Luis Arias González
Doctor en Historia, profesor de Enseñanza Media
modestarias@hotmail.com

Francisco de Luis Martín
Profesor titular de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca
deluis@usal.es

Las Casas del Pueblo y sus implicaciones geográficas (Resumen)

Las Casas del Pueblo españolas desempeñaron un importante papel en la historia del movimiento obrero hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936, comparable con lo sucedido en otros países europeos. Su alto número y dispersión por toda España, las convirtieron en todo un símbolo del Socialismo y su presencia. Este patrimonio, arquitectónico e histórico, dio lugar a  toda una red de relaciones sociales, económicas y culturales que crearon un espacio geográfico con sus normas propias. El estudio aborda tanto la distribución de las Casas del Pueblo como sus implicaciones económicas y la creación de un espacio material e ideológico.

Palabras-clave: Casas del Pueblo, Socialismo, movimiento obrero, espacio geográfico

The Houses of the People and their geographical implications (Abstract)

The Spanish Houses of the People played an important role in the history of the working class movement until the outbreak of the Civil War in 1936, comparable to what happened in other European countries. The high number and spread throughout Spain, became a symbol of Socialism and its presence. This heritage, architectural and historical interest, gave rise to a whole network of social, economic and cultural factors that created a geographic space with its own rules. The study addresses such the distribution of the Houses, and economic implications as the creation of a material and ideological place.

Key words: Houses of the People, Socialism, labour movement, Geographic space

Distribución y asentamientos

Además de estas variantes macroespaciales, hay que considerar también todas las otras microespaciales. Una de ellas es la de los tipos de inmuebles en que se situaron y que reflejan la realidad de la vivienda en España durante esos años, su evolución y su diferente consideración y valoración social. El primer tipo sería el de los inmuebles de tradicionales que siguen modelos constructivos que se venían repitiendo en España desde mucho tiempo antes, a veces durante siglos. Como es lógico, presentan sus propias  variedades locales y regionales, también sus diferencias según se trate del ámbito urbano o del rural; de todas formas, responden siempre a esquemas espaciales y constructivos muy simples que no requieren en ningún caso un proyecto arquitectónico ni complicados cálculos de estructuras y empujes puesto que están basados simplemente en la experiencia y llevados a cabo por maestros de obras o los mismos albañiles que repiten soluciones constructivas que conocen sobradamente con estructuras muy simples, de un único piso o dos a lo sumo y plantas rectangulares que siguen los modelos arquitectónicos y el uso de los elementos y técnicas constructivas peculiares de cada zona. Suelen corresponder a las secciones más humildes y a las localidades de menos entidad poblacional y económica. A este tipo pertenecen la mayor parte de las Casas del Pueblo en régimen de alquiler, aunque también las hubo en propiedad con este mismo modelo. Todas ellas constituyen un muestrario completo de la variada arquitectura tradicional española, desde las viviendas de adobe o ladrillo castellanas y extremeñas (Almansa, Azuaga, Cáceres, etc.), pasando por las variantes serranas con dominio de la labor en cantería (Villlager de Laceana en León, San Lorenzo del Escorial en Madrid, etc.), las encaladas casas andaluzas (Montilla y Pozoblanco en Córdoba entre otras) y las levantinas (Jumilla en Murcia), toda la rica panoplia del Norte (casas mariñanas, caseríos, viviendas de marinos, etc.) y hasta la exótica nota de la arquitectura canaria (Puerto de la Luz). Incluso hay constatada la presencia de una pintoresca casa-cueva en Santa Fé de Mondújar (Almería). En segundo lugar están las llamadas “Casas por pisos”; al igual que en el caso anterior, es el tipo propio del sistema de inquilinato y de las agrupaciones ugetistas y socialistas más modestas. Para la opinión socialista tanto uno como otro eran mera soluciones temporales y de circunstancias, a la espera de contar con sedes “dignas”[12]. En la mayor parte de los casos, las reformas y la habilitación para su función de Casa del Pueblo se limitaban a amueblarlas y a colocar en los balcones carteles, banderas y otros símbolos alusivos referenciales.  Siguiendo esta escala de menor a mayor estarían las villas, quintas, y hoteles”; la vivienda familiar de la alta burguesía, ya fuera en el campo, en las afueras o en el propio corazón de las ciudades produjo una auténtica fascinación a la hora de escoger un modelo apropiado como Casa del Pueblo. La amplitud de su tamaño, unida a la impresión de “buen gusto”, de confort, de la sensación de privacidad reforzada con cercas y jardincillos, atrajo paradójicamente a la clase obrera que no sólo se limitó a comprar estos inmuebles en cuanto sus finanzas se lo permitían sino que cuando los construyó de nueva planta los imitó fielmente en todo, incluyendo los excesos y caprichos decorativos más marcados y ostentosos, como puede apreciarse en Gallarta (Vizcaya), Vigo (Pontevedra) –vid. figura 2-, Béjar (Salamanca), Pola de Laviana (Asturias), etc.

 

Figura 2. Casa del Pueblo de Vigo, Pontevedra. Fuente: Boletín de la UGT (BU), 1933. (Fundación Francisco Largo Caballero).

 

El escalón superior lo ocupan los palacetes y palacios. Viviendas de la nobleza, como el Palacio del duque de Frías en Madrid, o el de los marqueses de Verdesoto en Valladolid (vid. figura 3), y hasta algún antiguo convento como el de Lopera (Jaén) se reconvierten en Casas del Pueblo; esto es a la vez un acto de justicia y de venganza pero mezclado con una evidente admiración y asunción, inconsciente si se quiere, de un planteamiento que identifica la preeminencia social del grupo con el empaque del edificio que lo aloja.

 

Figura 3. Patio de la antigua Casa del Pueblo de Valladolid, palacio de los marqueses de Verdesoto. Fuente: Almanaque de El Socialista, 1928.

 

De todas formas y como ya se ha demostrado profusamente, la influencia efectiva de esta ruptura que supuso el GATEPAC será muy posterior en el tiempo, casi habrá que esperar otras dos décadas y media para ver sus verdaderas consecuencias y su alcance en la calle[17]. La falta de sensibilidad, de entendimiento ante este nuevo lenguaje puede verse ejemplificada perfectamente en el, tantas veces citado, contraste del pabellón oficial alemán y el palacio español en la Exposición Universal de Barcelona: el monumentalismo ecléctico de Puig i Cadafalch en los palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia "ahogó" literalmente la simplicidad y pureza del pabellón de Van der Rohes. La transcripción de esta imagen es obvia: no hubo un verdadero enfrentamiento entre tradición y vanguardia en la arquitectura española, porque la diferencia entre la magnitud de la una y la otra era abismal; ni la economía, ni la industria de la construcción, ni el gusto estético mayoritario, ni la formación de los promotores privados o públicos -excepción hecha quizás de la Generalitat catalana- presentaban las condiciones mínimas necesarias para recibir y aceptar un cambio tan grande que, en cambio, sí se aceptó en otras artes como la pintura, escultura y literatura, que convirtieron a España en un semillero vanguardista de primer orden[18]. La relación entre la Arquitectura y el Socialismo en España durante estos años fue complicada y poco fluida en general. La mayor parte de los socialistas españoles,  no consideraban que estética y función conformasen un todo y aunque estuvieron inmersos, por lo que les atañía, en los debates que hubo sobre urbanismo y sobre la vivienda obrera, mostraron un interés muy poco significativo sobre los movimientos arquitectónicos que iban apareciendo y que acabarían revolucionando el lenguaje constructivo. No debemos engañarnos, tampoco, porque entre los arquitectos hubiera algún que otro atisbo de búsqueda de acercamiento con el movimiento obrero; cierto es, que en una fecha tan temprana como 1881, en el Primer Congreso de Arquitectura que se celebró en Madrid, D. Lorenzo Álvarez Capra presentó  una ponencia con un título tan elocuente y obrerista como éste: “Dada la organización actual de la Sociedad, ¿es o no conveniente la construcción de barrios obreros?” y que pocos años después, Arturo Soria hizo suya una reivindicación de raíz también socialista: “para cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín”; y que, posteriormente, en los años 30, el GATEPAC también asumió principios tradicionales socialistas: democratización política, anulación de las diferencias sociales, defensa del higienismo, exaltación del trabajo, de la industrialización y del progreso de la ciencia y de la técnica. Hubo además un  significativo conjunto de arquitectos filomarxistas o filosocialistas, como Fernando García Mercadal, Bernardo Giner de los Ríos, Josep Torres Clavé, Josep Lluis Sert López, Rafael Bergamín Gutiérrez, Carlos Arniches Moltó, Secundino Zuazo Ugalde, Antonio Bonet, Martín Domínguez Esteban y Luis Lacasa, o los integrantes de la “Asociación de amigos de la U.R.S.S.” como  Manuel Rodríguez Suárez, Santiago Esteban de la Mora, Luis Blanco Soler y Ramón Aníbal Álvarez y, por supuesto, arquitectos plenamente socialistas de carnet y cuota al día como Gabriel Pradal Gómez, Francisco Azorín Izquierdo y Francisco Albiñana Corralé, entre otros, todos  los cuáles acabarían formando parte de la nómina de la “Depuración político-social de arquitectos” tras la Guerra Civil (Orden de 24 de febrero de 1940, B.O.E. de 28 de febrero de 1940). Pero, aún a  pesar de todo ello,  la preocupación sobre la Arquitectura y sus tendencias fue algo que casi no existió ni en el PSOE, ni en la UGT, ni en sus círculos de influencia. Las firmas más habituales en Hogar Obrero (Francisco Torquemada, Edmundo Lorenzo, Catalina Rodríguez, Antonio Sanmiguel, Ángel Sebastián, Sandalio Suárez, Carlos de Sena y -sobre todo- Volney Conde-Pelayo), la influyente revista de la Cooperativa socialistas de Casas Baratas Pablo Iglesias no realizan no ya ninguna aportación teórica, si no ni siquiera la más mínima reflexión sobre cuestiones arquitectónicas o estéticas. Probablemente, ni su formación intelectual en general ni sus conocimientos de arte y de arquitectura en particular permitían otra cosa. Extraña algo más, en cambio, que ni el arquitecto de la Cooperativa, Francisco Azorín, ni ninguno de los miembros de la Oficina Técnica, realicen tampoco análisis o comentario alguno a propósito de las concepciones arquitectónicas o estéticas que guiaron su quehacer en la entidad. La ignorancia, cuando no el desprecio –“juego de señoritos”- va a ser la tónica general sobre el enjuiciamiento que, salvo excepciones, ofrecen los dirigentes, las bases y los medios de comunicación socialistas ante las novedades constructivas. No deja de sorprender también la ausencia de artículos o trabajos sobre las nuevas corrientes arquitectónicas -en realidad, tampoco sobre las viejas- de los arquitectos socialistas Pradal, Azorín y Albiñana. Por otro lado, cuando en la prensa socialista se recogen artículos sobre, por ejemplo, la Casa del Pueblo de Bruselas o los edificios del Vooruit en Gante, apenas surgen comentarios sobre su estilo arquitectónico, el empleo de nuevos materiales o su incardinación en el contexto de la nueva arquitectura europea, limitándose tan sólo a lanzar frases elogiosas y muy genéricas a propósito de su  monumentalidad, altura o belleza. Este conservadurismo se explica por distintos caminos; por una parte porque los cambios y renovaciones arquitectónicas fueron también rechazados y obstaculizados por clientes, constructores y ámbitos académicos ajenos al socialismo en España; también porque existía una oposición, casi nos atrevemos a decir que visceral, hacia todo lo que supusiera vanguardia artística por parte de los socialistas, y las vanguardias arquitectónicas no constituyeron una excepción a esta regla genérica. En general, la actitud de los partidos socialistas europeos fue bastante displicente respecto a los movimientos de renovación artística y al arte en general, aunque, ciertamente, puedan señalarse excepciones como la belga -recordemos a Vandervelde, Jules Destrée y Edmond Picard- o la alemana -donde la Bauhaus y Gropius contaron con el apoyo decidido de la Liga Sindical-. Pero también en estos dos países, como en el resto de Europa, lejos de imponerse los nuevos lenguajes arquitectónicos, la mayor parte de sus Casas del Pueblo están construidas siguiendo pautas neoclasicistas o folkloristas como concepción de base y con un estilo dominante que muy bien puede ser definido como ecléctico. Por contra, la actitud de los grupos libertarios fue siempre más abierta y comprometida con la renovación estética, no teniendo inconveniente alguno en abrazar un buen número de las vanguardias artísticas que nacen y se desarrollan a lo largo del primer tercio del siglo XX. Por último, está el hecho de que la mayor parte de las Casas del Pueblo fueron levantadas con la ayuda de afiliados y simpatizantes (vid. figura 4) y, en muchos casos, ellos mismos hicieron desde el proyecto inicial hasta el tejado; la intervención de los arquitectos fue mínima y reservada a los edificios más representativos puesto que el grueso de los mismos se realizó bajo la dirección de albañiles aventajados y maestros de obras. Estos hombres suplían su falta de formación especializada con una carga de conocimientos empíricos que les llevaba a reproducir los sistemas constructivos tradicionales y las fórmulas estéticas a las que estaban acostumbrados por su trabajo diario, huyendo así de cualquier experimentalismo y adoptando y perpetuando los modelos que más éxito tenían, es decir, los más fácilmente aceptados y conformes a los gustos de constructores y clientes.

 

Figura 4. Simpatizantes y afiliados socialistas trabajando en la construcción  de la Casa del Pueblo de Turón. (Museo del Pueblo de Asturias).

 

 
Figura 5. Resumen estadístico de los estilos arquitectónicos empleados en las Casas del Pueblo españolas,  por porcentajes. A: estilo popular-tradicional, B: Eclecticismos, C: Historicismo, Regionalismo y "neos", D: Art Decó, E: Modernismo, F: Racionalismo y Expresionismo. (Fuente: elaboración propia).

El predominio casi absoluto del estilo popular-tradicional, junto con el peso del eclecticismo decimonónico, dejan las otras tendencias reducidas casi a un carácter testimonial, si bien corresponden con las Casas del Pueblo de mayor proyección y envergadura material, sin duda. Citemos alguna de estas muestras, aunque nada más sean por su carácter excepcional:  la Casa del Pueblo de Córdoba diseñada por Azorín con sus falsos arcos de yeso, sus mocárabes, sus arcos mixtilíneos y lobulados y una portada de herradura baja  en el más puro neomudejarismo de las plazas de toros y las casas de los flamencos, "vicios" ambos considerados paradójicamente abominables por la ética socialista (vid. figura 6); las modernistas de Béjar y Avilés, ésta última en su variante de la Secesión vienesa (vid. figura7 ); los espectaculares proyectos neorregionalistas de Mieres (vid. figura 8), y Moreda en Asturias; la joya expresionista de la Casa del Pueblo de Baracaldo (vid. figura 9) y la racionalista nueva Casa del Pueblo de Oviedo (vid. figura 10). 

 

Figura 6. Casa del Pueblo de Córdoba, neomudéjar. Arquitecto: Francisco Azorín. Fuente: BU, 1933.

 

 

Figura 7. Casa del Pueblo de Avilés, 1933. (FFLC).

Figura 8. Casa del Pueblo de Mieres, años 20 (MPA)

Figura 9. Casa del Pueblo de Baracaldo en los años 30. (FFLC)

 

 

 

Figura 10. Casa nueva de Oviedo, años 30. (FFLC).

 

Implicaciones económicas

En lo que respecta a los sistemas de financiación, teniendo en cuenta además que ni la tesorería central del PSOE ni menos aún la de la UGT habilitaron jamás partida alguna para tal fin, tuvieron que ser las “juntas pro Casa del Pueblo” creadas al efecto o las organizaciones sindicales o cooperativas promotoras las que en cada caso se las ingeniasen para afrontar tales desembolsos. En paralelo a estas “juntas”, se crearon también en muchos lugares como fórmula de sostenimiento y para posibles crecimientos posteriores, las  “Asociaciones de amigos de las Casas del Pueblo”. Fuera cual fuera el organismo gestor, se recurrió a múltiples fórmulas que, frecuentemente se combinaban entre sí. Los sistemas más utilizados (en torno al 60%) iban desde la venta de acciones y obligaciones (vid. figura 11) entre los afiliados y simpatizantes de todo tipo. La emisión de acciones estuvo muy generalizada siendo lo más corriente que tuvieran un valor entre 25 y 10 ptas. En Eibar, sin embargo, para la construcción de la nueva Casa del Pueblo se hizo en enero de 1918 una emisión de 99.960 ptas. en obligaciones de 60 ptas. cada una, amortizables en 98 años. Lo normal era que los obreros pagasen las acciones en metálico, pero sabemos de algunos sitios, como Tarazona de la Mancha, en Albacete, donde podían hacerlo a través de prestaciones personales como trabajar en la propia construcción o reforma del edificio. No deja de ser curiosa la recurrencia a un  sistema que copia el fundamento financiero del capitalismo por un movimiento que se opone frontalmente a él.

Figura 11. Obligación por valor de 5 ptas. de  la Casa del Pueblo de Alicante, 1911. (FFLC).

Con parecida frecuencia se recurría a los endeudamientos hipotecarios establecidos con determinados socios y, más frecuentemente, con los Bancos y Cajas de Ahorro, lo que iba invariablemente vinculado con las cuotas voluntarias o incrementadas de los socios. Así, por ejemplo, en 1901 los gremios que formaban la Agrupación Socialista de Mieres acordaron que cada afiliado que cotizase dejara en lo sucesivo, junto a su cuota, la cantidad de 25 cts. para constituir el fondo con el que se habría de construir la Casa del Pueblo del barrio de Requejo. Algunas otras -no más de una decena- se acogieron al sistema de financiación de la Cooperativa Socialista de Casas Baratas “Pablo Iglesias” que propuso en su Iº Congreso Nacional (del 21 al 28 de febrero de 1931) esta nueva actividad inmobiliaria entre sus objetivos prioritarios[21].  Pero hubo muchos más sistemas para allegar fondos y de lo más imaginativo; por ejemplo se recurrió a rifas, sorteos, veladas, etc. e incluso en algunas Casas, como la de Valladolid, Écija en Sevilla o la de Baeza en Jaén, se pusieron en arriendo algunas habitaciones o un piso entero del edificio y otras viviendas para satisfacer parte de las deudas contraídas con su construcción; también, se invirtieron en ellas los beneficios obtenidos de otro tipo de propiedades a nombre de los sindicatos socialistas ya fueran fincas de labor, montes o pastizales, minas (como las de San Vicente en Asturias),  cooperativas de consumo y hasta entidades médico-farmacéuticas. Caso aparte fue el recurso a la aportación directa de mecenas filosocialistas, como la increíble peripecia contributiva de Juan March en la Casa del Pueblo de Mallorca (vid. figura12).  

Figura 12. Casa del Pueblo de Palma de Mallorca. Almanaque de El Socialista, 1928.

Donada por el conocido y turbio hombre de negocios mallorquín empeñado en luchar tanto contra los mauristas como contra los anarquistas por lo que se volcó en ayudar al socialismo balear con esta fabulosa Casa del Pueblo inaugurada el 20 de enero de 1924 -no pudo hacerse antes, como estaba previsto, por el advenimiento de la Dictadura-, con un coste de unas 450.000 ptas., siendo su proyectista el afamado arquitecto Guillermo Forteza. Tenía planta baja, primer piso y cuatro grandes torres sobre los extremos del terrado, destacando un amplio salón-teatro con cabida para más de mil personas. Su efectivo funcionamiento supuso una revitalización del sindicalismo socialista en Palma de Mallorca, fundándose en octubre de 1925 la UGT de Baleares. Sabemos también de la aportación de algún patrono como Jesús García Naveiras (Betanzos -La Coruña-) y la decisiva aportación del empresariado minero del carbón en Asturias; a partir de 1917, el SOMA tuvo como una de sus grandes fuentes de ingresos la retribución que la patronal le daba para su propio mantenimiento y que era de 1,25 ptas. por tonelada de carbón extraída. No fue algo extraño el que políticos ajenos al ámbito socialista aunque colaboradores cercanos en algunos casos, apoyasen la fundación y sostenimiento de Casas del Pueblo tal y como hizo, por ejemplo el líder reformista Melquiades Álvarez en Asturias, el republicano federal José Franchy y Roca en la apertura de la sede en  Las Palmas de Gran Canarias o Blasco Ibáñez en la creación en 1903 de la primera Casa del Pueblo de Valencia. Hubo casos, incluso, en que las Casas del Pueblo se edificaron gracias a herencias y donaciones como en  La Guardia (Jaén) en que D. Blas Torres Vadillo legó en 1938 una suma de dinero con la condición de que se establecieran escuelas o Medina del Campo (Valladolid) beneficiada por D. Emilio Ramos Rodríguez que deja en herencia en Madrid una serie de casas para esta entidad en 1934. Otro tipo de aportación que se dio y ésta de forma prácticamente generalizada en toda España por parte de los afiliados, fue la de contribuir gratuitamente como mano de obra en el proceso de construcción, usando para ello de los domingos y horas fuera de la jornada laboral diaria; el impacto propagandístico de estas "corveas" voluntarias tuvo su correspondiente reflejo en los órganos de comunicación socialista que incluyeron documentos gráfico de las brigadas de obreros en pleno esfuerzo constructivo magnificando este sistema ya que nunca supuso más allá del 11% del total. Hubo también, finalmente, Casas del Pueblo que fueron fundadas por entidades no socialistas y que acabaron integrándose en la UGT, siendo el caso más pintoresco el de la Asociación Católica de Villabáñez en Valladolid.

Los aspectos organizativos de las Casas del Pueblo siguieron siempre las mismas o parecidas reglas y estructuras que otros espacios de sociabilidad de muy distinto público como los casinos y clubs sociales, si bien con alguna que otra peculiaridad. La Casa del Pueblo de Madrid (vid. figura13) fue en esto, como en muchas otras cosas, la que marcaría la pauta para el resto de España y su evolución y problemática fue también imitada en buena medida por todas las demás.

En la escritura de propiedad ( fechada el 2 de agosto de 1907), en el documento privado que reconocía la copropiedad a todas las sociedades que habían aportado cantidades para la mejora del inmueble (24 de junio de 1912) y en las sucesivas escrituras de prórroga de la misma (31 de julio de 1918 y de 1928) se establecía que la administración y régimen interior de la Comunidad, es decir, cuanto afectara a la conservación y mejoramiento de la finca, sería regulado por una Asamblea  compuesta por un representante de cada una de las Sociedades copropietarias, y que la Asamblea confería su representación y delegaba sus facultades ejecutivas en una Junta administrativa compuesta de siete individuos. Entre las funciones de la Junta, tal y como señalaba un documento de junio de 1927, estaban la de cumplir los acuerdos de la Asamblea, aprobar o suspender los actos que se celebrasen en la Casa, resolver las cuestiones imprevistas o de interpretación que pudieran tener las sociedades domiciliadas, mantener estrechas relaciones con las demás Casas del Pueblo de España, publicar un órgano trimestral, administrar “escrupulosamente” –se remarcaba- los fondos sociales, proceder contra las sociedades que no pagasen los alquileres de secretaría y auxiliar a los militantes de otras localidades que llegaran a Madrid en busca de trabajo -. La Asamblea, por otra parte, arrendaba el inmueble objeto de su propiedad a la representación oficial de la Casa del Pueblo autorizándola para que pudiera subarrendar los locales a las diferentes sociedades obreras. Del precio del arriendo, la Asamblea o su Junta administrativa pagarían los gastos de contribución, agua, seguro de incendios, conservación del edificio y los que se juzgaran indispensables, reservándose, en todo caso, el 20% del precio para la amortización de los desembolsos hechos por las sociedades copropietarias. Se indicaba también que no se consentiría la convivencia en el edificio de dos sociedades dedicadas al mismo oficio y que toda organización obrera de resistencia o de otro orden -sociedad de socorro, mutualidad, etc.- que deseara convivir en la Casa del Pueblo debía solicitarlo por escrito a la Junta Administrativa, remitiendo dos ejemplares de su reglamento y comprometiéndose a cumplir las reglas propias del centro. Extinguido el Consejo de Dirección, muchas de sus funciones fueron asumidas por la Junta Administrativa de propietarios y en noviembre de 1928 se aprobó el reglamento de la Casa del Pueblo con el que se pretendía articular definitivamente todo lo relativo a sus fines, organización social y administrativa. Por entonces se elaboró también un proyecto de contrato por el que la Casa del Pueblo tomaba en arriendo a la Comunidad de Sociedades copropietarias la finca número dos de la calle de Piamonte. En él se concertaba el arriendo por el tiempo de diez años y un canon anual de 15.000 ptas. El contrato se renovaría tantas veces como fuera preciso, hasta que se cumpliera la cláusula octava de la escritura de copropiedad, es decir, hasta el día en que reintegradas todas las cantidades que las sociedades copropietarias tenían desembolsadas, el inmueble pasara en pleno dominio a la entidad social Casa del Pueblo de Madrid. Durante los años treinta la responsabilidad de la gestión administrativa, social y económica de la Casa del Pueblo seguiría recayendo sobre la Junta Administrativa, la cual debía dar cuenta de su gestión tanto a la Asamblea de sociedades copropietarias -ahora denominada Pleno de delegados del Consejo de Copropiedad- como a las Juntas directivas de todas las sociedades domiciliadas en el centro obrero. Como ocurriera desde el primer momento, el Pleno de delegados podía juzgar y, en su caso, aprobar o rechazar la gestión de la Junta Administrativa, mientras que las Juntas directivas de las sociedades de la Casa del Pueblo -las de las no copropietarias se entiende- sólo tenían derecho a conocer esa gestión. Hasta 1921, la vida económica de la Casa del Pueblo dependió exclusivamente de las cuotas que cada entidad abonaba por el alquiler de su secretaría, cuotas que, a su vez, estaban en relación proporcional con el número de socios de la entidad. A pesar de que se pretendió una total autosuficiencia,  pronto aparecería el déficit como consecuencia de la divergencia entre unos ingresos que apenas crecieron y unos gastos que fueron en continuo aumento. Mientras que la cantidad que las sociedades pagaban por alquileres de secretarías prácticamente no se modificó o se modificó muy poco -desde 1916 y hasta 1920 las sociedades copropietarias, que eran la gran mayoría, abonaron el mismo dinero todos los años-, la partida de gastos, especialmente en lo referente a los sueldos del personal de la Casa –“servidores”, como se les denomina en los documentos internos-, aumentó sin cesar. Por otro lado, no era infrecuente que, con el pretexto de una difícil situación económica provocada por diversas causas -crisis del sector o del oficio en la ciudad, haber tenido que hacer frente a una costosa huelga o disminución del número de socios que hacía bajar el monto de las cotizaciones que percibía el sindicato o sociedad de oficio-, algunas entidades no abonasen temporalmente sus pagos o lo hicieran con no poca demora. La iniciativa para poner fin a esta situación correspondió a la Sociedad La Unión General de Conductores de Carruajes y Similares de Madrid, la cual en mayo de 1921 proponía al pleno de directivas la aprobación de un Presupuesto formal de ingresos y gastos de la Casa del Pueblo y elaboraba unas Bases que habían de regular el Presupuesto y donde, entre otras cosas, se indicaba que este instrumento económico se presentaría todos los años y en la primera quincena de noviembre al pleno de Directivas. Con el objetivo de terminar con los déficits endémicos en primer lugar y servir después “de principio a otros propósitos de mayor trascendencia”, el nuevo presupuesto, y a partir de él todos los siguientes, descansaba sobre dos novedades importantes: un aumento significativo de las cuotas a pagar por las sociedades (un 75% del total), y, en segundo lugar, el cobro en concepto de alquiler por la utilización de los salones de la Casa del Pueblo. A partir de los presupuestos para 1931 se incluyó también el capítulo llamado de solidaridad, el cual constaba de tres artículos: a las colectividades, a los transeúntes y los donativos. El de mayor cuantía de todos los gastos fue siempre el de personal, rondando entre la mitad y las tres cuartas partes del total, y es que la Casa del Pueblo de Madrid contó con un número importante de personas retribuidas a su cargo. En 1921, eran trece las personas que prestaban servicio -seis conserjes con sueldo de 3.000 pts anuales, tres mozos de limpieza (2.700 ptas. cada uno), tres mujeres de limpieza (1.800 ptas. cada una) y un electricista (3.000 ptas.)-; en 1936, año del mayor número de sirvientes, habían pasado a ser veintiséis, de los que veinte eran numerarios y seis eventuales y supernumerarios. Todos ellos eran militantes socialistas o miembros de alguna sociedad de resistencia y los puestos se cubrieron normalmente a través de un concurso interno que podríamos llamar de “méritos” y donde la capacidad profesional iba de la mano de la valía personal de los candidatos y de su trayectoria sindical. Se respetó siempre, como no podía ser menos, la jornada de trabajo de ocho horas y los descansos preceptivos según las leyes en vigor, y sus sueldos, que podemos calificar de normales, ni altos ni bajos en comparación con el salario habitual de sus oficios en la época, experimentaron con el paso del tiempo un crecimiento moderado. Este proceso se vio interrumpido excepcional y transitoriamente en 1936, cuando, por efecto de la crisis económica que padeció la Casa del Pueblo a raíz de su clausura por los sucesos de 1934, tras su apertura se les redujo el sueldo y trabajo a quince días por mes.

La creación de un espacio socialista propio, identitario y diferenciado

Para buena parte de sus fundadores y promotores, las Casas del Pueblo eran los “templos de la clase obrera” y el “hogar común del proletariado”. En muchas ocasiones, se las veía como la perfecta contraimagen de las viviendas obreras. Mientras de éstas se decía que eran zahurdas, chabolas, antros, cuadras, tugurios... sin ventilación ni salubridad, pequeñas, oscuras y antihigiénicas, aquéllas constituían, por el contrario, una construcción “grande, amplia, limpia, higiénica, llena de aire y de luz...”, domicilio común de los obreros, de unos obreros que la sentirían como propia no sólo como individuos, sino también, y sobre todo, como clase social. En alguna ocasión llegó a ser definida incluso como “un Estado dentro del propio Estado”[22].  Pero los términos empleados más frecuentemente para referirse a ellas en un claro ejercicio de geografía percibida, eran, además de los dos ya mencionados, los de “baluarte”, “aula” y “escuela”, “fragua donde se templan conciencias rebeldes”, “símbolo” y emblema del poder de la clase obrera o de los tiempos nuevos”, “muro de defensa frente a las influencias burguesas”, “palacio del trabajo”, “ciudadela”, “fuerza colectiva”, “matriz  y motor de una conciencia de clase”, “forja de voluntades y de caracteres o del hombre nuevo”, etc., etc. en una especie de letanía laica que trasluce perfectamente la idea de crear un espacio propio en el que se llevasen a la práctica, si bien a pequeña escala, todos los valores, modalidades vitales y proyectos político-sociales vinculados al Socialismo, constituyendo a la vez tanto un ejemplo atractivo para el entorno como un anticipo promisorio de la sociedad sin clases. Pero frente a este espacio idealizado y un tanto utópico, ¿qué eran en realidad? y ¿qué funciones trataron de cumplir las Casas del Pueblo en España?:

A.-Primigeniamente, se concibieron como lugares de reunión y como focos de formación y concienciación política. Como tales focos de formación ideológico-política, el precedente de las Casas del Pueblo habría que buscarlo, como ya se dijo, en los clubs jacobinos del siglo XVIII, e incluso podíamos remontarnos aún más en el tiempo e incluir como prototipos y modelos en cierto modo las logias masónicas y hasta los exclusivos clubs británicos.Este primer objetivo encaminado básicamente a la  formación y concienciación política contó con innumerables medios y actividades a su servicio, desde la simple e improvisada conversación o discusión política hasta la organización metódica de reuniones, conferencias, charlas y mítines, todos ellos verdaderos modelos, con sus variantes, de la transmisión propagandística de mensajes; canal de información que se completaba y, a la vez, tenía como marco las celebraciones ya fueran las del Primero de Mayo[23], el aniversario de la Comuna o el de la fundación de agrupaciones o sociedades de resistencia; sin olvidar también que muchos de los actos culturales o de entretenimiento llevados a cabo en los salones de las Casas del Pueblo -veladas, representaciones teatrales, números musicales, etc.-, tenían implícita casi siempre una evidente carga política y de identificación con los principios nucleares del ideario socialista.

B.-A esta función de centro de reunión y de debate, de agente socializador, gracias al cual se difundían ideas, se formaban pautas de conducta y se reforzaba la conciencia de grupo, se van a ir añadiendo otras que a la larga acabarán convirtiéndose en primordiales desplazando a ésta a un lugar menos llamativo. Tal es el caso evidente de la labor cultural y educativa. La aparición de bibliotecas fue muy temprana;  en algunas,  de las cuales llegará a funcionar con el tiempo una sección circulante (vid. figura14), es decir, un servicio de lectura a domicilio, lo que, frente al viejo modelo de biblioteca "de consulta", supondrá una concepción original, novedosa y mucho más práctica del uso del libro.

Figura 14. Quiosco de la biblioteca circulante de la Casa del Pueblo de Gijón, años 30. Colección Constantino Suárez (MPA).

La existencia de estas bibliotecas, si bien de dimensiones reducidas casi todas ellas, es un claro exponente del interés socialista por la educación de los obreros y por aumentar sus niveles de lectura en una época en que muy pocas ciudades -no hablemos del ámbito rural- contaban con bibliotecas públicas. Las más importantes en cuanto a número de volúmenes fueron las de Madrid, con algo más de 5.000 volúmenes; Valladolid, que alcanzaría los 2.000; Vigo, con 1.750; Écija, con 1.700; Jaén, con 1650; Oviedo, con 1.300 y Eibar, Pamplona, Callosa del Segura y Badajoz, con aproximadamente 1.000 volúmenes cada una. A las bibliotecas y grupos de lectura, pues también de éstos tenemos conocimiento en algunas Casas del Pueblo, habría que añadir las escuelas para adultos o para los propios hijos de los obreros, concebidas como un sustitutivo de la deficiente educación oficial. Aunque el cuadro de materias de estas escuelas apenas se diferenciaba del de las oficiales, desde el punto de vista de la metodología pedagógica pusieron especial empeño en subrayar su carácter laico y racionalista, una concepción activa de la enseñanza, la centralidad del niño en el proceso de aprendizaje o una especial consideración del trabajo como elemento nuclear de la educación, sin olvidar que, como centros de enseñanza socialista que eran y dirigidos en su inmensa mayoría por maestros socialistas participaban del ambiente militante en que se desenvolvían. La primera de la que tenemos noticia es la de la Casa del Pueblo de Alcira, fundada en 1903, seguida dos años después por la de Almansa y la del Centro de Sociedades Obreras de la calle de Relatores de Madrid. Entre las más concurridas habría que destacar las de Villarreal en Badajoz, con aproximadamente 300 alumnos, Sama de Langreo y Turón, ambas en Asturias, con casi 250 y 200 alumnos respectivamente y Chamartín de la Rosa en Madrid, con otros 200. Este esbozo quedaría incompleto si no mencionaramos también la creación de grupos esperantistas y su actividad educativa -clases del idioma internacional y también de cultura general- en las Casas del Pueblo de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Badajoz, Bilbao, Valencia, Córdoba y Sevilla, y el desarrollo de pequeñas experiencias de formación técnica o profesional en las de Oviedo, Madrid, Sevilla, Béjar, Reinosa y Valencia. La labor cultural incluyó también la creación y desarrollo de grupos teatrales y de coros y orfeones que obligaron a que los salones de reuniones adquiriesen la forma de “salones de actos” y hasta de auténticos teatros que, en muchas ocasiones, nada tenían que envidiar a los profesionales y que a partir de la extensión del  cinematógrafo como espectáculo de masas van a servir también como cinemas. Los salones de mayor aforo fueron los de Madrid, inaugurado tras profunda reforma el 29 de abril de 1915 y con capacidad para cerca de 4.000 personas; Vigo (2.000 personas); Palma de Mallorca (algo más de 1.000 personas); Salamanca, con un impresionante teatro-salón de actos construido de piedra y hierro y cabida para 1.000 personas; Gallarta y Tarazona de la Mancha (800 personas respectivamente); y Oviedo y Mieres (unas 500 personas de aforo). En Sama de Langreo y dependiente de la Casa del Pueblo, el SOMA construyó el teatro “Manuel Llaneza” con capacidad para las 1.000 personas (vid. figura15).

Figura 15. Teatro “Manuel Llaneza” de la Casa del Pueblo de Sama de Langreo, 1927. (MPA).

C.-Otra función que asumen las Casas del Pueblo y que acaba muchas veces desplazando a la principal es la de servir como lugar de encuentro social y de esparcimiento, a imagen y semejanza de cafés y casinos, así como de alternativa a la taberna proletaria tradicional o a las nuevas formas de los cafés-cantantes y cabarets. Frente a esto, el Socialismo se decantó a menudo por el modelo de café burgués con su mobiliario pretencioso, sus grandes espejos en las paredes, los camareros uniformados, las veladuras de mármol, las novedosas máquinas express niqueladas, el higienismo -presencia de escupideras, moderación en el consumo alcohólico, etc.-, la disponibilidad de periódicos y revistas... Puede decirse, que no hubo Casa del Pueblo, por muy humilde que fuera, que no se sintiera orgullosa de su Café (Vid. figura16).

Figura 16. Interior del café de la Casa del Pueblo de Madrid, años 20 (FFLC).

Los socialistas españoles, como los de casi todo el resto del mundo, lucharon denodadamente contra las tabernas y contra el consumo inmoderado de alcohol. En buena parte de las bibliotecas de las Casas del Pueblo se podían encontrar ejemplares de la obra divulgativa El alcoholismo y sus estragos[24] y se asumían principios como éste sacados de  La Aurora Social -nº 53 de 1900-: “De la taberna sólo sale nuestro embrutecimiento, los crímenes que nos igualan a las fieras y nuestra miseria y la de nuestros hijos” y, a comienzos de siglo, hubo en algunos lugares ligas antialcohólicas aunque lo cierto es que en los cafés de las Casas del Pueblo, siempre se permitió la venta de alcohol. En realidad, este hecho no fue exclusivo del caso español. En toda Europa los socialistas se movieron entre la condena absoluta del alcohol, formando grupos y aún federaciones y la permisividad frente a un consumo moderado del mismo; permisividad que en ocasiones derivaba del convencimiento de la imposibilidad de acabar con un elemento que era desde antiguo parte inseparable de la vida cotidiana de los trabajadores. Donde sí parece que hubo una prohibición absoluta fue en los juegos de azar, llegándose incluso, como en el café de la Casa del Pueblo de Madrid, a no permitir “ninguna clase de juegos, aunque sean de los llamados recreativos”.

D.- Las Casas del Pueblo se caracterizaron también por su función civilizadora, secularizadora y de moralización de la clase trabajadora. Aunque gran parte de las actividades culturales y deportivas -y aún otras de muy diferente signo- tuvieron un claro propósito de elevación moral del obrero, los centros socialistas se destacaron por promover y participar en grandes campañas de carácter ciudadano, defendiendo las más variadas causas: contra la guerra y el servicio militar discriminatorio, en contra de la carestía y a favor de una disminución de los precios de los productos de primera necesidad, en solidaridad con presos y represaliados por cuestiones políticas y sociales, contra los alquileres abusivos y a favor de una vivienda digna, etc. Del mismo modo, alentaron, crearon y se sumaron a Ligas antialcohólicas y antitaurinas, desde las que combatieron el alcohol, las tabernas y la fiesta de los toros. En este terreno, fueron muy celebradas y concurridas las conferencias que en la Casa del Pueblo de Madrid pronunció el escritor y afamado antitaurino Eugenio Noel. En sus recintos nacieron o celebraron reuniones asociaciones como la Liga Española para la Reforma Sexual -de la que fue secretaria la socialista Hildegart Rodríguez- u otras ligadas al movimiento eugénico español de finales de los años veinte y de los años treinta y que tenían entre sus objetivos el combate contra las enfermedades venéreas, la educación sexual de la población y la socialización de mecanismos e instituciones -clínicas especializadas, consultorios médicos, gabinetes psicológicos- que favorecieran una relaciones sexuales e interpersonales más conscientes y más libres. En su deseo de transformar las costumbres -o algunas costumbres- y ciertos valores imperantes, casi todos ellos imbuidos del catolicismo dominante en la sociedad española, las Casas del Pueblo acogieron también los principales “ritos de paso” convirtiéndolos en verdaderas fiestas cívicas y de afirmación laica. Eso es lo que ocurrió con las bodas, los bautismos y los entierros civiles que se prodigaron en algunas de ellas (Vid. figura17). Banquetes, discursos, fotografías, procesiones… como elementos propios de esos ritos se recogen en la prensa obrera, ponderando la valentía y la consecuencia de quienes los llevaban a cabo, venciendo la rutina, las imposiciones del ambiente y aún la oposición de personas e instituciones.

Figura 17. Matrimonio civil en Gallarta (Vizcaya), Vida Socialista,t.III, 1912 (Fundación Pablo Iglesias).

A un nivel más personal -vestimenta, hábitos, costumbres, lenguaje…-, esta función buscó llegar e influir en la vida cotidiana de los obreros que acudían a las Casas del Pueblo, tratando de dignificarla. En sus memorias, Toribio Echevarría llega a comentar lo siguiente: “Los obreros (…) empezaron a leer más y a ir más limpios. Se organizaron ciclos de conferencias y el público acudía ávidamente a ellas (…). Se afeitaron más a menudo, aunque todavía no existía la Gillete, y muchos desgraciados se corrigieron del vicio de la bebida. Disminuyó notablemente la mortalidad, y aunque ello había que atribuirse principalmente al servicio de agua a domicilio (…), no era ajeno a ese mismo resultado ese progreso de las costumbres que siguió a la aparición del socialismo en el horizonte local”[25].  

E.- Aunque con bastante lentitud y a veces no escasa resistencia por parte de algunos correligionarios, la práctica del deporte, entendida como actividad de ocio y elemento de regeneración moral, comenzó a introducirse en algunas Casas del Pueblo, especialmente a partir de los años veinte. Antes de esa fecha tenemos constancia de la existencia de grupos excursionistas socialistas, algunos de los cuales compaginaban la marcha y el ejercicio con las visitas educativas a monumentos y, a veces, con actividades de propaganda. Quizá por su importancia habría que destacar el grupo “Salud y Cultura”, fundado en la Casa del Pueblo de Madrid en abril de 1913 por iniciativa de la Asociación de Profesores Racionalistas y que constituiría la primera entidad socialista infantil organizada en España. Entre 1923 y 1931 tenemos constancia de la existencia de grupos deportivos vinculados a las Casas del Pueblo de Madrid, Eibar, Guadalajara, Valladolid y Barcelona. Durante la República su número creció ligeramente, hallándose establecidos al menos en las Casas del Pueblo de Madrid, Bilbao, Valladolid, Ciudad Real, Villena, Benahamur, Baracaldo, Cáceres, Bélmez, Bejígar, Pamplona y Las Carreras. De todos ellos y al margen del grupo infantil “Salud y Cultura”, el más dinámico fue la Agrupación Deportiva Obrera “Natura”, con domicilio en la Casa del Pueblo de Madrid. Ninguno, empero, se caracterizó por un gran desarrollo, aunque, con sus limitaciones, no dejan de ser un testimonio de la preocupación por el deporte de algunos militantes socialistas y de su plasmación práctica en unas pocas Casas del Pueblo.

F.-Debemos mencionar también la proliferación de economatos y de cooperativas de consumo y -aunque en mucha menor medida- de producción. Con el antecedente de la Aglomeración Cooperativa Madrileña Casa del Pueblo fundada a fines del siglo XIX, las primeras cooperativas se constituyen a comienzos del nuevo  siglo -probablemente las más tempranas sean las de Bilbao y Manlléu, ambas de 1903-, alcanzando ya un notable desarrollo en su segunda década[26]. Este tipo de entidades tuvieron una suerte desigual, pero en algunos casos -a veces, momentáneamente- consiguieron contar con un gran número de socios y un elevado volumen de ventas. Al margen de la de la Casa del Pueblo de Madrid, sin lugar a dudas la más importante entre las de consumo, habría que citar las de Eibar (1909), Valladolid (1910), Don Benito (1925), Bilbao (1903) y Almansa (1926) entre las radicadas en las Casas del Pueblo.Algunas de estas entidades combinaron el consumo de bienes y productos con la producción propia. Tal era el caso, por ejemplo, de las panaderías de las Casas del Pueblo de Écija -valorada en 1928 en 60.000 ptas.- y Vigo, la Mutua de Pan y Comestibles de Manlléu, que con un número de socios de 360 a finales de los años veinte alcanzaba por entonces un nivel de venta anual de 750.000 ptas., o “La Internacional” de la Casa del Pueblo de Tolosa, fundada en 1908 y que dedicada a la venta de toda clase de artículos tenía establecida también la venta de carbón, actividades todas que en 1927 le habían supuesto unas ventas totales de 309.805 ptas. Ninguna de estas panaderías lograría emular a las que fueron sin duda sus modelos directos, las cooperativas belgas, especialmente la de Bruselas y el Vooruit de Gante, de las que ya desde muy pronto se tuvieron noticias en España. Ni siquiera la creación a fines de los años veinte de la Federación de Cooperativas de España, entidad domiciliada en la Casa del Pueblo de Madrid y que se consolidaría durante la República con el socialista Regino González al frente de su Secretaría General, serviría para evitar que tanto los obreros en general como los socialistas en particular siguieran viendo con prevención la acción cooperatista.

G.-Con ser ya numerosas no paraban aquí las prestaciones de servicios, puesto que debemos mencionar también la existencia de farmacias, mutualidades y consultorios médicos y dispensarios. A imagen de la Mutualidad Obrera de Madrid, fundada en 1905, la mayoría de estas entidades nacieron con el fin de atender a la asistencia facultativa y farmacéutica de los socios y sus familias y socorrer a éstos en caso de enfermedad o defunciones. En bastantes de ellas funcionó también un servicio de asistencia a los partos y en algunas se montaron servicios adicionales como, por ejemplo, el “auxilio de viaje y dietas para tomar aguas medicinales o baños fuera de la población” que había establecido la de El Ferrol. Era común que las Mutualidades establecieran unas  condiciones de permanencia en la entidad y de edad de los socios para poder percibir los subsidios. Algunas, como la de Eibar, exceptuaban expresamente del derecho al socorro por enfermedad -3 ptas. día hasta el restablecimiento o en un máximo de 90 días, a partir de los cuales se abonaban 50 cts. diarios- determinadas enfermedades como las venéreas y similares, las alcohólicas o los lesionados en riñas o por uso de armas que no fuera en defensa personal También en algunos casos y con el fin de evitar cualquier posible engaño, abuso o picaresca, se arbitraron una serie de obligaciones para los convalecientes como, por ejemplo, no permanecer fuera de casa después de anochecer o presentarse en la secretaría de la Mutualidad un determinado número de veces a la semana o al mes. En las entidades de mayor peso los cargos de carácter técnico -médicos, enfermeras, practicantes, comadronas, etc.- solían cubrirse por concurso, si bien era frecuente que a los concursantes se les exigiera pertenecer a la UGT o al PSOE. A veces, se establecían dos escalones: numerarios y supernumerarios, formando los primeros el llamado Consejo Técnico y cuya principal misión era la de informar y asesorar en su caso a la Junta Directiva. En algunas Casas del Pueblo, aunque no llegara a constituirse una Mutualidad propiamente dicha existieron consultorios médicos y/o dispensarios, contratando los servicios de un médico o de un practicante de la localidad. Aparte de la de Madrid, Mutualidades médico-farmacéuticas que gozaron de una cierta estabilidad fueron las de las Casas del Pueblo de Oviedo (1907), Eibar (1911), Toledo (1914), Valladolid (1916), Barruelo de Santullán (1918) El Ferrol (1919), Tolosa (1927), Crevillente (1928), Santander (1930), Bilbao (1932) y Mieres.

H.-Una última función que también cumplió la Casa del Pueblo fue la de estimular relaciones o mecanismos de solidaridad entre las entidades y los individuos a ella pertenecientes y en relación con otras Casas del Pueblo y centros obreros. Buena parte de la documentación interna de las sociedades obreras y juntas administrativas de Casas del Pueblo que hemos manejado (cartas, circulares, memorias, etc.) está constituida por ruegos o llamadas a la colaboración económica por los más diversos motivos - entre ellos, aunque no fue lo más frecuente, el de proceder a construir una Casa del Pueblo, comprar un edificio para ese fin o atender las obligaciones hipotecarias derivadas de la construcción o de la compra correspondiente- y muy especialmente con ocasión de la declaración de una huelga o por una situación económica apurada. En determinadas situaciones, como el conflicto que enfrentó en Madrid en mayo de 1919 a los metalúrgicos con  la patronal, se crearon comisiones para recaudar dinero como préstamo o donativo para el sostenimiento de los obreros en huelga. Y algunas Casas del Pueblo, como la de Madrid, incluían entre los capítulos de gastos uno dedicado a fines de solidaridad. Otras veces lo que se hacía era eximir a la entidad en huelga -también a las que pasaban por un momento de gran apuro económico- del pago de la cuota a que estaba obligada como miembro de la Casa del Pueblo, acordar -incluso estatutariamente- que las demás sociedades contribuyesen a su mantenimiento y poner a su disposición todos los medios técnicos así como los salones y secretarías que precisara.

En algunos sitios y de manera más o menos organizada -por ejemplo, avisando y tramitando las ofertas de empleo- se ayudaba a los militantes en paro a encontrar trabajo o se arbitraron medidas para evitar despidos improcedentes. Aunque no tenemos noticias de su funcionamiento, en el Reglamento de la Casa del Pueblo de Madrid figuraba la intención de poner en marcha una Bolsa de Trabajo que regularizara y sistematizara todos estos aspectos. Tenemos noticias igualmente de la apertura de  consultorías u oficinas jurídicas para atender reclamaciones obreras o, como sucedió tras las jornadas de octubre de 1934, para la defensa de encausados por la Justicia. En una fecha tan temprana como 1912, el Consejo Directivo de la Casa del Pueblo de Madrid elaboraba un Proyecto de Bases para el funcionamiento de un fondo de solidaridad destinado a socorrer a los presos por cuestiones sociales y políticas y a los transeúntes. El apoyo a los procesados y los presos se manifestó también mediante entregas en metálico a su familia, organización de comités pro-presos, pago de la comida de algunos de ellos o bien recabando dinero a través de diversos medios, como suscripciones, donativos, venta de tarjetas y de cupones, etc.

Todo este conjunto de funciones dotaron a las Casas del Pueblo, como espacios por antonomasia de la sociabilidad obrera que eran, de una evidente multifuncionalidad, hasta el punto de convertirse en el centro de una red o sistema de relaciones políticas, sindicales, económicas y culturales y de organismos y servicios; en una especie de microcosmos o ciudadela -la “Nueva Jerusalén”, “islote de autonomía obrera”- tributaria en lo ideológico tanto del pensamiento utópico como del concepto de socialismo integral -en buena medida, deudor también de aquél- tan caro a algunos líderes obreros europeos como los belgas Émile Vandervelde, Henri de Man y Eduardo Anseele, los franceses Jean Jaurès y P. Hervier, el alemán Augusto Bebel o los italianos Filippo Turati y M. Garibotti, y también españoles como Antonio García Quejido, Manuel Vigil, Remigio Cabello o Manuel Llaneza. Pero funciones y servicios que tanto por su finalidad como por la forma de articularse -un buen número de ellos, al menos-  venían a demostrar también cómo los socialistas más que combatirlos lo que hicieron fue asumir valores pequeño-burgueses -en parte, provenientes igualmente de la tradición artesanal- como los de ahorro, moderación, preocupación por la salud, valoración del confort, estilo de vida ordenada, acusado sentido de la respetabilidad y de la autoestima, formas de diversión, etc.

Notas

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