciones municipales de 1979 llegaron a cargos políticos en los ayuntamientos numerosos profesionales que se habían comprometido en los movimientos vecinales surgidos en los años finales del franquismo. Lo cual permitió adoptar medidas de fuerte contenido social para reducir los déficits existentes y para reequipar las ciudades y, especialmente, las periferias.

Las que se adoptaron en muchas ciudades españolas tuvieron un gran eco. En el caso de Madrid los ayuntamientos democráticos realizaron una espléndida labor que ha sido bien documentada; en esos años se realizó en la capital de España una ‘recualificación difusa’ de los barrios, con gran número de pequeñas operaciones de reurbanización y la inversión en reequipamiento, y con una fuerte presencia de las asociaciones vecinales[2].

En el caso de Barcelona los esfuerzos de ordenación del crecimiento urbano y de reestructuración fueron dirigidos por un gobierno municipal de mayoría socialista (PSC-PSOE) con apoyo del entonces partido comunista (PSUC, convertido luego en Iniciativa por Cataluña). El primer alcalde socialista, Narcís Serra, era una figura importante del socialismo catalán y español, siendo sustituido por Pasqual Maragall cuando fue nombrado ministro de Defensa (1982). Ambos contaron con colaboradores cualificados, que, en algunos casos, habían estado en contacto con los movimientos vecinales. Las actuaciones que se realizaron en Barcelona y las transformaciones urbanísticas de la ciudad fueron las que hicieron aparecer la imagen del “modelo Barcelona”, que tenía esencialmente una dimensión urbanística, a la que luego se le añadieron también otras (Figuras 1-4).

Figura 3. La calle Numancia y, al fondo, la montaña de Collcerola, con la torre de telecomunicaciones diseñada por Norman Foster. Foto Horacio Capel.

Se trata de un modelo de intervención cuyos rasgos básicos han sido señalados por varios autores[3]. Fueron fundamentales en un primer momento las actuaciones para tratar y regenerar espacios centrales, especialmente a través de intervenciones a la escala de calles y plazas, y el esfuerzo de equipamiento de la ciudad, con especial énfasis en las áreas periféricas donde había graves déficits dotacionales y urbanísticos. Se trataba de estrategias que hacían de la necesidad virtud, por la deficitaria situación general y de crisis económica que antes hemos señalado.

Uno de los protagonistas del proceso, el arquitecto Oriol Bohigas, Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona entre 1980 y 1984, ha señalado, precisamente en un comentario a mi libro, que en realidad no existe un “modelo Barcelona” pero que, en cambio, sí que puede hablarse de modelo en un aspecto fundamental: “el método de utilizar los instrumentos urbanísticos y de planificación”; es decir, que según Bohigas, “el modelo es solo la metodología”. Destaca como aspectos fundamentales los siguientes:

“acción basada en el proyecto del espacio público como lugar urbano y colectivo por excelencia, acción inmediata por medio de los proyectos urbanos que dan respuesta a la realidad inmediata de cada barrio, actuación prioritaria en lo que presenta ofertas de fácil ejecución, reconstrucción de la ciudad existente en lugar de la expansión, compacidad y continuidad urbana en lugar de la suburbialización, etc. Y todo eso se concreta en una manera de trabajar, basada en la eficacia del proyecto sobre la falta de definición del plan”[4].

Desde luego, la “acción inmediata por medio de los proyectos urbanos que dan respuesta a la realidad inmediata de cada barrio” era, como hemos visto, una política de urgencia de aplicación necesaria en los años 1980 ante la gravedad de los déficits. En cuanto a la “actuación prioritaria en lo que presenta ofertas de fácil ejecución”, era también, sin duda, una necesidad ineludible, por la escasez de recursos en los primeros años de la joven democracia y la necesidad de desarrollar un “urbanismo de la austeridad” que diera prioridad a las intervenciones más eficaces con el menor coste.

En esas circunstancias, las actuaciones que se realizaron en Barcelona –como en otras ciudades españolas– permitieron reequipar la ciudad de forma equilibrada y mejorar la calidad de vida. Durante los años 1980 desaparecieron las áreas de barraquismo que existían en la periferia del municipio. Unas, las que estaban sobre suelo público y sin títulos de propiedad, con el derribo y el traslado de sus habitantes a nuevas viviendas; otras las que estaban sobre parcelaciones ilegales (es decir, sobre suelo calificado como ‘no urbanizable’) pero con título de propiedad, mediante la fuerte inversión pública en el viario y equipamientos. Al mismo tiempo, la estabilidad económica y política permitió que las familias que vivían en esas viviendas pudieran reinvertir en la mejora de las mismas. Hoy los antiguos barrios de autoconstrucción presentan en general un paisaje normalizado e integrado en el tejido urbano (Figuras 5-6).

Figura 5. Uno de los últimos ejemplos de edificios de autoconstrucción en el barrio de Roquetas, Barcelona, con un cartel que muestra el inminente derribo para levantar un nuevo edificio. Foto Horacio Capel.

Figura 6. La mejora del espacio urbano por la inversión pública, y el proceso de renovación en el barrio de Roquetas, Barcelona. Foto Horacio Capel.

La concesión de los Juegos Olímpicos a Barcelona en 1986 sirvió para poner en marcha grandes proyectos urbanos que se extendieron al conjunto de la ciudad, con el diseño de operaciones de gran alcance. La oportunidad de los Juegos permitía aprovechar ese acontecimiento para realizar un esfuerzo inversor que condujera a una modernización profunda de las infraestructuras; se trata, por otra parte, de una tradición que Barcelona había utilizado ya con las Exposiciones Universal de 1888 e Internacional de 1922.

Las actuaciones urbanísticas no fueron las únicas. A ellas se añadieron en los años 1980 toda una serie de medidas sociales, políticas y económicas que se han considerado también importantes en el modelo Barcelona. Entre las más destacadas en la década de 1980 pueden señalarse el papel de los movimientos sociales en las reivindicaciones urbanas, y el énfasis en la participación y el acuerdo popular en relación con las transformaciones que se acometían. Pero pueden agregarse otras muchas que de una u otra forma se tomaron y que algunos autores consideran asimismo importantes; entre ellas: las medidas de descentralización municipal, las estrategias culturales, la preocupación por la cohesión social, la atención al planeamiento estratégico, la colaboración público-privada, o las actuaciones para la mejora del paisaje urbano[5].

Si nos fijamos en los rasgos que he señalado con referencia a las actuaciones urbanísticas de Barcelona y a las características que políticos y técnicos locales han ido añadiendo al “modelo Barcelona”, encontramos que en la enumeración aparecen medidas que no son exclusivas de esta ciudad, sino que obedecían a impulsos y necesidades más generales. Se pueden encontrar también en otras muchas ciudades, y a veces se tomaron de ellas. No extraña por ello que algún autor al referirse al modelo Barcelona no haya dudado en señalar que está compuesto por una combinación de préstamos políticos y económicos que se aplicaron en otras ciudades, y por algunas innovaciones barcelonesas[6]. A lo que hay que añadir la incidencia de las medidas generales adoptadas por el gobierno español, como, por ejemplo, la puesta en marcha de políticas de rehabilitación de áreas centrales.

Todo ello tuvo incidencia positiva en la mejora del espacio urbano y de la situación social en la ciudad, y permitió percibir las actuaciones urbanas como factor de desarrollo económico. Eso dio un gran prestigio a un modelo de actuación que pasó a ser muy valorado por especialistas diversos, tanto en Cataluña y el resto de España como en el extranjero, y que ha recibido incluso premios y alabanzas públicas de políticos y técnicos internacionales[7]. El ‘modelo Barcelona tuvo, especialmente, un amplio eco en numerosas ciudades iberoamericanas, difundido por diferentes profesionales y técnicos barceloneses[8].

A partir de la mitad de los noventa el modelo sería cuestionado desde diferentes perspectivas, del empresariado a los movimientos ciudadanos críticos. Desde el empresariado se considera ahora excesivo el énfasis que se ha puesto en el turismo, los grandes eventos, los servicios y la promoción inmobiliaria[9]. Desde la izquierda aparecen valoraciones que cuestionan la conversión de la ciudad en “un parque temático donde se trata a los ciudadanos como turistas de los que solo se espera que admiren, consuman y callen”; también se critican las inversiones excesivas en algunos grandes eventos, mientras se mantienen grandes carencias sociales y urbanísticas[10].

Más aún, algunos de los protagonistas se están distanciando del modelo y consideran que la intervención realizada en la ciudad durante los años 1980 se habría modificado de forma sustancial entre 1992, fecha de los Juegos Olímpicos, para los que se construyó el barrio conocido como Villa Olímpica, y 2004, celebración del Forum de las Culturas, que dio lugar al crecimiento del sector litoral conocido como Diagonal Mar[11] (Figuras 7, 8 y 9).

Figura 7. La Villa Olímpica (1992) de Barcelona, con edificios construidos para alojar a los atletas de los Juegos, convertidos luego en viviendas; en la foto, la interesante intervención de Enric Miralles en la Avenida Icaria. Foto Horacio Capel.

Figura 8. El edificio central del Forum de las Culturas (2004), Barcelona, por Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Foto Horacio Capel.

Vale la pena dedicar la segunda parte de esta exposición a un examen más detenido de las actuaciones que se realizaron. Hablaremos sucesivamente de las intervenciones en el campo de la construcción de edificios y en la trama urbana (es decir, todo lo que tiene que ver con la construcción de la urbs); de las que se refieren a la resolución de los problemas sociales y el bienestar de los ciudadanos (la civitas); y, finalmente, de las relacionadas con la dimensión política y administrativa del urbanismo (la polis). También haremos alguna referencia a la política de participación puesta a punto por el Ayuntamiento de Barcelona.

II. Las actuaciones en el campo del urbanismo, las políticas sociales y el planeamiento

Las intervenciones en los edificios y en la trama urbana de la ciudad

La crisis de 1973 había afectado al crecimiento urbano en toda Europa y los planes generales que se había aprobado, y que trataban de ordenar una situación de rápido crecimiento, quedaron de pronto desmesurados al paralizarse el mismo. Hubo que enfrentarse a situaciones nuevas como la crisis industrial y la urgencia de la reestructuración del tejido productivo, o la ya citada necesidad de poner énfasis en la rehabilitación del parque inmobiliario existente, especialmente en los cascos antiguos. En esa situación los urbanistas consideraron que era preciso actuar ‘contra el plan’, o al margen del mismo, y poner el acento en la gestión y en la negociación.

En ese contexto hay que situar el cuestionamiento del planeamiento y la insistencia en la importancia de la colaboración público-privada para el urbanismo, el énfasis en las actuaciones puntuales y en la gestión, o en la relación entre la administración pública y los agentes privados, en una manera de trabajar que, como hemos visto ya, destaca “la eficacia del proyecto sobre la falta de definición del plan”.

Los técnicos que han controlado en buena parte las transformaciones de Barcelona desde los años 1980 han sido arquitectos e ingenieros. Al igual que otros profesionales, están afectados en su trabajo por los paradigmas intelectuales que dominan en cada momento, y que dan lugar a cambios en las ideas urbanísticas. Los años de la transición democrática en España coincidieron con la crisis del neopositivismo en las ciencias sociales, la reaparición del historicismo y la difusión de la llamada postmodernidad. Paralelamente, y en relación con ello, se produjo en arquitectura el cuestionamiento del urbanismo de la Carta de Atenas, de los postulados del Movimiento Moderno y del planeamiento sistémico, y se conoció una revalorización de la historia y de las políticas de rehabilitación en los centros históricos.

La actuación de los arquitectos que dirigieron el urbanismo barcelonés se vio afectada por todo ello y algunas medidas que se adoptaron en los años 1980 se relacionan con ese cambio de concepciones. Así, frente al urbanismo del Movimiento Moderno, que había dominado en la construcción de polígonos de viviendas hasta mediados de los años 70, en los 80 se produjo una revalorización de la ciudad histórica y un renovado interés por el parque inmobiliario existente. El análisis morfológico del espacio construido se convierte ahora en punto de partida para las actuaciones urbanísticas, al igual que ocurrió en otras ciudades europeas.

El casco antiguo de Barcelona es uno de los más extensos y poblados de todas las ciudades europeas, por lo que las dificultades para su rehabilitación son especialmente grandes. Se trata de una morfología urbana que es resultado de una evolución de 2000 años, y en la que están presentes todas las etapas de la evolución histórica, desde la época romana hasta hoy.

El casco histórico barcelonés (la ciudad existente hasta mediados del XIX, o Ciutat Vella) había ido conociendo –como otros en Europa y América– un proceso de degradación física a partir de la construcción del Ensanche. Para detenerla se consideró necesario intervenir activamente. Se pretendió realizar un trabajo meticuloso, partiendo del conocimiento de la estructura de la propiedad, de la clasificación tipológica de los edificios y de las características sociológicas de los barrios. La idea original era buena pero, en las operaciones municipales que se realizaron, el trabajo no fue tan cuidadoso como era preciso, o se marginaron los estudios existentes optando finalmente por intervenciones duras y destructoras del patrimonio, verdaderos “desventramientos”.

Barcelona tenía proyectos de reforma interior desde el siglo XIX. En el de Ildefonso Cerdá (1859) el casco antiguo se dividía por dos avenidas rectas de dirección mar-montaña, que enlazaban con el Ensanche, y por una central perpendicular a las anteriores. La apertura de la Vía Layetana fue la primera que se acometió desde finales del XIX. Pero las ideas historicistas de ese momento dieron lugar a un amplio debate sobre las destrucciones del tejido histórico. Por ello se discutieron ya a fines del ochocientos modificaciones adaptadas al callejero existente, que no dieran lugar a esas vastas aperturas[12]. Las intervenciones decididas en los años 1980 aceptaron estas ideas, partiendo de la necesidad del esponjamiento del centro histórico. Se consideró que era preciso seguir con la apertura de dichas vías, pero también que debían introducirse adaptaciones en su trazado. La apertura de la Avenida de las Drassanes se convirtió en la Rambla del Raval, sin conectar con el Ensanche (Figuras 10 y 11), y la prolongación de la Avenida de la Catedral (construida en la década de 1940) se prolongó más allá de la Avenida Cambó. Al mismo tiempo se acometió el derribo de manzanas completas para abrir otros amplios espacios, como en Allada Vermell. Simultáneamente se realizaron vastas operaciones de fuerte renovación en el Raval, como la construcción del Museo de Arte Contemporáneo (MACBA) y la plaza situada ante el mismo[13].

Figura 10. Edificios del siglo XIX con fachada a la Rambla Nova del Raval, Barcelona. Foto Horacio Capel.

Figura 11. La Rambla Nova, que ha transformado profundamente la trama urbana del Raval, en Barcelona.

Esas operaciones han llevado al derribo de edificios de valor histórico indudable, a veces catalogados, y se han destruido áreas emblemáticas de la alta edad media al siglo XIX. No se ha prestado suficiente atención al mantenimiento del patrimonio inmobiliario existente, que además de su valor de uso tiene otro esencial para la identidad de la ciudad.

Sin duda era preciso actuar en el centro historico para mejorar la habitabilidad y la higiene. Pero eso podía hacerse mediante ampliaciones de las viviendas, la liberación de patios de edificios y manzanas, la eliminación de alojamientos en las terrazas, sin necesidad de recurrir a los traumáticos derribos generalizados. Deberían haberse hecho operaciones exigentes, manzana a manzana, teniendo gran cuidado en conservar los edificios que se encontraban en buen estado rehabilitar edificios sólidos. Y no se ha tenido el cuidado indispensable con las tramas históricas, algunas con un milenio o más de antigüedad. Por ejemplo en la Vilanova del siglo XII (el sector de la calle Montcada), donde se ha afectado tanto al trazado como a edificios medievales y de la edad moderna y se han construido edificaciones muy discutibles (Figura 12). O en la continuación de la Avenida Cambó, donde se han realizado derribos generalizados, dando lugar al denominado "Forat de la Vergonya" (o "Agujero de la Vergüenza" Figura 13-17). El inventario de los edificios históricos medievales o de la edad moderna, así como de restos arqueológicos, perdidos por la ciudad produce escándalo; entre los cuales edificios medievales, la casa dels Infants Orfes, las intervenciones en la Barceloneta (Figura 18), o el mercado de Santa Caterina, en donde se realizó una intervención de Enric Miralles, muy discutible por el lugar en que se encuentra (Figura 19).

Figura 12. La destrucción de la trama y los edificios de la vilanova del siglo XII. La ampliación del Museo Picasso ha dado lugar a estas estructuras en cemento, remedo, al parecer, de torres medievales con fachada a la nueva plaza Jaume Sabartés, Barcelona. Foto Horacio Capel.

Figura 13. Manzanas enteras con edificios de los siglos XVII y XVIII han sido derribadas en el llamado Forat de la Vergonya; al fondo la calle de Sant Pere mes Baix, Barcelona. Foto Horacio Capel.

Figura 14. Protestas vecinales en el Forat de la Vergonya, Barcelona. Foto Horacio Capel.

A ello debe unirse el problema del diseño concreto de las operaciones y los edificios construidos, que muchas veces son de mala calidad y formalmente discutibles en relación con el entorno. La actitud individualista de algunos arquitectos, que se consideran creadores de obras singulares y que no tienen en cuenta el ambiente en que se levantan, ha tenido consecuencias nefastas. Ha llevado a edificios que contrastan de forma hiriente con el paisaje circundante, que no respetan los ritmos compositivos de la edificación existente, la arquitectura unitaria de los edificios de épocas distintas y estilos diversos. Y a veces, cuando han intentado adaptarse al ambiente histórico, han construido pastiches de mala calidad que se deterioran rápidamente[14].

Ha habido también una política de mejoras de fachadas, que ha podido producir en algunos casos mejoras sensibles del paisaje urbano; por ejemplo, con la campaña Barcelona posa’t guapa. Pero los derribos de edificios interesantes para el patrimonio histórico de la ciudad han sido numerosos tanto en el centro histórico como en otras áreas de la ciudad (como el Ensanche y la Barceloneta). También pueden discutirse las actuaciones realizadas en el viejo puerto de Barcelona.

Los errores han sido muchos, y hasta los mismos arquitectos, poco dados a la autocrítica, están hoy reconociendo que se han cometido algunos bastante graves. Los derribos de la Rambla Nova del Raval, que muchos de esos técnicos habían considerado públicamente como absolutamente necesarios, no parecen ahora tan acertados[15].

La descripción de esa destrucción y reconstrucción del casco antiguo de Barelona, concretamente una parte del Raval frente al antiguo monasterio benedictino de Sant Pau del Camp (siglo XII), aparece en la película En construcción de José Luis Guerin (2002), un documental voluntarioso sobre los problemas que afectan al casco histórico, pero finalmente fallido por falta de una idea clara de la evolución histórica y de los matices de la estructura social de esa parte de la ciudad.

La dimensión social en Barcelona

De manera general, puede afirmarse que Barcelona ha mejorado de forma sensible. Pero también es cierto que a pesar de la mejora general de la economía y del nivel de vida, la ciudad sigue teniendo problemas sociales y, sobre todo, que en algunos casos la atención a ellos no ha sido suficiente.

En el centro histórico reside una importante cifra de población de más de 65 años, con dificultades para sobrevivir y para pagar los alquileres, sobre todo cuando éstos aumentaron por aplicación de la nueva ley de arrendamientos. Una nueva población inmigrante está crecientemente presente en la ciudad y se aloja en bloques de viviendas situados en áreas consolidadas, y a veces envejecidas, en polígonos de vivienda construidos hace cuatro o cinco décadas, y en alojamientos precarios que vuelven a revivir situaciones de infravivienda típicas de épocas pasadas. Los jóvenes, con salarios bajos y contratos poco estables, tienen dificultades para independizarse y encontrar vivienda propia.

Sin duda, el Ayuntamiento ha pretendido desarrollar una política que podemos calificar de progresista, que se refleja en la voluntad de no expulsar a los habitantes afectados por las operaciones de rehabilitación del centro histórico, y realojarlos en el mismo. En eso contrasta con los primeros procesos de renovación en las ciudades europeas durante los años 1960 y 70, ligados al descubrimiento de los valores del centro de la ciudad, y al inicio del proceso que se llamó de ‘gentrificación’. Pero también es cierto que el proceso no ha sido fácil, ya que había realquilados sin contratos, o habitantes en situación irregular, que no se han visto beneficiados por las medidas sociales que se adoptaron[16].

El problema de la vivienda de los grupos populares sigue siendo uno de los más graves de Barcelona, como en el resto de España[17]. El precio de la vivienda nueva en la ciudad se ha hecho prohibitivo para éstos, y la vivienda de segunda mano es también cara, y en los cascos históricos a veces en malas condiciones. Los grupos de población de rentas medias tienen dificultades para vivir en el tejido urbano consolidado de la ciudad de Barcelona, y se han de marchar a bloques y casas construidas en municipios periféricos alejados del centro, aumentando con ello la dispersión de la vivienda en el área metropolitana y en el resto de la provincia de Barcelona. Las bajadas de los tipos de interés producidas durante bastante años no han repercutido en los compradores sino que han contribuido a incrementar los beneficios de los promotores inmobiliarios.

Es cierto que la resolución de los problemas sociales muchas veces escapa a las capacidades y atribuciones de los gobiernos municipales. Pero la inexistencia de planes de vivienda social a precios asequibles es uno de los grandes déficits del planeamiento de Barcelona. Durante los años 1990 el diferente color político de las administraciones municipal (de izquierda), de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del Estado (de derechas) hizo dificil conseguir apoyos para la inversión social en Barcelona. Además no es seguro que haya existido en el Ayuntamiento de Barcelona una voluntad política para la construcción de vivienda social, como muestra el reducido protagonismo dado a una institución como el Patronato Municipal de la Vivienda, creado en los años 1920 y muy activo en los cincuenta y sesenta[18]. Barcelona, como otras ciudades, y sobre todo el área metropolitana, sigue siendo un espacio segregado y estratificado. Lo cual se expresa en las diferencias de renta entre unos barrios y otros, y en los valores de las viviendas; pero también en el acceso al trabajo y a los equipamientos (tanto en tiempo como en coste). No ha existido una política decidida de actuaciones para aumentar la diversificación y la mezcla social, excepto aquellas que suponen la “invasión” de grupos sociales adinerados en áreas populares que constituyen entornos agradables o privilegiados (por su centralidad, acceso a las comunicaciones, situación litoral...). No ha habido construcción de vivienda social en los barrios burgueses, como, por ejemplo, los de Sarriá y Pedralbes. Los ideales de diversificación y mezcla social no se aplican en todas las direcciones, sino generalmente en perjuicio de las clases populares.

La rehabilitación y los derribos siempre afectan a éstos grupos sociales. Uno de los ejemplos más significativos es seguramente el Poblenou, donde se han hecho expropiaciones a bajo precio de viviendas populares, aunque eso no ha ido seguido de la construcción de viviendas sociales sino que ha dado lugar a grandes plusvalías de las que se han aprovechado los grupos inmobiliarios, con viviendas de alto precio para el mercado libre, adquiridas por grupos sociales medios y altos. La población que reside en ese barrio popular del Poblenou no tiene acceso generalmente a dichas viviendas. Uno de los sectores más significativos en ese sentido es el de Diagonal Mar, donde no se han cumplido las previsiones sobre la recuperación de parte de las plusvalías generadas por las apertura de esa vía con vistas a la creación de vivienda social pública (Figura 20).

Figura 20. El sector de Diagonal Mar, Barcelona, con el centro comercial y los nuevos edificios junto al mar. Foto Horacio Capel.

Aunque el objetivo de aumentar la cohesión social aparece casi siempre en las declaraciones de los políticos, no es seguro que se haya cumplido. Evidentemente, no todo depende de la política municipal. Pero la utilización de términos retóricos sobre la necesidad de apoyar la cohesión, tendría que ir acompañada de esfuerzos por mantener el tejido social de los barrios afectados, lo que no se ha hecho, por ejemplo, en el Poblenou y en Ciutat Vella. Se han destruido espacios donde se habían anudado redes sociales, y que tenían valor y significado, y no se ha tenido en cuenta que el tejido urbano, económico y social era mucho más complejo de lo que arquitectos y políticos habían supuesto.

Las actuaciones de reequipamiento de urgencia de los años 1980 y las más generales de 1990, así como la calidad de vida general de la ciudad, el ambiente social y el clima, han contribuido a hacerla atractiva y ha intensificado el flujo de visitantes y aspirantes a residentes temporales. El crecimiento de la población y de los turistas ha tenido consecuencias fuertes sobre el mercado de la vivienda, uno de los más intensos de todas las ciudades españolas. Las antiguas medidas de protección a los desplazados por las operaciones de renovación del centro se pueden convertir ahora en sustitución de población por una presión inmobiliaria muy fuerte.

La preocupación por aumentar la competitividad internacional y la visibilidad de la ciudad en el contexto mundial puede haber llevado a olvidar a amplios grupos de ciudadanos y sus necesidades cotidianas, así como la atención a los jubilados y las insuficiencias sociales en general.

Puede cuestionarse la eficacia de medidas como la recalificación continua de suelo urbano para facilitar al capital internacional su actuación en la ciudad. Deberían haberse dedicado más recursos económicos a equipamiento social (viviendas sociales o protegidas, educación, sanidad) para evitar problemas de pobreza y marginación, y para mantener la diversidad. La atención a las mejoras a corto plazo de la población es indispensable para conseguir la calidad de vida y la convivencia democrática y pacífica. La obsesión por convertir la ciudad en un polo mundial, en atraer visitantes y posibles inversores es perversa y, finalmente, contraproducente: acaba por olvidarse de los ciudadanos que viven cotidianamente la ciudad, y que reaccionan contra ese olvido, contra la falta de equipamientos de barrio, contra la arquitectura espectacular e irresponsable, contra el arrasamiento del patrimonio construido, es decir de la memoria histórica, que realizan los mismos que se llenan la boca retóricamente de alusiones a la identidad y al pasado.

La ciudad actual es modelada por el capital y se va reparando y organizando para el consumo. Como resultado de la inversión pública, en Barcelona algunos espacios han pasado a ser de uso y disfrute público, como la playa de la Villa Olímpica (Figura 21), además de la gran inversión en creación de plazas y calles como espacios abiertos. Otra cosa es el consumo mercantilizado de espacios comerciales, discotecas y otros equipamientos. En Barcelona, que tiene unas rentas medias relativamente altas y ausencia de graves conflictos sociales, los espacios comerciales están abiertos a todos, aunque no siempre sea posible adquirir los bienes y servicios que se ofrecen ellos. Las ofertas de consumo y las culturales se dirigen a una demanda cada vez más diversa y segmentada, por la creciente heterogeneidad del medio urbano. La ciudad toda se convierte en un escaparate de consumo. Barcelona no ha podido escapar a ello, y se ha construido o permitido algunos equipamientos discutibles; por ejemplo, el complejo del Maremagnun en el puerto antiguo. Las voces contrarias a ello en los años 1980, que pedían otra forma de organización de esos espacios portuarios ganados para usos publicos, fueron desoidas o acalladas[19].

Figura 21. La playa de la Villa Olímpica, Barcelona, ganada para el ocio ciudadano. Foto Horacio Capel.

La dimensión política del urbanismo

Cuando se habla del modelo Barcelona es al muncipio y a su gobierno municipal al que se alude: 97 km2 donde residen oficialmente 1,6 millones de habitantes (es decir, unas 300.000 personas menos que en 1979)[20]. A este municipio se aplicaron las medidas de los años 1980, a la vez que otras similares, pero no idénticas, lo eran simultáneamente en algunos municipios de su entorno metropolitano.

El desplazamiento de industrias desde la ciudad central a los municipios periféricos, la creación en éstos de otras nuevas atraídas por el éxito de Barcelona permitió intensificar las relaciones en el interior del área metropolitana y con Barcelona. A ello contribuyó también la expulsión de población por los altos precios de la vivienda en el municipio central y por la atracción de la industria y las nuevas centralidades metropolitanas. Es también esa Area metropolitana la que ahora ha de considerarse al hablar del modelo Barcelona. Pero con la dificultad de que no posee gobierno común ni un área bien definida.

La gobernabilidad del espacio metropolitano de Barcelona se encuentra influida por la fragmentación del poder municipal más la diversidad de estructuras administrativas. El territorio municipal puede estar afectado por decisiones tomadas por las siguientes instituciones: el Ayuntamiento, los órganos de gobierno de las mancomunidades de servicios de la antigua Corporación Metropolitana de Barcelona, el Consejo Comarcal del Barcelonés, la Diputación Provincial de Barcelona, la Generalitat de Cataluña de forma unitaria o a través de sus diferentes Consejerías o Departamentos, el gobierno central de forma unitaria o a través de los diferentes Ministerios, y la Comunidad Europea. Todo lo cual puede producir un solapamiento de decisiones, contradicciones y conflictos.

El Area metropolitana llegó a contar a partir de 1974 con un órgano de gobierno que incluía a 27 municipios dentro de la Corporación Metropolitana de Barcelona, reorganizada en 1979 tras las primeras elecciones municipales democráticas. Pero en abril de 1987 el gobierno de Cataluña suprimió dicha Corporación y desde entonces ha habido solo gestión mancomunada de servicios a través de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y de Tratamiento de Residuos, y de la Entidad Metropolitana de Transporte.

Todas las transformaciones que se han realizado en Barcelona durante los últimos 30 años han tenido como marco general el Plan General Metropolitano (PGM) presentado en 1974, al final del franquismo, y aprobado en 1976. A pesar del rechazo que provocó, y que se refleja todavía hoy en textos recientes del Ayuntamiento[21], una parte de las actuaciones realizadas en estos años ha tenido que ver con objetivos que estaban ya definidos en el Plan de 1974. Por ejemplo, el de esponjar y disminuir la densidad de los tejidos existentes, la limitación de altura, la recuperación del interior de las manzanas del ensanche, las reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos. Pero esas actuaciones se realizaron, como hemos dicho, en un momento en que dominaban las ideas "contra el plan", y cuando el planeamiento y el PGM eran vistos "como un obstáculo a superar", lo que llevó a hacer una lectura del plan sin limitar "la libertad de encontrar alternativas más adecuadas al espacio o al momento concreto", y realizando modificaciones parciales del mismo cuando era necesario. Una actitud que, por cierto, continúa todavía hoy.

A pesar de las declaraciones sobre la necesidad de reducir el crecimiento de la urbanización en el muncipio[22], tanto el término municipal de Barcelona como los municipios periféricos han continuado su expansión, una vez superada la etapa de crisis económica de la segunda mitad de los 70. En el interior del municipio de Barcelona la urbanización ha continuado extendiéndose: en los bordes internos, ocupando espacios vacíos interiores y recalificando equipamientos; y en los bordes externos, avanzando en el límite de la montaña de Collcerola, y sobre los sectores todavía desocupados de la Ribera del Besos, que se han seguido urbanizando con el Forum y otras iniciativas. También se construyen ahora edificios elevados, que antes se habían rechazado. Lo cual tiene dos consecuencias negativas; por un lado el cambio del paisaje urbano tradicional, a veces lleno de reminiscencias e identidades históricas, que han sido prácticamente arrasadas (por ejemplo en el sector de Diagonal Mar y Poblenou)[23]. Por otro, esos edificios elevados van a generar problemas nuevos de circulación y aparcamiento que será difícil resolver. Si la apuesta por la ciudad compacta y por la densificación, en lugar de la dispersión, es pertinente, no puede dejarse en manos del sector inmobiliario, y se ha de tener una idea clara de los objetivos que se pretenden conseguir en cuanto a densidad.

Al mismo tiempo ha proseguido el proceso de expansión en el conjunto del Área Metropolitana, un proceso que algunos autores han calificado de suburbialización[24].

La inversión municipal de Barcelona y las de la Generalidad y el Estado han permitido mejorar las infraestructuras de comunicaciones, lo cual aumenta la articulación del espacio metropolitano. Barcelona cuenta con una red aceptable de comunicaciones públicas urbanas, metro y autobuses. Pero el desplazamiento de la actividad a la periferia del área metropolitana sigue obligando a la utilización del automóvil privado. Determinadas intervenciones básicas dependen del acuerdo de diversas instancias, en particular la red de autopistas y la organización de los ferrocarriles de cercanías y de larga distancia. Algunas actuaciones como los cinturones de ronda, la construcción de vías rápidas, la opción por las zonas verdes para desalentar la utilización de vehículos privados en la ciudad, y las ordenanzas municipales han contribuido a mejorar la situación. Pero la intensificación de la circulación automóvil en Barcelona da lugar a una contaminación muy grave que, podemos temer, afectará a la salud de los habitantes.

La reestructuración de la industria barcelonesa existente, el desplazamiento de instalaciones hacia la periferia del Area metropolitana, la aceptación de las ideas sobre la postindustrialización condujeron a poner énfasis en la economía de los servicios, en la teciarización, en el turismo y en la cultura. La apuesta por las actividades de producción del conocimiento ha sido grande, con énfasis en la medicina, biotecnología y electrónica. En relación con ello ha habido iniciativas que son, sin duda, valiosas, pero que pueden estar mal gestionadas. Tal vez un ejemplo paradigmático de ello sea la del 22 @, es decir la conversión del sector industrial y residencial del Poblenou (calificado en el Plan General Metropolitano de 1974 como industrial o ‘22a’) en un 22@ o de tecnologías del conocimiento. Cuando las nuevas tecnologías no llegan a este sector, son las oficinas públicas y privadas las que las sustituyen: sedes de entidades públicas por presión del ayuntamiento, oficinas privadas, hoteles y viviendas de lujo.

Las recalificaciones y suspensiones cautelares de licencias industriales que se han hecho en Poblenou (y luego en otros sectores, como la Marina de la Zona Franca) generan expectativas de plusvalías residenciales y terciarias, y afectan negativamente a la industria y a sus perspectivas de transformación, lo cual puede contribuir también a expulsarla de Barcelona y a destruir el tejido social existente. Todo lo cual da lugar a un cambio de la composición social y provoca que el barrio sea ocupado por nuevos grupos sociales que trabajan en actividades diferentes a las tradicionales. Es lo que ha podido ocurrir en algunas partes de Ciutat Vella y de Poblenou, y puede suceder en otros barrios.

¿Un cambio de énfasis o de modelo?

Son varios los autores que han considerado que el llamado modelo Barcelona ha cambiando sustancialmente en los últimos tiempos (Figura 22). Para dichos autores la modificación se produce a partir de 1992. Tienen razón en el significado de la fecha, aunque ese cambio se inició ya en años anteriores, concretamente desde la concesión de los Juegos Olímpicos en 1986. La canalización de amplias inversiones hacia la preparación de los Juegos supuso una transformación del modelo anterior de actuación a pequeña escala y de equipamiento de los barrios. Se pasó de las pequeñas actuaciones a los grandes proyectos, de la prioridad por los barrios y la calidad de vida de los vecinos a la competencia mundial. Ahora es toda la ciudad la que se equipa para competir en el mercado global.

Figura 22. El arquitecto Oriol Bohigas en el acto de presentación en el Ateneo Barcelonés –del que es presidente– del libro Can Ricart. Patrimoni, innovació i ciutadania, leyendo la obra (junio 2006). Foto Horacio Capel.

Es seguro que había argumentos para ello y fuerte consenso social; también que los efectos fueron, en general, positivos para la ciudad. Los Juegos Olímpicos tuvieron una gran incidencia en Barcelona, especialmente en creación de infraestructuras. En aquellos años a nivel municipal la apuesta de Ayuntamiento por la competitividad internacional aportó una actitud favorable a la inversión de grandes grupos inmobiliarios internacionales. Lo cual se consolidó posteriormente cuando se decidió impulsar otro gran acontecimiento como el Forum de las Culturas 2004. El problema fue el desvanecimiento creciente del modelo anterior de mayor contenido social. Se puede cuestionar, pues la coherencia de las prácticas de políticas públicas seguidas, aunque se presente así en los discursos.

Algunos de los protagonistas de los años 1980 estiman que el cambio en los 90 fue tan fuerte que puede hablarse incluso de “un contramodelo que entra en contradicción con el anterior”[25]. Lo cual significó también –consideran algunos- una “derechización política del modelo Barcelona, su desvirtuación, el fuerte impacto del neoliberalismo”[26]. Las actuaciones de la última década han sido cada vez más en esa línea neoliberal, tecnocrática, con fuerte participación de inmobiliarias de ámbito nacional e internacional.

La actitud de la elite política y profesional que dirigió las transformaciones de Barcelona en los años 1980, y en particular la de arquitectos, urbanistas y diseñadores ha sido también cuestionada. Algunas críticas son verdaderamente demoledoras en lo que se refiere al grupo social a que nos estamos refiriendo[27].

No ha de extrañar que la situación se haya ido degradando con la continuidad en el poder, con el alejamiento de los ideales de la transición política, y con la fuerza nueva y no cuestionada de la oligarquía capitalista vieja y nueva. Especialmente significativo es el hecho de que un cierto número de técnicos municipales vinculados al urbanismo, principalmente arquitectos, hayan pasado a trabajar en empresas privadas del sector inmobiliario. Los que habían defendido el espacio público y la actuación municipal en años pasados ponen ahora sus conocimientos e informaciones al servicio de los intereses privados, algo que debería estar prohibido por una ley de incomptatibilidades. Arquitectos, y otros técnicos, que han tenido posiciones de responsabilidad en organismos públicos poseen una información privilegiada sobre los objetivos que se ha propuesto la administración municipal, los medios con que cuenta, las insuficiencias, las formas de control e inspección, los mecanismos sancionadores y otros muchos aspectos especialmente sensibles. Se trata de conocimientos muy preciosos para las empresas inmobiliarias que pretenden actuar en beneficio propio y no en el interés general.

En estos momentos parece haber un nuevo cambio de énfasis en la política municipal, lo que tendría que ver con la sustitución de Joan Clos (que ha pasado a ministro de Industria en el gobierno español) por Jordi Hereu en octubre de 2006. El nuevo alcalde parece haber cambiado de política y trata de impulsar ahora las pequeñas reformas en todos los distritos, frente a la anterior opción por los macroproyectos concentrados en pocos distritos. Esa es al menos la opinión que se quiere difundir, según las informaciones dadas a la prensa por los responsables municipales[28]. De todas maneras, en lo que no parece haber habido cambios es en la actitud ante la participación, un aspecto que se consideró esencial en el modelo Barcelona, aunque pronto despertó reticencias de las autoridades municipales.

La participación en Barcelona

En España el proceso participativo en el planeamiento urbanístico se realiza en la fase de alegaciones a los planes elaborados. En el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 se establecía que una vez aprobado inicialmente el plan o proyecto de urbanización se sometería a información pública por el plazo de un mes, y que “la Corporación u Organismo que hubiere aprobado inicialmente el Plan, Programa o Proyecto en vista del resultado de la información pública lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que procedieren” (artº 41), sometiéndolo nuevamente a la autoridad u órgano competente para su aprobación definitiva. De manera similar se establece en los Reglamentos correspondientes y en la legislación posterior[29]. Los responsables municipales no tienen, pues, la obligación de contestar por escrito a las alegaciones que se presentan en relación con el urbanismo. Se trata, simplemente, de un procedimiento para tener sugerencias, que se consideran o no.

Desde las primeras elecciones democráticas de 1979 el Ayuntamiento de Barcelona apostó decididamente por la participación, lo cual ha sido regulado por diferentes normas municipales. De todas maneras, el examen de las mismas y de su aplicación práctica muestra que, a pesar de las buenas intenciones, éstas con mucha frecuencia se han quedado en simple retórica. Parece como si los políticos tuvieran miedo de la participación, en lo que se encuentran apoyados por algunos técnicos y académicos.

En diciembre de 1986 se aprobaron las Normas reguladoras de la organización de los distritos y una primera normativa sobre la participación ciudadana. En un documento de noviembre de 2000 la participación se siguió considerando una opción estratégica para Barcelona[30], concluyendo que gozaba “de buena salud”, por la gran cantidad de consejos de participación establecidos[31]. Se estimaba que calculando una mediana de 30 entidades por consejo se obtendría

“una primera cifra orientativa de 990 entidades y si sumaramos los sectoriales de los distritos en una mediana de 7 por distrito y de 15 entidades por consejo, saldría una cifra de 1.050 entidades, que sumadas a las anteriores daría un total de 2.040 entidades, si bien es cierto que algunas asociaciones participan en más de algún consejo”.

Aunque eran generalmente consejos formales, solo con capaciad para realizar recomendaciones, un cierto número de dichos consejos funcionaron bien, al menos en los primeros momentos; pero con el tiempo perdieron fuerza, y fueron suprimidos tras las elecciones de 2002.

En los estudios realizados el balance no parece ser muy favorable. Según han constatado algunos especialistas en ciencia política convertidos en asesores del Ayuntamiento (Joan Subirats, Joan Font, Ricard Gomá, y Quim Brugué), “a causa de la falta de criterios definidos y de la heterogeneidad de los mecanismos, se hace difícil valorar la representatividad de los que participan”; también se comprueba que “el ciudadano individual lo desconoce casi todo de estos instrumentos participativos”[32].

Las críticas o reticencias ante la participación, no se dan solo entre los políticos sino también entre los académicos. Alguno de éstos, como Joan Subirats, ha señalado, con referencia sin duda a la experiencia de Barcelona, los peligros que tiene: la participación es lenta, es cara, es particularista (ya que los que participan frecuentemente defienden intereses muy particulares, inmediatos y concretos) es exclusivista (frecuentemente son siempre los mismos y su representatividad es dudosa) y “erosiona la legitimidad de las instituciones: el hecho de delegar o de compartir el proceso de toma de decisiones con los ciudadanos podría hacer pensar en una cierta pérdida de legitimidad institucional por parte de los electos o, como mínimo, una cierta cesión de responsabilidad, al ser ellos los únicos responsables delante de los ciudadanos”[33].

Como resultado de esos estudios y reflexiones el Ayuntamiento de Barcelona insistió en que era preciso difundir la cultura de participación como “una opción voluntaria y consciente de un estilo determinado de hacer y administrar política” y que era preciso “implicar a los ciudadanos en el uso de los servicios, pero también en su planificación, programación y evaluación”. Al mismo tiempo, se señaló que hacía falta “abordar una transformación dentro del movimiento asociativo; pasar de la simple cultura de la reivindicación a la cultura de la participación y la cooperación”, lo que quedaba reflejado en el llamado Decálogo de la participación: “es necesaria una profunda transformación del sector asociativo: de la reivindicación a la implicación”[34].

Las Normas reguladoras de la participación ciudadana aprobadas en el Consejo Plenario de 22 de noviembre de 2002, se comprometieron nuevamente a garantizar la participación y a promoverla activamente, y apostaron decididamente “por la democracia participativa, como complemento y profundización de la democracia representativa”. También se establecieron una serie de mecanismos para ello. El título cuarto sobre “Los procesos participativos” alude a que dichos procesos serán recogidos en las “Memorias participativas” y en los “Informes participativos”, y que constarán de tres fases: 1) de información y comunicación, “a través de los mecanismos que se consideren más adecuados”; 2) de aportaciones ciudadanas, en las que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía y las asociaciones “los canales y los mecanismos participativos que se crean más pertinentes según los casos”; y 3) fase de devolución en la que el “Ayuntamiento da respuesta a las aportaciones ciudadanas a través de los canales y los mecanismos de participación que se hayan establecido”.

La ambigua redacción de esta normativa permite, sin duda, justificar de hecho cualquier actuación del Ayuntamiento en relación con este proceso, ya que puede informar y convocar la participación por los mecanismos que estime pertinentes, y se responde a través de los canales que se hayan establecido en cada caso. Es una discrecionalidad excesiva que permite cualquier decisión en ese sentido.

En realidad ni las memorias e informes, si existen, se dan a conocer, ni las audiencias públicas (artº 26) están bien reguladas y seriamente organizadas, ni la consulta ciudadana (artº 28) funciona normalmente. El funcionamiento se limita, generalmente, a informar a los que asisten de las decisiones que se han adoptado. Los documentos no se muestran. Las reuniones tienen defectos graves de forma. No se fija un orden del día, ni se sabe quien participa, porque no se identifica a los participantes. No hay procedimientos para debatir y tomar decisiones.

El resultado de medidas poco meditadas se está viendo con el cuestionamiento de decisiones municipales por parte de la población, incluso con el recurso a los tribunales de justicia contra determinadas decisiones. Lo cual ha dado lugar recientemente a varias sentencias contrarias al ayuntamiento. Lo que si, por un lado, muestra el correcto funcionamiento de las instituciones jurídicas refleja, por otro, la desorientación municipal y de los técnicos que intervienen en el urbanismo. En octubre de 2006 dos sentencias judiciales del Tribunal Superior de Cataluña rechazaron sendas decisiones del Ayuntamiento: una la de construir un bloque de pisos en un solar de la calle Carabassa, en el patio posterior de una vieja casa señorial del siglo XVIII, proyecto que había sido aprobado por el consistorio en 2000 a pesar de la fuerte oposicion vecinal[35]; otra, el plan urbanístico especial del Eix Llacuna del Poblenou, uno de los más importantes del 22@ y que había sido aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 25 de octubre de 2005[36]. No son los únicos problemas que van a tener que solventarse en los tribunales, algunos de ellos por olvido municipal a la hora de tomar decisiones adecuadas para pedir el retracto o evitar que por silencio administrativo se beneficie a la propiedad privada; una masía del siglo XIII ha visto aprobado el plan de los propietarios por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no fue capaz de responder a tiempo al plan presentado[37].

En general, da la impresión de que los políticos consideran que la participación es sobre todo informar, presentar las decisiones o las propuestas a grupos de ciudadanos, para que éstos las conozcan, asientan, consientan y hagan algunas correcciones de detalle. Las reuniones se consideran más de información y consulta que de intervención de los asistentes y debate real de las propuestas alternativas que pudieran existir. Cuando un participante hace críticas se le puede descalificar alegando que otros muchos no están de acuerdo con ellas y que apoyan las propuestas de los técnicos municipales, aunque nadie sepa quienes son ni se les identifique correctamente.

En Barcelona son muchos los ejemplos que podemos dar en ese sentido. Casos paradigmáticos de rechazo al diálogo pueden ser las actuaciones en relación con el 22@ y, en general, las que se han realizado en el Poblenou. Es especialmente significativa la actitud de los políticos y técnicos municipales en el caso del recinto de la antigua fábrica textil de la familia Ricart, conocida como Can Ricart (Figura 23) Hablaremos de ello a continuación.

Figura 23. El recinto fabril de Can Ricart, Barcelona, diseñado por el arquitecto y académico Josep Oriol Bernadet (1853). Foto Horacio Capel.

El debate sobre el patrimonio histórico industrial del Poblenou y el caso de la fábrica de Can Ricart

Quien entrara a la página web del Ayuntamiento de Barcelona el día 15 de noviembre encontraría esta información: “Luz verde al Plan del Patrimonio y de mejora urbana de Can Ricart. Las propuestas definitivas amplían la protección de elementos industriales después de haber recogido aportaciones de entidades y asociaciones”. En el texto se podía leer lo siguiente:

“Con las propuestas de las más de 400 entidades convocadas a participar en el proceso de propuestas definitiva del plan incorporan alguna modificación respecto al documento inicial. Entre éstas, están la de constituir una comisión técnica que informará sobre las actuaciones y los proyectos y la elaboración de un estudio completo sobre las intervenciones en los edificios y los elementos”

A continuación se dice que el Ayuntamiento apuesta por conservar la memoria industrial del recinto fabril de Can Ricart:

“Concretamente se respeta al 98 % de la superficie edificada del llamado levantamiento Fontseré, y se mantiene el 70 % del total de las edificaciones del recinto construidas hasta 1930. Equipamientos del barrio, espacios creativos, espacios productivos y viviendas de protección oficial serán los principales usos que se darán a las antiguas naves del recinto. Esta combinación de usos pretende impulsar un proceso de transformación social en este recinto y sus alrededores”.

Cualquiera que lea esa noticia sin mayor conocimiento del tema concluirá que el Ayuntamiento de Barcelona es verdaderamente participativo y que gracias a ello se ha podido elaborar, con la colaboración de más de 400 entidades, el plan de protección de un valioso patrimonio histórico industrial, que se recupera para diversos usos ciudadanos.

Es un ejemplo del tipo de propaganda que realiza el Ayuntamiento y que enmascara el curso real de los acontecimientos. En realidad, durante dos años el Ayuntamiento ha ido a remolque de la presión ciudadana, que le ha obligado a cambiar el planeamiento original, que preveía la destrucción del recinto, excepto la chimenea. La actitud de la institución municipal ha sido tratar de desprestigiar y deslegitimar a los que han realizado propuestas alternativas, y en particular al movimiento ciudadano del Poblenou y a diversos profesionales e instituciones culturales y cívicas que han colaborado con él. Luego, en vista de la intensidad de la presión popular y de las razones que han ido esgrimiendo, apoyadas en numerosos estudios (los primeros se publicaron hace ya seis años, y desde entonces se pueden citar una docena de ellos), han tratado de hacerlas suyas y presentarlas como iniciativa municipal. Según un aparente mecanismo participativo en el que no se cumplen las mismas normas establecidas por el Ayuntamiento.

En el caso de Can Ricart y del Plan del Patrimonio, la fase de alegaciones abierta en 2006 dio lugar a la presentación de, entre otras, dos bien significativas del movimiento ciudadano del Poblenou, que no merecieron respuesta del Ayuntamiento. El día 13 de noviembre de 2006 una reunión formal convocada por el ayuntamiento a las 8 de la noche representó una parodia de lo que debe ser la participación[38]. El desprecio por los ciudadanos es manifiesto y el simulacro de la participación queda al descubierto.

En realidad el debate ciudadano sobre Can Ricart y el Plan del Patrimonio del Poblenou tiene una gran trascendencia por la importancia del recinto industrial de la fábrica Ricart, con un edificio neoclásico diseñado por el arquitecto y matemático Josep Oriol Bernadet y completado con la intervención del arquitecto Josep Fontseré, por la localización en el conjunto del sector de Poblenou, y por significar el intento de una forma nueva de hacer ciudad[39]. El Ayuntamiento ha mostrado una grave insensibilidad ante el patrimonio histórico industrial existente, que daba variedad e identidad al barrio, y ha realizado sus actuaciones sin que existiera un plan del patrimonio bien elaborado, y apoyado en criterios sólidos y transparentes, que debería haber precedido a la toma de decisiones sobre el derribo de los edificios existentes. El movimiento ciudadano, que había dado su confianza al Ayuntamiento, se alarmó tras la destrucción inesperada de una fábrica que estaba previsto proteger (Extractos Tánicos, en el Taulat) y la mutilación de otros recintos fabriles (como el de la Unión Metalúrgica); y fue entonces cuando se produjo la movilización ciudadana para salvar otras, en especial Can Ricart por sus indudables valores arquitectónicos y paisajísticos, y otros excelentes ejemplos fabriles del Poblenou (Figuras 24-29).

Figura 24. “Exigimos espacios para vivir, levantamos espacios para convivir”, pintada de un movimiento juvenil en Poblenou, Barcelona. Foto Horacio Capel.

Figura 25. Can Fabra, Barcelona: parte de una vieja fábrica textil convertida en un equipamiento cívico, en un buen ejemplo de intervención municipal. Foto Horacio Capel.

El movimiento ciudadano, y en concreto el Grupo de Patrimonio del Forum de la Ribera del Besós, ante la falta de criterios del Ayuntamiento respecto al patrimonio industrial presentó en 2003 un Plan de Patrimonio industrial de Poblenou[40]. No hubo la menor reacción ante el mismo. Solo cuando el problema de Can Ricart y del patrimonio fabril del Poblenou empezó a tener trascendencia pública y política se apresuraron a preparar un plan de protección, que fue aprobado el día 13 de noviembre de 2005, mucho después de los plazos que el mismo Ayuntamiento había establecido. El plan, sin embargo, está hecho apresuradamente y utiliza materiales del Grupo del Patrimonio Industrial del Forum de la Ribera del Besòs, sin dignarse citar la procedencia[41].

Las actuaciones que se han realizado en ese sector están destruyendo casi todos los espacios industriales, que eran muy importantes, algunos de los cuales daban acogida todavía a talleres y pequeñas industrias en plena producción que se han visto obligadas a abandonar el barrio o a cerrar.

En su apuesta por las nuevas tecnologías, el Plan del 22@ no ha prestado atención a las necesidades de la diversificación del espacio, y a la importancia de mantener algunas actividades y talleres industriales que existían en el barrio, y que incluso realizaban actividades integradas en procesos productivos innovadores. Al mismo tiempo, seguramente ante la inquietud por la evolución de dicho Plan, se ha acabado primando la conversión en oficinas y viviendas.

La movilización ciudadana en defensa de Can Ricart, que ha levantado un amplio movimiento de simpatía local e internacional, implica la defensa de un patrimonio, de la historia y de la identidad de la ciudad; también una crítica a la gestión del 22@ y a la forma como se permite o impulsa la destrucción del tejido industrial del barrio; y, sobre todo, la defensa de una cierta idea de cómo se ha de desarrollar la ciudad y se ha de elaborar el urbanismo. Esta movilización ciudadana en defensa de la ciudad no solo no ha sido agradecida, como merecía, sino que ha recibido menosprecio, críticas y descalificaciones por parte de los responsables municipales, tanto técnicos como políticos. Alguno se ha atrevido a calificar a los miembros del movimiento ciudadano opositor como “antisistema”, lo que es una muestra o de su profunda desorientación o de su mala fe.

La conservación del patrimonio industrial es importante para entender el presente y para proyectar el futuro. Para evitar la homogeneización. Porque con su destrucción se pierde diferencia, especificidad y diversidad. Porque sus muestras constituyen alternativas al modelo urbano uniformizador, y posibilidades diversas para la vida en la ciudad, condición para la supervivencia de la multiplicidad urbana[42].

Es verdaderamente sorprendente la incapacidad para imaginar nuevos usos de los edificios fabriles existentes en Poblenou, para conservar los valores identitarios y simbólicos que acompañan a los edificios fabriles del barrio, para percibir posibles alternativas, e imaginar nuevos usos para ellos a partir de las necesidades actuales y futuras. La reutilización de espacios ya construidos y bastante flexibles para alojar actividades tradicionales y nuevas parece razonable. Son tan imprevisibles los cambios que pueden producirse en el mundo y en las economías occidentales (por los problemas energéticos, la crisis ambiental y otras circunstancias) que no estaría de más ser prudente a la hora de realizar las profundas transformaciones que se han previsto en un área compleja y diversa como el Poblenou.

El día 24 de noviembre pasado el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de Can Ricart y el nuevo plan del patrimonio industrial del Poblenou. Quien asistiera a dicho pleno, o a la retransmisión televisiva del mismo, no saldría de su asombro. La sesión mostró el descaro de los políticos que forman el consistorio municipal. Hacen suyos los argumentos de los vecinos y profesionales sin citarlos. Se atreven a afirmar (como hizo el concejal del distrito de Poblenou) que era resultado de un pacto con los vecinos, faltando a la verdad. La teniente de alcalde, Sra. Mayol, afirmó que están salvando Can Ricart y que la aprobación del plan se hacía porque “hay que acabar los procesos, lo que no significa que sea definitivo”.

A principios de diciembre el caso Can Ricart se mezcló con otro problema del Ayuntamiento de Barcelona. El 20 de noviembre había sido desalojado el recinto de una fábrica del Poblenou, ocupada desde hacía seis años, y donde se había ido constituyendo una escuela de circo y otros espectáculos, bajo el nombre de La Makabra, de una cierta aceptación entre los jóvenes. El desalojo tuvo gran repercusión en Barcelona, por el hecho de que la ciudad es presentada como lugar de experimentación e innovación artística, sin que existan realmente lugares para que los jóvenes puedan ensayar a bajo coste[43]. El 2 de diciembre los artistas de La Makabra y otros jóvenes ocuparon Can Ricart, dispuestos a convertir el recinto en un lugar de actividad artística de carácter experimental. En los días siguientes el eco de esa acción ha sido muy grande en Barcelona, aunque ha contribuido a difuminar el objetivo principal del movimiento ciudadano en defensa de la fábrica.

El caso de Can Ricart es especialmente significativo, pero no él único. Otros recintos fabriles de interés histórico están siendo desmantelados para la construcción de viviendas y de oficinas. Entre ellos el de Can Batlló, antiguo espacio fabril donde todavía se alojan 174 empresas con 600 trabajadores; en 2007 se iniciarán obras de construcción de 1.377 viviendas (en su mayor parte libres y algunas protegidas), en un sector de especial valor por su proximidad a la nueva Ciudad Judicial[44]. Por otro lado, la escasa atención a los tejidos urbanos y sociales existentes se pone de manifiesto en otras actuaciones. Como la del sector de La Satalía, en la falda de Montjuic que da al Poble Sec, en una zona de gran interés ambiental. En ese caso se pretende destruir un conjunto de viviendas unifamiliares y otras de carácter popular construidas entre finales del XIX y los años 1920, de gran interés tipológico y muy bien integradas en el paisaje, así como caminos preexistentes, en algún caso de probable origen romano y, en todo caso, medieval, con el argumento de la prolongación de una calle de acceso a la montaña y la ampliación de la zona verde. La falacia de este argumento se comprueba con solo recordar que la Montaña de Montjuic está siendo abusivamente urbanizada por intereses privados (Hotel Miramar y aparcamientos), y que existen alternativas viarias y de actuación más cuidadosa. Curiosamente esos mismos argumentos no se utilizan en otros sectores burgueses de la ciudad, situados en la falda de Collcerola, donde no solamente no se amplía la zona verde (lo que podría hacerse fácilmente por la gran cantidad de casas con jardín) sino que incluso se está destruyendo el mismo parque natural.

El nuevo urbanismo rechaza cada vez más la homogeneidad y valora los ambientes diversos, la variedad de tramas, tipologías edificatorias y funciones. En lugar de ello, los políticos y arquitectos que dirigen el urbanismo municipal barcelonés parecen empeñados en homogeneizar, arrasar y construir una ciudad que cada vez se parece más a ciudades brasileñas o venezolanas con solo cien años de vida e intenso crecimiento, como no dejan de advertir los mismos asombrados visitantes que recorren ciertas partes de Barcelona[45].

Da la impresión de que los problemas de la participación se ven afectados por las estrategias de los partidos que buscan controlar las asociaciones que se puedan ir constituyendo o el proceso participativo. Lo peor es el trato que dan a las personas que desean participar o que hacen propuestas, cuando éstas no coinciden con las ideas previas que tienen políticos y técnicos, o con los intereses en los que están ya involucrados, incluyendo los inmobiliarios. En ocasiones el empecinamiento de ciertos técnicos vinculados a los partidos por sacar adelante una decisión ya tomada produce la impresión de que se vincula a la defensa de compromisos previamente adquiridos, políticos o familiares.

Vale la pena añadir que ni el análisis y valoración de las actuaciones urbanísticas del 22@ ni, mucho menos, de Can Ricart han merecido la atención del colectivo o de la corporación de los arquitectos barceloneses. Lo cual es especialmente lamentable no solo por su incapacidad para argumentar a favor de la conservación de un importante resto del patrimonio industrial, sino también por la que han tenido para presentar alternativas urbanísticas y edificatorias a las que han hecho públicas los miembros de la plataforma Salvem Can Ricart. Es seguro que la centralidad del lugar en que se levanta la fábrica, en el cruce de dos importantes calles como son Diagonal y Pere IV (Figura 30), y la importancia de lo que estaba en debate requería una participación intensa de los arquitectos barceloneses. Que, con una o dos excepciones, no se hayan atrevido muestra la confusión en que se encuentran, los intereses inmobiliarios a que están ligados y, tal vez, el miedo que les amordaza.

Figura 30. La construcción del muro perimetral del nuevo parque diseñado por Jean Nouvel en el cruce de Diagonal y Pere IV, Barcelona. La importancia estratégica de esa encrucijada urbana habría requerido otra intervención que monumentalizara la plaza, en lugar de cerrar dicho espacio con un imponente muro de hormigón armado. Foto Horacio Capel.

Todo esto nos lleva a la última parte de nuestra exposición: necesitamos una nueva forma de construir la ciudad.

III. Una nueva forma de construir la ciudad

Domina hoy una actitud pesimista sobre la ciudad, en la actual fase del capitalismo. El panorama que muchos autores ofrecen sobre las características y la evolución de las ciudades contemporáneas no es precisamente muy esperanzador. Por ejemplo, las intervenciones que hubo en los Diálogos que se organizaron en el Forum de la Cultura de Barcelona en 2004 fueron calificadas en las conclusiones como pesimistas[46], y uno de los organizadores (Jordi Borja) no ha dudado en señalar que “presentaron un panorama muy crítico, casi apocalíptico de la ciudad de hoy”[47]. Una reciente obra de Mike Davis sobre The Planet Slum puede representar esa línea de pensamiento, que, además, generalmente se limita a realizar diagnósticos hipercríticos y denuncias sin presentar propuesta alguna de solución[48].

Esos panoramas producen sin duda desesperanza. No se sabe bien qué hacer, por donde empezar. Sin embargo, necesitamos fuerzas para seguir la lucha para realizar cambios que cada vez son más urgentes. Una larga historia de reflexión sobre la ciudad permite comprobar la antigüedad de esas visiones pesimistas, de los gritos amargos sobre la ciudad; pero también la existencia de otra tradición que percibe el medio urbano de una manera positiva, como el lugar de la innovación y del ascenso social, y que encuentra en el optimismo un camino de progreso y cambio social[49].

El balance de las transformaciones que ha conocido Barcelona en las últimas tres décadas permite, de entrada, un cierto optimismo respecto a la posibilidad de mejorar la situación de las ciudades, de resolver los graves problemas que a veces tienen. Barcelona ha tenido una importante transformación y puede decirse que ha mejorado de manera general. Aunque hay que añadir que en un contexto muy favorable. Se ha hecho en una situación de estabilidad política, de existencia de un sistema democrático y de fuerte inversión pública, incluyendo la aportación del Estado y de la Unión Europea. Han existido grupos políticos y profesionales preparados, atentos a lo que sucedía en otros países, y un tejido empresarial muy desarrollado y de larga tradición. La ciudad posee las condiciones que favorecen el desarrollo endógeno: un medio local dinámico, con aptitud para la innovación y el crecimiento, una administración pública local y regional bien organizada, redes de cooperación entre empresas y organizaciones, de un talante emprendedor. La construccion y conceptualización del modelo Barcelona no habría sido posible sin una tradición cívica de modernidad, de aspiración a ser una gran ciudad europea, de autoafirmación de la propia sociedad.

Naturalmente las dimensiones de los problemas que han de resolverse son igualmente decisivas. No es lo mismo desarrollar políticas para solucionar los problemas en una gran ciudad que en una pequeña (cuyo tamaño es diferente según los países: lo que en Brasil es una ciudad media es en España una gran ciudad).

Como hemos visto, no hay en realidad un modelo Barcelona. En todo caso habría dos, uno el urbanismo de urgencia de los 80 influido por la presión vecinal y la necesidad de atender los grandes déficits existentes; y otro el de los años finales de esa década y de los noventa, con el énfasis en grandes proyectos de infraestructuras y reordenación urbana apoyados en grandes eventos (los Juegos Olímpicos y el Forum de las Culturas) y con disminución de la presión popular (por aumento de las rentas, de los equipamientos y por la normalización democrática que canalizó la lucha política hacia las instituciones representativas). Pero, sobre todo, en esos años 90 se observa un nuevo interés del capital privado por la ciudad y una mayor osadía en su actuación, una vez alejado ya el peligro de la izquierda que apareció en la transición. Instaurado en el gobierno de Cataluña un sólido poder político de la derecha nacionalista desde las primeras elecciones autonómicas hasta 2004, y sustituido en el gobierno español el partido socialista por el derechista Partido Popular en 1994, el campo de la inversión urbana parecía nuevamente propicio para la inversión privada.

A partir de la experiencia de las transformaciones de Barcelona podemos atrevernos a hacer algunas propuestas para abordar los problemas de las ciudades.

La polis, la civitas y la urbs

La ciudad es a la vez urbs, civitas y polis. Pero en la aproximación a los problemas que existen en ella es preciso considerar primero la polis, luego la civitas, finalmente la urbs, justamente al contrario de lo que piensan arquitectos e ingenieros.

Ante todo la polis, la dimensión política y administrativa, la legalidad, la estructura jurídica. Al contrario que en la polis griega (donde los ciudadanos eran unos privilegiados, frente a los metecos y los esclavos), en la ciudad actual se ha de partir de la igualdad legal y de la ciudadanía universal. Lo cual significa democracia y participación efectiva.

El mundo es cada vez más urbano. Los problemas de la ciudad son ya los problemas del mundo actual y sobre todo los del futuro. Nos dirigimos a la Ciudad Universal, a la Pantópolis. En ella se ha de replantear el papel de las ciudades centrales.

Hablar de la polis es hablar de la administración de la ciudad, de la organización y del gobierno de los municipios y de las áreas metropolitanas; y, sin duda, también de otras realidades aún mayores, las regiones metropolitanas, que se extienden de forma más amplia; por ejemplo, en el caso de Barcelona, hasta incluir entre 150 y 200 municipios, según la delimitación que se adopte.

Los problemas son diversos, así como, sobre todo, las preguntas que debemos hacernos. Tales como las siguientes.

¿Es mejor la existencia de un marco de gobierno unitario del área metropolitana o debe mantenerse la autonomía municipal con acuerdos intermunicipales para gestionar servicios concretos?

¿Hasta donde debe llegar un área metropolitana y cuántos municipios deben integrarse en ella? ¿Son realidades diferentes el área metropolitana y la región metropolitana?

¿Cómo se verán afectados (se supone que negativamente) los muncipios no incluidos en el área metropolitana que se defina?

¿Qué papel ha de tener la ciudad principal? ¿Que autonomía tendrán las ciudades medias incluidas en un área metropolitana?

¿Debe llevar el nombre de la ciudad principal o conviene proponer otros nuevos para reconocer las diferentes centralidades existentes en su interior?

¿Qué relaciones se han de establecer entre la ciudad principal y los muncipios menores y periféricos?

¿Cómo debe constituirse el gobierno de las áreas metropolitanas: por elección directa de sus habitantes o de forma indirecta a partir de los representantes municipales?

¿Cómo se articulan las relaciones entre el gobierno del área metropolitana (si existe) y los de carácter regional, de la Comunidad Autónoma y el Estado central (cada uno con sus propios organismos de planificación y sus estrategias para desarrollarla)?

¿Pueden firmar las ciudades acuerdos directamente con organismos internacionales o bien deben realizarlos a través del Estado?

¿Qué autonomía financiera y tributaria deben tener los municipios y las áreas metropolitanas?

El principio fundamental de la democracia es la igualdad de todos los ciudadanos. Los partidos que tienen un amplio electorado en las áreas rurales, tienden a premiar a éstas dándoles mayor peso en las elecciones. En Cataluña un diputado de Barcelona necesita para salir elegido muchos más votos que uno de las comarcas rurales.

Sin duda es una política electoral inaceptable. Pero de manera similar debe rechazarse dar un plus de representación o un mayor peso político a las ciudades. Desde una perspectiva democrática no pueden admitirse la idea de una pretendida Europa de las Ciudades, en la que las grandes áreas urbanas tendrían una voz destacada.

Hablar del modelo Barcelona cuando nos estamos refiriendo a una realidad urbana que rebasa ampliamente sus límites municipales es, sin duda, una hipermagnificación del centro y simultáneamente una desvalorización de la periferia. Niega, de alguna manera, legitimidad a esa periferia que, sin embargo, acoge a la mayor parte de la población del área metropolitana. Casi se justifican con ello las andanadas provocadoras del arquitecto Rem Koolhaas contra la hipertrofia del centro y de la identidad central[50]. En ese sentido han de ser bienvenidos tanto la nueva visibilidad que adquieren las centralidades de las ciudades medias y pequeñas integradas en el área metropolitana como el movimiento hacia la aparición de nuevas centralidades terciarias que antes no existían. Unas y otras significan una mayor cercanía y accesibilidad a los sevicios que allí se ofrecen.

Las fuerzas urbanizadoras han adquirido gran vigor y autonomía; unas veces por el crecimiento de la población, otras por la demanda creciente de bienestar (que supone, por ejemplo, estándares más elevados para la vivienda), y siempre por la búsqueda desaforada de beneficio económico de los agentes que dirigen la urbanización. A ello se unen la necesidad de nuevas infraestructuras de transporte y sus servicios auxiliares (desde estaciones de ferrocarril y las áreas de maniobra ferroviaria a las gasolineras), los equipamientos productivos (fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, las oficinas), las ofertas de ocio (centros comerciales, parques temáticos...), los espacios funcionales a la urbanización (desde los basureros a los cementerios). Todo ello va dando lugar a una urbanización que ocupa crecientemente el territorio, no siempre de manera continua. Esa necesidad constante de nuevos espacios para la ciudad se observa, por ejemplo, en la región metropolitana de Barcelona, donde en los últimos 25 años la urbanización del suelo se ha doblado mientras que la población ha permanecido estable[51].

Se está configurando también una nueva jerarquía de servicios que no puede ser explicada plenamente por la teoría de los lugares centrales. Las nuevas redes de comunicaciones van generando mayor isotropía, aunque siguen existiendo ejes privilegiados (en relación con autopistas y vías férreas), y aumenta el número de centros, algunos de creación artificial como resultado de estrategias inmobiliarias y no de una lenta cristalización en ciudades. Sin duda la nueva organización es consecuencia de la inversión de capitales y de la búsqueda de beneficio, y puede defenderse que eso tiene efectos positivos y negativos. En todo caso, siempre es posible intentar ordenar mejor esa evolución, lo que debe hacerse a través del planeamiento dirigido por la administración pública.

Los estudios sobre redes de ciudades han mostrado el creciente peso de las decisiones tomadas en ciudades exteriores, sean capitales metropolitanas, nacionales o internacionales, y la pérdida de autonomía de los espacios locales y regionales. La imbricación entre lo local y lo global es hoy muy intensa y mayor que en cualquier otro momento del pasado.

En la nueva fase de urbanización generalizada las regiones metropolitanas no tendrán un solo centro identitario, La invasión de los centros históricos por el turismo convierte a éstos en simualcros urbanos al servicio de los visitantes, que a veces no son capaces de distinguirlos de un parque temático. Pero a pesar de todo, los centros históricos son necesarios, y su atractivo muestra que cumplen una función simbólica muy importante. Aunque las áreas urbanas lleguen a configurarse como la Ciudad Genérica de la que ha hablado Koolhaas, no por ello el centro histórico y el patrimonio serán menos necesarios. A través de él nos enraizamos con la historia, tenemos o adquirimos el sentido de la continuidad. En ese espacio urbano cada vez más extenso y ampliamente ocupado por edificios recientes hechos para renovarse continuamente, tantas veces como sea necesario (por los cambios funcionales o las exigencias de beneficio)[52], el centro sigue siendo una referencia importante, una señal de identidad como referencia estable, como amarre psicológico. Pero ¿lo será para todos?, ¿también para los recién llegados, esos nómadas inmigrantes que no saben bien donde recalarán finalmente o si volverán a sus tierras de origen?

La apuesta por la competitividad con otras ciudades en el mercado mundial está llevando a muchas a poner énfasis en los mismos productos aparentemente atractivos: patrimonio histórico y cultural, museos, ferias, congresos, grandes acontecimientos culturales (como exposiciones internacionales), o deportivos (Juegos Olimpicos, campeonatos del mundo), festivales, oferta cultural en sentido amplio (desde la música de cámara a la música étnica, o desde las exposiciones de artistas consagrados al manga). Finalmente todo acaba por asemejarse; y la demanda puede saturarse, en espera de los cien millones de turistas chinos con los que nos animan o nos amenazan.

En todo caso, y vale la pena insistir en ello, la organización de la ciudad del futuro exige el planeamiento[53]. Hemos de considerar superada la etapa contra el plan y pensar en organizar nuevos marcos de planeamiento para señalar objetivos y dar coherencia a las actuaciones.

En la actual situación económica habrá que estimular la colaboración del sector público con el privado. Pero eso no debe hacerse desde una posición de debilidad de los gobiernos municipales, sino desde una posición de fuerza que parta del conocimiento de la estructura de la propiedad, de los cambios en la misma y de las plusvalías que pueden obtenerse con los permisos de construcción y los índices de edificabilidad. Todo ello exige una legislación general adecuada, no solo sobre los aspectos específicamente urbanísticos, sino especialmente sobre los fiscales y tributarios.

El estado liberal del siglo XIX asignó a los municipios un papel esencial en la provisión de servicios sociales, desde la educación a la beneficencia y la sanidad. Pero no le facilitó recursos suficientes para ello. A lo largo del XX esas funciones se han ido reafirmando pero cada vez más el estado ha ido ampliando su intervención en la provisión de dichos servicios a través de las políticas educativas, de sanidad, de vivienda y otras controladas por la política y los recursos estatales. La autonomía y la capacidad de los gobiernos municipales y metropolitanos es reducida y se limita a algunos pocos campos, donde cumple funciones subsidiarias, aunque fundamentales para el orden social.

La separación entre las atribuciones estatales y las locales resta capacidad de acción a los gobiernos locales y metropolitanos y provoca distorsiones. El problema esencial es que los conflictos sociales y económicos se expresan a escala local, pero son frecuentemente el resultado de factores cuyo control escapa a los gobiernos de este nivel.

La civitas, los ciudadanos

En segundo lugar, se ha de actuar y tener objetivos claros en relación con la civitas. El marco jurídico afecta a la ciudadanía y a la igualdad. A partir de ahí, la ciudad ha de construirse para el bienestar de los ciudadanos. Con sensibilidad a las necesidades de la población de menores recursos.

Se hace necesario la construcción de vivienda protegida para grupos de rentas bajas , en régimen de propiedad o de alquiler a largo plazo, pero siempre con controles estrictos sobre la transferencia de titularidad, de forma que las plusvalías queden en todo caso para la colectividad. Aunque es algo que en principio parece difícil en una sociedad capitalista, existen, sin embargo, posibilidades jurídicas en ese sentido, a través, por ejemplo, de la legislación fiscal.

Frente a la obsesión por dar a las ciudades visibilidad mundial, tenemos necesidad de prestar atención prioritaria a los ciudadanos, no a los turistas y visitantes. La ciudad se ha de pensar y construir para los primeros, no para ser vista y consumida por los segundos.

Se ha de garantizar el acceso a la enseñanza, y la conversión de ésta en un lugar de coincidencia de grupos sociales diversos, para la educación en la ciudadanía. Lo que significa una escuela pública de calidad y para todos. La escuela y la enseñanza secundaria son el instrumento esencial de socialización para la convivencia y para la igualdad de oportunidades.

Se ha de garantizar el acceso a los espacios públicos, y se ha de luchar legalmente contra la fragmentación de la ciudad a través del cerramiento de barrios o grupos de edificios. La valoración de la calle, de las plazas y de los espacios públicos en general como lugares de encuentro y de uso libre es esencial; pero también debe tener sus normas y limitaciones. Ante todo, esos espacios no deben privatizarse para el negocio privado, como se hace a veces con la instalación abusiva de mesas para bares y restaurantes. Al mismo tiempo, la convivencia exige civismo, buenas formas, educación, en definitiva todo lo que antes se conocía como urbanidad, y que hay que reivindicar de nuevo. Por ejemplo, la costumbre de lo que en España se conoce como ‘el botellón’, es decir el utilizar el espacio público para consumir bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, ha dado lugar a abusos inaceptables, tanto en lo que se refiere al comportamiento de quienes lo hacen como por las molestias que causa al resto de los ciudadanos. Se ha perdido el sentido de la mesura y los jóvenes reaccionan de mala manera cuando la policía, ante las protestas de los vecinos de un lugar, decide intervenir y prohibir el uso indiscriminado de los espacios públicos. Es urgente difundir a través de la televisión y los medios de comunicación unos valores diferentes a los que ahora se difunden, y que pongan énfasis en el respeto a los otros, la contención, el trabajo, y no simplemente el derecho a la diversión y el todo vale. El ideal urbano de mezcla y convivencia, de heterogeneidad social, de funciones y de usos exige que la mezcla no sea explosiva, que facilite efectivamente la relación y el intercambio.

Las dudas e incertidumbres sobre el futuro de la ciudad son, en realidad, dudas sobre el futuro de la sociedad y la economía actual, reflejadas de forma eminente en la ciudad. Los espacios urbanos han sido desde el comienzo de la historia los que han permitido la movilidad social y escapar a la pobreza. Esa función la siguen teniendo todavía las ciudades, lo que explica el permanente aflujo de inmigrantes de procedencias diversas, tanto rurales como de otras ciudades pequeñas de regiones con dificultades.

En general ha mejorado los niveles de vida, pero también es cierto que las diferencias sociales se agudizan por la escandalosa y creciente acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Además esas diferencias se hacen más perceptibles por la proximidad de la residencia y la evidencia de los contrastes. Aunque las mayores diferencias de dan a escala mundial, las más hirientes se hacen sentir en las áreas urbanas, donde también son mucho más visibles y se conoce mejor la grave situación de los colectivos marginados o más débiles (inmigrantres, personas de edad...). La visibilidad es aquí mayor por el acceso a la información y la capacidad para hacer manifiesto el conflicto y la protesta. Por eso el malestar de la sociedad puede agudizarse.

Las descripciones que se hacen sobre ese malestar urbano son a veces manifiestamente insatisfactorias. No porque no exista, sino porque no es específicamente urbano sino más general, aunque sea más visible en las ciudades. Los mecanismos económicos capitalistas dominan de forma general y alcanzan directa o indirectamente hasta los rincones más apartados del planeta, pero se agudizan o se hacen más evidentes en las ciudades: el miedo, el aislamiento, la competencia, la homogenización de los territorios y las conductas, la fragmentación, las dificultades de integración, la exclusión (sentida o real), las alianzas entre autoridades y agentes económicos de diverso tipo, etc. Pero también hay en ellas mayores posibilidades de ascenso social, de contactos por proximidad, de acceso a la cultura, de intercambio de conocimientos.

La ciudad sigue siendo lo que era siempre: un lugar donde las relaciones espacio-tiempo se comprimen y donde existe el máximo de posibilidades de comunicación y movilidad, en sentido social y físico. Desde el siglo XIX todo ello se ha multiplicado por la existencia de nuevos medios técnicos (ferrocarril, telégrafo, teléfono, automóvil...) y todavía más con la revolución informática y la difusión de ordenadores y la conexión a internet.

Ha cambiado desde luego la extensión y las características físicas de la urbanización, cada vez más difundida y amplia. Ha habido, sin duda, una intensificación de la urbanización, un cambio cuantitativo, pero no un cambio de naturaleza. Tal vez el problema fundamental sea la acumulación de energía y de recursos y el despilfarro que se produce, lo que exige un cambio radical, que solo puede realizarse por la actuación de los poderes públicos.

Finalmente se llega a la organización física de la urbs. Lo cual ha de plantearse una vez definidos los objetivos de lo que ha de ser la polis y la civitas. La forma física no es determinante, sino que se organiza en relación con dichos objetivos.

Las ciudades tienen morfologías diferentes y son además, se repite hoy, de geometría variable. Cada vez más espacio se convierte en urbano, incluso los espacios naturales integrados en las áreas metropolitanas y dedicados al uso y disfrute de los ciudadanos.

La forma está determinada. Tantas veces se ha repetido, que se olvida que el espacio físico construido es un producto social. La definición y construcción de las grandes infraestructuras (tarea de los ingenieros) y las intervenciones en calles, edificios, zonas libres, áreas verdes (objeto del trabajo del arquitecto) se realizan siempre en relación con los objetivos asignados. Siendo así, la conclusión es evidente: primero los objetivos sociales y políticos, luego el urbanismo y la construcción de la ciudad. Esas tareas deben ponerse al servicio de las necesidades sociales: de la búsqueda de la igualdad, de la equidad, de la disminución de la segregación, del civismo y la educación.

Arquitectos e ingenieros han tenido y tienen, sin duda, un peso excesivo en las propuestas y los planes. Se consideran depositarios del saber técnico, lo cual va unido frecuentemente a una actitud de autocomplacencia y escasa atención a las demandas ciudadanas. Es cierto que en los años 1970 y 80 en España algunos defendieron el compromiso social de la arquitectura, y tuvieron posiciones críticas. Pero en la década siguiente la mayor parte parecen haber perdido toda capacidad crítica, al menos en su actitud pública. Las numerosas actuaciones urbanísticas desacertadas –sin contar los edificios de escasa calidad que se han construido– no merecen generalmente ninguna censura de los colectivos de arquitectos individuales (Colegios profesionales o Escuelas de Arquitectura), ni de la mayoría de estos profesionales. Más bien se dedican a descalificar a cualquiera que se atreva a disentir de su trabajo.

La arquitectura actual apuesta frecuentemente por edificios elevados y por construcciones icónicas, que constituyan símbolos reconocibles de la ciudad. Muchas ciudades pugnan por construir obras de gran impacto, reconocidas internacionalmente, y encargadas a arquitectos prestigiosos. También Barcelona ha seguido recientemente esa tendencia (Figura 31-32). Para algunos de esos edificios y operaciones urbanísticas se han realizado concursos públicos, sobre cuya transparencia se han expresado serias dudas, aludiendo a pactos previos y a justificaciones retóricas de decisiones ya tomadas[54].

Figura 31. La Torre Agbar (Aguas de Barcelona), de Jean Nouvel, un nuevo icono de la ciudad de Barcelona, levantado en un entorno que no ha sido ordenado y que contrasta fuertemente –tanto en los edificios antiguos como en los nuevos– con dicha construcción. Foto Horacio Capel.

Figura 32. La nueva arquitectura urbana, irresponsable por sus alardes innecesarios y costosos (sede corporativa de Gas Natural en la Barceloneta, Barcelona). Foto Horacio Capel.

La obsesión por los edificios icónicos va unida a una preocupación excesiva por el diseño urbano, un campo en el que hay aportaciones interesantes, pero que muchas veces está en manos de publicistas y especialistas en mercadotecnia. Es algo de lo que algunos arquitectos con amplia experiencia en el planeamiento han podido acusar también al modelo Barcelona, considerando que éste “lleva implícito una estrategia comercial que en la ciudad se traduce, entre otras cosas, en una invasión de objetos innecesarios, generado por planteamientos y actitudes que desvirtúan e incluso ridiculizan el concepto de lo público”[55]. En una situación de graves problemas económicos a escala mundial se hace necesaria, efectivamente, una actitud de economía y contención en el gasto, evitando el despilfarro y la obsesión por el diseño que lleva llenar la ciudad de objetos inútiles, mal concebidos o innecesarios. Y por parte de los arquitectos debería conducir a una mayor valoración de la arquitectura popular y atención a las necesidades de los ciudadanos[56].

Hemos de poner en marcha una nueva forma de construir la ciudad. Barcelona no es un modelo en ese sentido. Pero la tradición de luchas populares y de debates ciudadanos permite señalar algunas vías para el futuro.

Cambiar las formas de construir la ciudad significa que, frente al papel de los técnicos que pretenden controlar el saber y que diseñan los planes para que los ciudadanos introduzcan detalles, es preciso que el plan se realice después de escuchar las demandas ciudadanas, y en diálogo con ellas.

Sobre todo, hace falta una mayor atención a las voces de los vecinos. Es necesario escucharlos frecuentemente, y no sólo con ocasión de las elecciones. Falta también coordinación. A veces el urbanismo es desarrollado por departamentos diferentes, que pueden estar en manos de partidos políticos distintos, con problemas de coordinación. Hay asimismo dificultades en las relaciones institucionales entre el nivel local, el intermedio (de los estados en Brasil, de las Comunidades Autónomas en España) y el del conjunto del Estado. En España el nivel intermedio tiene transferidas todas las competencias generales de urbanismo. Cada partido despliega sus propias estrategias a partir de las zonas de poder político-administrativo que ha conseguido.

En la legislación actual sobre planeamiento urbano la publicidad en las fases de exposición pública es muy reducida. Debe darse un mayor tiempo de información para poder presentar alegaciones en relación con las iniciativas urbanísticas; teniendo en cuenta la trascendencia de las decisiones en este campo, es imprescindible ampliar el tiempo que establece la normativa, clarificar el lenguaje y conceder ayuda técnica a las asociaciones de vecinos para que puedan estudiar las implicaciones de los proyectos. Ha de darse un nuevo papel, más intenso, a los movimientos sociales.

Diálogo significa exigir a los políticos una respuesta a las demandas que se hacen. El diálogo debe convertirse en una forma habitual de gestión de la ciudad, y va creando competencia cívica[57]. Es a partir de esa base del diálogo que los profesionales del urbanismo pueden orientarse para que, armados con su conocimiento profesional y técnico, puedan proponer soluciones concretas. Éstas deberán ser todavía debatidas con los ciudadanos antes de su plasmación final en un proyecto.

La presión popular tiene una importancia decisiva. La tuvo en las transformaciones de Barcelona, como hemos visto. Pero tras la normalización política del país, se empezó a acusar a las asociaciones y al movimiento vecinal de falta de representatividad. Se trata de una acusación que hay que tomar en serio, ya que puede corresponder a la realidad. Pero eso significa simplemente que se debe pensar seriamente en organizar la participación ciudadana en los asuntos locales mucho más allá del derecho al voto en las elecciones.

La democracia exige, ante todo, de mecanismos formales como los que ya existen. Es algo indispensable, y conviene decirlo en países y ante grupos políticos que a veces descalifican la democracia representativa como simple democracia formal, sin contenido ninguno.

Pero es evidente que la democracia es algo más que eso. Y especialmente ha de ser algo más a la escala local, en la que se plantean problemas que afectan más directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los políticos elegidos por los ciudadanos reciben un mandato legítimo que les obliga a tomar decisiones y dirimir entre posiciones diversas. Pero no se trata de una carta blanca para hacer lo que quieran durante cuatro años, entre elección y elección. Ni tampoco de que puedan tomar las decisiones contando solo con la opinión de técnicos que se consideran depositarios del saber, y que, desde luego, no han sido elegidos por los votantes.

A los políticos su elección les obliga a mucho: a contar con la opinión de los ciudadanos ante los problemas concretos que se presentan, a estimular la presentación de opiniones y alternativas, a evaluarlas, a dialogar. Es una necesidad ante los proyectos concretos urbanísticos, cuya importancia tanto se ha ponderado en estos últimos años. Pero mucho más al elaborar planes generales, hoy que nuevamente vuelve a sentirse la necesidad de hacerlos.

Dialogar signfica tratar de descubrir la opinión de los ciudadanos, individualmente y agrupados en asociaciones, entre las que las de vecinos tienen un papel importante; y debatir y negociar para obtener consensos respecto a las soluciones.

Sin duda hay el peligro de la manipulación de los colectivos y de la defensa de intereses particulares, de grupos de vecinos afectados por una operación de las inmobiliarias, de los propietarios, de los industriales. Pero es lógico que suceda así, ya que la sociedad es muy compleja y con intereses contradictorios. En todo caso, hay que saber valorar lo que defienden los distintos agentes y actores; por ejemplo, tal vez no se deba acabar culpabilizando a los pequeños propietarios o a los vecinos que se oponen a un proyecto concreto y demandan mayores indemnizaciones, especialmente cuando se puede comprobar que lo que no se admite de ellos lo van a obtener con creces las inmobiliarias y otros agentes que acaban beneficiándose de las operaciones urbanísticas.

En muchos casos, puestos a defender unos intereses, será mejor que sean los de los pequeños actores. Por ejemplo, los vecinos que han colonizado determinadas áreas de viviendas populares unifamiliares y que han vivido allí durante décadas, y se ven de pronto amenzados de expropiación, o simplemente expropiados, por la avaricia de las grandes inmobiliarias y la ceguera de los técnicos y los políticos (Figura 33).

Figura 33. Restos de viviendas unifamiliares de carácter popular destruidas para la prolongación de la Avenida Diagonal y las operaciones inmobiliarias que le han acompañado, Barcelona. Foto Horacio Capel.

Se necesita otra vez el planeamiento. Algo alejado del viejo planeamiento urbanístico que entró en cuestión con la crisis de los años 1970, y que todavía actuaba en aquellos años –y lo ha seguido haciendo– con las herramientas puestas a punto en los años 1920 y 30.

Existen hoy a nuestra disposición instrumentos mucho más poderosos que permiten realizar simulaciones, diseñar “escenarios” distintos y presentarlos gráficamente, utilizar la teoría de juegos. Es importante descubrir previamente los intereses enfrentados, en particular la estructutra de la propiedad, los agentes que van a beneficiarse de las operaciones, las reserva de suelo acumuladas previamente por algunos de ellos; pero al mismo tiempo, es imprescindible conocer el tejido social existente para, eventualmente, defenderlo y protegerlo, por su valor para proyectos de futuro. Las operaciones urbanísticas afectan a espacios y personas concretas. Sobre ellas hay expectativas de beneficio, enfrentados a proyectos de vida individual y colectiva con capacidad de permanencia y, a la vez, de transformación no traumática.

Ya estamos lejos de esa situación en que el planeamiento podía hacerse con dibujantes (por ejemplo, arquitectos) y abogados. Es un proceso mucho más complejo en el que no sobran los científicos sociales y de las otras ramas de la ciencia. Y donde hacen falta políticos atentos, educados y con capacidad de diálogo y negociación. Pero, sobre todo, donde han de estar presentes los vecinos, los ciudadanos afectados, que han de definirse acerca de los objetivos del plan, y deben exigir que se les presenten con nitidez, sin ningún tipo de manipulación, tergiversación u ocultación de datos.

La planificación es imprescindible, aunque sea difícil. A pesar del dominio de la economía de mercado en sus demandas y urgencias concretas, y de la estrategia de los políticos locales, interesados básicamente en acciones visibles durante el periodo para el que han sido elegidos, la planificación necesita de objetivos y metas a largo plazo en situaciones de elevada y cada vez mayor complejidad. La definición del interés general plantea graves problemas por los intereses concretos de los distintos agentes en presencia, pero por eso mismo se hace más necesaria y urgente.

Especialmente es esencial todo ello en los planes urbanisticos más amplios y de mayores consecuencias sociales. Lo esencial es la claridad de los objetivos y al acuerdo sobre ellos, lo que desde luego puede no ser fácil de conseguir, pero para eso se les paga a politicos y a técnicos.

El argumento de que el trazado de las infraestructuras, por ejemplo, requiere un saber técnico y ha de dejarse en manos de los profesionales preparados es solo parcialmente cierto. Lo requiere, sin duda, pero para trazar las redes por donde los ciudadanos y sus representantes les digan que debe hacerse. También requiere saber técnico la construcción de edificios, pero eso no significa que se puedan construir en cualquier lugar y con cualquier tamaño o tipología (Figuras 34-35).

Figura 34. El post-estructuralismo en la política barcelonesa y el inesperado triunfo de Jacques Derrida: la deconstrucción, del análisis conceptual al urbanismo. Foto Horacio Capel.

Figura 35. El significado real de la metáfora: la deconstrucción como sinónimo de derribo, en este caso la destrucción de un espacio unitario y de valor histórico, la plaza de España de Barcelona, para construir el edificio de una comisaría, que tal vez estará ‘en diálogo’ con el cercano hotel Plaza. Foto Horacio Capel.

No es seguro de que los que hoy hacen el urbanismo estén preparados para este nuevo planeamiento. Por eso es imprescindible la colaboración de otros técnicos de diferentes campos de la ciencia. Se trata de un planeamiento urbano flexible, que debe estar dispuesto a revisar sus objetivos cada cierto tiempo y ante cambios imprevistos, con las correspondientes consultas a los ciudadanos[58].

Desde luego, una cosa es la intervención en los tejidos urbanos ya existentes, y otra la planificación de la expansión sobre áreas no urbanizadas. En éstas debe admitirse y estimularse la imaginación y la iniciativa de los arquitectos y deben explorarse formas nuevas de construcción de la ciudad. Aunque sin considerar ese espacio periférico como una tabula rasa en la que no existen preexistencias. Generalmente las hay, y deben tenerse en cuenta en el planeamiento. Es ahi donde los valores naturales ecológicos, ambientales, paisajisticos, la propiedad, las actividades o los restos históricos han de valorarse[59].

Si todo ello es ya muy complejo, mucho más lo es intervenir y planificar el tejido urbano construido, donde la complejidad es todavía mayor y las preexistencias han de ser el punto de partida para el planeamiento, intentando respetar ambientes que pueden tener unos valores históricos e identitarios y con capacidad de permencia y nuevos usos económicos y sociales. Y donde la población residente ha podido crear redes sociales que son más valiosas que el mismo espacio construido.

El desinterés por la cosa pública (o por las ofertas que se hacen) que tienen los jóvenes y numerosos ciudadanos, reflejado por ejemplo en las cifras de abstención en las elecciones, indica algo que amenaza incluso la salud de la democracia en nuestros países. Es en el ámbito local donde hay que empezar a encontrar soluciones, en relación con los problemas más inmediatos. No tendría inconveniente en afirmar que el futuro de nuestras democracias depende en buena parte de que seamos capaces de poner a punto mecanismos serios de participación a ese nivel local.

Es algo de lo que parecen estar tomando consciencia incluso los grupos que poseen el poder. La idea de que el futuro de las sociedades democráticas “va a depender cada vez más del desarrollo de una sociedad civil activa” no es ya solo un lema de la izquierda, sino más general[60]. Efectivamente, la actual situación en que se delega en unos elegidos las decisiones durante cuatro años contribuye a la desmovilización, tal vez a escala general pero desde luego en el ámbito ciudadano. Es ahí donde se han de poner a punto urgentemente mecanismos rigurosos de participación.

El derecho de los ciudadanos a participar en las elecciones pero también en las decisiones que les afectan es indudable. Es así como pueden sentirse protagonistas de la vida pública. Es imprescindible que esa participación se extienda ampliamente, mediante los procesos participativos, las reuniones y las consultas sobre cuestiones concretas. Especialmente es importante en relación con la elaboración y el seguimiento de los planes urbanísticos.

Las autoridades municipales han de tener una actitud abierta ante las demandas de los ciudadano, incluyendo las de los movimientos antisistema. Se han de escuchar sus voces, dialogar con ellos, y considerar seriamente sus propuestas. Por ejemplo, las del movimiento okupa, la de los jóvenes airados por la situación en que se encuentran (laborales, salariales, de vivienda, etc.) o las de aquellos que proponen nuevas formas de vida y de relación social.

Ha de pensarse imaginativamente en la organización de nuevas formas de participación en todas las esferas de la vida urbana y prestar atención a las reivindicaciones ciudadanas. Posiblemente no todas podrán ser atendidas por la administración pública, pero necesitan encontrar interlocutores abiertos y dialogantes. En general, la población es más razonable de lo que los políticos suponen, y es capaz de entender las dificultades o imposibilidades que existen, siempre que se presenten adecuadamente las alternativas, los obstáculos y los recursos disponibles. Técnicos y politicos se creen muchas veces superiores al resto de la población, sin tener en cuenta que en las sociedades maduras los índices de formación son elevados y se encuentra frecuentemente niveles de cualificación que pueden ser superiores a los que ellos poseen y, además, con un mayor conocimiento de la realidad. En todo caso, profundizar la participación no significa cesión de responsabilidad, ni cuestionar o erosionar el marco institucional. Se trata precisamente de lo contrario; contribuye a una mayor legitimidad de dicho marco, siempre que los políticos municipales tomen decididamente la iniciativa del proceso y no vayan a remolque de las reivindicaciones ciudadanas

En la situación actual muchas competencias escapan a los poderes municipales. Eso los ciudadanos pueden entenderlo. Pero a través de los debates en relación con la ciudad, y con la construcción del urbanismo, se tienen posibilidades de negociación y acuerdo, de integración ciudadana en la búsqueda del bienestar y la convivencia de todos los que comparten un espacio urbano. También en situaciones de crisis, de desempleo, de emergencia, el ámbito urbano puede desarrollar más fácilmente mecanismos de solidaridad para atender con generosidad las necesidades de los conciudadanos,

Muchos de los actuales mecanismos para encauzar los procesos participativos son instrumentos de propaganda del poder local para afianzarse en él. Los ejemplos de Barcelona y de otras ciudades catalanas lo demuestran. No se requieren más expertos en participación, ni observatorios. Lo que hace falta es voluntad política para ponerlos en marcha, desarrollarlos con sentido común y verdadero interés por contrastar opiniones y con un debate riguroso que no se proponga desde la prepotencia y la autoridad mal entendida. Se necesita también decisión para ir introduciendo mejoras, según se vean sus resultados y la satisfacción de los ciudadanos. Conviene insistir en la importancia de la transparencia de la gestión y de los mecanismos de participación, y en la necesidad de que sean realmente eficaces para que los ciudadanos tomen conciencia de su utilidad. La participación ha de concebirse como un proceso continuo, con objetivos a largo y medio plazo, pero también dirigido a solucionar problemas concretos e inmediatos.

No hay modelos. Brasil, en particular, no los necesita, ya que algunas iniciativas de este país se han convertido en referencias para otras ciudades del mundo; como las que se refieren al presupuesto participativo o a las que se han introducido en el Estatuto da Cidade[61]. Cada ciudad debe partir de su propia situación, pensar en las soluciones a partir de ella, tratando de conocer lo que se ha hecho en otros lugares, para aprovecharse de esas experiencias previas[62]. Las teorías científicas explicativas han de ser el punto de partida para la reflexión, siempre que se utilicen con la mente abierta, sin sacralizaciones. La utilización de conceptualizaciones como ciudad postindustrial, postfordismo, centro-periferia, y otras, las alusiones canónicas al desarrollo sostenible no deben convertirse en recetas técnicas –y, mucho menos, políticas– que impidan la reflexión crítica y lúcida sobre la propia realidad urbana que se pretende modificar.

Profundizar en la democracia, incorporar al movimiento ciudadano a la construcción de la ciudad, poner a los técnicos y a los políticos en su lugar, al servicio de los ciudadanos, de sus aspiraciones y de sus necesidades es la tarea que tenemos ante nosotros.

Notas

[2] Véase, por ejemplo, el libro coordinado por R. López de Lucio (1999) sobre 20 años de Ayuntamientos democráticos en Madrid, y en especial el prólogo de Fernando de Terán.

[3] Buchanan 1992, Borja 1995, Marshall 2000 y 2004, Monclús 2003, Montaner 2004, Busquets 2004, Capel 2005 y otros que citaremos en las notas siguientes.

[4] Bohigas 2005; un comentario a dicho artículo puede verse en Capel 2006.

[5] Trabajos significativos de la primera fase fueron los de Bohigas 1986 y Borja 1988; el Ayuntamiento de Barcelona (Ajuntament 1994, 1996, 1999, 2000 y 2003) y diferentes técnicos y académicos han presentado de forma positiva los rasgos de ese modelo en diversas publicaciones, entre las cuales las incluidas en la colección “Aula Abierta”; entre ellos los de Santacana 1992, Esteban 1999, Longo 1999, Subirós 1999, Raventós 2000, Mackay 2000, Truño 2000, Valls 2001, Olivella 2001, Oliva 2003, Lahosa y Molina 2003, Torres 2004.

[6] Marshall 2000 y 2004.

[7] Ha sido una referencia para propuestas de revitalización de las ciudades británicas (la de Richard Rogers por encargo de Tony Blair; Rogers 1999 y 2004) y de otras de diferentes países iberoamericanos.

[8] Entre los cuales Jordi Borja a través del despacho Jordi Borja Urban Technology Consulting S.L. Tan interesante como conocer quiénes vendieron el modelo Barcelona es saber quiénes lo compraron y porqué; véase en eso sentido, y con referencia al impacto del modelo en Rio de Janeiro, la comunicación presentada por Pedro de Novais (2006) en este mismo Congreso sobre Poder Local.

[9] En los últimos meses se multiplican las reuniones de empresarios que reflexionan sobre el posible agotamiento del modelo Barcelona

[10] Delgado 2005; también Unió Temporal d’Escribes 2004.

[11] Entre esos autores crecientemente críticos sobre un modelo que él mismo contribuyó a aplicar y difundir se encuentra Jordi Borja (Véase Borja y Muixí 2004). Otro, el arquitecto Oriol Bohigas, cree que se ha podido utilizar la expresión “para conseguir fácilmente prestigios publicitarios o soporte político”. También estima que lo que se ha hecho en la ciudad de Barcelona es un proceso, interesante, pero no un modelo, porque “no ha sido una línea continua sino más bien contradictoria”; y considera que “no pertenecen al mismo modelo la Villa Olímpica y Diagonal Mar” (Bohigas 2005).

[12] Véase Busquets 2004.

[13] Una presentación cartográfica de los cambios en Busquets 2003; una publicación da también cuenta de algunos de esos cambios y de las actuaciones realizadas recientes, con excelentes ilustraciones, Foment Ciutat Vella 2005.

[14] Sirva de ejemplo el edificio en la plaza de Sant Agusti Vell, en el chaflán entre Carders y Tantarantana.

[15] Las declaraciones de Josep Lluís Mateo (en Serra 2005) lo confirman, ya que afirma, en efecto, de forma explícita que “la lógica de los grandes derribos probablemente no ha sido la más interesante”; y a continuación critica a los que han intervenido en ese sector: “claramente, lo que no han sido interesantes son las nuevas arquitecturas que han salido de los derribos, que son de una gran banalidad”

[16] López Sánchez 1986, Heeren 2002.

[17] “Un emisario de la ONU denuncia que la especulación en España es desenfrenada”, La Vanguardia 2 de diciembre 2006, p. 14.

[18] En los quince años que van de 1991 a 2005 el Patronato ha construido un total de 4.451 viviendas en Barcelona, pero en ese total están incluidas 2.554 viviendas que corresponden a las remodelaciones de barrios y a promociones destinadas a los afectados por operaciones urbanísticas; lo que deja las siguientes cifras para otras actuaciones: 235 para promociones de protección oficial (para una lista general de personas sin vivienda de toda la ciudad), 491 para apartamentos con servicios para gente mayor y 1.171 apartamentos de alquiler para jóvenes. Los datos proceden de Habitatge públic a Barcelona. L'aportació del Patronat Municipal de l'Habitatge, 1991-2005 (Habitatge 2006, Annex p. 251), un balance de los quince años de actuaciones del Patronato, convertido en una lujosa obra de propaganda con declaraciones generales sobre la sostenibilidad y el respeto al entorno (según el presidente del Patronato, “se han introducido criterios de construcción sostenible basados en conceptos arquitectónicos de adaptación y respeto al entorno”) que se ven cuestionadas por la colección de fotos de edificios y las justificaciones retóricas que hacen los arquitectos sobre los edificios construidos.

[19] Puede citarse en ese sentido la campaña de movilización vecinal Salvem el Port Vell para presentar otra alternativa, expresada en un acto público con la intervención de Manuel Vázquez Motalbán, Mercedes Tajer y Ferran Sagarra, entre otros, celebrado en 1987.

[20] Ventura 2002, p. 66.

[21] En la declaración sobre la participación ciudadana como opción estratégica se alude a “las lucha contra el intento de aprobación del Plan General Metropolitano, también llamado Plan Comarcal, que se da en Barcelona y su área metropolitana en los años 70, dando un peso determinante al movimiento asociativo”, Ajuntament de Barcelona 2002, p. 2.

[22] Véase, por ejemplo, lo que se decía en un balance de 1983 (CMB, 1983, p. 5): “Barcelona ha alcanzado prácticamente la saturación de su término, y frena radicalmente el proceso de crecimiento, parte del cual se desplaza hacia los municipios vecinos”.

[23] Un artículo de la arquitecta y geógrafa brasileña Ester Limonad (2005) puede servir de ejemplo de la sorpresa que tienen los que visitan este sector de Barcelona, y muestra la reacción que provoca.

[24] Como muestra los estudios que existen sobre la expansión de la urbanización en la provincia de Barcelona, entre los cuales los de Monclús 1998, Francesc Muñoz 2004, Herce Vallejo 2004 y otros.

[25] Borja 2006, p. 8.

[26] Balibrea 2006, p. 10. Es en ese momento cuando, según esa autora, llega el paso del modelo a la marca Barcelona, y la hegemonía de ésta.

[27] Nos limitaremos a citar una de ellas: “desde posiciones de poder politico y poder del know-how y del capital cultural, impone implacablemente sus criterios estéticos, catalanistas y modernizadores en las transformaciones física de la ciudad [Narotzcky p. 247-251, Mc Neill p. 156-167], en ocasiones notables contra la voluntad y los criterios de los afectados cuando éstos osaron contradecirles. En consecuencia, lo que decía hacerse en nombre y por bien de la ciudadanía, en nombre y por bien de la democratización espacio-social, en nombre y por bien de la integración barcelonesa en el contexto europeo, se hizo ya desde el principio sin la colaboración y la consulta continuada y directa de la ciudadanía, Si hubo democratización del consumo de los nuevos y recuperados espacios , que sin duda en muchas ocasiones beneficiaron a los ciudadanos, no lo hubo de los mecanismos de producción... Y así más que un modelo de participación social para el pensamiento o la historia de los movimientos sociales urbanos desde la izquierda, con respecto a esta cuestión, Barcelona es modelo de cómo neutralizar a las bases sociales en la adquisición del consenso ayudándose de la cultura para ello” (Balibrea 2006, p. 19); otros autores han podido referirse también al “despotismo ilustrado” de estos grupos de políticos y profesionales barceloneses (MacNeill 1999, p. 156; cit, por Balibrea).

[28] “Barcelona afronta más de 400 pequeñas obras”, La Vanguardia, 22 noviembre 2006, Vivir, p. 3. Según el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, “Es una política de destinar más recursos al espacio público y al mantenimiento, que es lo que se define como proximidad… No es que hayamos renunciado a proyectos de envergadura… pero sí que se puede interpretar como un cambio de filosofía”.

[29] Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley, 1978, artículos 110, 116, 125, 128, 138 1 47, donde se señala el plazo de un mes para la información pública y que las alegaciones se incorporarán al expediente, para que las autoridades decidan “las determinaciones que deban adoptarse”. Esta normativa ha estado vigente durante buena parte del periodo estudiado, y en esos aspectos no ha habido cambios esenciales en la legislación promulgada durante el gobierno del Partido Popular. Respecto a la legislación catalana, véase Textos 2005, artículo 81 (“Tratamiento de los planes directores urbanísticos”), 81.2, donde se reitera que el plazo para información pública es de un mes.

[30] Ajuntament de Barcelona 2002.

[31] Un total de doce consejos, a saber: Económico y Social, Municipal de Bienestar Social, de Mujeres, Asesor de la Tercera Edad, de Deportes, Escolar, de Consumo, de la Juventud, de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales, del Medio Ambiente y Sostenibilidad, de Circulación Disciplina y Seguridad Vial, de Seguridad Urbana, de Asociaciones, de Emigraciones, de Juventud, de Normalización Lingüística, Tributario, de Cooperación Internacional, del Pueblo Gitano, Comisión Cívica de la Bicicleta, Mesa cívica de la Energía, Forum Ciudad y Comercio.

[32] Brugué, Font y Gomá 1998, citado en Ajuntament de Barcelona 2000, p. 7.

[33] Subirats, cit. en Ajuntament de Barcelona 2000, p. 11.

[34] Ajuntament de Barcelona 2002, p. 13 y 16; en el estudio de Brugué, Font y Gomá, antes citado (nota 22) se afirma que todo el mundo coincide en señalar un importante cambio, desde “una actitud permanentemente reivindicativa a una con importantes espacios de colaboración entre administración y entidades”.

[35] La sociedad Estrucfort 2000 había adquirido ese terreno para construir pisos, lo que, atendiendo las reclamaciones vecinales, ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia que deja sin valor la aprobación municipal por “vulnerar las disposiciones sobre volumetrías establecidas en el Plan Especial de Protección del Patrimonio arquitectónico Artístico”. El ayuntamiento, que ya ha permitido el derribo de una parte del viejo palacio, tiene el proyecto de edificar ese patio posterior para dedicarlo a guardería, no se sabe si destruyendo los restos que aún existen (Información de D. Canals en El País 8 de noviembre de 2006, Cataluña, p. 34: (“El TSJC anula un proyecto urbanístico que avaló el Consistorio de Barcelona. Las movilizaciones vecinales obligaron a retirar el plan de la calle de En Carabassa”).

[36] La reclamación se hizo porque “el ayuntamiento vulneró la normativa urbanística por modificar la zonificación de superficie calificada de equipamiento a zona verde, ajustes que debían haber sido aprobados por la Subcomisión de Urbanismo y no por éste. El ayuntamiento se ve también obligado en este caso a resolver las cuestiones que señala el tribunal, y tal vez recurra ante el Tribunal Supremo" (El País 10 de noviembre 2006, Cataluña, p. 37).

[37] Se trata del caso del plan de Can Fargas en Horta, aprobado en el pleno municipal de 24 de noviembre de 2006, y que dio lugar a protestas ciudadanas (La Vanguardia, 25 de noviembre 2006). Aunque el proyecto tuvo que ser aprobado debido al silencio administrativo, el Ayuntamiento acordó iniciar los trámites de expropiación de la masía para convertirla en escuela de música. La plataforma Salvem Can Fargas ha pedido la creación de una comisión de investigación interna del Ayuntamiento para depurar responsabilidades, y considera que ha habido negligencia (La Vanguardia, 29 de noviembre 2006, Vivir, p. 3).

[38] La reunión del Plan de Patrimonio del Poblenou el día 13 de noviembre de 2006, fue convocada a las 8 de la noche: consistió en una simple información de las decisiones adoptadas (incluyendo la proyección de un Power Point) y se resolvió en dos horas, finalizando abruptamente apagando las luces y dando prisa a los participantes para que abandonaran el edificio.

[39] Pueden verse en ese sentido, entre otros, los trabajos del Grup de Patrimoni Industrial del Foro de la Ribera del Besòs 2005, a y b; Tatjer Mir 2005, a y b; Tatjer, Urbiola y Grup de Patrimoni Industrial 2005. Un libro reciente recoge una parte de la documentación generada en relación a esta lucha, Forum Ribera Besòs 2006. Debe señalarse, en relación con la defensa de este recinto y el debate de los problemas del Poblenou, la importante labor realizada por Joan Roca, Salvador Clarós, Mercedes Tatjer, junto con la Asociación de Vecinos del Poblenou así como con trabajadores, pequeños empresarios, colectivos de artistas y entidades del barrio, agrupados en la plataforma Salvem Can Ricart.

[40] Grup de Patrimoni Industrial del Foro de la Ribera del Besòs 2005, a y b.

[41] La Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històricartístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni del Poblenou (Modificació 2006) incluye, por ejemplo (entre otros que podríamos indicar), en la página 103 el “Dibuix de la façana central de Can Ricart de l’arquitecte Josep Oriol Bernadet, 1853” sin indicar la fuente archivística; en realidad, reproducen la figura incluida en el trabajo de M. Tatjer, M. Urbiola y Grup de Patrimoni Industrial del Forum Ribera Besòs (2005) que sus autores habían compuesto a partir de la documentación de archivo, como puede descubrirse por dos discontinuidades existentes en la figura y que no están en el original.

[42] Véase en ese sentido Costa Moreira 2004.

[43] El periódico La Vanguardia (3 de diciembre 2006, p. 1 y 2), al dar noticia de la ocupación de Can Ricart escribe que “la desaparición de La Makabra ha reabierto el debate entre los detractores del movimiento ocupa y los defensores de las formas de cultura urbana alternativas como la que presuntamente se venía desarrollando en aquel espacio”.

[44] “La reforma de Can Batlló encara su recta final sin haber pactado con los talleres”, La Vanguardia 26 de octubre 2006, Vivir, p. 3.

[45] Véase, por ejemplo Limonad 2005.

[46] Forum Barcelona 2004. “Conclusiones de los Diálogos sobre Ciudades en el Foro Urbano 2004” <http://www.barcelona2004.org>

[47] Borja 2006, con una relación de los autores que ofrecieron ese panorama (David Harvey, Neil Smith, Richard Sennent y otros).

[48] El libro ha sido traducido al portugués este mismo año, y se ha publicado con un postfacio de Erminia Moricone, que hace oportunas matizaciones a la obra (Davis 2006).

[49] Capel, Gritos amargos sobre la ciudad, 1998.

[51] Borja 2006, p. 4, y nota 15.

[52] “Si (la ciudad) se queda vieja, simplemente se autdestruye y se renueva. Es igual de emocionante”, ha escrito Koolhaas (2006, p. 12), hablando de la Ciudad Genérica.

[54] El arquitecto Oriol Bohigas (en Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad ha hablado incluso de "una corrupción bien camuflada".

[55] Delgado Pérez 2005.

[56] Uno de los arquitectos que colabora en un estudio sobre la actuación del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona suscita la siguiente cuestión: “muchos arquitectos nos hemos planteado en un momento u otro si se puede hacer arquitectura en edificios de pisos” (Joaquín Español, “Apología de l'ofici”, en Habitatge, 2006, p. 27). La pregunta deja boquiabierto al lector que no pertenece al oficio, porque es probable que el 90 por ciento, o más, de la actividad de estos profesionales se dedique a la construcción de viviendas. Lo cual queda confirmado por el mismo autor, que recuerda “lo que decía un filósofo con conocimiento de causa: la arquitectura es el arte de nuestra residencia en la tierra y, si es así, la casa suburbana o el piso urbano son precisamente el paradigma de la manera actual de habitar el mundo”. Encontrar en ellos la duda de si eso es arquitectura nos permite comprender el sentimiento de frustración que les embarga al construir vivienda social: “los arquitectos sabemos que no podemos esperar la gloria en estos proyectos”.

[57] Ramírez, 1998 y ss.

[58] Véase, por ejemplo, Ascher 2001.

[60] Por ejemplo, ha sido recientemente una afirmación del presidente de la Fundación Bertelsmann en un congreso organizado por dicha empresa privada alemana y presidido por el futuro rey de España, el príncipe Felipe; los participantes (entre los que había ex-presidentes y ex-primeros ministros de varias naciones) constataron que “los poderes públicos no pueden resolver por sí solos todos los problemas”, y afirmaron que cada vez “están más alejadas las figuras del ciudadano y las del político profesional”, lo que exige impulsar la participación ciudadana (“Expertos reclaman mayor compromiso cívico de gobernantes y ciudadanos”, El País, 24 de noviembre de 2006, p. 58. El I Congreso Diálogo y Acción. Empresa, Sociedad y Fundaciones ante el desafío del futuro, organizado por la Fundación Bertelsmann).

[62] Por ejemplo, en el caso de Salvador podría ser útil un urbanismo de urgencia que empezara por la periferia, invirtiendo para mejorarla y construir los equipamientos que faltan, estimular la participación de las asociaciones vecinales, desarrollar el transporte público (y obligar a los políticos a usarlo), actuar contra la privatización del espacio (por ejemplo el de la playa), pensar en los peatones y no solo en la circulación de los automóviles (lo que debería llevar a la mejora de las aceras y a la construcción de pasos preferentes para cruzar las calles), mejorar el paisaje urbano, intervenir en los miradores que dan hacia el mar, impidiendo la realización de obras que dificultan la vista (por ejemplo en el Mirante dos Aflittos, y en los que hay a ambos lados del Teatro Vila Velha) etc. Un buen ejemplo de la privatización del espacio en Salvador puede ser la banda que da al mar en la Avenida Sete de Setembre: una muralla de grandes (a veces monstruosos) edificios que dan directamente sobre el acantilado, sin permitir un paseo que permita a los ciudadanos pasear y ver el mar.

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EL DEBATE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y EL LLAMADO 'MODELO BARCELONA'

El debate sobre la construcción de la ciudad y el modelo Barcelona (Resumen)

The debate on the making of the city and the Barcelona model (Abstract)

I. Los rasgos básicos del modelo Barcelona

II. Las actuaciones en el campo del urbanismo, las políticas sociales y el planeamiento

Las intervenciones en los edificios y en la trama urbana de la ciudad

La dimensión social en Barcelona

La dimensión política del urbanismo

¿Un cambio de énfasis o de modelo?

La participación en Barcelona

El debate sobre el patrimonio histórico industrial del Poblenou y el caso de la fábrica de Can Ricart

III. Una nueva forma de construir la ciudad

La polis, la civitas y la urbs

La civitas, los ciudadanos

Notas

Bibliografía