Flor Edilma Osorio Pérez

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, Bogotá.
Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, CODES.

"Desplazados sin rumbo fijo". "El viacrucis de los desplazados". "Sin solución drama de desplazados". Titulares como estos se han vuelto cotidianos en los periódicos colombianos, dando cuenta de un nuevo grupo social que ha generado la guerra. Pero más allá de la noticia, que por constante insensibiliza, el fenómeno del desplazamiento ocupa también informes, reuniones y discusiones de ONG, de académicos y de funcionarios, tanto en el ámbito nacional e internacional. La presencia de este fenómeno en casi todo el territorio colombiano, con diversas intensidades, llevó a ser señalado en 1998 como 'el personaje del año'. En menos de cinco años, la realidad dolorosa del desplazamiento ha ido tocando cada vez más familias especialmente campesinas, aunque no de manera exclusiva. Dentro de la dinámica de la guerra, el desplazamiento se ubica a la vez como estrategia y como resultado de aquella, efecto de la violación de derechos humanos y violación de estos en sí mismo. El desplazamiento forzado compromete el presente y futuro de un gran número de colombianos, de forma directa e indirecta y atraviesa la sociedad de múltiples maneras.

Pero, ¿cómo ha surgido y se ha consolidado esta categoría social en Colombia? ¿Qué actores y qué papel han jugado en la construcción y orientación de la categoría de 'desplazado'? ¿Qué ambigüedades y contradicciones se registran en esa categoría social y conceptual reciente? En torno a estas cuestiones gira el presente texto que tiene dos partes: en la primera me ocuparé del proceso de construcción y consolidación de la categoría de 'desplazado'; en la segunda, plantearé algunas ambigüedades y contradicciones que encierra dicha categoría social en la experiencia colombiana.
 

Construcción de la categoría de 'desplazado': escenarios, actores y sucesos.

"Es desplazada toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro de su propio territorio nacional, abandonando su localidad de residencia y sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público". (Ley 387 de 1997).

Esa es la definición de desplazado forzado, asumida y aceptada tanto por el Estado, como por el conjunto de Organizaciones no Gubernamentales, ONG, y por quienes viven esa difícil situación. Con esas mismas características, esa realidad ha estado presente en muchos de los otros momentos de conflicto armado en Colombia, durante el siglo XX ⁽¹⁾. En los años 80 también se dio el fenómeno, pero aún no se había reconocido como tal. ¿Qué pasó en la década del 90 para que esta categoría social haya surgido y se haya consolidado? Exploraré tres ámbitos en constante interacción: el de los cambios en la lógica de la guerra, el de las dinámicas entre las ONG, el Estado y la academia y, el de los procesos colectivos de quienes viven el desplazamiento forzado.
 

Cambios en la lógica de la guerra y paso de desplazamientos selectivos a desplazamientos colectivos. 

Hacia mediados de la década del 90 se empezó a hacer evidente una modificación en el tipo de desplazamiento forzado por parte de los actores armados. Pasó de ser solamente una estrategia selectiva destinada a líderes de izquierda o de movimientos populares ⁽²⁾, señalados como peligrosos dentro de la lógica de la doctrina de Seguridad Nacional, a potenciarse como una estrategia de control territorial que busca imponer el poder sobre poblaciones enteras. Los desplazamientos colectivos no reemplazaron a los selectivos, sino que los complementaron, haciendo visible y público el fenómeno, el cual dejó de mantener el carácter de inaparente, desapercibido y subterráneo, que se señalaba a comienzos de la década del 90 ⁽³⁾. El arribo de numerosos grupos de familias campesinas, organizados y no organizados, que llegaban a las cabeceras municipales a ocupar los parques, plazas, escuelas y demás espacios públicos disponibles, produjo el efecto de "noticia" desde los medios de comunicación. Por esta vía, se hicieron también las demandas de atención al Estado local y nacional y a las ONG de asistencia humanitaria.

A finales de la década del 90, es claro que los desplazamientos selectivos y colectivos se han constituido en estrategias relativamente eficientes, para modificar la correlación de fuerzas en un territorio. Inicialmente, y previa alianza con sectores de poder de la región, se realiza una acción de tierra arrasada e imposición violenta del poder, para conquistar el territorio. Se pasa luego a un proceso de control y cooptación de los espacios político, militar, económico y social, que legitime y haga sostenible el cambio de actor armado, ya sea por la vía del sometimiento o de la generación de nuevas alianzas de este con la población civil. De manera esquemática, este es el mecanismo que se ha ido empleando desde los grupos paramilitares ⁽⁴⁾ en regiones como Córdoba, en donde, según una revista regional, "los cordobeses no sólo dejaron de correr sino que se armaron de valor y decidieron defender su vida y sus bienes de la mano de los hermanos Fidel y Carlos Castaño (...) La década de los 90 prometía paz, y hubo años de calma y prosperidad..." ( Revista Impulso, 2000)
 

Organizaciones no Gubernamentales, Estado y academia ⁽⁵⁾

Las ONG nacionales e internacionales, fundamentalmente las que trabajan en derechos humanos, han sido actores claves en la visibilización de la categoría de 'desplazado' y en la construcción de su significado y alcances. Su interlocutor o, en palabras de Touraine,su "adversario", ha sido el Estado Colombiano, actor central en la dinámica de la guerra, el desplazamiento y responsable de la protección de los derechos humanos ⁽⁶⁾. Universidades y centros de investigación, que aquí denominaremos genéricamente la academia, han constituido un espacio importante que aporta cada vez más al análisis del conflicto y el desplazamiento. Sin ser las únicas, ONGs, Estado y academia son tres instancias que han participado con diferente intensidad y ritmo en la construcción y contenido de la categoría de 'desplazado' ⁽⁷⁾. Sin pretender una reconstrucción histórica de hechos y corriendo los riesgos de una lectura de tendencias en procesos complejos, con actores heterogéneos, he ubicado tres momentos en la década del 90, con énfasis diferenciados, según la insistencia de las ONG.

Un primer momento, puede situarse en la búsqueda de sensibilización sobre el desplazamiento. El esfuerzo de las ONG estuvo concentrado en lograr que el Estado reconociera el fenómeno del desplazamiento y asumiera su responsabilidad en su generación y, por ende, en su atención particular. Se caracterizó por intensificar las denuncias, desarrollar eventos para discutir la situación de violencia en el país e inclusive, algunos de exclusividad sobre el tema del desplazamiento ⁽⁸⁾. En ese proceso, se hicieron las primeras lecturas regionales que propiciaron espacios incipientes de articulación con las organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos regionales. Hubo también un acercamiento con instituciones centroamericanas y peruanas, que sirvieron de punto de referencia importante. Si bien había alguna presencia de la academia en estos eventos, su participación se centraba en el análisis de los actores armados y el conflicto. En los documentos producidos se observa cómo el concepto de 'desplazado' va reemplazando al inicial de "víctimas de la violencia", y desplazamiento modifica el "éxodo interno", aunque se usan como sinónimos. En ello juega un papel fundamental los aportes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, en 1993 y del ACNUR, a partir de las exigencias de la postguerra en varios países centroamericanos ⁽⁹⁾. A nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1989 "parece haber creado las condiciones necesarias para provocar contiendas civiles y guerras internas" (Commins, 1996). O quizá, más bien, permitió tener conciencia sobre tales situaciones caracterizadas "por la ruptura del orden político, económico y social, y por hacer de la población civil el objetivo de la violencia", las cuales se denominaron emergencias humanitarias complejas (Commins, 1996).

En este primer momento, que correspondió al final del gobierno de Virgilio Barco y todo el mandato de Cesar Gaviria, no se identifican logros concretos en el Estado con respecto al desplazamiento, aunque se logró cierta interlocución con funcionarios de algunas instancias específicas ⁽¹⁰⁾. De todas maneras, sí generó unos vínculos institucionales y unos avances en las discusiones que van a servir para los momentos siguientes.

Un segundo momento, tuvo como énfasis la cualificación del estudio y la búsqueda de respuestas al desplazamiento. Este momento se corresponde con el gobierno de Ernesto Samper, (1994-1998) que, en medio de una crisis de legitimidad ⁽¹¹⁾, tuvo grandes presiones internacionales por infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En 1996, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó establecer cuanto antes una oficina en Colombia e instó al gobierno nacional a reducir la impunidad ⁽¹²⁾.

En 1995 la Conferencia Episcopal Colombiana publicó el primer estudio nacional sobre desplazamiento forzado. La legitimidad de esta instancia permitió una aceptación general de los resultados, que por primera vez arrojaban cifras de los últimos 10 años ⁽¹³⁾. Ello estimuló también la realización de estudios sobre el desplazamiento para ofrecer mayores contenidos en aspectos como el psicosocial, la salud, la educación, evidenciar diferenciaciones por género, edad, grupos sociales, y también por regiones. Los foros y seminarios internacionales se intensifican dándole un espacio particular al desplazamiento forzado. Las publicaciones de esos eventos, pero también de estudios de caso realizados por ONGs y por el gobierno, así como los trabajos de grado de estudiantes universitarios de diferentes disciplinas van teniendo una presencia significativa. Inclusive, se hicieron lecturas temáticas y metodológicas ⁽¹⁴⁾ sobre las tendencias de estos estudios y se recopiló la bibliografía existente ⁽¹⁵⁾.

Las denuncias y presiones de orden internacional, con consecuencias de orden político y económico para el Estado Colombiano, que señalaban el desplazamiento como una de las formas más frecuentes de violación de derechos humanos ⁽¹⁶⁾, propiciaron una serie de medidas institucionales que se concretaron en una ley, la 387 de 1997, para la atención de la población en situación de desplazamiento ⁽¹⁷⁾. Desde el gobierno se buscaron alianzas y encuentros con ONGs y con académicos para discutir las normas y procedimientos más convenientes. Una fuerte actividad de las ONG en este tiempo estuvo en torno a aportar en estos espacios, pero manteniendo la distancia y autonomía con un gobierno, 'el adversario', que a juicio de algunos, buscaba cooptarlos.

Hubo logros de tipo jurídico e institucional que comprometieron al Estado en la atención y respuesta a la población en desplazamiento, aún cuando en la práctica, su alcance y cobertura resultaron reducidos ⁽¹⁸⁾. El concepto de 'desplazado' asumido por el gobierno fue el aprobado por el IIDH, sin mayores discusiones. Los cuestionamientos empiezan a darse con respecto a todo el andamiaje institucional que se establece para la certificación como desplazado, a la posibilidad o no de lograr una respuesta oportuna, así como al establecimiento de normas y procedimientos que, con frecuencia, no se correspondían con la realidad. La generación de respuestas por parte del Estado con disponibilidad presupuestal permite, además de estudios, la posibilidad de empezar a construir experiencias de reubicación y retorno con poblaciones desplazadas. En medio de dificultades y desencuentros entre los tiempos burocráticos y las urgencias y ritmos de las personas en desplazamiento, se desarrollan algunas experiencias piloto en donde participan universidades y ONGs ⁽¹⁹⁾, con lo cual se da un paso en el difícil reto de las respuestas en medio de la guerra.

Mientras esto pasaba en Colombia, la preocupación desde Naciones Unidas llevó a nombrar un Representante del Secretario General ⁽²⁰⁾, para atender en particular el problema del desplazamiento forzado. En 1998 fueron aprobados los Principios Rectores, que surgieron después de un estudio que recopiló y analizó las normas y experiencias de atención en diferentes lugares del mundo, incluyendo Colombia ⁽²¹⁾

Un tercer momento se centra en la reacción y propuestas alternativas de las ONG y de una parte de la sociedad, frente a la política de guerra y a los diálogos de paz. El Plan Colombia, programa del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), enfatiza en la erradicación de cultivos de coca, en la zona del Putumayo, al sur del país, y cuenta con una decidida intervención económica y de asistencia militar por parte de los Estados Unidos. La búsqueda de apoyo y financiación externa por parte del gobierno colombiano, ha estado marcada por acciones de lobby previas y simultáneas por parte de ONG nacionales apoyadas por entes internacionales. Los debates han sido intensos en Colombia, al interior de los Estados Unidos, en los países latinoamericanos, particularmente los limítrofes por el sur (Ecuador, Perú y Brasil) y en Europa. Al mismo tiempo, y en el marco de dialogar en medio de la guerra, se definió una zona de despeje en el sur, que facilite el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y, más tarde, se buscó un espacio de distensión con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el norte del país. Las mesas de diálogo que se han llevado a cabo con las FARC han convocado representantes de diversas fuerzas sociales, que incluyen políticos, grupos económicos, ONG y organizaciones populares. Pero, en contextos más cerrados, también ha sido necesario que las ONG conversen con delegados de ambas organizaciones guerrilleras en torno a las alternativas de paz y convocando su participación en espacios de discusión internacional. Podríamos decir que el proceso avanza marcado por su internacionalización en varias vías: la intensificación de la guerra que desborda las fronteras en población perseguida ⁽²²⁾, en comercio de armamento e, inclusive, acciones armadas; la búsqueda de apoyo para los diálogos con las FARC y el ELN; y la política antidrogas que lleva a los Estados Unidos a ampliar su estrategia a un Plan Andino, que impida que se cambien los cultivos de un país al otro, como ha sucedido anteriormente en experiencias de erradicación de Perú y Bolivia.

Con relación directa con el fenómeno del desplazamiento, el primer año del nuevo gobierno está marcado por un incremento del desplazamiento forzado y una notable ausencia de respuestas gubernamentales por falta de presupuesto y por reorganización de la institución (Red de Solidaridad Social) que se haría responsable de su atención. Por otra parte, la propuesta de erradicación de los cultivos de uso ilícito por fumigación ha causado y va a provocar el desplazamiento forzado de colonos, 'raspachines ⁽²³⁾' y cultivadores de coca, muchos de ellos campesinos sin mayores opciones en medio de una crisis agropecuaria y económica general, marcada por un desempleo cada vez mayor. Unos nuevos desplazados, marcados por el carácter de ilegalidad de sus actividades, el cultivo de coca y amapola, quedan al descubierto. Con ello se renueva, aunque sin mucha fuerza, la discusión sobre los alcances de una categoría institucional ya aceptada.

El Plan Colombia trajo consigo otras contradicciones entre las ONG. Junto con la inversión militar, se incluían recursos importantes como paliativo o compensación, para derechos humanos y atención a población en desplazamiento. Viejas y nuevas vías de cooptación y de reorganización de alianzas con "el adversario" se hicieron evidentes. Sin duda alguna, las dinámicas de la guerra y de la paz, amplían el marco de acción de las ONGs y de la academia. Durante este tiempo van surgiendo diferentes iniciativas de articulación de esfuerzos de la sociedad civil, tales como la Asamblea permanente por la paz, la Red de Universidades por la paz, la Red de iniciativas por la paz, Colombia va y, más recientemente, Paz Colombia y Planeta Paz. El desplazamiento sigue ocupando un lugar importante en los eventos y discusiones, pero dentro de un marco más amplio. Se abre el espectro nuevamente hacia las propuestas de cambios estructurales necesarios para la superación de la guerra y allí el desplazamiento forzado de población rural, reposiciona la discusión sobre el problema del acceso a la tierra como un problema estructural no resuelto. Pensar en el cese de la guerra y sus condiciones, implica mirar de manera prospectiva un tiempo de postconflicto que, visto desde las experiencias de Centroamérica, es un escenario bastante complejo que tiene que ver con las decisiones y procesos que se dan desde la guerra misma.
 

Pragmatismo y resistencia: acciones colectivas de la población desplazada

Hasta 1997 las organizaciones de desplazados eran muy pocas, y en muchas de ellas existía un enorme temor para hacerse visibles con ese rótulo explícito que pudiera generarles rechazo y persecución. Sin embargo, siempre han habido expresiones colectivas, particularmente de militantes de izquierda, quienes por ser los más afectados, y también por su formación y experiencia, han buscado estas expresiones para la denuncia. Muestra de ello fue el Primer Congreso de Damnificados de la Guerra Sucia, en 1989. Al ritmo de la evolución de las presiones de la guerra y de las posibilidades de alianza con ONGs, se crearon algunas organizaciones como la Asociación Colombiana de Asistencia Social, ASCODAS, con desplazados del Meta hacia 1991 y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS ⁽²⁴⁾

En1996 se realizó la primera toma institucional por campesinos desplazados, con una tradición de lucha por la tierra en el Cesar. Esta toma se sostuvo por cerca de 7 meses en las instalaciones del INCORA y de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, antes de que fueran reubicados y dotados de tierra en otra región del país ⁽²⁵⁾. En 1997, con las respuestas institucionales legales, se abre el espacio y la necesidad de constituir organizaciones de desplazados, tanto para demandar y presionar por la atención y el cumplimiento por parte del Estado, como para canalizar recursos y respuestas de manera más oportuna. Los mismos funcionarios exigían y sugerían esta estrategia y, por lo menos en Bogotá, los trámites y circulación por las instituciones los convirtieron en punto de encuentro para definir organizaciones entre casi desconocidos. En el año 1998, cuando se dio el cambio de gobierno Samper-Pastrana y se modificó la responsabilidad institucional para atender el desplazamiento, se evidenciaron intensas acciones colectivas de presión, tipo "tomas institucionales", por parte de grupos de desplazados en diversas ciudades, pero sobre todo en Bogotá ⁽²⁶⁾. Se buscaba confrontar a los poderes centrales decisorios de las políticas y de los presupuestos y también a la sociedad citadina, un tanto ajena a las realidades de la población rural.

Pero, aparte de estas presiones, se han ido construyendo espacios organizativos que plantean propuestas y asumen nuevas posiciones con los actores armados ⁽²⁷⁾. Están también quienes insisten en el retorno como una meta, y bajo condiciones de seguridad y apoyo socio-económico, planteamiento sobretodo de grupos con una fuerte organización y quienes demandan reubicación en otras zonas rurales o posibilidades para mantenerse en los lugares de llegada. No podría precisarse el número de organizaciones de desplazados que existen en el país, pero podrían alcanzar las 200. Muchas de ellas se identifican en su denominación como asociaciones de desplazados de una determinada región, otras incluyen el término desarrollo integral. Las que ya están reubicadas se denominan como productores o parceleros de una finca determinada. Un esfuerzo importante de federación de estas organizaciones se dio a comienzos del 2000 para conformar la Coordinación Nacional de Desplazados en la perspectiva de construir un Movimiento Nacional de Desplazados "con la diversidad étnica y cultural de pertenecer a comunidades indígenas, negras y de campesinos (...) con el elemento común de saber el incumplimiento reiterado de Acuerdos y Pactos por parte del Gobierno y el Estado (...) está la necesidad de avanzar del terreno de la denuncia al de la judicialización y resituar ésta, en el escenario internacional" ⁽²⁸.

Un espacio de concertación es el creado por la ley 387, a través de los Concejos Municipales y Departamentales para la atención de desplazados, en donde tiene asiento un delegado de los desplazados en medio del conjunto de funcionarios de diversas instituciones. Así mismo las llamadas Mesas de Concertación, que se están realizando en ciudades como Bogotá, son espacios de encuentro entre funcionarios y delegados de organizaciones que pueden posibilitar una mejor y mayor información y control de los servicios y recursos. Aunque pueden propiciar decisiones y orientaciones claves, estas instancias mantienen todavía un bajo perfil. De otra parte, la selección de representantes de los desplazados implica unos niveles organizativos importantes y fluidos que no existen, y que son más difíciles de lograr, especialmente en el orden departamental.

Finalmente vale la pena señalar un espacio al que han ido acudiendo paulatinamente quienes viven el desplazamiento, para reclamar sus derechos de manera individual y colectiva ⁽²⁹⁾. Se trata de acciones exitosas de tipo jurídico, como las acciones de tutela que han ido construyendo contenido y opinión sobre la categoría de desplazado. Un caso fue instaurado por los desplazados de la hacienda Bellacruz, Cesar, contra funcionarios que manifestaron públicamente su rechazo a la ubicación temporal de este grupo de campesinos en un municipio. La tutela falló a favor de los desplazados y generó un precedente frente a la exclusión y al estigma de que son objeto los desplazados ⁽³⁰⁾ (Corte Constitucional, 1997). Acudir a las acciones legales no sido sólo fruto de la acción colectiva. Otra sentencia de la Corte recoge también denuncias individuales de personas desplazadas en Cali y Medellín, a partir de las cuales se pronuncia un fallo sobre la prioridad de las respuestas de las instituciones del Estado a los desplazados, aunque no haya disponibilidad presupuestal (Corte Constitucional, 2000). De manera más reciente se produjo otro fallo a favor de una persona en desplazamiento a quien la Red de Solidaridad no otorgaba la calidad de desplazado y, por lo tanto, impedía el acceso a servicios. Esta sentencia es clave en la medida en que atañe específicamente al alcance y reconocimiento de la categoría de desplazado (Corte Constitucional, 2001).

Hemos hecho un rápido recorrido temporal de escenarios, actores y acontecimientos que han tenido que ver con la construcción de la categoría social de 'desplazado'. Un denominador común del proceso ha sido la internacionalización tanto del concepto, como de las realidades y de las intervenciones sobre el desplazamiento, y sus causas, que muestra su glocalización, en tanto que globalizan lo local y localizan lo global (Santos, 1999). Por una parte, como concepto, el desplazamiento forzado o desplazamiento interno es una categoría transnacional, en construcción, que se ha comenzado a estudiar de manera muy reciente, retomando una importante carga jurídica del orden internacional, de la cual se ha alimentado: el derecho internacional humanitario, de derechos humanos y de los refugiados. Por otra parte, en su generación ha jugado un papel clave el movimiento internacional de derechos humanos, enlazando las redes locales, nacionales e internacionales, entre ONGs y entre grupos de desplazados, lo cual ha generando una serie de medidas e impactos en las decisiones institucionales y en el reconocimiento de un problema específico en el país, como lo es el desplazamiento forzado. Finalmente, esta dinámica va de la mano de la internacionalización de la guerra colombiana y sus impactos, lo cual ha ido generando la presencia internacional tanto en la solidaridad, la presión política y la veeduría, como en la intervención militar misma.
 

Algunas ambigüedades y contradicciones de la categoría de 'desplazado'.

Sin duda alguna haber posicionado en Colombia la categoría de 'desplazado', en el ámbito social, político y jurídico, constituye un logro para el reconocimiento de los derechos a un grupo de población específico. Pero ello plantea a la vez ambigüedades y contradicciones de la categoría. Enunciemos algunas.
 

Temporalidades inciertas: entre el ser y el estar 'desplazado'

En Colombia, el empleo de la categoría desplazado, está usualmente acompañada del verbo ser y no del estar. Es decir no se asume como una situación ⁽³¹⁾ transitoria, sino que se instaura como identidad esencial. Ello puede estar relacionado con el cambio profundo que significa el desplazamiento. Pero puede también pensarse que, más allá de la forma, puede condicionar salidas, al asumir connotaciones de identidad fija, y no de una identidad transformable.

Es evidente el carácter difuso de la temporalidad de quien vive el desplazamiento, en medio de una incertidumbre tanto en su cotidianidad concreta como del contexto macro que produce la guerra. ¿Cuándo termina el desplazamiento? ¿Basta haber retornado al lugar de su salida o a la reubicación en otro sitio? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Es posible determinar un tiempo de vigencia y según qué criterios? La experiencia colombiana muestra que, usualmente, el hecho físico de retornar o de ser reubicado en otro lugar, no significa que se hayan resuelto sus necesidades y que hayan sido reparadas sus pérdidas económicas, sociales y morales ⁽³²⁾.
 

El reconocimiento del 'desplazado'

En el caso colombiano encontramos, por lo menos, tres niveles de reconocimiento:

§ Una de realidad subjetiva de valoración del peligro y del riesgo, que lleva a tomar las decisiones de huir y salvar su vida, en medio de una dinámica de guerra irregular

§ Un reconocimiento de tipo jurídico que responde al concepto emanado por la ley 387 y que delega al Estado su reconocimiento.

§ Un reconocimiento de tipo administrativo, muy articulado con el nivel jurídico, que implica un trámite para quedar incluido en el sistema de registro, para acceder a servicios y derechos, aunque sea de manera formal.

Decidir en qué momento salir obedece a una valoración subjetiva del peligro inminente o del temor para continuar viviendo en un lugar. Existen situaciones más evidentes que otras, especialmente cuando hay masacres, combates, asesinatos. Pero la dinámica de la guerra no siempre es tan pública y mantiene desarrollos más soterrados, de amenazas personales, de rumores y 'listas negras', de dificil comprobación. En el ámbito administrativo, especialmente, se mantiene cierta actitud de desconfianza, en donde no se parte del presumir la verdad de quien denuncia la situación, sino su falsedad ⁽³³⁾. Preguntarnos sobre los límites y alcances del concepto de 'desplazado' no constituye un ejercicio académico, sino un llamado frente a las implicaciones concretas sobre la vida de las personas. Aquí se mezclan los intereses teóricos con los extra-teóricos y estratégicos, de tipo político, legal, operativo y social, en donde la pretendida neutralidad de un concepto se pierde, para mostrar su carácter de construcción social.
 

Discriminación positiva y negativa

La categoría 'desplazado' crea condiciones ambiguas y contradictorias como víctima y como estigma, como sujeto de derechos y como usurpador de recursos, en relación con los no desplazados, especialmente con los llamados 'pobres históricos'. Proceder de zonas rurales, un sector excluido y subordinado con respecto a la ciudad, puede influir de manera importante en una relación de discriminación. Haber quedado en la miseria, y con ello perder los referentes de dignidad que da el trabajo y la capacidad de autoabastecerse, se articula con la equivalencia que se va imponiendo entre pobre y delincuente potencial. Ser sobreviviente de la guerra como desplazado, crea unas condiciones que incluyen la práctica de señalar a la víctima como responsable de lo sucedido, hecho que difiere al comparar las reacciones que se dan con sobrevivientes de desastres como temblores, avalanchas, o con quienes sufren la experiencia del secuestro, dentro de la guerra misma. Pero la identidad de desplazado, a la vez que puede intensificar los conflictos y polarizaciones de la sociedad, puede permitir la recomposición del vínculo social y generar condiciones para el surgimiento y validación de los proyectos colectivos ⁽³⁴⁾.

Pero hay otros referentes que se van adjuntando a la representación del desplazado, en tanto pertenencia étnica, edad, género, pertenencia regional, etc. La pérdida integral que significa el desplazamiento, ha ido homologando su ubicación a estratos pobres. De ahí que las clases medias y altas ⁽³⁵⁾ no empleen el término desplazado para ubicarse en términos de su situación, con lo cual su condición y posición se mantienen. Pero la discriminación puede empeorar: ser negro o indígena, mujer y joven, o proceder de Apartadó, San Vicente del Caguán, Barrancabermeja o Valencia ⁽³⁶⁾, pueden ser otros referentes que intensifiquen la discriminación, dada la representación sobre la peligrosidad real y potencial y la desconfianza por la supuesta vinculación con actores armados.
 

Proximidades y diferenciaciones con otras movilidades forzadas

Quisiera señalar dos dinámicas cercanas al desplazamiento forzado, en el concepto vigente en Colombia: una que tiene que ver con la movilidad en sí, y otras con las razones que la producen. Por una parte, si bien la guerra es reconocida como productora de desplazamiento forzado, es importante dar cuenta de otro fenómeno que genera y que afecta la movilidad de las personas. Podríamos llamarla sedentarización forzada. Para el caso colombiano, algunas poblaciones quedan "inmovilizadas" en medio del cerco paramilitar y de la guerrilla. Un caso reciente ocurrió en el Putumayo, en el mes de octubre del 2000. En las mismas condiciones han estado y se siguen dando con poblaciones como El Castillo, Meta, y con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí cabría la definición de Shiappa y Cubas (citado por Franco) para quienes la categoría de desplazado se puede dar en ausencia de la movilidad física misma, dentro del enfrentamiento político-militar.

Por otra parte, conviene precisar que la categoría de desplazamiento que se está manejando en Colombia difiere de otras como la de Naciones Unidas, que incluye como factores además de la guerra y la violencia, los desastres naturales o causados por el hombre y de otras concepciones por fuera de los derechos humanos, que son los reasentamientos por obras de infraestructura ⁽³⁷⁾. Dentro del contexto de guerra que vive el país parece necesario por ahora, no abrir el concepto de 'desplazado' hacia otros tipos de movilidad forzada, pero sí tener en cuenta estas otras lecturas en el ámbito internacional. El peso que tiene el conflicto armado dentro del tejido social, implica una relación distinta entre quien ha sufrido los efectos de un desastre ambiental y quien ha sido perseguido por grupos armados ⁽³⁸⁾. Sin embargo la diferenciación entre migración económica y política no es tan evidente en muchos casos, pues usualmente las causas no aparecen en estado puro, sino entremezclados, lo cual hace difícil en muchos casos la distinción exacta entre los factores coercitivos.
 

Descomponiendo la categoría 'desplazado': situación, condición y posición ⁽³⁹⁾

La categoría de 'desplazado' mantiene una dinámica de interacción y de mezcla permanente con otras categorías sociales, que la hace heterogénea en sí misma. Quizá valga la pena descomponer la categoría en algunas dimensiones, que nos permitan comprehender mejor su complejidad y sus posibilidades de transformación como construcción social. Retomo entonces tres dimensiones: la situación, la posición y la condición.

La situación, tiene que ver con el estado material, esto es con los recursos materiales de que se dispone o no para vivir y resolver sus múltiples necesidades. Es el componente más evidente que, para quien está desplazado, supone llegar de manera repentina a una situación de empobrecimiento forzado, al dejar su tierra como factor de producción y de reproducción, de una vivienda, de los recursos de educación y salud de que disponía, así fuera de manera precaria. La posición, supone el lugar que ocupa dentro de la sociedad, con respecto a los otros grupos e instancias sociales. La pobreza y la miseria, como nuevas situaciones, generan una posición dependiente y de marginalidad, no solo de los bienes económicos, sino también de los bienes simbólicos valorados, exclusión social que contribuye a su vez a consolidar la pobreza económica, social y política. La posición en este caso también se define desde el contexto de guerra, que califica y que polariza las identidades en función de los grupos armados; así quienes están desplazados resultan siendo alineados con frecuencia con el actor contrario al que los desplazó. La condición, que tiene que ver con las representaciones socialmente construidas en torno al comportamiento, y al deber ser de quienes son desplazados. Son los condicionamientos, estereotipos, estigmas y todos los imaginarios que se le asignan socialmente a esa identidad. La condición es el componente no visible, que está fuertemente relacionado con la situación y la posición, y que va a marcar el tipo de relaciones que se pueden establecer y la apertura o bloqueo de oportunidades para reconstruir el patrimonio social en otro territorio.

Situación, posición y condición de desplazado, se construyen no solo desde los otros, sino desde quienes viven la experiencia. En esa interacción de subjetividades se tejen las posibilidades de solidaridad, conflicto, rechazo, indiferencia, etc., frente a la necesidad de construir nuevas redes sociales y de forjar otros espacios sociales. Desentrañar esa realidad imaginada detrás de una palabra que homogeniza y etiqueta al "otro" es necesario, pues sobre la base de esas representaciones, se tejen los encuentros y la construcción permanente de la vida de una sociedad hacia la guerra y también hacia la paz. Mostrar los múltiples actores que han entrado en juego en la construcción y posicionamiento de la categoría social de 'desplazado', permite ver las articulaciones entre lo local y lo global, los cursos no previsibles de las decisiones, los aprendizajes y, sobre todo, de las capacidades y posibilidades de transformación de categorías, contenidos y relaciones. Permite dar cuenta de un proceso clave que se da en medio de la guerra en Colombia, de movimientos sociales que se activan y de búsquedas constantes. Hoy, más que nunca, necesitamos reconocer la crisis que se impone, para valorar con Morin su ambigüedad radical, crisis que libera al mismo tiempo, fuerzas de muerte y fuerzas de regeneración. (Morin, 1995).
 

Notas

1. Es clara su presencia en la guerra bipartidista conocida como la Violencia, de mediados del siglo XX.

2. Ver Osorio 1993, que muestra el proceso de desplazamiento de militantes de la Unión Patriótica del Meta. Sobre otras regiones consultar El desplazamiento interno en Colombia, 1992; Informe de la Misión ICVA a Colombia, 1991.

3. Ver, por ejemplo Vargas Castaño, 1992, Osorio, p. 29, 1993.

4. Las guerrillas también producen desplazamiento, como bien lo registran los datos estadísticos de diferentes instituciones. Sin embargo, es claro también que son los grupos paramilitares los que tienen mayor protagonismo como desplazadores. Dado que mi experiencia de trabajo ha estado en regiones con control paramilitar, me refiero particularmente a esos procesos.

5. Estado, ONG de derechos humanos y academia son entes heterogéneos en sí mismos, con dinámicas complejas y cambiantes. Para efectos del análisis, los asumiré en términos genéricos. La atención la centraré en el papel que han tenido frente a la producción y consolidación de la categoría de 'desplazado'.

6. En Abril de 1980, Amnistía Internacional hizo un primer informe sobre la situación de violación de derechos humanos en Colombia y la prolongada imposición del estado de sitio, en el período presidencia de Turbay Ayala. Este informe desencadenó otros informes y visitas de ONG como Wola, Americas Watch, Pax Christi, así como denuncias del parlamento Europeo y del Congreso de los Estados Unidos (Angarita, 2000).

7.Reconocemos, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación y su impacto como caja de resonancia a la sociedad en general, a través de noticias, testimonios e informes, desde los cuales se contribuye a dar contenido a la categoría de desplazado con diversos referentes e implicaciones. Por superar los alcances de este texto, no contemplaré este actor en particular. Un estudio que hace algunos análisis del discurso periodístico sobre el desplazamiento es Castillejo, 2000.

8.En este primer momento que podría estar entre 1989 y 1995, encontramos como hechos significativos los siguientes: En 1989 se realiza el Primer Congreso de Damnificados por la Guerra Sucia. En 1991 se concreta la visita de la Misión del Consejo Internacional de Agencias Voluntarias, ICVA, que publica su informe. A finales del mismo año se realiza el Seminario Foro Nacional sobre El desplazamiento Interno en Colombia, cuyas memorias se publican en 1992 y el cual implicó cierto trabajo regional previo de diagnóstico. En 1993 se realiza la Consulta ICVA sobre Desplazamiento Interno y refugio en la Región Andina, en Lima y a finales del mismo año se realiza la Mision in situ de Asistencia Técnica sobre Desplazamiento Interno en Colombia, solicitada por el Gobierno Colombiano en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y coordinada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en cuyo informe se registra la definición de desplazado, aprobada en la Reunión Técnica de la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas. En Junio de 1994 se realiza un Seminario sobre Políticas Integrales para el Desplazamiento Interno en Colombia, con participación de ONGs nacionales y algunas centroamericanas, académicos e instituciones estatales como la Procuraduría, la Consejería en Derechos Humanos y Planeación Nacional.

9. La década de 1980 estuvo marcada en Centroamérica por una dinámica de guerras civiles, las cuales produjeron una intensa migración forzada interna e internacional. Los acuerdos de paz se firman a comienzos del 90: El Salvador en 1992, Guatemala en 1996, Nicaragua en 1990 (Benítez, 1999).

10. En 1994, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos produjo un documento titulado Proyecto matriz de proyecto piloto de atención a los desplazados internos, de circulación restringida.

11. Por ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña política.

12. Una información más detallada de las presiones en este y otros gobiernos se puede consultar en Angarita, 2000.

13.El estudio señala que existían en promedio 108.301 hogares, que corresponden a 586.261 personas desplazadas en el período estudiado de 1985 a 1994. Para ese momento significaba que uno de cada 60 colombianos había sido obligado a migrar en esos diez años. Ver, Conferencia Episcopal, 1995.

14. Ver García, 1999.

15.  Ver Romero, 1998 y Osorio et al 1998.

16.  Una de las mayores críticas tiene que ver con la alianza tácita que hay entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Para algunos analistas, ello ha permitido que las primeras no figuren directamente como violadoras de los derechos humanos.

17. La definición de un mecanismo legal, que superara la voluntad de un gobierno frente al desplazamiento forzado, tuvo antecedentes en proyectos de ley que surgieron de grupos políticos de izquierda. Ver, por ejemplo, Proyecto de ley 033 de 1995, por el cual se dictan medidas especiales de apoyo a los desplazados forzosos en Colombia.

18. Se pueden consultar dos documentos que dan cuenta de las acciones gubernamentales, CODHES, 1998, y de la Oferta institucional para población desplazada

19.Instancias como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre otros, entran en esta dinámica.

20. Sr. Francis Deng.

21.Existe un debate sobre estos principios y su capacidad para hacer efectiva la protección internacional. Ver, por ejemplo, Revista Migraciones Forzosas, N° 3 y 4.

22.En 1999 se calculaba que cerca de 12.000 colombianos habían pasado la frontera de Ecuador, Panamá y Venezuela. CODHES, 2000.

23. Obreros itinerantes que recogen la hoja de coca. Por lo general son jóvenes que proceden de diferentes lugares del país. Ver, por ejemplo, Ferro, Osorio, Uribe y Castillo, 1999.

24. Nótese que el término desplazado no aparecía en modo alguno.

25. Se trató de un conflicto de tierras no resuelto, entre un grupo de campesinos y los dueños de la Hacienda Bellacruz, en el César, de la cual forma parte el entonces embajador en Países Bajos. Los asesinatos de dirigentes, la clara presencia de grupos paramilitares que impidieron inclusive la medición de la finca por parte de funcionarios del INCORA y el incumplimiento de los compromisos que el gobierno adquirió con los campesinos fue evidencia de su incapacidad para resolver esta situación, en medio del cuestionamiento y las solidaridades internacionales que este hecho creó. Ver entre otros, Medina, 1998; Taborda, 1998; CODHES, 1999; Osorio, 2000

26. En 1998 se registraron en Bogotá 12 "tomas" de oficinas gubernamentales y sitios públicos por parte de organizaciones de desplazados, con una duración que fluctuó ente un día y tres meses, como una estrategia para presionar por soluciones rápidas. En Barrancabermeja, 10.000 campesinos estuvieron durante 45 días. Ver Grupo de Apoyo a Desplazados, 1998. En este momento y desde diciembre 14 de 1999, un grupo que representa cerca de 500 familias desplazadas, continúa en las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá. Para el primer semestre del 2000 se contabilizó por registro de prensa 26 acciones colectivas de desplazados. Ver Osorio 2000.

27. Una de las primeras experiencias fue la de la comunidad de La India, en Santander, ganadora del Premio Alternativo de la Paz. De manera más reciente están las experiencias de las "Comunidades de Paz", comunidades indígenas como la Organización Indígena de Antioquia, OIA, las cuales se han declarado públicamente neutrales frente a los actores armados. Ver Ramírez, 1997 y Delgado y Salazar, 1999.

28. Ver, Para retornar... a la vida. Memorias del Encuentro nacional de Desplazados. 23 al 25 de febrero del 2000. P. 5

29. El acceso a este tipo de recurso depende de muchas circunstancias. Una de ellas es la permanencia en una ciudad grande y el apoyo de ONG de derechos humanos que asuman el caso. En las localidades pequeñas el riesgo de este tipo de recursos es mayor. Así, por ejemplo, un grupo de desplazados en la Costa, pudiendo ejercer una acción de cumplimiento contra el alcalde, quien había firmado un compromiso para entregarles un lote para vivienda, decidieron no hacerlo por temor a las represalias que se pudieran generar, dadas las amenazas veladas del funcionario y sus evidentes alianzas con grupos paramilitares.

30. La sanción, además de ordenar a los funcionarios implicados abstenerse de expresiones públicas que comprometan la protección a la población desplazada, incluyó un curso de derechos humanos para los funcionarios y la implementación de educación de derechos humanos en todos los centros educativos del país, con énfasis en el respeto a las personas desplazadas por la violencia.

31. Retomo aquí una precisión que planteé en mi primer trabajo de investigación sobre este fenómeno en 1993. Ver, Osorio, 1993:.22.

32. Ver por ejemplo los casos planteados en Rodriguez, 1998, Medina, 1998, Osorio y Lozano,1999, sobre reubicacion rural de grupos de desplazados, y el caso de retorno estudiado por Florez, 1999.

33.Sobre este aspecto hace mención la tutela fallada a finales de Marzo de este año.

34. Algunas pocas experiencias en ese sentido se han estado impulsando lentamente en algunas regiones, particularmente en el sur de Bogotá.

35. "Estar amenazado" puede ser una forma de señalar o de explicar su salida forzada. Esta diferenciación social también se da en la migración internacional, pues mientras un europeo viaja, un inmigrante es siempre pobre y periférico. Ver, Ferrer (1994)

36.Una experiencia vivida por muchos colombianos, por ejemplo, cuya sola mención de su país de origen despierta sospechas.

37. Ver, entre otros, Cernea (1997) y Lassailly-Jacob (1999).

38. En Colombia se han sucedido múltiples catástrofes, con graves y múltiples pérdidas. Una de las más significativas, fue la de la explosión del volcán-nevado del Ruiz, que produjo la muerte de cerca de 25.000 personas en unas cuantas horas, desapareciendo literalmente la población de Armero, el 11 de noviembre de 1985. A sabiendas del enorme dolor de este tipo de situaciones y de los traumatismos en sus procesos de reconstrucción vital, me parece que la representación que se da de estos grupos es diferente a la que se tiene de los desplazados por la violencia.

39. Redefino categorías empleadas para análisis de género, tomadas de Kate Young (1991), como la propuesta de Turbay (1994).
 

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