Patricia Sacipa
Comunicadora social, Bogotá, Colombia

Desplazamiento forzado y política de erradicación de cultivos ilícitos (Resumen)

A medida que se intensifica la guerra en Colombia, se incrementa el desplazamiento forzoso básicamente de la población civil rural, la cual ha sido afectada por la disputa territorial de los diferentes actores armados, así como también por la crisis agraria. No obstante, el desplazamiento forzoso presenta particularidades que responden a los diferentes desarrollos históricos de las regiones así como a sus problemáticas especificas. Tal es el caso de las zonas de cultivos ilícitos sobre las cuales se implementa la política de erradicación forzosa de los mismos. Con el objeto de exponer algunas implicaciones de esta política, entre otras el desplazamiento forzoso - una de sus consecuencias -, se propone observar a través de un caso especifico, el departamento del Guaviare, las causas que originaron la implantación de los cultivos ilícitos, así como las acciones u omisiones del Estado frente a esta problemática.

Palabras clave: desplazamiento forzoso/política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

As the war is intensified in Colombia, the mandatory displacement is increased basically of the rural civil population, which has been affected by the territorial dispute of the different armed actors, as well as for the agrarian crisis. Nevertheless, the mandatory displacement presents particularities that they respond to the different historical developments of the regions as well as to specific problems. Such it is the case of the areas of illicit grows on which the politics of mandatory avoid is implemented. In order to exposing some implications of this politics, just as the mandatory displacement, between one of their consequences, It is intends to observe through a specific case, the department of the Guaviare, the causes that originated the installation of the illicit grows, as well as the actions or omissions of the State in front of this problematic.

Key words: mandatory displacement / policies of mandatory avoid of illicit gows.

El desplazamiento es uno de los tantos reflejos de las múltiples violencias que se incrementan a medida que se agudiza la guerra, diversos elementos se encuentran en el trasfondo del conflicto violento que hoy vive Colombia, y que apunta al control del poder regional y territorial en los factores económico, político y militar.

Las diferentes políticas y sus procesos de acumulación y distribución, no han presentado cobertura en amplios sectores sociales y territoriales, así es que la persistencia de la multiplicidad de violencias responde a una estructura de exclusión que esta asociada en gran parte con esta incapacidad de redistribución, aun cuando también responde a una cultura política intolerante. En diferentes regiones y a través del tiempo, a la mayoría de sus pobladores se les ha excluido de la participación económica y política monopolizada por mecanismos clientelistas establecidos sobre la base de lealtades personalizadas. Pero así mismo, gran parte de los pobladores han sido excluidos no solo de la participación en la toma de las decisiones que los afectan, sino también de su propia vida cultural, cuando se descalifican las diferencias.

Ello permite comprender, en parte, porque el conflicto pasa muchas veces en Colombia por el recurso de la violencia para su resolución, y también porque en el país el conflicto armado se debe observar desde una perspectiva indisociable de su naturaleza política y social de arraigo histórico particular, que no obstante, es inherente a diversos conflictos de un trasfondo nacional. Si bien mientras algunas zonas geográficas y sectores de la población viven bajo un régimen civil, otras zonas viven bajo un clima de confrontación armada, o de permanente zozobra.

El conflicto armado se ha desarrollado fundamentalmente a partir de los intereses regionales, los grupos insurgentes consiguieron introducirse relativamente en las problemáticas específicas de las regiones y consolidar también una relativa base social de apoyo; lo que junto a las deficientes condiciones de vida, a la corrupción administrativa, a la crisis de los partidos, y a la creciente deslegitimación de un régimen que demanda cambios institucionales y socioeconómicos profundos, les otorgó alguna legitimidad. Hoy la guerrilla demuestra una presencia cada vez más activa en las regiones petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con importante actividad agropecuaria. En muchas de estas regiones, los grandes intereses económicos articulados o no al mercado mundial, financian la proliferación de ejércitos ilegales de seguridad y al paramilitarismo, como forma de exterminar a la guerrilla.

A medida que se intensifica la guerra, se incrementa el desplazamiento de la población civil rural, la cual ha sido afectada por la disputa territorial de los diferentes actores armados, así como por la crisis agraria. Sin embargo, uno de los aspectos que está expresando la complejidad del actual conflicto bélico, lo constituye el desplazamiento causado por la implementación de la política oficial de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. En Colombia el problema de las drogas y dentro de éste el de los cultivos ilícitos, se inscribe en el conflicto violento por ser fuente de financiación tanto de la insurgencia como del paramilitarismo, en consecuencia, las acciones de erradicación forzosa han pasado a constituir parte de la política de seguridad nacional.

El tratamiento de guerra inherente a las acciones de fumigación - aspersión de químicos y el acompañamiento armado que se hace en tierra - parte de la criminalización del campesino. Miles de pequeños y medianos cultivadores de coca, supuesta "base social de apoyo de la guerrilla," reciben los más fuertes impactos de esta política, la cual los conduce al desplazamiento. Antes que activar soluciones que ataquen la dinámica estructural del problema de los cultivos ilícitos, se ha optado por aplicar acciones de fuerza mediante las cuales se ha puesto en peligro la integridad de comunidades y familias campesinas, así como la estabilidad de los ecosistemas que habitan.

En ese contexto, se propone observar algunos factores que la política de erradicación forzosa está desconociendo con relación a las circunstancias de nuestro campesinado; para ello se ha considerado en primera instancia, observar a partir del proceso de ocupación del departamento del Guaviare y algunos principios organizacionales de su territorio, las particularidades que han facilitado la inserción de los cultivos ilícitos en esta zona; así mismo, mediante este proceso de poblamiento es posible apreciar como el desplazamiento involuntario en Colombia ha sido una constante histórica, que responde a las dinámicas de una lógica excluyente hacia las comunidades y los espacios que ocupan.

El departamento del Guaviare se localiza al sur oriente del país, siendo uno de los seis departamentos que conforman la región amazónica colombiana. Este espacio se ha concebido como un punto geográfico nacional donde convergen distintas fuerzas paralelas al Estado y donde la economía se sustenta sobre los cultivos de coca. La insurgencia ejerce el control de la vida ciudadana, intermedia en varios lugares el negocio de la coca y se encuentra en enfrentamiento por el control del territorio con el paramilitarismo y el Ejercito. Por su parte, la presencia estatal ha sido ejercida casi exclusivamente por la presencia militar, la que frecuentemente termina en denuncias por violaciones de los derechos humanos. Hacia este territorio deben dirigirse, de un lado, las políticas de conservación y manejo sostenible del ecosistema amazónico, y de otro, las políticas de represión del conflicto armado y de erradicación de los cultivos ilícitos, esta última en contravía de la política ambiental. El segundo aparte presenta, por tanto, algunas políticas que por acción u omisión han incidido en la presencia y perseverancia de la economía de los cultivos de coca y la respuesta que el Estado ha dado a esta problemática.

Proceso de ocupación del espacio en el Guaviare

En Colombia la organización del espacio ha sido mas el resultado de las dinámicas de una lógica de inclusión - exclusión de las comunidades, que de una deliberada estrategia geopolítica de integración de la nación; Zambrano (1996), señala como el proceso de poblamiento generó sociedades regionales integradas, orgánicas y cohesionadas, con fuertes referentes identificatorios, al mismo tiempo que ellas mismas fueron creando sociedades excluidas, separadas, diferenciadas, incluso territorialmente, a donde se relegaba a todos aquellos que no hacían parte de las respectivas sociedades mayores, el cuerpo social de los procesos económicos controlados por las elites regionales. De esa manera, se han generado fronteras político-culturales, expresadas en una separación de los espacios de inclusión de los de exclusión, estos últimos, escaparon al control político del Estado, generando referentes culturales, modos de vida y de pensamiento, costumbres y tradiciones diferentes a los establecidos.

Tal es el caso del departamento del Guaviare, cuyas particularidades históricas lo convierten en un campo de análisis en el que adquiere relevancia la perspectiva geográfica; su territorio a falta de adecuadas estrategias de integración y control socioterritorial, hoy es disputado por fuerzas que actúan por fuera de la legalidad. En este departamento, el sentido de exclusión fue formando en los pobladores de esta zona, mentalidades distintas, asumieron la diferencia como principio de la propia identidad y desarrollaron jerarquías diferentes a las tradicionales, hasta terminar por territorializar la marginalidad, la cual es aprovechada por los contrapoderes, los parapoderes y el narcotráfico, fuerzas que se disputan a través de la violencia el control de este espacio.

La organización del territorio guaviarense ha sido definida por el conflicto violento, así por ejemplo, cuando la violencia oficialista de los años cincuenta fue ejercida en las zonas rurales del interior del país, donde se encuentran tierras muy fértiles, millares de campesinos abandonaron por la fuerza sus parcelas, muchas de las cuales fueron usurpadas o vendidas bajo amenazas; así se originó un significativo proceso de colonización espontánea con rumbo a apartadas regiones, de difícil acceso y con suelos de muy bajo potencial productivo.

Por otro lado, la estructura de la propiedad agraria se modificó, el desplazamiento forzoso de los campesinos dio margen desde entonces, a una acelerada y marcada concentración de la propiedad, fuertemente latifundista e incapaz de absorber la fuerza laboral de los campesinos expulsados; así también, se inicia el proceso de marginalización en las ciudades. En el escenario de la violencia generalizada, las dificultades de los campesinos de acceso a la tierra y las deficientes condiciones de vida, dos importantes flujos migratorios independientes uno del otro, se presentan en el departamento del Guaviare.

El primero, formado por familias liberales y campesinas, procedentes del interior del país, las cuales venían huyendo de la política del terror practicada por ejército y la policía conservadora, así como de la política de pacificación del gobierno militar. Los campesinos con influencia del partido comunista se organizaron en autodefensas con el ánimo de apartar a la población no apta para el combate, primero en dirección a los paramos de la región andina, y luego bajo la presión del ejército, emprendieron una colonización armada llegando a ocupar lentamente, entre otros, las vegas del río que lleva el nombre del departamento. Paralelamente, llegaron campesinos que sin experiencia organizativa, ni un objetivo común y deliberado, igual fueron violentamente desplazados de sus lugares de origen.

El desplazamiento masivo por causa de la violencia política y de los problemas agrarios y sociales de la época, exigió un programa de colonización de baldíos. En esta dirección se crearon proyectos de colonización cuyos efectos no fueron los esperados; para los sectores dominantes de la sociedad y los organismos del Estado, la colonización se constituyó en el eje para rehabilitar a la población desplazada por la violencia, pero también en un mecanismo de evasión frente a la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria al interior de la frontera de consolidación económica: los valles interandinos con proyección a los litorales. Entretanto, la atención para las zonas donde esta política se concibió como una alternativa para los desplazados, no implica aún hoy la dotación de recursos ni el tipo de inversiones requeridas para constituir una solución efectiva.

Lo anterior, se evidencia en el Guaviare, cuando campesinos expulsados por la violencia y asentados en cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, solicitaban tierra para trabajar, el gobierno, acogió una propuesta de colonización dirigida entonces hacia uno de sus actuales municipios. No obstante, debido a la ausencia de infraestructura básica, adecuados programas de comercialización y programas de atención, muchos de los campesinos ya reasentados, abandonaron la zona.

Aquellos que decidieron permanecer asentados en suelos amazónicos, se dedicaron a abrir selva, a adaptar la tierra para emplear el mismo patrón de siembra y cosecha que se practica en los suelos fértiles de la región andina, y finalmente, ante los continuos fracasos, a convertir estos lotes en extensas praderas para la cría de ganado los cuales son vendidos a nuevos terratenientes, para repetir el mismo proceso selva adentro. Frente a la ausencia de recursos monetarios, asistencia técnica, programas de comercialización y vías de comunicación, el proceso de deforestación y venta se presenta cíclicamente. Así, el proceso colonizador sin un adecuado acompañamiento del aparato de Estado, reproduce el patrón de concentración de la tierra, expande la frontera de colonización y causa, además, daños al ecosistema.

Por otro lado, con la precariedad de vías de acceso y la ausencia de programas estatales de atención, se favoreció la aparición de los cultivos de coca a finales de los setenta. Con éstos se produjo un desplazamiento masivo desde todo el país, agudizando aún más los problemas ya existentes. Con la coca llegó la violencia, el costo de vida se elevó y aún cuando los colonos logran una forma de subsistencia y los empresarios de la coca se enriquecen aún más, no se presenta la retención del ingreso y mucho menos su inversión en la zona, permaneciendo el Guaviare sumergido en la marginalidad y abandonado por el aparato de Estado, a no ser por la función coercitiva del mismo.

Sin embargo, los colonos encuentran apoyo en la insurgencia, ⁽²⁾ la cual se lucra de la economía de los ilícitos - lo que le permite concentrar recursos y fortalecer sus frentes en otras regiones -, según Vargas (1999), el Guaviare representa una base tributaria bastante apreciable para la insurgencia, su control territorial ejercido sobre esta zona de colonización, olvidada por la mayor parte de las instituciones del Estado, llevo a que la guerrilla se beneficiara del impuesto cobrado a los campesinos, así como del impuesto cobrado a los altos volúmenes, a los laboratorios, pistas y embarques de droga de los narcotraficantes. Por ello, el paramilitarismo incursionó en el Guaviare a finales de los ochenta, cuando el narcotráfico intento a través del mecanismo del exterminio arrebatar el dominio económico y territorial a la guerrilla.

Transcurridos algunos años este último nuevamente incursiona en el departamento, ahora con una estrategia regional sobre áreas caracterizadas por procesos de colonización campesina y en los cuales las FARC presentan trayectoria. De esa manera, en 1997 y 1998 la presencia paramilitar proveniente del norte del país, irrumpe en el departamento originando una ola de terror a través de masacres, amenazas y abusos contra la población. Sin embargo, las FARC han sobrevivido tanto al paramilitarismo, así como a la lucha que libran las Fuerzas Armadas contra la insurgencia y contra la presencia de los cultivos ilícitos, esta última se lleva a cabo a través de la aspersión aérea de químicos por parte de la Policía Antinarcóticos, y del acompañamiento armado que se hace en tierra, el cual es ejercido por las Fuerzas Militares especialmente en zonas controladas por la guerrilla.

La política de erradicación de los cultivos ilícitos tomó fuerza a partir de 1994, cuando se desarrolló una campaña dirigida a destruir según datos oficiales de la época 23.900 hectáreas de coca sembradas en el Guaviare, mas del 60 por ciento de la coca cultivada en Colombia y el 13 por ciento en el mundo. Desde finales del mismo año se inició la operación resplandor, en la que se ubicó al Guaviare como el escenario piloto en el ámbito nacional de las acciones de erradicación forzosa de los cultivos en mención.

Debido a diversos conflictos, el Guaviare fue declarado como zona especial de orden público en 1996, esta disposición dio pie para que la fuerza pública cometiera diversos abusos e infracciones contra la población civil. Los hechos denunciados originaron movilizaciones campesinas que reclamaban del Estado el cese al maltrato del cual eran objeto, así como el cese de las fumigaciones con glifosato sobre los cultivos de coca. Esta última demanda atendía a los daños al medio ambiente y de salubridad que aún hoy ocasiona este químico, al esparcirse indiscriminadamente sobre las casas de los campesinos, sus familias, sus animales, fuentes de agua y cultivos alimentares de subsistencia.

Las medidas de fuerza que se llevan a cabo debido a la erradicación forzosa, son percibidas por las comunidades dispersas como ataques externos que recaen sobre ellas. Por ello, el colono cultivador de coca encuentra en el combate de la guerrilla contra la erradicación forzosa de coca, la única respuesta a la agresión de que es objeto a través de las fumigaciones, la criminalización y persecuciones, puesto que el campesino siente que a través de éstas, el aparato de Estado le está arrebatando la única opción de vida que encontró, ante la ausencia de alternativas eficaces para la economía campesina. (Vargas, 1999)

A pesar del refugio que pueda sentir el colono en la guerrilla, al llevarse a cabo las fumigaciones se producen drásticos desplazamientos masivos de los campesinos, los cuales conducen a una mayor marginalización y desempleo de la población que se aglutina en los centros urbanos. Igualmente, con la aspersión de químicos se promueve el desplazamiento de los cultivos ilícitos selva adentro, con toda la problemática ya existente.

Por otra parte, La insurgencia se aprovecha de las ineficaces y contraproducentes políticas de erradicación forzosa de los cultivos de coca, ⁽³⁾para obtener una relativa legitimidad política entre los sectores rurales de la población. Sin embargo, la legitimidad se basa en buena parte en la lógica privada la cual se sustenta en la racionalidad económica o militar; siendo también en muchos casos la organización comunitaria de los colonos muy precaria, viciada por una dinámica social en la que prima la fragmentación de los poderes privados, sean económicos o militares. Aún así, se presentan sectores de colonos que reclaman un replanteamiento en la forma de hacer presencia del Estado en la zona, y hasta están dispuestos a comprometerse en un verdadero proceso de substitución de los cultivos de coca, no obstante, la respuesta del aparato de Estado se continúa realizando primordialmente por la vía de la fuerza.

En general, el Estado colombiano ha optado por el ejercicio de la coerción, pese a ello, éste parece estar impotente para controlar el crecimiento de los grupos armados ilegales por todo el territorio nacional. ⁽⁴⁾Rangel (1999), expresa como la población ha tenido que aceptar las reglas de juego impuestas por los ejércitos que en cada región se han constituido como poderes de hecho. La administración privada de la justicia, la privatización de la seguridad y el recaudo privado de tributos tanto de los grupos guerrilleros como del paramilitarismo, se han convertido en practicas cotidianas que tienden a homogenizar políticamente a las regiones. Dichos grupos construyen redes de poder local y/o regional organizadas a través de la fuerza, esta situación cuyo móvil es la disputa por el control territorial con la respectiva apropiación privada de los recursos, se expresa en el espacio guaviarense, entre muchos otros en los movimientos de la población.

De acuerdo al Sinchi (1999), existe un dinámico proceso contemporáneo de colonización, pese a las condiciones de vida en el Guaviare, en el cual se presentan dos motivos de poblamiento y de racionalidad económica que identifican dos grandes fronteras en el interior del departamento. Una, que caracteriza el proceso iniciado como colonización campesina y que implica la cría de ganado y en algún grado, la polarización de la distribución de la propiedad rural; la otra, relativamente nueva en el proceso colonizador, es la frontera cocalera, centrada en la expansión y dispersión de los cultivos sobre áreas de bosques, con diversos tamaños, dependiendo del tipo de agente económico a ello dedicado. ⁽⁵⁾

Sin embargo, existe otro tipo de colonización o movimientos intra e inter regionales por el efecto de las circunstancias de orden público, el colono campesino atraviesa una situación adversa, además de que él y su familia tienen que enfrentar las consecuencias que el cultivo ilícito le acarrea, el colono se encuentra en medio del conflicto desdoblado por los aparatos armados estatales, paraestatales y antiestatales. (González, 1998).

En el Guaviare, el proceso de ocupación y configuración espacial se presenta como resultado del desarrollo de las reglas generadas primero en los procesos de exclusión y segregación originados al interior de la frontera agrícola del país, y después consecuencia de la anterior, por el ejercicio de la violencia económica y política. En este espacio se presentan procesos donde se retroalimentan ilegitimidades políticas y delincuencia organizada, dentro de un fraccionamiento del poder que se expresa en las acciones de los diferentes actores que se disputan el control territorial a través de la fuerza, y que a su vez reproducen las relaciones sociales profundamente diferenciadas y excluyentes que originaron los conflictos.

Como consecuencia de la ausencia de agentes estructurantes y orgánicos, se presenta una dispersión de la sociedad, manifestada en la segmentación del tejido sociocultural lo cual inhibe el sentido de pertenencia conjunta de los pobladores a este espacio, y limita, por tanto, su expresión política. Así, se originan unidades socioespaciales inestables con tendencia a finalizar en conflictos violentos entre los actores que intervienen en el proceso de formación espacial, denotando la ausencia de un factor estabilizador debido de una parte a la reducción de espacios para la resolución de los conflictos, así como a la falta de disposición de la sociedad para el procesamiento político de los mismos, y de otra, a la ausencia de políticas efectivas de integración y control socioterritorial.

Políticas de aplicación preferencial en el Guaviare

El desarrollo histórico, económico y político colombiano, ha sido el resultado de las formas como se ha dado la apropiación privada del territorio, por lo que el conflicto, y la formación espacial colombiana se relacionan de una u otra manera con el acceso a los recursos y el control territorial. Así por ejemplo, una elevada concentración de la propiedad privada de las tierras de mayor productividad ha generado un continuo proceso de colonización del campesinado, lo cual se relaciona con el tipo de acceso a los recursos y su control.

La proliferación de los cultivos ilícitos en zonas de colonización como el Guaviare se debe, entre otras causas, a la expulsión de miles de campesinos del centro hacia zonas alejadas del país; tal como se ha dicho, antes de los cultivos ilícitos estuvo presente el problema de la tierra. De tal manera que la dinámica del poblamiento del Guaviare se encuentra relacionada con factores de concentración de la tierra en la frontera agropecuaria, así como con la incapacidad estructural que tienen los sectores modernos de la economía para absorber la fuerza de trabajo expulsada de las áreas rurales del interior del país.

Como consecuencia de estas situaciones, la ocupación y formación de los asentamientos humanos, es un proceso irreversible, ya que grupos importantes de la población han encontrado la oportunidad de acceder a unas condiciones materiales de vida que en otros lugares no han logrado. En ese contexto y a pesar de las condiciones adversas, los pobladores del Guaviare han tenido la necesidad de convivir en medio de la ilegalidad de su asentamiento y de su base económica, la presión del latifundio, la acción del narcotráfico y el ejercicio de las violencias estatal, guerrillera y paramilitar. (SINCHI, 1999).

En otros términos, en tanto en la frontera agropecuaria del interior del país persista el actual modelo económico, concentrador de tierras y del ingreso, así como generador de grandes inequidades sociales y económicas, se presentará la emigración campesina, la ampliación del latifundio ganadero extensivo, la deforestación del bosque húmedo tropical, el desempleo, el conflicto armado y el éxodo hacia apartadas regiones, en donde la población desplazada encontrará en la producción de coca la única forma de acceder a un nivel de vida "relativamente aceptable."

Sin embargo, como expresa Reyes (1997), no puede adelantarse ninguna política efectiva de distribución de la propiedad rural cuando amplias áreas del territorio nacional son dominio armado de los propietarios, entre quienes ocupan lugar destacado los narcotraficantes. En esas condiciones, la democratización del acceso a la tierra y sus recursos, condición necesaria para la superación de los conflictos y sus fuertes impactos, se ve obstaculizado por la valorización del capital ilegal. Por ello, la solución a los problemas del campesinado en general así como del guaviarense en particular, difícilmente puede encontrarse, al menos por ahora, en una reforma agraria.

Entretanto, en las ultimas décadas se ha invertido la tasa de población, en los años sesenta el 70% de la población vivía en áreas rurales, y el 30% en pueblos y ciudades, hoy ese porcentaje no solo se ha invertido sino que tiende a agravarse.

La población campesina es el sector social más afectado en términos de desarraigo y pobreza. Los datos confirman las advertencias reiteradas sobre un proceso de recomposición violenta de la tenencia de la tierra que subyace en el conflicto armado y en el cual confluyen importantes intereses económicos y políticos. En 1998 el 82% de los desplazados provenían de zonas rurales, en lo que constituye un preocupante éxodo del campo toda vez que en forma paralela se incrementan las migraciones económicas que esta generando la crisis del sector agropecuario." (CODHES, 2000, p. 15-16).

Las corrientes del desplazamiento se manifiestan en dos vías, de una parte el éxodo rural - urbano y por otra, el éxodo rural - rural. Cuando el campesino se desplaza hacia zonas rurales, lo hace generalmente de manera forzada debido a las amenazas, masacres y en general abusos a los derechos humanos; cuando se desplaza hacia el campo, además está buscando reconstruir su economía y vínculos socioculturales destruidos por la violencia política y/o económica en su lugar de origen. No obstante cuando el campesino llega al Guaviare se enfrenta a una realidad muy diferente, la baja capacidad productiva de sus suelos, la tradicional desarticulación de su débil economía formal a los mercados regionales y nacionales y en general la marginalización, conducen a que la mayor parte de los asentamientos se centren en pequeños poblados que se viabilizan únicamente por el desarrollo de la narcoeconomía, con todo y sus consecuencias.

A partir de las desfavorables condiciones sociales, económicas, agroecológicas y en medio de la permanente violencia, algunos campesinos han terminado por demandar políticas efectivas que den vía a alternativas diferentes a la coca. Sin embargo, como ya se ha reiterado, han primado las políticas de erradicación de los cultivos ilícitos siendo éstas una prioridad que se ha establecido con mayor énfasis a través del mecanismo de la fuerza, el aparato de Estado viabiliza su presencia a partir de estas políticas, en tanto que el diseño y la implementación de políticas que ataquen la dinámica estructural del problema de los cultivos ilícitos avanzan muy lentamente, postergando así las medidas democráticas requeridas para la resolución sostenida de diversos conflictos.

Dentro de las políticas antinarcóticos en Colombia, se han considerado algunos mecanismos que se vienen desarrollando con mayor fuerza desde 1994 y un año más tarde con el diseño del programa de "El Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de las Drogas" (1995). Este documento señala entre algunas de sus políticas: El control e interdicción, mediante la erradicación de los cultivos ilícitos, el ataque frontal al procesamiento industrial de drogas, a la distribución, al lavado de dólares y la persecución a los carteles; y la ejecución del Plan de Desarrollo Alternativo.

Este último, se desarrolla como complemento de las campañas de erradicación forzosa, y tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos, a través de acciones que permitan prevenir el establecimiento de éstos, al tiempo que establecer las bases para un desarrollo local y regional, fundamentado en criterios de sostenibilidad y de autonomía social y económica. Este programa se orienta a brindar a partir de la destrucción de los cultivos ilícitos ya sean empresariales o de economía campesina, una alternativa económica de vida, dentro de la ley, a los campesinos, colonos e indígenas involucrados en esa actividad. Por tanto, comprende acciones dirigidas a garantizar formas de producción, comercialización y servicios que mitiguen los efectos de la erradicación e interdicción de cultivos ilícitos sobre los campesinos, indígenas y colonos.

No obstante, la implementación del programa de desarrollo alternativo además de contar con insuficientes recursos, se ha encontrado con dificultades generadas en la interlocución con las comunidades de colonos. La política de erradicación forzosa se ha centrado en los cultivos de los pequeños y medianos productores, de tal manera que, la concertación comunitaria indispensable dentro de la política del programa alternativo que en últimas busca construir un tejido social, se ha visto desvirtuada, ya que al producirse los desplazamientos se rompen las redes socioculturales que se hubiesen podido construir. Las fumigaciones destruyen las pocas tentativas que existen para proveer alternativas legales eficaces a los campesinos cocaleros a través de programas de desarrollo alternativo.

Por otra parte, prima el desconocimiento de la composición de los suelos amazónicos no indicada para cultivos tradicionales, el programa de substitución de cultivos ilícitos insiste en la promoción de cultivos que ofrecen muy limitadas perspectivas económicas y no compiten siquiera en mercados regionales; por lo que se ha considerado la producción pecuaria la cual parece ser la mas habilitada para la estabilización de la economía campesina, no obstante, ésta ha contribuido notoriamente a la ampliación de la frontera de colonización y a la degradación de los suelos amazónicos.

Pese a la actitud positiva de las comunidades frente a los procesos de desarrollo alternativo licito, los alcances del programa por el momento son muy limitados, ya que éste se ha caracterizado por metas de corto plazo imposibles de cumplir, por la improvisación y especialmente por desvalorizar este proyecto rebajándolo a la condición de subsidio complementario de la erradicación forzosa, la cual constituye la política vertebral dentro de las pautas señaladas para el combate a las drogas.

Sin embargo, no se han erradicado los cultivos ilícitos en Colombia, como ya se ha visto, las acciones de fuerza para la erradicación de estos cultivos se traducen no solo en el aumento de hectáreas dedicadas a los mismos, sino también en el traslado permanente de éstos. En otras palabras, la respuesta del campesino a esa situación ha sido una sola, entre mas cocales fumigados, mas hectáreas cultivadas En estas condiciones los organismos de seguridad podrían seguir adelantando acciones de fumigación, sin que se acabe la producción de coca a mediana y pequeña escala; como manifiesta Vargas (2000), estas acciones evidencian históricamente su fracaso:

"... los "éxitos" de la erradicación de coca en departamentos como el Guaviare se expresan en un crecimiento de nuevas áreas en Putumayo y de esta zona la producción se ha trasladado a nuevas áreas en Vichada, Vaupés, Catatumbo, etc. Y aún si se lograse un éxito de erradicación total en Colombia, existen 650 millones de hectáreas en la Amazonia con condiciones biofísicas para instalar las 200.000 hectáreas que requiere la demanda mundial de cocaína. En ningún momento de la historia del uso de la fuerza contra los cultivos ilícitos se ha logrado disminuir el volumen global necesario para atender a los mercados de drogas de origen natural "

La erradicación de los cultivos por la vía de la fumigación, no parte de reconocer que el problema es de naturaleza socioeconómica para el pequeño y mediano productor, una expresión del conflicto agrario contemporáneo que vive el país, al cual se suma el fenómeno de los desplazados. Simultáneamente, persiste el modelo colonizador que ha tenido el país, y el cual sigue vigente en todas sus modalidades y expresiones, agravado por la aparición de un cultivo de muy fácil adaptación poniendo en peligro el ecosistema. Procesos de colonización sin alternativas económicas son los mejores aliados para la expansión de los cultivos ilícitos.

Por otra parte, esta política contradice el objetivo de conservar los recursos biológicos y mantener las condiciones ecológicas que garanticen la integridad y aprovechamiento del patrimonio natural, consignado en la Política para el Desarrollo y Conservación de la Amazonia Colombiana (1991). El costo ambiental para Colombia de la erradicación química no ha sido suficientemente cuantificado, sin embargo, Tokatlian (1998), indica que se estima que por cada hectárea de coca, se destruyen lentamente en promedio 4 hectáreas de bosque.

Con todo, la nueva política gubernamental a ser aplicada en referencia a la lucha contra el narcotráfico consignada en "El Plan Colombia" (1999), presenta los siguientes puntos como primer objetivo de carácter estratégico: Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas; combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país; ⁽⁶⁾establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación; restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas.

El Plan Colombia, resalta como reto primordial en el país el fortalecimiento a la lucha contra la proliferación del narcotráfico, desconociendo otros problemas y actores que en el desarrollo de nuestra historia han venido creando las condiciones propicias para el desarrollo del primero, entre los cuales se encuentra la conformación de una cultura política que ha impedido entre muchos otros, una modificación substancial de las estructuras agrarias.

El componente principal de este Plan se centra en canalizar recursos para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía con el objeto de combatir la insurgencia y la industria del narcotráfico. El mecanismo de presión no sólo es la guerra, con armas convencionales y biológicas, sino, además, golpear a las bases sociales y políticas de la insurgencia y desarticular uno de sus mecanismos fundamentales de financiación, las zonas de cultivos ilícitos. En las actuales condiciones este discurso oficial supone un planteamiento no para la paz, sino para la guerra.

Sarmiento (2000), manifiesta que del paquete de asistencia que el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado inicialmente para implementar el Plan Colombia, US$1.300 millones de dólares, el 80% está dirigido a la ayuda militar y policial (equipos, tecnología, entrenamiento y apoyo logístico y de inteligencia). Estos recursos son adicionales a los US$330 millones de ayuda militar que recibe el país anualmente.

La ayuda norteamericana tal y como esta concebida en el mencionado plan para combatir el narcotráfico en Colombia, solo traerá la agudización de nuestros problemas ancestrales así como la guerra; la política antidrogas ha venido afectando a pequeños cultivadores de coca, a través de las fumigaciones, las persecuciones, la criminalización del campesinado y la militarización de un problema social, desconociendo por completo la profunda problemática que hay detrás de esta actividad.

En tanto, ninguno de los actores armados gana una hegemonía en las zonas afectadas, la guerrilla por su parte no logra establecer relaciones legitimas de poder, siendo su predominio el resultado de acciones pragmáticas. El paramilitarismo opera a través del terror como mecanismo de protección de los circuitos ilegales. La Policía Antinarcóticos pese a su compromiso con las acciones de erradicación no logra evitar el crecimiento de las áreas de cultivo estimuladas por el mercado mundial. Y las Fuerzas Armadas no posibilitan con sus operativos, la legitimación ni credibilidad del aparato de Estado en las zonas de conflicto tanto por sus métodos para operar como por la ausencia de complejos procesos integrales del orden estatal.

En ese sentido, cuando la presión norteamericana dentro del marco de los acuerdos bilaterales en lucha contra el narcotráfico exige acciones más radicales en las tareas antidrogas, se convierte en un mecanismo externo de prolongación del conflicto interno en Colombia. El ofrecimiento de cooperación dentro de ese contexto posterga la creación de condiciones para una salida negociada al conflicto, el cual parece en ocasiones dilatarse.

La paz tendrá posibilidades desde la negociación entre los actores en conflicto, de manera tal que se pueda producir si quiera el intento de una transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales vigentes. No obstante, el éxito del actual proceso de paz se vería en peligro con la implementación del plan Colombia, de seguir planteándose fundamentalmente mediante acciones de fuerza. La insurgencia responderá igualmente por la vía militar, contando con la suficiente fortaleza económica y militar para ello; y con una relativa legitimidad política entre los sectores rurales de la población, la cual sustenta entre otros factores en una secular y abismal inequidad social especialmente evidente en el campo. Es de suponerse que en este enfrentamiento bélico, la sociedad civil y en especial el campesinado serán los mas fuertemente afectados, incrementándose el desplazamiento forzoso incluso hacia las fronteras como ya se está dando.
 

Notas

1.  Las estimaciones sobre el acumulado de la población desplazada desde 1985 hasta 1999 superan la cifra de 1.700.000 personas, una cifra global que si bien no constituye un censo y deja de registrar múltiples episodios e implicaciones del fenómeno, permite apreciar la intensificación del conflicto armado interno, desde la guerra irregular hacia formas definidas aunque inestables del control territorial por parte de los diferentes actores armados. (CODHES, 2000).

2.  La guerrilla se estableció permanentemente en el Guaviare al producirse en los inicios de los ochenta la primera caída en los precios de la coca, con lo que la violencia se incrementó, las - FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aduciendo la defensa de los campesinos entraron al departamento no sólo presentándose como un factor de orden, sino también ejerciendo el monopolio de la fuerza, de la justicia, así como también el del tributo.

3.  Esta política se pone en práctica generalmente sobre los sectores más débiles de la población, quedando, sin embargo, los grandes empresarios de la coca por fuera de su rigor, debido entre otros, a que las tecnologías utilizadas no alcanzan a llegar en general a las profundidades de la selva donde pueden ubicarse los grandes empresarios, contando éstos, además, con una gran capacidad de movilidad. Por otro lado, algunos estudios recientes (ver SINCHI, VARGAS, 1999), señalan como a más hectáreas erradicadas más hectáreas cultivadas. Los campesinos con apoyo o no de la guerrilla diseñaron estrategias de prevención contra las fumigaciones, de desplazamiento armado de los cultivos y de reposición de las áreas fumigadas aumentando las dedicadas a los mismos, en otros términos, a mayor erradicación forzosa mayor producción de hoja de coca.

4.  Para 1997 ya existían en el país 146 grupos de autodefensas o paramilitares y 414 compañías privadas de seguridad, las cuales en sus campos de acción coinciden o se complementan (VARGAS, 1999). Según Rangel (1999), hoy se considera territorio paramilitar aquel constituido por aproximadamente 200 municipios; igualmente la guerrilla expandió los municipios por ella controlados los cuales hoy ascienden a 600 - de acuerdo al censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística en 1993, en Colombia existen 1075 municipios -. De tal manera que en la medida que se expande la guerra, igual se expande la privatización del poder expresado en la fragmentación del territorio.

5. En el Guaviare se presentan tres tipos de cultivadores de coca bien diferenciados, el empresario, el jornalero y el colono campesino. El primero se financia sobre los grandes capitales del narcotráfico los cuales no generan una economía de beneficio excepto los salarios de los segundos; sin embargo, - los grandes empresarios de la coca aprovechan la marginalidad de los colonos quienes son pequeños y medianos cultivadores -, el campesino al trabajar por cuenta propia se convierte en proveedor de los narcotraficantes, no obstante, los colonos no desconocen el carácter ilegal de su predio pero aceptan los riesgos que les transfieren los primeros, para ello, cuentan con la fuerza de trabajo familiar, el acceso a las tierras y el aislamiento geográfico. (SINCHI, 1999).

6.  Pese a que este plan presenta un objetivo territorial y militar bien definido, concretamente el departamento del Putumayo en la región amazónica, las consecuencias recaerán inevitablemente hacia las otras regiones incluso hacia las áreas fronterizas; se contempla que el objetivo del Plan cubrirá todo el territorio nacional en un plazo máximo de seis años.
 

Bibliografía

Codhes - Unicef. Esta guerra no es nuestra. Niños y desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá. 2000. 72 p.

GONZÁLEZ, José Jairo. Regionalización y Conflicto: Guaviare, Vichada y Guainía. De colonos, guerrilleros y chichipatos. En: González, J. J., Ramírez, R., Valencia, A., Barbosa, R., et al. Conflictos Regionales, Amazonia Orinoquia. Bogotá: FESCOL.- IEPRI. 1998, p. 15-64.

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. (SINCHI). Ministerio del Medio Ambiente. Guaviare Población y Territorio. Bogotá: TM Editores. 1999. 194 p.

Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes. Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga. Bogotá. 1995. 155 p.

Presidencia de la República de Colombia. Documento oficial del gobierno colombiano sobre el Plan Colombia: Plan Para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado. Octubre de 1999.

RANGEL, Alfredo. Colombia: Guerra en el fin de Siglo. Bogotá: TM Editores. Universidad de los Andes. 1999. 194 p.

REYES, Alejandro. Compra de Tierras por Narcotraficantes. En: Thoumi, F., Uribe, S., Rocha, R. et al. Drogas Ilícitas en Colombia, Su Impacto Económico, Político y Social. Bogotá. PNUD. Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección Nacional de Estupefacientes. 1997. p.279-345.

SARMIENTO, Libardo. El Plan Colombia y la Economía Política de la Guerra Civil. NIZKOR. (2000). http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/sarmiento.html

TOKATLIAN, Juan Gabriel. Política Antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia. Análisis Político, Bogotá, 1998, sep/dic, Nº 35, p. 47-70.

VARGAS, Ricardo. Drogas Mascaras y Juegos: Narcotráfico y conflicto armado en Colombia. Bogotá: Transnational Institute. Acción Andina. TM Editores. 1999. 214 p.

VARGAS, Ricardo. Políticas antidroga, Estado y democracia en Colombia. KO'AGA ROÑE'ETA se.xi (2000). http://www.derechos.org/koaga/xi/3/vargas.html

ZAMBRANO, Fabio. Ordenamiento ambiental territorial, participación y conflicto. En: Gómez, D. (Coord.). El Ordenamiento Ambiental del Territorio. Panel de expertos. Bogotá: CIDER. Universidad de los Andes.1996, p. 179-186.
 

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