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Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 45 (33), 1 de agosto de 1999 |
IBEROAMÉRICA ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI.
Número extraordinario dedicado al I Coloquio Internacional de
Geocrítica (Actas del Coloquio)
LAS MIGRACIONES FORZADAS DE POBLACIÓN, POR LA VIOLENCIA, EN COLOMBIA: UNA HISTORIA DE ÉXODOS, MIEDO, TERROR, Y POBREZA.
José Francisco Niño Pavajeau
Doctorando en Geografía Humana
Universidad de Barcelona
El desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas económicas, sociales y políticas. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos han sido factores de los desplazamientos internos de población. Estos en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en individual o familiar, en el que se desplaza un individuo o una familia entera y el éxodo masivo(1), cuando se desplazan poblaciones enteras por amenazas de genocidio o por enfrentamiento en sus cercanías de la guerrilla, de los paramilitares y de las fuerzas militares del estado colombiano.
La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en Colombia ha sido la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población, movidos por el interés de adquisición masiva de tierras, o de controlar regiones o territorios del país; tambien por no compartir las posiciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente porque la población que habita en regiones que son escenario del conflicto armado es considerada por uno de los bandos enfrentados como su enemiga(2).
El desplazamiento interno forzado de personas, ocasionado por la violencia armada, social o política, ha tenido momentos en los cuales se ha tornado más critico. Uno de ellos fue el período conocido como el de la violencia, que se originó con la muerte en plaza pública del caudillo liberal Jorge Elieser Gaitan el 19 de abril de 1948. Ello originó el enfrentamiento armado entre los dos partidos políticos más tradicionales en Colombia, el liberalismo y el conservatismo, llevándose a cabo una lucha fratricida por el control político, económico y social del país.
Esta disputa terminó arreglándose de una manera salomónica para los enfrentados. La solución fue la creación del frente nacional como un acuerdo político cuya finalidad era terminar con la violencia; estaba compuesto por personalidades de los dos partidos políticos y resolvieron alternarse el poder político cada cuatro años como solución a la disputa.
Este conflicto se extendió entre los años 1946 a 1960 y que por su magnitud determinó en gran medida el cambio en la relación población rural-población urbana. Colombia pasó a convertirse en un país de municipios y ciudades, las cifras hablan por si solas: En 1938 solamente el 30.9 por ciento de la población colombiana residía en las áreas urbanas, cifra que ascendió al 39.6 por ciento en 1951, al 52.1 por ciento en 1964 luego al 63.1 por ciento en 1973, posteriormente al 67.2 por ciento en 1985 y al 72.3 por ciento en 1994. Para el año dos mil se estima que la proporción de población urbana en Colombia será del 78.9 por ciento, con todas las consecuencias que se derivan de una ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de servicios públicos y satisfacción de necesidades básicas(3).
La solución del acuerdo político del frente nacional de los años cincuenta, no acogió bajo su seno a todos los enfrentados y así ocurrió con un grupo de liberales con tendencias izquierdistas. Con las condiciones excepcionalmente favorables para la consolidación de proyectos insurgentes en los inicios de los años sesenta, este grupo dio origen al primer grupo guerrillero colombiano, conocido actualmente como la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), posteriormente surgieron otros grupos como el ELN (Ejercito de Lberación Nacional), M-19 (Movimiento del 19 de abril), EPL (Ejercito Popular de Liberación) y muchos otros más.
Colombia constituye en América Latina una de las pocas naciones en las cuales sobrevivió el proyecto insurgente postrevolución cubana más allá de los años sesenta, y en todo caso, el único país que sigue hoy en esta situación. Tal como ha sido subrayado por Mark Chernick, en el país se desarrolló una insurgencia permanente, que entró a formar parte del paisaje político en forma crónica(4). Debido a múltiples rasgos de la sociedad y el estado colombiano, el proyecto insurgente pudo consolidarse pero, a su vez, no pudo transformarse en un factor de poder alternativo como ocurrió en Cuba y Nicaragua.
En los años ochenta, continúa presentándose dentro de este panorama, con gran intensidad el desplazamiento individual, no se niega su existencia, pero tampoco se le da la importancia adecuada, hasta la aparición de nuevos actores principales. Estos son: el paramilitarismo y la influencia económica del narcotrafico como un agente dinámizador del conflicto, en el sentido de que los narcotraficantes pagan protección a los grupos insurgentes o se protegen con sus propios ejércitos privados, lo que permite modernizar el arsenal militar de los bandos en conflicto, mejorando su capacidad para destruir.
En la década de los noventa el conflicto armado crece a niveles
que originan desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales, provocando
gran presión sobre las autoridades municipales y estas a su vez
sobre las autoridades departamentales y nacionales. El desplazamiento ha
afectado a regiones enteras del país, especialmente los departamentos
de Antioquía, Bolívar, Córdoba, Cesar y Caquetá,
donde la población huye hacia las capitales departamentales como
medida desesperada para salvar sus vidas. las ciudades intermedias de esta
manera conocen un aumento significativo de su número de habitantes
( Cuadro nº 1).
Cuadro nº 1
Población de las zonas de mayor incidencia del desplazamiento
forzado,
por la violencia armada en los últimos nueve años
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La opinión publica colombiana ha ido adquiriendo cada vez, más conciencia de la magnitud del problema social y político que se manifiesta con la migración forzada de la población. En el éxodo forzado se encuentra un drama humano de incalculables magnitudes y consecuencias. Abandonar forzadamente su ambiente, su historia y su tierra, constituye para las personas desplazadas emprender un viaje a la incertidumbre, en el que no se sabe cuando se vuelve si es que se vuelve.
Durante los últimos años hemos asistido a verdaderos casos de innumerables desplazamientos masivos en todo el país; en el período de 1985 a 1994 hubo un total de 650.000 desplazados. En los años recientes las cifras anuales han ido creciendo: 89.000 en 1995, 181.000 al año siguiente y 257.000 en 1997. La década de los noventa y en especial los años 1996 y 1997 es el período de mayor auge del problema(5).
En 1997 y los primeros meses de 1998 fueron excepcionalmente graves y difíciles para la población que vive en las zonas de conflicto armado. Especialmente, porque los actores del conflicto armado, particularmente los paramilitares y los grupos guerrilleros, han hecho de la población civil un objetivo militar; ante los homicidios en masa, desapariciones forzadas y las amenazas de muerte de cientos de pobladores han tenido que salir, masiva, familiar o individualmente de sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas suburbanas de las grandes capitales. Como los casos de las 1.136 familias de Riosucio Chocó que se trasladaron al municipio de Pavarandó, municipio de Mutatá Antioquía, por amenaza directa de los grupos paramilitares que operan en la región; en el Carmen de Bolivar por la misma razón se desplazaron 369 familias hacia las inmediaciones de Cartagena de Indias y muchos casos más que demuestran la gravedad del problema del desplazamiento masivo(6).
Para ser entendido en su complejidad el fenómeno de los desplazados debe ser analizado con un enfoque multidimensional, superando las miradas que lo reducen a un problema generado en el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales, paramilitares y guerrilleras. Si bien éstos son actores protagonistas del proceso, los orígenes y las causas del mismo trascienden lo militar y se ubican en los campos del conflicto social, económico y político, que explican el fenómeno en sus causas, no sólo en sus consecuencias. Hago la aclaración de antemano que esta problemática no debe exclusivamente estudiarse desde las estadísticas del número de desplazados, como se presenta en los informes estatales y de las organizaciones no gubernamentales; más bien debe vincularse históricamente a la configuración social y a toda la problemática existente en los territorios y en la lucha por su control, por parte de los guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas militares del estado colombiano. Estas dinámicas explican las razones económicas, sociales y políticas, que tienen los diferentes actores del conflicto, en las distintas disputas regionales que existen por el control territorial en el país.
En este proceso y en las miradas que reducen el territorio, a una fuente
de poder, se encuentra la lógica de "desocupar y repoblar zonas"
con población participe de los proyectos socio-políticos
y económicos del estado, paramilitares, narcotraficantes y guerrilla.
Los desplazados por la violencia en 1997: una historia de éxodos,
miedo y pobreza
Un promedio de seis hogares fueron desplazados cada hora, durante 1997 en desarrollo de una estrategia político-militar que en algunos casos está ligada a fuertes intereses económicos y que se sustenta en el terror y la violencia indiscriminada contra de la población civil ajena a la confrontación armada. Esta consiste en realizar previamente una inteligencia de tipo militar, en la que se investigan personas y comunidades involucradas de cualquier forma con las fuerzas insurgentes, se elabora una lista preliminar de los elementos más peligrosos y luego con la lista en mano, se dirigen a las poblaciones en las que habitan y se eliminan en plaza pública con el pleno conocimiento de todos los habitantes. Esta forma de homicidio selectivo la comenzaron aplicar los paramilitares en Colombia a partir de los años ochenta en la región de Urabá. .
Son, más o menos, 159 familias que diariamente emigraron, en contra de su voluntad, durante 1997, lo que constituye un dramático crecimiento de las cifras de desplazados en medio de la critica situación de la falta de respeto a los derechos humanos y humanitarios en Colombia.
En total 257 mil personas huyeron aterrorizadas en 1997, como medida desesperada para salvar sus vidas; todo esto ante la mirada, incapaz de gobernantes y el Estado, incapaces de garantizar sus derechos fundamentales y la consecuente agudización y expansión del conflicto armado interno(7).
Tal es el panorama del desplazamiento forzado, que el año 1997 se ubica como el más critico de los últimos catorce años en Colombia, Todo esto se puede apreciar al hacer un simple análisis del informe presentado por la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento CODHES(8), con el concurso de diversas jurisdicciones eclesiásticas del país, comunidades religiosas, entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desplazados. Estas estadísticas, son sin duda, alguna los primeros datos que se aproximan a la magnitud del problema.
Analizándolos cuidadosamente se encuentra que la principal característica del desplazamiento forzado durante 1997 fue la irrupción de éxodos en masa que responden a las acciones de tierra arrasada de los actores armados, en especial de grupos paramilitares, que siguieron su estrategia de matar guerrilleros fuera de combate que son guerrilleros vestidos de civil(9). En áreas de claro dominio territorial de los grupos insurgentes, estos últimos han copiado esta practica sangrienta en zonas de influencia de los grupos paramilitares, como contraprestación a los duros golpes que venían recibiendo. Todo esto frente a la mirada incompetente del gobierno y las fuerzas militares de Colombia.
Los éxodos en masa representaron el 28 por ciento del total de los desplazados, en Colombia durante 1997. Es decir, alrededor de 71.960 colombianos que huyeron masivamente, dejando caseríos, veredas y pueblos abandonados, porque así lo decidieron los actores armados que se disputan territorios; en una política de sangre y fuego en la que también tienen incidencia los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado(10).
En este panorama se produjo el refugio de hecho de un número considerable de colombianos, provenientes de Urabá chocoano al vecino país de Panamá, en otra manifestación de la agudización de un conflicto que empieza a desbordar las fronteras nacionales(11).
Sin embargo, la gran mayoría de los desplazados por la pugna armada y la violencia siguen siendo aquellos que huyen en forma individual o familiar, en un proceso de desarraigo disperso y silencioso, que se asienta en las ciudades medianas y grandes. En precarias condiciones sociales, económicas y en medio de la desprotección y el abandono del Estado y de una sociedad insensible como la colombiana.
Son hombres y mujeres provenientes del campo o de pequeñas poblaciones rurales, que huyen de las amenazas de los paramilitares, la guerrilla o las fuerzas de seguridad del Estado, o del mismo miedo que les producen sus acciones de muerte y destrucción.
También persiste el desplazamiento, individual o familiar, de quienes huyen por acción violenta de grupos privados de seguridad en el marco del conflicto agrario. Entre las asociaciones o cooperativas de seguridad, reconocidas legalmente por el Estado colombiano, como las CONVIVIR al servicio de los ganaderos y agricultores de gran capital del departamento de Antioquía y de otras expresiones de violencia rural y urbana, individual y colectiva que hacen parte de la preocupante generalización y cotidianidad de la violencia en el país.
Esta modalidad de desplazamiento individual y familiar, también se explica ante las manifestaciones de intolerancia, discriminación y persecución contra los desplazados, por parte de algunas autoridades territoriales a quienes la Corte Constitucional les ordenó abstenerse de restringir la libre circulación de las personas desplazadas por la violencia y prestarles un trato decoroso, acorde a la dignidad humana(12). También hay sectores de opinión que insisten en relacionar, los índices de inseguridad y delincuencia de algunas ciudades, con el incremento del desplazamiento forzado.
Son acciones y opiniones que intentan justificar un tratamiento de orden público y de seguridad Estatal a un problema esencialmente humanitario, que requiere de un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, especialmente en los niveles de atención y protección.
Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus
hogares y recorrer distancias desafiando, toda clase de peligros, viendo
sufrir y aún morir a sus compañeros, como le ha ocurrido
a los colonos de la hacienda de Bellacruz en la región de Magdalena
medio, que huyeron despavoridos frente a amenazas de muerte de grupos paramilitares,
ello ha podido ser considerado por el gobierno como un problema de orden
público propiciado por quienes desean seguir viviendo, pero en realidad
es un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas
las personas, pero en especial como les corresponde, por los funcionarios
del Estado colombiano(13).
Las políticas estatales en contra del desplazamiento forzado.
La evidencia del desplazamiento forzado, la presión internacional y la decisión política del gobierno y el congreso, que permitió un reconocimiento del problema y de la responsabilidad estatal, confluyeron en un esfuerzo para generar unas políticas públicas, para hacer frente al problema de los derechos humanos, cuya persistencia empieza a provocar múltiples problemas sociales, en algunas ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su número de habitantes, en algunos casos por el asentamiento de familias desplazadas.
Justamente durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia(14).
Esta reconoce desde el Estado el problema socio-demográfico y de derechos humanos del desplazamiento forzado por la violencia de grupos al margen de la ley e intenta una normativa e institucionalidad, para hacer frente a esta problemática.
Esta ley representa también la continuidad de las políticas, consignadas en el documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES)(15), de septiembre de 1995.
La ley no se ha reglamentado y su desarrollo aún no es claro, sobre todo si se tiene en cuenta que existen diversos y complejos niveles institucionales de atención a los desplazados por la violencia, algunos no exentos de protagonismos innecesarios por parte de funcionarios estatales.
El despacho de la primera dama (que no existe institucionalmente), la consejería presidencial para los desplazados, la unidad administrativa de derechos humanos del Ministerio del Interior y su oficina de atención a desplazados, la red de solidaridad y algunas instituciones nacionales descentralizadas intentan desde dinámicas y concepciones distintas, desarrollar un plan cuya principal característica es la ausencia de concertación y la imposición de criterios de tipo gubernamental frente a otras opiniones.
Si bien existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo es que su ejecución es descordinada y sus resultados altamente precarios, frente a los graves sucesos de desplazamiento registrados en 1997.
Como lo señalaron en su carta al presidente de la República, en ese entonces Ernesto Samper Pizano, los voceros del mandato por la paz: el gobierno nacional debe ejecutar de manera coherente y eficaz las políticas de atención a los desplazados por la violencia en Colombia(16).
Y un aspecto final a este apretado resumen, tiene relación con la propuesta gubernamental de retorno y reubicación de los desplazados (el gobierno no considera la permanencia como una opción de los desplazados), que se convirtió en el eje central de la atención humanitaria y, en algunos casos en la condición para la ayuda humanitaria.
Los procesos de retorno y reasentamiento en la costa atlántica y más reciente en Urabá se realizan en el marco de esta política, pero se sostienen por la intervención de la iglesia católica y de organizaciones no gubernamentales, ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados con las comunidades desplazadas.
Persisten en todo caso, dudas sobre las reales condiciones de seguridad
que el gobierno no está en capacidad de garantizar y se requieren
de esfuerzos por lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados,
en tanto que los retornos y reasentamientos se adelantan en medio de la
lucha armada(17).
¿Qué nos espera?
Es este un ambiente que advierte sobre la gravedad de la crisis, del desplazamiento forzado que puede tener connotaciones de pesimismo si tenemos en cuenta que la dinámica del conflicto prevé más enfrentamiento, más degradación, más violaciones a los derechos humanos, más infracciones al derecho humanitario y la continuidad de la estrategia del miedo y el terror para repoblar veredas y caseríos o sencillamente para desocuparlos y dar paso a importantes proyectos económicos. Es decir, más guerra, más desplazados en un circulo vicioso que afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a la población civil ajena a un conflicto que no le pertenece, que no le beneficia y que tiende a prolongarse, ante la ausencia de voluntad real de paz por parte de sus protagonistas.
Mientras la guerrilla, sigue incrementando los actos bélicos y cuestionando, la legitimidad del Estado, mientras el gobierno se da por servido por el solo hecho de haber iniciado unos diálogos de paz, que no se sabe a donde conducen, mientras los militares siguen siendo objeto de duros reveses y cometiendo graves errores, que cuestan vidas humanas y mientras los paramilitares siguen su ofensiva contra quienes consideran guerrilleros o potenciales guerrilleros, la guerra interna seguirá su curso en niveles cada vez más críticos.
La paz como escenario de prevención del desplazamiento exige
hoy del verdadero concurso de la sociedad civil, la comunidad internacional,
la voluntad política de los grupos armados, especialmente las FARC
y ELN que son los grupos insurgentes más fuertes y de un gobierno
que verdaderamente, tenga la voluntad de negociar la nueva sociedad que
queremos, y no se pare de la mesa de negociaciones frente a la primera
divergencia, con el opositor político y militar.
Notas
1. Esta clasificación fue elaborada por el equipo de trabajo de la oficina del área de atención a víctimas de la violencia, de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República de Colombia y aparece por primera vez en el documento: Consideraciones sobre el desplazamiento forzado elaborado en julio 13 de 1998.
2. Sobre las causas de la violencia armada en Colombia se han realizado muchos trabajos entre los que destacamos el análisis multidimensional sobre las causas y manifestaciones de la violencia en todas sus manifestaciones económicas, políticas y sociales véase en: Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán. Ciudad y violencia. Bogotá: Ediciones El Foro Nacional, 1990. 305 p. También sobresale por su importancia de estudio pionero en las llamadas violencias especificas el trabajo de: Pécaut Daniel. Orden y violencia en Colombia. Bogotá: Cerec, 1987. 408 p. Y por último el trabajo de: Gonzalo Sánchez. Los estudios sobre la violencia: Balance y perspectivas, Bogotá: Cerec, 1986. 194 p.
3. Al respecto pueden verse las cifras en los censos de población nacional, realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desde 1938.
4. Véase Marck Chernick. Negociated settlement to armed conflict: lessons from the Colombian peace process. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 1989, vol. 30, nº 4, p. 27-45.
5. Todas estas cifras fueron consultadas en los informes de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CODHES), y la oficina de atención a víctimas de la violencia de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República de Colombia, 1997.
6. Véase al respecto el documento elaborado por la Consejería Presidencial para la atención a la población desplazada por la violencia, titulado: La atención del desplazamiento forzado un compromiso humanitario nacional, Santafé de Bogotá D.C, julio 13 de 1998. En el que se hace un recuento de los desplazamientos masivos en 1997 y parte de 1998.
7. Estos datos han sido proporcionados por la oficina de atención a víctimas de la violencia de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República de Colombia y aparecen registrados en todos sus informen internos que no son de pleno conocimiento público.
8. Véase el articulo escrito por Jorge Rojas y otros. Desplazados por la violencia en Colombia en 1997, Codhes Informa, enero de 1998, p.16-25.
9. Esta frase la pronunció textualmente Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las autodefensas unidas de Colombia (paramilitares) en: Esta guerra no da más. Cambio 16 Colombia, diciembre de 1997, nº 235, p. 24-32.
10. Estos datos se encuentran registrados en los diferentes informes de la oficina de atención a víctimas de la violencia, de la red de Solidaridad de la Presidencia de la República de Colombia en 1997 y 1998.
11. Véase. CODHES Informa, diciembre de 1997, boletín especial nº 7, p. 3-21.
12. Véase la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-227/97, publicada en: Codhes Informa, noviembre de 1997, boletín especial nº 6, p. 14-18.
13. Esta opinión fue publicada en el diario. El Heraldo, Barranquilla, marzo de 1997, p. 7b.
14. Véase en la Gaceta del Congreso de la República de Colombia, del mes de julio de 1997.
15. Véase el documento del CONPES, septiembre de 1995, nº 2804, p. 27. Y sus correspondientes actualizaciones en el documento de mayo de 1997, nº 2942, p. 37.
16. Véase carta del mandato por la paz, dirigida en ese entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano en: Revista Semana, noviembre de 1998, p. 17-25.
17. Ver en: CODHES Informa, enero de 1998,
boletín especial nº 6, p. 102.
© Copyright: José Francisco Niño Pavajeau, 1999
© Copyright: I Coloquio Internacional de Geocrítica, 1999