Scripta Nova |
Profesor de Geografía (UBA). Investigador-docente
del Instituto el Conurbano (ICO), Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS). Profesor Adjunto del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Luján.
E-mail: fritzsch@ungs.edu.ar
Arquitecta (Universidad de
Buenos Aires) y Master en Economía
Urbana (Development Planning Unit, University College of London).
Investigadora-docente del ICO, UNGS, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: mvio@ungs.edu.ar
A partir de la
década de 1990, se han producido cambios en las pautas de localización
industrial en
Palabras clave: geografía industrial,
desarrollo urbano territorial, política industrial metropolitana.
The path of the urban development
in the metropolitan region of
Since 1990’s
industrial sector has changed its location patterns in the Metropolitan Region
of Buenos Aires. This fact has involved abandoning old industrial
infrastructure by many industrial firms while consolidating new industrial
spaces in the periphery particularly in the North edge. This paper address the
issue of urban development in the RMBA focusing on changes in the process
related with industrial territorial organization. In addition it highlights
strategies developed by agents that promote and sustain this transformation of
industrial territorial patterns. All this gives a frame to discuss about other
industrial policies that ought to achieve industrial development goals while
ordering the urban territory. Finally it argues about the consequences of new
forms of industrial territorial organization deployed in a context which lacks
of a coordinated urban development policy to address the issue in the
Metropolitan Region of Buenos Aires.
Keywords: industrial geography, urban
territorial development, metropolitan industrial policy.
Introducción
A partir de la
década de 1990, en el marco de la reestructuración económica y territorial, se
han producido cambios en las pautas de localización industrial en la región
metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
Estos cambios se verifican a partir de un masivo abandono de infraestructuras y
equipamientos industriales en tradicionales fragmentos urbanos manufactureros
y, simultáneamente, una consolidación de nuevos espacios industriales en la
periferia de
Esta transformación de la organización territorial
de la actividad industrial se inscribe en el proceso de desarrollo urbano
territorial de la región en el cual participan distintos agentes públicos y
privados (estado nacional, gobiernos locales, capital industrial y
desarrolladores inmobiliarios). Es por eso que el presente trabajo problematiza
el desarrollo urbano de la región en general y, en particular, en relación al
desarrollo industrial. Así, analizando la estrategia que despliegan los agentes
que sostienen dicho proceso particular se construye un escenario a partir de cual propone
reflexionar acerca de otras políticas posibles de desarrollo industrial.
En
este sentido, se discuten las implicancias que las nuevas formas de
organización territorial de la industria tienen en un contexto de ausencia de
una política de desarrollo urbano coordinada para
El análisis
se estructura en cuatro partes. La primera presenta una caracterización del
último proceso de desarrollo urbano territorial de
Desarrollo urbano territorial reciente y
reorganización de la industria en
La modificación de la estructura económica urbana y la reorganización territorial de las actividades productivas se vinculan con procesos económico-territoriales de escala regional y global, los cuales, a su vez, contribuyen al fortalecimiento del papel de las regiones metropolitanas que funcionan como un nexo sustancial en la articulación de mercados internacionales de bienes y servicios (Castells, 1997; Coraggio, 1998; de Mattos, 1998; Sassen, 1998).
En
En este contexto, la industria manufacturera fue
una de las principales receptoras de
Las
características de dicha reestructuración económico-territorial podrían
sintetizarse en los siguientes rasgos fisonómicos: nuevas formas de
organización del espacio residencial; difusión de grandes equipamientos de
consumo, entretenimiento, turismo y espectáculo; nuevos agrupamientos y
localizaciones industriales, y el rediseño de la red de transporte
metropolitano (Blanco, 1996, 2000; Federico Sabaté, 2002; Prévôt-Schapira,
2003; Torres, 2001). Al mismo tiempo se verifica una relativa declinación de la
industria como principal factor de urbanización, aunque sigue siendo motor de
cambio espacial bajo nuevas formas, como los procesos de crecimiento
periférico, la revalorización de áreas centrales y la formación de nuevos
enclaves pericentrales de actividad, favoreciendo un tipo de metropolización
difusa o policéntrica (de Mattos, 1998).
Cabe destacar
aquí que estos procesos se han venido desacelerando notablemente a partir de la
recesión que comenzó en 1998 y se interrumpieron con la crisis de fines de 2001
y la consecuente devaluación de la moneda a partir de 2002. Sin embargo, y dada
la inercia territorial propia de estos procesos de urbanización y
metropolización, aún no se manifiestan con claridad y a gran escala procesos en
otro sentido. De todas maneras, sí se verifica una incipiente y precaria
industrialización sustitutiva de importaciones, caracterizada por nuevos
fenómenos, como por ejemplo: el esbozo de una recuperación rudimentaria de la
actividad industrial en algunos sectores –como el alimenticio, textil y
metalmecánico–, y la apropiación y puesta en marcha de empresas quebradas y
abandonadas, por parte de los trabajadores, generalmente organizados en
cooperativas. Estos fenómenos podrían generar en el futuro modificaciones
tendientes a complejizar el patrón de metropolización antes caracterizado.
En el marco
descrito del proceso general de desarrollo urbano territorial de la región, se
destacan las siguientes tendencias en la organización territorial de la
industria: reconcentración de la actividad en
Estas tendencias se inscriben, a su vez, en el
contexto de desarticulación de los mecanismos de incentivos a la relocalización por la vía de la exención de
gravámenes fiscales, dando lugar a la reconcentración en
Todo lo anterior
se confirma con los resultados del Censo Económico de 1994[1],
según los cuales la industria argentina, a diferencia de lo registrado en el
período intercensal anterior, mostró signos de reconcentración geográfica.
Factores y pautas de localización industrial: ¿cambios
o enroques?
No
podemos afirmar que exista un cambio radical en los factores de localización industrial, los cuales, a grandes rasgos,
siguen siendo los mismos. Éstos son, básicamente, los siguientes: el acceso y/o
proximidad a fuentes de materias primas, a la fuerza de trabajo o mano de obra
(teniendo en cuenta su costo y capacitación) y a los mercados de consumo (final
o intermedio); los medios de transporte disponibles (fricción de la distancia),
y el valor del suelo. Sin embargo, sí puede asegurarse que nos encontramos ante
un cambio en la jerarquía (y en la importancia relativa) de estos factores, así como en las pautas que
actualmente rigen la localización industrial, particularmente en la RMBA
(Fritzsche y Vio, 2002).
Asimismo,
la industria asume nuevas formas y configuraciones territoriales (tecnopolos,
distritos industriales y áreas-sistema, parques científicos y tecnológicos,
aglomeraciones industriales planificadas y just
in time, sistemas institucionales territoriales, clusters, etc.) que se relacionan con el cambio en las pautas de
localización derivadas de las renovadas estrategias del capital industrial y de
los sistemas productivos[2],
a su vez, en estrecha vinculación con el proceso de reestructuración antes
mencionado.
A manera de ejemplo, podemos señalar
que en la RMBA los parques industriales adquirieron auge en la década del
noventa, debido que el sector público, en un intento deliberado de reordenar
territorialmente la actividad industrial y, en especial, de promover la
atracción de actividades productivas en aquellas zonas menos industrializadas,
tendió a impulsar el desarrollo de parques aprovechando un contexto en el que
se venía cuestionado crecientemente el impacto provocado por la presencia de la actividad industrial en
zonas en las que predomina el uso residencial del suelo.
Esta nuevas expresiones de
ordenamiento territorial de la industria se encuentran enmarcadas en estrategias
espaciales que privilegian la dimensión regional-global en la inserción de las
empresas y actividades productivas en un sistema económico crecientemente
globalizado. Así es que, en la RMBA en particular, la “ruta del MERCOSUR” que
articula el eje norte, ha resultado un lugar privilegiado para la atracción de
las inversiones destinadas a la industria (sobre todo las IED). Este sesgo de
las inversiones hacia el norte de la región, principalmente sustentado en
decisiones del capital global, obedece, entre otras razones, a las condiciones
de sitio y posición de este espacio metropolitano, configurado a través del
Acceso Norte (tanto en su eje troncal a Campana como en sus ramales a Tigre y a
Pilar). Por un lado, posee el mejor acondicionamiento en infraestructura de
circulación en la escala intra e intermetropolitana (sitio) y, por el otro, al constituirse en la ruta del MERCOSUR, por
su posición estratégica, se presenta
con las mejores posibilidades de articulación productiva con espacios externos
(Briano y otros, 2003).
Las estrategias de los agentes del desarrollo
territorial urbano
Tal como se ha demostrado en otras grandes
metrópolis, los agentes/actores sociales del desarrollo urbano tienen la capacidad
de producir cambios de tendencia en el desarrollo de la urbanización con una
eficiencia, rapidez y profundidad desconocidas hasta hace poco en lo que hace
al caso particular de la RMBA. Recordemos que en décadas anteriores el sector
inmobiliario estaba dominado por agentes más conservadores, y los
emprendimientos eran de menor escala y de realización más lenta. Ejemplo de la
aceleración de los cambios son, por un lado, los procesos de renovación urbana
de las áreas centrales (Puerto Madero, Abasto), y por el otro, de la extensión
del área urbanizada a través del desarrollo de barrios cerrados (en especial en
el área norte).
Comprendemos en el conjunto de los agentes que
inciden de manera determinante en el desarrollo urbano de la región: al Estado
en primer término, a los propietarios de la tierra, al capital industrial y a
los desarrolladores inmobiliarios. Se excluyen de la consideración otros
actores sociales que también participan pero sobre los cuales no profundizamos
en este trabajo, tales como los sectores populares cuya acción es la que
sostiene el proceso de auto-urbanización que se verifica en algunos sectores de
la periferia.
El Estado y
los agentes privados
El Estado, como agente del desarrollo urbano, ha
venido experimentando cambios importantes en su actuación sobre la RMBA.
Recuperando las conceptualizaciones de los urbanistas que desde una perspectiva
marxista plantearon que el rol del Estado incluía la producción de ciudad en su
papel de proveedor de las condiciones generales para la producción (Topalov,
1979; Castells, 1974) puede ahora estimarse que su rol consiste en propiciar el
marco legal-normativo para la ciudad cuya producción queda fundamentalmente en
manos de los agentes privados. Creemos que las explicaciones sobre estos
cambios en la acción del Estado se inscriben en aquéllas de carácter más
general que profundizan respecto de su reestructuración y achicamiento bajo las
políticas neoliberales diseñadas por organismos internacionales para los países
subdesarrollados.
Si bien desde una perspectiva histórica, el Estado
no ha sido el único productor de ciudad en tanto gran parte de la región
metropolitana se ha urbanizado con los “loteos” que promovían los
desarrolladores de la década de 1960, tenía igualmente un papel hegemónico,
basado en la extensión de la infraestructura vial –y en particular de las redes
ferroviarias– que tuvo un nivel de determinación importante en la forma que
asumió el proceso de extensión y densificación de la conurbación de Buenos
Aires. Dicha hegemonía en la determinación del proceso al que hacemos
referencia ha sido transferida durante la década del noventa –y continúa hasta
hoy– a los capitales privados. Son los agentes del sector privado (capital
inmobiliario, capital industrial y desarrolladores) los que “marcan el ritmo”
de la urbanización en la región también bajo formas diferentes, ya sea
completando el tejido con el desarrollo de los intersticios de la trama
vacantes; o extendiendo la ciudad en su borde, desarrollando el periurbano, –es
decir, transformando tierra rural o semi-rural en suelo urbano–; o bien
generando enclaves de nueva centralidad como lo ilustra su actuación en el
partido de Pilar. De este modo, un Estado que delega su función en los agentes
privados para el desarrollo de la urbanización, delega también la posibilidad
de incidir en la dinámica del proceso, en la configuración geográfica que asume
y en los sectores sociales que incluye y excluye, a los que beneficia y a los
que perjudica.
Todas estas cuestiones son observables en la huella
del desarrollo urbano que deja la década de 1990 y que parece continuar en la
actualidad. Las urbanizaciones privadas, sobre todo las localizadas en el eje
norte, expresan en su conjunto el cambio de estrategia del Estado que tiene
como puntapié inicial la privatización de la Autopista Panamericana (Acceso
Norte), en 1994, en el marco de la “mega-privatización” que incluyó a todos los
servicios de consumo colectivo.
Así, la actuación del Estado, propiciando la
generación de rentas urbanas y la captación de las mismas por parte de los
agentes privados, determinó que las inversiones en materia de infraestructura
urbana en la RMBA, se concentraran en el área norte, acentuando el pronunciado
desequilibrio existente respecto de otras áreas de la metrópoli, en especial
los partidos del sur. Del mismo modo, la proliferación de urbanizaciones
privadas acompañó esta transformación del desarrollo metropolitano,
aprovechando las externalidades que generó y genera la ampliación de la
autopista Panamericana.
Siguiendo a Rodríguez (2000), respecto de los
desarrolladores inmobiliarios, cabe señalar que la actividad del sector
inmobiliario resurgió en el contexto de la estabilización macroeconómica de
principios de la década del noventa y estuvo sostenida por la reaparición del
crédito a largo plazo, y especialmente por el crédito hipotecario para la
vivienda que movilizó la demanda. Por otro lado, la reestructuración productiva
de la economía de la RMBA generó demanda de espacio para actividades productivas
terciarias y secundarias. Esto motorizó la producción de dos insumos básicos:
suelo urbanizado o urbanizable y construcciones, dinamizando el mercado del
suelo.
Sin embargo, el resurgimiento de la actividad
inmobiliaria se produce con cambios en su estructura económica y en su forma de
organización de la producción. Esta transformación se hace más evidente en la
RMBA, ya que es en ella donde esta actividad ha crecido a un ritmo mayor, en un
contexto de mayor competencia entre los agentes privados y con un retiro casi
total por parte del Estado de la producción de la ciudad.
En este marco situamos a las transformaciones
suscitadas en la organización territorial de la industria, proceso del que
también participan los agentes que se mencionaron en este apartado.
El Estado y el
capital industrial
En el caso particular de la organización territorial
de la industria, el capital industrial es otro agente clave. También para esta
fracción del capital el interés motivado por la renta urbana fue decisivo en la
aparición de nuevos patrones de localización industrial, así como nuevas formas
de organización. De este modo, firmas que ocupaban localizaciones centrales
entendieron que su traslado hacia localizaciones de la periferia les permitía
asegurar la ganancia que deviene de la dinámica del mercado inmobiliario en el
que se transa su propiedad. A su vez, los desarrolladores inmobiliarios
identificaron al capital industrial como consumidor y generaron el producto
“parque industrial” como un producto más del mercado inmobiliario. Este es el
caso de los parques industriales que se vienen desarrollando en la región desde
décadas anteriores y con un impulso renovado en la década de 1990 (Borello,
1998; Briano y otros, 2003). El caso paradigmático de esta operatoria que se
mencionó antes en este trabajo es el del Parque Industrial Pilar, en el partido
homónimo (Briano, 2002).
En este escenario es central el papel de los
gobiernos locales. El desarrollo de parques industriales como política de promoción
industrial viene siendo desde la década pasada la receta preferida de los
gobiernos de la región. La falsa creencia de que la oferta de parques
industriales per se atraería las
inversiones al territorio y las expectativas de acumulación política sustentadas
en la visibilidad de este tipo de proyectos se conjugaron en la difusión de
esta estrategia como clave para el desarrollo económico de los partidos, en
particular de los de la segunda y tercera corona. De este modo, los gobiernos
locales y sus funcionarios entendieron que el desarrollo de parques
industriales se orientaría a la generación de empleo y a la vez contribuiría a
consolidar una imagen “de producción” que aportaría a la gobernabilidad y a la
satisfacción se sus expectativas electorales.
Ahora
bien, así como los agentes del sector privado “marcan el ritmo” de la
urbanización en la región, son las grandes empresas transnacionales las que en
gran medida “pautan” las estrategias y lógicas espaciales de los agentes que
intervienen en la organización territorial de la industria. Esto no significa
que la dirección de una empresa decida por sí sola las pautas de localización,
ya que existe abundante bibliografía que hace referencia al componente
territorial, institucional y social de la competitividad. De todas maneras,
cabe recordar que las lógicas de estas grandes empresas están enmarcadas en
estrategias regionales-globales que apuntan a una escala mucho mayor que la
estrictamente metropolitana, a la hora de decidir sobre la orientación de las
inversiones industriales[3]
Cabe señalar, además, que el papel del Estado se ha
modificado sustancialmente en relación a etapas anteriores del desarrollo
económico capitalista. Esto se ha verificado en una escala mundial y la
Argentina no ha sido la excepción. Es decir, el papel activo y promotor del
desarrollo industrial que tenía en el período de sustitución de importaciones
(manifestado en la intervención directa a partir de empresas industriales
estatales y en la intervención indirecta por medio de políticas de promoción de
la actividad, tales como la regímenes de promoción industrial ya mencionados)
ha dejado paso a un rol de “garante” de las condiciones macroeconómicas que
permitan el establecimiento de IED, en el marco del proceso de globalización,
dando, así, prioridad a las
grandes firmas. Este proceso adquirió un acelerado dinamismo en la década
pasada a partir de la política económica de apertura externa, que otorgó un
fuerte protagonismo a los grandes grupos económicos transnacionales dentro del
proceso de organización del espacio industrial metropolitano.
Por otra parte, el papel del Estado local (municipal,
principalmente), ha cobrado importancia en tanto comienza a diseñar e
implementar instrumentos de promoción para el establecimiento de las
actividades productivas. Esto puede ejemplificarse a partir de los numerosos
proyectos de parques, zonas y áreas industriales con exenciones impositivas, y
de los no tan abundantes proyectos de incubadoras de empresas y/o parques
tecnológicos (Borello, 1998; Briano y otros, 2003; CEB, 1999; DPDPI, 1999;
Fritzsche y Vio 2000a). Del mismo modo, cabe destacar que las acciones de estos
gobiernos locales no registran ningún nivel de articulación entre sí, ni con
los niveles centrales de la gestión. Esto en teoría va en contra de lo que se
espera de una “buena gestión”. Innumerables son los trabajos y estudios que en
el campo de las políticas públicas recomiendan la articulación de los distintos
niveles de la gestión y de los distintos sectores para que las intervenciones
públicas garanticen cierto nivel de integración de las acciones y de esta
manera puedan tener un impacto mayor en las áreas de intervención
Más aún, considerando que el objeto que nos ocupa es
la industria y el territorio, la planificación de aglomeraciones industriales
(parques, áreas y zonas) sin articulación ni acciones coordinadas entre los
gobiernos locales y con el nivel provincial, van al fracaso o por lo menos
lograrán menos de lo que sus objetivos plantean. Cabe señalar que los procesos
económico-territoriales no reconocen los límites jurisdiccionales para su
despliegue; por tanto, una intervención pública orientada a ordenarlo no puede
plantearse sólo en el marco de la propia jurisdicción.
Consecuencias
del desarrollo urbano territorial reciente
A modo de conclusión,
reflexionamos sobre aspectos que hacen a la problemática del desarrollo urbano
en la RMBA y en particular el asociado a la industria, a las nuevas
localizaciones que viene consolidando desde la década pasada, conjuntamente con
la emergencia y difusión de otras formas organizativas tales como la que se dan
en los parques industriales, que en su concepción y concepto difieren de las
zonas industriales planificadas y de aquéllas formas relativamente
“espontáneas”, tan asociadas al paisaje del Conurbano Bonarenese.
Uno de los aspectos
sobre los que nos interesa reflexionar hace a la gestión urbana y
particularmente a la gestión del territorio. Entendemos por ello a lo definido
por Pírez (1994) como el “conjunto de procesos dirigidos a articular (utilizar,
coordinar, organizar, asignar) recursos (humanos, financieros, técnicos,
organizacionales, políticos, naturales) para generar las condiciones que
permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad, brindando a las actividades
económicas y a la población los satisfactores para sus necesidades”.
De este modo los cambios
que expresa la huella del desarrollo urbano en la región reclaman una reflexión
seria sobre la forma en que se gestiona el territorio y expresan a su vez las
consecuencias de una forma nueva de gestión inadecuada, excluyente, gregaria y
fragmentada que se instaló en los años noventa y sobre la cual todavía en el
año 2005 no se advierten cambios significativos que permitan inferir la
presencia de un modelo nuevo.
Obviamente, el Estado en
su conjunto y en particular los gobiernos locales, son actores claves en la
construcción de un modelo de gestión alternativo capaz de revertir las
tendencias vigentes en la región a las que se hicieron referencia a lo largo de
este trabajo. En este caso, una condición que se impone es la recuperación, por
parte de los gobiernos locales, de su capacidad para incidir en el devenir del
proceso desarrollo urbano y en la organización del territorio por encima del
resto de los actores que se constituyen como tales en el mismo proceso. Esto
sólo puede lograrse con agendas claras que entiendan la problemática
territorial y en especial a la ciudad como lo que es, como el soporte material
de las relaciones sociales y de producción y no únicamente como un producto más
de la economía capitalista. Esta última concepción conlleva soluciones ya
ofrecidas por los economistas neoclásicos y con énfasis renovado por los
teóricos neoliberales que proponen el ámbito del mercado como espacio para su
producción. Esto es ni más ni menos que lo que pasó en la RMBA: fue el mercado
el espacio en el que se dirimió la cuestión del desarrollo urbano.
Del mismo modo, resulta necesario pensar en otras políticas de
desarrollo industrial que no partan sólo del planeamiento físico del territorio
(parques industriales, edificios para incubadoras, etc.) como la única
posibilidad de atraer inversiones al ámbito local. Este tipo de estrategia para
la promoción de la industria no asegura la atracción de más actividades
productivas y menos aún la generación de más puestos de trabajo, con el
agravante de que en la medida en que este mecanismo se repita en toda la
región, el costo de oportunidad que implique esta clase de alternativas será
altísimo para municipios que cuenten con pocos recursos, en particular teniendo
en cuenta la merma en los ingresos fiscales que deviene de las exenciones
impositivas destinadas a la promoción de la actividad.
En este sentido, la repetición de aglomeraciones industriales planificadas en toda la extensión territorial de la región y sin distinción de funciones entre ellas, fomentaría la competencia entre municipios por un mismo mercado de firmas. De esta manera y ante ausencia de una política industrial metropolitana articulada en una escala mayor (provincial o nacional), se tiende a promover un juego de suma cero si de lo que se trata es de mejorar la competitividad sistémica de toda la región.
En síntesis, debería ser un objetivo de los gobiernos locales la toma de
decisiones que incluyan en su consideración al contexto de la región y que
eviten la repetición de la oferta destinada a la localización de las
actividades productivas, al mismo tiempo que el resto de los actores locales
(públicos y privados) deberían coordinar acciones que tomen en cuenta el lugar
de referencia mayor que es la región metropolitana (Fritzsche y Vio, 2000a).
Articulación
de la política industrial y la planificación urbana
En este sentido, creemos que la planificación
territorial de la industria debería ser compatibilizada con otras actividades y
usos del suelo urbanos (y periurbanos) en la RMBA, evitando el zonning que si bien en el corto plazo
puede significar ventajas, en el largo plazo puede devenir en el deterioro de
sectores completos de ciudad por el abandono de la industria ante la emergencia de nuevos patrones de localización que
no se verifican en dichas zonas[4]. Asimismo, consideramos
que la planificación territorial de la actividad industrial debe estar
estrechamente vinculada con la planificación de la organización industrial.
Esto puede lograrse con la intervención de los actores interesados en el
desarrollo industrial y territorial –tanto en la escala local, como regional y
otras más amplias–: el estado en sus diferentes niveles, los empresarios
industriales (el capital industrial), los sindicatos, las universidades y
centros tecnológicos, las cámaras empresariales, y otras asociaciones locales,
coordinando acciones que tomen en cuenta el lugar de referencia mayor que es la
región y evitando la repetición de la oferta destinada a la localización de las
actividades productivas.
La competitividad
de un sistema territorial compuesto por un colectivo de agentes económicos,
organizaciones y actores sociales e instituciones, resulta de gran interés para
las PyMEs industriales, en contraposición al enfoque tradicional de la
competitividad individual. Incluso cuando el sistema territorial en cuestión es
una región metropolitana. Sin embargo, debemos tener en cuenta las
particularidades del caso.
Competitividad sistémica en regiones metropolitanas
En la generación de las condiciones de competitividad de las regiones metropolitanas creemos que cumplen un papel importante tanto las políticas públicas (en sectores productivos como la industria, el comercio y los servicios, y en la organización de la sociedad en general) como las acciones de las organizaciones sociales (asociaciones barriales, sociedades de fomento, ONG, etc.), los agentes y organizaciones económicas (firmas, cooperativas, sindicatos, cámaras empresariales, bancos y entidades financieras, etc.) y otras instituciones y organismos (universidades, institutos tecnológicos, etc.)
En este marco, resulta estratégica la conformación de un ambiente o
entorno socio-económico e institucional
que a partir del impulso de la cooperación interempresaria, la articulación
empresario-institucional y la complementación público-privada, permita generar
innovaciones y lograr aumentos de productividad y competitividad. A este
ambiente propicio para la generación de una atmósfera
de innovación se lo denomina entorno
territorial activo, y se lo define como el tejido de interrelaciones que
despliegan los actores sociales (agentes e instituciones económicas,
socioculturales y políticas) localizados en una contigüidad geográfica acotada,
orientado hacia la creación de sinergias que potencian su desarrollo (Ferraro y
Quintar, 1996).
Todo esto se vincula, creemos, con lo que Boscherini y Poma (2000)
denominan la nueva competencia
territorial, es decir, sintéticamente, el papel activo que deben cumplir
las instituciones y distintos actores sociales y económicos ligados a un
determinado territorio para promover la articulación de los distintos agentes
productivos, las relaciones de colaboración, el logro de sinergias, la difusión
y construcción de conocimientos, todo lo cual contribuye a generar una
competitividad sistémica que no puede concebir a los agentes aislados de su
entorno, sino como parte del mismo y contribuyendo a que el territorio del que
forma parte se consolide como sistema productivo competitivo en el contexto de
las nuevas condiciones sociales y económicas que se conforman a partir del
proceso de reestructuración industrial y globalización económica.
Ahora bien, para que este sistema
institucional territorial al que hacen referencia los autores sea
competitivo, debe estar conformado por agentes territoriales (sociales,
económicos e institucionales, tanto públicos como privados) que cumplan un
papel activo en el proceso productivo. Es decir, no deben constituir tan sólo
“externalidades” positivas que mejoren las condiciones de competitividad, sino
que deben involucrarse activamente en el proceso, principalmente a partir de la
producción de conocimiento. Además, resulta fundamental el logro de la
cooperación productiva (sobre todo si consideramos alternativas de desarrollo
para las PyMEs), mediante la creciente articulación entre actores económicos e
institucionales.
En el caso de la RMBA, se vuelve imprescindible combinar escalas geográficas de análisis, en tanto se trata de sistemas flexibles e interdependientes, a diferencia del relativo aislamiento que se puede encontrar en sistemas referidos a ciudades pequeñas y medianas (Borello, 2001; Fritzsche y Vio, 2000a). A su vez, conviene tener en cuenta que estas escalas geográficas, aplicadas al análisis de los sistemas productivos locales en el interior de una gran región metropolitana, estarán asociadas a determinados vínculos entre agentes/firmas y/o actividades productivas que, como ya lo destacamos, no necesariamente coincidirán con los límites políticos de los municipios. Esto agrega complejidad al análisis, ya que el territorio de referencia de los sistemas productivos/industriales se interpenetra con territorios de referencia política y se relaciona con otros territorios de referencia (socio-cultural, otros sistemas productivos, etc.), que remiten a distintas escalas.
Otro elemento de complejidad es la creciente dificultad en la diferenciación entre distintos sectores de la actividad económica (industria, comercio, servicios, etc.). En este sentido, los sistemas deberían ser definidos por un conjunto de variables y relaciones que se establecen entre los agentes (incluidas en los conceptos de trama productiva, cadenas de valor y clusters), más que por las definiciones sectoriales rígidas de los agentes y firmas que los integran (Fritzsche, 2004).
Todo lo anterior, creemos, debe ser tenido en cuenta en el análisis de las condiciones de la competitividad sistémica. No desacredita su aplicación en grandes regiones metropolitanas, sino que implica que la existencia de un ambiente o entorno favorable para la creación de innovaciones (que constituyen una condición necesaria para la competitividad) no depende exclusivamente de los sistemas productivos locales pensados desde una escala municipal, sino que debe ser el reflejo de una acción coordinada, pensando en la escala de la región metropolitana.
[1] Para un análisis comparativo y detallado de los resultados de los dos últimos Censos Nacionales Económicos (CNE) disponibles que permiten comparar datos desagregados territorialmente en la RMBA (1985 y 1994), ver Borello y otros, 2000, y un extracto más sintético en Fritzsche y Vio, 2000b. El CNE más reciente (2005) se encuentra en proceso de recolección y elaboración de la información (Vera, 2005).
[2] En Fritzsche (2004) se realiza una reseña de parte de la literatura dedicada a estos sistemas productivos, analizando el vínculo entre firmas y territorio, el cual a menudo revela una escasa o débil conceptualización, ya que pueden presentarse como entidades separadas de las estructuras mayores de las que forman parte. En este sentido, consideramos relevante el estudio de la relación entre firmas, sistemas industriales y territorio (Dicken y Malmberg, 2001; Méndez, 2002).
[3] Esto explica, en parte, el “éxodo” hacia Brasil experimentado a fines de la década de 1990, y generado en gran medida por el traslado e integración de líneas de producción hacia ese país, cuando no se verificaron relocalizaciones totales de las actividades productivas. A esto hay que agregarle ciertas condiciones favorables brindadas en Brasil; ya sea en lo referido a costos (laborales, financieros, etc.), elementos de política industrial de fomento a nuevos emprendimientos, etc. (Navarro, 1999).
[4] Una manifestación de estos procesos la encontramos en lo que Bozzano (1999) denomina cementerios industriales. Se trata de áreas industriales en declive que no son valorizadas a partir del proceso de reestructuración, ni siquiera, en muchos casos, para que estos territorios sean reconvertidos y refuncionalizados como lugares de consumo. Esto obedece a que, en muchos casos, estos cementerios industriales se encuentran desvinculados de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, que se constituyen en verdaderos ejes de articulación del proceso de reestructuración metropolitana.
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© Copyright Federico
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© Copyright Scripta Nova, 2005
Ficha
bibliográfica:
FRITZSCHE,
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industrial. Scripta Nova. Revista
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[ISSN: 1138-9788]
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número 194
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