REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. X, núm. 218 (13), 1 de agosto de 2006 |
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DE MÉXICO
DE SU ORIGEN PRECOZ A SU CONSOLIDACIÓN
TARDÍA
Javier Castañeda Rincón
Universidad Autónoma Chapingo
Las áreas naturales protegidas de México; de su origen precoz a su consolidación tardía (Resumen)
Hacer una reflexión sobre las áreas naturales protegidas de México, particularmente desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta su consolidación en el siglo XX, es un recorrido que busca identificar las primeras manifestaciones de la conservación de los recursos naturales durante el Porfiriato, especialmente los forestales que sirvieron de detonador en la protección de otros recursos asociados como la fauna, el agua y el suelo, hasta consolidar un sistema de áreas naturales que incorporaron paisajes representativos del país.
Con ello se busca aportar nuevos elementos a la discusión sobre las motivaciones e intereses de todo tipo que estuvieron en juego en la protección de la flora y la fauna, recreando las diferentes políticas del estado mexicano y sus repercusiones en el movimiento conservacionista de la época. Haciendo énfasis en el periodo cardenista entre 1934 y 1940, caracterizado por un gran esfuerzo de revalorización de las áreas naturales. Particularmente, con la creación de parques nacionales y otras reservas que intentaron frenar y acotar el crecimiento de la frontera urbana que implicó el deterioro y desaparición de las áreas forestales.
Palabras clave: Política de conservación, Intereses económicos, sistema de áreas naturales protegidas.
To make a reflection about the protected natural areas of Mexico, particularly from its origins at the end of the XIX century until its consolidation in the XX century, is a journey that looks for to identify the first manifestations of the conservation of the natural resources during the Porfiriato, especially the forest ones that served as detonator in the protection of other associate resources as the fauna, the water and the floor, until consolidating a system of natural areas that incorporated representative landscapes of the country.
With it is looked for to contribute new elements to the discussion about the motivations and interests of all type that were in game in the protection of the flora and the fauna, recreating the different politicians of the Mexican state and their repercussions in the movement conserving of the time. Making emphasis in the cardenista period between 1934 and 1940, characterized by a great effort of revaluation of the natural areas. Particularly, with the creation of national parks and other reservations that tried to brake and to delimit the growth of the urban frontier that implied the deterioration and disappearance of the forest areas.
Key words: Conservative politics, Economic interests, protected natural areas system.
La conservación
de las áreas naturales en México no se puede entender cabalmente,
si no se establecen por lo menos los antecedentes históricos que
han jugado de manera importante en su definición actual. El primer
antecedente lo tenemos en la historia de la conservación de los
bosques nacionales de Norteamérica. El segundo antecedente se remonta
a las culturas mesoamericanas que nos heredaron una cultura de armonía
con la naturaleza. El tercero lo constituyó la presencia hispana
durante el Virreinato
En la historia de las civilizaciones, el paso de cazadores y recolectores a labradores tuvo efectos significativos sobre el ambiente, talando vastas áreas de bosque, compitiendo por la tierra y el agua y desalojando o matando a los animales silvestres. La madera fue fundamental en las construcciones y como combustible de las sociedades de pastores, agricultores y habitantes de las incipientes pero crecientes ciudades. No obstante, diversas culturas se ocuparon de proteger espacios naturales desde varios siglos antes de nuestra era. Entre ellas destacaron los egipcios, vikingos, persas, romanos, indios y polacos. Durante el medievo, reyes y príncipes promovieron leyes para la protección de los bosques y la fauna silvestre, que con el paso a las ciudades industriales desde mediados de 1700 hizo necesaria la explotación de carbón mineral, petróleo y gas natural, aportando contaminantes a las aguas, al suelo y a la atmósfera, que repercutieron necesariamente en las políticas y acciones de conservación de áreas naturales.
El deterioro paulatino pero creciente del ambiente hizo posible que en Norteamérica se iniciara el primer movimiento social a favor de la conservación y protección de la naturaleza, que en la historiografía de las áreas naturales protegidas nos permite reconocer las semejanzas, diferencias e influencias que tuvieron en la conservación de las áreas naturales de México.
Como ha escrito Miller (1994), los europeos al descubrir Norteamérica en los siglos XV y XVI la encontraron poblada por diversos grupos de indígenas, que con algunas excepciones, mostraban un profundo respeto por la tierra y sus animales, este vasto continente tenía existencias abundantes y aparentemente inagotables de madera, suelo fértil, vida silvestre, agua dulce, minerales y otros recursos, los colonizadores consideraron que debía ser conquistado, abierto, desmontado y utilizado tan rápidamente como fuese posible.
Así, de 1607 a 1832 los bosques y la vida silvestre de Norteamérica fueron degradados y agotados a una velocidad alarmante, por lo que se propuso protegerlos para heredarlos a las siguientes generaciones. Sin embargo, la acción federal en la conservación de los recursos forestales y la vida silvestre empezó propiamente hasta 1872 con la creación del Parque Nacional Yellowstone. A esa decisión se sumaron otras en favor de la protección de los bosques y la vida silvestre, pero fue hasta el inicio del siglo XX cuando se sentaron las bases de la conservación en los Estados Unidos de América, estableciendo refugios federales para la vida silvestre y creando el Servicio Forestal bajo criterios de administración científica y uso múltiple del bosque.
Otro gran movimiento de conservación nacional de los recursos naturales se dio en los años treinta, en la época de la depresión económica (1929-1941) cuando se estableció el Cuerpo Civil de Conservación como fuente alternativa de empleo para estimular la economía. Plantaron árboles, crearon parques nacionales y áreas de recreación, controlaron la erosión del suelo, protegieron la vida silvestre y realizaron diversos proyectos de conservación de los bosques.
Según nos dice el biólogo Carlos Melo (2002), después de la segunda guerra mundial, las organizaciones y países interesados en la conservación de los recursos naturales trataron de crear un mecanismo que sirviera como directriz a la cooperación internacional, esta idea fue respaldada por la liga Suiza para la Protección de la Naturaleza, el gobierno francés y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cristalizando en 1948 con la reunión de Fontainebleau, Francia, donde se fundó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) [1] .
Estas primeras medidas de observancia internacional, no se reflejaron en las prácticas de la población involucrada en la explotación de los suelos para la agricultura y la ganadería ni en la que practicaba la tala de los bosques y la cacería de fauna silvestre, precisamente por ello, el gobierno norteamericano mostró firmeza, y al mismo tiempo que legisló en materia de conservación de los recursos naturales, mantuvo una vigilancia creciente en el cumplimiento de sus ordenamientos.
En contra de ello, de 1940 a 1960 se presentó un estancamiento en materia de conservación derivada de las consecuencias de la segunda guerra en la cual participó y donde la difícil recuperación económica postergó el proceso de creación de áreas protegidas hasta 1962, al celebrarse en Seatle, Estados Unidos de América, la Primera Conferencia Mundial de Parques Nacionales y Reservas Equivalentes. Después de 1965 el crecimiento de la población, el uso abusivo de los recursos y la contaminación fueron del conocimiento generalizado a través de los medios de comunicación, por lo que en 1970 tuvo lugar la primera festividad anual conocida como el Día de la Tierra, donde casi veinte millones de personas exigieron mejor calidad ambiental.
En la misma línea de esfuerzos para garantizar la conservación de las áreas naturales, en 1972 se realizó la Segunda Conferencia de la UICN [2] en el Parque Nacional de Yellowstone para conmemorar los primeros cien años del movimiento conservacionista, en ella se hicieron múltiples recomendaciones para la planeación y el manejo de los recursos naturales y para la mejor administración de los parques nacionales. Como efecto de estas recomendaciones para 1980 el Congreso había aprobado más de veinticuatro decretospara apoyar la protección del aire, el agua, el suelo y la vida silvestre.
En 1982, de acuerdo con los datos de Melo, se siguió la tradición de la UICN, de celebrar una Conferencia cada diez años, la cual se llevó a cabo en Bali, Indonesia, con el nombre de Tercer Congreso Mundial de Parques Nacionales y Reservas Equivalentes, incorporando a la red mundial de áreas naturales protegidas las áreas marinas costeras y de agua dulce, y se hizo explícito el valor de los recursos y los servicios que las áreas brindan a la población humana.
El Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales y Reservas Equivalentes de la UICN se llevó a cabo en Caracas, Venezuela en 1992, donde se establecieron convenios, programas internacionales, creación de organismos no gubernamentales, publicaciones especializadas, cursos universitarios, entre otros, que denotaron una expansión sensible a nivel mundial en la protección de los recursos naturales.
La lista de las Naciones Unidas de Áreas Protegidas en 1997 registró un total de 12.754 sitios que protegen a más de 1.320 millones de hectáreas en alrededor de 120 países, según lo consignó la UICN en 1998. Lo cual hace evidente el crecimiento de áreas que se protegen ante el deterioro creciente de los recursos naturales y el ambiente.
Las funciones básicas que la UICN le confiere a las áreas naturales protegidas [3] son: investigación científica; protección del medio silvestre; preservación de las especies y de la diversidad genética; mantenimiento de servicios ambientales; protección de características naturales y culturales específicas; turismo y recreación; educación ambiental; uso sustentable de recursos y ecosistemas naturales; y mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales.
Lo que se inició como un movimiento conservacionista aislado en los Estados Unidos de América, con el tiempo se fue multiplicando en Norteamérica al igual que en muchos países del mundo. De ahí la importancia de incluir algunos antecedentes de la conservación de las áreas naturales en Mesoamérica, para entender la historia reciente del siglo XX sobre las áreas naturales protegidas de México.
La conservación de las áreas naturales en Mesoamérica
Es necesario señalar que en Mesoamérica, los incas, los mayas [4] y los mexicas [5] llevaron a cabo diversas acciones para proteger áreas naturales relevantes. Como bien lo afirma González (2001), en el México precolombino la gente adoraba al sol, las estrellas, la luna, la tierra, al agua, a muchos animales y a casi toda la vegetación. Todos estos elementos de la naturaleza se concibieron como divinos y fueron representados en madera, piedra y obsidiana.
Las plantas y animales más importantes de la cosmovisión mesoamericana revelan la imaginación religiosa de los indígenas con formas de vida diferentes a las de la Europa Occidental, donde la observación del sol, la luna y la madre tierra expresaban realidades propias vinculadas a una cosmogonía de la que ellos eran parte y debían respetar para mantener la armonía con la naturaleza.
El hecho de que lo sagrado pudiera aparecer en cualquier forma en la naturaleza, implicó que las plantas y los animales ocuparan un sitio importante en la simbología antigua. La vegetación expresaba también la presencia de poderes divinos, los animales estimulaban la imaginación por su forma de volar o por su ferocidad; así el águila, la serpiente y el jaguar fueron el centro de adoración de diferentes culturas. Con frecuencia sus cuerpos representaron la expresión transformada de seres sobrenaturales o dioses temidos y respetados.
Norberto Sánchez y Francisco Moncayo (1964) en su estudio sobre la historia de la ciencia forestal en México, explican que desde esos tiempos se consideraba el aspecto recreativo como uno de los usos del bosque y no solamente se protegieron algunos de estos, sino que se crearon jardines botánicos y parques, siendo famosas hasta nuestros días las plantaciones de ahuehuetes que realizó el rey Netzahualcóyotl de Texcoco al cual se le reconoce por sus grandes dotes de estadista, por su sabiduría, por sus obras de ingeniería que aún subsisten y por los hermosos himnos que compuso a la naturaleza.
El Virreinato de la Nueva España, 1519-1821
En el tiempo de la conquista, muchos españoles ya habían desmitificado los poderes de la naturaleza, no creían que las plantas o animales silvestres fueran seres mágicos que pudieran ayudarlos o dañarlos, frecuentemente ignoraban la importancia de ser cuidadosos con los bosques o la fauna, las políticas de conservación del Virreinato eran motivadas por consideraciones económicas, la Corona Española por su parte intentaba proteger particularmente aquellos recursos naturales importantes para el funcionamiento de la economía virreinal.
Según consigna Vicente Casals Costa en su trabajo sobre Urbanismo y naturaleza en el Valle de México de1996, con la llegada de Hernán Cortés y su decisión de construir la capital de la nueva España en el propio valle, ocasionó una intensa deforestación en las laderas del mismo, por las crecientes necesidades de madera para la nueva ciudad y para combustible doméstico. Igualmente, el incremento de la minería requirió de grandes volúmenes de madera que fueron extraídos principalmente de los bosques del altiplano.
Ante esta situación Enrico Martínez en 1607 aseveraba que las inundaciones de la Ciudad de México estaban directamente relacionadas con el desmonte y el cultivo de las tierras en las colinas que la rodeaban, los suelos arrastrados de las partes altas de la cuenca del valle de México provenían de las zonas rurales aledañas, producto de las prácticas agrícolas inadecuadas.
Simonian en su obra (1999), señala la preocupación de reyes y virreyes españoles por el agotamiento de la madera para las operaciones mineras, la construcción de barcos y las viviendas, ante la falta de restricciones en la explotación de los bosques y la nula reforestación. Otros recursos de menor valor, como los animales silvestres, o de mayor disponibilidad como el suelo y el agua, recibieron mucho menor atención por parte de la Corona.
Puede decirse que desde su inicio esta época fue funesta para los recursos forestales, coadyuvaron a la destrucción de ellos, la introducción de herramientas de hierro, particularmente hachas y sierras, mediante las cuales se inició con tal brío la deforestación que el Virrey don Antonio de Mendoza vio la necesidad de reglamentar el corte de leña y la producción de carbón por ser perjudicial a los bosques.
Esta fue la primera de una serie de disposiciones legales dictadas por la Corona para el control de los montes [6] y sus productos, percibiéndose en las más de ellas un incipiente concepto de protección y conservación.Por ejemplo, en 1536 se ordenaba plantar árboles a la orilla de las propiedades y hacer lo mismo en las encomiendas, para abastecerse de leña, de acuerdo con el número de indios que en ellas hubiera.
En 1552 se agregó que los árboles fueran plantados por los indígenas para que no se hicieran holgazanes. En 1559 se dispuso que los indígenas podrían cortar madera para su aprovechamiento sin obstáculo alguno, con la salvedad de que lo hicieran sin afectar la reproducción natural de los árboles.
En 1622, la explotación de caoba, cedro y roble se reservó para beneficio de la Corona y para 1679 se prohibió el corte de árboles en los montes, en correspondencia con lo que mandaban las leyes del reino so pena de incurrir en castigo, indicando en otra disposición del mismo año que ninguna persona podría cortar árbol alguno en pie y sólo se podrían aprovechar las ramas.
No obstante, la buena intención de estas reglamentaciones, los intereses económicos y la falta o dificultades de las comunicaciones, nos dicen Sánchez y Moncayo, (1964) provocaron que sólo fueran cumplidas parcialmente por los indios en las ciudades y sus cercanías, y totalmente ignoradas por los españoles fuera de ellas.
Para la fauna silvestre la situación fue más terrible, especialmente las aves y los mamíferos, se cazaban con armas de fuego en lugar de redes y dardos, la mayoría de las poblaciones de animales no tenían importancia económica para merecer la protección real. Los depredadores llevaron la peor parte, eran cazados con el auxilio de perros y justificaban su muerte por el peligro potencial que representaban para el ganado y los seres humanos.
En el caso de otros recursos naturales como el agua y el suelo, tampoco se protegió su deterioro y extinción, particularmente en las incipientes ciudades mineras, donde la demanda de madera de los bosques hizo peligrar su existencia por desecación de manantiales y erosión de los suelos, ante la deforestación creciente de árboles necesarios para mantener las exigencias derivadas de esta actividad.
Al respecto, Simonian menciona que al inicio del Virreinato tres cuartas partes de la Nueva España estaban cubiertas de bosque, en tanto que Humboldt en 1803 hizo la estimación de que sólo estaba forestada la mitad de la Nueva España. En un periodo de poco menos de trescientos años se había perdido una cuarta parte de los bosques.
La ordenanza de 1803 era un componente del programa de España para salvaguardar a sus colonias contra la intrusión económica y militar de potencias extranjeras, especialmente los ingleses. Por medio de este particular edicto, los funcionarios de la Corona buscaban restringir el acceso a las maderas duras de la costa y mantener un adecuado aprovisionamiento de esas mismas maderas para la armada española.
Durante casi tres siglos de Virreinato, la economía tuvo como sustento básico para su desarrollo la explotación de los bosques principalmente de las zonas templadas, de ahí salieron los insumos para soportar las actividades económicas y las formas de vida de indígenas, españoles y criollos. El movimiento de conservación de los recursos naturales iniciado en los EUA no tuvo efecto alguno en los territorios de la Nueva España.
De la Independencia al inicio del Porfiriato, 1821-1876
Después de la consumación de la Independencia en 1821, los recursos naturales padecieron una explotación más aguda que durante el Virreinato, las empresas mineras de capitales extranjeros arrasaron con los bosques del Altiplano, en tanto en el norte los ranchos y las haciendas ganaderas alteraron los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas.
El
nacionalismo, producto de la Independencia, despertó un renovado
interés por el estudio de los recursos naturales del país,
aunque muchos de esos estudios fueron interrumpidos por la inestabilidad
política y económica. Challenger (1998) en su obra
señala que después de 1830 los naturalistas que catalogaron
y describieron la riqueza ecológica de México no fueron nacionales
sino extranjeros, muchos científicos alemanes, estadounidenses,
ingleses y franceses colectaron ejemplares de plantas medicinales, así
como de flora y fauna para sus propios museos, academias e instituciones
fundadas con el fin de fomentar el conocimiento científico y apoyar
su creciente desarrollo industrial. Como respuesta tardía, hasta
1864 se fundó la Academia Nacional de Medicina y en 1868 la Sociedad
Mexicana de Historia Natural. Este interés por la historia natural
de México apareció cuando se hizo evidente el impacto sobre
los recursos naturales del país. Sin embargo, las primeras disposiciones
oficiales en materia de conservación en México se dieron
en 1861, cuando el presidente Benito Juárez estableció la
primera ley forestal de observancia en los bosques federales, en ella se
exigía a los taladores plantar diez árboles por cada uno
que tiraran.
Así se hizo evidente que el deterioro de los recursos naturales en las áreas más próximas a la ciudad capital empezaban a sufrir los estragos de la presencia humana, abriendo nuevas tierras al cultivo, cortando leña, haciendo carbón, provocando incendios, cazando la fauna silvestre, contaminando las aguas de ríos y lagos, y sobre todo, abasteciéndose de madera para los distintas necesidades de la vida urbana. Lo que hizo necesario empezar a proteger los bosques que rodeaban a la ciudad capital.
Challenger (1998) sostiene que la crítica pública ante la pérdida de los recursos forestales del Valle de México, debida a la apertura de áreas agrícolas, a la construcción y a la extracción de leña, detonó acciones del gobierno por conservar los principales acuíferos para el uso doméstico, industrial e hidroeléctrico. Así, en 1876 Lerdo de Tejada [8] con el fin de preservar los bosques de pino de las montañas ubicadas al oeste de la capital estableció la primera área para la conservación y el esparcimiento público, con el nombre de Reserva Nacional Forestal del Desierto de los Leones.
El Porfiriato, 1876-1910
Desde
la primera gran deforestación en aras del impulso de la minería
del periodo colonial, los bosques y las selvas de México no habían
sido desmontados a un ritmo tan rápido y a tan gran escala como
durante el Porfiriato. A finales del siglo XIX, las plantaciones de caña
de azúcar, café, cacao, tabaco, hule y henequén modificaron
el paisaje y los ecosistemas naturales, particularmente, cuando el ferrocarril
[9]
y el telégrafo [10]
diezmaron los bosques templados, y las selvas fueron objeto de explotación
de sus maderas preciosas.
Bajo ese panorama, la demanda de madera se incrementó por el uso
de las máquinas de vapor [11]
que operaban con leña. En el Altiplano central, la escasez de leña
y carbón de encino y mezquite, y en menor medida de pinos y otras
coníferas, se reflejó en la fuerte contracción de
la cubierta boscosa, provocada por el acelerado desmonte para la naciente
industria.
No obstante, el saldo al final del régimen porfirista indica que la deforestación del Altiplano central fue casi total, con sólo un 10 por ciento de cobertura original de bosques templados, en tanto que en la vertiente del Pacífico se mantuvo el 25 por ciento y en la del Atlántico el 30 por ciento.
De la revolución al cardenismo, 1910-1934
El ingeniero civil Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta (1862-1945), originario del estado de Jalisco se formó profesionalmente en Francia, lo que le permitió conocer las principales ciudades europeas y cultivar importantes amistades con sus colegas franceses y españoles, los cuales le brindaron la oportunidad de conocer diversas obras de ingeniería que le sirvieron de referencia para proponer la modernización del país durante el Porfiriato. Participó en el canal del desagüe, la ampliación de la red ferroviaria, la construcción de puertos y diversas obras hidraúlicas e industriales, donde llegó a convencerse de la importancia de los bosques que él mismo había afectado en medida no desdeñable.
Al respecto, Quevedo afirmaba que el bosque [14] servía como regulador de los procesos climáticos y en consecuencia la humedad atmosférica del valle de México podía mantenerse adecuadamente por medio de la conservación y repoblación forestales de sus vertientes (Casals, 1996).
Para 1918 en su disertación con motivo del ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se pronunció ante la falta de inventarios de los recursos forestales del país, que él mismo venía realizando con el apoyo de ingenieros forestales franceses [15] desde 1910, año en que se creó el Departamento de Bosques como la primera administración forestal. Y con el auxilio de ingenieros de montes españoles [16] mayormente a partir de 1922, cuando ya había pasado la etapa más álgida de la revolución.
Dentro de este panorama nacional, donde la figura de Miguel Ángel de Quevedo crecía como defensor de los bosques, los efectos de la guerra de los europeos (1914-1919) propicio un cambio significativo en la demanda de maderas tropicales, las cuales en su mayoría se exportaron a los EUA por compañías extranjeras que operaron con el consentimiento y protección de los gobiernos mexicanos.
Algunos hechos positivos de la etapa posrevolucionaria (1920-1934) fueron la fundación de la Sociedad Forestal Mexicana en 1922, la apertura del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec en 1923 y la creación del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual estableció las bases científicas, teóricas, metodológicas y prácticas de la conservación de los recursos naturales del país.
Igualmente, se puede mencionar la iniciativa del presidente Venustiano Carranza, quien imbuido por las acciones de conservación en los EUA, mediante un decreto oficial declaró Parque Nacional al Desierto de los Leones [17] en 1917, justo porque ahí se captaba la mayor parte del agua para la Ciudad de México. Después de este hecho aislado, la Ley Forestal de 1926, fue una medida para proteger los bosques y selvas del país de la voracidad destructora de las compañías forestales extranjeras, ya que reconocía los bosques y selvas como propiedad de las comunidades dueñas de las tierras; sin embargo, esta ley permitía la explotación forestal únicamente a aquellas empresas con suficiente capital, pericia y experiencia comercial, que paradójicamente, sólo las compañías extranjeras tenían.
Como último acto de importancia para la conservación de las áreas naturales en este período, el presidente Plutarco Elías Calles en 1928 decretó como Zona reservada para la caza y pesca de especies de animales y vegetales a la Isla Guadalupe [18] situada en el extremo noroeste del litoral del Pacífico en la Península de Baja California, a 280 kilometros de distancia de la costa, con una extensión de 25.000 hectáreas y vegetación dominante de matorral xerófilo.
El Cardenismo, 1934-1940
La forma peculiar de decretar y expropiar los bosques por causa de utilidad pública y como medida de conservación de los recursos naturales por interés nacional, derivó en suspicacias ante la imposibilidad del gobierno de cumplir regularmente con la indemnización a los dueños de los predios, que en tal situación podían seguir usufructuando en su favor los beneficios de las actividades económicas de sus tierras. Esto se tradujo en la virtual protección del Estado para evitar las demandas de reparto agrario o las invasiones de campesinos sin tierra en muchas propiedades amenazadas por el crecimiento de la frontera agrícola o la mancha urbana.
En la presidencia de Cárdenas se plantaron dos millones de árboles en el valle de México y cuatro millones en el resto del país, para ello se valió del ejército y de la creación de viveros nacionales, estatales y municipales. También se protegieron 150.000 hectáreas más en 36 áreas, la mayoría de reservas forestales y cinegéticas.
En el último año de su sexenio creó el Departamento de Reservas y Parques Nacionales, consolidando un sistema de áreas naturales protegidas con sus respectivos decretos federales, sin embargo, muchos de los terrenos en que se establecieron esos parques nacionales, aunque se habían adjudicado legalmente a la nación por medio de las expropiaciones, eran propiedad comunal o ejidal y generaron múltiples conflictos por la tenencia del suelo.
No obstante que el gobierno de Cárdenas tuvo limitaciones económicas para indemnizar a los propietarios y garantizar una buena administración de las áreas recién decretadas, sentó las bases legales que le permitieron al Estado dirigir la política de conservación, protección y manejo de los recursos naturales en todo el país. Particularmente, los bosques del altiplano que constituían el territorio más cercano, accesible y ecológicamente más vulnerable y valioso del centro de México.
La selección de áreas para la creación de parques nacionales, como figura de conservación dominante en ese tiempo, se hizo a partir de tres criterios principales; tener un gran atractivo paisajístico, constituir un potencial recreativo y poseer importancia ambiental para las ciudades próximas. Las áreas selváticas, semidesérticas y desérticas del país no fueron objeto de tal apreciación, dado el escaso poblamiento, pero en las primeras se llevó a cabo una explotación sostenida de maderas tropicales como la caoba y el cedro por parte de compañías extranjeras con concesiones privilegiadas que les otorgó el gobierno mexicano en los años veinte con vigencia hasta 1949. Tuvieron que pasar muchos años más para que a las segundas se les prestara atención y protección de sus recursos naturales.
La conservación en el olvido,
1940-1976
Con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se mantuvo el interés económico de los bosques. Las tierras y la fauna silvestre raramente parecían tener un valor económico que justificara su conservación; de hecho parecían ser un obstáculo para la expansión industrial y agrícola de México. Así que no debe sorprender la poca atención prestada en su gobierno a la protección de las áreas y la vida silvestre.
El Presidente Luís Echeverría (1970-1976) promovió la apertura de la ganadería en las selvas húmedas y subhúmedas del sureste mexicano, arguyendo la existencia de mejores índices de agostadero por cabeza, lo cual implicó talar para ese fin tres millones de hectáreas, particularmente en Tabasco y Chiapas donde aún había grandes extensiones de selva alta perennifolia.
Challenger (1998) al incluir todo el periodo que nos ocupa e incluso un poco más, afirma que entre 1940 y 1980 se talaron para abrir paso a la ganadería, nueve millones de hectáreas de selvas de la zona tropical del sureste de México, es decir, cerca del cincuenta por ciento del área original que ocupaba la selva[22] .
Lo único importante que se puede mencionar para este periodo de 36 años es la creación de siete parques nacionales. Bajo esta situación de crisis Enrique Beltrán argumentaba que México no podía crear nuevos parques nacionales, ya que no podía siquiera administrar efectivamente los que ya tenía, haciendo evidente que el crecimiento poblacional del país alcanzó su ritmo más alto en el inicio de la década de los setenta y constituía una seria amenaza para los bosques y selvas del país con la creación de nuevos asentamientos humanos [23] con altos niveles de marginación dispersos en diferentes áreas naturales.
Fue precisamente esa limitante la que orilló a las siguientes presidencias a buscar otras figuras de conservación de los recursos naturales, donde los gobiernos ya no tuvieran que cargar solos con la tarea de la protección de las áreas naturales, es decir, donde la responsabilidad se compartiera con los propietarios de las áreas con valor ecológico.
Consolidación tardía de las áreas naturales, 1976-2000
A principios de los setenta, según lo consigna Simonian (1999), la conservación de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas se vio imbuida por dos programas internacionales. El primero a cargo de la UNESCO, denominado El Hombre y la Biosfera; el segundo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972. En ambos emergió una nueva perspectiva en torno de las relaciones entre la conservación y el desarrollo.
Tuvieron que pasar algunos años para que en México se empezaran a adoptar algunas de sus recomendaciones ambientales, donde las reservas de la biosfera ofrecían una alternativa preferible al sistema tradicional de conservación de los parques nacionales. Su éxito radicaba en presentar una estrategia viable para la protección de los recursos naturales, al mismo tiempo que buscaba la justicia social.
En tanto se levantaban voces a favor de la protección de las selvas mexicanas, el presidente José López Portillo (1976-1982) encontró más propicio iniciar la protección de las áreas de matorral xerófilo [24] , en atención al programa de la UNESCO [25] , El Hombre y la Biosfera, orientado a promover el concepto de reserva de la biosfera que consiste en conservar la naturaleza sin excluir las actividades humanas.
Gonzalo Halffter, fue decisivo en la creación de las primeras reservas de la biosfera en México. Sus posibilidades de protección de ecosistemas, de especies endémicas y de las que se encontraban en peligro de extinción, garantizaban la conservación de la biodiversidad, de la cual México es considerado entre los primeros cinco lugares a nivel mundial.
Esta nueva figura de conservación de áreas naturales, disminuyó la carga económica en su creación ya que permite la ocupación humana con algunas restricciones en el uso de los recursos para garantizar su reproducción y promover nuevas actividades económicas que garantizan la protección de la biodiversidad y buscan el desarrollo sustentable o ecodesarrollo.
En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), especialmente encargada de la administración de las áreas naturales, mediante el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), cuyo propósito es contribuir a la mejor representatividad de la biodiversidad tanto de especies endémicas como en peligro de extinción.
También durante este periodo se crearon varias reservas [26] con lo cual quedaron protegidas más de tres millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos casi inalterados, con fines de investigación, producción sustentable y conservación de la biodiversidad. Aunque en forma tardía, después de haber desaparecido con el tiempo el setenta y cinco por ciento de los recursos forestales del país.
El interés de protección también se fue proyectando en torno de otros ecosistemas, como la selva baja espinosa, los humedales, los manglares, los arrecifes coralígenos, las islas y las zonas de migración de fauna terrestre y marina. De hecho, se inició la conservación ecológica de México, anteriormente solo se habían protegido un millón y medio de hectáreas de reservas federales de áreas naturales, un poco más de 0.5 por ciento del territorio nacional, al final de su administración se había triplicado la extensión alcanzando 1.5 por ciento de la superficie del país (Challenger, 1998).
En enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA), para promover el uso racional y la explotación sustentable de los recursos naturales, así como para reglamentar las áreas incluidas en el SINANP, en esa ley se reconoció como objetivo fundamental la conservación de las áreas naturales bajo un esquema de desarrollo sustentable.
El sistema de reservas de la biosfera es un acercamiento utilitario a la protección de la naturaleza que también trata de minimizar el impacto del uso humano sobre el medio ambiente. Este sistema sustituye al de parques nacionales en forma ventajosa, ya que trata de proteger especies florísticas y animales representativas que los parques nacionales no contemplaron como parte de sus funciones de investigación, educación y recreación.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) convocó y fue anfitrión de la Reunión Internacional sobre Problemática del Conocimiento y Conservación de la Biodiversidad, a la que asistieron especialistas de talla internacional, asimismo, en 1992 creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), además de diez reservas de la biosfera, dos parques marinos nacionales y once reservas de otro tipo. En total, estas zonas protegen cinco millones de hectáreas de ecosistemas naturales, equivalentes a casi la mitad de las zonas federales protegidas, que al término de su sexenio abarcaban una extensión de diez millones de hectáreas, es decir, cinco por ciento del territorio nacional (Challenger, 1998).
Con la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) se modificó la LGEEPA en 1996 fortaleciendo el SINANP, en ella se retomaron conceptos importantes como el de biodiversidad y sustentabilidad, se redefinieron los tipos de áreas naturales y se crearon otros nuevos, igualmente, se tipificó la conservación de los recursos naturales como responsabilidad conjunta de varias secretarías de estado y se incorporaron las instituciones académicas y centros de investigación, además de organizaciones no gubernamentales y organismos de tipo social y privado en la gestión, administración y manejo de las áreas naturales. También se facultó a las entidades para crear parques y reservas cuando sus áreas naturales presentaran gran relevancia, y a los gobiernos municipales se les otorgaron responsabilidades en el cuidado de parques ecológicos urbanos y zonas de preservación ecológica en su territorio.
En la Ley de 1996 se posibilita la participación ciudadana de ejidatarios, comunidades indígenas, grupos sociales y personas físicas y morales en las iniciativas de creación de nuevas áreas naturales protegidas en terrenos de su propiedad. Además se transfiere para su manejo áreas ya decretadas, incluso, dando en comodato a los gobiernos estatales y municipales aquellas áreas de su interés para la administración y protección de los recursos naturales. En todas las áreas decretadas se establecen comités técnicos, instituciones de fideicomisos, se acepta la inversión privada, se promueven estímulos fiscales y económicos, y se elabora el plan de manejo respectivo.
Por otra parte, ante la imposibilidad de expropiar las áreas naturales, como se hacía antaño, actualmente sólo se contemplan medidas regulatorias en torno de las actividades y el aprovechamiento de los recursos naturales de los propietarios de la tierra.
Las áreas naturales federales protegidas [27] según la Ley de 1996 buscan proteger especies representativas de los ecosistemas naturales de flora y fauna silvestres; promover la educación ambiental para adquirir una conciencia conservacionista; intensificar tareas de gestión ambiental que repercutan en los sectores gubernamental, social y privado; apoyar la investigación científica vinculada a necesidades prioritarias del país para ampliar el conocimiento de los recursos bióticos en apoyo a su protección y correcto manejo; y aplicar planes y programas específicos de preservación y recuperación de ecosistemas, hábitats y especies prioritarias (Melo, 2002).
Reflexiones finales
En la historia de la conservación de las áreas naturales en México, los representantes más importantes por orden cronológico fueron: Miguel Ángel de Quevedo, Enrique Beltrán, Gertrude Duby Blom, Miguel Álvarez del Toro y Gonzalo Halffter; el primero como responsable de los bosques durante el Cardenismo; el segundo como Subsecretario Forestal y de la Fauna en el sexenio de López Mateos; la tercera como fiel defensora de la riqueza de la Selva Lacandona en Chiapas; el cuarto como el principal impulsor de la conservación de la biodiversidad del estado de Chiapas; y el quinto como el impulsor de una nueva relación entre la naturaleza y la sociedad mexicana en las reservas de la biosfera.
Bibliografía
CASALS,
Vicente. Urbanismo y naturaleza en el valle de México. In Horacio
Capel. Compilador. Madrid: Revista Arbor ciencia, pensamiento y cultura.
1996, Tomo CLV, n° 609-610, p. 177-218.
MILLER, G. Tyler, Jr. Ecología y Medio Ambiente. México: Grupo Editorial Iberoamérica, 1994.
SÁNCHEZ, Norberto. Francisco Moncayo. Algunos datos para la Historia de la Ciencia Forestal en México. In Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, Tomo I. México: Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología.1964.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA. Balance del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 1995-2000. México:Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000.
SIMONIAN, Lane. La defensa de la tierra del jaguar. Una historia de la conservación en México. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; Instituto Nacional de Ecología; Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, 1999.
SOBERÓN, Jorge. Exequiel Ezcurra. Jorge Larson. Áreas protegidas y conservación in situ de la biodiversidad de México. In Gaceta Ecológica, Instituto Nacional de Ecología; Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, México.1996, nueva época, n° 41, p. 7-15.
SUNYER, Pere. Tierras y baldíos: las políticas del estado mexicano para la “civilización” del territorio en el siglo XIX. In Héctor Mendoza Vargas. Eulalia Ribera Carbó. Pere Sunyer Martín. La integración del territorio en una idea de estado. México y España, 1820-1940. México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Agencia Española de Cooperación Internacional. 2002. p. 35-56.
TYLER, G. Jr. Ecología y Medio Ambiente. México:Grupo Editorial Iberoamérica, S. A. de C. V., 1994.
VARGAS, Fernando. Compilador. Áreas Naturales Protegidas de México con Decretos Federales. México: Instituto Nacional de Ecología; Secretaría de Medio ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Red para el Desarrollo Sostenible A. C.; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000.
VARGAS,
Fernando. Compilador. Áreas Naturales Protegidas de México
con Decretos Estatales. Volúmenes I y II. México: Instituto
Nacional de Ecología; Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002.
ANEXOS
Fecha |
Número
|
1915-1925
|
8
|
1926-1935
|
18
|
1936-1945
|
89
|
1946-1955
|
14
|
1956-1965
|
5
|
1966-1975
|
6
|
1976-1985
|
29
|
1986-1995
|
33
|
1996-1999
|
19
|
TOTAL
|
221
|
Aguascalientes
|
|
Baja
California Sur
|
3
|
Campeche
|
1
|
Chiapas
|
39
|
Distrito
Federal
|
8
|
Estado
de México
|
38
|
Guanajuato
|
5
|
Michoacán
|
8
|
Morelos
|
4
|
Nayarit
|
1
|
Nuevo
León
|
23
|
Oaxaca
|
4
|
Puebla
|
3
|
Quintana
Roo
|
7
|
San
Luis Potosí
|
5
|
Sinaloa
|
1
|
Sonora
|
1
|
Tabasco
|
9
|
Tamaulipas
|
5
|
Tlaxcala
|
3
|
Veracruz
|
17
|
Yucatán
|
5
|
TOTAL
|
213
|
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