REFLEXIONES SOBRE LA MERCANTILIZACION DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Miguel Ángel Vite Pérez
miguelviteperez@yahoo.com.mx
Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España.

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Reflexiones sobre la mercantilización del patrimonio histórico de la Ciudad de México (Resumen)

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre la relación desarrollada entre la mercantilización del centro histórico de la Ciudad de México y los proyectos de renovación urbana, establecidos por la autoridad local. Este análisis general busca destacar que la globalización económica tiene efectos territoriales, que se han apoyado en los proyectos de renovación urbana, con la participación de la inversión pública y privada. Este hecho ha reforzado la segregación espacial y social, y en el caso de los espacios públicos, adquieren un significado mercantil al transformarse en parte de la estrategia de las actividades de ocio y recreación comercializadas por las empresas. 

Palabras clave: Patrimonio histórico, renovación urbana, mercantilización, consumo.

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Reflections on the commodification of the historic sites of Mexico City (Abstract)

This paper explores the relationship between the commodification of the Mexico City center and urban renewal projects of the local authority. This overview seeks to emphasize the spatial effects of economic globalization relied with urban renewal projects with the participation of public and private investment. This has reinforced the spatial and social segregation.  The public spaces acquire commercial aspects becoming a part of the strategy for leisure and recreation companies

Key words: Historical urban, urban renewal, commodification, consumption.

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Los centros históricos mexicanos han sido desvalorizados por diversas causas. Sin embargo, se destaca en los mismos, la disminución del uso de espacios de vivienda unifamiliar por parte de los grupos sociales acomodados. A pesar de esta situación, su dinamismo es resultado del desarrollo de actividades políticas y comerciales, que se han transformado en la base de la política de renovación urbana de los espacios públicos centrales (Melé, 2006, p.11).

Por otro lado, en México, cuando se hace referencia al centro histórico, se le define a través del punto de vista geográfico, porque se le describe como resultado de la expansión física de una ciudad central hacia su periferia, sin considerar la existencia de una política patrimonial, que ha  definido los espacios urbanos históricos (edificios, barrios, etc.), como patrimonio histórico. Esto también se ha convertido en la justificación de los  programas de renovación urbana que se han enfocado hacia la erradicación de tugurios y de comercios informales callejeros.

El centro histórico ha sido definido también por las funciones políticas y económicas centrales, y en menor medida, por las simbólicas asociadas con el territorio. Sobre todo, que son espacios heredados, que han mantenido una relación con la sociedad actual (Melé, 2006, p. 12). Por otro lado, el espacio central es organizado por diversas fuerzas sociales que se manifiestan a través de diversos proyectos sobre lo que debe de ser el centro histórico, un  espacio comercial o de esparcimiento (Cornejo Portugal, 2007). Sin embargo, la política de patrimonio histórico puede convertirse en un apoyo a los negocios privados, por ejemplo, cuando los programas de renovación urbana, tienen como objetivo transformar la herencia cultural en una mercancía que debe de ser oferta a través de las empresas de turismo (Harvey, 2006, p. 92).

En este caso, los lugares históricos, al poseer un atributo particular, conferido por la cultura objetivada en un pasado lejano, resultan atractivos para los negocios privados debido a la generación de rentas extraordinarias o de monopolio, logradas por medio de un proceso de mercantilización. Por otro lado, la acumulación capitalista por desposesión, es resultado de la mercantilización de las formas culturales, de la historia, de la creatividad intelectual, que se ha convertido en parte de las ganancias de los negocios privados, proceso que se ha acelerado con la instauración de la política económica neoliberal (Harvey, 2007a, p. 177-176). El proceso de acumulación capitalista por desposesión no solamente hace referencia a los artefactos o bienes tangibles, sino a su ubicación, al lugar o sitio, organizado como una mercancía: formar parte de la globalización económica, que ha configurado una nueva geografía económica (Sassen, 2007a, p. 16-17).

Este artículo tiene como objetivo mostrar que la renovación del centro histórico de la ciudad de México es parte de las acciones públicas locales orientadas a convertir el patrimonio histórico en parte del fomento de las actividades económicas privadas. Por tanto, el trabajo se divide en tres partes, la primera, contiene el análisis conceptual, que resulta de utilidad para el estudio de la mercantilización del centro histórico de la Ciudad de México; la segunda parte, analiza de manera general el significado de la renovación urbana del centro histórico de la Ciudad de México, lo que se basa en fuentes secundarias (periódicos y revistas), sin embargo, su valor radica en que nos ilustra la presencia de la tendencia mercantil en los programas de renovación urbana; finalmente, en la tercera parte, se formula una reflexión final.

La mercantilización del patrimonio histórico

El proceso de mercantilización se relaciona con la gentrificación, es decir, la renovación urbana residencial de áreas deterioradas  y ocupadas por grupos sociales pobres, acompañada también por nuevos desarrollos urbanos, que buscan la re-centralización de oficinas, comercios, hoteles, establecimientos de ocio, y cuando sucede en un centro histórico, favorece la fragmentación espacial, caracterizada por la transformación de la cultura en un objeto de consumo, apoyada por la infraestructura urbana renovada con recursos públicos (Smith, 1996). Lo anterior significa que la rehabilitación patrimonial es una estrategia económica-cultural orientada a satisfacer una demanda especializada de consumo, dejando de lado los problemas habitacionales y de falta de servicios públicos de los grupos sociales empobrecidos (Zukin, 1995).  

La demanda de uso del patrimonio histórico por parte del capital ha encontrado su justificación no solamente en el deterioro de los inmuebles; sino, en los problemas de inseguridad pública y en la venta masiva ilegal de mercancías en calles y avenidas, encontrando una  respuesta en los proyectos de renovación urbana, apoyados por la autoridad, que incluyen el establecimiento de tecnología de vigilancia, como una manera de garantizar un control sobre las actividades criminales, junto con acciones represivas contra las actividades comerciales ilegales ejercidas en el espacio público (Davis, 2007, p. 15-19).

Sin embargo, surge una contradicción: los espacios públicos, donde se realizan actividades comunes de ocio y recreativas entre grupos sociales de diverso origen socioeconómico, pierde esa característica cuando la inversión pública los abandona, y al mismo tiempo, cuando los grupos privilegiados deciden trasladar su ocio y recreación a sus espacios residenciales privados, ante el aumento del temor a la indigencia y pobreza visible en parques, calles y avenidas, identificada con la criminalidad (Davis, 2003, p. 196-197).

Pero en el caso del patrimonio histórico, el espacio público (parques, calles y avenidas) resulta necesario  rescatarlo  como soporte a la valorización o mercantilización a través de las actividades del turismo que demandan una libre circulación y acceso para los clientes o consumidores en una situación de seguridad pública (Pires do rio Caldeira, 2007, p. 257-258).

El espacio público ha perdido su significado original, que lo definía como un espacio de socialización, para considerarlo como un sitio de convivencia mercantil, donde el consumo explica lo que debería de ser el  nuevo  centro histórico (Martínez López, 2004, p. 110-112).

Desde este punto de vista, el centro histórico se vuelve un lugar estratégico donde se materializan los procesos de mercantilización, con fuertes vínculos con las empresas de turismo que han globalizado sus actividades a través del uso intensivo de las tecnologías de la información (Sassen, 2007b, p. 129-137).   El traslado de las actividades mercantiles al centro histórico se puede explicar también por medio del proceso de deslocalización-relocalización. En otras palabras, la huida territorial de empresas tiene su explicación en la desvalorización de la infraestructura urbana que posee el sitio, afectado por la caída en la inversión pública y la recesión económica; sin embargo, su revalorización, representa el regreso del capital, gracias a la intervención pública por medio de incentivos y ayudas, lo que genera una mejora del entorno urbano, para el desarrollo de las nuevas actividades económicas de tipo cultural y turístico, dirigidas a un consumidor que busca satisfacción de su ocio en la organización de espectáculos urbanos, en atracciones como la visita a estadios deportivos, centros comerciales, restaurantes, paseos, así como en los estilos arquitectónicos que forman parte del patrimonio histórico (Harvey, 2007b, p. 377).

En este caso, el patrimonio histórico territorial no solamente genera saber y placer para sus visitantes; sino que ha sido convertido en un producto cultural para el consumo, es decir, su valor de uso se ha transformado en un valor de cambio, donde la empresa pública y privada, apoyados en los expertos de la cultura y de la comunicación, han realizado la tarea de explotar dicho patrimonio histórico mediante la multiplicación de los visitantes, donde lo más importante son los ingresos que puede generar el turismo[1] (Choay, 2007, p. 194).

Por otro lado, las autoridades le han otorgado un nuevo  significado a sus acciones que producen la ciudad (Agamben, 2007, p. 16-21); no solamente por la administración de los servicios urbanos y la renovación de edificios y calles, sino por la imposición de nuevos reglamentos para su uso, definiendo la utilización legítima y no legítima del centro histórico, cuya importancia radica en su fuerte carga simbólica nutrida por su propia historia, lo que se ha convertido en soporte de las actividades mercantiles (Melé, 2006, p. 15-19).

El patrimonio histórico forma parte de  las condiciones objetivas de posibilidad, que le permiten a los individuos reproducir su vida cotidiana a través de un sitio convertido en un centro de reunión, donde se realizan actividades culturales, que no buscan del todo la comercialización; sino, el goce estético y el conocimiento histórico (Castel y Haroche, 2003, p. 19-20).

El uso del patrimonio histórico como mercancía se convirtió en una problemática social cuando los empresarios mostraron el centro histórico como un área urbana en decadencia arquitectónica y de alojamiento de patologías sociales como la delincuencia, la indigencia, la pobreza, la prostitución (Lenoir, 1993, p. 92).

Entonces, ante el problema del abandono y deterioro de los monumentos históricos, junto con el incremento de los costos para su restauración y conservación, y a pesar de las legislaciones de protección, se han convertido en causas que han justificado su valorización, apoyada en ocasiones por las autoridades, urbanistas e inspectores de monumentos históricos (Choay, 2007, p. 195-206).

La aparición de una industria patrimonial, orientada por el valor de cambio, responde más a la demanda de distracción y de ocio, confiriéndoles a sus consumidores un estatus social y de distinción, donde el valor histórico del edificio es considerado como parte de la estrategia de la venta (Bourdieu, 2003).  La mercantilización del patrimonio histórico ha sido presentada como una solución empresarial y de la autoridad local para el establecimiento de programas de renovación urbana que deberían de reactivar la dinámica económica del centro histórico. Se considera que una parte importante del patrimonio histórico se localiza en las ciudades, que conservan su función simbólica, política y económica, en el imaginario social, a pesar de su expansión física.

En suma, la renovación urbana mercantilizada se articula con la manera en que se apropian los individuos del espacio para realizar sus actividades cotidianas, económicas y políticas, reconfigurando la idea de lo que debe de ser una ciudad, donde la presencia de los negocios transnacionales, le ha conferido al centro histórico su vínculo con la economía globalizada (Peter Smith, 2001) [2]. La renovación mercantil del centro histórico de la ciudad de México El centro histórico de la ciudad de México, con una superficie de 9.7 km² hasta la primera mitad del siglo XX, era considerado como la totalidad de la ciudad; sin embargo, en la actualidad existen otros centros históricos, que se han transformado en parte de la zona metropolitana [3]. Pero este hecho no es suficiente para negarle su importancia simbólica, reforzada en 1987 por la UNESCO, al declararlo patrimonio cultural de la humanidad (Coulomb, 2000, p. 530).

En 1980, a través de un decreto presidencial, el centro histórico de la ciudad de México se le confirió la protección federal para evitar que continuara la destrucción de su patrimonio cultural (Capron y Monnet, 2003, p. 109-110). Este sitio tiene 80 museos, 78 plazas y jardines, 19 claustros o conventos, 28 fuentes y 12 espacios donde se localizan murales de pintores mexicanos[4]. Al mismo tiempo, no se ha podido evitar su despoblamiento ni la degradación de los espacios públicos, tampoco se ha detenido la transformación de viviendas en comercios, oficinas y bodegas, procesos que se agudizaron con los sismos de septiembre de 1985 (Coulomb, 2000).

Cabe mencionar, que la noción de monumento por decreto, desde un punto de vista general, tiene como finalidad revivir en el presente el pasado vinculado con el tiempo. En otras palabras, relaciona la memoria viva con la duración. Y no ha sido considerado como un valor cognitivo, vinculado con la historia general, o como un valor artístico, dirigido a la sensibilidad de los habitantes, para que sea parte de la vivencia del presente. Entonces, los monumentos históricos tienen diferentes relaciones, con el tiempo, con la memoria y con el saber, lo que influye en las acciones que se establezcan para su conservación (Choay, 2007, p. 19).

El decreto de 1980, llamado decreto de zona federal de monumentos históricos ha sido el referente legitimador de los discursos y acciones públicas para preservar el centro histórico, dividiendo la zona protegida en dos espacios (ver mapa) El perímetro A, cuyo espacio se encuentra articulado alrededor de monumentos históricos importantes como el Palacio Nacional, la Plaza de la Constitución y la Catedral, cuyos límites están formados por la calle de Correo Mayor, la avenida José María Izazaga, República de Perú y la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, que abarca un total de 3.7km², en este espacio se encuentran 1.157 monumentos históricos. Y era la ciudad de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX; mientras, el perímetro B, cuya extensión es de 5.4Km², incluye 120 edificios históricos; lo que abarca las extensiones de la ciudad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, donde se ubica la Alameda Central, y en la avenida Juárez, se construyó una plaza comercial, llamada Alameda, lo que favoreció la renovación de las calles y avenidas adyacentes, así como la colocación de semáforos  inteligentes , junto con la ampliación de la avenida Juárez, cuyo cambio de sentido de norte a sur ha sido para conectarse directamente con el centro histórico, cuya circulación proviene de la avenida Paseo de la Reforma, cuya importancia radica en que en ella se encuentran los edificios de los grandes negocios corporativos (Melé, 2006, p. 134-135).

Los conflictos que surgieron entre la institución encargada de aplicar la ley de preservación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), encargado de los monumentos considerados como artísticos, así como con la administración local de la ciudad capital, realizada a través de la institución llamada Departamento del Distrito Federal (DDF); mientras, la institución encargada de regular el desarrollo urbano (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE); lo que dio origen en 1984 a la formación del Consejo del Centro Histórico, integrado por los secretarios de Educación Pública, de SEDUE, de Programación y Presupuesto (SSP), y de Turismo, los directores del INBA y del INAH, además del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (Capron y Monet, 2003, p. 123).

Sin embargo, en 1990, el Consejo del Centro Histórico, creó dos organismos para integrar a los representantes de los empresarios: Patronato del Centro Histórico, una asociación civil, que agrupaba a empresarios y a personalidades de la política y de la cultura, cuyo interés era participar en la revitalización del centro histórico; y el Fideicomiso Centro Histórico (FCH), encargado de ejecutar los programas definidos por el Consejo y el Patronato. Y, en el año 2000, el FCH se vuelve un organismo público (Melé, 2006, p. 139). Pero el FCH siguió cumpliendo con la función de coordinar a las autoridades y particulares para la ejecución de obras que buscaran la recuperación y conservación del centro histórico. En este caso, fueron importantes los estímulos fiscales de parte de la autoridad local para la inversión privada que se canalizara hacia la rehabilitación [ 5].

Figura 1. Mapa del centro histórico de la ciudad de México
Fuente: Secretaría de Turismo del D. F., 2008.

Las consecuencias de lo anterior se pueden resumir de la siguiente manera, pues la lógica de la rentabilidad determinó la localización y el uso de los inmuebles rescatados. En otras palabras, privilegiaron el uso comercial y de servicios, dejando fuera el área de uso habitacional, y en consecuencia, al 90 por ciento del área del centro histórico (Coulomb, 2000, p. 534). Entonces, la acción pública sobre el centro histórico no tuvo como base el valor histórico de las edificaciones ni la reordenación de las funciones centrales. Así, entre 1950-1970, la rentabilización de la zona histórica sería a través de su infraestructura de buena calidad, que ha posibilitado la comunicación vehicular; entre 1982-1995, según la autoridad federal, el espacio central debería de albergar inmuebles de gran altura para alojar las oficinas de los grandes corporativos, asimismo, entre 1995-2000, la renovación urbana, la rehabilitación y la reutilización de los espacios de la ciudad capital, fue considerada como otra manera de hacer rentables sus infraestructuras (Melé, 2006, p. 200). Estas acciones son más parecidas a una gentrificación comercial (Capron y Monnet, 2003, p. 126-127). 

La definición del centro histórico como un problema, desde el punto de vista de la autoridad y de algunos académicos, se ha enfocado en su decadencia económica, demográfica y social: la pérdida de población, de empleos, junto con la disminución del nivel de vida (Garrocho, 1995, p. 67-68). Con respecto al problema poblacional, entre 1970 y 1995, el centro histórico de la ciudad de México perdió 40 por ciento de su población (118.609 habitantes), lo que provocó que las viviendas se convirtieran en comercios y oficinas, así como un espacio de sobrevivencia de los grupos vulnerables como los niños de la calle, los indigentes, personas de la tercera edad, sexo servidoras, indígenas, que vivían en algunos de los edificios abandonados y de alto riesgo. Sin embargo, una población flotante de 1.2 millones de personas diarias hace que el espacio sea altamente rentable para los que se dedican a las actividades comerciales callejeras informales (Coulomb, 2000, p. 531).

El despoblamiento, la decadencia industrial, manifestada por el crecimiento de las actividades comerciales y de servicios, ha representado para la ciudad de México, a finales del siglo XX, el fin de su especialización en la producción manufacturera, para basar su dinámica económica en las actividades de servicios sociales y personales y financieros. De este modo, la primera actividad se ha vinculado al mercado local y la segunda se ha orientado más al mercado internacional (Sobrino, 2000, p. 167-168).

Otro elemento, que forma parte del problema de la decadencia del centro histórico, es el crecimiento de las actividades comerciales informales en sus calles y avenidas. En 1997 había 8 mil vendedores informales y para diciembre de 2004, llegaron a sumar 35 mil (Castro, 2005. 39); lo que es resultado del crecimiento de la demanda laboral, frente a la existencia de una oferta de trabajo restringida, que en la ciudad de México, ha provocado que en 2007, se incorporaran 72 mil nuevas personas a la economía informal o ilegal (de la Rosa, 2008, p. 5). Mientras, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, 2004), en un estudio realizado sobre la ciudad de México, señaló que el patrimonio cultural e histórico, posee un potencial de desarrollo económico sí se sustentara en la industria del turismo. Pero, al mismo tiempo, se necesitaría la solución de los siguientes problemas, para la inseguridad, la falta de acciones públicas y privadas para la preservación de varios de los monumentos históricos, la presencia de vendedores informales en sus calles, altos índices de contaminación, sistemas de transporte público con una débil integración (OECD, 2004, p. 15, Rossell,  G., 2006).

Ante el problema del despoblamiento, el gobierno local de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006), en su primer año de gobierno, emitió el bando 2 (7 de diciembre de 2000), que fue una ordenanza, que prohibió la construcción de inmuebles en 9 de las 16 delegaciones, argumentando la existencia de una subutilización de la infraestructura urbana en las 4 delegaciones centrales (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, y Cuauhtémoc, en esta última delegación se localiza el centro histórico de la ciudad de México), donde se permitió la construcción de viviendas de interés social [6]. A su vez, impulsó la actividad turística, firmando un convenio con la secretaria de Turismo Federal, justificado porque 7 de cada una de las 10 personas ocupadas, realizaban actividades en el sector formal, y una de ellas, estaba laborando en la actividad turística local. Pero, más allá de este hecho, se quería crear una nueva imagen del centro histórico, tratando de multiplicar los cafés y restaurantes, donde no existiera la inseguridad, garantizada por una policía  especial , cuyas características fueran, conocimiento del idioma inglés y del tema de los derechos humanos (Llanos y Cardoso, 2001).

Otro de los problemas, que se buscó solucionar a través de la participación de los empresarios, fue la construcción de infraestructura vial, cuya coordinación estuvo a cargo de la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ésa colaboración pública y privada, se realizó por medio del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (Fimevic), que posibilitó la edificación de los segundos pisos en las vías primarias de Periférico (32 kilómetros) y Viaducto (13 kilómetros) [7].

Por otro lado, con respecto a la renovación del patrimonio del centro histórico, se realizó con la ayuda de los empresarios. Sobre todo, se destacó la participación del empresario Carlos Slim, con su empresa Centro Histórico de la Ciudad de México, S. A. de C. V, mediante la cual compró 48 inmuebles con un potencial comercial. Mientras, que como presidente de la Fundación del Centro Histórico, su labor fue altruista, es decir, sin fines de lucro, ayudando a la restauración y conservación de algunos edificios históricos. Esta situación se compensó por los incentivos fiscales, como el no pago de predial ni de permisos ni de licencias del inmueble, donde se realizaron los trabajos de conservación. Cabe mencionar, que como se asientan los Poderes Federales en el centro histórico, el gobierno federal financió la colocación de 100 cámaras de video vigilancia, cuyo número se incrementaría paulatinamente con las que colocaría el gobierno local, para garantizar la seguridad en calles y avenidas, junto con la presencia de una nueva policía (Pineda, 2003, p. 9-21).

El Proyecto Bicentenario del gobierno de la ciudad de México incluía la instalación de 8 mil 19 cámaras de video vigilancia en parques y zonas con mayor incidencia delictiva, centros recreativos y escuelas públicas. Otras más se colocarían en postes y tendrían un sistema de intercomunicación, detectores de arma de juego y un altavoz que permitiría grabar voces. En la delegación Cuauhtémoc, donde se encuentra el centro histórico, se colocarían mil 6, en la delegación Gustavo A. Madero, mil 148, Iztapalapa mil 80, y en Milpa Alta habría 110 cámaras (de la Rosa, 2008, p. 41).

El dispositivo de la mercantilización no fue abandonado por la nueva administración gubernamental de la ciudad de México (Marcelo Ebrard, 2007-2012). Sino, que el nuevo gobernante local, siendo del mismo partido que el anterior, lo utilizó para justificar los nuevos apoyos públicos, tanto en la reubicación del comercio informal callejero como en la posibilidad de celebrar el Bicentenario de la Independencia de México, junto con el Centenario de inicio de la Revolución Mexicana, en el año 2010[8], mediante la edificación de una torre de 300 metros de altura, con 70 niveles y una zona de construcción de 387 mil metros cuadrados (Martínez, 2007, p. 7). Por tal motivo, el 23 de julio de 2007, Marcelo Ebrard, presentó el proyecto de construcción de la Torre Bicentenario, una obra que tendría una inversión mexicana y española de cerca de 600 millones de dólares, diseñada por el arquitecto holandés, Rem Koolhaas, que se edificaría en donde se localiza un inmueble artístico del siglo XX; lo que significaba su destrucción.

Sin embargo, como dicho inmueble está en la delegación Miguel Hidalgo, gobernada por el partido que ganó la presidencia en las elecciones de julio de 2006, a pesar de que el presidente mexicano, Felipe Calderón, por medio de su coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Presidencia, Gerardo Ruiz, lo aprobó, las pugnas entre el gobierno local y el presidente, fue originado en parte por los resultados de la pasada elección presidencial (Camacho y Almazán, 2006 y Beltrán del río, 2008, p. 4), provocaron que la autoridad de la delegación, apoyada en la movilización de algunas organizaciones vecinales y por la notificación de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se dictaminaba que el inmueble no podía ser demolido por ser un inmueble de valor histórico, realizado por el arquitecto Vladimir Kaspé, entre 1948-1952 (Díaz, 2007, p. 28); presionaron para que el proyecto se desechara, cerrando la posibilidad de que la Torre del Bicentenario fuera en el futuro parte del mercado internacional de oficinas corporativas (Véase, Aguirre y García, 2007, p. 77-88).

De este modo, el gobierno local, manteniéndose como dueño del terreno y pretendiendo recibir la renta de los espacios comerciales edificados, en el caso de los 4 paraderos de autobuses, que tienen entradas a las líneas del metro El Rosario, Zaragoza, Martín Carrera y Politécnico, donde se localizan puestos de comercio ambulante, que deberán de ser desalojados, ya que se pretende  transformarlos mediante la construcción de hoteles, restaurantes, sucursales bancarias, torres médicas, con la ayuda de la inversión privada, proveniente de los empresarios como Carlos Slim, quien ha participado en la restauración del centro histórico de la ciudad de México y próximamente en la construcción de la nueva línea del metro (la número 12), Moisés Saba, José Chedraui y David Serur. Este último empresario participó en la construcción de los segundos pisos, en la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador. El monto de la inversión sería de 340 millones de dólares, canalizados por los Centros de Transferencia Modal (Cetrams), que han establecido Fideicomisos de Infraestructura y Bienes y Raíces (Fibra), donde el gobierno local se ha asociado con los empresarios (Cuenca, 2008).

La renovación urbana del centro histórico ha sido utilizada para desalojar a los vendedores ambulantes de las calles del perímetro A, lo que ha sido posible por la negociación que se realizó con sus líderes, reactivando el viejo proyecto de la formalización de los comerciantes ambulantes, a través de su reubicación en predios, comprados por el gobierno local o expropiados [9], que a diferencia del periodo comprendido entre 1988-2000, eran plazas comerciales, construidas con el erario público, y cada espacio era otorgado en propiedad al vendedor, por tanto, tenía que pagarlo, así como los servicios de mantenimiento; con otras palabras, los subsidios públicos se reducían al mínimo (Cross, 1997, p. 93-97). A diferencia de los años 50 y 60 del siglo XX, cuando la autoridad federal, financió en su totalidad la construcción y el mantenimiento de los mercados públicos, donde se reubicó a los comerciantes informales, que desempeñaban sus actividades en el centro histórico de la ciudad de México (Cross, 1996, p. 95-98). Ahora, en los nuevos predios o terrenos, no existen tales ventajas.

Cabe considerar que los vendedores ambulantes se encuentran organizados y, el gobierno de Marcelo Ebrard, para cumplir con su propósito de desalojo de las calles del perímetro A, lo negoció con los líderes de 28 organizaciones de comerciantes ambulantes. El 14 de agosto de 2007 comenzaron las negociaciones, encabezadas por el secretario de gobierno, José Ángel Ávila Pérez. Y se estableció como plazo para dejar las calles libres de ambulantes el 12 de octubre de 2007 (Díaz, 2007c). Los líderes negociaron su espacio de acuerdo con los metros cuadrados ocupados por sus representados. Y, el gobierno local, les ofreció reubicarlos en 24 predios que había expropiado. Al mismo tiempo, el secretario de gobierno, utilizó como fundamento de la acción de desalojo, la legalidad derivada del Bando para la Ordenación y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México, que emitió la Asamblea Legislativa (la Cámara de Representantes local), el 12 de julio de 1993, que prohíbe ejercer el comercio callejero en las calles del perímetro A del centro histórico.

Una amenaza que se acompañó de beneficios, como guarderías para sus hijos y servicio médico, en compensación por su retiro de las calles (Díaz, 2007c, p. 18). Además, el gobierno local pondría 50 por ciento del costo por la adecuación de los predios expropiados para el uso de actividades comerciales, las organizaciones de ambulantes pondrían el otro 50 por ciento (Córdova, 2007).

La negociación fue exitosa debido a que no se destruyó el poder del líder ya que se le garantizó certeza jurídica sobre los predios y autonomía para manejarlos, tampoco se ejercería ninguna acción penal por realizar actividades de comercio ilícitas en las calles y enriquecerse con las cuotas que les cobran a sus agremiados. En este caso, los líderes reciben 50 pesos diarios (casi 6 dólares diarios) por cada comerciante instalado en sus  dominios  y le cobran 5 pesos extra (medio dólar diario) para recoger la basura que cada puesto genera (Díaz, 2007c, p. 19). El comerciante ambulante también le pagaba a la autoridad local una cuota por derecho de piso (5 pesos diarios, medio dólar diario), y entre 2003 y 2006, la autoridad de la delegación Cuauhtémoc, donde se encuentra el centro histórico, por cobro de derecho de piso o uso de la calle, acumuló 10 millones 684 mil pesos (Córdova, 2007).  

Por otro lado, los ambulantes también tienen un potencial valor político, es decir, su voto en periodos de elecciones locales, lo que ha consolidado una relación clientelar, se intercambian votos por el beneficio de conservar el espacio donde se vende (Auyero, 2007). De los 500 mil ambulantes distribuidos en 60 organizaciones, cerca de 40 están vinculadas con el partido que gobierna la ciudad de México (el Partido de la Revolución Democrática, PRD), el resto (20) con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así, los comerciantes callejeros están obligados a asistir a marchas y mítines partidistas y en caso de la no asistencia se les impide vender por 8 fines de semana (Díaz, 2007c, p. 20).

Así, el 12 de octubre de 2007, 187 calles y 192 manzanas, cuya superficie es de un millón 500 mil metros cuadrados, que forman el perímetro A del centro histórico, quedaron libres de cerca de 15 mil vendedores ambulantes. También se colocaron a mil 200 policías en las calles para impedir la reinstalación de los vendedores ambulantes. Se iniciaron las obras de reparación de lámparas (mil  200 luminarias), dentro de un programa de mejoramiento de la imagen urbana, que incluía la limpieza y rehabilitación de 300 mil metros cuadrados de vialidades y banquetas (Cuenca, 2007). Además, de que se planea que algunos inmuebles históricos, funcionen como espacios de actividades académicas de las diferentes instituciones de educación universitaria, buscando crear demanda de vivienda para el repoblamiento de la zona (Bolaños, 2008).

Por su parte, en el perímetro B del centro histórico, también se aplicó la misma medida, la negociación con 10 líderes de las agrupaciones de vendedores ambulantes, para el desalojo de la avenida Eje Central y en los alrededores de la Alameda Central, ocupada por 2 mil 400 comerciantes y la fecha que se estableció para su salida fue el 12 de abril de 2008. Para cumplir con el objetivo, el gobierno local, compró 6 predios (Notimex, 2008).  Mientras, la autoridad de la delegación Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria, pidió que se ampliará el desalojo de ambulantes del perímetro B para que se incluyera la zona donde se va a construir la Plaza Bicentenario, en Tlazcoaque, lo que afectaría a 7 mil vendedores ambulantes (Robles, 2008).

Finalmente, el desalojo se realizó en el Eje Central y en los alrededores de la Alameda Central, pero no se pudo ampliar debido a que en el barrio de Tepito, los comerciantes también viven ahí (Martínez y Robles,2008);  además, de que en la zona de La Merced, el negocio más importante es la prostitución, que el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, dijo que ése lugar no entraba en el programa de reordenación, a lo que se le agregó la insuficiencia de predios para la reubicación, ya que un espacio cerrado no les garantiza a los vendedores ambulantes sus anteriores ganancias, por eso algunos, se han reubicado en las afueras de algunas estaciones del sistema de transporte colectivo metro. A esta situación se le agrega la desconfianza que ha surgido debido a que algunos de los comerciantes ambulantes del perímetro A no se les ha otorgado el local en propiedad a lo que se le debe de agregar el costo (Arellano y Martínez, 2008, p. 26). El desalojo de ambulantes de la avenida Eje Central se debió también a que el gobierno de la ciudad de México quiere convertirlo en un corredor ecológico (Proyecto del Corredor Cero Emisiones), donde solamente circularía transporte público eléctrico, en sus carriles confinados, además, se construirían ciclovías, se regenerarían también áreas verdes, y el corredor tendría una extensión de 36.6 kilómetros en ambos sentidos, atravesando cuatro delegaciones (Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero). Así, la ciudad de México, según la autoridad local, tendría el primer corredor cero emisiones de América Latina (Pantoja, 2008, p. C2).

El costo de la obra sería financiado por los empresarios, con 700 millones de pesos, bajo el esquema del Pago por Servicio (PPS), un esquema financiero establecido por el gobierno local, que consiste en un contrato de 5 años para la empresa ganadora para realizar la obra e incluye un pago anual de parte del gobierno local a la misma empresa que se encargaría de su mantenimiento durante ése lapso. El rescate de la avenida Eje Central incluiría la renovación de 120 trolebuses, el cambio de equipamiento urbano y la recuperación de espacios públicos (Pérez, 2008).

Por otro lado, la solución basada en la reubicación de los comerciantes ambulantes provocó otro problema, una acusación sobre la autoridad local, como consecuencia de haber destruido edificios históricos, para utilizar el predio en la reubicación de los comerciantes ambulantes. Así sucedió con los inmuebles, localizados en la calle de República de El Salvador 185 y en la calle de Colombia 22, que figuraban en el catalogo de monumentos históricos del INAH, junto con los de las calles de Apartado 8, Meave 9, Mesones 27, Regina 97, República de Argentina 79 y 95 (Palomo, 2007). Este hecho violó la Ley Federal sobre Monumentos Históricos del INAH, que pone como pena 10 años de cárcel a quien dañe las construcciones protegidas (Córdova, 2008).

En la búsqueda de predios para alojar a los comerciantes ambulantes, dentro de la zona histórica, el gobierno de Marcelo Ebrard no le importó la destrucción de algunos edificios históricos, que calificó como  cascarones , es decir, como inútiles (Amador Tello, 2008); lo que demuestra que la apropiación del espacio histórico se destruye o transforma de acuerdo con las necesidades de la mercantilización. En otras palabras, la recuperación de los espacios públicos del centro histórico de la ciudad de México ha tenido como orientación las necesidades de los negocios privados y esto también es válido para la celebración de actos masivos, cuya finalidad es la diversión, por ejemplo, en la Plaza principal del perímetro A, llamada El Zócalo, promovidos por las empresas privadas y con el apoyo del gobierno local (Melé, 1995, p. 202-203).

Reflexión final

La problemática del centro histórico de la ciudad de México es resultado de diversos factores, que ahora se ha buscado resolverla a través del dispositivo mercantil. Por eso, la autoridad local ha apoyado la renovación urbana con una mayor participación de los empresarios. Sin embargo, la protección de los monumentos históricos, se ha orientado por la tendencia mercantilista, a pesar de la existencia de una legislación y de una autoridad del centro histórico, nombrada por el gobierno de Marcelo Ebrard, la historiadora Alejandra Moreno Toscano, que también forma parte del Consejo de la Fundación Centro Histórico, cuyo presidente es el magnate Carlos Slim, que ha participado en el proyecto mercantil de recate de los monumentos históricos.

El desalojo de comerciantes ambulantes de las calles del perímetro A y una parte del B dejó intacto el poder de sus líderes, que se ha trasladado a los predios, que el gobierno local les ha asignado para que continúen con sus actividades, destruyendo edificios históricos ante la urgencia de tener predios para su reubicación. Nuevamente, el espacio urbano se pone al servicio de los intereses privados, vinculados con la realización de negocios privados, apoyando los eventos masivos culturales para reforzar el discurso del gobierno local que argumenta el  rescate de los espacios públicos , como una manera de fomentar la convivencia de los citadinos. Así, la Plaza del Zócalo, ha servido para presentar toda clase de diversiones gratuitas, como el montar un circo o una pista de hielo, exposiciones temporales, musicales, etcétera, con el patrocinio de las empresas privadas.

La mercantilización como solución a la problemática de renovación y preservación de los monumentos históricos ya había sido presentada y ensayada por anteriores administraciones gubernamentales, bajo la ideología de la globalización económica neoliberal, donde la gestión urbana se hace a través de los principios empresariales, buscando hacer atractiva a la ciudad histórica para mejorar su competitividad y poder transformarse en una ciudad globalizada (de Mattos, 2005, p. 7). Pero, la desigualdad social y la segregación espacial, tampoco ha sido revertida por el proyecto mercantil, que busca inversiones privadas para mejorar la imagen urbana y hacerla atractiva a las empresas turísticas. En este sentido, en el perímetro A del centro histórico de la ciudad de México, la sacralización de los monumentos históricos se reprodujo, sin embargo, eso no impidió la destrucción de algunos inmuebles históricos para adecuarlos a las necesidades de los comerciantes ambulantes, siguiendo la lógica de la remodelación funcional, que se ha extendido al perímetro B, considerado como espacio de los negocios corporativos.

 

Notas

1 (...) lo que es claro en muchos casos son las destrucciones de los sitios naturales y culturales que un turismo masivo, caracterizado por el consumo a cualquier precio y la idea poco cultural de que la cultura por sí misma es un producto que se compra con el boleto de avión o con el operador de viajes  (Tolilla, 2007, p. 110).

2 (...) en un mundo globalizado, en donde distintos territorios (nacionales o subnacionales) se embarcan en una competencia generalizada por intensificar su atractividad para la inversión en capital físico, capital humano y conocimientos, sus perspectivas de crecimiento a largo plazo estarán acotadas fundamentalmente por las condiciones para la valorización privada del capital que cada uno de ellos sea capaz de ofrecer a los potenciales inversores  (de Mattos, 2005, p. 5).

3 La Zona Metropolitana de la ciudad de México se encuentra formada por 16 delegaciones, que es la unidad administrativa en que se ha dividido el territorio de la ciudad capital, y en el año 2000 sumaba una población de 8 591.309, a lo que se le debe de agregar la población de 40 municipios de la entidad vecina, llamada Estado de México, que fue en el 2000 de 9 355.004 habitantes. De este modo, en el 2000, la Zona Metropolitana de la ciudad de México tenía 17 946.313 habitantes (Garza, 2000, p. 240-241). Cabe agregar que el centro histórico de la ciudad de México se localiza en la delegación Cuauhtémoc, que cuenta con un equipamiento urbano aceptable, sin embargo, su problemática se configura por los atascos o caos viales, junto con la  ...presencia generalizada del comercio en la vía pública. Esta actividad genera suciedad, entorpece la circulación de personas y autos, produce contaminación visual y auditiva, y crea conflictos recurrentes en torno al uso y control de la calle  (Ziccardi, 2000, p. 576).

4 De acuerdo con el decreto de 1980, la institución que protege el centro histórico de la ciudad de México es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es decir, aplica la ley en materia de preservación.

5 En nueve años (...entre 1991y 2000), los incentivos fiscales sumaron 85 millones de pesos (a precios constantes de 1999), beneficiando obras de rehabilitación en 547 inmuebles por un monto total de 2225 millones de pesos  (Coulomb, 2000, p. 533).

⁶Lo que en realidad sucedió en las 4 delegaciones centrales es que se edificó vivienda para la clase media y alta, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, se construyeron, entre diciembre del año 2000 al 31 de marzo de 2007, 106 construcciones, con mil 964 viviendas. Sin embargo, 6 mil departamentos se construyeron violando los reglamentos urbanos, como el no construirles cajones de estacionamiento, que generaron una ganancia de mil millones de dólares para las inmobiliarias y para algunos funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la ciudad de México (Díaz, 2007a, p. 32-34). 

7El empresario ejecutor de la obra vial fue David Serur, cuya riqueza se ha basado en la construcción de obras públicas, además de ser accionista de la empresa constructora Ideurban. El Fideicomiso fue creado para administrar los recursos económicos para las obras viales, con la participación de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad de México y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, pero su control y supervisión quedó a cargo de la secretaria de  Medio Ambiente. Pero, para proteger su información financiera, el 30 de julio de 2004, se emitió un decreto para mantenerla en secreto, es decir, sin acceso para el público, y cuando finalizó la administración del gobierno de López Obrador, se liquidó el fideicomiso (Carrasco, 2005, p. 24-27).

⁸El gobierno de la ciudad de México tiene su propia comisión, encabezada por el historiador Enrique Marquéz, que buscaba organizar sus propios eventos conmemorativos del 2010; sin embargo, en forma paralela se organizó la Fundación Conmemoraciones 2010 A. C., dirigida por el presidente del Colegio Nacional de Notarios, Jorge Alfredo Ruiz del Río y por Sumi Slim Domit, directora del museo Soumaya, quien es hija del empresario Carlos Slim, y cuyo objetivo fue la promoción de la restauración y recuperación de los monumentos históricos del centro histórico de la ciudad de México, que están relacionados con los hechos históricos a conmemorar (Amador, 2007, p. 76-77). 

⁹La expropiación de la propiedad privada de viviendas o predios, bajo argumentos de interés público, por parte de la autoridad esta respaldada por la ley. En este caso, el gobierno de la ciudad de México, la ha utilizado, con apoyo de la fuerza pública, para desalojar inmuebles y predios que supuestamente han sido utilizados por el crimen organizado. A pesar de ésa justificación, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México, emitió 3 recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia local y a la Secretaría de Seguridad Pública local por detenciones arbitrarias, malos tratos de los detenidos, demandando la reparación del daño de los afectados, mediante el otorgamiento de viviendas (Bolaños, 2007).

 

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