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Índice de Scripta Nova

LA VIVIENDA DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS RESIDENTES EN CANARIAS (ESPAÑA)

Juan Manuel Parreño Castellano
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
jparreno@dgeo.ulpgc.es

Raquel Guerra Talavera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
rguerra@becarios.ulpgc.es

Recibido: 26 de julio de 2005. Aceptado: 6 de octubre de 2005.

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La vivienda de los inmigrantes indocumentados residentes en Canarias (España) (Resumen)

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas al que se enfrentan los inmigrantes irregulares en España. El elevado precio de los alquileres, las dificultades económicas de los arribados y la situación jurídica en que se encuentran condicionan su situación residencial. A partir de estas premisas, en este artículo se pretende caracterizar las condiciones habitacionales de los inmigrantes indocumentados residentes en las Islas Canarias y analizar la relación que existe entre estas condiciones y las características del proceso migratorio. Con este fin, el análisis abarcó el estudio del tipo de vivienda, del régimen de tenencia y del tipo de hogar en que vive el inmigrante; y a su vez estos indicadores fueron relacionados con el nivel económico, el tiempo de estancia en la zona de acogida, la existencia de redes de apoyo y la nacionalidad de este colectivo. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de alojamiento no difiere demasiado del de la comunidad local y de los inmigrantes asentados legalmente, debido a las peculiaridades del mercado de trabajo y de la vivienda en las Islas.

Palabras clave: inmigrantes indocumentados, vivienda, Islas Canarias.

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The housing of undocumented immigrants in the Canary Islands ( Spain ) (Abstract)

Access to housing is one of the main problems of the undocumented immigrants in Spain . The cost of renting, immigrants’ economic situation and legal status determine their residential situation. According to these statements, in this paper, we try to characterize the undocumented immigrants’ residential situation in the Canary Islands and to analyse the relationship between these conditions and the migratory process. Thus, the analysis involves the study of the kind of housing, the housing tenure and the type of household in which immigrants live. Besides, these indicators were related to the immigrants’ economic status, time of permanency in the islands, presence of support networks and the nationality. The results show that their housing conditions are not very different in relation to Spanish population and documented foreigners due to the peculiarities of the housing and job market of the Islands.

Key words: undocumented immigrant, housing, Canary Islands.

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La globalización, uno de los rasgos más importantes de la economía y de la sociedad mundial, está permitiendo la progresiva creación de un libre mercado en el que las fronteras nacionales se hacen cada vez más transparentes, al mismo tiempo que disminuye la autonomía en la toma de decisiones por parte de los estados y crece la movilidad del capital y de los trabajadores (Abad Márquez, 2000). Los flujos migratorios recientes forman parte de este marco globalizado, flujos que se caracterizan por tener procedencias más lejanas, por su crecimiento constante en efectivos y por su sorprendente dispersión geográfica (Sassen, 1988). Una parte significativa de estos flujos se compone de inmigrantes indocumentados debido al incremento de las restricciones en política inmigratoria en los países receptores (Convey y Kupiszewski, 1995), además de a otros factores propios del proceso migratorio como el aumento de los desequilibrios económicos en el mundo, el incremento de la población en las regiones de procedencia o la modernización del sistema de transporte.

Las Islas Canarias, como otras regiones del sur de Europa (King y Rybaczuk, 1993) se han consolidado como una zona receptora de inmigrantes regulares e irregulares en la última década y aunque una parte de estos inmigrantes se queda en las Islas durante un período de tiempo corto antes de partir a otras regiones españolas, el número de los que establecen su residencia de modo más permanente en el Archipiélago va en aumento.

Uno de los problemas más serio al que tiene que enfrentarse la población inmigrante indocumentada es el acceso a una vivienda digna. Como la población española, este colectivo se enfrenta a un mercado habitacional caracterizado por precios elevados y con el agravante añadido que supone el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de los arribados, la situación jurídica en la que se encuentran, el rechazo de algunos arrendadores y vecinos por nacionalidad y prácticas culturales o la falta de ayudas públicas (Hamnett, 1994; Capel, 2002).

En muchos casos, la existencia de redes informales y de parentesco y de un cierto submercado de la vivienda dirigido a estos colectivos les permite acceder a la vivienda (Requena Santos, 1991; López García et al., 1996). No obstante, con mucha frecuencia, los inmigrantes se ven abocados a habitar en viviendas de mala calidad, en condiciones de hacinamiento y en barrios degradados (Capel, 1997; Martínez Veiga, 1999; Requena Hidalgo, 2003). Por tanto, tanto las dificultades para tener acceso al alojamiento como la existencia de redes de ayuda repercuten finalmente en la generación de procesos de exclusión y segregación social (Fonseca, 2002; Malheiros, 2002). Esta es la razón por la que la vivienda ha sido considerada un componente fundamental en la integración de los inmigrantes, tal como se puede apreciarse en el Marco para las Políticas de Integración que ha diseñado el Consejo Europeo (European Economic and Social Committee, 2002).

La aportación de este artículo gira en torno a estas premisas. Por un lado, consideramos que una buena parte de la reciente inmigración irregular en las Islas Canarias no satisface adecuadamente sus necesidades habitacionales, pero, por otro, creemos que la situación es atenuada por las posibilidades de ocupación que ofrece el mercado laboral insular y por las características de la oferta de vivienda existente en el Archipiélago. Estos factores permiten la existencia de una situación diferente en Canarias respecto a la que se ha detectado en otras áreas receptoras de España y Europa, en las que la existencia de barrios obsolescentes, la presencia de una abundante comunidad extranjera y el desarrollo de formas particulares de mercado en la vivienda genera una clara diferenciación habitacional de los colectivos inmigrados y una acusada segregación espacial respecto a la población local (Capel, 1997; Murdie y Borgegärd, 1998; Molina, 2001).

Por tanto, el primer objetivo de nuestro trabajo se centra en caracterizar la situación habitacional de la población extranjera irregular en Canarias y su distribución territorial. Como segundo objetivo pretendemos cuantificar la relación existente entre esta situación y algunos de los principales factores incidentes. En este caso, hemos partido de la hipótesis de que las condiciones habitacionales están relacionadas con el tiempo de permanencia, la integración en el mercado de trabajo y el estatus económico de los inmigrantes, así como con la existencia de redes nacionales y familiares de apoyo; sin dejar de considerar otros factores derivados del los mercados del trabajo y de la vivienda de Canarias.

El trabajo se compone de cuatro secciones. En primer lugar, se expone una visión global sobre los procesos migratorios recientes en Canarias. Tras exponer brevemente el método de análisis utilizado, se presentan, en tercer lugar, los principales resultados del análisis que nos permite describir la situación residencial del colectivo objeto de estudio y, por último, abordar las principales causas incidentes.

Los flujos migratorios recientes en las Islas Canarias

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa han crecido espectacularmente los flujos migratorios regulares e irregulares hacia las Islas Canarias (Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias, 2003). El crecimiento de la inmigración regular se puede constatar analizando las variaciones residenciales en los empadronamientos y los permisos de trabajos concedidos (Domínguez Mujica, 1996). Respecto a las primeras, en el año 2001 se empadronaron en los municipios canarios 25.258 extranjeros (23.581 si sólo se consideran los procedentes del extranjero) cuando hasta 1996 no se superaban las dos mil inscripciones anuales (véase figura 1). De igual modo, los permisos de trabajo concedidos por el Ministerio de Interior han crecido desde 38.494 a 87.483 entre 1992 y el año 2001, un 127,3%, lo que sitúa a Canarias como la quinta comunidad autónoma española en función del número de permisos concedidos en este último año.

 Estos flujos crecientes se componen especialmente de inmigrantes procedentes de la Unión Europea y del resto de países del Centro y Norte de Europa, y en menor medida, de personas procedentes del Sur y Centroamérica, Marruecos, Mauritania, China e India. De este modo, en 2001 el 45,0% de los extranjeros que había obtenido permiso de residencia procedían de Europa Occidental, de Gran Bretaña y Alemania especialmente, el 33,6 % de América (sobre todo de Colombia, Venezuela y Cuba) y el 10,6% de África, según las estadísticas aportadas por el Ministerio del Interior. En este último caso hay que computar dentro del colectivo de marroquíes a los procedentes del antiguo Sahara español (López García et al., 1996) (véase cuadro 1).

El grupo de los residentes europeos está constituido esencialmente por jubilados y trabajadores del sector terciario vinculados a la actividad turística, el de los americanos y africanos por empleados en la industria de la construcción y en los subsectores del turismo y del servicio doméstico, mientras el de asiáticos por empresarios y trabajadores en el comercio y en la restauración.

Junto a los flujos migratorios regulares, también han ido en aumento en los últimos años los que se desarrollan de modo irregular. Es imposible conocer el número real de inmigrantes indocumentados existente en las Islas debido a la falta de control estadístico, a que muchos permanecen sólo durante un tiempo en el Archipiélago y a que no se producen periódicamente procesos de regularización. No obstante, el aumento de las solicitudes presentadas en los últimos procesos de regularización nos permiten aproximarnos a su número. De este modo, en el que se ha llevado a cabo en el año 2000, el número de solicitudes llegó a ser de 14.062, cifra que se superó aun en el proceso de regularización por arraigo del año 2001 en el que se presentaron al menos 19.187 instancias (sin contar las que se sumaron por el reexamen y las que realizaron los ecuatorianos en función del Acuerdo de Inmigración que han establecido España y Ecuador).

A diferencia de los colectivos regulares, la inmigración irregular en Canarias está compuesta esencialmente por africanos y americanos (Díaz Hernández et al., 2001). Buena parte de los inmigrantes que intentaron regularizar su situación en el año 2000 eran originarios de estos continentes, según las solicitudes presentadas en el proceso de regularización (véase cuadro y figura 2). Los primeros, un 58,9%, eran en su mayoría marroquíes, mauritanos y senegaleses. Los segundos, un 25,7%, procedían de Colombia, Cuba, Argentina, Ecuador y Venezuela. Los asiáticos sólo suponían el 8,4% y  eran, en su mayoría, chinos, hindúes y coreanos, es decir, de aquellas nacionalidades que han tenido una presencia tradicional en las Islas. El resto de los irregulares, un 6,8%, si excluimos los apátridas y los que no declaran su nacionalidad, procedían de 28 países de la Europa no comunitaria, sobre todo de Rusia, Rumania y la República Checa.

Según la mayor parte de las fuentes que permiten aproximarnos al colectivo inmigrante que reside irregularmente en Canarias, el perfil s el de un hombre joven y soltero, con un nivel medio de formación y que se ocupaba en puestos de poca cualificación en el sector terciario y secundario (Domínguez Mujica et al., 2001). De hecho, las solicitudes de permiso de trabajo presentadas en la provincia de Las Palmas para el contingente de 1999 muestra que el 75,8% de los solicitantes eran hombres, que la edad media de los inmigrantes era de 31,1 años y que se ocupaban en actividades poco cualificadas en las ramas de hostelería, comercio, servicios personales y domésticos y construcción, sin menoscabo del número de inmigrantes que se dedican a tareas agrícolas. Otras fuentes, como los expedientes tramitados por Organizaciones no gubernamentales, tales como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, o las solicitudes presentadas en el proceso de regularización del año 2000, ahondan en este perfil aún más.

Aunque estas fuentes parecen dibujar un perfil claro del inmigrante indocumentado, no podemos olvidar que existe un espectro de la inmigración irregular que no es posible cuantificar ni definir claramente con ninguna fuente indirecta: el de los indocumentados que se ocupan en tareas informales propias de la economía sumergida.

En síntesis, el colectivo de inmigrantes irregulares se caracteriza por presentar una elevada tasa de masculinidad, una edad media bastante joven, un nivel formativo medio y en cualquier caso mayor que el de la población canaria en los mismos segmentos de edad, un acceso a puestos poco cualificados en la construcción, turismo y servicios personales, un bajo nivel de ingresos y por tener en muchos casos características culturales diferentes a la de la sociedad de acogida.

Para terminar estas pinceladas sobre la inmigración extranjera en Canarias, un último aspecto que debemos considerar es el de su distribución en el territorio. Los datos de residentes en Canarias según lugar de nacimiento publicados en el Censo del año 2001 nos muestran un panorama que podríamos considerar como el propio de los extranjeros regularmente asentados en las Islas. En este caso, la mayor parte de los nacidos en otros países residían en las Islas capitalinas, un 47,2% en Tenerife y un 28,2% en Gran Canaria. Del resto sobresalía el 9,4% y 6,7% de residentes en Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente. Por municipios, la mayor parte de los nacidos en otro país residían en las principales capitales insulares y en las zonas turísticas. De este modo, en las áreas metropolitanas de Las Palmas de Gran Canaria (compuesta por los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y Santa Brígida) y  de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario) residían el 17,4 y 14,21% respectivamente del total de extranjeros censados en Canarias, mientras en Arrecife y Puerto del Rosario los porcentajes eran del 3,9 y 1,2% respectivamente. Por su parte, en los municipios turísticos y las áreas residenciales próximas de Tenerife (Adeje, Arona, San Miguel, Granadilla de Abona, Santiago del Teide, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava) y de Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Santa Lucía de Tirajana) se concentraban el 24,8 y 8,4% de los censados respectivamente, sin olvidar, con cantidades en torno al 4% a los municipios turísticos de Lanzarote (Tías, Teguise, Yaiza) y Fuerteventura (La Oliva, Pájara y Antigua), en sendos casos.

La localización de los inmigrantes irregulares mantiene pautas algo diferentes. En primer lugar, el peso de las islas no capitalinas es superior que en el caso de la inmigración regular. De este modo, según los datos de los solicitantes de permiso de trabajo de 1999, en la isla de Lanzarote y Fuerteventura se concentraba el 45,3 y 14,4% de las solicitudes, mientras el porcentaje de Gran Canaria se quedaba en el 40%. Y, en segundo lugar, las capitales insulares y en especial la provincial perdían importancia frente a los núcleos turísticos. En Gran Canaria, el área metropolitana de Las Palmas concentraba el 18,1% de las solicitudes provinciales frente al 19,4% de los municipios turísticos del sur de la Isla. En Lanzarote y Fuerteventuras las diferencias son más acusadas. En Arrecife y Puerto del Rosario residían el 16,6 y 2,4% de los peticionarios frente al 23,7 y 10,8% que concentraban sus respectivos municipios turísticos.

Método

Dado que no existe ninguna fuente que se destine a la cuantificación de los flujos migratorios irregulares, la aproximación que se realiza en este artículo a las características habitacionales y residenciales de estos colectivos se ha hecho a partir del manejo de diversas fuentes indirectas. En primer lugar, se ha usado la base de datos del los permisos de trabajo del contingente anual de 1999 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta fuente nos permitió conocer la estructura biodemográfica de la población inmigrada y sobre todo aproximarnos a su distribución territorial, ya que se apuntan los municipios de procedencia. No obstante, hay que tener presente que se trata de un tipo de información que no garantiza que en todos los casos el inmigrante esté residiendo en la provincia, ni que todos los residentes estén representados, ya que aquellos que están ocupados en actividades de economía sumergida no suelen intentar acogerse al contingente así como la población dependiente (ancianos, menores y adultos acompañantes).

La segunda fuente empleada fueron las solicitudes aprobadas en el proceso extraordinario de regularización del año 2000. En este caso, la información nos permitió mejorar la caracterización cuantitativa del fenómeno, en especial en lo relativo a su distribución por nacionalidad. Aunque es una fuente exhaustiva, presenta también el problema de cierto subregistro en el supuesto de que la situación del inmigrante sea más precaria laboralmente.

Junto a estas dos fuentes oficiales, también se consultaron los expedientes de los inmigrantes atendidos por diversas organizaciones no gubernamentales. En concreto, los gestionados en 1999 por Cruz Roja y por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la provincia de Las Palmas. Esta fuente permite una aproximación al fenómeno inmigratorio más precario, aportando información biodemográfica, territorial y habitacional, aunque presentan un cierto sesgo espacial determinado por la localización geográfica de los centros de acogida (Domínguez Mujica et al., 2000).

Por último, se elaboró una encuesta entre la población inmigrada a través de la cual se obtuvieron la mayor parte de los datos sobre la situación habitacional. Para el diseño y la estratificación de la muestra de ésta se consideró como posibles universos de referencia las solicitudes de permiso de trabajo del contingente anual de 1999 y las de regularización de la provincia de Las Palmas, lo que suponía el 80% de las presentadas en Canarias. Estos datos habían sido empleados con anterioridad por nuestro grupo de trabajo en un proyecto de investigación anterior dedicado a la caracterización de la inmigración extranjera irregular en Canarias, encargado por el Gobierno Autónomo, y con una validez contrastada. Teniendo presente que la regularización requiere de la demostración de la residencia en España durante un periodo determinado y que las solicitudes por nacionalidades de ambas fuentes presentan una correlación lineal alta y positiva (coeficiente de correlación producto-momento de Pearson de 0,97), significativa con un margen de confianza del 99,9%, se puede afirmar que ambas fuentes reflejan con la misma fiabilidad la distribución por nacionalidad del colectivo de inmigrantes que residen irregularmente en la provincia de Las Palmas. Consecuentemente, se escogieron las solicitudes de permiso de trabajo como población a partir de la cual se determinaría la muestra.

La estimación del tamaño muestral se realizó considerando el sistema de proporciones al 50% para universos finitos. Éste se estableció en 143 encuestas con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 8%. El tamaño muestral se estratificó según las nacionalidades de procedencia del universo a encuestar mediante un cálculo de porcentajes a partir de la distribución de nacionalidades existente en las solicitudes de trabajo, lo que incrementó el tamaño muestral hasta 164 encuestas.

Los cuestionarios fueron realizados durante los meses de mayo y junio de 2000 entre las personas que acudían a presentar las solicitudes para acogerse al proceso de regularización abierto en ese momento por el gobierno de la Nación, cubriéndose, por orden aleatorio el tamaño muestral establecido para casi todas las nacionalidades. Existieron problemas para cubrir la muestra prevista en los casos de los inmigrantes chinos e hindúes, debido, principalmente, a que algunos colectivos eran más reacios a declarar ciertos aspectos de su vida actual o a que dejaban este trámite en manos de  representantes legales. Con esta premisa deben valorarse sus resultados, sin que, por otro lado, esta cuestión anule la significación de la encuesta.

En relación con el tratamiento estadístico de la información, éste ha consistido en el empleo de algunos estadísticos descriptivos uni y bivariados, por un lado, y la utilización del test Chi cuadrado con el fin de corroborar nuestras hipótesis de partida, por otro.

Situación residencial de los inmigrantes irregulares en Las Palmas

El primer objetivo del trabajo se centraba en la caracterización de la situación residencial de los inmigrantes irregulares residentes en la provincia. Para ello, hemos considerado como indicadores habitacionales las condiciones materiales de la vivienda, el régimen de tenencia y las condiciones convivenciales, es decir, el tipo de hogar del que el inmigrante forma parte; mientras que como indicadores residenciales se ha considerado el nivel de concentración o dispersión territorial de los inmigrantes en función de la nacionalidad.

Respecto al primer aspecto, la encuesta permite revelar que la mayor parte de los inmigrantes irregulares viven en pisos (en torno al 75%), casas terreras (un 18,3%) o estudios y apartamentos (2,4%). Las fórmulas habitacionales como la ocupación de una habitación en una pensión o la infravivienda no tienen apenas significación estadística, con porcentajes de tan sólo el 1,8 y 0,6% respectivamente. Se recogen, también, algunos casos en los que los encuestados manifiestan vivir en centros de refugiados o en instituciones religiosas, pero suponen un porcentaje muy reducido sobre el total (1,8%).

De igual modo, el uso de la vivienda declarado en la mayor parte de las encuestas es el residencial. Solamente un 3,7% de los encuestados manifiesta trabajar en el lugar en el que reside, porcentaje que coincide con las empleadas del servicio doméstico y los trabajadores que realizan algún tipo de actividad manufacturera en su propio domicilio. 

Por último, las condiciones habitacionales de las viviendas son similares a las de la población canaria. Casi todos los inmigrantes declaran contar con agua corriente, electricidad, baño y cocina. Dotaciones como la existencia de televisión y de teléfono están menos generalizadas, sobre todo en este último caso, ya que sólo un 32% cuentan con línea telefónica.

En relación con el régimen de tenencia, la gran mayoría de los inmigrantes irregulares, el 69,5%, viven en situación de alquiler. En un 23,8% de las encuestas se declara que se ha producido una cesión y, únicamente, en un 4,9%, el inmigrante ha accedido a una vivienda en propiedad. Las cesiones suelen realizarlas familiares, conocidos o amigos, si bien en algunas ocasiones los inmigrantes declaran que han sido sus empresarios los que le han facilitado los inmuebles. Estos supuestos se refieren, en especial, a las trabajadoras domésticas, pero existen algunos ejemplos en los que el empresario cede una infravivienda (por ej. una furgoneta). Esta estructura en el régimen de tenencia es diferente al de la población canaria e incluso al del colectivo extranjero que reside regularmente. En estos dos colectivos, la propiedad alcanza el 73,6 y el 44,9% del total de hogares respectivamente y mientras el alquiler se reduce a un 12,4 y 47,7% en ambos casos (véase cuadro 3).

El análisis del coste que le supone la vivienda para el encuestado se ha realizado únicamente para los que lo declaran y viven en régimen de alquiler en un piso, estudio, apartamento o casa, ya que la muestra relativa a otras categorías, como los que viven en una pensión o han accedido a una propiedad es muy reducida y el análisis de sus resultados no tendría valor estadístico. En el caso de las cesiones de inmuebles por familiares o amigos, los encuestados declaran no pagar ninguna contraprestación económica, aunque parece improbable que no se produzca ninguna compensación, aunque sea en trabajo. Creemos que la falta de contrato y la flexibilidad temporal en los posibles pagos, lleva a que los encuestados declaren que no pagan sus viviendas.

Por término medio el alquiler mensual que paga el encuestado es de 245,8 euros, pero existen grandes diferencias, como lo demuestra que la dispersión típica sea 117,1 Euros. Como se puede observar en el cuadro número 4, los encuestados declaran pagar entre 48 y 781 Euros al mes. Esta gran disparidad depende del precio de la vivienda, de las condiciones económicas del declarante y del número de personas que aportan recursos al hogar. En cualquier caso, lo más frecuente es que la renta mensual que paga el inmigrante oscile entre los 60 y 300 Euros mensuales, cantidad inferior al valor de los alquileres medios existentes en Canarias. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, la renta por una vivienda de 90 metros cuadrados oscilaba en el año 2001 entre los 300,5 y 901,5 Euros.

En relación con la estructura convivencial de los hogares constituidos por inmigrantes irregulares, las estadísticas establecen pautas de comportamiento diferentes de las adoptadas por la generalidad de la sociedad canaria y de los extranjeros establecidos regularmente, tal como podemos apreciar en la figura 3. Aunque la mayor parte de los inmigrantes irregulares encuestados forman parte de hogares familiares (40,8%), el 37,8% viven en hogares sin núcleo,  es decir, comparten vivienda con otros congéneres con los que no tienen vínculos familiares directos y el 21,3% constituyen hogares unipersonales. Dentro de los que declaran formar parte de hogares familiares, destaca el escaso porcentaje, tan solo el 15,2%, de los que viven en hogares constituidos por parejas con hijos. Por tanto, hay que subrayar el predominio de los hogares no familiares, es decir, los constituidos por hogares no nucleares e individuales. Su elevado porcentaje en relación con los que de la población canaria y del colectivo de extranjeros regulares evidencia que estamos ante nuevos flujos migratorios en el contexto demográfico insular.

La cifra de los que declaran vivir en hogares nucleares se relaciona con el estado civil de los inmigrados. Es normal que sólo algo más del 40% forme parte de este tipo de hogares cuando tan sólo el 35,4% de los encuestados declara estar casado.

 Una característica relevante respecto a la composición de los hogares es el hecho de que la mayor parte de los encuestados viven con menos de cinco inmigrantes. En otros términos, el tamaño medio de los hogares es pequeño. Sólo existen dos casos en los que el encuestado convive con un número de personas superior debido a que residen en un Centro de Acogida (véase cuadro 5). Como cabía esperar, los hogares sin núcleo son algo mayores, pero las diferencias según tipo de hogar son escasas.

Para terminar esta descripción de las condiciones habitacionales de los inmigrantes indocumentados encuestados, hemos analizado las relaciones existentes entre tipo de vivienda, régimen de tenencia de la misma y estructura del hogar. Existe una clara relación entre los dos primeros y el último. El piso y la casa son los únicos tipos de alojamientos en los que se albergan los hogares más estructurados, tales como parejas o nucleares extensos. Los hogares unipersonales y sin núcleos, aunque suelen alojarse en pisos predominantemente, en ocasiones recurren a otras fórmulas, como la infravivienda, las instituciones religiosas y de acogida o los hostales (véase cuadro 6).

En lo relativo al régimen de tenencia, aunque el alquiler es el predominante en todos los tipos de hogares, existen diferencias entre los hogares nucleares, en los que el alquiler no supera el 60% y los hogares sin núcleo y unipersonales, en los que rebasa el 75%. De igual modo, entre los primeros la cesión tiene más importancia. En este sentido, el régimen de tenencia parece condicionar la estructura familiar, en la medida en que cuando se cuenta con el apoyo de una vivienda cedida es más frecuente que emigre toda la familia o buena parte del núcleo familiar. En cuanto a la adquisición de vivienda propia, aunque su incidencia es baja en términos generales, los hogares compuestos por parejas con hijos y los hogares nucleares extensos son los que presentan los porcentajes más elevados, con un 12 y un 6,3%, respectivamente, respecto al total de cada tipo de hogar (véase cuadro 7). 

Después del análisis cruzado de los datos obtenidos a partir de la encuesta y teniendo en cuenta las apreciaciones cualitativas que proporciona el contacto directo con el colectivo de indocumentados, podemos reconocer tres modelos habitacionales predominantes: el que se caracteriza por el hecho de que los inmigrantes forman parte de hogares nucleares y unipersonales que tienen en propiedad o en alquiler su vivienda; el que está constituido por hogares extensos, múltiples y no nucleares que acceden a una vivienda a través del mercado informal del subarrendamiento y el que está constituido por hogares nucleares que se benefician de una vivienda cedida por familiares, amigos y compatriotas.

Los dos primeros modelos son los predominantes, por tanto está claro que la mayor parte de los inmigrantes indocumentados han usado el mercado de la vivienda para satisfacer sus necesidades habitacionales y que se trata de un mercado informal, si tenemos presente que la condición jurídica de estos inmigrantes le imposibilita acceder a la propiedad y al arrendamiento con las mismas garantías legales que el resto de la población que presenta un estatus regularizado. Sin embargo, a pesar de este carácter de sumergido, este mercado presenta similares características al mercado formal que existe en las Islas, si tenemos presente que los estándares medios de las viviendas y el precio de los alquileres no varía significativamente respecto a los indicadores que se han medido para la población española. 

Esta similitud entre mercado formal e informal ha sido detectada en otros contextos geográficos, como en el caso de los indocumentados salvadoreños y peruanos en Long Island, en el estado de Nueva York (Mahler, 1995) o el de los inmigrantes irregulares de Rótterdam (Burgers, 1998). Pero, a diferencia de estos últimos casos, en la provincia de Las Palmas se observa dos características singulares. En primer lugar, que no estamos ante el predominio de un mercado ilegal de subtenencia. La cifra de inmigrantes que subarrienda una habitación o que vive con sus caseros es pequeña, de tan sólo el 34,8% de los que acceden a la vivienda a través del alquiler. En segundo lugar, el sistema de subtenencia existente en las Islas no se basa en la cohabitación de propietarios e inmigrantes. El sistema predominante es el alquiler de toda la vivienda en habitaciones, por el que el inmigrante paga una renta a cambio de disponer de modo exclusivo o compartido de un dormitorio o de una cama y de usar las estancias comunes. Lo predominante es vivir con otros extranjeros con los que a lo sumo se mantiene relaciones de amistad.

El resto de los inmigrantes, una cuarta parte de los encuestados, se benefician principalmente de la cesión de un inmueble, correspondiendo con el tercer modelo citado al principio de este epígrafe. He aquí otra de las particularidades de la situación residencial de los irregulares en el archipiélago canario: la solidaridad por parentesco o por nacionalidad, lo que se ha llamado “bounded solidarity” (Portes, 1995) tiene un alcance muy limitado en Canarias, según nuestros datos. El escaso porcentaje de inmigrantes que están siendo asistidos por familiares o compatriotas y aún más, el elevado desembolso personal en alquiler por término medio, revela esta falta de asistencia.

La explicación sólo puede radicar en que el fenómeno migratorio en Canarias es reciente y aún no se han creado las redes de apoyo necesarias y a que el inmigrante irregular alcanza, en un periodo de tiempo corto, un nivel de solvencia suficiente como para no necesitar recurrir a la cesión de la vivienda.

En relación con el primer aspecto, si analizamos las cesiones que se declaran en la encuesta en función de la nacionalidad del entrevistado, es evidente, que apenas se dan en el caso de los flujos migratorios más recientes, es decir los que proceden del África Subsahariana, concentrándose en los que cuentan con una mayor tradición, tales como marroquíes y cubanos. En segundo lugar, consideramos que es el propio mercado laboral el que independiza al inmigrante de esta tutela. El análisis en este caso de los encuestados que señalan beneficiarse de una vivienda cedida de una manera cruzada con los ingresos declarados pone de manifiesto que presentan en todos los casos bajos niveles de recursos económicos. Por consiguiente, cabe interpretar que en la medida que el inmigrante mejora su situación económica opta por el alquiler como forma de tenencia, liberándose de los apoyos recibidos. Por tanto, el bajo número de personas que vive en una vivienda cedida revela que el mercado laboral en Canarias parece ofrecer buenas posibilidades para que una gran de la inmigración irregular se consolide en destino. 

Para terminar este epígrafe vamos a apuntar algunas observaciones en relación con la situación residencial de los inmigrantes irregulares. En el epígrafe anterior se señalaba como se distribuían en Canarias a escala insular y municipal, de tal manera que se concentran en las principales zonas urbanas y turísticas del Archipiélago. Este modelo territorial se ve alterado en función de la nacionalidad del inmigrante. Podemos encontrar colectivos inmigrantes como los argentinos o peruanos que mantiene un nivel de dispersión territorial importante frente a otros como chinos, colombianos, dominicanos o hindúes que se concentran en determinadas zonas de la provincia. En definitiva el nivel de concentración es un claro reflejo del nivel de segregación espacial. En ocasiones la segregación espacial viene dada por el hecho de que los inmigrantes irregulares se concentran allí donde están establecidas las colonias de inmigrantes regulares. Este es el caso de los chinos e hindúes. En ambos casos los irregulares, según las solicitudes de permiso de trabajo, se concentran en Las Palmas de Gran Canaria, porque los negocios habituales de la colonia china (restauración, comercio textil, pesca, alimentación…) e hindú (comercio) están especialmente en la capital provincial, y son ellos lo que generan los puestos de trabajos que ocupan los irregulares recién arribados. En otros casos, cuando el proceso migratorio es muy reciente, la concentración espacial es el reflejo de la fuerte dependencia de redes de contacto igualmente concentradas espacialmente. Este es el caso de los dominicanos, que se concentran en Arrecife debido a que las redes que les permiten llegar se encuentran en la capital de Lanzarote y a que la juventud del flujo migratorio no les posibilita optar por otros destinos.

Por el contrario la mayor madurez del proceso o la disposición de las propias comunidades a integrarse en el entorno facilitan una mayor dispersión territorial y consecuentemente, unos menores índices de segregación espacial. Este es especialmente el caso de argentinos, peruanos y ecuatorianos, nacionalidades con flujos migratorios más consolidados y con grandes posibilidades para la integración debido a la mayor similitud cultural con la zona de destino. 

En definitiva la tendencia a la segregación territorial condiciona la posición de cada comunidad en el mercado de la vivienda y la existencia de mercados informales en aquellas zonas concretas donde tienden a residir. Por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, según los datos del contingente de 1999, el 51% de los irregulares declaran que sus domicilios se concentran en tan sólo cinco distritos en el entorno del Puerto de la Luz (Puerto, Santa Catalina, Alcaravaneras, Guanarteme y La Isleta), barrios en los que proliferan inmuebles en los que se concentran inmigrantes a través de fórmulas de arrendamiento en el mejor de los casos, a raíz de que la zona haya ido perdiendo progresivamente calidad urbana.

Factores que inciden en las condiciones habitacionales de los inmigrantes indocumentados

El segundo objetivo que nos planteábamos en nuestro estudio era explicar estadísticamente las principales causas que condicionan las características habitacionales de este grupo social. Para ello, partimos de las hipótesis de que las características del mercado de la vivienda en las Islas Canarias y las de los propios inmigrantes irregulares determinan sus posibilidades habitacionales.

Respecto a la primera, el mercado de la vivienda en Canarias se caracteriza por ser extremadamente opaco, como prácticamente en el resto de España. Esto determina que tradicionalmente una parte de los arrendamientos se haya realizado en condiciones irregulares y que un número importante de viviendas se hayan edificado al margen de la legalidad en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas rurales. Estas dos características permiten que se desarrolle con facilidad un mercado informal de la vivienda que se dirige cada vez en mayor medida al inmigrante irregular como principal demandante, y que muchos hayan podido acceder al alquiler e incluso a la compra sin contar con una situación jurídica legal.

De igual modo, el mercado de la vivienda, y más concretamente la juventud media del parque inmobiliario explica también que las condiciones habitacionales no sean muy diferentes de las de las comunidades de origen. Ahondando en esta idea, hay que tener presente que el hacinamiento y la baja calidad de los inmuebles en que los inmigrantes irregulares residen en ocasiones suele ser una consecuencia de las estrategias vitales de los propios inmigrantes y de los intereses de los propietarios (Algaba, 2003). Los primeros sacrifican sus condiciones de vida para ahorrar dinero, los segundos ofrecen estas condiciones para obtener los mayores beneficios posibles. Sin embargo, si en Canarias estas estrategias no se detectan de un modo tan claro es debido a que creemos que las peculiaridades de su sistema productivo, localizado en zonas urbanas y turísticas, y de su parque de viviendas, no lo propician.

En la mayor parte de España los inmigrantes irregulares residen en zonas rurales, en barrios en las afueras de las ciudades y en áreas centrales que presentan importantes problemas de obsolescencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1995). La precariedad habitacional se da en los tres casos, pero especialmente en el primero, debido a que la visibilidad de los irregulares es menor en las zonas agrarias, a que la vivienda forma parte del salario, a que la actividad laboral es temporal y a que existen un importante número de viviendas en mal estado (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 1998).

En Canarias la mayor parte de los inmigrantes irregulares se ocupan en la construcción y en los servicios, por lo que se asientan en municipios urbanos y turísticos preferentemente (Domínguez Mujica et al., 2001), por lo que el porcentaje de irregulares en zonas rurales es escaso. A esto hay que sumar que el stock inmobiliario en las Islas se caracteriza por su relativa juventud. Los cascos históricos han sido renovados con nuevas edificaciones o, si mantienen inmuebles antiguos, no padecen situaciones de obsolescencia generalizada. Incluso en las zonas rurales, muchas viviendas antiguas se han recalificado como oferta de turismo rural. Por todo esto, si los inmigrantes tienen condiciones habitacionales parecidas a las de la población local, es porque el número de inmuebles en malas condiciones es más reducido que en otras zonas del país. 

Sin despreciar la relación entre mercado de la vivienda y condiciones residenciales, queremos centrarnos en la segunda hipótesis, aquella que formulaba que las condiciones habitacionales están condicionadas por la propia naturaleza del proceso inmigratorio. En este sentido, pensábamos que el tiempo que lleva residiendo un inmigrante en la zona de acogida, su nivel de integración social y laboral, su nivel económico y la existencia de redes familiares y nacionales de apoyo podían ser los principales factores que incidieran en las condiciones residenciales del inmigrante irregular, aunque se podrían considerar otros muchos (Danso y Grant, 2000; Abramsson et al., 2002; Ozuekren y Van Kempen, 2002). Por una simple cuestión de lógica cabe esperar que en la medida en que un inmigrante lleve más tiempo en la zona de acogida, tenga un nivel de ingresos mayor y esté más integrado social y laboralmente, tendrá una mejor vivienda. De igual modo, pensábamos que aquellos que contasen con redes de apoyo por su nacionalidad podrían disfrutar, aunque fuera transitoriamente, de viviendas cedidas y se integrarían con más facilidad en el mercado del alquiler. Lo que intentamos, por tanto, dado que contábamos con datos para una muestra compuesta por 164 encuestas, fue llevar este tipo de relaciones desde el plano cualitativo al cuantitativo, reconociendo para ello donde existían relaciones estadísticamente significativas.

Con el fin de estimar la relación que estos factores tienen en el modelo habitacional se utilizó un test de contraste de hipótesis (el Chi cuadrado) en el que se relacionaban algunas variables propias del modelo habitacional (tipo de vivienda, régimen de tenencia, gasto en alquiler y estructura del hogar) con indicadores que cuantifican la hipótesis señalada, tales como “nacionalidad”, “tiempo de permanencia” y “nivel de ingresos del encuestado”. La incidencia de cada uno de estos factores en las principales características que definen la estructura habitacional de los inmigrantes irregulares es diversa, como se puede observar en el cuadro 8, en el que se han señalado las relaciones que alcanzaron un intervalo de confianza superior al 90%.

En lo que respecta al tipo de vivienda, el contraste estadístico revela que, en líneas generales, la incidencia de estos factores en la elección del tipo de vivienda es escasa. En contra de lo que pudiera esperarse, no hay una relación clara entre tipología y nivel de ingresos. Únicamente se puede aceptar una relación causal en el caso del año de llegada con un intervalo de confianza del 99,99. En otros términos, parece que la elección del tipo de vivienda está relacionada con otros factores exógenos a la condición del inmigrante y a las características del proceso inmigratorio, como es la estructura del mercado de la vivienda existente en las zonas de destino. En este sentido, el piso es el tipo de alojamiento elegido porque los principales destinos de los inmigrantes son municipios en los que esta tipología es la predominante. De igual modo, dado que en los últimos años el destino de los flujos irregulares se ha dispersado por el territorio de la provincia, pasando de una situación en la que se concentraban en los municipios capitalinos de las islas y en los grandes centros turísticos, a  otra en la que se distribuyen también por municipios de menor tamaño, se observa un incremento de la casa terrera como tipo de vivienda entre los que han llegado en los últimos años, ya que en estos municipios el stock de pisos es minoritario.

De igual modo el régimen de tenencia escogido no parece estar causado por ningún factor relativo a la situación del inmigrado, salvo para el caso del nivel de ingresos manifestado. La relación entre ambas variables es significativa con un intervalo de confianza del 95%.  La mayor parte de los irregulares declara que sus ingresos están comprendidos entre 450 y 900 euros mensuales y que se encuentran en situación de alquiler. Sin embargo, por un lado, los que poseen una propiedad tiene mayoritariamente ingresos mensuales superiores a 600 euros y especialmente a 900 euros, y. por otro, los que viven en régimen de cesión suelen tener recursos inferiores al promedio, destacando el grupo de los que no alcanza los 180 euros mensuales.

El gasto en alquiler presenta una relación significativa con el nivel económico del inmigrante y con el tiempo que lleva residiendo en las Islas. En ambos casos el test aplicado es significativo con un intervalo del confianza del 90%. En realidad, el gasto en alquiler está condicionado por el nivel de ingresos del inmigrante, pero al estar éste a su vez muy relacionado con el tiempo de permanencia, ambas variables se relacionan por igual con el gasto en alquiler, ya que en la medida en que aumenta el número de años que lleva en las Islas el inmigrante, su situación económica suele mejorar,

Teniendo en cuenta la relación existente entre ambas variables, a partir del cálculo de medias aritméticas para datos agrupados podemos estimar que los que llegaron a la Isla en el segundo lustro de los noventa, pagan, por término medio, 223,3 euros, cifra que asciende a 260 para los que llegaron entre 1990 y 1994 y a 321,8 para los que arribaron en el segundo quinquenio de los ochenta, según los datos obtenidos a partir de la encuesta.

La estructura del hogar está condicionada por múltiples causas, como lo atestigua que el test estadístico dé resultados significativos tanto en relación con el año de llegada y el nivel económico del inmigrante como con la nacionalidad del mismo, cuando estas variables no tienen una relación clara entre sí.

La relación más intensa se detecta con la nacionalidad, estableciéndose en este caso un intervalo de confianza del 99,99%. Existe una clara relación entre el tipo inmigratorio y la nacionalidad en el caso del área de estudio, por lo que es normal que esto se traduzca en la adopción de diferentes estructuras convivenciales en destino. En otras palabras, en Canarias se detectan importantes diferencias en el perfil del inmigrante en función de la nacionalidad, característica que favorece la pertenencia a hogares con diferentes estructuras. El hecho, por ejemplo, de que la migración procedente del Magreb y el África Subsahariana sea reciente, masculinizada y de baja cualificación repercute en que genere, predominantemente, estructuras convivenciales sin núcleo. Esto se ve además acentuado en el caso de los arribados de la mayor parte de los países del África Subsahariana ya que no cuentan con redes nacionales de apoyo en las Islas.  Sin embargo, cuando estamos ante un proceso migratorio de largo  recorrido, las estructuras convivenciales nucleares son más importantes, sobre todo cuando existen comunidades regulares asentadas en las Islas. Este es el caso de  los procedentes de la mayor parte de América Latina. El porcentaje de personas procedentes de estos continentes que viven en hogares desestructurados sólo supone el 20 y 10% del total de los arribados, respectivamente. De igual modo, los inmigrantes procedentes de Chile, Cuba y Argentina forman en un mayor porcentaje hogares unipersonales, hecho que se correlaciona a su vez con un mayor nivel de cualificación.  

El nivel económico del encuestado también influye en la estructura del hogar con un nivel de significación elevado, del 99,5% y, como era de prever, el año de llegada, con una significación del 90%, dada la relación que parece haber entre estas dos variables. Los hogares unipersonales son predominantes entre los inmigrantes que declaran recursos más elevados, mientras que los que forman parte de unidades sin núcleo rara vez supera los 600 Euros. De igual modo, el porcentaje de hogares nucleares y unipersonales es mayor en el caso de los que han llegado antes de los noventa, mientras que los hogares sin núcleo son más habituales entre los que han arribado recientemente.

En síntesis, las características habitacionales de la vivienda están condicionadas por el nivel económico del encuestado y por las oportunidades que el mercado de la vivienda ofrece, mientras que, las causas que influyen en las características habitacionales del hogar son múltiples y aluden tanto al nivel económico del encuestado como a las características del proceso migratorio.

Conclusiones

En este artículo se ha intentado caracterizar y explicar las condiciones residenciales de los recientes flujos de inmigración irregular que arribaron a las Islas Canarias. Para ello se han considerado diversas fuentes que permiten una aproximación a la naturaleza habitacional de estos flujos, entre las que cabe citar las solicitudes presentadas en el proceso de regularización del año 2000, las solicitudes de permiso de trabajo para los contingentes anuales y las bases de datos de organizaciones no gubernamentales; a lo que hay que sumar la información obtenida a través de una encuesta realizada entre inmigrantes que acudieron a dicho proceso de regularización.

Como resultado del análisis podemos afirmar que los inmigrantes irregulares residentes en la provincia suelen vivir en pisos en condiciones generalmente buenas, acceden a la misma a través del alquiler y en menor medida de la cesión, pagan por término medio menos por su vivienda que la población local, constituyen hogares de diverso tipo, tanto nucleares, como unipersonales o sin núcleos y suelen compartir la vivienda con pocas personas. Estas características varían en función del tiempo que el inmigrante lleve residiendo en la zona de acogida, de su nivel de ingresos y de la posibilidad de contar con el apoyo de redes familiares o nacionales.

Dado que las características residenciales varían considerablemente según factores propios del proceso inmigratorio, se ha intentado medir la relación estadística entre estos factores y las condiciones residenciales de los inmigrantes. En líneas generales se aprecia que el nivel de ingresos se relaciona de un modo significativo con el régimen de tenencia, el coste del alquiler y la estructura del hogar. En líneas generales, cuando el inmigrante presenta mayores ingresos accede al alquiler e incluso a la propiedad y cuando sus ingresos son inferiores, suele beneficiarse de la cesión. De igual modo, se paga más por el alquiler en la medida que se gana más y son estos lo que suelen constituir hogares familiares mientras que los que tienen un menor nivel de ingresos suelen formar parte de hogares sin núcleo.

Por su parte, el tiempo que el inmigrante lleva residiendo en la provincia mantiene relaciones significativas con el tipo de vivienda, el coste del alquiler y la estructura del hogar. Dado que tiempo de permanencia y nivel económico correlacionan, es normal que mantenga el tiempo de residencia relaciones significativas con las mismas características con las que lo hacía el nivel de ingresos. La diferencia respecto al tipo de vivienda se relaciona con la dispersión del fenómeno inmigratorio entre municipios de menor tamaño en los últimos años. Finalmente, la nacionalidad influye en la estructura del hogar según el test de contraste utilizado. La nacionalidad conlleva distintos perfiles migratorios y la existencia de redes familiares y nacionales de apoyo, lo que determina la importancia de uno y otro tipo de hogar.

El panorama residencial descrito pone de manifiesto que las condiciones de alojamiento de los inmigrantes indocumentados en Las Palmas presentan algunas peculiaridades respecto a las que presentan la población local y el colectivo de inmigrantes regulares de la provincia y en relación con lo que se ha indicado para el colectivo indocumentado en otras ciudades españolas y europeas.

Respecto a los primeros, para empezar hay que señalar que la cesión y el alquiler de la vivienda son predominantes entre los inmigrantes indocumentados mientras la propiedad es el régimen de tenencia hegemónico en los otros dos colectivos. En segundo lugar, el colectivo analizado suele acudir al mercado informal de la vivienda, mientras los inmigrantes regulares y la población española tienen la posibilidad de acceder a la vivienda a través del mercado formal. En tercer lugar, las estructuras de cohabitación son diferentes en uno y otro caso. Entre los indocumentados tiene más importancia los hogares no nucleares, múltiples, extensos y unipersonales, mientras en los otros predominan los hogares nucleares.

En relación con las características habitacionales de los irregulares detectadas en otras ciudades españolas o europeas, podemos mencionar tres observaciones que diferencian la realidad insular. Primero, entre los indocumentados residentes en el Archipiélago la subtenencia tiene menos incidencia en términos generales y más aún cuando esta supone la cohabitación de población local con población inmigrada. En segundo lugar, el alojamiento cedido entre parientes y compatriotas es menos frecuente que en la mayor parte de ciudades europeas debido a que los flujos son recientes y a que las posibilidades del mercado de trabajo y de la vivienda en Canarias permiten un acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Y, finalmente, el hacinamiento y la habitación en  chabolas y en inmuebles de mala calidad es una situación menos habitual que en la mayoría de las ciudades españolas, debido a las particularidades del parque de vivienda de las Islas.

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© Copyright Juan Manuel Parreño Castellano y Raquel Guerra Talavera, 2006
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Ficha bibliográfica:
PARREÑO, J. M. y GUERRA, R. La vivienda de los inmigrantes indocumentados residentes en Canarias (España). Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de febrero de 2006, vol. X, núm. 207. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-207.htm> [ISSN: 1138-9788]

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