Este artículo trata de exponer las líneas de debate actuales acerca de un desafío que tiende a crecer en importancia en el próximo siglo: avanzar en términos de desarrollo y bienestar colectivo en consonancia con un manejo más racional de los recursos naturales desde el punto de vista de su conservación para las generaciones futuras. A pesar de que el tema viene despertando la preocupación de los estudiosos hace ya varias décadas, puesto que se reconoce que el planeta dispone de recursos limitados, el desafío de armonizar conservación ambiental con crecimiento económico tiene respuestas muy discrepantes y mantiene importantes incógnitas. Este desafío no es sólo técnico-científico sino también político-ideológico, ya que un nuevo patrón de explotación implicaría transformaciones en la infraestructura productiva, en las relaciones de poder y en la cultura. 

El origen de la cuestión
 

La idea de racionalizar el uso y gestión de los recursos naturales está en la base de las economías de los territorios y es tan antigua como los primeros asentamientos humanos; pero, desde un punto de vista absoluto, estos recursos no existen: únicamente son utilizables con relación a cierto nivel de desarrollo técnico y a la situación geográfica de un espacio. Los elementos naturales que componen un territorio tienen valor como recursos en función de su utilización como excedente por una sociedad en una determinada época.

Cuando la cuestión es conservar la naturaleza, al sistema económico implica resolver como los recursos naturales deben ser valorados también por su no-utilización. Quizás el primero a plantear esta cuestión en el desarrollo capitalista fue Meadows (1973), al enviar su famoso informe a la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. El autor elaboró un modelo para analizar la taza de agotamiento de los recursos naturales en función de la creciente explotación humana, y pronosticó que aproximadamente en el siglo veinticuatro estos recursos en todo el mundo llegarían a un agotamiento total.

Este pronóstico despertó gran interés por parte de la sociedad civil, sobre todo en los países industrializados que, en la década de los 70 experimentaron un gran aumento en las demandas acerca de la calidad de vida y valores pós-materialistas, incluyendo la conciencia de los riesgos a largo plazo por el agravamiento de los desequilibrios ambientales en el globo terrestre y por múltiples alertas sobre posibles cambios globales en la atmósfera y en el clima.

Para formular su modelo, Meadows separó los recursos naturales en dos bloques: los renovables y los no renovables. Estos últimos no pueden utilizarse sin agotamiento final, como en el caso de los combustibles fósiles; las reservas totales son fijas, por lo que existe un límite a su utilización acumulativa. Otros recursos, como las tierras agrarias y los recursos pesqueros pueden renovarse hasta el límite marginal impuesto por la segunda ley de la termodinámica⁽¹⁾.

Meadows y los teóricos que le siguieron observaron la necesidad de determinar la productividad máxima sostenible. En tesis el crecimiento podría detenerse en este punto y la productividad permanecer indefinidamente en el mismo nivel, sin añadir ninguna restricción ambiental a las generaciones futuras.
 

La "productividad máxima sostenible" y la falta de consenso
 

Introducir la conservación de los recursos naturales en el debate económico fue un esfuerzo innovador, ya que prevalecía desde la tradición neoclásica hasta la marxista la suposición de que, a través de la acumulación de capital y del progreso técnico, el crecimiento económico podría continuar indefinidamente, aunque quizás a expensas de la calidad ambiental.

Pero, aunque la solución de la productividad máxima sostenible se presentaba atractiva para la cuestión del agotamiento de los recursos, el movimiento ambientalista estaba lejos de un consenso, puesto que la determinación de unos límites concretos es contradictoria con las dos opciones de racionalidad de desarrollo económico clásicas, que plantean el crecimiento ilimitado de la oferta de bienes y consumo: la eficiencia y la equidad.

Parte de los ambientalistas se lanzó al debate denunciando la incompatibilidad insuperable entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente en el largo plazo, lo que pondría a la humanidad en una encrucijada para formular una nueva racionalidad para el desarrollo. Esta tesis fue primero sintetizada por Herman Daly, en 1973, con la publicación de la teoría de la economía en estado estacionario (steady-state economy), en la cual se involucraron varios autores, casi todos de países industrializados y la mayoría de ellos norteamericanos.

Por estado estacionario se entiende un stock constante de riqueza física (capital) y un stock constante de población. En consecuencia, los stocks deben mantenerse con un índice de inputs (nacimientos, producción) igual que el índice de outputs (defunciones, consumo). En lugar de empezar el análisis con la premisa de la eficiencia de asignación de los recursos o de su distribución, esta teoría se fundamenta en la capacidad de soporte de la tierra. Las decisiones económicas sólo serían éticamente justas desde el punto de vista de la conservación de los recursos del planeta para las generaciones futuras.

El proceso de desarrollo, por lo tanto, tendería a someter las relaciones del sistema social a las leyes de funcionamiento del sistema natural; se proclama, por ejemplo, la necesidad de rescatar de los fisiócratas la visión de dependencia del hombre respecto de la naturaleza, subrayando que sólo la actividad natural de la agricultura puede rendir un producto con valor neto.

Obviamente, la steady-state economy tuvo amplio rechazo, sobre todo en los países del tercer mundo, donde la obsesión por el crecimiento económico era sinónimo de desarrollo en aquél entonces. En las conferencias internacionales, las representaciones diplomáticas de los países del sur hacían retumbantes rechazos a cualquier propuesta que buscase restringir el crecimiento. Por su parte, los países industrializados trataban de mirar hacia el futuro, buscando enfatizar en su discurso la preocupación con lo que todavía el proceso de desarrollo estaba por hacer (en una clara alusión a la responsabilidad de los países pobres) y evitando replantear lo que ya estaba hecho⁽²⁾.

Las tesis en favor de un crecimiento económico sostenible empezaron a surgir tras la realización de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), en 1987, cuando se proclamó la necesidad de convergencia de las naciones hacia un proceso de desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental. En el mismo año, las agencias financiadoras para la cooperación internacional se adelantaron en defender que el camino para lograr la sostenibilidad debería basarse en el principio de la eficiencia productiva. Como ejemplo destacado está el Banco Mundial, que en el mismo año de 1987 anunció la creación de un Departamento Ambiental, prometiendo incrementar las líneas de financiamiento en esta área. En su discurso, sobresale un recetario liberal francamente favorable al crecimiento económico, afirmando que las dificultades para promover un desarrollo sostenible no resultan de las inversiones privadas sino de distorsiones causadas por políticas sectoriales como la de precios y subsidios, de impuestos sobre la tierra y de crédito, que afectarían indirectamente la tasa de degradación ambiental⁽³⁾.

Otra tesis también favorable al crecimiento económico sostenible fue formulada por la CEPAL, a principio de los noventa, cuya premisa es no destruir los recursos en los cuales se basa el progreso⁽⁴⁾. La agencia entiende que el desarrollo sostenible no debe ser planteado como un obstáculo para los propósitos de la transformación productiva por entender que las inversiones en progreso técnico deben asimilar los costes derivados de la protección al medio ambiente, lo que, en principio, no implicaría límites físicos al aumento de la productividad. No obstante, su apuesta difiere explícitamente de la del Banco Mundial por predicar que el desarrollo sólo puede ser sostenible mediante el aumento de la equidad territorial y social. En esta perspectiva, es imperioso que los Estados nacionales asuman el papel de promocionar políticas distributivas y redistributivas tanto social como territorialmente con el objetivo de mejorar el "status" político de la sociedad civil y la oferta de empleo y reducir la pobreza y los usos inadecuados del medio ambiente.

En el escenario brasileño, prevalece la línea del pensamiento de la CEPAL al existir un cierto consenso de que imponer límites a la explotación de los recursos naturales es que se constituiría en un problema, sea en cuanto a la producción de alimentos, sea como fuente de renta en la exportación de materias primas⁽⁵⁾. Eso implica condicionar el desarrollo sostenible a la garantía del acceso regular y suficiente a los alimentos - considerando que la cuestión alimentaria engloba al conjunto de la población que vive de su trabajo, y no solamente a los que sufren el problema más agudo del hambre - y a los demás componentes de una vida digna (como son la salud, educación, vivienda y ocio).
 

Los desafíos de la contabilidad ambiental
 

La discrepancia de perspectivas sobre los límites del crecimiento es resultado de un cuadro de incertezas respecto al futuro en el cual el desarrollo de los instrumentos de contabilidad ambiental juega un papel estratégico. Serían dos los campos de debate: el técnico-científico y el político-ideológico.

Respecto al campo técnico-científico, está en juego la evaluación de un universo cambiante y demasiado complejo - el medio ambiente - para que sea posible establecer criterios rígidos y valoraciones definitivas. En este sentido, resulta poco útil la premisa de Descartes de que es necesario fragmentar todo problema en tantos elementos simples y separados como sea posible. Este método daba excelentes resultados cuando los hechos observados podían dividirse en cadenas causales aisladas, es decir, en relaciones entre dos o pocas variables; de esta manera, fue posible para la ciencia y la tecnología un enorme desarrollo entre los siglos XIV y XIX. No obstante, quedaron por resolver problemas de muchas variables, y la situación se agravó cuando debió estudiarse la organización de los seres vivos o incluso la del más simple de los sistemas: el átomo de hidrógeno⁽⁶⁾.

La inmadurez, aún hoy en día, de la ciencia para hacer frente a esta situación fue, en parte, compensado por el salto cualitativo que ha inducido el abordaje en ecosistemas para enmarcar el abordaje de los temas ambientales⁽⁷⁾. Existen por lo menos dos razones para explicar el éxito que tuvo y conserva la palabra ecosistema.

Ante todo, liberó a los ecólogos de su antigua obsesión por clasificar el mundo natural en unidades independientes (biomas, biocenosis, asociaciones, comunidades, etc.) al mostrar que tales unidades podrían ser útiles, pero eran innecesarias. Una simple referencia a un nivel de organización era suficientemente satisfactorio y permitía enterrar dignamente el resultado de mucho esfuerzo invertido en polemizar sobre unidades y sus fronteras.

Por otro lado, el enlace del concepto de ecosistema con la teoría de los sistemas traen al medio ambiente y a sus componentes más interés en su devenir que en la consideración que merecen como piezas normalizables de un mecanismo definible. Las relaciones entre las piezas no son rígidamente determinadas; hay una plasticidad y una flexibilidad en las relaciones de input-output que llevan a reconocer los límites de la interpretación aislada de los fenómenos parciales frente a la realidad total. Por lo tanto, si nos imaginamos que sus componentes están ensamblados de manera muy estricta, tenemos en la mente un objeto, no un sistema.

No hay otra manera de fundamentar la valoración del medio ambiente sino a través del enfoque en ecosistemas. Parte de la literatura especializada en esta valoración apuesta en el establecimiento de principios normativos adaptados a cada circunstancia local o regional, ya que los ecosistemas exhiben diferentes gradaciones de fragilidad e importancia. Algunos serían tan frágiles que la protección tendría que ser total mientras que, en el otro extremo, la alta capacidad de recuperación biótica permitiría que se confiara en mecanismos de mercado para regular su explotación económica⁽⁸⁾.

No obstante, esto no elimina el conflicto básico existente respecto al límite de uso de los recursos naturales: el indicador de sostenibilidad adoptado, que puede variar desde un nivel muy débil hasta uno muy fuerte.

Una propuesta de sostenibilidad débil presupone que las posibilidades de substitución del capital natural existen en amplio sentido; de este modo, para los recursos agotables se debería invertir parte de la renta excedente para su recuperación como forma de alcanzar un consumo constante a través del tiempo, desplazando el punto de la asignación óptima de la teoría neoclásica en el análisis de coste-beneficio.

Una versión simplificada del argumento de la sostenibilidad fuerte sugiere que la capacidad de substitución no es del toda infinita, y que la única regla aceptable sería fijar la participación de la sociedad humana en el aumento de la entropía con un patrón estable y en conformidad con la evolución de los fenómenos naturales. Eso incluye una revisión radical de la acción humana en funciones como la manutención del balance del carbono, los ciclos hidrológicos y el flujo de nutrientes. Esta perspectiva no prohibe la explotación del medio ambiente, pero sugiere una reinversión, en el capital natural, de los rendimientos correspondientes al valor de los recursos, de manera que la diferencia entre outputs y inputs de capital natural en el sistema económico sea más o menos igual a cero. El argumento de la sostenibilidad fuerte supone que lo que es explotado hoy se acaba hoy mismo y, por lo tanto, la renta neta derivada de la remoción del recurso es cobrada con integridad por el sector responsable por su pérdida.

Estos niveles diferenciados de sostenibilidad ambiental produjeron dos principales corrientes metodológicas para establecer la contabilidad ambiental. La primera alternativa extendería las fronteras del análisis tradicional de coste-beneficio, buscando una cuantificación más rigurosa de las interacciones entre la actividad económica y las funciones ecológicas. La diferencia principal entre esta propuesta y las prácticas tradicionales corrientes serían la elucidación de los flujos causa-efecto en el funcionamiento del ecosistema resultante de la intervención humana. Apoyada fuertemente en modelos de ecosistema, esta alternativa acarrearía la reducción drástica de las emisiones de contaminantes y la invalidación de recursos que ocurrieran en riesgo ambiental o de daños a la salud. Los recursos serían perfectamente convertidos en costes y beneficios. Ahí se ubican los economistas ecológicos defensores de la "sostenibilidad fuerte" que no admiten riesgos por incertidumbres y, por lo tanto, no pactan bajo ninguna circunstancia con el crecimiento económico. Buscan una cuantificación más rigurosa de las interacciones entre la actividad económica y las funciones ecológicas.

Una segunda alternativa, que reconoce la capacidad imperfecta de la ciencia moderna en elucidar estas complejas interacciones del ambiente con cualquier grado de certeza, se limita a establecer restricciones a la interferencia de la economía en los ecosistemas. En esta línea se encuentran los economistas ecológicos que abogan una "sostenibilidad débil" y, por lo tanto, aceptan el crecimiento económico con compensaciones a posteriori. Esta propuesta considera el coste-efectividad de las alternativas en función de la finitud de los recursos. Sin negar el extenso trabajo empírico que sería necesario para incorporar la valoración de la naturaleza de forma adecuada en la ciencia económica, esta alternativa apela al consenso social y a la asignación política de valores, por reconocer discrepancias en el seno de la cultura respecto a la percepción del problema e incertezas respecto a la veracidad de los hechos.

Cuando traemos el debate al campo político-ideológico, hay que considerar que el consenso respecto de la contabilidad ambiental es imposible no sólo en función de las incertezas sino también porque la substitución de las funciones del ecosistema por el bienestar material es controvertido en el mapa de los intereses sociales. Hay la necesidad de negociación política, donde los modelos de interacción entre la economía y el medio ambiente pueden servir como orientadores pero no son capaces de definir rumbos.

La Rio-92 dejó muy claro la relevancia del marco político-ideológico, polarizando el debate entre naciones del norte y del sur. La insistencia de los primeros sobre la necesidad del sur en detener el crecimiento poblacional y las emisiones de carbono, a la vez que se requería el paso libre para la explotación de la diversidad biológica tropical, tuvo como respuesta los estudios afirmando que aproximadamente 75 por ciento de las emisiones globales de carbono son causadas por el consumo de energía en el hemisferio norte, entre otros datos.

En la convención de la biodiversidad firmada en aquél entonces, se llegó a un acuerdo importante al fijarse el compromiso de que los países originarios del material genético participarían de los beneficios económicos que de ellos deriven, aunque con algunos matices. No obstante, la decisión norteamericana de no participar del acuerdo no trajo la garantía suficiente de la protección de la propiedad intelectual y vació de efectividad un documento firmado por 150 países⁽⁹⁾.

Este enfrentamiento puso en escena propuestas como la de una ecología verdaderamente popular, un "eco socialismo", defensora del pago de una deuda ecológica por parte de los países del norte para resarcir los daños causados en los últimos cinco siglos por su insaciable demanda de recursos del sur⁽¹⁰⁾. Esta propuesta es abiertamente revolucionaria, ya que concibe la economía ecológica más allá de un ajuste de formato económico entre el hombre y su entorno natural, predicando una re-valoración de la naturaleza como un objetivo estratégico en la transformación política, social y cultural de toda la sociedad.

Más recientemente, el debate puesto de moda sobre las semillas y embriones transgénicos ha añadido más complejidad al asunto, ya que la manipulación genética y el consecuente dominio privado de nuevas especies y razas por grupos económicos transnacionales puede generar a medio y largo plazo notables consecuencias sobre la cuestión del uso y defensa del patrimonio genético de las naciones.
 

Perspectivas para el caso de Brasil
 

En Brasil, los debates que se desarrollaron bajo la influencia de la Rio-92 generaron un clima de expectación en el escenario internacional respecto al problema de la devastación de la selva amazónica. Las ONGs y la mayoría de las instituciones financiadoras internacionales comenzaron a insistir en una evaluación, por lo menos parcial, de los costes y beneficios ambientales en la evaluación económica de los proyectos de desarrollo. En cierta medida, esta presión internacional representaba una amenaza a la soberanía, que tuvo como respuesta pragmática del Estado un gran esfuerzo en establecer una mejor sistematización de medidas de control de la deforestación, la contaminación de las aguas y otros problemas ambientales en la década de los 90.

Sin lanzar mano de las medidas de control, sería imposible dar una respuesta efectiva al agravamiento de la cuestión ambiental, ya que la racionalidad de los agentes económicos no recoge en absoluto el daño que sólo han de percibir las generaciones futuras, y que la competencia intercapitalista genera una tendencia contraria a la internalización de los costes exportados más allá del entorno de la empresa⁽¹¹⁾. De esta manera, el proceso de sistematización de medidas de protección ambiental exigió la formación de nuevos pactos de poder donde estarían obligatoriamente involucradas instancias mercantiles - empresas - y no mercantiles - estado y sociedad civil.

Con la creación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, la organización institucional del Estado viene convergiendo en la dirección de re-hacer este pacto de poder y superar un histórico aislamiento sectorial y la sobreposición de competencias en cuestiones relacionadas al medio ambiente. No sólo a escala federal sino también en varios estados y municipios se está incorporando la idea de asociar el desarrollo económico a la sostenibilidad ambiental de los territorios en la formulación de políticas públicas.

La mejor sistematización de las medidas de control ambiental fue favorecida por la aprobación de instrumentos legales y normas, previstos en la Constitución de 1988, que tornaron el control sobre las restricciones ambientales en las diversas actividades económicas más efectivo. Como medidas, se destacan la exigencia legal de estudios de impactos ambientales y de las audiencias públicas para la discusión de nuevos proyectos industriales y comerciales, el establecimiento de sistemas de licencia de actividades contaminantes, el zoneamiento económico-ecológico, la creación de unidades de conservación, la creación de áreas de protección ambiental y la reglamentación del código forestal.

Más recientemente, con la aprobación de la Ley de Aguas por el Congreso Nacional en 1997, fue formalizada la aplicación de un innovador sistema de cobranza por el uso y contaminación de los recursos hídricos a nivel de la cuenca hidrográfica. Este sistema utiliza una combinación del principio poluidor-pagador (por lo cual los agentes económicos son obligados a incorporar en sus costes privados los costes del control o prevención de la externalidades generadas) con el principio beneficiario-pagador (por lo cual la comunidad afectada subsidia los agentes económicos para la adopción de medidas preventivas y correctivas).

Las respuesta de los agentes a la aplicación de estas medidas pueden ser muchas, como el ajuste en los niveles de productividad, cambios en el proceso productivo, substitución de insumos, reciclaje de materias primas, reciclaje de residuos, inversión en equipamientos de laboratorio, maquinaria, vestuario para los empleados, etc., apropiados a la prevención de los problemas, substitución del producto o servicio final al consumidor, cambio en el emplazamiento de la industria o, en casos extremados, cambio de actividad económica.

En algunos contextos, basta con que las medidas de control y prevención sean incorporadas en el marco regulatorio existente para que se persiga con la eficiencia necesaria estas respuestas. No obstante, a veces se observa que las conductas no varían significativamente antes y después de la incorporación de estas medidas⁽¹²⁾.

En este sentido, las sucesivas políticas de ajuste monetario aplicadas en Brasil son, en parte, responsables por esta situación, ya que los cortes de presupuestos vienen afectando considerablemente el área de medio ambiente. Pero el problema es de fondo estructural, puesto que existe una "deuda social" del Estado en la organización de los territorios, tanto en los espacios urbanos como rurales. El país carece una falta de continuidad en inversiones de infraestructura básica que afectan directamente a la protección ambiental, como las redes de alcantarillado, equipamientos de reciclaje, redes de transporte adecuadas, la superación del grave déficit habitacional, etc. También hay que considerar que la fiscalización ambiental en zonas rurales todavía cuenta con deficientes - a veces ridículos - recursos y que, muchas veces, los equipos responsables por esta fiscalización sufren una gran presión para practicar la corrupción. Por lo tanto, afrontar al desafío de la conservación del medio ambiente en Brasil implica discutir la "deuda social" como una condición necesaria para que la sociedad alcance un nivel de bienestar con usos más racionales de los recursos naturales.
 

Conclusiones
 

A pesar de la innegable existencia de límites reales para el uso de los recursos naturales, no es difícil encontrar incertezas y contradicciones entre las distintas corrientes de pensamiento que defienden la conservación ambiental. En Brasil, los puntos estratégicos para encontrar respuestas al problema envuelven, en primer lugar, la necesidad de establecer una matriz adecuada de informaciones ambientales de los territorios con base en los ecosistemas. Además del apoyo necesario a la investigación científica correspondiente (cuyos resultados suelen generarse en el largo plazo), la provisión de indicadores comparativos, de funciones de estímulo-respuesta y de parámetros de experiencias anteriores respecto de las consecuencias de la acción humana pueden aportar informaciones confiables donde sólo hay especulación.

En segundo lugar, y este es el desafío crucial, debemos hacer referencia a la advertencia de Weizsäcker [1992] de que está en cuestión un amplio debate político sobre el paso a un nuevo patrón de bienestar basado en una revisión del empleo de los recursos de la naturaleza que envuelva a toda la infraestructura y cultura. No se puede imaginar que a largo plazo los flujos de bienestar sean desligados del consumo de la naturaleza; de esta forma, no se puede prescindir del desarrollo de los métodos de contabilidad ambiental como instrumento de decisión no sólo técnica sino también político-ideológica, de cara al futuro del sistema económico.

En el caso de Brasil, una discusión envolvente de sostenibilidad del sistema económico debe obligatoriamente extenderse a la sostenibilidad de los recursos humanos, donde podríamos incluir debates como la equidad social y la seguridad alimentaria. También podríamos añadir la sostenibilidad de los soportes institucionales, que ofrecen la infraestructura administrativa, legal, política y técnica para la definición de normas y solución de conflictos; en este apartado, estarían incluidos los debates sobre los marcos de regulación necesarios y los polémicos temas relativos a la deuda ecológica y a la soberanía de las naciones en la protección y uso de la biodiversidad.
 

Notas
 

1. Esta ley se aplica a la evolución de la naturaleza como el aumento irreversible de la entropía en cualquier proceso natural; es imposible recuperar completamente o usar de la misma manera y otra vez toda energía que ha intervenido en estos procesos (Margalef: 1991).

2. Esta tendencia a la polarización en el debate fue comentada por Collantes (1986).

3. Repetto (1988).

4. CEPAL (1992).

5. Un amplio análisis de la cuestión fue elaborado por Maluf (1997).

6. La noción de sistema proviene de la teoría general de sistemas, formulada por el biológo Ludwig van Bertalanffy en los años 20 y que abogaba por una concepción organicista, no mecanicista, en la biología, señalando que el organismo debe ser abordado como un todo o sistema (Bertalanffy: 1987).

7. La definición del ecosistema y un examen de sus relaciones funcionales pueden ser encontrados en Margalef (1991).

8. May (1994).

9. Una excelente reflexión acerca de la Conferencia Rio-92 fue realizada por Weizsäcker (1992).

10. MARTINEZ ALIER, Joan (1992).

11. Acserald (1993) y Weizsäcker (1992) desarrollan interesantes análisis respecto al tema.

12. Tietenberg (1994).
 

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© Copyright: I Coloquio Internacional de Geocrítica, 1999

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