IMPACTO SOCIAL Y ESPACIAL DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN CUBA

José Altshuler

La situación geográfica del archipiélago cubano, muy cerca del Trópico de Cáncer, a la entrada del Golfo de México y a poca distancia de los Estados Unidos, es un factor geográfico que, en diferentes formas y contextos, ha condicionado fuertemente el desarrollo económico, social y político de Cuba a lo largo de su historia.

Colonia española pobre y casi despoblada a fines del siglo XVI, con una superficie de alrededor de 111 000 kilómetros cuadrados (de los cuales cerca del 95 % corresponde a la isla mayor), grandes extensiones de suelos llanos o ligeramente ondulados, y elevada insolación, por entonces comenzó en ella la producción de azúcar de caña. Esta actividad experimentó una rápida expansión entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, sobre la base del empleo de mano de obra esclava importada de África, y de las condiciones favorables creadas por la ruina de la producción haitiana, la apertura del mercado norteamericano, el libre comercio y otros factores. La introducción del ferrocarril por los hacendados en 1837, así como la de la máquina de vapor en los ingenios y el hundimiento de la producción cafetalera que tuvo lugar hacia 1850, contribuyeron efectivamente al dominio absoluto que habría de ejercer posteriormente el azúcar sobre la economía cubana. A la terminación de la Guerra de los Diez Años contra la metrópoli, en 1878, el sistema esclavista entró en crisis, y fueron desapareciendo gradualmente los pequeños ingenios primitivos que antes habían proliferado, incapaces de competir con un número menor de grandes fábricas de azúcar mucho más tecnificadas, llamadas «centrales» (Marrero, 1957, p. 204-214). Hacia 1880 la producción azucarera cubana pasó a depender casi exclusivamente del mercado norteamericano y, en lo comercial, Cuba se convirtió en una dependencia de los Estados Unidos, aunque continuaba subordinada política, militar y administrativamente a España (Portuondo del Prado, 1957, p. 496-497).

Por consiguiente, nada hay de extraordinario en el predominio que alcanzó la influencia norteamericana sobre los primeros servicios públicos de suministro de energía eléctrica que se establecieron en Cuba entre 1889 y el comienzo, en 1895, de la Guerra de Independencia. Terminada la contienda, la intervención norteamericana de 1898 no sólo consolidó la dependencia económica neocolonial del país, sino que en lo político redujo la República inaugurada en 1902 a un virtual protectorado de los Estados Unidos. Esta situación, que se mantuvo durante más de treinta años, dio paso a un régimen republicano independiente sólo en apariencia, que aún tardaría un cuarto de siglo en liberarse de las viejas ataduras mediatizadoras.

Las empresas eléctricas locales de servicio público, propiedad de empresarios cubanos o extranjeros, se multiplicaron rápidamente desde principios del siglo XX. Pero en los años veinte aquéllas pasaron, una tras otra, a manos de una gran corporación norteamericana, que terminó estableciendo el monopolio del servicio en la mayor parte del territorio nacional. Con la nacionalización, en 1960, tanto de las empresas de servicio público como de la industria azucarera, dueña de una importante capacidad de generación instalada, se inició la etapa actual del desarrollo eléctrico del país.

Fijados estos antecedentes generales, que se precisan a continuación a partir de una exposición mucho más amplia (Altshuler y González, 1997, caps. 4, 5, 6), pasaremos a describir el progreso de la electrificación en Cuba, siguiendo una ordenación esencialmente cronológica de sus principales hitos, de modo que pueda apreciarse debidamente el impacto social y espacial del desarrollo de las redes eléctricas en el país, hasta el presente.

Descrédito del alumbrado por gas

La primera demostración pública realizada en Cuba del funcionamiento de un sistema industrial de luz eléctrica tuvo lugar en lo más céntrico de la ciudad de La Habana a fines del año 1877. Se trataba de un sistema Gramme —consistente en una lámpara de arco eléctrico alimentada por una dínamo—, que había traído consigo el pionero catalán del alumbrado eléctrico en España, Tomás José Dalmau. Aunque los resultados no fueron completamente satisfactorios debido a la insuficiencia de la máquina de vapor utilizada para impulsar la dínamo, la prensa local no dejó de señalar que «el intenso alumbrado producido hacía aparecer como candilejas el del gas de las proximidades».

El alumbrado por gas se extendía en aquel entonces a algo menos de la quinta parte de la longitud total de las vías públicas de la capital (estimada en unos 130 kilómetros) y a alrededor de la tercera parte de sus 18 000 casas. La comparación con la luz eléctrica que se exhibía estaba muy lejos de reducirse a una simple cuestión fotométrica, porque el público estaba muy quejoso del servicio brindado por la empresa suministradora, la Compañía Española de Alumbrado de Gas. Buen índice de ello es el siguiente comentario, publicado a propósito del experimento de Dalmau en un periódico satírico habanero:

Las quejas contra la Española de Gas se mantuvieron durante mucho tiempo en un sector importante de la prensa habanera, que el propio año 1877 acogió con entusiasmo el permiso otorgado por las autoridades municipales a una empresa estadounidense, la Havana Gas Light Company, para hacerle la competencia a la primera. Como consecuencia, no tardó en bajar apreciablemente el precio del fluido suministrado, y se duplicaron las instalaciones de producción y distribución de gas en la ciudad de La Habana.

Pero la competencia comercial cesó en 1883, cuando la corporación norteamericana Spanish-American Light & Power Company arrendó ambas empresas, de manera que quedaron prácticamente bajo su dominio absoluto. El monopolio del gas que resultó se hizo aún más patente cuando, en 1886, la Spanish-American absorbió a la Havana Gas y procedió a cerrar la vieja planta de la Española en Tallapiedra, a orillas de la bahía habanera, luego de transferir su carga a la planta de la Havana Gas, que había sido reedificada y agrandada al efecto. En 1890 se consumó formalmente la fusión de la Spanish-American y la Española de Gas en una «nueva» empresa, que recibió el nombre de Spanish-American Light & Power Company, Consolidated. Controlada y manipulada por hombres de negocios norteamericanos, el capital social de esta corporación se constituyó fundamentalmente con el aporte de accionistas españoles y cubanos.

Luego de su implantación en la capital, el servicio de alumbrado por gas demoró varios años en extenderse a otras ciudades cubanas. Hacia 1860 había llegado a Matanzas, Cárdenas, Villa Clara, Cienfuegos y Santiago de Cuba.

Los primeros sistemas permanentes de alumbrado por gas que hubo en Cuba, de fabricación inglesa, se habían instalado a fines de la década de los veinte del siglo xix en las fábricas de azúcar del país para facilitar la operación continua que permitían las nuevas tecnologías introducidas (Moreno Fraginals, 1978, p. 28). Hacia 1840, se contaba con alumbrado por gas en los grandes ingenios semimecanizados de la zona occidental de la Isla. Cuarenta y tantos años después, en estas fábricas habría de introducirse la luz eléctrica por primera vez en el país.

En un folleto que publicó especialmente para Cuba en 1882 la Edison Spanish Colonial Light Company, se explicaban las ventajas de utilizar la luz eléctrica en los talleres e ingenios fuera de poblado, en vista de que éstos, por su situación tenían generalmente que

Introducción del alumbrado eléctrico

  En la primera mitad de la década de los ochenta del siglo XIX, la iluminación por arco eléctrico llegó en Cuba a unas pocas fábricas de azúcar, en forma de bujías de Yablochkov o lámparas de arco con reguladores Serrin, alimentadas por generadores eléctricos de poca capacidad. Por la misma época, algún que otro establecimiento u oficina de la capital se iluminó con bombillas incandescentes servidas por una pequeña planta propia.

Pero los primeros sistemas eléctricos de servicio público con generación centralizada y redes de distribución extendidas a amplias zonas urbanas, no se instalaron en el país hasta el año 1889.

El primero de dichos sistemas lo instaló en La Habana la Spanish-American, amparada en una autorización que le había otorgado el Ayuntamiento para realizar un «ensayo» de alumbrado eléctrico en la ciudad. Comenzó a funcionar a principios de marzo, utilizando alternadores monofásicos Westinghouse, de fabricación norteamericana, que se montaron en la antigua fábrica de gas de Tallapiedra. El sistema de distribución constaba de circuitos que alimentaban cierto número de lámparas de arco del mismo fabricante instaladas en algunas calles y plazas céntricas, tales como el parque de Isabel II y el paseo de Isabel la Católica, y de circuitos destinados al alumbrado incandescente, principalmente de interiores.

La autorización otorgada por las autoridades municipales a la Spanish-American no implicaba derecho de monopolio, de manera que existía la posibilidad de que eventualmente se les extendieran autorizaciones similares a otras empresas. Una de las que ya habían manifestado interés en el asunto, era la firma norteamericana Thomson-Houston. Pero ésta y la Spanish-American no entraron en competencia, sino que se pusieron de acuerdo. A fines de junio, la empresa de gas y electricidad decidió sustituir todas las lámparas de arco de corriente alterna instaladas hasta entonces, por otras del sistema Thomson-Houston, que funcionaban con corriente continua, alimentadas por dínamos del propio fabricante. A partir de ese momento, puede decirse que en la ciudad de La Habana habría de funcionar un sistema híbrido, puesto que incluía dínamos del sistema Thomson-Houston para los circuitos de alumbrado por arco, y alternadores del sistema Westinghouse para los circuitos de alumbrado incandescente.

A comienzos de septiembre de 1889 se inauguró formalmente, en medio de grandes fiestas, el servicio público de alumbrado eléctrico en Cárdenas, una ciudad situada a unos 120 kilómetros al este de La Habana. Esta vez la instalación era toda del mismo fabricante, con dínamos de corriente continua para los circuitos de lámparas de arco, y alternadores para los de alumbrado incandescente. La idea de electrificar el alumbrado de la ciudad había partido de un grupo de comerciantes locales, quienes, a comienzos de año, ofrecieron al Ayuntamiento financiar e instalar el sistema a cambio de que se les permitiese explotarlo por el término de seis años, contados desde el día de la inauguración oficial.

El equipo de alumbrado instalado en Cárdenas, al igual que el que había entrado en servicio diez semanas antes en La Habana y el instalado aquel mismo año en diez fábricas de azúcar del país, así como el que comenzó a utilizarse en el servicio público de alumbrado de las ciudades de Camagüey y Matanzas a fines de 1890, tenían el mismo suministrador: la Thomson-Houston International Electric Company, de Boston (1).

Otras ciudades cubanas importantes no tardaron en seguir el ejemplo de La Habana, Cárdenas, Camagüey y Matanzas en lo que se refiere a la introducción del alumbrado eléctrico, aunque a menudo en escala muy modesta. El nuevo servicio se inauguró en 1892 en Cienfuegos y Sagua la Grande; en 1893 en Pinar del Río; en 1895 en Santa Clara, Regla y Caibarién; y en 1897 en Santiago de Cuba, la segunda ciudad de mayor población en Cuba.

Ni que decir tiene que fue grande el efecto de la llegada de la luz eléctrica sobre los habitantes de las principales ciudades cubanas; pero sobre los hombres más humildes del campo, que constituyeron el grueso del Ejército Libertador entre 1895 y 1898, su impacto fue mayor aún. Así, al referirse a las acciones de la tropa del lugarteniente general Antonio Maceo durante la campaña de la invasión del occidente de la Isla, su ayudante, el general José Miró Argenter, relata que una noche, a comienzos del año 1896, se llegó tan cerca de la ciudad de La Habana que

Con todo, el servicio resultaba bastante limitado por aquel entonces, como puede deducirse, por ejemplo, de una nota publicada a fines de 1901 en un periódico habanero, donde se anuncia que a partir de ese día, la empresa eléctrica de la capital «ampliará la duración de la corriente eléctrica de los circuitos de las 10 y media a la 1 de la madrugada, hasta las 11 y la 1 y media respectivamente; y que los consumidores que [deseen el servicio] hasta más tarde, deberán solicitarlo».

Añádase a esto que todavía en 1917-1918, por cada lámpara eléctrica —incandescente o de arco— utilizada en el alumbrado público, funcionaban casi cinco mecheros de gas, modernizados con la adición de camisetas incandescentes, en el núcleo urbanizado de la Habana, mientras que en la periferia todavía se utilizaban faroles con lámparas de alcohol y de petróleo.

Proliferación de las empresas eléctricas

 La guerra de independencia de Cuba, iniciada a comienzos de 1895, y la consiguiente situación económica desastrosa imperante en el país desalentaron, en general, las inversiones del capital privado para la creación de nuevos servicios eléctricos. No obstante, las empresas establecidas lograron mantenerse. En particular, la Spanish-American, que monopolizaba por entonces el servicio eléctrico y de gas en La Habana y Matanzas, consiguió consolidar su posición entre las principales propiedades norteamericanas en la Isla.

Al cesar la dominación colonial española en Cuba e iniciarse una era de paz con la ocupación militar norteamericana del país el 1 de enero de 1899, se abrieron nuevas perspectivas a las inversiones en los negocios, cuyo resultado más importante en la rama eléctrica fue el establecimiento de un moderno servicio de tranvías en la capital a partir de 1901, precedido significativamente por la creación, el año anterior, de una cátedra de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de La Habana (Altshuler, 1994).

Con la inauguración, el 20 de mayo de 1902, de la República mediatizada que siguió a la ocupación norteamericana, proliferaron extraordinariamente las solicitudes de autorización para establecer nuevos servicios públicos de suministro de energía eléctrica.

En 1902 se autorizó a la Compañía de Electricidad de Cuba, que representaba los intereses de un sindicato de capitalistas británicos, la construcción y explotación de un sistema de servicio público destinado a suministrar energía eléctrica «para alumbrado, fuerza motriz y calefacción» al barrio habanero del Vedado. Su planta eléctrica, que utilizaba unidades generadoras de corriente alterna a 50 Hz, de fabricación alemana, entró en servicio a comienzos de 1905. Poco después lo hizo la planta de la Compañía de Electricidad de Marianao, destinada a prestar servicio al municipio del mismo nombre, próximo a la capital, que actualmente forma parte del área metropolitana de ésta.

Pero tanto el servicio eléctrico como el de gas suministrados a la zona más importante de la ciudad continuaba en manos de la antigua Spanish-American, reorganizada en 1904 bajo la denominación de Compañía de Gas y Electricidad de La Habana. Forzada por la competencia, ésta decidió modernizar la central de Tallapiedra reemplazando las viejas máquinas de vapor allí instaladas con turbinas Curtis e instalando alternadores trifásicos y otros equipos fabricados por la General Electric. Además, comenzó a introducir el mechero Auer en el sistema de alumbrado por gas de la ciudad, que habría de mantenerse en servicio otros veinte años.

Nuevos sistemas electroenergéticos de servicio público se establecieron en varias ciudades del interior del país durante la primera década del siglo xx. Así, un grupo de empresarios locales, con el apoyo financiero del Banco Español de la Isla de Cuba, organizaron en 1906 la Compañía de Alumbrado y Tracción de Santiago, dedicada a manejar el negocio de la electricidad comercial y los tranvías en Santiago de Cuba, cuyas nuevas instalaciones, provistas de alternadores trifásicos norteamericanos a 60 Hz, entraron en servicio en 1908. Por la misma época, una empresa similar, pero canadiense, la Camagüey Electric Company, Ltd., adquirió el control del servicio de alumbrado y de tranvías en la ciudad de Camagüey, donde estableció un sistema de corriente alterna bifásica.

Los sistemas eléctricos de Matanzas y Cárdenas pasaron, entre 1907 y 1908, a manos de una empresa alemana, la Compañía Anónima Eléctrica Alemana Cubana. En 1910 un ciudadano norteamericano, ex cónsul de los Estados Unidos en Caibarién, decidió radicarse en esta villa portuaria para emprender allí las más variadas actividades comerciales. Comenzó organizando una empresa de servicio eléctrico que adquirió la vieja planta local, cuya capacidad amplió considerablemente en 1910 para extender el servicio hasta la cercana villa de Remedios.

No fue sino hacia el año 1910 cuando la electricidad sustituyó al gas en la iluminación de los parques y plazas de la importante ciudad de Cienfuegos, si bien el alumbrado eléctrico a particulares, servido por una pequeña planta, databa de 1892. El servicio mejoró y se amplió considerablemente en 1913, cuando entró en funcionamiento la planta hidroeléctrica del río Mataguá, propiedad de un capitalista local. Cinco años después, este servicio pasaría a manos de una compañía norteamericana, la Cienfuegos, Palmira and Cruces Electric Railway & Power Company. Por entonces, ésta controlaba el tranvía en la ciudad y pueblos cercanos, y explotaba al efecto una planta hidroeléctrica en el río Hanabanilla, de suerte que en la práctica se hizo del monopolio de los servicios de tracción y alumbrado eléctricos en la zona.

Por la misma época, en la capital del país otra compañía norteamericana, la Havana Electric Railway, Light & Power Company, también pasó a controlar tanto los tranvías, como el servicio público de electricidad, la totalidad de cuya capacidad de generación se concentró en una única central termoeléctrica de nueva construcción. Enclavada ésta en la zona de Tallapiedra, al igual que la antigua de la Spanish-American, pero mucho mayor y más moderna, a comienzos de 1915 entró en servicio con tres turboalternadores trifásicos Westinghouse a 60 Hz, cada uno de los cuales tenía una capacidad nominal de 12,5 MW.

Electrificación del transporte público

Como sucedió en otros países, después del alumbrado el siguiente uso importante que se dio en Cuba a la energía eléctrica generada industrialmente fue su aplicación al transporte terrestre. La primera línea de tranvías eléctricos, de unos 4 kilómetros de longitud, que conectaba las villas de Regla y Guanabacoa, situadas del lado oriental de la bahía habanera, comenzó a funcionar en marzo 1900, durante la ocupación militar norteamericana.

Un año después, en marzo de 1901, se inauguró las primera línea de los tranvías eléctricos de La Habana, cuya planta, enclavada en plena ciudad, generaba la totalidad de la energía de corriente continua requerida. Por entonces, la capital contaba con más de 240 000 habitantes y las viejas líneas de los tranvías de tracción animal (inauguradas en 1860) no sólo resultaban insuficientes, sino que se hallaban extraordinariamente deterioradas. Poco a poco, las nuevas líneas se extendieron por toda la ciudad, cuya fisonomía quedó marcada ostensiblemente por las construcciones vinculadas con el tranvía eléctrico.

Éste se encontraba en manos de la Havana Electric Railway Company, una empresa fundada en 1899 por un grupo de capitalistas de Montreal, con aportes de capital cubano, español y norteamericano. Pero la política de dicha compañía de distribuir sus acciones entre cubanos y españoles irritó a los norteamericanos, representados por el cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Frank Steinhart. Interesado personalmente en el asunto, Steinhart logró conseguir en Nueva York el apoyo financiero del arzobispo de la ciudad y de la banca Speyer, y en 1907 renunció a su puesto diplomático para hacerse cargo de la compañía. Gracias a su hábil gestión y a sus relaciones personales, el servicio público de los tranvías habaneros se convirtió en un jugoso negocio, y él mismo en uno de los magnates industriales más notorios de los primeros tiempos de la República mediatizada. Durante una década llegó a tener, además, el control absoluto del servicio público de electricidad en la ciudad de La Habana, a través de la ya mencionada Havana Electric Railway, Light & Power Company, empresa que había constituido en los Estados Unidos en 1912. (Los tranvías continuaron circulando en la capital hasta el año 1950, cuando fueron sustituidos por un servicio de autobuses.)

Hacia 1906, la Havana Central Railroad Company —vinculada entonces a la Havana Electric, y absorbida posteriormente por una empresa ferroviaria británica— construyó una línea de ferrocarril eléctrico interurbano que conectaba las cercanas villas de Güines y Guanajay con su planta generadora, erigida en Rincón de Melones, junto a la bahía habanera. Se aprovechó la línea eléctrica tendida para llevar el servicio de electricidad a numerosos pueblos de campo alejados hasta unos 40 o 45 kilómetros de la capital.

En 1908 se inauguraron sendos servicios de transporte eléctrico en las ciudades de Santiago de Cuba y Camagüey, el primero a cargo de una compañía organizada por empresarios cubanos, y el segundo a cargo de una empresa canadiense, como ya se ha visto. Ambos sistemas eran similares al de doble trole instalado en La Habana, si bien desde el comienzo funcionaron con la energía suministrada por la central eléctrica de la ciudad, al igual que habría de ocurrir con el sistema de la capital a partir de 1915.

A propósito, es bueno recordar que desde el punto de vista económico, resultaba muy ventajoso combinar la carga del alumbrado con la de los tranvías, pues esta última constituía una «carga diurna» importante, que permitía que las plantas pudieran trabajar no sólo durante las horas nocturnas, como requería esencialmente el servicio de alumbrado, sino durante el resto del día, haciendo de esta manera más eficiente la generación eléctrica.

Éste no fue el caso de las ciudades de Cienfuegos, Cárdenas y Matanzas, donde se introdujo, entre 1913 y 1918, un servicio de transporte eléctrico urbano bastante problemático y poco eficiente, que utilizaba tranvías de acumuladores eléctricos, los cuales debían recargarse periódicamente.

Electrificación de la industria azucarera

Cuando, a mediados de la década del ochenta del siglo XIX, se instalaron los primeros sistemas de alumbrado eléctrico en varias fábricas de azúcar cubanas, pudo contarse con una fuente de fuerza motriz barata para impulsar las dínamos, puesto que por entonces hacía tiempo que el uso del vapor se había generalizado en la producción de azúcar. Pero no fue sino hasta bien entrado el siglo xx, que se electrificaron los motores de los centrales azucareros. En 1911 se instaló en un central de propiedad norteamericana, enclavado en la zona oriental de la Isla, una planta eléctrica con capacidad suficiente para satisfacer tanto las necesidades del alumbrado y los motores del propio central y su batey, como las de dos centrales vecinos. Posteriormente, la propia fábrica de azúcar se convirtió en el suministrador de energía eléctrica a varios pueblos vecinos, así como a las ciudades de Gibara y Holguín, para servir a una población total de unos 10 000 habitantes. Por aquella época más del 75 % de las instalaciones eléctricas de los centrales azucareros era de fabricación General Electric.

Otro central —el Hershey— desempeñó un papel especial en la electrificación del país durante los años veinte. Emplazada unos 40 kilómetros al este de La Habana e inaugurada en 1919, contaba esta fábrica, de propiedad norteamericana, con una planta eléctrica propia dotada de alternadores trifásicos que, aparte de entregar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las máquinas de la fábrica y para su batey, suministraba la requerida para un ferrocarril eléctrico destinado al transporte de pasajeros y carga —todavía en funcionamiento—, que el mismo propietario había terminado de construir entre 1921 y 1922. El ferrocarril se extendía a lo largo de unos 85 kilómetros, desde las orillas de la bahía de La Habana hasta las inmediaciones de la de Matanzas, pasando por el central. Seguramente fue el primero del mundo en que se usó la tracción eléctrica tanto para trasladar caña hasta la fábrica, como para transportar hasta los puertos de embarque el azúcar producido. A mediados de la década de los veinte, su planta eléctrica brindaba servicio a la ciudad de Matanzas, así como a 9 ciudades y pueblos cercanos a la línea del ferrocarril.

Hacia 1925, 76 centrales, responsables de más del 60 % de toda la producción de azúcar del país, estaban electrificados total o parcialmente, y tenían instalados casi 200 turbogenerdores. Su capacidad generadora conjunta era de unos 162 MW, en tanto que la dedicada al servicio público en todo el país totalizaba poco más de 108 MW, de los cuales correspondían 7,5 MW a la Havana Central Railroad Company, 6 MW a la Hershey Cuban Railway Company, y 75 MW a la Havana Electric Railway, Light & Power Company (McGovern, 1927).
 
El servicio eléctrico monopolizado

Tras la terminación de la Primera Guerra Mundial se inició una recesión económica en la mayor parte del mundo, que sólo se manifestó en los Estados Unidos como una interrupción, en 1921, de un período de gran prosperidad y expansión industrial que duró hasta fines de la década de los veinte.

Un factor considerable en aquella prosperidad fue la expansión de la industria eléctrica norteamericana, cuyo control quedó fundamentalmente en manos de un grupo reducido de grandes corporaciones, entre las cuales destacaba la Electric Bond & Share Company, Inc. Ésta se había organizado en 1905 — con el respaldo de la banca Morgan, e íntimamente vinculada, al principio, con la General Electric— como una compañía tenedora de acciones de otras («holding») para financiar la multiplicación y el desarrollo en los Estados Unidos de las empresas de servicio público de electricidad sobre una base monopolística.

A comienzos de la década de los veinte, la Electric Bond & Share decidió extender sus operaciones fuera del territorio norteamericano, y una de sus primeras acciones en este sentido fue darse a la tarea de concentrar en sus manos el negocio del servicio público de electricidad en Cuba. Al efecto, procedió a adquirir las instalaciones existentes, comenzando con Santiago de Cuba en 1923 y terminando con La Habana en 1926-1928.

El 31 de diciembre de 1928, la corporación estadounidense había establecido el monopolio del servicio eléctrico en la mayor parte del territorio nacional, con una capacidad de generación instalada total de algo más de 135 MW y unos 4 500 kilómetros de líneas de transmisión y distribución. Por entonces suministraba toda la energía eléctrica consumida por más de 165 poblaciones, a 4 de las cuales les suministraba asimismo agua, hielo a otras 8, y gas a la capital.

Formalmente, todas aquellas propiedades pertenecían a la llamada Compañía Cubana de Electricidad, que, por supuesto, de cubana sólo tenía la denominación, puesto que se había organizado a fines de 1927 con arreglo a la legislación del estado norteamericano de Florida y era una subsidiaria de la American & Foreign Power Company, Inc., creada a fines de 1923 y subsidiaria a su vez de la Electric Bond & Share.

Vinculada a la tiranía imperante en Cuba entre 1925 y 1933, objeto de reiteradas huelgas de consumidores antes y después de la caída de aquélla, enfrentada a la Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas y Agua, e intervenida a comienzos de 1934 por el Estado, la Compañía Cubana de Electricidad jamás logró librarse de su impopularidad en el país. No obstante, el número de poblaciones servidas por la empresa pasó de 165 en 1928, a 207 en 1933, sin que tuviese necesidad de incrementar su capacidad de generación instalada. Esta situación se mantuvo durante el resto de los años treinta y los de la Segunda Guerra Mundial, que fueron de baja demanda de electricidad en el país.

A la terminación de las hostilidades, en 1945, se produjo un incremento extraordinario de los ingresos nacionales debido al alza de los precios del azúcar en el mercado mundial, circunstancia que, entre otras, indujo un crecimiento acelerado de la demanda de energía eléctrica. Pero la gran cantidad de encargos de equipos acumulada a nivel mundial, que se traducía en largos plazos de entrega, así como la renuencia del capital privado norteamericano a realizar inversiones en el extranjero, hicieron que se retrasara la ampliación de la capacidad generadora que se requería.

Pasado un tiempo, el problema financiero se resolvió sobre la base del financiamiento aportado por el gobierno cubano y el Banco de Exportación e Importación de Washington. Durante el decenio 1948-1957 aumentó de 149 a 362 MW, aproximadamente, la capacidad de generación instalada de la Compañía Cubana de Electricidad, empresa que en 1957 vendía más del 90 % de la energía eléctrica producida con fines comerciales en el país. El resto del consumo comercial lo cubrían, fundamentalmente, distintas plantas eléctricas aisladas. Casi toda esta energía eléctrica se producía en plantas de vapor o Diesel, que utilizaban como combustible derivados del petróleo de importación (Marrero, 1957, p. 318; García Menocal, 1958).

En 1958 la Compañía Cubana de Electricidad había elevado su capacidad generadora efectiva instalada a casi 430 MW y contaba con unos 10 200 kilómetros de líneas de todos los voltajes (Compañía Cubana de Electricidad, 1959). Sus instalaciones y equipos se repartían entre dos grandes sistemas independientes, uno de los cuales abarcaba la mayor parte de la zona centro-ocidental de la Isla, y el otro, mucho menos extenso, cubría una parte de la zona oriental. Existían, además, casi 60 sistemas aislados, generalmente pequeños, que eran servidos por plantas eléctricas locales, algunas de ellas en centrales azucareros. En total, el servicio eléctrico se prestaba por entonces solamente al 56 % de la población de Cuba, estimada en unos 6,5 millones de habitantes, pero no llegaba a numerosísimas áreas rurales pobres y de baja densidad de población, porque la creación de las redes requeridas no podía justificarse desde un punto de vista estrictamente económico (Ministerio de la Industria Básica, 1993).

El servicio eléctrico nacionalizado

La nacionalización de la Compañía Cubana de Electricidad, en agosto de 1960, y la de los centrales azucareros y otras empresas de propiedad privada, puso en manos del Estado el control de la totalidad del servicio eléctrico a comienzos de la década de los sesenta. A partir de entonces el suministro comercial de energía eléctrica dejó de considerarse un negocio al uso, para concebirse como un servicio público manejado de forma que coadyuvase al logro de las nuevas metas económicas y sociales trazadas para todo el país.

Empero, la puesta en práctica de aquella concepción tropezó de inmediato con serios obstáculos cuando el gobierno de los Estados Unidos estableció un estricto embargo/bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que entre otros muchos efectos negativos, tuvo el de impedir en gran medida la adquisición de piezas de repuesto para el material eléctrico instalado en el país, mayormente de fabricación norteamericana. Pese a la seriedad de este obstáculo, que se acompañó de la pérdida de muchos de los técnicos más experimentados, se logró mantener el servicio en esta etapa de transición gracias a la inventiva y el empeño desplegados por el personal técnico y de apoyo que permaneció vinculado a la empresa. Además, se consiguió terminar el montaje de algunas instalaciones pendientes, pero el plan de adquisición de nuevas capacidades de generación quedó prácticamente interrumpido por más de un lustro a partir de 1961-1962.

La situación mejoró hacia 1966-1967, cuando pudo reanudarse la ampliación del sistema con materiales y equipos adquiridos en las antiguas Unión Soviética y Checoslovaquia, y comenzaron a incorporarse a la industria los primeros ingenieros, unos adiestrados en el extranjero y otros en los centros nacionales de educación superior, cuyos planes de estudios habían sido renovados a comienzos de la década de los sesenta (Altshuler, 1994).

Los ambiciosos planes de desarrollo económico y social del país trazados por la Junta Central de Planificación, incluían un incremento considerable tanto en la producción de energía eléctrica, como en la extensión de las redes de transmisión y distribución. Ello dependía fundamentalmente no sólo de la instalación de nuevas capacidades de generación y de transmisión, sino de que pudiera conseguirse un suministro estable de combustible a precios razonables. Las ventajosas relaciones de intercambio comercial establecidas en aquel entonces entre Cuba y otros países socialistas, especialmente la antigua URSS, permitieron contar con tales posibilidades hasta fines de la década de los ochenta.

Cuatro nuevas centrales termoeléctricas se construyeron en este período, cada una con una capacidad final mayor que la total instalada en 1958 para prestar servicio público, y se incrementó la capacidad instalada en varias de las antiguas. Con la entrada en funcionamiento, en 1973, de las dos primeras líneas de transmisión a 220 kilovoltios, con una longitud total de 275 kilómetros, se inauguró el Sistema Electroenergético Nacional. Éste estaba destinado a interconectar la generalidad de las plantas eléctricas importantes del país, entre ellas las de todos los centrales azucareros de la Isla (156), de los cuales 68 eran capaces de entregar energía al sistema (Ibáñez Zamora, 1989). La capacidad total interconectada llegó en 1980 a 2 212 MW, y en 1992 a 3 676 MW. De este último valor, correspondían 544 MW a plantas industriales (488 MW en centrales azucareros), y 3132 MW a unidades generadoras atendidas por la Unión Eléctrica. El 88,4 % de toda la energía eléctrica producida en el país era generada por las unidades de la Unión, mientras que el resto se obtenía por cogeneración de centrales azucareros, fábricas de fertilizantes, y otras industrias (Unión Eléctrica, 1992, p. 15-18). Por entonces, la electrificación alcanzaba al 95 % de la población (Unión Eléctrica, 1993).

Con la notable excepción de las plantas eléctricas de los centrales azucareros, que suelen utilizar fundamentalmente bagazo de caña como combustible durante los meses de zafra, y unas pocas plantas hidroeléctricas de escasa capacidad, el grueso de la producción de electricidad del país se ha basado siempre en el uso de portadores energéticos importados. Del carbón, dominante en los primeros tiempos, se pasó a los derivados del petróleo, principalmente el «fuel oil». Ello fue consecuencia de la insuficiente disponibilidad de los recursos energéticos del país, incluidos los de origen hidráulico (De la Vega, 1952), así como del precio relativamente bajo que durante muchos años tuvo el petróleo en el mercado mundial. A partir de 1960 prácticamente todo el que se necesitaba se adquiría en la antigua Unión Soviética, sobre la base de las condiciones de intercambio comercial muy favorables a Cuba, que se establecieron entre ambos países. Esta circunstancia evitó que resultase en una catástrofe nacional la extraordinaria elevación del precio del petróleo en el mercado mundial producida a partir de 1973. No obstante, el nuevo panorama obligó a reconsiderar los planes de desarrollo a largo plazo de la electrificación del país, y a tomar de inmediato algunas medidas importantes al respecto.

Se emprendió una lucha contra el despilfarro de la energía eléctrica en todas sus formas. Por una parte, se introdujeron tarifas tendientes a desalentar los altos consumos de electricidad, y por la otra, se puso un énfasis particular en disminuir lo más posible el consumo específico de combustible en las plantas termoeléctricas, aumentar los voltajes de transmisión para disminuir las pérdidas en las líneas, y reajustar el régimen de operación de plantas y consumidores industriales.

Otras medidas que debieron considerarse seriamente fueron el aumento de la extracción de petróleo en el país, el aprovechamiento al máximo de los recursos hidroenergéticos disponibles, y el uso de fuentes de energía no convencionales y renovables dondequiera que fuese practicable. Con todo, se estimó inevitable recurrir a la instalación de centrales electronucleares como plantas base del Sistema Electroenergético Nacional, con centrales hidroacumuladoras que tomaran lo fundamental de las cargas pico (Delgado Guerra, 1984). Al efecto, para la central electronuclear que habría de construirse en Juraguá, cerca de Cienfuegos, se contrató con la Unión Soviética la adquisición de cuatro reactores del tipo VVER, para una capacidad total instalada de más de 1 600 MW, que se calculaba habría de representar el 20 % del potencial eléctrico total instalado en Cuba y un ahorro de 2,4 millones de toneladas de petróleo anuales, cuando la central entrase en pleno funcionamiento, a comienzos de la década de los noventa. En 1983 comenzó a construirse el primer reactor, y el segundo en 1985 (Castro Díaz-Balart, 1990, p. 356).

Los últimos tiempos

A fines de la década de los ochenta, más del 80 % del comercio exterior de Cuba se realizaba con los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica. La disolución, en 1991, de esta organización y de la Unión Soviética, implicó para el país la súbita reducción de más del 70 % del valor total de sus importaciones. En particular, el combustible importado de que pudo disponer el Sistema Electroenergético Nacional en 1992 para generación disminuyó en 40,6 % con respecto a 1989, lo cual implicó un deterioro extremadamente serio del servicio prestado, que habría de durar mucho tiempo (Unión Eléctrica, 1992, p. 20). Proliferaron las largas suspensiones de aquél, con su secuela tanto de exasperantes apagones nocturnos, como de interrupciones del funcionamiento de ventiladores y refrigeradores eléctricos, especialmente necesarios en un clima tropical como el cubano. La multiplicación de las averías en los refrigeradores domésticos llegó a convertirse en un serio problema de alcance nacional.

A la falta de combustible se sumaron otros factores negativos tendientes a perjudicar el servicio eléctrico, derivados de la crisis recesiva en que se sumió el país como consecuencia de la situación internacional aludida. Uno de esos factores fue la drástica disminución del suministro de las piezas de repuesto necesarias para garantizar un nivel de mantenimiento adecuado, y la paralización del plan trazado de adquisición de nuevos equipos para reemplazar gradualmente los antiguos, cada vez más envejecidos e ineficientes. Con respecto al año 1989, la generación bruta del Sistema Electroenergético Nacional descendió 20,5 % en 1994, mientras el correspondiente consumo de combustible por kilovatio-hora aumentó casi en 10 % (Unión Eléctrica, 1997).

Suspendidas indefinidamente, en 1990, las obras de la central electronuclear de Juraguá por falta de financiamiento, así como la construcción del complejo hidroeléctrico Toa-Duaba por distintas razones, y particularmente en vista del daño ecológico que podía causar a una zona tenida por la reserva de la biosfera más completa del Caribe insular, se incrementó la extracción de petróleo nacional, que llegó a alrededor de 1,5 millones de toneladas en 1997 (15 % de las necesidades nacionales, aproximadamente). Pero por su alto contenido de azufre y otros inconvenientes, sólo se utilizó como combustible en ciertas instalaciones industriales seleccionadas, entre ellas, algunas centrales eléctricas, aún a sabiendas de que al hacerlo se incrementaría el deterioro del equipo.

La lenta recuperación de la economía nacional que se inició en la segunda mitad de las década de los noventa, unida a la especial atención prestada a las necesidades del servicio eléctrico por el Estado —que ahora podía contar con el asesoramiento de personal técnico competente, capaz, por otra parte, de realizar complejas operaciones de reparación y mantenimiento—, hicieron que en 1997 la generación bruta del Sistema Electroenergético Nacional se incrementara en 19,5 % con respecto al mínimo de 1994, si bien era todavía 5 % menor que el total alcanzado en 1989 (unos 37,2 GWh/día). En 1997 el sector residencial, con más de 2,6 millones de clientes (2,2 millones en 1989), consumió el 39 % de la energía eléctrica distribuida (el 31 % en 1989). Para entonces, se habían ido reduciendo gradualmente la frecuencia y la duración de los apagones, tanto los programados con vistas al ahorro de combustible, como los producidos por averías imprevistas (Unión Eléctrica, 1997). El problema continuaba siendo serio, pero no tanto como lo había sido entre 1992 y 1994. Esta mejoría relativa constituyó uno de los primeros frutos positivos de las medidas de emergencia tomadas por el gobierno cubano para, evitando comprometer irreversiblemente las principales conquistas sociales alcanzadas a partir de 1959, adaptarse a las difíciles condiciones que planteaba la inserción de la economía del país en el mundo unipolar recién surgido.

La costosa dependencia del petróleo importado —ahora fundamentalmente de la Federación Rusa, en condiciones menos favorables que en tiempos de la URSS—, obligó al país a ampliar al máximo tanto la extracción de crudo como su utilización. Al efecto se contrató con firmas de distintos países la realización de programas de prospección a riesgo, y se llegó a acuerdos parciales con empresas europeas para rehabilitar y modernizar varias unidades generadoras, de modo que pudieran soportar los rigores del uso del crudo de origen nacional y, además, resultara disminuido su consumo específico de combustible. También se consideró la utilización del gas acompañante de los yacimientos petrolíferos, y se inició la construcción, en sociedad con una firma canadiense, de dos unidades generadoras destinadas a utilizar dicho gas como combustible (Electricidad/El siglo de las luces, 1997).

Naturalmente, un país con las limitaciones que tiene Cuba en cuanto a combustibles fósiles, ha de considerar seriamente la explotación de las fuentes de energía renovables de que dispone. En primer lugar, el bagazo de la caña, que se utiliza como combustible para generar el vapor requerido por la industria azucarera, en parte para la producción de energía eléctrica, la cual podría incrementarse considerablemente si se contase con los recursos necesarios para optimizar la producción y el uso del vapor en los centrales. Existe, por supuesto, la posibilidad de aprovechar al máximo las corrientes fluviales, generalmente bastante pobres, con que cuenta el país. Al efecto, se han venido instalando, especialmente en las áreas rurales y montañosas, plantas micro y minihidroeléctricas, cuyo número llegó a 205 en 1992, con una potencia total instalada de 8,6 MW (Unión Eléctrica, 1992, p. 33). Estas plantas han sido utilizadas fundamentalmente en la electrificación rural, allí donde resulta demasiado costoso llevar las líneas del Sistema Electroenergético Nacional. Por otra parte, se han dado los primeros pasos con vistas al posible empleo de la energía eólica para el mismo fin.

Un elemento importante de la actual estrategia del desarrollo eléctrico del país es la ejecución de un programa de ahorro de electricidad, que incluye promover el reemplazo de las juntas deterioradas de las puertas de los refrigeradores domésticos, y la sustitución de las bombillas incandescentes en uso por otras de alta eficiencia. Esto se acompaña con la educación en el empleo racional de la energía eléctrica, introducida recientemente en los distintos niveles de la enseñanza, y con una intensa campaña de propaganda por los medios de difusión, destinada a fomentar hábitos que propendan al ahorro de la energía eléctrica, especialmente durante el período de máxima demanda.

La electrificación rural

En enero de 1959 se abrió un nuevo capítulo de la historia del país, con el establecimiento de un gobierno revolucionario cuyo propósito declarado era efectuar profundas transformaciones sociales en pro de los sectores menos favorecidos de la población.

En armonía con aquel propósito, de inmediato se tomaron medidas para impulsar la electrificación rural, originalmente a través de la Comisión Nacional de Fomento. Se establecieron nuevas normas y procedimientos tendientes a reducir el costo de las redes rurales de electricidad, se inició la fabricación en el país de postes de hormigón armado y herrajes para sustituir los que antes se importaban, y se adiestraron antiguos guerrilleros de origen campesino como linieros, con el propósito de que pudieran incorporarse en esa capacidad a la vida laboral, particularmente en las zonas rurales. Sobre tales bases, y por cuenta del Estado, se llevó el servicio eléctrico a un número considerable de núcleos poblacionales en regiones apartadas.

Al quedar la totalidad del servicio eléctrico en manos del Estado, a partir de 1960, la electrificación se orientó institucionalmente hacia fines de contenido eminentemente social y de beneficio para la economía nacional. En particular, se multiplicaron las redes eléctricas rurales —contando al efecto con la colaboración voluntaria y desinteresada de no pocos linieros jubilados—, y la electrificación de la población rural pasó del 4 % en 1960 a1 79,4 % en 1992 (Unión Eléctrica, 1993).

Desde entonces se han venido dando pasos para resolver la situación del resto de la población rural, mediante la instalación de plantas microhidroeléctricas y paneles fotovoltaicos solares (a menudo aportados a título de contribución solidaria, por personas y organizaciones no gubernamentales alemanas, italianas, españolas, noruegas... ). En los últimos dos o tres años, se electrificaron totalmente mediante el uso de celdas solares, tres comunidades de montaña de alrededor de 100 viviendas cada una en la zona oriental de la Isla.

Como quiera que una buena parte de la población rural residía en casas dispersas, las cuales no era practicable electrificar (unas 110 000), desde la década de los ochenta se ha seguido la política de llevar las electricidad únicamente a los asentamientos poblacionales, no sólo por razones estrictamente económicas, sino con el fin de promover, incluso en las zonas más alejadas, una vida en comunidad que facilite el acceso de todos a los beneficios sociales de que disfruta el resto de la población, particularmente la educación y el servicio médico gratuitos.

A propósito, cabe señalar que sobre la base del elevado número de graduados universitarios en ciencias médicas aportado por el sistema educacional cubano a partir de los años sesenta (un médico por cada 193 habitantes en 1995), se difundieron por todo el país los llamados «consultorios del médico de la familia», incluso en los rincones más apartados, donde no llegaba el servicio eléctrico. Este inconveniente exigía una rápida solución, siquiera fuese de carácter parcial. Para unas 140 pequeñas comunidades, situadas en lugares particularmente difíciles, la solución fue la instalación, en los últimos años, de paneles de fotoceldas solares con capacidad suficiente no sólo para iluminar eléctricamente el consultorio y la residencia del facultativo, sino para conectar un refrigerador donde conservar los medicamentos, un negatoscopio, un aparato de radiocomunicación y dos televisores de uso social (Madruga, 1997).

Medidas como ésta y las antes mencionadas han contribuido considerablemente a mejorar la calidad de vida de gran número de personas, así como a frenar la emigración hacia las áreas urbanas desde las zonas de montaña y áreas rurales en general.

Sumario y conclusiones

A fines del siglo XIX, en la mayoría de las ciudades importantes de Cuba se habían establecido redes eléctricas locales, generalmente de poca envergadura, destinadas en esencia al servicio público de alumbrado eléctrico. La expansión y multiplicación de aquellas redes se aquietó entre el comienzo de la Guerra de Independencia, en 1895, y la terminación de las hostilidades, en 1898.

Con la llegada de la paz bajo la ocupación norteamericana, renació el interés de la empresa privada en el negocio de la electricidad, extendido ahora al tranvía. Luego de la inauguración de la República mediatizada, en 1902, proliferaron las nuevas empresas de servicio eléctrico, y aumentó el área cubierta por sus redes tanto en la capital y sus inmediaciones como en el resto del país. Hacia 1915, distintas compañías —la mayoría extranjeras, sobre todo norteamericanas— monopolizaban en las ciudades más importantes el servicio eléctrico local y los tranvías. Además, se había iniciado la electrificación de los centrales azucareros, cuya capacidad de generación instalada llegó a superar, una década después, la que totalizaban en el país las empresas de servicio público.

En la segunda mitad de la década de los veinte, una subsidiaria de una poderosa corporación norteamericana monopolizó el servicio público de electricidad en la mayor parte del territorio nacional, hasta que en 1960 se nacionalizó dicho servicio. A partir de entonces, el suministro comercial de energía eléctrica dejó de considerarse un negocio al uso, para concebirse como un servicio público manejado de modo que coadyuvase al logro de las nuevas metas económicas y sociales trazadas para todo el país. Así, mientras se tomaban medidas para desalentar el consumismo en materia de energía eléctrica, se procuró extender el servicio a las zonas más apartadas.

A comienzos de la década de los setenta, se creó el Sistema Electroenergético Nacional, que actualmente interconecta la generalidad de las plantas importantes, entre ellas las de todos los centrales azucareros de la Isla, que en tiempo de zafra utilizan como combustible el bagazo de la caña. Sin embargo, la mayor parte de la generación eléctrica consume petróleo de importación, pues la producción nacional de crudo es aún relativamente pequeña.

Con la desaparición, en 1991, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, al cual estaba integrada Cuba, y la de la Unión Soviética, de donde obtenía el país, en condiciones comerciales muy favorables, casi todo el petróleo que necesitaba, se produjo una situación en extremo crítica para la economía cubana, que perjudicó extraordinariamente el servicio eléctrico. La lenta recuperación de la vida económica nacional iniciada en la segunda mitad de la década —pese al recrudecimiento de las medidas de asedio económico establecidas por el gobierno de los Estados Unidos—, se ha reflejado en una mejoría apreciable del servicio eléctrico, cuyo nivel, sin embargo, no ha llegado aún al de 1989.

Detenida por falta de financiamiento la construcción de una central electronuclear, que se había proyectado originalmente con vistas a disminuir la dependencia del petróleo importado, en la actualidad resultan de particular interés el uso como combustible del gas acompañante en los pozos petroleros nacionales y la captación del escaso potencial hidroenergético disponible. Se ha puesto en marcha un programa nacional que incluye medidas materiales encaminadas a evitar el despilfarro de la energía eléctrica, y medidas educativas destinadas a crear en la población hábitos y costumbres que propendan al uso racional del servicio eléctrico. La utilización de fuentes de energía renovables y no convencionales ha permitido electrificar total o parcialmente no pocos asentamientos poblacionales en áreas rurales y montañosas muy apartadas, lo que les ha facilitado el acceso efectivo a los principales beneficios sociales de que disfruta el resto del país.

Reconocimientos

El autor desea dejar constancia en este lugar de su gratitud a los ingenieros Juan R. García Gutiérrez, Edgardo González, Bernardo Ardanza, Winston Fondevila y Miguel González, así como a Francisco García Valls, tanto por las fuentes de información que le han facilitado en relación con este trabajo, como por las esclarecedoras discusiones sostenidas sobre diversas cuestiones abordadas en el mismo.
 

NOTAS

1. A propósito de la Thomson-Houston, no está de más recordar aquí que tras haber desplegado en años anteriores un proceso arrollador de absorción de otras empresas eléctricas, aquella corporación se había convertido por entonces en los Estados Unidos en el principal rival de la organización Edison, la mayor de la rama, donde los intereses del grupo financiero Morgan eran dominantes. En 1892 ambas compañías decidieron fusionarse para constituir la gigantesca corporación General Electric Company.
 

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