BENEFICENCIA CATÓLICA Y BARRIOS OBREROS EN SANTIAGO DE CHILE EN LA TRANSICIÓN DEL SIGLO XIX Y XX. CONJUNTOS HABITACIONALES Y ACTORES INVOLUCRADOS

Rodrigo Hidalgo Dattwyler
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile

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Beneficencia católica y barrios obreros en Santiago de Chile en la transición del siglo XIX y XX. Conjuntos habitacionales y actores involucrados (Resumen)

A finales del siglo XIX la beneficencia católica constituyó la instancia inicial de edificación de vivienda sociales en Santiago de Chile. Los conjuntos residenciales construidos por dichas instituciones comenzaron a delinear a la geografía social de la ciudad, dando además una forma preconcebida a la ciudad a través de agrupaciones de viviendas de similares características constructivas, que van marcando el paisaje urbanístico de Santiago. Sus iniciativas sirvieron de base para la acción que comenzó a desarrollar el Estado en la primera década del siglo XX con la promulgación de Ley de Habitaciones Obreras de 1906.

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Abstract

At the end of century XIX the catholic charity constituted the initial instance of construction of social housing in Santiago of Chile. The residential sets constructed by these institutions began to delineate to the social geography of the city, being given in addition a form preconceived to the city through groupings of houses of constructive characteristic similars, that are marking the city-planning landscape of Santiago. Their initiatives served as base for the action that began to develop the State in the first decade of century XX with the promulgation of Law of Working Rooms of 1906.

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Las duras condiciones en las que la población de más bajos recursos desarrollaba su vida y sus actividades laborales, fue uno de los elementos que preocupó tempranamente a las autoridades públicas e instituciones privadas que lideraban la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XIX[1]. Dichos estamentos, influidos por factores políticos, religiosos o sociales, argumentaban que era urgente intervenir para dar solución a los problemas más acuciantes de los grupos asalariados e indigentes. En este sentido, las élites intelectuales, eclesiásticas y civiles se movilizaron con distintas motivaciones en torno a las carencias de los sectores más necesitados, que fueron desde un temor a posibles alzamientos populares, pasando por la necesidad de llevar al país por la senda del progreso, hasta asegurar el orden social.

Con el comienzo del proceso de concentración de población en determinados polos manufactureros y mineros aumentan las áreas tugurizadas de las ciudades chilenas. Los migrantes y pobres urbanos configuraron la base social de estas zonas o barrios populares, caracterizados por la ausencia de los servicios sanitarios básicos que tuvieron su repercusión en las condiciones de salud de aquellos habitantes.

En Chile la población urbana aumentó de forma importante en la segunda mitad del siglo XIX. En 1865, la población rural representaba el 75% del total del país.  Diez años más tarde su porcentaje disminuyó, llegando al 65%, mientras que en 1885 su participación decayó nuevamente, bordeando el 62% del total de la población del país. Siguiendo la tendencia, en 1895 la población rural representaba sólo el 57%.  En término globales, en el período 1865-1907, la población del país crece de 1 millón ochocientos mil habitantes a 3 millones doscientos mil[2].  Santiago, por su parte, aumenta de 129.807 a 332.724 personas en similar período de tiempo, presentándose dicho período como el de mayor crecimiento demográfico de una ciudad chilena hasta esos años. Esta dinámica poblacional tuvo efectos espaciales que marcaron la ciudad y uno de ellos estuvo representado en la fuerte expansión de los barrios pobres, donde la carencia de habitaciones higiénicas motivó las primeras medidas de la autoridad para abordar dicha situación.

Este proceso de concentración de la población en urbes, si bien se vivió preferentemente en Santiago, también se produjo en Concepción y Valparaíso. Para el caso de la capital del país las miserables viviendas de los más desposeídos fueron descritas casi desde el comienzo del período colonial, donde algunos cronistas destacaban la existencia de arrabales compuestos por mestizos e indígenas que habitaban en las más precarias condiciones[3]. Entrado el siglo XIX la vivienda urbana popular chilena se clasificaba en tres categorías: “los ranchos”, que tuvieron un origen rural y eran construidos en base a deshechos y desperdicios, los “cuartos redondo”, definidos como una habitación que no tenía más luz ni ventilación que la que provenía de la puerta de entrada y los conventillos, vivienda de carácter colectivo, alineada en torno a un espacio o patio común, carente de los servicios higiénicos como agua potable y alcantarillado[4].

Las respuestas y soluciones iniciales al problema de la vivienda en Santiago por parte del poder público se relacionaron con la prohibición de construir dichas viviendas dentro de determinados límites y con la obligatoriedad de considerar elementos higiénicos en la edificación de nuevas residencias. Por su parte la iniciativa privada y más precisamente las instituciones de beneficencia católica fueron las primeras que edificaron casas baratas y salubres, iniciativas que dieron lugar a los primeros barrios de viviendas especialmente construidas para los obreros.

Dentro de este marco la presente comunicación tiene como objetivo central estudiar las iniciativas de la beneficencia católica en torno a la vivienda obrera en Santiago de Chile en la transición del siglo XIX y XX, teniendo como referencia los conjuntos residenciales edificados por algunas de esas entidades, los agentes o actores principales involucrados y los efectos sobre la morfología urbana de Santiago en ese período y en las décadas venideras.

La beneficencia católica y la encíclica Rerum Novarum de 1891

Las sociedades de beneficencia, instituciones articuladas desde el catolicismo conservador orientadas al mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de los sectores populares, comenzaron a tener una importancia creciente en Chile luego de que el Papa León XIII hiciera pública la encíclica Rerum Novarum el 15 de mayo de 1891. En ella, la Iglesia Católica toma una posición ante las deplorables condiciones de vida del proletariado industrial y postula las normas que deberían seguir los gobiernos para mitigar y comenzar a revertir esa situación.

La acción eclesiástica también trataba de trascender no sólo en el ámbito de levantar nuevos conjuntos de viviendas, sino también se planteaba intervenir en el fortalecimiento “moral y espiritual” de los beneficiarios de su labor. Un primer requisito para llevar adelante cualquier transformación pasaba por la educación y la formación de los hombres en las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia, lo que estaba acompañado por el esfuerzo de penetrar hasta en lo más íntimo del alma y doblegar las voluntades, orientándolas al cumplimiento de los divinos preceptos. Así, se lograría restituir el vínculo original establecido por la sociedad civil con Jesucristo una vez que le fue revelada la ley evangélica. Dicha ruptura, origen de todos los males y del desmoronamiento de la sociedad, sería saldada con la restauración de la vida e instituciones cristianas[5]. La práctica de las enseñanzas evangélicas y de las virtudes cristianas enseñaban al rico el desprendimiento y la caridad, mientras que al pobre la resignación y la laboriosidad[6]. Pero no todo el papel se reducía al cultivo de las almas. En el ámbito terrenal declaraba la conveniencia de que tanto patrones como obreros fundaran instituciones orientadas a socorrer a los más necesitados, acercando y uniendo a ambas clases[7].

En Chile quien llevó la voz desde la Iglesia Católica de los postulados de la Rerum Novarum, fue el Arzobispo de Santiago Mariano Casanova, quien recomendó a los poderes públicos la dictación de leyes protectoras de la clase trabajadora e instó a la alta burguesía católica a fomentar la organización de fundaciones y asociaciones de asistencia social. Casanova fue uno de los principales defensores de los valores que intentaba propiciar la citada encíclica, ante lo cual publicó en algunos editoriales de periódicos de aquella época, mensajes que aludían a los siguientes aspectos:

"Debemos congratularnos del valor de esta Encíclica, no sólo como católicos sino como ciudadanos chilenos, sus enseñanzas llegan a nosotros en la era oportuna, en la hora de nuestra regeneración política y reorganización social. Hace ya tiempo que se notan en Chile manifestaciones socialistas que revelan la existencia de gérmenes malsanos en el seno de nuestro pueblo. Hemos visto con dolor y profunda extrañeza que se han estado propagando por la prensa diaria doctrinas socialistas y empleando como recurso político el azuzamiento del pueblo contra los ricos y de la democracia contra la aristocracia. Pocas veces deja de producir consecuencias funestas esta propaganda antisocial, por lo mismo que es halagadora de las pasiones y aparentemente favorable al interés de las clases proletarias. Procuraremos, amados diocesanos, contrarrestar esas doctrinas y extirpar de nuestro pueblo los gérmenes que hayan sembrado en él manos temerarias y corruptas, poniendo en práctica los consejos que se contienen en la encíclica del Papa, cuya atenta lectura recomendamos encarecidamente"[8].

Estas declaraciones de Monseñor Casanova constituyen un claro ejemplo de la mentalidad imperante en aquel tiempo. Entre las motivaciones señaladas se destaca también el hecho de contrarrestar y extirpar los “gérmenes” del socialismo. El temor que generaba un posible alzamiento popular generó un clima de inestabilidad que no sólo fue percibido – en esos términos - por los sectores conservadores, sino que por parte de toda la elite que conformaba la clase política nacional de esos años.  Para cumplir con dicha misión se señalaba la necesidad de que el Estado promulgara normas tendentes a procurar el bienestar general, reprimiera los atentados contra la propiedad, protegiera a la clase proletaria de las arbitrariedades del capital y propiciara el fomento de la religión y las buenas costumbres en la vida pública y privada. Por otra parte se convocaba también la participación de los particulares en:

“(...) la extirpación del mal que aflige a la sociedad actual. Contribuirá a remediarlo todo lo que se enderece a aliviar la penosa condición de los proletarios; y entre los varios medios conducentes a este fin, ocupa, a juicio del Papa, un lugar preferente la fundación de asociaciones de servicios mutuos, los protectorados o patronatos y otras análogas instituciones. En todo orden de cosas la acción común es mucho más eficaz que la acción individual; y, tratándose del alivio de las necesidades sociales, la experiencia de los siglos ha demostrado que la asociación es la manera más fácil de remediarlas. Por eso la Iglesia las ha multiplicado en su seno, de tal modo que no hay humana miseria que no encuentre alivio y remedio en alguna asociación de caridad. Y puesto que su eficacia es tan evidente, no debe el Estado estorbar su formación con leyes restrictivas de la libertad de asociación, no poniéndole otro límite que el que señalan la justicia, la moral y el bien público”[9].

Con estas palabras, Mariano Casanova fijaba la ruta que tomaba la acción social católica respecto a las condiciones de vida de la población obrera, y a los problemas de habitación en particular. La relevancia del problema y el interés puesto por algunos grupos dentro de los círculos católico conservadores hacia este tipo de soluciones a la problemática social,  se ven reflejados en algunos estudios que realizaron jóvenes licenciados en Derecho hacia finales de los años 1890. Uno de ellos fue Juan Enrique Concha Subercaseaux, quien realizó una memoria de licenciatura en derecho titulada Cuestiones Obreras, en 1899.

En su trabajo, Concha Subercaseaux señalaba que era primordial estimular la formación de corporaciones y fundaciones y regular las indemnizaciones que se adeudaban a los obreros; agregaba que la beneficencia era una donación particular, destinada a servir perpetuamente el bien público y que su importancia social radicaba en que a través de ella era posible apaciguar el odio de clases. Tenía, a la vez, un entrañable valor, pues a partir de la necesidad se hacía urgente la unión de distintas fuerzas que, orientadas hacia un mismo objetivo, permitían la formación de grandes obras de beneficio colectivo, que difícilmente se realizarían sin su existencia[10]. Concha Subercaseaux tuvo una activa participación en la aplicación de la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, formó parte del Consejo Superior de Habitaciones Obreras y estuvo presente en la presentación de algunos proyectos de ley en materia de vivienda en las primeras décadas del siglo XX, además de estar vinculado individual y familiarmente en algunas sociedades de beneficencia, como abogado e hijo de Melchor Concha y Toro, filántropo que protagonizó, como veremos en el siguiente punto, el nacimiento de la Fundación León XIII.

En un contexto general, la discusión efectuada en torno al problema social y en particular al de la vivienda obrera a fines del siglo XIX, constituye un registro esencial para aproximarse a los procesos políticos y sociales que dieron lugar a la generación de iniciativas para enfrentar dicha situación. En este sentido, se ha señalado a la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 como la primera “ley social” chilena. En ella la influencia de las iniciativas de la Beneficencia Católica se hizo sentir, junto a las propuestas que surgieron del debate que se generó en torno a la “cuestión social” y al “higienismo”. El primero de estos aspectos se relaciona con la discusión suscitada en círculos intelectuales y políticos, en torno a la pobreza y condiciones de trabajo de los obreros. La «cuestión social» mostró la preocupante inquietud de las elites sociales y políticas de Chile ante el crecimiento de la población obrera y de su capacidad de organización[11]. La relación entre la “cuestión social” y la doctrina social ha sido destacada recientemente para el caso chileno, poniéndose en relieve como desde la perspectiva católica se recogieron los aportes de la Encíclica Rerum Novarum[12].

Por su parte, el “higienismo” constituye una corriente de pensamiento que se desarrolla en Europa a finales del siglo XVIII; se generó en el contexto de la medicina, tomando como punto de partida para sus postulados la influencia del entorno ambiental y del medio social en el surgimiento de las enfermedades. El higienismo tuvo una influencia significativa en el nacimiento del urbanismo moderno del siglo XIX, los principios de una reforma social higiénica sustentaron numerosas intervenciones urbanas de importantes ciudades europeas. En Chile desde el punto de vista institucional, el higienismo propiciado por algunos médicos, estuvo presente en la formación de algunas agencias estatales[13]. En la década de 1880 y 1890 se promulgaron una serie de normativas que intentaron regular variados aspectos de la salubridad en las ciudades, desde aquellos relativos a la edificación de viviendas hasta los servicios de urbanización, como el agua potable y el alcantarillado[14].

La conjunción de la acción de la Beneficencia Católica más el discurso higienista con las propuestas generadas desde el debate de la “cuestión social”, contribuyeron al nacimiento de las primeras iniciativas públicas que propició el Estado chileno a comienzos del siglo XX para dar solución al problema de la vivienda popular. Los conjuntos edificados en Santiago por instituciones como la “Fundación León XIII”, la “Sofía Concha”, la “Sociedad de Instrucción Primaria”, la “Sociedad San Vicente de Paul”, la “Parroquia de la Asunción” y la “Iglesia de la Inmaculada Concepción”, marcaron la morfología de la transición de la capital chilena del siglo XIX al XX en lo que se refiere a la construcción de los espacios residenciales para los sectores populares con capacidad de ahorro y vinculados al accionar de la filantropía católica[15].

A continuación tomaremos como casos de estudio los conjuntos de viviendas construidos por dos de dichas instituciones en Santiago: la “Fundación León XIII” y “Sofía Concha”, cuya labor constructiva no sólo se expresó en un número de viviendas no despreciables para la época sino que también significó la introducción de modelos edificatorios que marcaron la morfología y diseño de los barrios obreros de casas baratas y salubres.

La Fundación León XIII y Sofía Concha: conjuntos habitacionales y agentes involucrados

Profundamente tocado por las enseñanzas de la encíclica Rerum Novarum e instado por el Arzobispo de Santiago Mariano Casanova, su amigo personal, Melchor Concha y Toro – a la sazón Senador de la República - decide fundar la “Institución León XIII” el 21 de noviembre de 1891. A través de la escritura pública que daba vida a la institución y fijaba sus estatutos, destinaba la suma de $100.000 a la compra de terrenos y a la construcción de pequeñas casas apropiadas para la habitación de los obreros. Éstas serían arrendadas mediante un sistema que permitiera al arrendatario, después de un determinado número de años, convertirse en propietario. Para ello se contemplaban dos mecanismos. El primero estipulaba un precio de arrendamiento equivalente al 10 % anual del valor del terreno y de la casa edificada en él; quienes pagaban dicho monto durante diez años, se convertirían automáticamente en propietarios de la construcción. El segundo mecanismo estableció un precio igual al 6,66 % anual del valor señalado anteriormente, y el plazo fijado como suficiente para adquirir el título de propiedad ascendía a quince años. Como se aprecia, el único objetivo de los montos era recuperar el dinero invertido con el fin de poder realizar nuevas construcciones. Así al menos lo estableció el artículo noveno de los estatutos de la fundación:

“Noveno. Deducido lo necesario para subvenir a la reparación y mejora de los edificios, a las expensas de administración y al pago de los demás gastos que deban hacerse, el producto de los arrendamientos se colocará en alguna Caja de Ahorros, y una vez que se enteren cincuenta mil pesos, esta suma se sacará para invertirla en nueva adquisición de terrenos y nueva construcción de casas. De este modo se seguirá obrando en la administración de esta Fundación, a fin de ensancharla y perpetuarla”[16].

Un aspecto interesante establecido en dicho reglamento tiene que ver con la definición del perfil de quienes resultasen beneficiados por las construcciones de la institución. De partida se señalaba que los arrendamientos sólo se celebrarían con obreros casados y no serían aceptados aquellos cuya conducta no fuera religiosa y moral. Estos requisitos, si bien pueden ser leídos como manifestaciones de una “caridad selectiva”, se condicen plenamente con la inspiración cristiana que animó el surgimiento de la Fundación León XIII[17].

Debido a sus objetivos – construir casas de habitación para obreros destinadas a arriendo – la institución necesitaba contar con personalidad jurídica y que su existencia fuera sancionada por ley. Para ello fue que Melchor Concha elevó al gobierno una solicitud donde explicaba el espíritu que animaba a la institución y los argumentos que demostraban la licitud de los objetivos y la necesidad de la sanción legislativa. Nos permitimos reproducir algunos fragmentos de dicha solicitud no sólo para dar a conocer los argumentos del interesado, sino como fiel expresión de la mentalidad del catolicismo conservador y de su lectura del problema habitacional como expresión de la “cuestión social”:

“Las casas que se construyan se arrendarán a los obreros por un precio que siempre será inferior, en igualdad de condiciones, al que pagan de ordinario (...).

El construir y donar casas a los obreros será, en todo caso, una obra de beneficencia; pero mayor será el bien que se haga a las clases desvalidas si, juntamente con satisfacer sus necesidades materiales, se consigue curar sus dolencias morales.

La imprevisión y le embriaguez son, por lo general, la causa de la mayor parte de los males que aquejan a nuestras clases trabajadoras.

El obrero que en la renta mensual que paga, se ve que va adquiriendo parte de la propiedad que habita y que al cabo de cierto tiempo será dueño absoluto de ella sin tener que pagar  nada más, hace bajo una forma insensible  una operación análoga al ahorro, puesto que en ningún caso pagaría más para ser propietario que lo pagaba siendo arrendatario.

El arrendatario que sabe que mes a mes va haciéndose dueño de la propiedad, tendrá, en la generalidad de los casos, más amor al hogar  y junto, por el interés de cuidar y conservar su casa, adquirirá hábitos de moralidad y orden.

Para procurar más eficazmente la educación moral y orden de los obreros, es excluir a, de los beneficios de la Fundación, los que por vicios o mala conducta se hicieren indignos de ellos y pudieran perjudicar la moralidad de sus vecinos. Por esta razón, para que se obsequie al arrendatario la casa que habita, no bastará que pague los cánones o pensiones estipuladas sino que será preciso también que no tenga una conducta viciosa o criminal”[18].

Dichas palabras revelan un aspecto notable en lo relacionado al efecto moralizador de la vivienda. Se presume que las condiciones de vida de los sectores populares no son sólo peligrosas por las altas tasas de mortalidad y enfermedad que originan, sino también por ser un espacio fecundo para la disolución de la familia y la perpetuación de vicios que parecen inherentes a viviendas incómodas e insalubres:

“(...) todos los vicios y delitos a que el hombre puede llegar: la embriaguez, la imprevisión, la inmoralidad, el juego (...) son el resultado fatal  a que llega aquel que, falto de un hogar en que albergarse, ocurre a la taberna a buscar la distracción de su espíritu en las malas compañías que lo arrojan en la pendiente (...).

(...) el obrero sin hogar no encuentra ningún lazo que lo una a la familia ni a la sociedad: por el contrario, siempre se le encontrará dispuesto a enrolarse en las filas de los promotores de disturbios y revueltas, desde que no tiene nada que lo ligue a su familia y le haga querida su existencia”[19].

En estas condiciones, la propiedad de alzaba como un mecanismo efectivo de “regeneramiento moral”, una instancia útil de integración y morigeración del conflicto social latente. El fundador, que ya estaba gravemente enfermo, no alcanzó a recibir la concesión de personalidad jurídica ni la aprobación de los estatutos de su institución: la muerte lo atrapó el 21 de julio de 1892 y sin haber aún testado. Sin embargo su familia decidió respetar los deseos expresados antes de morir y acataron punto por punto la voluntad por él manifestada. La viuda, Emiliana Subercaseaux, acudió como heredera y curadora de sus hijos el 5 de agosto del mismo año ante el notario Mariano Melo para ratificar el aporte de $100.000 destinados a la fundación que erigió. Meses más tarde, el 12 de septiembre de 1892, el gobierno concedió la personería jurídica y aprobó los estatutos que regirían la asociación. En ese instante se inicia definitivamente el camino para la construcción del conjuntos de viviendas que dieron vida a la población León XIII.

El primer paso consistió en la búsqueda de terrenos adecuados. El Arzobispo Mariano Casanova vivía en una chacra ubicada en la calle Bella-Vista N° 0550 – frente al puente que hoy lleva su nombre – y recomendó la compra de un terreno vecino al suyo, donde se emplazó definitivamente la población. Este sitio, rodeado por el río Mapocho y el cerro San Cristóbal, se convirtió en el espacio donde emergió la primera población de viviendas sociales en Chile (Figura nº1). Las primeras compras se realizaron el 3 de abril y el 16 de junio de 1893, dándose inmediatamente inicio a las labores de construcción. El Consejo de administración – integrado por un representante de la Iglesia, de la familia y otro a nombre del Municipio – decidió erigir casas de adobe por ser las más baratas y “porque deseaba que los pobres empezaran lo más pronto posible a gozar de las ventajas y favores de la Fundación”[20].

Figura nº 1. Localización en la ciudad de Santiago de conjuntos residenciales construidos por la Fundación León XIII y Sofía Concha en la última década del siglo XIX.

Con la compra del terreno y la construcción del primer grupo de casas, que fueron entregadas solemnemente en septiembre de 1894,  se agotaron los fondos del legado del fundador[21]. Dos años más tarde la viuda de Melchor Concha mandó construir, de su peculio personal, seis casas más y las donó para continuar con la obra. Las viviendas se organizaron en “agrupamiento continuo con gruesos muros encalados y techumbre de tejas de arcilla colonial”[22]. La fachada típica se caracterizaba por una puerta de acceso central en pino oregón y dos ventanas laterales protegidas con barrotes. Las plantas de construcción fueron de dos tipos: una contemplaba la habilitación de cuatro  piezas y un pasillo central, mientras que la otra ofrecía dos o tres piezas y un patio lateral.

Hasta el momento los resultados habían sido satisfactorios, pero no se contaba con recursos para continuar construyendo: la única opción consistió en esperar la acumulación de los arriendos de las casas ya construidas. Sin embargo llegó a manos de la institución un segundo legado. Manuel José Irarrázaval - gran amigo de Melchor Concha y Toro y constante partícipe de sus proyectos sociales - mediante testamento fechado en 19 de noviembre de 1895, hizo un cuantioso aporte a la Fundación León XIII con la única condición de que el heredero del vínculo de su familia formase parte del Consejo. Con su fallecimiento, acaecido en Nueva York en 1896, dicho organismo inició rápidamente el proceso de reforma a los estatutos en la forma deseada por el legador. Como la integración del poseedor del vínculo familiar del testador obligaba a subir el número de consejeros a cuatro y como se temía que tal situación significara caer en sucesivos empates a la hora de tomar decisiones relevantes, se optó por elevar a cinco el total de integrantes del Consejo.

El legado de Irarrázaval se hizo efectivo en dos partidas, las que sumadas dieron un aporte total de $249.787, 28. La primera de ellas permitió iniciar, en mayo de 1899, la edificación de 28 casas, las que siguieron respondiendo a los modelos de plantas con las que se edificaron las primeras viviendas. Sin embargo el Consejo pretendía introducir algunas innovaciones en la construcción y la llegada de la segunda partida, recibida en 1903, fue el momento preciso para intentarlo. Con el deseo de “llegar a encontrar un tipo especial de casa higiénica y barata”[23] se convocó a un concurso entre arquitectos para decidir la construcción más conveniente.

Al certamen concurrieron connotados profesionales entre los cuales fueron elegidos Emilio Jécquier, Ricardo Larraín Bravo, Alberto Cruz Montt y Josué Smith Solar. Estos reputados arquitectos “constituyeron una generación de transición y transferencia de tendencias de la modernidad naciente del siglo XX. Nacidos en Chile, se formaron en Europa y Estados Unidos, lo que les permitió dominar tecnologías innovadoras y recibir las influencias de las nuevas ideas de arquitectura moderna, especialmente en el ámbito habitacional”[24].

A cada uno se le encargó la construcción de cuatro casas de material sólido, de cal y ladrillo. Las variaciones ofrecidas por estos arquitectos definieron distintas opciones de vivienda en cuanto a la fachada, el tipo de agrupación o pareo, el ancho del sitio, la techumbre y el remate superior, el estilo, el número de pisos y la cantidad de recintos de la planta, lo que explica la menor homogeneidad que presentó la calle Capellán Abarzúa, lugar donde se desarrolló esta etapa experimental. Las tipologías que se abrieron paso fueron cuatro (ver Figura nº2): la primera presentaba viviendas con ante jardín y pareadas a ambos costados, de predio angosto, de ladrillo y de un piso; la segunda corresponde a construcciones sin fachada a la calle – adosadas al final del sitio - y pareadas a un costado y al fondo, de predio ancho y también de un piso; la tercera, de fachada continua y pareadas a un costado y al fondo,  responde a un concepto económico de organización en un predio mínimo y en el espacio interior: presenta un piso zócalo y un piso superior a nivel medio de la calle, planteamiento innovador para la época; el cuarto privilegió la fachada continua – pareadas a un costado y al fondo – y se presentó como la mayor tamaño y espacialidad[25].

Figura nº 2. Tipologías de vivienda de la Población León XIII. Fuente: Ferrer, 1911.

El Consejo resolvió finalmente que “el tipo de casa de dos piezas en bajo con pasillos al centro, cocina y patio era el más práctico y el que más agradaba a los obreros”, de manera que ésta fue la tipología con que se inició la construcción de una nueva etapa, entre los años 1903 y 1909[26]. Por la misma época se recibió un legado de Eduardo Marín equivalente a $10.000, los que se invirtieron en la construcción de viviendas en la calle Bellavista.

Si bien se había logrado definir un nuevo estilo de construcción, el Consejo no descansó en su afán por encontrar un modelo cada vez más eficiente y menos gravoso. Este espíritu fue el que los llevó a ensayar la edificación de tres casas de concreto armado en fierro, que resultó ser el sistema ideal: la experiencia de los años y los coletazos del terremoto del 16 de agosto de 1906, que le significó a la fundación desembolsar la suma de $31.000 en reparaciones, demostraron que este sistema de construcción se alzaba como el más económico, pues se evitaban los continuos gastos de refacciones y peligros de incendio, entre otros[27].

Se logró encontrar un modelo óptimo, aún quedaba un extensión considerable de terreno disponible, pero faltaba lo fundamental: recursos. Casi agotados los fondos aportados por la familia Concha y Toro, Manuel Irarrázaval y Eduardo Marín, no le quedó al Consejo otra opción que contraer un préstamo hipotecario de $200.000 para completar la población. Una vez obtenido el dinero, se contrataron los servicios del ingeniero jefe del Consejo Superior de Habitaciones Obreras, Luis Casanueva, para el desarrollo de los planos y la construcción de 42 viviendas de concreto armado en fierro. Se eligieron dos tipos de planta para esta etapa: una de tres piezas, con un costo de $6.100,  y otra de cuatro habitaciones, que demandaba la suma de $7.200 para su construcción.

Los cánones de arrendamiento de las casas antiguas, manteniendo los años acordados para la adquisición, variaban entre 13 y 50 pesos al mes según el tipo de vivienda. Sin embargo, el nuevo tipo de construcción imponía condiciones distintas. Para reducir las mensualidades de las nuevas casas, que por el alto costo de los materiales y la mano de obra resultaron un  poco más elevadas, se decidió – acogiéndose al artículo 20 de la ley de habitaciones obreras promulgada en 1906 -  extender el  plazo de concesión del derecho de propiedad a 20 años. Así, las casas de tres piezas alcanzaron un precio mensual de $53, mientras que las de cuatro uno cercano a los $63. Estas nuevas construcciones fueron inauguradas el 21 de julio de 1912, con ocasión de las celebraciones del vigésimo aniversario de la fundación.

Veinte años tomó la construcción de un total de 164 viviendas que terminaron por cubrir completamente el terreno adquirido por allá por el año 1893 (ver Figura nº3). La Institución León XIII mostró una gran capacidad en la gestión y administración financiera durante los años que duró el proceso de diseño y construcción, a pesar de los cambios políticos  y de las dificultades en la obtención de recursos para las obras.

Figura nº 3. Plano de la Población León XIII.

La obra benéfica pudo convertir al obrero en propietario, entregarle un espacio propio donde cobijar a los suyos. Pero no bastaba con eso: la caridad debía ir acompañada de respeto, lo que obligaba a entregar una vivienda de calidad e higiénica. Un serio interés redundó en construcciones sólidas y lo suficientemente amplias como para asegurar una digna habitación; como pudimos apreciar anteriormente, arquitectos de prestigio se interesaron por desarrollar diseños de habitación popular e intervinieron en la concepción de la fisonomía de la población, lo que confirma la real preocupación por las dimensiones humanas del problema de la vivienda obrera.

El tema de la higiene, por su parte, constituyó uno de los aspectos fundamentales en la construcción de estas nuevas viviendas, toda vez que fue elevado al rango de problema prioritario. Las primeras que fueron edificadas, constaron de habitaciones suficientemente amplias, cocina y un pozo sanitario. En 1906, al construirse el alcantarillado para Santiago, fueron incluidos los colectores para las viviendas de las tres primeras calles de la población. El arquitecto Ricardo Larraín Bravo – el mismo que participó en el concurso de 1903 - fue el responsable del plan de alcantarillado de Santiago e hizo posible que la población disfrutara, al menos parcialmente, de esta importante innovación[28]. Las últimas casas habilitadas tuvieron alcantarillado desde el principio.

Las notorias ventajas higiénicas hicieron a la población León XIII merecedora de importantes distinciones. Recibió el primer premio en la Exposición de Higiene en Santiago y obtuvo medalla de plata en la Exposición de Buffallo[29]. Pero el  reconocimiento más importante llegó en 1912, cuando sus casas fueron “declaradas higiénicas por el Consejo Superior  de Habitaciones Obreras”, lo que les permitió gozar de los beneficios que otorgaba la ley al respecto.

Aunque puede parecer escaso el número total de viviendas que se entregaron en la Población León XIII, el debate que ella generó en torno al diseño de las viviendas y los materiales a utilizar tuvo reminiscencias en la futuras acciones que desarrolló el Estado chileno en materia de casas para obreros. En este sentido, una de las tipologías de vivienda que fue adoptada en la transición del siglo XIX y XX no sólo por los barrios obreros de la beneficencia católica fue el “cité”. Fue precisamente Melchor Concha y Toro quien encargó al arquitecto francés Emilio Doyere, en 1890, que proyecte un conjunto de vivienda para sus familiares y amigos en mala situación económica. El esquema trazado por Doyere correspondió a lo que se conoció posteriormente como “cité”, definido como un “conjunto de viviendas, generalmente de edificación continua, que enfrentan un espacio común, privado, el que tiene relación con la vía pública a través de uno o varios accesos. Su denominación tiene como origen esta forma especial de relacionarse con el espacio público que recuerda la ciudadela medieval amurallada”[30].

El número de casas de cada conjunto fue variable, cuando fueron dirigidos a los estratos obreros fueron de mayor cantidad que los dirigidos a sectores medios; los de menor superficie en general, contaban con dos o tres habitaciones, baño, cocina y en ocasiones un pequeño patio. Estas agrupaciones de viviendas se incorporaron a la trama urbana sin alterarla, por el contrario, densifican el interior de las manzanas, originando a un tipo de residencia que aún perdura[31].

Otra de las instituciones vinculadas a la fundación León XIII y por consecuencia a la Beneficencia Católica, fue la institución Sofía Concha, que lleva el nombre de la hija del Melchor Concha y Toro. Dicha asociación tuvo por “objeto proporcionar al pueblo habitaciones sanas y de bajo precio, destinando el producto del arrendamiento a la construcción de nuevos barrios análogos”[32]. Bajo su acción en la década de 1890 se construyeron dos conjuntos de viviendas ubicadas en el límite sur de la ciudad de Santiago. Esos conjuntos fueron la Población Pedro Lagos, con 133 viviendas, y Mercedes Valdés, con 60 casas. La primera de ellas estuvo compuesta por tres bloques de viviendas, aislados y paralelos entre si, “separados por avenidas de 8 metros de ancho (...), cada uno de los cuerpos del edificio constaba de dos series de piezas (habitaciones) que miran a las avenidas y que interiormente se unen por dos series de patios (...) en la cabecera del cuerpo central y sobre el trayecto de la acequia de agua corriente existe un departamento dedicado al servicio de todos los locatarios y que consta de ocho letrinas de madera independiente unas de otras y una lavandería con 18 artesas construidas de material sólido, cal y ladrillo, revestidas con cemento”[33].

La descripción citada hace pensar en un conjunto de habitaciones de carácter colectivo, constituyendo lo que se llamaba en la época un “conventillo higiénico”. La Población Pedro Lagos se componía de habitaciones individuales que tenían un tamaño cercano a los 22,5 m² con un patio de 15 m², sumando en total una superficie de 35,2 m². En los patios se construyó un alero de 60 centímetros que cubría parte del cielo y se ubicaron con preferencia las cocinas.

Este conjunto construido en condiciones mínimas se diferencia de la Población Mercedes Valdés que fue catalogado en su época como “una de las mejor edificadas en esta clase de construcciones”[34]. Fueron 60 viviendas ubicadas en la misma zona de la Pedro Lagos (Figura nº1), se construyó en un terreno de aproximadamente 8.300 m². Cada casa tuvo cuatro piezas o habitaciones y un corredor en el patio para la cocina. Una descripción realizada a poco transcurrir de su construcción señalaba que:

“Todas las casitas son construidas de material sólido, estucadas por fuera  y enlucidas y empapeladas por dentro. Los pisos y cielos son empapelados y pintados. Las puertas, ventanas y escaleras son de raulí con una mano de aceite y enceradas. Los patios son empedrados y las acequias de cal y ladrillo abovedadas en las partes que atraviesan las casas y estucadas con cemento”[35].

Como se puede constatar la beneficencia católica construyó distintos tipos de viviendas, tratando de cubrir a grupos populares con diferente capacidad de ahorro. Estos conjuntos descritos comenzaron a delinear a la geografía social de la ciudad, agrupando población de similar nivel socioeconómico en áreas delimitadas de la capital chilena. Además se da una forma preconcebida a la ciudad a través de agrupaciones de viviendas de similares características constructivas, que van marcando el paisaje urbanístico de Santiago.

En el contexto internacional tipologías de este tipo se ensayaron en otros países de América y Europa, donde también la beneficencia y la filantropía católica cumplieron su labor. Un estudio realizado para el caso de Barcelona señala que en esa ciudad a fines del siglo XIX el problema de la vivienda era “particularmente grave, por su incidencia en las estructuras urbanas, incapaces por sus bajos salarios de pagar el alquiler de un piso digno y sometidos a la avaricia y arbitrariedad de los arrendadores, las clases populares se amontonaban en sótanos y habitaciones sin las suficientes condiciones higiénicas”[36]. En esta última ciudad la beneficencia estuvo asociada a un conjunto de instituciones desde las salas cuna y los hospicios hasta los centros correccionales que se crearon para conseguir formar una base popular que contribuyera a la fuerza laboral y asegurar el orden social.

En Europa las sociedades de beneficencia también se constituyeron como entes constructores de viviendas obreras. La idea de que los problemas sociales se superaban a partir de la caridad predominaba en la mentalidad liberal decimonónica, que no era sólo atingente al caso chileno. Un estudio reciente de la vivienda social en Madrid en el primer tercio del siglo XX, apunta que en España en el período de la Restauración, numerosas voces señalaban que las diferencias entre pobres y ricos eran inevitables. La fortuna material reflejaba el esfuerzo individual de cada persona y que la caridad cristiana y la beneficencia debían ser antepuestas a las tesis del socialismo[37].

En términos de instituciones de caridad, el estudio aludido da el ejemplo de la Constructora Benéfica, fundada en Madrid en 1875, dedicada a proporcionar a trabajadores, viviendas higiénicas, cómodas, económicas e inculcando hábitos de orden y aseo[38]. Promovía en sus estatutos algunos elementos comunes a aquellas de las sociedades cristianas chilenas, como aquellos relativos al cumplimiento de unas normas de comportamiento y puntualidad en el pago del alquiler.

Consideraciones finales

Los antecedentes expuestos configuran el marco de lo que será la promulgación en 1906 de la Ley de Habitaciones Obreras, normativa que dio el inicio de una serie de actuaciones que ha realizado el Estado chileno hasta nuestros días para dar solución al problema de la vivienda, en favor de los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

Una parte considerable de las medidas para controlar el problema de las habitaciones malsanas a finales del siglo XIX estuvieron dadas por aquellas acciones vinculadas a la salubridad pública.  

La actividad desarrollada por las sociedades de beneficencia públicas, dieron a lugar la edificación de las primeras viviendas sociales en Chile, situación que empezó a finales del siglo XIX.

La experiencia adquirida a partir de dichas instituciones, tuvo sus reminiscencias en la formulación de la política habitacional de las primeras décadas del siglo XX. Las tipologías de las unidades residenciales construidas por aquellas instituciones fue una de las características de los conjuntos de viviendas que se levantaron gracias a la ley de 1906. Ellas contribuyeron a conformar una parte de la geografía social de la ciudad y del paisaje residencial .

 

Notas y referencias bibliográficas