Las políticas de atención a las necesidades de los inmigrantes extranjeros de escasos recursos

LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS DE ESCASOS RECURSOS

Las políticas de atención a las necesidades de los inmigrantes extranjeros de escasos recursos (Resumen)

Los problemas a que se enfrentan los inmigrantes extranjeros tienen que ver con la adaptación a las condiciones del mercado laboral, que en España posee una fuerte presencia de la economía informal, y con el acceso a la vivienda, a la educación y a la sanidad. Desde una perspectiva individual o familiar las necesidades de los inmigrantes extranjeros son similares a las del resto de los grupos populares. Cuestión distinta es considerar la inmigración en relación con las necesidades de la economía en general, las necesidades del Estado o las que se plantean en los medios locales en que viven y trabajan los inmigrantes. Abordar el tema de la inmigración extranjera implica poner en cuestión aspectos fundamentales de la forma de vida, o de la organización económica y política del país.

Palabras clave: inmigración extranjera, políticas sociales, políticas migratorias, necesidades de los inmigrantes.

The politics of assistance to foreign immigrants of scarce resources (Abstract)

The problems that foreign immigrants face are related to the adaptation to the conditions of the labor market, which in Spain has a strong informal sector, and also to the access to housing, education and health care. From an individual or household perspective the needs of foreign immigrants are similar to those of the other less privileged groups in the country. Another question is to consider the needs of the economy in general, the needs of the State or of those related with the local environment where immigrants live and work. If we approach the topic of foreign immigration it implies that we question fundamental aspects of the way of life, or the economic and political organization of the country.

Key Words: foreign immigration, social policy, migratory policy, immigrants needs.

La inmigración de extranjeros plantea problemas de ciudadanía y de integración cultural. En estas Jornadas Europeas sobre Inmigración dichos problemas han sido ya debatidos ayer, los primeros, en la sesión dedicada a Ciudadanía, o lo serán mañana, los segundos, en la dedicada a Cultura e Identidad. La de hoy parece, en principio, una jornada muy fácil y cómoda: desde el punto de vista social podríamos afirmar que los inmigrantes no necesitan nada de forma particular[1].

Esto es así porque los inmigrantes extranjeros, si son ricos no tienen falta de nada, ya que ellos mismos o las empresas en que trabajan atienden a sus necesidades. Y los que pertenecen a los grupos con menos recursos solo precisan, al igual que el resto de los grupos populares, de una política social que les facilite unas condiciones de vida dignas.

Por tanto, es de eso de lo que debemos hablar hoy, de la política social para los grupos populares, incluyendo los extranjeros con pocos recursos; es decir hemos de hablar de impuestos, de redistribución de la riqueza, de la política de vivienda social, de la educación y de la sanidad para todos.

Otra cosa es que hablemos de las necesidades de la economía de cada país o de la Unión Europea en general; o que lo hagamos de las necesidades del Estado y de las que se presentan en los medios locales en que viven o trabajan los inmigrantes cuando se generan tensiones en la convivencia.

En esta intervención me referiré, primero, a las necesidades que tienen los inmigrantes en tanto que forman parte de los grupos populares de población en España, sean nacionales o extranjeros. De las necesidades de los inmigrantes de rentas altas o procedentes de países ricos (directivos y técnicos de empresas extranjeras, misioneros de diferentes confesiones religiosas, estudiantes con becas o recursos propios, diplomáticos, pensionistas que se instalan en urbanizaciones costeras, etc.) no tenemos necesidad de hablar en esta ocasión, por las razones señaladas.

El argumento principal del texto que he preparado es que abordar el tema de la inmigración extranjera implica poner en cuestión aspectos fundamentales del modelo de organización social y política que tenemos.

La importancia que ha adquirido recientemente en España, el fenómeno de la inmigración de ciudadanos extranjeros plantea problemas hasta ahora desconocidos en nuestro país. Por ello hay un interés especial por conocer los planteados en otros países europeos y a diferentes escalas, desde los espacios rurales a las áreas metropolitanas, las regiones y el conjunto del territorio estatal.

Desde la perspectiva de la sesión de hoy, podemos decir que los problemas a que se enfrentan los inmigrantes extranjeros en España tienen que ver con la adaptación a las condiciones del mercado laboral y con las exigencias para tener condiciones de vida dignas, semejantes a las de los ciudadanos nacionales. Esos problemas pueden enumerarse fácilmente: se refieren esencialmente al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la convivencia.

Ante todo, los inmigrantes han de encontrar un puesto de trabajo. Lo que requiere la existencia de una demanda y una información transparente sobre las oportunidades en el mercado laboral, que no siempre se da. La tendencia creciente a ofrecer trabajo temporal, trabajo informal y contratos precarios afecta por igual a nacionales y extranjeros. Los problemas que pueden plantearse derivan de la situación legal y, en concreto, de la existencia de inmigrantes indocumentados, 'sin papeles', que les ponen a merced de los empresarios sin escrúpulos y de las mafias.

El funcionamiento del mercado laboral está afectado por la importancia de la economía informal y de las modalidades de contratación formal. El desarrollo de la economía sumergida afecta sensiblemente al trabajo de los inmigrantes.

Las economías europeas necesitan, a la vez, trabajadores cualificados y no cualificados. Los inmigrantes cualificados que son demandados no tienen problemas de incorporación al mercado laboral y, por sus salarios elevados, tampoco de vivienda o educación.

El mercado de trabajo está fuertemente segmentado, y la inmigración extranjera extracomunitaria se dirige esencialmente al no cualificado (tales como jornaleros agrícolas, construcción, repartidores, industria sumergida, hostelería, servicios de atención personal y doméstico). Los inmigrantes necesitan en este sentido de una información transparente en sus lugares de origen y en los de llegada, así como información general sobre la demanda en los diferentes países y en el conjunto de la Unión Europea. El problema es que esta información no existe hoy, lo que provoca grandes desajustes en lo que se refiere a la mano de obra comunitaria, reconocidos por los gobiernos como tendremos ocasión de señalar; si ocurre así para los comunitarios, podemos suponer que se presentarán mucho más para los inmigrantes extracomunitarios; aunque éstos pueden tener la ventaja de la existencia de redes familiares y sociales de carácter transnacional que les proporcionan informaciones sobre las posibilidades existentes en los diferentes países en los que se extienden (redes de marroquíes, pakistaníes, kurdos, turcos, etc.).

Hemos de tener en cuenta que en realidad existen dentro de España, como en otros países, diferentes submercados laborales. El mercado de los trabajos cualificados funciona de una manera distinta al de los no cualificados. Y en éstos, unas veces es la fuerza física la que se aprecia independientemente de cualquier otra cualificación (como en muchos trabajos agrícolas y en la construcción), y otras la confianza, el trato y el carácter (por ejemplo para el cuidado de ancianos...). Las redes sociales existentes pueden dirigir a los inmigrantes hacia determinados trabajos (marroquíes como cargadores de butano, pakistaníes como vendedores de flores, ecuatorianas como empleadas domésticas, etc.)

El otro gran problema es el del acceso a la vivienda, en alquiler o en propiedad. Estos grupos populares, al igual que los nacionales de pocos recursos, han de ocupar con mucha frecuencia formas de infravivienda[2]. A ello hay que sumar, en el caso de los inmigrantes, las dificultades añadidas que puedan derivarse del rechazo que su comportamiento, sus prácticas culturales o sus rasgos étnicos puedan tener para otros vecinos, y los problemas de convivencia que ello plantea, de lo que hablaremos más adelante.

El mercado de la vivienda es como el laboral- muy poco transparente, al menos en España. La población autóctona tiene muchas dificultades para acceder a la vivienda, que además es muy cara. No existe en estos momentos una política de construcción de vivienda pública de alquiler o de acceso a la vivienda para los grupos populares. Según un estudio reciente, solo una de cada 25 viviendas de nueva construcción en Cataluña tiene protección oficial, y el aumento del precio de la vivienda es galopante: se ha incrementado un 35 por ciento desde 1998, es decir en solo cuatro años[3]. Conviene, por tanto, matizar las manifestaciones que a veces se hacen sobre la exclusión de que son objeto los inmigrantes respecto a las políticas sociales de acceso a la vivienda, y las consecuencias de ello sobre su marginalidad. Se trata, en realidad, de un problema más general. Facilitar el acceso a la vivienda de los grupos populares, incluyendo los inmigrantes que la necesiten, significa una política de construcción de vivienda social o vivienda pública por el Estado y fuertes apoyos a la vivienda social construida por la iniciativa privada.

El problema es especialmente grande en España porque la proporción de viviendas en alquiler es la más baja de toda Europa: solo un 14 por ciento es de alquiler y solo un 2 por ciento puede considerarse de alquiler social, frente a cifras muy superiores en todos los demás países europeos[4]. A ello se une un elevado número de viviendas vacías en situaciones diversas (ruinosas, en expectativa para los hijos, como inversión, para uso de segunda residencia o alquiler durante el verano...). Un impuesto adecuado para esas viviendas estimularía, seguramente, su lanzamiento al mercado.

Los problemas que tienen los inmigrantes para alquilar pisos son grandes. La petición de contratos de trabajo, nóminas, informes, adelantos y avales bancarios por parte de los propietarios es una práctica habitual que afecta a todos los que pretenden alquilar una vivienda en las grandes ciudades españolas, y especialmente a los jóvenes. Y sin duda se agravan cuando el aspirante es un inmigrante indocumentado o no regularizado. Por ello las peticiones de las asociaciones de inmigrantes para recibir ayuda pública para alquilar pisos[5] son legítimas. Se necesita algún tipo de acompañamiento que facilite el acceso a la vivienda. En concreto, podemos imaginar la puesta en marcha de programas bien estructurados y dotados, más allá del voluntarismo de las ONG y de entidades sociales; programas que permitan, por ejemplo, establecer procedimientos para la concesión de avales por parte de instituciones públicas o privadas, tanto en el caso del acceso a viviendas de alquiler como para la obtención de créditos hipotecarios para la compra.

Asimismo es posible imaginar la puesta en marcha de servicios públicos de acogida y orientación de los inmigrantes, para que al llegar no dependan solo de familiares, amigos y mafias en la información sobre el acceso a la vivienda.

Respecto a la educación de los hijos, los problemas son también similares a los que se presentan a los hijos del conjunto de las clases populares. Se necesita una escuela que sea eficaz y que eduque para la convivencia, lo que normalmente significa una escuela pública de calidad y con recursos, laica y sin enseñanza de la religión. Esto no existe en España.

Dicho eso, hay que añadir que los hijos de inmigrantes pueden necesitar un esfuerzo pedagógico suplementario por los problemas de la lengua o del ambiente cultural familiar, lo que exige una dotación complementaria y actividades de refuerzo. Todos los otros problemas que podamos imaginar (contenido de los programas de estudio y de los libros de texto) son similares a los que se plantean para el sistema educativo general. Si las elevadas cifras de fracaso escolar que existen en el sistema educativo español han sido repetidamente denunciadas desde hace años, podemos imaginar que la situación puede ser mucho más grave para hijos de inmigrantes extranjeros con problemas de adaptación y de lengua. De todas maneras, también se conocen numerosos casos de familias de inmigrantes muy estructuradas y con deseo de prosperar que hacen un esfuerzo considerable y exitoso para la educación de los hijos, lo que a veces puede despertar las envidias y el rechazo de familias españolas desestructuradas y con hijos que fracasan en sus estudios.

Puede existir un problema suplementario, el que se refiere a la educación de los adultos para una mejor adaptación al nuevo medio de acogida (especialmente la lengua). Esas cuestiones han de resolverse en el mismo marco de la educación general de adultos, aunque con el refuerzo pedagógico correspondiente.

Problemas específicos pueden existir asimismo en relación con las mujeres inmigrantes y los niños.

Las mujeres inmigrantes son cada vez más numerosas y pueden proceder de ámbitos culturales en los que se encuentran en situación de inferioridad o segregación, inaceptable para nuestro ordenamiento legal y nuestras costumbres[6]. Es preciso asegurar la igualdad de oportunidades. En este sentido la migración supone muchas veces una posibilidad de liberalización de la mujer, ya que concede a ésta un papel importante en las estrategias de obtención de recursos familiares[7]. En cuanto a la cuestión de la prostitución y la explotación sexual o la violencia doméstica son temas que pueden plantearse para todas las mujeres sin distinción, y no necesitan de un tratamiento específico distinto al marco legal general.

En lo que se refiere a los niños inmigrantes, los problemas solo se plantean cuando llegan sin familia. Los llamados niños de la calle han existido siempre en las grandes ciudades. Este problema puede relacionarse hoy con la existencia de familias desestructuradas o que explotan descaradamente a los niños. Pero es similar al que se ha podido dar en el pasado. Puede ser significativo para tener una perspectiva histórica- un texto referente a este problema:

En una ciudad populosa (...) es notorio el número de muchachos completamente abandonados por sus familias, expósitos en gran parte, que viven sin ocupación, que andan de calle en calle y de plaza en plaza, durmiendo al raso en los pórticos de las plazas, en las mesas de los mercados, o debajo de las barcas del muelle, y todos esos seres, por su abandono, su género de vida, su miseria física y moral, son indefectiblemente destinados a vivir meses y años en la cárcel o en presidio; generalmente son conducidos a menudo a la casa consistorial, en cuyo calabozo pasan uno o dos días, pero a quienes no se puede procesar porque los hechos de que se les hace cargo ni tienen importancia o no están previstos en el código penal y pasado ya el período de una detención pura y esencialmente gubernativa (aunque en el fondo ilegal) no hay otro recurso que ponerlos en libertad para volver a los pocos días, a veces horas, a ser detenidos por hechos análogos.

La descripción corresponde a la Barcelona de finales del siglo XIX y fue realizada por P. Armengol y Cornet en un proyecto para crear una escuela especial destinada precisamente a la educación de estos niños, la llamada Escuela de Reforma[8].

Podemos reproducir todavía otro texto sobre la Barcelona del último año del siglo XIX, que puede servir para igualmente relativizar con una perspectiva histórica la situación actual:

Desconsolador por lo repugnante era el cuadro que ofrecía Barcelona en 1899. Tropezábase por todas partes con ancianos cubiertos de pingos; hombres demacrados cuyos rostros denunciaban las huellas de devoradora anemia; mujeres sucias y desgreñadas; seres inútiles exponiendo al público sus atrofiados miembros o falta de algunos de ellos; idiotas, ciegos, paralíticos y mudos, agitando campanillas y lanzando gritos guturales; y finalmente, huestes de tiernas criaturas, especie de monos sabios que al acercarse al viandante solicitando una limosna, las más de las veces hacíanlo con la exclamación desgarradora ¡tengo hambre![9]

Otra cosa es el tema de los niños que llegan solos, sin familia. En relación con ellos hay que diseñar políticas de acogida y repatriación, así como pensar en los equipamientos necesarios para su atención.

Los inmigrantes extranjeros han de tener derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles. Igualdad de condiciones significa sometidos al mismo régimen general de cotización de la Seguridad Social, y con la posibilidad de afiliarse a mutuas sanitarias privadas.

Problema especial plantean, sin duda, los inmigrantes clandestinos. Se han de estudiar con cuidado las medidas a adoptar, y creo que en ese sentido serán muy interesantes la experiencia y las soluciones de otros países europeos.

Una cosa está clara, sin embargo, en lo que se refiere a la sanidad. La creciente movilidad de la población (turismo, negocios, migraciones) plantea nuevos y graves problemas sanitarios, que van a exigir una profunda reforma de nuestro sistema de salud. La difusión de enfermedades infecciosas tropicales y el "retorno de las epidemias"[10], constituye una situación nueva ante la que el sistema sanitario no está suficientemente preparado.

Además de las perspectivas individuales y familiares hasta ahora tratadas, debe también incorporarse otra, la que se refiere a las necesidades de la economía en general. Las cifras concretas de inmigrantes que se requieren realmente y las características del movimiento son aspectos importantes a considerar.

Casi todos los estudios existentes sobre la evolución reciente de la población europea afirman que se necesitan inmigrantes. Los argumentos principales se refieren a la falta de mano de obra y al envejecimiento de la población. El reciente libro sobre la población de Europa de Graciela Sarrible y Javier Martínez insiste en el hecho del envejecimiento de la población europea y la transformación de los tipos de hogares y de familias, ante lo cual se estima que la inmigración es la única posibilidad de sostenibilidad de los modelos asistenciales, lo que es especialmente válido respecto a España, debido al importante descenso de la fecundidad en este país.

De manera similar opina Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y coordinador de un número reciente sobre la migración. En esa obra, y en algún artículo de prensa, ha defendido que el porcentaje de población extranjera residente en España es todavía de los más bajos de Europa, que es imposible imaginar un crecimiento sostenido de la economía española sin inmigración, y que el incremento de ésta será directamente proporcional al crecimiento económico y al diferencial de rentas con los países de nuestro entorno; ha recordado que el Instituto Nacional de Estadística estima que las entradas previstas en el período 2002-2005 ascienden a 772.000 inmigrantes en relación con las necesidades de la economía[11].

Los empresarios, desde luego, coinciden plenamente con la apreciación de la falta de mano de obra. Ya se sabe que en el sistema capitalista una mano de obra abundante presiona a la baja los salarios, cosa muy favorable para los beneficios de la empresa o para asegurar la competitividad. Es cierto que los bajos salarios permiten la continuidad de ciertas empresas, que sólo son competitivas en esas circunstancias. La prensa nos informa una y otra vez de las pretensiones que tienen.

La aportación de los inmigrantes a la economía del país de acogida es un tema que ha sido ya objeto de numerosas valoraciones. Esta aportación no solo se refiere a la fuerza laboral que proporcionan, sino que puede intentar medirse también tanto en lo que se refiere a los gastos e ingresos generados por los inmigrantes en el sector público (gastos estimados en favor de los inmigrantes, por un lado; y aportaciones a la Seguridad Social menos gastos de salud y desempleo, por otro), como en el impacto de los inmigrantes sobre el sector privado de la economía a través de gastos en la vivienda, alimentación, gastos personales básicos, en cultura, en vacaciones y otros. En el caso de España un reciente estudio sobre inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid muestra que tanto en lo que se refiere al sector público como al privado su aportación es positiva, aunque todavía bastante reducida[12].

Los inmigrantes que se integran en el sistema de la Seguridad Social realizan una aportación mayor que el gasto que generan, ya que son relativamente jóvenes y tardarán en tener la edad de cobrar pensiones. El citado estudio insiste también en que los datos disponibles muestran que a corto plazo la aportación de los inmigrantes "es esencial para el próximo futuro de nuestra economía"; el trabajo que aportan llena aquellas ocupaciones socialmente poco estimadas por los nativos, los cuales las rechazan debido a las posibilidades nuevas que abren la disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población, el aumento de los niveles educativos y el crecimiento de la renta.

Las cifras concretas de inmigrantes realmente necesarios son muy diferentes de unas a otras fuentes. Casi nunca se sabe como se han calculado. La impresión que se tiene es que la mayor parte de esas declaraciones poseen escaso valor, excepto uno fundamental: permiten entender los intereses y estrategias que poseen los que las defienden (empresarios, cámaras de comercio o agrupaciones patronales).

Hay que reevaluar con detalle esas cifras y los cambios que ha habido en ellas a lo largo de los últimos años. Los estudios existentes son muy discutibles, tanto los realizados por especialistas como los que efectúan a veces instituciones solventes. Por ejemplo, el reciente informe del Banco Central Europeo[13] afirma que España necesita "agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes", y sobran "trabajadores sin cualificar, dependientes, empleados del sector servicios y comerciales". Sin contar con la sorpresa de que sobren empleados de servicios comerciales y se necesiten comerciantes, parece difícil que falten pescadores cuando el sector está en una fuerte crisis por la escasez de caladeros. Y sin duda sobran otros muchos que no están señalados, por ejemplo abogados, sobre lo que existe abundante información, y que en cambio se señalan como sobrantes en Portugal, país en el que, además, parecen sobrar directivos.

Por otro lado, cuando se alude a la movilidad de la fuerza laboral se dan ejemplos comparativos que tienen poca validez. Por citar un caso, el informe del Banco Central Europeo señala que "mientras que en Estados Unidos la movilidad es algo inherente al trabajador", "en Europa, y en particular en España, el trabajador es mucho más proclive a quedarse en el lugar en le empresa en la que empezó". Pero Europa no es Estados Unidos, ya que aquí los diferentes Estados tienen leguas y tradiciones culturales distintas, lo que explica las reticencias que puede haber a cambiar de lugar, que solo se hace en situaciones límite o con fuertes expectativas de mejora.

Los estudios existentes muestran que, en el caso de España, una buena parte de la inmigración que llega realiza trabajos de carácter temporal y poco calificados, independientemente de la calificación profesional que poseen. La encuesta de 1994 sobre la integración de los inmigrantes extranjeros en España indicaba que solo el 51,9 por ciento trabajaba todo el año, el 17,6 por ciento de ellos estaban parados y el 21,8 por ciento trabajaba solo algunos meses; otro 3,7 por ciento eran amas de casas, un 2,9 por ciento estudiantes y un 0,5 por ciento jubilados[14]. Otros estudios muestran que la mayor parte de la inmigración se emplea en trabajos poco cualificados, y concretamente las mujeres en el servicio doméstico, los hombres en la construcción y como camareros[15]. En general hay una infrautilización del capital humano de la inmigración, ya que los empleos que consiguen no requieren conocimientos más allá de la enseñanza primaria y no tienen nada que ver con la preparación que poseen; es decir, no se da la situación de que a mejor preparación mejores trabajos y sueldos[16].

Podríamos defender que una buena parte de la inmigración extranjera en realidad no es necesaria. Ya lo he señalado en otra ocasión[17] y he dado argumentos sobre ello, que pueden resumirse aquí.

La fuerza laboral puede incrementarse no solo por la inmigración sino también por la disminución del desempleo, el aumento de las tasas de actividad laboral femenina, el retraso en la edad de la jubilación y, a más largo plazo, el aumento de la fecundidad. Pero a ello puede unirse el aumento de la productividad que permita producir más con menos fuerza de trabajo y la existencia de equipamientos sociales que no hagan necesaria una mano de obra inmigrante mal pagada para los servicios personales de atención a los ancianos; finalmente, en lo que se refiere a las tareas domésticas, es posible imaginar un reparto más equitativo de las mismas en la familia.

No podemos desarrollar ahora en detalle estos argumentos. Nos limitaremos a recordar que las cifras de paro en España se encuentran en torno a 5 puntos por encima de la media europea, mientras están llegando inmigrantes extranjeros para realizar ciertos trabajos. Y todavía podría aumentarse la fuerza laboral con la incorporación de la mujer al trabajo y el retraso en la edad de la jubilación.

En la Unión Europea se necesita a la vez personal calificado y no calificado. Ante todo, personal calificado, y especialmente técnicos en informática. De ello se ha hablado repetidamente por parte de gobiernos y patronales. Pero también personal no cualificado. Según el informe del Banco Central Europeo[18] en muchas regiones de la Unión "el 50 por ciento o más de las vacantes exige un bajo nivel de educación" (cursivas añadidas). Eso seguramente explica que se esté olvidando el ideal social de una educación superior para todos, y que las reformas educativas que se acometen prevean ahora itinerarios diversos, que han de decidirse tempranamente (a los 12 años incluso) y conducen a empleos poco cualificados, en una selección que perjudica especialmente a los hijos de las familias modestas.

La respuesta a porqué esos empleos no se solicitan por ciudadanos europeos, a veces desempleados, es que no son atractivos porque están mal remunerados. Los trabajos que se demandan son estacionales, mal pagados y con contratos precarios o, incluso, con acuerdos puramente verbales. Es lógico que los europeos no los quieran y que se den a inmigrantes extranjeros. Estamos hablando de empleados de hogar, pescadores, marinos, mineros, campesinos, empleados de la hostelería y de los servicios personales.

La solución es clara, pagarlos mejor, e introducir mejoras en los sistemas de producción y de trabajo.

En lo que se refiere a la agricultura es significativo que se necesiten cada vez más trabajadores agrícolas eventuales al tiempo que en España cada día la agricultura y ganadería pierden 140 pequeños agricultores y ganaderos[19]. Los hijos de los propietarios agrícolas rechazan frecuentemente hacer el trabajo que realizaron sus padres en explotaciones intensivas e invernaderos. Y en los servicios personales son las tareas pesadas y mal pagadas las que se rechazan por los nacionales. Como comentaba una inmigrante ecuatoriana: "lavamos viejitos por cuatro euros la hora, ¿qué español quiere eso"[20]. Y tienen razón: las trabajadoras familiares que trabajan en empresas y cooperativas contratadas por los ayuntamientos de Cataluña cuidando, lavando y aseando ancianos acaban de hacer una huelga porque no quieren realizar esa tarea a 5,05 euros la hora, y rechazan las condiciones de un trabajo que tiene un alto coste físico y emocional[21].

Puede imaginarse que si las inmigrantes ecuatorianas o peruanas que hoy se dedican a realizar servicios personales no hubieran llegado, lo salarios serían más elevados y tendrían una consideración que hoy no poseen. Y seguramente muchas mujeres españolas de edades intermedias que hoy no trabajan entrarían en el mercado laboral, con lo que tendrían un salario mejor que el que se paga actualmente, contratos y seguridad social, con la posibilidad de contar luego con una pensión de jubilación.

En todo caso, creo esencial señalar que si se dan argumentos económicos para defender la necesidad de inmigrantes, también se han de imputar en el cálculo el coste de los problemas y nuevas necesidades que eventualmente se planteen (en vivienda y educación esencialmente) y se ha de decir claramente quién lo ha de pagar (incluyendo el coste por los conflictos que puedan surgir, culturales o de convivencia).

Porque podría ser que cuando se habla de beneficios nos estemos refiriendo no a los de la sociedad en general, sino a los beneficios de unos pocos (especialmente, empresarios que desean mano de obra barata, clases medias y populares que se benefician de un servicio doméstico a bajo coste, propietarios de viviendas que se alquilan a precios abusivos).

La estrategia de los empresarios y a veces de los gobiernos en su nombre- ha sido siempre la de buscar mano de obra barata allí donde se encuentre. Ha sido sistemáticamente seguida a partir del siglo XIX, desde la colonización europea del Norte de África a la colonización de las tierras agrícolas americanas o el trabajo en la minas y en la industria. En ningún caso el bienestar de la población migrante ha entrado en las preocupaciones de los empresarios, sino solamente el beneficio económico que se puede obtener con esa mano de obra más barata que la disponible. En caso de necesidad, la sustitución de la fuerza laboral inmigrante por otra todavía más barata se ha hecho sin ningún remilgo[22].

Eso mismo sigue sucediendo en la actualidad, por razones puramente empresariales o como resultado de las normativas gubernamentales, lo que puede plantear conflictos inesperados.

En los casos de agricultura intensiva en pequeñas explotaciones familiares muy divididas, como es el de los frutales de Lérida, la fresa en Huelva o los invernaderos en el Campo de Dalías, es difícil adaptar la demanda de trabajo de las diferentes explotaciones, o negociar los cupos o la llegada de trabajadores regulares y con contratos. Muchas explotaciones están en el límite de la rentabilidad y no controlan los precios. Por eso contratan a inmigrantes ilegales con bajos salarios, y a veces con un sistema de contratación diaria y al ojeo, herencia de prácticas tradicionales para la contratación de jornaleros en el campo andaluz. A veces el pequeño agricultor contrata inmigrantes porque ya no puede seguir sobreexplotándose él mismo o su mujer por ser viejos o tener achaques, al tiempo que sus hijos se niegan a seguir esa profesión: se han explotado a sí mismos durante años y ahora explotan a los inmigrantes extranjeros, como ocurre en El Ejido[23] o en Lérida.

Muchas veces la regularización de un trabajador inmigrante por un propietario no resuelve las situaciones a que se enfrenta el propietario agrícola, pues puede ocurrir que una vez regularizado y con papeles el inmigrante abandone el trabajo del campo y se vaya a otros lugares, especialmente urbanos[24]; lo cual resulta lógico desde el punto de vista del trabajador, que tiene derecho a buscar otro empleo, pero no desde la perspectiva del empresario agrícola que necesita mano de obra.

Hemos de tener en cuenta que los inmigrantes no vienen a realizar los trabajos que los nacionales no quieren, sino simplemente a trabajar. Y conviene recordar que con mucha frecuencia los inmigrantes son de origen urbano y llegan a Europa pensando en trabajar en la ciudad, es decir, en la industria y los servicios. No se imaginan que van a trabajar en la agricultura y eso les crea frustraciones. No es como el campesino murciano o andaluz que iba a la temporada de la vendimia a Francia y pasaba de un trabajo agrícola a otro del mismo tipo. Aquí se produce frecuentemente un trauma, que explica la aceptación de cualquier trabajo para sobrevivir, pero también el rechazo de mismo, la huida a la ciudad, a una ciudad que tampoco tiene empleos sobrantes para ofrecer. De donde el desempleo, la frustración y la posible caída en el delito. Además de generar odio que puede volverse contra nosotros mismos en el futuro, agudizando los conflictos.

En la agricultura, a una situación de inmigración libre y no regulada en la que se contrataban trabajadores magrebíes, subsaharianos, y gitanos portugueses está sucediendo otra en la que, como resultado de la aplicación de la ley de extranjería, se rechaza a los trabajadores sin permiso de residencia, y se busca la firma de acuerdos en origen. El caso de la fresa de Huelva y de las explotaciones de frutales de Lérida es significativo, ya que en esa situación el gobierno ha estimulado la búsqueda de mano de obra en Rumania y otros países de Europa oriental, imitando en eso una política seguida en toda Europa desde 1989[25]. Lo cual ha dado lugar a graves enfrentamientos con otros grupos de inmigrantes que eran tradicionalmente empleados[26].

En general, la inmigración clandestina tiene que ver en parte con la economía sumergida y el empleo precario, a la vez que contribuye a su mantenimiento. Muchas empresas o explotaciones funcionan irregularmente, sin una contabilidad adecuada, o con contabilidades paralelas, sin contratar legalmente a los trabajadores o jornaleros que necesitan. Eso ocurre unas veces por avaricia y otras porque para ser competitivos no pueden pagarles más; y sucede también porque hay toda una aceptación social y gubernamental de la economía informal y subterránea, de la defraudación a Hacienda, y de la picaresca.

Los trabajadores indocumentados solo pueden trabajar en la economía informal. Esos bajos salarios y la ausencia de regularidad les impiden acceder a la seguridad social y a otros recursos sociales. Es una situación que segmenta a la clase obrera e impide el asociacionismo y la lucha sindical para obtener mejoras salariales y sociales. La inmigración clandestina refuerza la atomización de la clase obrera que deriva de las condiciones actuales de trabajo con la precarización del empleo, la división de la gran empresa, la jubilación anticipada y el paro. Se refuerza así la descolectivización de las relaciones laborales, que tan decisiva es para el dominio del capital sobre el trabajo[27]. En esa situación los trabajadores menos cualificados y los inmigrantes en condición irregular y compitiendo por el empleo, son los que más inermes se encuentran ante los empleadores. La incapacidad de los actuales sindicatos burocratizados para conectar con estos trabajadores inmigrantes es una triste realidad como para conectar con los trabajadores en general. Aunque es posible que en lo que se refiere a los inmigrantes estén apareciendo formas nuevas de organización social, entre otras las redes étnicas y culturales de carácter transnacional. Lo que no es, desde luego, un panorama tranquilizador.

El trabajo en la economía informal, realizado muchas veces de forma clandestina y sin contratos de trabajo, no permite la integración que facilita la economía formal. Provoca, además, frustraciones y resentimiento en los inmigrantes. La explotación a la que se somete al trabajador inmigrante no es muy diferente a la del nacional en esas condiciones. Pero tiene el inconveniente grave de que genera frustración y odio a la sociedad de acogida en general: no será el empresario o el sistema económico capitalista el que realiza la explotación, sino la sociedad española en general, lo que genera resentimientos potencialmente graves. Y puede dar lugar a recelos y miedos en los autóctonos. La situación social puede llegar a ser conflictiva. Los conflictos cuando surjan no deberían ser achacados al racismo o a la xenofobia, como me temo van a ser calificados por instituciones europeas y por especialistas de la multiculturalidad y la "otredad", sino que tienen raíces sociales y económicas perfectamente identificables.

Los problemas del mercado de trabajo y sus soluciones se plantean a diferentes escalas, cada una con sus características y especificidades. Lo movimientos de población que se producen tienen radios y características diferentes a cada una de las escalas.

Ante todo, la escala local y regional. En ella las demandas laborales dan lugar a movimientos pendulares de radio cada vez más amplio aunque no rebasen en general los 100 o, como máximo, 150 km, y a cambios de domicilio en el interior de las áreas urbanas y metropolitanas. A esta escala se diseñan también políticas de ocupación en forma de pactos para el empleo y se buscan nuevos "yacimientos de empleo".

A la escala estatal los movimientos migratorios reciben el calificativo de "interiores". Los Estados son normalmente mercados integrados, con un marco legislativo unitario, y constituyen también áreas lingüísticas y culturales homogéneas (aunque con especificidades en algunos casos, como ocurre en Bélgica o España). Los problemas de adaptación, cuando se producen, tienen o han tenido- que ver sobre todo con los cambios de formas de vida rural a urbana.

Otra escala distinta es la supraestatal y, en nuestro caso, la de la Unión Europea actual de 15 miembros. Existen en ella todavía importantes desequilibrios internos en población y renta así como grandes desigualdades en las políticas sociales. Pero, a pesar de los acuerdos para la movilidad de la mano de obra comunitaria, todavía no funciona como mercado integrado. El informe del Banco Central Europeo, antes citado, concluye, según la información que de él ha dado la prensa, que "la falta de profesionales lastra a Europa", y que todavía existen grandes reticencias a la movilidad interna de la población europea. Pero hay que tener en cuenta que en la Unión Europea hay una amplia diversidad idiomática y cultural, que puede dificultar la adaptación y frenar la movilidad. Lo que lleva a hablar de la necesidad de incentivos para estimular los movimientos migratorios laborales internos.

Sin duda la futura Unión Europea ampliada se enfrentará a nuevos problemas, por la existencia de una numerosa mano de obra potencial procedente de los nuevos miembros. De hecho esa fuerza laboral ya se está moviendo y estableciendo redes que funcionarán plenamente en el momento de la integración política.

Una escala distinta es la de las migraciones internacionales actuales de inmigrantes extracomunitarios.

A la Unión Europea llegan hoy sobre todo inmigrantes procedentes de Europa oriental, del Magreb y, más recientemente y para el caso de España, de los países iberoamericanos. También africanos del Sur del Sahara y crecientemente asiáticos (vietnamitas, kurdos, pakistaníes, y chinos). Es una inmigración extracomunitaria que en conjunto supone aproximadamente unos 15 millones de inmigrantes en la Unión Europea actual, con diferencias importantes de localización de unos países a otros.

Finalmente, otra dimensión distinta es la de la migración internacional futura, que puede alcanzar cifras muy superiores a las actuales, con una creciente participación de China e India.

El proceso de modernización y mecanización de China está dejando amplias cifras de mano de obra desocupada. Si es cierto que, como parecen indicar los estudios históricos, el crecimiento de la renta en los países en desarrollo aumenta también las tasas migratorias, ya que al aumentar los ingresos son más los que pueden iniciar la aventura migratoria[28], entonces China que posee tasas de crecimiento de un 7 por ciento anual[29] va a conocer un fuerte aumento de la emigración. Muchos datos confirman esta previsión. Por otra parte, la tasa de desempleo en China crece un 30 por ciento cada año por la mecanización agrícola y la reestructuración de las grandes empresas estatales. Eso ocurre al mismo tiempo que el país tiene más de 1.200 millones de habitantes, aunque su crecimiento natural esté experimentando un acusado descenso por la acción gubernamental y se haya situado ya en el 1,1 por ciento. Por todo ello, en el caso de China podemos hablar de un potencial migratorio hacia las ciudades y, en parte, hacia el extranjero que rebasa ampliamente los 100 millones de personas.

Teniendo en cuenta la antigua tradición emigrante de los chinos, el bajo coste de los billetes de avión y las facilidades actuales que proporcionan la posibilidad de utilizar redes ya existentes en Asia, desde hace siglos, y en Europa, desde hace varias décadas, el resultado no es difícil de prever: las cifras de chinos emigrantes al extranjero van a aumentar sensiblemente.

El primer intento de lograr un acuerdo entre la U.E. y los países asiáticos para regular la inmigración, la reunión de Lanzarote a comienzos de este mes de abril de 2002, se ha saldado sin ningún resultado concreto, a pesar de que el comunicado final reconocía la gravedad del problema y de que los ministros han mostrado su preocupación ante "el recurso cada vez mayor de las redes de inmigración ilegal al empleo de medios sofisticados de falsificación de documentos". Pero no se ha podido llegar a ningún acuerdo sobre la repatriación de inmigrantes ilegales, cuyo número se reconoce que crece cada día[30].

En el caso de los países iberoamericanos son las dificultades económicas que se experimentan en países que habían alcanzado niveles de desarrollo alto (como Argentina) o medio (como Ecuador) lo que está provocando un aumento inesperado de la emigración hacia Europa, a veces como vía hacia Estados Unidos y otras, mas recientemente, como destino permanente o con voluntad de retorno[31].

En lo que se refiere al África subsahariana, la emigración tiene que ver no solo con los bajos niveles de ingresos sino también con desplazamientos por guerras y conflictos étnicos. Un potencial de desesperación y un estímulo para buscar nuevos horizontes y para la emigración hacia el norte europeo rico. Al que pueden llegar fácilmente a través de Marruecos. El hecho de que la mayor parte de los ciudadanos de esos países no necesiten visado para entrar a ese país y la proximidad a España hace muy difícil el control del movimiento ilegal. Marruecos, por su parte, declara que no quiere ser el gendarme de Europa en África del Norte, y además integra el tema de la migración en el conjunto de las relaciones económicas y políticas con Europa. La formulación que hacen algunos de dicha interrelación y que recoge A. Belguendouz- es ésta: "si no quieren los productos agrícolas marroquíes, si no quieren recibir los tomates marroquíes, tendrán los hombres y mujeres marroquíes"[32]. Un argumento razonable, que algunos pueden estar tentados de retorcer, recordando que la asociación económica a Europa ya existente de alguna forma- supone a la vez derechos y deberes en lo que se refiere al control de la migración.

En relación con la movilidad de la mano de obra existen redes transnacionales que actúan sobre el mercado de trabajo. En relación con ello se plantea también la actuación de las mafias y la industria de la migración, el control de las redes mafiosas para el paso transfronterizo, y el problema de la lucha contra todo ello. Lo que conduce al problema de la seguridad, del que hablaremos más adelante.

A la vista de la experiencia histórica podemos afirmar que la emigración es imprescindible para los países en desarrollo. Y que aumentará durante un tiempo con el mismo desarrollo[33]. Para los países de origen pueden ser muy importantes los flujos de capitales (remesas) y de ideas (procedentes de las áreas de acogida, teóricamente más desarrolladas) y que pueden favorecer el proceso de modernización[34], la experiencia que se adquiere en el extranjero, así como, eventualmente, la disminución momentánea de la presión interna y de los conflictos.

El papel de las remesas de los inmigrantes es hoy esencial en muchos países, superior incluso a lo que representaron en el caso de las que hicieron los inmigrantes españoles en Europa durante las décadas de 1960 y 70; si en este caso permitieron enjugar un 30 por ciento del déficit comercial, en el caso de Marruecos en algunos años representa el equivalente al total de ese déficit[35].

Aunque al mismo tiempo la emigración supone también un empobrecimiento. En la normativa europea sobre inmigración se hacen declaraciones de buena voluntad sobre la necesidad de evitar la fuga de cerebros y la población más activa y emprendedora de los países emisores. Eso es difícil de conseguir en la situación actual. En todo caso, significa que se debería compensar a los países de donde proceden esa mano de obra preparada y facilitar el retorno, no tras la jubilación, sino cuando todavía pueden ser útiles en sus países de origen. Debería prohibirse la llegada de esos técnicos. Y si se aceptan, habría que compensar a los países que los han formado.

El impacto social y económico de la inmigración extranjera en los lugares de llegada

La inmigración plantea conflictos intermunicipales relacionados con la localización del mercado de trabajo y la localización de la vivienda. Lo cual afecta directamente a la convivencia, especialmente por la concentración en algunos barrios, e incide sobre las demandas de educación y salud. Todos estos problemas deben ser abordados en el interior de las áreas metropolitanas, o en los espacios locales en que se presentan, incluyendo municipios de carácter rural.

Cada medio local tiene sus propias especificidades económicas, su propia demanda de mano de obra extranjera. Lo que genera una heterogeneidad en la composición de la inmigración de unas áreas a otras. Las áreas con agricultura intensiva requieren mano de obra masculina, al igual que las áreas urbanas con gran actividad constructiva; las ciudades mano de obra para el servicio doméstico, principalmente femenina; las áreas industriales mano de obra cualificada y permanente, etc. Los problemas serán, pues, diferentes desde el punto de vista del alojamiento y de la convivencia. No es lo mismo alojar a mujeres que a hombres solos, especialmente si éstos proceden de ámbitos culturales en los que la realización de tareas domésticas se considera un desdoro para el hombre, como puede ocurrir en el mundo islámico.

La inmigración puede ser temporal o permanente. La actividad agraria en algunas regiones demanda fuertes cifras de mano de obra durante algunos momentos del año. Hemos aludido ya a la recogida de productos agrícolas en Huelva, Lérida y Almería y a los conflictos que ha planteado la sustitución de la mano de obra magrebí por otra de Europa oriental contratada en origen. La existencia de una mano de obra eventual plantea problemas de equipamientos que generalmente los municipios rurales no están en condiciones de resolver, y que tampoco son resueltos por la iniciativa privada, lo que contribuye a enconar los conflictos.

Situación especialmente significativa se da en la provincia de Almería, una provincia emigratoria desde el siglo XIX, y donde las inmigración extranjera ha crecido vertiginosamente en pocos años hasta alcanzar el 6,6 por ciento, tres veces por encima de la media española, y en sus tres cuartas partes de origen africano, varones, jóvenes y solteros. Una parte importante de esa inmigración se concentra, además, en pocos municipios de agricultura intensiva, donde pueden representar porcentajes de hasta el 15 por ciento, con tendencia a aumentar. Trabajan la mayor parte de forma temporal en una agricultura intensiva que tiene necesidades puntuales de mano de obra de escasa cualificación y bajos salarios, con elevados niveles de incertidumbre en cuanto a la continuidad del trabajo, lo que hace muy difícil el acceso a viviendas dignas, la reagrupación familiar, la promoción laboral y la integración social; eso convierte a estos lugares en una etapa de paso hacia otros destinos[36].

Desde el punto de vista de las posibilidades de integración social no es lo mismo el trabajo agrícola eventual que el trabajo permanente en industria, construcción o servicios, que fue generalmente el que realizaron los españoles que en las décadas de 1960 y 1970 se desplazaron a Europa, en un momento de fuerte expansión industrial en Alemania, Francia y otros países. Un desplazamiento que a veces era preparado por cursos del Instituto Español de Emigración[37]. Eso se ha de tener en cuenta a la hora de elaborar las políticas de integración. La llegada masiva y repentina (en menos de diez años) de inmigrantes de origen africano a municipios rurales como los de Almería o Lérida, provocan sentimientos de incomodidad, inseguridad y rechazo, difíciles de evitar. Naturalmente, ningún empresario agrícola de los que se benefician con su trabajo se considera responsable de los problemas sociales que la presencia de estos trabajadores puedan generar. Y el Estado no ha mostrado tener la capacidad o la voluntad para construir los equipamientos necesarios y garantizar los servicios sociales que se necesitan.

En lo que se refiere a la población permanente, se plantea, además, el riesgo de la formación de ghetos de inmigrantes. El proceso de huida de los autóctonos ante la llegada de inmigrantes pobres de otras culturas, y la consiguiente formación de ghetos, ha sido bien descrito en diferentes países desde los años 1920 (Escuela de Chicago, geógrafos como M. R. Morrill y otros). Se trata, de todas formas, de un proceso muy complejo y con grandes variaciones, y algunos autores han llamado la atención recientemente, y con referencia al casco antiguo de Barcelona, sobre la escasa validez de ese mito[38]: en muchos casos los autóctonos no huyen y la convivencia se realiza pacíficamente y sin problemas.

De todas maneras, puede también ocurrir que algunas familias no huyan porque no pueden, debido a la falta de viviendas baratas, ya que se trata de barrios populares y de grupos que habitan en viviendas antiguas con bajos alquileres. Hemos de recordar que el precio de la vivienda ha aumentado fuertemente en los últimos años, y por tanto es comprensible que en esas condiciones algunas familias del Casco antiguo de Barcelona no puedan abandonar las viejas viviendas en que residen. En cualquier caso, hay que tener cuidado con las respuestas que se recogen en las entrevistas: se sabe que la gente es pudorosa en las contestaciones y que a veces no hablan de las cuestiones fundamentales, y desde luego casi nunca declaran abiertamente motivos que pueden estar mal vistos.

Las normativas comunitarias y los estudios sociales aluden una y otra vez a las dificultades y los problemas que se generan en las áreas locales concretas de acogida de los inmigrantes, donde éstos alcanzan unas cifras de concentración que la población considera excesivas.

El predominio de hombres o mujeres solos, que podría mostrar la intención inicial de una movilidad temporal, plantea asimismo problemas concretos en los medios locales. Las necesidades son diferentes a las que se dan cuando emigran familias completas. Parece claro que el aumento de la prostitución femenina puede estar también ligado a la inmigración de hombres solos -aunque también a estrategias de supervivencia familiar en donde la mujer adquiere un papel decisivo en la obtención de recursos[39].

A la escala local es donde se plantean también los problemas de la relación entre antiguos y nuevos inmigrantes, o los conflictos entre inmigrantes de diferentes grupos étnicos. También es a esta escala donde se han de aplicar las políticas de integración, públicas y privadas. E imaginar nuevas vías, como, por ejemplo, la colaboración del sector privado en la puesta en marcha de prácticas en empresas para jóvenes inmigrantes, y el fomento de la capacidad de innovación y creación de empresas por inmigrantes.

De manera general, puede afirmarse que en la escala local y regional (Länder, Regiones, Comunidades Autónomas...) es donde se plantean los problemas más graves, de convivencia. Es ahí donde se producen los estallidos violentos contra los inmigrantes, que tanta repercusión pública tienen, y sobre cuyas causas profundas existen diferencias de interpretación[40].

Los municipios han de enfrentarse muchas veces con esas dificultades y conflictos sin los recursos adecuados. Todo ello exige poner a punto mecanismos para que las instituciones locales puedan hacer frente de forma eficaz a estos problemas nuevos que se les plantean, incluyendo la puesta a punto de mecanismos institucionales para la colaboración intermunicipal en gestión de la inmigración extranjera. Lo que implica, sin duda, reformas legales y redistribución del poder y de las competencias, así como de los recursos económicos del Estado y de las instituciones autonómicas regionales. Es decir, una nueva concepción del Estado. Algo a lo que se oponen hoy unas veces el mismo Estado y otras los gobiernos regionales o Comunidades Autónomas, en el caso de España. Comprobamos una vez más que hablar de los problemas de la inmigración significa hablar del modelo de sociedad y de Estado que se tiene.

Los argumentos fundamentales respecto a la necesidad de la inmigración extranjera se refieren, ya lo hemos visto, a que Europa (y cada uno de los países europeos) necesita esa población por dos razones: descenso demográfico y falta de mano de obra.

La caída de la fecundidad tiene que ver con diversas causas, entre las cuales la incorporación de la mujer al trabajo y la dificultad de compatibilizar la vida laboral y el cuidado de los hijos, en una situación de necesidades económicas crecientes y trabajo de los dos miembros de la pareja.

Las tasas de actividad femenina en los grupos de 25 a 30 años son en España muy elevadas, superiores a las de otros países y reflejan la voluntad de las mujeres por incorporarse al mercado de trabajo[41]. Pero también plantean problemas para atender a la vida familiar, y explican la caída de la natalidad.

Ante esa situación el Estado ha de asumir sus propias responsabilidades. Sin duda la disminución de la natalidad en Europa tiene que ver con muchos motivos, pero nadie negará que uno de ellos es la falta de ayudas suficientes para las familias con hijos. Se tienen datos que muestran que cuando esas ayudas aumentan la natalidad también lo hace. En España dichas ayudas son totalmente insuficientes. Las viviendas son caras y pequeñas, el empleo precario, y no está asegurada la escuela pública gratuita en los niveles preescolares. En esas condiciones es lógico que muchos no quieran tener hijos. Por tanto, una parte importante de la responsabilidad del descenso de la natalidad tiene que ver con las políticas públicas, ya que la puesta en marcha de políticas natalistas adecuadas podría haber supuesto un menor descenso demográfico.

Desde luego, si la única solución al problema del envejecimiento de la población europea y la necesidad de mano de obra es la llegada de inmigrantes exteriores, esto ha de ser asumido con todas sus consecuencias: concesión de permisos legales y, eventualmente, de ciudadanía sin ningún tipo de cortapisa. Los problemas referentes a la identidad y los posibles conflictos culturales se debatirán en la sesión de mañana. En todo caso los problemas que se planteen han de ser resueltos en el marco legal, y parece claro que el Estado ha de regular y controlar la llegada de inmigrantes.

Los argumentos que se dan para restringir la llegada de inmigrantes se refieren al mantenimiento de los niveles de bienestar y el equilibrio del mercado de trabajo y la cohesión social. Deben ser examinados con atención.

Se afirma que la inmigración favorece el desarrollo económico y por tanto el bienestar. Pero la inmigración excesiva puede crear problemas y generar conflictos. En especial la inmigración que no ve cumplidas las expectativas que hay detrás de su proyecto migratorio. Un estudio sobre inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid se plantea directamente "si la infrautilización de las capacidades de los inmigrantes no generará en éstos actitudes socialmente negativas, a la larga necesitada de remedios económicamente costosos"[42]. No existe una respuesta a la pregunta, aunque los autores estiman que hay que tener en cuenta las estrategias migratorias, y en particular las que existen respecto al retorno, a la instalación rápida y a los proyectos de largo desarrollo; en general se comprueba que en el caso de marroquíes y peruanos muchos tienen estrategias de instalación a largo plazo y aspiraciones de ascenso social, que pueden verse negadas por la realidad.

Sin duda hace falta que el Estado, y la sociedad en general presten atención a los problemas del empleo, la vivienda, la salud, la educación y la convivencia de los inmigrantes extranjeros. Tal vez sea necesario asimismo establecer cifras adecuadas de inmigrantes. El problema es saber cuales son y como se regulan y gestionan.

En principio la llegada de inmigrantes tiene que ver con el mercado laboral, y si llegan es porque se necesitan. Como hemos dicho, los inmigrantes contribuyen a que disminuyan las "rigideces" del mercado laboral; es decir, evitan que los salarios suban. Son, por tanto, buenos para los empresarios y, podemos suponer, para la economía en general.

Pero los problemas que la regulación y gestión de la inmigración extranjera plantea son numerosos.

Unos se refieren al establecimiento de las cifras de inmigrantes necesarios en un país. En el caso de España se señala una y otra vez que todavía se está muy lejos de las cifras de inmigrantes extranjeros (y especialmente no comunitarios) que existen en países como Alemania, Suecia o Reino Unido. Pero la pregunta es si resulta deseable llegar a esas tasas, y si está la economía y la sociedad española, en condiciones de absorber cifras de inmigrantes similares a las alemanas, con una estructura económica muy diferente a la de ese país (menor industria propia, actividad agrícola estacional, servicios ligados al turismo y servicios personales).

También se han de realizar previsiones sobre como afectaría al mercado laboral una situación de crisis económica coyuntural, que podría dar lugar a conflictos entre autóctonos e inmigrados, e incluso entre los más antiguos y los más recientes de éstos, compitiendo por el mismo trabajo. Debemos aprender de la experiencia de otros países, y ese es uno de los objetivos de estas Jornadas. Hay que realizar previsiones de políticas laborales y sociales para situaciones de crisis económica y, en particular, examinar la experiencia europea ante la crisis de 1973 y las medidas que se adoptaron en la de 1992.

A pesar de las razones que sin duda existen para defender el libre movimiento de personas a escala mundial, entre otras la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que afirma el derecho a emigrar, la realidad es que pocos dudan hoy de la imposibilidad de abrir totalmente las fronteras y de la necesidad de planificar y gestionar los flujos. Unos flujos que son muy complejos y a veces incontrolables: personas que llegan por razones humanitarias, laborales, para seguir estudios, hacer turismo, realizar actividades no lucrativas diversas.

Una de las formas de gestionar la migración internacional es el establecimiento de contingentes o cuotas. Éstas se establecen para cada país, sin que exista todavía en la Unión Europea una armonización comunitaria, difícil por la diversidad de situaciones económicas e incluso de normativas laborales. También por los conflictos eventuales entre los niveles estatal, regional y local, de difícil solución algunas veces (por ejemplo, cuando los gobiernos de unos y otros están en manos de partidos políticos distintos).

En España el establecimiento de cuotas es considerado necesario por el gobierno y por muchos agentes sociales. El Defensor del Pueblo estima que "debería adecuarse el cupo anual de inmigrantes legales a las necesidades de nuestro mercado laboral"[43]. Pero en relación con el establecimiento de las cuotas se plantea el problema de los criterios para hacerlo y la posible discriminación por orígenes y profesiones. En particular si pueden establecerse en relación con criterios culturales, por ejemplo personas procedentes de las antiguas colonias, como ha hecho, por ejemplo, Francia. En el caso de España, ello podría utilizarse para favorecer a los inmigrantes de países iberoamericanos, por los lazos culturales y humanos existentes. Algo que, por cierto, no parece gustar al gobierno de la Generalitat, temeroso, seguramente, por los problemas de castellanización que puede suscitar.

Se necesita definir claramente una estrategia de empleo de los Estados de la U.E. Ha de ser fiable y que no responda a los intereses de grupos de presión, tales como empresarios que desean pagar bajos salarios, clases que se benefician del servicio doméstico o personal a bajo coste; tampoco a necesidades momentáneas, sino a largo plazo, incluyendo aquí las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico y los objetivos respecto a la población europea futura. Eso incluye normalmente también medidas en favor de la natalidad y ayuda familiar de los ciudadanos propios e inmigrados.

Las cuestiones referentes a los contratos de trabajo, respeto de las familias, derecho al reagrupamiento familiar, libre circulación en el interior de la U.E., permisos de larga duración, estímulo a la reagrupación familiar, y otras ya están claramente establecidos por la normativa comunitaria y no hay más que seguirlas.

Las dificultades para determinar las cifras del flujo migratorio[44] llevan a que se destaquen más las de residentes extranjeros, dando por supuesto que la mayor parte son inmigrantes. La confusión es grande, y la opinión pública distingue hoy entre "inmigrantes" (extranjeros) y simplemente "extranjeros". El crecimiento de aquellos durante los últimos años ha sido muy fuerte debido a las sucesivas regularizaciones, el reagrupamiento familiar y el efecto llamada por las redes establecidas está aumentando de forma clara los efectivos no comunitarios, que antes eran minoritarios. A finales de 2000 la cifra de residentes extranjeros censados en España era de 895.720, y con las regularizaciones de ese año ascendía a 1.034.000 en situación legal, y se calcula que a fines de 2001 había pasado a 1.250.000, lo que representa el 3,1 por ciento de la población total[45]. A lo que hay que añadir la cifra de inmigrantes en situación irregular.

No está claro que las migraciones se autorregulen en relación con el mercado de trabajo, es decir, que actúe eficazmente la Mano Invisible del Mercado Laboral. Puede haber otros factores que influyen en la movilidad de la población (incluyendo la influencia de redes sociales existentes y factores de carácter político o geopolítico). Y, además, sabemos que con mucha frecuencia el factor de atracción de Europa es mucho más importante que el de expulsión de las áreas de origen[46]

Las relaciones entre migración y pobreza o atraso económico no son automáticas. Además de las diferencias de renta y salarios, inciden la información disponible, el nivel de desarrollo agrícola y la estructura de la propiedad, las tradiciones migratorias de las áreas de origen, las redes ya existentes, las expectativas de la población, entre otras. Las variables económicas son importantes, pero no las únicas en los proyectos migratorios ya que los migrantes tienen muchas expectativas referentes no solo a mejores salarios sino también a mayor libertad y seguridad, calidad de vida, posibilidades de ascenso social[47].

La cuestión del control de los flujos migratorios se ha ido haciendo cada vez mayor desde mediados de los años 1980, tanto en España como en la Unión Europea. La ley de 1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o primera Ley de Extranjería, fue el punto de partida para un intento de establecer una política global de inmigración de extranjeros[48]. En los años siguientes se fue consolidando la idea del control de las fronteras para evitar flujos masivos no controlados. Desde 1990 se habla ya de orientar y contingentar los flujos, programando sus efectivos y características, así como de la necesidad de la colaboración con los países de origen.

En la década de 1990 fue aumentando la preocupación por poner a punto una política comunitaria europea de coordinación de las políticas migratorias estatales, para darles un marco comunitario común. Se ha ido construyendo lentamente y ha adquirido impulso a partir de los acuerdos de Ámsterdam en 1997, que empezaron a diseñar las competencias comunitarias en materia de inmigración. En el Consejo de Tampere de octubre 1999 se señalaron tres objetivos, la colaboración con los países de origen, el estatuto del derecho de asilo y el tratamiento equitativo para los nacionales de terceros países[49].

El objetivo declarado es conseguir un espacio interior europeo de libertad, igualdad, justicia y seguridad. En principio, se está de acuerdo en que es necesario reconocer y proteger los derechos fundamentales de la persona, incluyendo, naturalmente, los de los inmigrantes, a los que es preciso reconocer el derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Se reconoce también el ejercicio pleno de la ciudadanía, asociación, sindicación, el derecho a su lengua y a su cultura. También se está de acuerdo en que no pueden aceptarse medidas privativas de libertad, por ejemplo, la reclusión en centros de internamientos para inmigrantes, sin garantías jurídicas.

En España los acuerdos de Tampere decidieron al gobierno de derechas del Partido Popular a reformar la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social, o segunda Ley de Extranjería aprobada el 11 de enero de enero de 2000, y que había sido elaborada con un fuerte consenso político. La tercera Ley, aprobada en diciembre del mismo año ha tratado de reforzar la lucha contra la inmigración clandestina, insistiendo en la diferencia entre empleo legal y clandestino, y poniendo todo el tema bajo la competencia del Ministerio del interior. Tras la idea de gestión de la inmigración extranjera late la de canalizar los flujos migratorios en relación con las necesidades laborales y demográficas, procurando que dicha inmigración no afecte a la cohesión social, y evitando la xenofobia.

El tema de la seguridad parece ir adquiriendo prioridad, por los problemas de la inmigración clandestina y los sucesos del 11 de septiembre, que ha agravado la preocupación por el terrorismo y las mafias.

En estos momentos se reconoce que hay desorden y descontrol en la entrada de inmigrantes extranjeros no mucho mayor, por cierto, que la que existe en la economía informal, en el mercado inmobiliario y en otras muchas dimensiones de la realidad española. Y se sabe de toda una industria de la migración controlada por mafias cada vez más poderosas, que no dudan en acudir al chantaje, la extorsión e incluso el secuestro. Las cifras de llegadas irregulares no ha hecho más que aumentar y los episodios recientes son bien conocidos, con desembarcos espectaculares tanto en las costas adriáticas como en las del mediterráneo español y en las canarias, que la prensa contribuye a magnificar. Las cifras de muertos, de pateras localizadas, de detenidos no hace más que aumentar. Lo que general malestar e inseguridad en muchas personas.

La Ley de Extranjería de diciembre de 2000 endurece las sanciones contra empresarios que tienen trabajadores en situación irregular y contra las mafias, lo que es sin duda positivo[50]. El problema esencial es que a veces no permite el ejercicio de derechos fundamentales a los inmigrantes en situación irregular.

Hace unos días, a mediados de abril, el Libro Verde de la Unión Europea sobre Una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, intenta establecer las bases para la repatriación de más de tres millones de inmigrantes que han entrado y viven ilegalmente en la U.E., en una situación de aumento de dichos flujos, que se calculan en más de 500.000 entradas ilegales en la U.E. y de órdenes de expulsión durante 2000 de 367.000 personas, a las que hay que unir otras 87.000 que abandonaron voluntariamente[51].

El reforzamiento de la lucha contra la inmigración clandestina, significa, ante todo, luchar contra la economía informal; lo que no es seguro que se esté dispuesto a hacer, debido al beneficio que ésta supone para ciertos sectores económicos.

La inmigración clandestina plantea el problema del control de esa población inmigrante y el supuesto peligro de aumento del delito. Algunos realizan ya la asociación entre mayor número de inmigrantes y mayor número de delitos, y ciertas cifras que se difunden parecen confirmarlo. Pero no está claro que suceda así, como han puesto de manifiesto otros trabajos que han insistido en la confusión que resulta de sumar los delitos y las faltas administrativas (por situación irregular o carencia de documentación)[52]. Los cálculos sobre la relación entre desempleo y delito muestran que las relaciones no son claras[53]. No es evidente que la pobreza aumente la delincuencia, ya que, como han mostrado numerosos estudios, pueden existir controles familiares y culturales que actúan contra ésta.

En España la delincuencia aumenta sobre todo en el arco mediterráneo, donde al parecer se incrementa especialmente en las áreas rurales y de menor población[54]. Eso genera una demanda para un mayor aumento de la policía, y ello a pesar de ser España un país donde las cifras de todas las policías existentes son muy altas -de las mayores de Europa por cada 1000 habitantes-, a lo que deben sumarse las policías privadas, que protegen a los grupos sociales con recursos.

Se debe dar por supuesto que el Estado va a luchar contra las actividades criminales asociadas a la inmigración, de la misma forma como lo hace frente a otros aspectos delictivos, y sin ningún tipo de prejuicio en contra de los inmigrantes.

Como resultado del aumento de la delincuencia, de la actuación de redes mafiosas transfronterizas que ponen en cuestión el aparato de coerción estatal, de la difusión de redes e identidades transnacionales, y tal vez de una nueva ciudadanía transnacional, de la formación de ghetos, de los conflictos del multiculturalismo, del cuestionamiento de las identidades nacionales pueden surgir problemas para la desestabilización de los Estados, o al menos de algunos de ellos. Tal vez sea el caso de España, y seguramente será necesario debatir las consecuencias de este problema, que de momento no es seguro que puedan superarse en el marco de una identidad europea más general.

Hemos de ser conscientes también de los peligros de una percepción falsa del fenómeno inmigratorio y de las pretendidas de la inmigración extranjera. Los temores llevan a observar las cosas de una forma sesgada y siempre se ve lo que se quiere ver. Así sucedía con los inmigrantes franceses en la Cataluña de los siglos XVI y XVII[55], a los que se veían como una amenaza, y tal vez se perciba igualmente hoy de forma sesgada una realidad como la de El Ejido.

Los prejuicios sobre el otro se crean, aunque también pueden existir como resultado de la historia. El alemán trabajador y el moro traidor, por ejemplo, son resultado de años de adoctrinamiento y elaboración de imágenes a través de canales muy diversos[56]. Cuando existen actúan en relación con grupos étnicos contribuyendo a favorecer u obstaculizar el encontrar trabajo y a asignarles funciones específicas en el mercado laboral (los ecuatorianos válidos para el servicio doméstico...), y para encontrar vivienda. Pero estos estereotipos perjudican grandemente los proyectos migratorios autónomos y la integración individual. En este sentido hay necesidad de una acción eficaz del Estado para evitar imágenes y estereotipos negativos.

El Estado debe cuidar sobre las condiciones generales de vida de los inmigrantes como del resto de sus ciudadanos. También ha de ser sensible y valorar las respuestas de los ciudadanos en aquellas áreas donde trabajan y viven los inmigrantes, que antes o después se expresarán en votos. Ha de ser sensible a la valoración pública sobre la inmigración, si se considera necesaria o no.

Porque podría ser que los empresarios, los técnicos y algunas capas de la población divulgaran argumentos en favor de ella y que, al mismo tiempo, grandes capas de la población sean contrarios porque valoran aspectos sociales o culturales que perciben como importantes.

Ante ello en un sistema democrático se necesita: en primer lugar, una clara política educativa y la acción a través de los medios de comunicación señalando los beneficios de la inmigración. Por supuesto, evitar la manipulación política por parte de grupos racistas. Pero también una reflexión seria y un diálogo abierto y sostenido que tenga en cuenta todos los intereses y, al mismo tiempo, las inquietudes sociales.

No podemos entender la gestión solo como regulación y planificación de los flujos migratorios. La gestión se ha de referir asimismo a la atención a los inmigrantes una vez asentados, a su acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y la salud, a la lucha contra los brotes de xenofobia.

Gestionar los flujos es establecer cuotas, seleccionar los grupos de migrantes según las características (por ejemplo, la calificación profesional), regular la entrada, la duración, la asistencia social, los equipamientos y recursos sociales que necesitan. Poco de eso se hace hoy día, aunque no dejan de existir declaraciones generales. Algunos de estos temas ya aparecen en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y en la Ley de Extranjería; pero habría que pasar a un mayor contenido normativo, social y educativo.

El Estado debe organizar servicios eficaces y transparentes de asistencia al inmigrante extranjero y ayudarle a su inserción laboral. Naturalmente, eso supone aceptar el papel del Estado en la sociedad del bienestar y no tener en cuenta las críticas que en el contexto de desmantelamiento del Estado del bienestar- se puedan hacer de paternalismo y de peligro de prolongar la dependencia del erario público al permanecer los inmigrantes más de lo debido en centros asistenciales y de acogida.

No hay que olvidar el importante papel que en España y otros países meridionales europeos, como Italia, ha tenido la familia para paliar las crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990[57]. La familia adquiere un fuerte protagonismo, constituyendo un sistema de ayuda para los miembros sin empleo (jóvenes en busca del primer trabajo o adultos desempleados) y de atención a los hijos pequeños y personas enfermas y de mayor edad. De hecho, la estructura familiar provee de servicios que el Estado no proporciona. Y para eso las familias de clase media acuden al mercado laboral para reclutar trabajadores con bajos salarios y contratos precarios, a lo que atiende la inmigración femenina extranjera.

Pues bien, en un Estado como el español, que no ha desarrollado suficientemente los servicios asistenciales a la población de escasos recursos o con riesgo de exclusión social, o que está cambiando de política recientemente (como ocurre hoy con la escuela pública, la salud, la vivienda, el seguro de desempleo..), se entiende que los inmigrantes no encuentren tampoco ese tipo de apoyos. Asimismo se entiende que si hay españoles que utilizan fraudulentamente sistemas asistenciales como el seguro de desempleo, que algunos cobran a la vez que realizan otros trabajos, también los usen los inmigrantes rápidamente. Así no extraña que muchos magrebíes hayan aprendido a utilizar el sistema de desempleo en Andalucía y a cobrar el paro para no trabajar[58]. Pero con el inconveniente de que lo que es aceptado como socialmente válido en el caso de un nativo, puede ser ocasión de escándalo en el de los inmigrantes.

Parece claro que los problemas que plantea la inmigración irregular son en buena parte un resultado de años de permisividad de la economía informal. Hacen falta mecanismos institucionales de control del trabajo informal, inspecciones frecuentes y eficaces, para que desaparezca esta forma de economía. Naturalmente, se ha de entender que el rechazo de la economía informal debe extenderse igualmente a las actividades económicas informales que desarrollen o que intenten desarrollar los inmigrantes; es decir al comercio ambulante irregular, a la explotación de compatriotas en la vivienda o en talleres, al incumplimiento de los horarios, a las redes transnacionales mafiosas de carácter económico, cuando existan. Es decir a todos aquellos aspectos de irregularidad que a veces se aceptan como dimensiones de solidaridad y supervivencia o que se valoran en cuanto que contribuyen a dar riqueza y diversidad a la ciudad, pero que a veces implican, si se toman correctamente, una aceptación de la informalidad y la infracción.

Es evidente que los problemas planteados por la inmigración clandestina solo pueden resolverse con la cooperación de los países de donde proceden los inmigrantes. Pero esto no es fácil de conseguir. Ya hemos visto que Marruecos, a pesar del esfuerzo que afirma estar realizando y las declaraciones de implicación con la lucha frente a la inmigración marroquí clandestina, considera que hay aspectos que afectan a su soberanía; como por ejemplo, la exigencia de visados para los nacionales de países subsaharianos, a lo que Marruecos se opone[59]. De todas formas, España está firmando acuerdos con diversos países (Ecuador, Colombia, República Dominicana, Marruecos, Polonia, Rumania) para prevenir las migraciones clandestinas y evitar la explotación de los trabajadores en situación irregular. Esto supone una nueva vía para seleccionar a los migrantes e intentar frenar la inmigración clandestina[60]; sin embargo no es seguro que estos acuerdos se puedan firmar con todos los países de donde proceden los inmigrantes, en una migración que en estos momentos crece de forma intensa.

Me referiré ahora a algunas medidas concretas en relación con las cifras de inmigrantes, la vivienda, la salud y la economía; también al racismo y la xenofobia; y finalmente al problema de la participación política de los inmigrantes.

Es necesario reflexionar sobre las consecuencias futuras del dinamismo demográfico de la población inmigrante y de los autóctonos. De entrada, es claro que la inmigración representa un enriquecimiento para el país receptor[61]. Pero el número de inmigrantes crece de forma rápida y si superan a las ofertas de trabajo y de vivienda es posible que surjan conflictos. Ha de evitarse por todos los medios que se lleguen a generar sentimientos de inseguridad y temor, o la asociación de los inmigrantes con el aumento de los delitos, algo que, como ya he dicho, no está justificado. Y sobre todo, hay que evitar que el conflicto estalle, ya que si lo hace cristalizará en resentimientos y solidificará las posiciones[62]. A veces ocurre que es entonces cuando se percibe al otro como existente y como verdaderamente amenazante.

Cual es la proporción de inmigrantes extranjeros aceptable en un área en relación con la población total de la misma es algo sobre lo que pueden existir opiniones diferentes. Los trabajos de la Escuela de Chicago hablaban a veces de proporciones superiores a un diez por ciento como potencialmente conflictivas. Pero de la misma forma podríamos hablar del 30 por ciento como el nivel para un posible conflicto. Esta cifra está a punto de alcanzarse o se ha alcanzado en áreas determinadas, como algunos municipios rurales, almerienses o leridanos, y en ciertos barrios urbanos. En lo que se refiere a Barcelona la cifra de extranjeros censados que no llegaba en 1996 al 2 por ciento ha aumentado velozmente y hoy el 7,6 por ciento de los habitantes son ya de origen extranjero. Pero en algunos barrios de la ciudad la proporción es mucho mayor. En Ciutat Vella la cifra de los inmigrantes extranjeros censados alcanza ya el 26,7 por ciento de la población (mientras que unos meses atrás se registraba solamente el 20 por ciento). En otros distritos las cifras relativas son menores, pero en Sans-Monjuic llega al 8,2 por ciento, en Gracia al 6,3 por ciento, en Sant Martí al 5,5, en Horta-Guinardó el 4,8 y el Sarriá Sant Gervasi el 5,8, con la particularidad de que en este último barrio de clase alta predominan claramente los inmigrantes originarios de la U. E.[63]. Todas estas cifras están todavía muy alejadas de las de algunos barrios de ciudades europeas, donde los extranjeros pueden rebasar ampliamente la mitad de la población (por ejemplo, en Berlín, Rotterdam o Estocolmo). Pero los problemas que últimamente parecen estar surgiendo en algunos de ellos no nos permiten ser muy optimistas.

También podemos plantear, eventualmente, la cuestión de la necesidad o no de políticas discriminatorias positivas para los inmigrantes, con vistas a facilitar su incorporación al mercado de trabajo y el acceso a la vivienda o a la educación. Pero en todo caso el debate ha de ser similar al que se haga respecto a los grupos nacionales con problemas de marginación; aunque, además, será preciso prever el problema de las reclamaciones eventuales por parte de grupos autóctonos con carencias, que podrían ver esa discriminación positiva como un agravio comparativo.

En Europa, y no digamos en América del Norte y del Sur, no ha habido, en general, una política de discriminación positiva respecto a las viviendas para los inmigrantes extranjeros. Se alojaron como pudieron -incluso en alojamientos donde vivían diez hombres en una pequeña habitación, como yo lo vi en Duisburg en el verano de 1962-, y fueron luego mejorando su vivienda en relación con la mejoría general del nivel de vida. Podemos imaginar que procesos de ese tipo se darán también en España, y deberíamos procurar que fueran menos traumáticos y más favorables para los inmigrantes, lo que implica políticas decididas de vivienda social.

Problema importante es también el que se refiere a la salud. Una cosa es la prevención y la atención mínima, sobre todo en relación con enfermedades infecciosas, y otra es la atención más general de las condiciones de salud (que incluye intervenciones quirúrgicas y tratamientos muy costosos). En países en los que la seguridad social no es universal se insiste en que los inmigrantes deben incorporarse a sistemas privados de mutualidades o seguros sanitarios; lo que no deja de plantear problemas para trabajadores -nacionales o extranjeros- con bajos recursos.

En el caso de España, donde la Seguridad Social existe y funciona en general bastante bien, la cuestión esencial es la de si va a seguir apoyándose la sanidad pública o se va a favorecer a la privada, y la de la evaluación de los recursos que se necesitan.

En cualquier caso, es indispensable desde ahora mismo, pensar en una preparación lingüística y cultural del personal sanitario y del sistema de salud. Y prepararnos también para tratar enfermedades hasta ahora desconocidas. Una reciente encuesta de la que ha dado noticias la prensa muestra que esto es ya una preocupación y que no se está preparado, pues existen graves carencias en materia de alerta y vigilancia (con retrasos de hasta un mes en enfermedades de declaración obligatoria como la tuberculosis y la brucelosis)[64]; y desde luego no se tiene formación suficientemente extendida para diagnosticar y tratar enfermedades nuevas procedentes de medios tropicales africanos, americanos y asiáticos. La preocupación por la rápida propagación en el África subsahariana del sida, la malaria y la tuberculosis, y su incidencia en Europa con la inmigración procedente de dicha área, ha decidido a la U.E. a financiar con 200 millones de euros la lucha contra esas enfermedades[65].

Debemos también reflexionar sobre los problemas relativos a la educación. No es lo mismo integrar en un centro escolar a uno o dos alumnos que a un 25 por ciento o la mitad de los efectivos[66]. Y no es lo mismo ir adaptándose a ello poco a poco que verse obligado a hacerlo rápidamente, o en pocos años. La adaptación es muy difícil sin una formación previa de los profesores y sin disponer de los recursos necesarios. Y todavía más difícil si estos efectivos escolares hijos de trabajadores extranjeros son, a su vez, de culturas y lenguas muy diversas entre sí, como ocurre hoy en el barrio del Raval de Barcelona.

No es fácil para los centros escolares gestionar la diversidad lingüística y cultural y la diversidad de proyectos vitales que pueden tener las familias y sus hijos respecto al futuro, que van desde la permanencia en el país a la migración a otro lugar o a la vuelta a su país de origen.

Hacen falta por ello estructuras de apoyo en enseñanza de la lengua (catalana y castellana, en el caso de Cataluña), clases intensivas sobre determinadas materias, seguimiento individual de los ejercicios de aprendizaje y de los progresos. Todo ello sin cuestionar la escuela pública, laica y para todos y sin adaptar el calendario y las prácticas escolares (gimnasia, comedor, excursiones...) a las exigencias religiosas o familiares de los distintos tipos de alumnos.

No se trata, naturalmente, de cuestionar la libertad de creencias religiosas, reconocida por la Constitución española. Se trata de la expresión pública de esas creencias y de su impacto sobre el sistema educativo y la convivencia social. Se trata también del problema de las relaciones entre Estado y religión, ya que hasta ahora la Iglesia católica goza de privilegios que otras religiones pueden también reclamar (fiscales, personales...). La denuncia del actual Concordato con el Vaticano parece un camino urgente para abordar adecuadamente los problemas de la inmigración extranjera.

El racismo y la xenofobia son un peligro siempre latente en situaciones de fuerte inmigración extranjera. Es indudable que se ha de adoptar un compromiso público frente a ellos. Eso significa poner en marcha campañas de sensibilización de la opinión pública, evitar su crecimiento y la utilización política de la inmigración, examinar el papel de la inmigración en los programas electorales, luchar contra las minorías racistas y sus actuaciones.

En cuanto al problema del racismo y la xenofobia en España, creo que podemos abordarlo con un cierto optimismo. La sociedad española ha mostrado una capacidad de adaptación extraordinaria ante cambios sociales enormes en pocos años, y creo que puede defenderse que es hoy una de las más tolerantes del mundo. Me parece que, en principio, no existe ningún miedo al otro ni actitud racista en general. A ningún médico español se le ocurriría preguntar a una madre inmigrante sobre su raza o la del padre, como ocurre a veces en Estados Unidos. Y es muy probable que la gente valore positivamente la mezcla y la presencia de extranjeros en nuestro país. Aunque también es probable que prefieran mantener sus costumbres e identidad y que puedan sentirse agredidos por formas culturales diferentes si éstas llegan a afectar a la convivencia como te molesta cualquier vecino ruidoso o de costumbres diferentes. De todas maneras, algunos estudios realizados sobre escolares de primaria, secundaria y formación profesional muestran síntomas preocupantes ya que no solo crecen entre ellos los valores positivos y la cultura de la tolerancia activa y la solidaridad, sino también, al mismo tiempo, las actitudes racistas y xenófobas[67].

No deben hacerse acusaciones indiscriminadas de racismo y xenofobia. No sirven para nada, y además pueden crear racistas y xenófobos. Hay que analizar cada caso y ver si está justificado ese calificativo o si procede de personas que ven el tema desde lejos o lo perciben a través de marcos teóricos inadecuados o insuficientes, como pueden ser las teorías sobre el otro o el multiculturalismo, especialmente por parte de antropólogos y políticos progresistas de despacho y miembros de la ONG cuya labor ha de agradecerse, aunque hay que pedirles que adopten un tono menos doctrinario y dogmático, y más proclive al debate serio y riguroso.

El racismo puede aparecer cuando se ve al inmigrante o a ciertos grupos de ellos de forma colectiva y con valoraciones negativas. Eso no ocurre en España, donde no se desvalora al negro o al chino o al ecuatoriano sin que esa afirmación quede invalidada por la utilización de calificativos que pueden eventualmente existir como "sudaca". No creo que exista racismo en las relaciones productivas, ni en las de los servicios personales, donde el criterio para contratar y despedir es la capacidad y no la raza. Si las actitudes racistas llegan a aparecer hay que explicar porqué ha ocurrido. En todo caso, el problema debe ser tratado como cualquier otra actitud de menosprecio y desvalorización global (a los pobres, a los campesinos, a las mujeres,...). El problema de los grupos de jóvenes que atacan a los inmigrantes es grave, y debe abordarse con decisión por policías y jueces. Pero tal vez convendría plantearlo en el contexto de otro problema más general, el de la violencia juvenil y la permisividad que durante mucho tiempo la sociedad ha tenido con ella (por ejemplo, en el fútbol) y con las formas nocturnas de diversión juvenil que incluyen a veces el consumo indiscriminado de alcohol y drogas.

En todo caso, deben asegurarse los derechos fundamentales y el imperio de la ley. Evitar difundir noticias alarmistas y defender con argumentos claros el derecho a las libertades públicas de todos, nacionales e inmigrantes, sin miedo a los resultados electorales, confiando en que la población lo entenderá. Pero eso significa una claridad y valor de que desgraciadamente los políticos a veces no hacen gala, no solo con referencia a éste sino tampoco respecto a otros problemas.

Hay que dedicar recursos a la integración de los inmigrantes. En relación con la inmigración de ciudadanos extranjeros se está produciendo una complejidad social y cultural cada vez mayor, con nuevas realidades culturales y nuevas prácticas sociales. Se impone diseñar formas para la gestión de esa nueva complejidad social y cultural. Ante ello se tiene necesidad de nuevas políticas, de nuevas formas de intervención jurídica, política, económica y educativa en la gestión de las migraciones de ciudadanos extranjeros.

Es preciso decirlo con claridad: el racismo y la xenofobia son un problema añadido a las cuestiones que plantea la inmigración extranjera. Pero sin ellos esas cuestiones persisten y se han de abordar con prudencia y sentido común. Sin culpabilizar a nadie prematuramente. Y asumiendo la responsabilidad económica que todos tenemos para su resolución, ya que implica recursos del Estado, y por consiguiente impuestos. Y sabiendo que ponen en cuestión en muchos aspectos nuestra forma tradicional de vida, lo que tiene un coste social y, tal vez, cultural.

Respecto a la evolución futura de las actitudes hacia los inmigrantes extranjeros pueden hacerse previsiones. Si las cifras no llegan a ser muy elevadas (sin que sea posible ahora decir con claridad qué significa eso exactamente), es probable que no se susciten problemas. Si aumentan de forma rápida e importante, y si se plantean conflictos de competencia por el trabajo en coyunturas económicas de crisis, entonces es probable que los haya, como ha ocurrido en otros países.

Pueden surgir problemas cuando un grupo étnico determinado por las razones que sean se presenta de forma colectiva y reclama derechos de carácter cultural. Entonces no es el inmigrante individual ni el inmigrante inserto en asociaciones que defienden sus derechos al igual que los de los autóctonos (por ejemplo, los sindicatos) sino el inmigrante que se presenta como un colectivo que reclama derechos para su identidad cultural o de otro tipo. Ese sí que puede ser un mecanismo de creación del otro, pero que previamente ha pasado por la creación del "si mismo".

El mecanismo de autoafirmación de su identidad por parte de determinados colectivos inmigrantes y la expresión pública de ello a veces incluso ostentosa y reclamando derechos que van contra la normativa urbanística en materia de equipamientos- puede contribuir a crear sentimientos de rechazo entre los autóctonos. Lamentables sin duda, pero en cierta manera comprensibles cuando se alimentan con la constatación de que actitudes de ese tipo serían totalmente inaceptables y castigadas en sus países de origen.

Se ha de desactivar, sobre todo, el conflicto religioso, para lo que existe una vía única: afirmar el carácter laico de la sociedad y reservar las creencias religiosas a la vida privada y personal. Mientras tanto, si se acepta que la religion católica puede tener sus lugares públicos de culto, lo mismo se ha de garantizar, lógicamente, para todas las otras creencias.

Creo que las propuestas multiculturalistas deben ser debatidas en profundidad y en todas sus implicaciones.

Parecen existir dos modelos de organización social de la inmigración, el que acepta la multiculturalidad y el que insiste en la adaptación y la integración.

El modelo multiculturalista acepta que la población pueda calificarse por sus rasgos étnicos o culturales, y por su carácter de minorías; por ejemplo, en algún cuadro de clasificación de la población canadiense pueden aparecer grupos como canadienses, ingleses, franceses, indígenas, portugueses y judíos, entre otros[68].

El modelo francés y español favorece, en cambio, la ciudadanía universal, y no pregunta sobre los orígenes. Al hacer el censo no se podrá preguntar sobre el origen étnico de la población, sino solo por el lugar de nacimiento o la nacionalidad que tiene, pero no si son de origen africano, o si se consideran judíos o musulmanes. Por eso ciertas investigaciones, como la etnicidad africana de los franceses de Guadalupe o la condición de judío de los ciudadanos españoles no deben ser permitidas.

Según el modelo las situaciones son muy distintas. Para el modelo canadiense, la permanencia de barrios chinos y su reproducción no plantea problema (cinco Chinatowns, o varias pequeñas Italias en Toronto[69]). Para el modelo hispano o francés sí que las plantea.

Personalmente creo que han de rechazarse decididamente las posiciones multiculturalistas. Me parece, en cambio, una posición sensata y digna de debatir la de Mikel Azurmendi en un libro valiente y oportuno titulado Estampas de El Ejido, que merecería una discusión detenida y no las desvalorizaciones e infundios personales a que ha sido sometido por parte de algunos. Dicho en sus propias palabras:

En general los valores culturales de los extranjeros deberían ser negociados uno a uno en el seno de los valores culturales que existen aquí, es decir, se ha de impedir plantear la integración como si fuese cuestión de relacionar mayorías culturales (la nuestra) con minorías culturales (los inmigrantes). Porque aquí no existe una mayoría cultural sino una única cultura democrática, cultura en transformación permanente, con sus propios valores para el pluralismo y la tolerancia que, evidentemente, así como no hace aceptables valores étnicos, racistas y fascistas de mucha gente nuestra, tampoco hace aceptables muchos valores de las demás culturas del mundo (...).

La integración, hoy aquí, es una asimilación sui generis, por cuanto además de adaptarse a aquellos valores centrales de nuestra cultura democrática, o únicamente en esa medida de adaptación, el inmigrante dispone también del derecho a un ámbito privado, es decir a una serie de valores propios (en los ámbitos de la alimentación, ocio, ritual, lengua, etc). Nuestra sociedad no concede a ningún colectivo, absolutamente a ninguno, el derecho a ser excepcional y a ser tratado discriminadamente, sino que exige la aplicación del derecho, único y el mismo para todos. El proceso de adaptación cultural en una sociedad democrática o es individual o no existirá, por cuanto es cada persona la que debe responder, hombre a hombre, mujer a mujer, y responsabilizarse en sus recintos familiares, escolares, laborales, etc. No existe, por tanto, un supuesto colectivo 'minoritario" que se adaptaría al nuestro, el receptor, supuestamente considerado "mayoritario". No; hoy aquí existe una sociedad con determinados valores, sociedad que únicamente puede recibir a otras gentes en la medida en que contribuyan a mejorarla[70].

La integración política de los inmigrantes es igualmente un asunto fundamental.

La cuestión de la integración política se plantea a las escalas local, regional y estatal. La diversidad de soluciones ha sido grande en Europa e incluso en el interior de países concretos de estructura federal, como Suiza donde existe una gran autonomía cantonal en lo que se refiere a la organización política interna[71].

Los problemas que se plantean se refieren a la relación con las comunidades de inmigrantes, a la participación en las instituciones locales y a la concesión de la ciudadanía.

La primera cuestión ha podido llevar a crear organismos de consulta y negociación con los inmigrantes; por ejemplo para discutir problemas relacionados con la vivienda, la educación, la salud o la convivencia. Naturalmente, enseguida se plantea la cuestión de si con todos ellos o con cada comunidad "étnica", y la de si se ha de reconocer una personalidad jurídica a los inmigrantes de un país o cultura determinada. Por lo que he dicho anteriormente, creo que es una vía que no debe seguirse en nuestro país.

Otro tema es el de la participación de los inmigrantes en los asuntos locales, lo que se realiza normalmente a través del voto municipal o la participación en las instituciones que los ayuntamientos establezcan. Sobre esto existe ya una normativa comunitaria que debe ampliarse y aplicarse a los inmigrantes extranjeros en situación regular. Seguramente hace falta algún tipo de compromiso previo entre los distintos partidos políticos para tomar iniciativas de esta clase.

Finalmente, están los problemas de la ciudadanía plena, de la nacionalidad. Integración quiere decir cosas diferentes en países distintos, e incluso dentro de un mismo país: asimilación cultural, trabajo estable, mejora de las condiciones de vida. Pero la cuestión básica es la concesión de la nacionalidad.

Hay países que tienen normas muy restrictivas para conceder la nacionalidad. Especialmente aquellos en los que prevalece el ius sanguini, pero no sólo en ellos. En algunos se debate si la nacionalidad se concede para facilitar la integración o si debe otorgarse al final de ese proceso, una vez que se puede garantizar que la integración se ha realizado. En Suiza, por ejemplo, para conceder la nacionalidad se tiene en cuenta a veces los informes de la comunidad local que aseguren la realidad de la integración. Entre los criterios que a veces se utilizan en algunos cantones de Suiza para rechazar la concesión de la nacionalidad se encuentra el mantenimiento de lazos con el país de origen[72].

Creo que en lo que se refiere al acceso a la ciudadanía plena la situación en España es mejor que en otros países europeos. Existen criterios claros para obtener la nacionalidad, que son mucho menos restrictivos que en otros Estados. En cuanto a los hijos de los inmigrantes, como actúa el ius soli, los nacidos aquí pueden ser españoles, si lo desean.

El inmigrante ha de aceptar que tiene obligaciones de convivencia y de respeto al otro, al que ya vive en la tierra. Debe intentar adaptarse a las formas de vida del nativo. Como ya he dicho, el empeñarse en imponer sus propias formas de vida de forma pública puede generar problemas y conflictos.

Los centros públicos de convivencia, como la escuela, han de ser foros de entendimiento y respeto mutuo, pero dentro de los principios de la sociedad receptora. Creo que no debería darse ningún derecho a que las peculiaridades religiosas interfieran en la vida pública, como podría ser por ejemplo, la celebración de la Cuaresma para los cristianos o del Ramadán para los musulmanes. La larga y penosa duración del proceso de laicización de la sociedad española debería hacernos especialmente sensibles a ello. El respeto a la indiferencia en lo público, que piden algunos antropólogos, debe extenderse sobre todo a la prohibición de manifestaciones religiosas en público (que, sin duda, debería extenderse asimismo a las manifestaciones mas ostentosas de la religiosidad tradicional, como las procesiones de Semana Santa, algo que ya intentaron hacer los ilustrados). El espacio de las creencias y de las diferencia debe ser, no nos cansaremos de repetirlo, el ámbito de lo privado.

La comunicación a través de la lengua y el comportamiento cívico con respecto a los demás son condiciones que deben exigirse. El grado de conocimiento del español interviene de forma importante en la canalización hacia el mercado de trabajo. Seguramente los inmigrantes sudamericanos tendrán más oportunidades mientras que otros estarán de entrada destinados a trabajos agrícolas o de la construcción. Pero la lengua no debería ser un problema, especialmente hoy cuando se va a una sociedad que maneje varios idiomas. Dicho eso, es evidente que ha de prestarse a los inmigrantes que lo necesiten ayuda para el aprendizaje del castellano y de las lenguas de las Comunidades Autónomas.

Hemos de ser conscientes también de que los problemas pueden ser diversos en diferentes regiones. La inmigración marroquí, por ejemplo, puede no tener las mismas implicaciones en Cantabria que en el Randstadt holandés o en Andalucía. En el caso de Andalucía la inmigración extranjera puede generar conflictos inesperados de consecuencias imprevisibles. Comarcas relativamente poco pobladas y con fuertes tasas de inmigración marroquí o magrebí, en buena parte ilegal y con actitudes de resentimiento hacia la población del lugar, pueden dar lugar a situaciones de tensión. Mikel Azurmendi escribe que ha "escuchado con demasiada frecuencia decir que (los inmigrantes marroquíes) esperan a ser muchos más que los andaluces para hacerse de nuevo con estas tierras"[73]. No podemos dudar de la fiabilidad de ese testimonio, aunque se pueda considerar un exceso verbal ocasional del informante marroquí en situación de inseguridad y resentimiento. Pero es seguro que actitudes como esa, si existen, pueden generar miedo entre los habitantes del lugar y dar ocasión, a su vez, a reacciones y conflictos.

A pesar de todo, desde la perspectiva del medio local podría considerarse que en todo caso la inmigración extranjera, como la inmigración en general, es siempre positiva. Además de los argumentos que ya hemos examinado pueden aportarse otros en esa misma dirección. En investigaciones recientes sobre los procesos de globalización y su relación con los medios locales se ha señalado que éstos están cada vez menos cohesionados internamente porque a pesar de la proximidad física cada uno de los sujetos individuales y colectivos que conviven "pueden tener una pertenencia funcional y al mismo tiempo identitaria a redes supralocales de empresas, instituciones, asociaciones y organismos cooperativos diferentes"; lo cual se considera muy positivo porque "precisamente cuando el actor colectivo naturalmente establecido en su propio territorio deja de ser un dato garantizado a priori, los sistemas locales se refuerzan y emergen como sujetos colectivos 'fuertes' en los espacios globales de la competición y la cooperación de redes"[74].

Todo ello es, sin duda, un argumento en favor de la inmigración extranjera y de la formación de redes transnacionales, del tipo de las que se están estableciendo en las grandes áreas metropolitanas o en los lugares de fuerte inmigración. Pero puede plantearse la cuestión de hasta donde puede llegar esa fragmentación del medio local, especialmente cuando surgen conflictos identitarios internos. Sobre todo cuando eso pone en cuestión el sentido de comunidad y de pertenencia a un mismo grupo, pertenencia que la crisis del Estado, de la que tanto se habla hoy, parece ya incapaz de asegurar.

Es sin duda cierto que las identidades locales existentes al igual que las nacionales son un producto histórico y que solo sirven parcialmente, ya que continuamente se están recomponiendo y reconstituyendo hacia el futuro. Pero eso pone en cuestión muchas creencias y hábitos aceptados y nos sitúa ante un futuro incierto que hemos de construir entre todos. Y que no podremos construir si no sabemos a donde queremos ir y en qué modelo de organización social compartida estamos pensando.

Tenemos necesidad de debates. Habrá que hablar de todos estos problemas en una situación nueva que presenta grandes posibilidades de intercambio y enriquecimiento mutuo, aunque también aspectos conflictivos. Y hacerlo libremente, sin miedo a poner sobre la mesa todos los temas. Es decir, sin autocensuras y aceptando que todas las cuestiones son pertinentes, haciendo participar a todos, escuchando sus voces y valorando todas las opiniones sensatas. Partiendo de la base de que el fenómeno es muy complejo y que solo debatiendo podremos definir racionalmente actitudes y políticas para encararlo. Pero eso significa instaurar formas de democracia y diálogo institucional, oír todas las voces, algo a lo que las administraciones públicas no están todavía habituadas. Y hemos de asegurar el papel de los inmigrantes en esos intercambios y canales para una correcta valoración de la opinión pública.

Se necesita examinar nuevas formas de participación política de los inmigrantes y de los ciudadanos en general. La realidad de una nueva ciudadanía transnacional plantea problemas desconocidos hasta ahora. Existen nuevos retos a la organización política tradicional y a los Estados, que exigen nuevas respuestas políticas y sociales. Lo local y lo transnacional están ahora en relación directa e inmediata, a veces sin la mediación de lo nacional o estatal.

Como hemos visto a lo largo de esta exposición, el tema de la inmigración remite una y otra vez a aspectos fundamentales de nuestra forma de vida, de la organización económica y política. La inmigración extranjera nos obliga a repensar nuestro modelo social.

1. Texto elaborado para las Jornadas Europeas sobre Inmigración celebradas en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona los días 25, 26 y 27 de abril de 2002; los tres días de las Jornadas se han dedicado a Ciudadanía", coordinada por el Dr. Roberto Bergalli; "Necesiddes", coordinada por el Dr. Horacio Capel, y "Cultura e identidad", coordinada por el Dr. Jesús Contreras.

4. Carmen Trilla 2002; las cifras de vivienda en alquiler en todos los países de la UE. son, según esa fuente, las siguientes: Holanda 35 % en alquiler social y 17 % en alquiler privado libre, Alemania 26 y 36, Austria 23 y 22, Suecia 22 y 16, Reino Unido 21 y 10, Dinamarca 19 y 26, Noruega 18 y 22, Francia 17 y 21, Finlandia 14 y 19, Irlanda 11 y 9, Bélgica 7 y 30, Italia 6 y 16, Portugal 4 y 28, Suiza 3 y 66, Luxemburgo 2 y 31, España 2 y 12, Grecia 0 y 26; las medias de la U.E. on de 18 % en alquiler social y 21 % en alquiler privado.

6. Un ejemplo: "El imán de Fuengirola justifica pegarles a las mujeres amparándose en el Corán", El País 12 de abril de 2002, p. 26.

9. González Sugrañes. Mendicidad y beneficencia en Barcelona, 1908, cit. por Capel y Tatjer 1991, p.34.

11. Pimentel 2002 a y b. La distribución de estas cifras es ésta: 2002, 227 inmigrantes, 2003, 204.000; 2004, 181.000, y 2005, 160.000.

15. Datos sobre inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid en Aparicio y Tornos 2000, p. 145-46.

16. Datos sobre preparación y trabajo de marroquíes y peruanos en Aparicio y Tornos 2000; sobre la calificación profesional de inmigrantes en Valencia, muy superior a la que requiere el puesto de trabajo, Viruela y Domingo 2001.

20. "Descuide, doctor, que le hablaré bonito. El cuidado de ancianos solos o enfermos es ya un trabajo consagrado a los inmigrantes suramericanos", El País, 10 de marzo de 2002, pág. 32.

22. Por ejemplo, en la Argelia francesa la sustitución de la mano de obra almeriense por la marroquí todavía más barata, a comienzos del siglo XX, Sanchez Picón y Aznar Sánchez, 2002.

26. "Plantados por la fresa. 5.000 inmigrantes, la mayoría magrebíes, son rechazados en los campos de Huelva por la contratación de nuevos temporeros", El País, 10 de marzo de 2002, pág. 31. "El jornalero del Este desbanca al magrebí. Los empresarios de Lleida prefieren a temporeros polacos, rumanos o lituanos" La Vanguardia 22 de abril de 2002, p. 25. Y también "Al borde del conflicto. La recogida de la fresa en Huelva en marzo suprendió a miles de magrebíes sin trabajo. Magrebíes,y gitanos portugueses tuvieron que malvivir de la caridad a la espera de hallar trabajo· )L.V. id., p. 26). Algunos testimonios sobre el resentimiento que eso ha provocado han sido recogidos en El País 10 de marzo de 2002, p. 31.

31. Sarrible 2000; y otros artículos incluidos en el nº de Scripta Nova dedicado a "Migración y cambio social" (http://www.ub.es/geocrit/sn-69.htm)

34. Sobre esta cuestión tratan diversas comunicaciones presentadas al III Coloquio Internacional de Geocrítica, que se celebró en mayo de 2001, en particular las de R. Richard Jorba, E. Pérez Romagnonli y P. R. Soares (http://www.ub.es/geocrit/sn-94.htm)

37. El cual realizaba anuncios públicos en la prensa de la época. Véanse por ejemplo los referentes a los cursos de transformación de delineantes mecánicos en proyectistas, de ajustadores mecánicos en matriceros, y otros para puestos de trabajo en Brasil, Chile y Argentina, en La Vanguardia Española, 10 de noviembre de 1968, p. 21. En el anuncio se especifica que "Al término de sus estudios serán colocados por el CIME en empresas brasileñas o de otros países hispanoamericanos a los que serán destinados. Su viaje a Iberoamérica será asistido por el Instituto Español de Emigración".

40. Por ejemplo, puede ser interesante, respecto a los sucesos de El Ejido las diferentes interpretaciones que aparecen en dos obras, las de Juan José Téllez 1999 y Azurmendi 2001.

43. Múgica Herzog 2001. Véase también "Cómo debe calcularse el cupo de inmigrantes?. El Ministerio del Interior decide los contingentes y los agentes sociales piden protagonismo", El País 11 de noviembre de 2001, Cataluña, p. 5.

54. "El 45 % de los delitos en zona rural se concentra en siete provincias del arco mediterráneo español. El crimen organizado y los grupos mafiosos han traido un aluvión de delincuentes extranjeros", El País 10 de marzo de 2002, p. 28.

61. Existen sobre ello suficientes datos, que no es necesario repetir aquí; véanse, por ejemplo, Capel 1997 y las comunicaciones presentadas al II y al III Coloquio Internacional de Geocrítica, en donde existen varias comunicaciones sobre el papel de los inmigrantes en la innovación y el desarrollo económico.

62. Con referencia a los conflictos de El Ejido en febrero de 2000, M. Azurmendi ha escrito que tras la huelga "quedó claro en la zona de El Ejido que había nacido el dualismo de la autosegregación grupal o lo que podría llamarse etnicidad, es decir, que ante determinados asuntos los ejidenses han dejado de verse a sí mismos como ciudadanos diferentes y plurales para formar un colectivo unánimes, un colectivo que se plantea a sí mismo como bloque y que concibe su propia existencia como en peligro por el miedo al 'otro'" (p. 338).

63. Datos del padrón municipal de Barcelona, en la página web del Ayuntamiento, (cit. El País, 14 de abril 2002, Cataluña p.8)

64. "Los técnicos de Sanidad desvelan graves fallos en las redes de alerta y vigilancia", El País, 15 de abril 2002, p. 28.

66. Según la comunicación de S. Cattacin y B. Kaya presentada a estas Jornadas en Ginebra los niños extranjeros suponen ya el 45 por ciento de los efectivos escolares.

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Ficha bibliográfica:
CAPEL, H. Las políticas de atención a las necesidades de los inmigrantes extranjeros de escasos recursos. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 117, 1 de julio de 2002. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-117.htm [ISSN: 1138-9788]