|
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (Serie documental de Geo Crítica) Universidad de Barcelona ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98 Vol. XII, nº 750, 25 de septiembre de 2007 |
EL COOPERATIVISMO AGRARIO EN BRASIL
Miriam Hermi Zaar
Universidad de Barcelona
El cooperativismo agrario en Brasil (Resumen)
El movimiento cooperativo moderno surgió durante el siglo XVIII y fue impulsado por diferentes corrientes teóricas. En este artículo, hacemos una breve retrospectiva sobre la evolución del movimiento cooperativo en Brasil, a partir de grandes rasgos. Desde las primeras cooperativas fundadas por inmigrantes europeos, la legislación tuvo un papel fundamental y, dependiendo del período, estimuló o reprimió el movimiento. En las dos últimas décadas del siglo XX surge la última gran tendencia: la cooperación solidaria como posible solución para los segmentos poblacionales socialmente menos favorecidos.
Palabras-clave: movimiento cooperativo, Brasil, economía solidaria.
The agrarian cooperativisme in Brazil (Abstract)
Modern cooperative movement comes up during XVIII century and it was reinforced for different theoretical movements. At this article, we do a short historic revision about the evolution of cooperative movements in Brazil from some general aspects. From the first cooperatives created for europeans immigrants, the legislation had a important role and take into consideration the period, incentived or repressed the movement. In the last two decades of XX century comes up the last big tendency: the supportive economy like a possible solution to the people with less economic resources.
Key-words: cooperative movement, Brazil, supportive economy.
El movimiento cooperativo moderno surgió durante el siglo XVIII como reacción popular de defensa frente a las situaciones de injusticia y abuso derivadas de las condiciones imperantes. Las circunstancias económicas y sociales así como las principales doctrinas económicas influyeron en su formulación y expansión[1].
Contribuyeron también significativamente las experiencias obtenidas por los principales representantes de la generación de socialistas utópicos, Saint Simon, Robert Owen y Charles Fourier y sus principales divulgadores, aunque las teorías revolucionarias creadas y divulgadas por Proudhon, Bakunin y Kropotkin de un lado, y de Marx y Lenin de otro, influyeron en diferentes experiencias colectivistas que se produjeron durante las primeras décadas del siglo XX.
Desde entonces el movimiento y las experiencias procedentes del mismo se han expandido con características diferentes según las especificidades de grupos y de las sociedades que las constituyen.
Sin pretender agotar el tema, ya que es demasiado extenso para un artículo, nuestro objetivo es presentar un rápido panorama sobre la evolución del movimiento cooperativista en Brasil, a partir de algunos grandes rasgos. Este artículo tiene también como objetivo divulgar la bibliografía más reciente publicada sobre el tema en Brasil, y que utilizamos ampliamente en nuestro trabajo.
Para esto, en el primer apartado, elaboramos un somero comentario sobre las primeras experiencias brasileñas de pre-cooperativas de que se tiene noticias, aisladas y efímeras, al que seguirá un segundo apartado que tratará de las primeras cooperativas de consumo y de crédito así como de la legislación que incentivó estas experiencias, influidas por algunos de los seguidores de las corrientes cooperativistas europeas.
A continuación, en un tercer apartado, la atención se dirigirá a la legislación que estructura el sistema cooperativo brasileño con la primera ley sobre cooperativas de 1932, así como las demás leyes que hasta el golpe militar de 1964 hicieron posible la expansión de este movimiento en Brasil.
Un cuarto apartado muestra como el centralismo estatal que se produjo durante la dictadura militar influyó en el movimiento cooperativista brasileño. Puede dividirse a su vez en dos fases principales, una entre 1964 y 1975 y otra que perduró hasta 1985. La primera se caracterizó por una desestructuración del modelo que había sido implantado en las décadas anteriores a causa de un exceso de medidas restrictivas; la otra fase, menos centralizadora permitió la elaboración de la Ley 5764/71 que permitió, tras el período de retroceso, reemprender los trabajos que hicieron posible su evolución.
La democratización del país y la promulgación de la Constitución de 1988 inicia un nuevo período para el cooperativismo y el asociacionismo brasileño. Es lo que trataremos en el quinto y último apartado. Libre de la interferencia estatal, el sistema poco a poco recupera la libertad y una legislación favorable a su expansión, pero se enfrenta a problemas coyunturales y políticos, lo que no le impide, aunque con esfuerzos, dar pasos tímidos en dirección a su modernización y a la globalización de los mercados. Los primeros resultados aparecen a partir de mediados de la década de 1990 y con ellos otras perspectivas. Entre las cuales el resurgir de un sistema de crédito mucho más amplio y que pudiese atender a las clases populares que ahora organizadas, iniciaron nuevas experiencias alternativas al cooperativismo existente y que pasarán a ser conocidas como experiencias de economía popular y solidaria.
Las experiencias pre-cooperativas que surgieron hasta 1530 y 1890
Se puede decir respecto al movimiento asociativo brasileño, que los tres primeros siglos de Brasil se caracterizaron por dos situaciones totalmente distintas. En la primera, entre el siglo XVI y XIX, debido al contexto estructural en que el país se encontraba, los movimientos asociativos autóctonos y aislados eran de carater religioso o bien acompañados de una actitud de protesta frente al poder local y regional de los latifundiarios.
La otra situación está directamente relacionada con los movimientos europeos, y llegó a Brasil más tarde, a partir del siglo XIX a través de entusiastas del nuevo sistema y de inmigrantes que, recién llegados a un medio inhóspito y poco poblado, necesitaban organizase.
Los reflejos del movimiento europeo en Brasil
Después de la independencia de Brasil, la política imperial de ocupación de áreas vacías del sur brasileño, hizo posible que a partir de la primera mitad del siglo XIX, las experiencias utópicas llegasen a Brasil a través de los inmigrantes europeos. Con una conciencia de grupo social y “huidos” de sus países por problemas económicos de desempleo o falta de tierras, trajeron consigo la experiencia de la agricultura familiar, factor que propició el desarrollo del cooperativismo. Transformados en pequeños propietarios, en su mayoría alfabetizados e imbuidos de un sentimiento pionero, tan propio de inmigrantes, comenzaron a tomar una serie de iniciativas desconocidas en otras regiones rurales de Brasil.
Las dificultades a superar, como la de comunicación, la falta de servicios y la explotación por parte de intermediarios brasileños, creó entre ellos lazos de cohesión que llevó al surgimiento de organizaciones comunitarias agropecuarias, de crédito, cultura y ocio.
Debido al gran contingente de inmigrantes, en los estados meridionales de Brasil, fueron éstos los precursores del movimiento cooperativo brasileño. En el estado de Rio Grande do Sul surgieron las primeras asociaciones, precedidas de experiencias fourieristas de cooperación integral entre 1840 y 1895, que se multiplicaron en centenares de actividades asociativas de amparo mutuo, asistencia sanitaria, organización de actividades deportivas, musicales, artísticas, etc. Uno de los ejemplos de estas experiencias fue la fundación en 1892 de la Societá Cooperativa delle Convenzioni Agricoli en las actuales ciudades gauchas de Veranópolis y Antonio Prado (figura 1), orientada por Vicente Montegga, su primer director[2].
La ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, fue sede de numerosas asociaciones creadas principalmente por alemanes con el objetivo de vencer el aislamiento inicial. Ejemplo de esto fue el surgimiento de la Sociedade Alemã de Amparo Mutuo con fondo asistencial obtenido de numerosas asociaciones de inmigrantes germánicos.
En el estado de Paraná el más importante movimiento pre-cooperativista se dio entre los franceses que en 1847 fundaron la Colonia Thereza Cristina en las márgenes del Rio Ivaí, actual municipio de Cândido de Abreu, situado en el Centro Sur del estado. Allí los inmigrantes liderados por Jean Maurice Faivre desencadenaron un movimiento cooperativista bajo la inspiración del médico socialista utópico y admirador de Charles Fourier, Benoit J. Mure. También en el mismo estado, hacia el Sudeste, se creó en 1890 la Colonia Cecilia en el actual municipio de Palmeira (figura 1), impulsada por el agrónomo Giovanni Rossi, líder de un grupo de italianos “anarquistas” (Organização das Cooperativas Paranaenses).
En el Nordeste del estado de Santa Catarina, además de la Vila da Gloria en São Francisco do Sul y de la Colonia Belga, el inmigrante francés Benoit Jules de Mure impulsó la fundación en Palmital, municipio de Garuva de una Colonia de Produción y Consumo, con las ideas de Charles Fourrier. También en este último estado, en la parte centro oriental, la actuación del Padre José Maria Jacobs, alemán norte-americano hizo posible la organización de cooperativas entre los agricultores de la región de la cuenca del Río Itajaí (figura 1).
Las primeras cooperativas de consumo y de crédito
Después de algunas experiencias de cooperación implantadas aisladamente en varios puntos del país, diversos factores marcaron los comienzos de la implantación del cooperativismo en Brasil. Los principales fueron la abolición de la esclavitud el 13 de mayo de 1888 que hizo posible la reorganización del trabajo agrícola con mano de obra europea, y la Constitución Republicana promulgada en 1891, que en su artículo 72, párrafo 8, aseguró a los trabajadores el derecho a la asociación en sindicatos y cooperativas; acompañada de los Decretos Ley 979 de 1903 y 1.637 de enero de 1907, contribuyó decisivamente en la evolución de estas cooperativas.
Otro factor a considerar, como consecuencia de los anteriores, fue la formación de las primeras cooperativas de consumo y de crédito en las principales ciudades del País, y entre los agricultores de las Regiones Sur y Sudeste, como veremos a continuación. Empecemos por la legislación que entró en vigor en este período.
La legislación que favoreció el inicio del movimiento cooperativismo brasileño
Como ya comentamos, la Constitución federal republicana de 1891 hizo posible el primer paso hacia la legalización del cooperativismo brasileño, ya que la anterior Constitución de 1824 prohibía las corporaciones de oficio y cualquiera otra tentativa asociacionista (artículo 179, párrafo 25)[3].
La repercusión que la Constitución de 1891 tuvo en la sociedad brasileña de aquella época se podía observar a través del enaltecimiento que la prensa hacía de los objetivos cooperativistas:
“A imprensa começa a enaltecer os objetivos cooperativistas. Exemplo: artigo na revista Financiera (maio/1888) exalta as cooperativas como forma de organizaçao da produção e do consumo ‘para atenuar as dificuldades inerentes às grandes reformas sociais’, utilizar ‘pequenos capitais esparsos’, que isolados ‘nenhuma força produtiva determinam’; solicita a cooperação das forças vivas da Pátria, que ‘tem o direito e o dever de pedir a todos os seus filhos que colaborem mutuamente para diminuir os atritos da evolução profunda que a transformou e enobreceu“[4]
A continuación, en 1903 el Decreto Ley 979 de 6 de enero, permitió la formación de sindicatos a los profesionales de la agricultura y de industrias rurales. En sus artículos nueve y diez hace referencia a las actividades sindicales de intermediación de crédito, adquisición de bienes para fines profesionales, venta de los artículos producidos por sus asociados; refiriéndose a las cooperativas de producción, consumo, cajas rurales de crédito estableció que en caso de liquidación estarían sujetas a la ley de las sociedades civiles.
Sin embargo, el texto legal por excelencia, que marcó el inicio de la legislación cooperativista en Brasil fue el Decreto 1.637 de 5 de enero de 1907, que tenía como objetivo principal permitir a los profesionales de la agricultura e industrias rurales la organización de sindicatos para la defensa de sus intereses. De esta forma reglamentó la organización de sindicatos y cooperativas previendo que éstas podían organizarse en sociedades anónimas, en nombre del colectivo o en comandita, regidas por las leyes que regulaban el decreto. También previó la organización de federaciones de cooperativas y la constitución de cooperativas de crédito agrícola, de responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los asociados.
En sus artículos diez y siguientes, este decreto presentaba ya diversas características básicas que en 1932 serían incorporadas a la legislación específica sobre sociedades cooperativas. La legislación brasileña también empezó a dar prioridad las normas de los Pioneros de Rochdale, que serían implantadas por el Decreto 22.239 de 1932. Carlos Marques Pinho traza las características generales de este Decreto:
“ O Decreto 1.637 tem um capítulo exclusivamente dedicado às cooperativas, admitindo-as, sob forma de sociedades anônimas, em nome coletivo o em comandita, mas já lhes assegurando outras características: a variabilidade do capital social; a nao limitação do número de sócios e a incessibilidade das ações, quotas ou partes a terceiros estranhos à sociedade. Dispõe ainda sobre o uso da denominação “cooperativa”; a responsabilidade dos administradores e dos socios; as formas de constituição; o conteúdo dos atos constitutivos, com número mínimo de sete pessoas, modo de admissão, demissão e exclusão de sócios, retirada das entradas o partes, constituição do fundo de reserva, seu destino de liquidação. Idéias fundamentais do cooperativismo, como a distribuição das sobras na proporção das transações com a cooperativa, ainda não se tinham definido. O Decreto 1.637 dispõe que, havendo omissões no ato constitutivo, prevalece o princípio de que ‘os lucros e perdadas serão divididos anualmente, metade por partes iguais entre os sócios e metade proporcional à quota de cada um, deduzidos 10% do total para o fundo de reserva. Mas o princípio ‘um humem, uma voz’ já está no 1.637, que textualmente estabelece um voto para cada sócio, qualquer que seja o número de ações, e que o sócio não poderá representar por procuração mais de um sócio (art. 15, 3°)”[5].
También destacó en el aspecto legislativo la Ley 4.984 firmada en 1925, y que trató de los Bancos Luzzatti y de las Cajas Rurales Raiffeisen en su artículo 40, y en 1926 el Decreto Ley 17.339 contribuyó a la expansión de éstos. El Decreto Ley 17.339 aprobó el reglamento destinado a regir la fiscalización de las Caxias Raiffeisen y Bancos Luzzatti y sus federaciones, del cual estuvo encargado el Serviço de Inspeção e Fomento Agrícolas. Sus características principales fueron:
“Al lado de fiscalização, esse regulamento determina que o Serviço de Inspeção e Fomento Agrícolas promoverá no meio rural a idéia e a prática da organização cooperativista para tornar o crédito agrícola fator decisivo do progresso econômico e, além disso, velará pela exata aplicaçao da lei, a fim de “evitar a deturpaçao ou a ruína dos institutos de crédito cooperativo”. Ainda mais: o regulamento cría uma comissão consultiva, composta de cinco membros, sob a presidencia do diretor do Serviço, sendo dois membros escolhidos livremente pelo Ministério da Agricultura e dois outros, delegados das cooperativas. A essa comisão se dá, entre outras tarefas, a incumbência de estudar recursos sobre infrações; propor medidas para melhorar a legislação de auxílio e isenções; emitir parecer sobre aplicação da legislaçao pertinente; propor medidas para melhorar a fiscalizaçao das Caixas Raiffeisen e Bancos Luzzatti. O Decreto 17.339 deixa claro: ‘Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas operações antes de se achar devidamente registrado na Diretoria do Serviço de Inspeção e Fomento Agrícolas’ (art. 9)”[6].
Esta legislación, aún incipiente, tenía como objetivo posibilitar las primeras experiéncias cooperativas del primer tercio del siglo XX. Los resultados los veremos a continuación.
El surgimiento de las primeras cooperativas urbanas de consumo
Las primeras cooperativas de modelo rochdaleano estimuladas por algunos idealistas brasileños e inmigrantes europeos, surgieron en el contexto urbano, donde las condiciones económicas, sociales y culturales permitían una sociedad más diversificada.
Entre 1895 y 1900 surgen las primeras organizaciones y asociaciones sindicales en las dos mayores ciudades brasileñas. La presencia de una clase media, formada por funcionarios públicos y profesionales liberales, propició las condiciones para que se formase un cooperativismo dirigido, en un primer momento, hacia las necesidades de esta clase social, y posteriormente en atención a la clase obrera del sector industrial o terciario, que antes de 1930 ya presentaba en las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo un movimiento bastante dinámico y politizado, promoviendo inclusive varias huelgas como fueron las de 1903, 1906, 1917 y 1929. Con un Estado liberal, la creación de organizaciones de consumo a partir de 1891 representó una oportunidad para que la población urbana de la clase media y obrera tuviese bajo su control organizaciones y servicios, lo que motivó su expansión[7].
En este contexto, y apoyadas por el derecho de asociación de los trabajadores en sindicatos y cooperativas, se crearon otras asociaciones y cooperativas de consumo como la Associação Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefónica (Limeira/São Paulo); la Cooperativa Militar de Consumo (Rio de Janeiro) y la Cooperativa de Consumo de Camaragibe (estado de Pernambuco), además de innumerables cooperativas de consumo en la ciudad de São Paulo.
En ciudades menores como Ouro Preto, estado de Minas Gerais el proceso también se hizo presente. La Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto fundada el 27 de octubre de 1889 fue probablemente, la primera sociedad brasileña que tuvo en su denominación la expresión “cooperativa”. Era una cooperativa de consumo y su estructura y sus estatutos revelan una fuerte influencia de los Pioneros de Rochdale. Habían comenzado con un almacén de géneros de primera necesidad, seguido de la producción de bienes de consumo y la fundación de una caja de ayuda destinada a amparar a las familias de los asociados pobres fallecidos.
Las primeras experiencias rurales y de crédito
Los principales obstáculos que dificultaban la expansión del movimiento en el medio urbano y más especialmente en el rural, eran la precariedad de los medios de transporte y comunicación y la escasez de recursos financieros, pues aunque libre, gran parte de la mano de obra continuaba siendo analfabeta, descalificada y sin condiciones para organizarse económicamente ni gestionar grupos de asociados. A esto se sumaba la falta de legislación específica, que hacía que las cooperativas tendiesen hacia sociedades anónimas, o hacia asociaciones profesionales, aproximándose o apartándose de los sindicatos que surgían[8].
Sin embargo, aún bajo este contexto, mientras el cooperativismo urbano encontraba espacio entre la clase media urbana y los obreros de las industrias y servicios, en el medio rural, se organizaban sobre todo cooperativas agrícolas y de crédito agrícola entre colonos italianos y alemanes en la región Sur de Brasil.
La llegada, de los padres Theodor Amstad, jesuita suizo y Ermembergo Pelizzetti en 1885, enviados al estado de Rio Grande do Sul para realizar actividades pastorales entre los colonos alemanes e italianos, estimuló también la organización de cooperativas. Solo dos años después de la fundación de la primera cooperativa de crédito en Québec, por Desjardins, en 1902, el Padre Theodor ayudó a crear y a poner en funcionamiento la Asociación Riograndense de Agricultores en el pueblo de Linha Imperial, actual municipio de Nova Petrópolis, más tarde convertida en Cooperativa de Crédito Rural Nova Petrópolis (COOPERURAL). Según Luiz Dias Thenório Filho estas primeras experiencias surgieron de la necesidad de organización de los inmigrantes europeos que vendían su producción de vino a importantes centros urbanos como Sao Paulo[9].
También en 1900 entra en funcionamiento en el estado de Rio Grande do Sul la Bauernverein (Asociación de Agricultores) que fundó cooperativas de producción, consumo y crédito para los agricultores colonizadores. El Riograndenser Bauernfreund (El Amigo de los Agricultores Riograndenses), boletín en lengua alemana, divulgó durante catorce años, entre 1900 y 1914, informaciones sobre cooperativismo.
El seis de enero de 1903, el Decreto 979, posteriormente reglamentado por el Decreto 6.532 de junio de 1907, permitía a los sindicatos la organización de cajas rurales de crédito agrícola, así como cooperativas de producción o de consumo[10].
El primero de marzo de 1906, en el municipio de Lajeado (RS), se constituyó la primera cooperativa de crédito del tipo Luzzatti, denominada Caixa Económica de Empréstito de Lajeado.
Con el estímulo del Decreto 1.637 de 5 de enero de 1907 y posteriormente de la Ley 4.984 de 1925, surgieron además de otras cooperativas, cajas de crédito y bancos cooperativos en varios puntos del país. Es, por ejemplo, el caso de las primeras cooperativas agropecuarias en el estado de Minas Gerais en 1907; de la Caixa de Crédito Raiffeisen creada en Nova Friburgo (estado de Rio de Janeiro) en 1908; la Cooperativa de Crédito modelo Luzzatti fundada en Franca (estado de São Paulo) en 1919; la Cooperativa de Crédito modelo Luzzatti en Rio Branco (estado de Acre) en 1924; y la Caixa Rural do Ceará Mirim (estado do Rio Grande do Norte) en 1925.
En este mismo período, en el estado de Paraná aparecieron también las primeras cooperativas. Contribuyó a esto el agrónomo ucraniano Valentin Cuts que a partir de 1912, año en que llegó al Brasil, desarrolló intensas actividades en las colonias de inmigrantes. Bajo su orientación se crearon, en el período 1918-1930 catorce sociedades cooperativas en el estado de Paraná, dos en el estado de Santa Catarina y una en el estado de São Paulo. También fue redactor de un periódico editado en lengua ucraniana Pracia e Lavrador destinado a realizar campañas doctrinarias del cooperativismo y demás asuntos relacionados con las actividades rurales[11].
La mencionadas leyes hicieron posible también la creación del Serviço de Economia Rural del Ministerio de la Agricultura y estimularon en los años siguientes la creación en la región Nordeste de la Caixa Rural e Operária de Natal (estado de Rio Grande do Norte), del Banco Central de Crédito Agrícola de Alagoas (estado de Alagoas), del Banco Central modelo Luzzatti en João Pessoa (estado de Paraíba). En la región Norte estimuló la fundación de una Cooperativa de Crédito en la ciudad de Bragança (interior del estado de Pará) que vino acompañada dos años más tarde, en 1929, de la organización de la Companhia Nipônica de Plantação do Brasil, con el objetivo de promover la entrada de inmigrantes japoneses en el estado de Pará, y la Cooperativa de Hortaliças organizada por estos inmigrantes.
En el estado de Rio Grande do Sul se creó la primera cooperativa central brasileña únicamente de crédito, la Central das Caxias Rurais da União Popular. Esta Central, fundada en la ciudad de Porto Alegre en 1925, reunía cooperativas de crédito singulares del modelo Raiffeisein en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Mientras tanto, en el estado de Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte tuvo lugar en 1929 la creación del Banco Central de Minas Gerais, del modelo Luzzatti.
En el estado de São Paulo destacaron la organización de la Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Produtores de Batata en Cotia S/A en 1927, más tarde ampliada y transformada en una cooperativa de segundo grado la CAC-CC (Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central); y en 1930 una cooperativa organizada por inmigrantes japoneses, la Cooperativa de Laticínios do Estado de São Paulo.
En cuanto a los dos modelos más adoptados para la creación de bancos populares y de cajas rurales en Brasil, destacó el modelo del Banco Popular Luzzatti, creado en Italia a partir de 1864 por Luigi Luzzatti, inspirado en las cooperativas de crédito creadas por Schulze-Delitzsche. Entre sus características sobresalen la adopción del principio de auto ayuda, admitiendo ayuda estatal temporal que debería desaparecer cuando la sociedad pudiese resolver sus problemas por si misma. Con una amplia atmósfera de solidaridad y de confianza, en los Bancos Luzzatti los préstamos eran concedidos mediante palabra de honor y los administradores no eran remunerados.
En Brasil, desde el Decreto 22.239 de 1932 hasta la Reforma Bancaria de 1964 (con la dictadura militar) estos bancos se distinguieron de las demás cooperativas de crédito por los siguientes principios fundamentales: capital social dividido en cuotas de pequeño valor; responsabilidad por los compromisos de la sociedad, limitada al valor de la cuota-parte del capital que el asociado realizó; área de operaciones circunscrita, en lo posible, al territorio del municipio sede que solo se rebasaría en casos específicos; y, préstamos concedidos exclusivamente a asociados domiciliados en el área de operaciones, dando preferencia a las operaciones de menor valor[12].
Las cajas rurales Raiffeisen, que se multiplicaron rápidamente en Alemania y otros países, eran cooperativas de crédito con características como la adopción del principio cristiano de “amor al prójimo” y de ayuda de carácter filantrópico, pero prefiriendo la autoayuda. Valoraba la formación moral de los asociados, que asumían responsabilidades solidarias e ilimitadas en cuanto a las obligaciones contraídas por la cooperativa. Concedían créditos a largo plazo; y preconizaban la organización de un banco Central para atender las necesidades de las diversas cooperativas de crédito y no distribuían beneficios.
En Brasil la legislación estableció que los estatutos de estas cooperativas deberían obedecer a los principios básicos de ausencia de cualquier beneficio entre los asociados; responsabilidad por los compromisos de la sociedad, personal, solidaria e ilimitada de todos los asociados; control de esta responsabilidad por una asamblea general; y área de operaciones reducida a una pequeña circunscripción rural, preferentemente dentro del distrito municipal, y en ningún caso exceder los límites municipales[13].
El cooperativismo brasileño entre 1932 y 1964: desde la primera Ley Cooperativa hasta el golpe militar
A partir de 1932 el Gobierno populista de Getúlio Vargas desarrolló mecanismos que estimularon las prácticas cooperativistas. Su interés en legalizar esta práctica estuvo relacionado con la necesidad de solucionar los problemas resultantes de la coyuntura económica mundial, derivados sobre todo de la Primera Guerra Mundial y de la Crisis de 1929, y, de la frágil estructura económica brasileña, asentada sobre el monocultivo extensivo que en este momento se enfrentaba a una grave crisis con la superproducción de café[14].
El movimiento cooperativista en el período Vargas (1930-45)
Como consecuencia del contexto político y económico, el Decreto 22.239 de 19 de diciembre de 1932 se transformó en la primera ley fundamental que se basó en la doctrina rochdaleana y garantizó a las cooperativas un margen razonable de libertad de constitución y de funcionamiento. Estableció normas sobre la organización y el funcionamiento de la sociedad cooperativa, considerando las cooperativas sociedades de personas y no de capital, de naturaleza jurídica sui generis y con características específicas (artículo 2°), en el caso de las cooperativas de crédito. En el caso de estas últimas, permitió la constitución de otros tipos de cooperativas de crédito, algunas pendientes de autorización gubernamental.
Según Carlos M. Pinho, por su extensión, detalle de muchas de sus disposiciones, y forma general el Decreto 22.239 puede ser considerado un verdadero código del cooperativismo. Sus características generales son:
“a) variabilidade de capital social;
b) ilimitação do número de associados, sendo, entretanto, sete o número mínimo;
c) limitação do número de quotas-partes para cada asociado;
d) inacessibilidade das quotas a terceiros
e) ‘quorum’ para funcionamento das assembléias;
f) indivisibilidade do fundo de reserva;
g) área de ação determinada”[15].
Con el Decreto 22.239 surgieron otros tipos de cooperativas de primer grado, como las cooperativas de crédito agrícola, las cooperativas de crédito mutuo, las cooperativas populares de crédito urbano y las cooperativas de crédito profesionales, de clase o de empresas. Las cooperativas de crédito agrícola, bastante difundidas junto a las caixas rurais raiffeisen, se destinaban a conceder crédito a los productores rurales; las cooperativas de crédito mutuo eran cooperativas originadas del sistema desjardins que exigía un vínculo entre los asociados; las cooperativas populares de crédito urbano, como el propio nombre especifica, financiaba actividades urbanas y necesitaban autorización gubernamental para funcionar; y las cooperativas de crédito profesionales se diferenciaban de las de crédito mutuo por no exigir vínculo entre los asociados, solo afinidad profesional[16].
Como continuidad al proceso puesto en marcha se creó en 1933 el Departamento de Assitência ao Cooperativismo (DAC) anexo a la Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, el cual se transformó en un instituto oficial y pionero en la América Latina encargado de cuidar específicamente de las cooperativas.
La Constitución Federal de 1934, también garantizó la libertad de asociación y su disolución solamente por sentencia judicial, al mismo tiempo que el Decreto Ley 24.647 revocó el anterior Decreto 22.239/32. Con esto, el cooperativismo libre fue sustituido por el cooperativo sindicalista (artículo 113), asegurando la pluralidad y la autonomía sindical (artículo 120).
La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y el Decreto de “estado de sitio” dictados por el Presidente Getulio Vargas (1935) que se extendió del 1937 al 1945, así como la Carta Constitucional, trajeron a los sindicatos un periodo de amplio control estatal.
Sin embargo, ésta Carta Constitucional garantizó las libertades de asociación profesional y sindical (artículos 22 y 138), atribuyó a los Estados competencia para legislar sobre las cooperativas (artículo 18), con el objetivo de suplir las deficiencias de la ley federal. En 1938 el Decreto Ley 581 revocó el Decreto 24.647, ratificando, con esto el Decreto 22.239 de 1932 de carácter rochdaleano. Complementando las normas cooperativas, también estableció normas sobre la constitución, funcionamiento y fiscalización de las cooperativas de seguros.
Como resultado de todo ello, durante la década de 1930, hubo una proliferación del número de cooperativas agrícolas de 1° grado y la creación de las primeras federaciones de estas cooperativas, como la Federação das Cooperativas dos Plantadores de Bananas do Estado de São Paulo, Federação das Cooperativas Rio Grandenses de Vino, Federação das Cooperativas de Alcool e Aguardente do Rio Grande do Sul y la Federação Paulista das Cooperativas de Mandioca, Federação das Sociedades Cooperativas Profissionais de Produção de Mate do Paraná y Federação das Cooperativas de produção de Mate de Santa Catarina. Surgieron igualmente las primeras cooperativas de 2° grado: la Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo, Caixa Central de Crédito Agrícola da Paraíba (modelo Raiffeisen), Sociedade Cooperativa Agrícola Central de Fortaleza (estado de Ceará), Cooperativa Central dos Cafeicultores Paulistas, Cooperativa Central do Peixe do Rio de Janeiro, Cooperativa Central de Banguezeiros e Fornecedores de Cana de Halagaos; União Sul-Brasileira de Cooperativa Central, Cooperativa Central dos Beneficiadores de Caroá (Recife- estado de Pernambuco).
Otros decretos ley que siguieron, como el Decreto de n° 1.836 de 1939, permitieron la admisión de personas jurídicas en las cooperativas de industria extractiva, y los Decretos n°s 6.980 y 7.038 (1941), y la Ley n° 5.154 de 1942, regularon la fiscalización, la sindicalización rural y la intervención en las sociedades cooperativas; además del Decreto n° 160 (1943) hizo obligatorio el registro de las cooperativas. Esto permitió que el cooperativismo se diversificase y al mismo tiempo que los agricultores se organizasen en bancos de créditos y en cooperativas de 1° y 2° grados, como la de fruticultores de São Paulo y la Central de Aves e Ovos do Estado de Sao Paulo, a la vez que surgían organizaciones de actividades terciarias como la Federação das Cooperativas Escolares do Paraná[17].
Las cooperativas de mate comiezan también a estructurarse a partir de 1943, en el Sur y Oeste del estado de Paraná. Bajo la orientación de la Comissão de Organização Cooperativa dos Produtores de Mate, creada por el gobierno federal, tenían la función de luchar contra la caída de los precios del mate. En 1946 la Federação das Cooperativas de Mate do Paraná controlaba cien almacenes en toda la zona hierbatera paranaense y congregaba 14 cooperativas singulares, en las cuales estaban filiados más de diez mil productores[18].
Todavía durante el gobierno de Getúlio Vargas, el Estado brasileño, preocupado por modernizar la agricultura, dio los primeros pasos hacia este objetivo y editó el Primer Decreto-Ley, el de n° 7.002 (1944) que concedía ayuda para la instalación de una red nacional de almacenes de granos y semillas; una actitud completada cuatro años más tarde, en 1948 con la Ley n° 404 que favorecía la organización de las compañías, empresas agrícolas y cooperativas para la práctica de la mecanización agrícola.
También en 1944 se organizó el I Congreso Brasileño de Cooperativismo en São Paulo, el cual tuvo como uno de los objetivos conmemorar el centenario de la experiencia símbolo de los Pioneros de Rochdale.
El movimiento tras la vuelta a la democracia
Con la vuelta a la democracia formal y representativa la promulgación de la Constitución Federal en 1946 la libertad de asociación continuó garantizada (artículo 141, párrafos 12 y 13), inclusive de asociación profesional o sindical así como el derecho a huelga. Tres años más tarde, en 1949, la fundación del Centro Nacional de Estudos Cooperativos (CNEC), en Rio de Janeiro fue motivo de júbilo entre los cooperativistas brasileños.
En el inicio de la década de 1950, tras cinco años alejado del poder, Getúlio Vargas vuelve mediante elecciones generales y durante su gobierno hubo un intento de romper con el modelo económico tradicional conocido como modelo “primario exportador” y la implantación del modelo de “sustitución de las importaciones”. El resultado fue una industrialización acelerada pero parcial, que agravó las desigualdades regionales y las tensiones inflacionistas ya existentes.
Para el sector cooperativo fue una década en la que destacaron las organizaciones de uniones de cooperativas, como la União das Cooperativas do Estado de São Paulo (UCESP), la creación de la Aliança Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) en Rio de Janeiro y de la Unión das Associaciões Cooperativas (UNASCO) en São Paulo; ésta última formó una red de afiliadas en diversos estados brasileños.
En Brasil, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, las cooperativas agrícolas no solo fueron las más importantes en términos de volumen de negocio, sino también las principales responsables por la difusión del ideario cooperativista en el país.
En los estados productores de trigo, el Plano de Expansão Econômica da Triticultura Nacional y la Comissão de Organização Cooperativa de Produtores creados en 1957, propiciaron este mismo año la constitución de veinte cooperativas trigueras en el estado de Rio Grande do Sul, todas con la función de actuar como intermediarias entre los agricultores y el Banco de Brasil. Además, fomentaron la producción de semillas seleccionadas, construyeron silos para almacenaje de productos, y difundieron tanto técnicas de corrección del suelo como el uso de abonos químicos que llevaron al aumento de la productividad[19].
En los estados de Paraná, São Paulo y otros, en que el café se transformó en el principal producto cultivado, las cooperativas de “cafeicultores” tuvieron una importante expansión, estimuladas, principalmente por el Instituto Brasileiro do Café. Aunque se tienen noticias de una cooperativa de cafeteros fundada en 1939 por agricultores japoneses, fue a partir de la década de 1950 cuando aumentaron mucho, en unidades y asociados. Así, por ejemplo, en 1964 solo el estado de Paraná ya contaba con 34 cooperativas que tenían como principal meta hacer llegar el café hasta la capital paulista (São Paulo), el mayor mercado en aquella época. Su decadencia comienza a finales de la década de 1960, provocada por dos motivos. El primero, la superproducción de café en la segunda mitad de la década de 1960, y el segundo debido a las grandes heladas de 1975 que terminaron con millones de pies de café. Este último hecho motivó su erradicación y substitución por el cultivo de la soja mecanizada. Estos cambios en la década de 1960 hicieron florecer otro tipo de cooperativismo relacionado con la compra y venta de productos como la soja y el trigo, principalmente en los tres estados del Sur de Brasil[20].
En una evolución que reflejaba las necesidades del movimiento, surgió en la década de 1960, la primera federación de cooperativas, la Federação Leste Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito (FELEME), además de la Organização das Cooperativas da América (OCA) y la Associação Brasileira de Cooperativismo (ABCOOP) en substitución al Centro Nacional de Estudos Cooperativos (CNEC).
Lamentablemente, la coyuntura económica del país con su inflación galopante dificultó el trabajo de éstas y otras cooperativas, principalmente en los años 1980, conocidos como “la década perdida”.
Realizando una comparación entre los dos movimientos, europeo y brasileño, en la primera mitad del siglo XX la Profesora Diva B. Pinho, importante investigadora del tema cooperativista en Brasil y cuyo trabajo hemos utilizado ampliamente en estas páginas, comenta que a pesar de la legislación favorable que venía siendo aplicada poco a poco y de los tímidos adelantos del movimiento cooperativo en Brasil, las condiciones todavía eran muy diferentes de aquellas que determinaron la expansión del movimiento europeo. Para ella:
“Enquanto na Europa o cooperativismo representou, a partir de meados do século XIX, uma das inúmeras soluções que procuravan atenuar ou suprimir os desequilíbrios resultantes do liberalismo econômico, o Brasil enfrentava, então, problemas completamente diferentes: nossa indústria, demasiadamente incipiente, não sofrera diretamente o impacto da Revolução Industrial, nem tão poco reunia um grupo razoável de indivíduos com consciência de classe ou em condições de buscar solução para seus próprios problemas; a pequena propriedade, tão propícia ao cooperativismo, era pratiamente inexistente, predominando o latifúndio, a fazenda auto-suficuente, onde a vida girava em torno de um senhor autocrático; a populaçao era pequena e muito rarefeita, enquanto na Europa a alta densidade demográfica ensejava a busca de soluções para os mais complexos problemas econômicos da produção e da repartição.
Além disto, a escassez dos transportes isolava as regiões brasileiras sendo, na maioria dos casos, mais fácil a comunicação e o comércio com o exterior, através da navegação marítima internacional, do que entre os próprios estados brasileiros, ou, no mesmo estado, entre a faixa litorânea e o interior.
A esses fatores desfavoráveis juntaram-se mais dois outros, também importantes: o primeiro era a ausência de recursos humanos em condições de praticar o cooperativismo, pois, até 1888 o trabalho escravo impedia qualquer forma de associativismo; e o segundo era a predominância do espírito individualista – carcaterística, aliás, dos povos pioneiros, mas acentuada aqui pela imensidão e pelas dificuldades de comunicação.
Isso explica porque, no conjunto brasileiro, o cooperativismo tem sido essencialmente um movimento que parte de cima para baixo, isto é, da iniciativa oficial e da atuação de alguns idealistas para a massa popular, enquanto na Europa nasceu “das próprias entranhas do povo”, para usar a expressão de Gide”[21].
1964, la dictadura militar y la represión estatal sobre el cooperativismo
En 1964, tras la toma del poder por los militares, que se sucedieron en la presidencia del país hasta 1985, fueron diversos los cambios realizados con el intento de servir los intereses del nuevo régimen. Con características diferentes, para un mejor análisis puede ser dividido en dos períodos: el que siguió inmediatamente al golpe de Estado, con un exagerado control del país, y el posterior a 1975 de aspecto menos represor.
La primera fase dictatorial y sus efectos perversos sobre el cooperativismo
Uno de los resultados inmediatos de este primer período fue la aprobación de la Ley 4.595 (1964) que reformó el sistema bancario brasileño, sometiendo las cooperativas de crédito, a la normativa, del Conselho Monetario Nacional y la fiscalización, al Banco Central do Brasil, lo que equivalió a equipararlas a las demás instituciones financieras. Como resultado, hubo una reducción importante en el número de cooperativas de crédito en el país. Éstas volverían a resurgir dos década más tarde, primero en el estado de Rio Grande do Sul y posteriormente en otros estados brasileños[22].
A esto se sumaron otros elementos que llevaron al Sistema Cooperativista Brasileño a atravesar una seria crisis del 1965 al 1970. El Decreto-Ley 59/66 y su reglamento Decreto 60.597 de 1967 solo hacia mención a los bancos populares luzzatti y a las caixas rurais raiffeisen, además de determinar que las actividades de crédito de las cooperativas solamente podrían ser ejercidas por entidades constituidas exclusivamente con esta finalidad. Un fuerte control estatal de las cooperativas, incompatible obviamente con el espíritu democrático, típico de las cooperativas, que provocó una fuerte repulsa hacia la dictadura por parte del movimiento cooperativista brasileño.
Los militares, con un texto de apenas 26 artículos, dictaron el Decreto Ley 59/66 que revocó las leyes anteriores y, según Carlos Pinho, tuvo como defectos más importantes, los siguientes: 1) Principios generales deficientemente formulados; 2) Omisión de los principios cooperativos; 3) Paternalismo y centralización; 4) Inaceptable formalismo, exigencias previas para el funcionamiento de las cooperativas y, restricción del área de acción[23].
Un hecho que puede observarse en el enunciado que trata de la fiscalización de las cooperativas de crédito es éste: “As cooperativas que operam em crédito, continuarão subordinadas, na parte normativa, ao Conselho Monetário Nacional, e, na parte executiva ao Banco Central da República do Brasil”, depois Banco Central do Brasil[24].
Con la intención de organizar el sistema después de la represiva legislación impuesta, el Decreto 60.597/67, que reglamentó el Decreto Ley 59/66 además de establecer lo que se entiende por cooperativismo, explicó los principios que éstas sociedades debían poseer, e introdujo el principio de la adhesión voluntaria con un mínimo de veinte asociados para formar una cooperativa. También, entre otras consideraciones, distinguió los tipos de cooperativas, distribuyéndolas en tres grados: el primero para las cooperativas locales y regionales, el segundo para las cooperativas centrales y para las federaciones; y, finalmente, el tercero para las confederaciones[25].
Los años sucesivos (1966-1970) estuvieron marcados por un “endurecimiento” de la dictadura militar, con un fuerte “centralismo estatal” y una oposición al cooperativismo de crédito, tanto rural como urbano. Esto se puede verse claramente en el Decreto-ley 59 que creó el Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC), revocando el Decreto n° 22.239/32 y creó un fuerte sistema de control estatal.
Sin embargo, por otro lado y bajo el control del Estado, se creó el Banco Nacional de Habitação (BNH) que, a través de Cooperativas Habitacionais Operárias, organizó un sistema financiero para la adquisición de viviendas. Una manipulación contradictoria que desmantelaba el cooperativismo existente y pretendía organizar nuevas formas cooperativas bajo la tutela estatal.
En esta misma dirección, y garantizando la asociación profesional con la promulgación de la pretendida Constitución Federal de 1967, se fundaron órganos normativos intervencionistas, que podían interferir en el funcionamiento de las cooperativas para “resguardar la ley y defender el interés colectivo” y que por esto fue denominada como “intervención blanca”. Pero al mismo tiempo, la Resolução 99 de septiembre de 1968 autorizó el funcionamiento de cooperativas de crédito rural, según el Banco Central do Brasil, de innegable semejanza con las antiguas cooperativas de crédito agrícolas.
A nivel de organizaciones nacionales se unificaron las dos grandes organizaciones cooperativistas nacionales, la Aliança Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) y la Unión das Associaciões Cooperativas (UNASCO), que se fundieron en la Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), la única representante oficial del cooperativismo brasileño. También a partir de 1970 se inició a la instalación de las Organizações Estaduais de Cooperativas (OCEs) en diferentes Unidades de la Federación.
El cooperativismo bajo el control de la 2ª fase del régimen militar y de la Ley 5.764/71
Unificado el cooperativismo nacional y superado el período de “fuerte centralismo estatal”, la Ley 5764 substituyó las legislaciones anteriores definiendo la nueva política nacional de cooperativismo, instituyó el régimen jurídico de las cooperativas y promovió la formación de las Organizações Estaduais de Cooperativas en todos los estados brasileños.
Esta ley fue reglamentada por el Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC) a partir de resoluciones que complementaban los dispositivos legales. De orientación nítidamente empresarial, inició un período caracterizado como de “renovación de las estructuras”, que puso énfasis en la primacía de la calidad sobre la cantidad, estimulando la fusión de cooperativas aisladas y abriendo espacio para la integración vertical de cooperativas, asentadas sobre bases económicas más sólidas[26].
Algunas disposiciones de la nueva ley son dignas de comentarios. En cuanto a la definición de la política cooperativa la ley afirmó que el Poder Público ejercerá su actividad de apoyo al cooperativismo “principalmente mediante la prestación de asistencia técnica, de incentivos financieros y créditos especiales, necesarios para la creación, desarrollo e integración de las entidades cooperativas”[27]. Como se observa, fue un compromiso importante por parte del Gobierno Federal.
En lo referente a las cuotas-partes, la ley fue más esclarecedora que el antiguo Decreto Ley 59, estableció que “se limita el número de cuotas-partes para cada asociado, facultando, el establecimiento de criterios de proporcionalidad, si fuera más adecuado para el cumplimiento de los objetivos sociales”; y sobre la cantidad afirmó que ningún asociado podría suscribir más de un tercio del total, salvo en casos especiales. También definió el ato cooperativo como “os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para la consecução dos objetivos sociais”, lo que hizo posible establecer los parámetros que deberían ser utilizados entre las partes contratantes.
En su artículo IV la ley amplió la actuación social de las cooperativas determinando la obligatoriedad de la cooperativa a prestar asistencia a los asociados. En el capítulo VII, la ley considera la necesidad de crear tanto el fondo de reserva como los Fondos para la Asistencia Técnica, Educacional y Social (FATES).
Para evitar iniciativas cooperativas sin posibilidad de supervivencia, la Ley 5764 defendió en el capítulo IV la necesidad de demostrar la viabilidad de la cooperativa para conceder la autorización de funcionamiento, al mismo tiempo que en el capítulo VIII declaró libre la admisión en la cooperativa de todos los que estuvieren de acuerdo con sus propósitos y cumplieran los requisitos estatutarios.
En el capítulo X remitió a una comisión mixta para proceder a los estudios necesarios para la fusión, incorporación y desmembramiento de cooperativas; sin embargo, en el capítulo XI atiende a la disolución y liquidación de las cooperativas, que puede ocurrir en los siguientes casos: decisión de los asociados, transcurso del plazo prefijado para duración, consecución de los objetivos predeterminados, reducción del número mínimo de asociados o del capital social mínimo, cancelación de autorización de funcionamiento y paralización de actividades por más de 120 días.
Respecto al sistema operativo, el capítulo XII mencionaba el permiso a la cooperativa para operar como almacenadora de productos de sus asociados, la posibilidad de operar con no asociados, proporcionándoles bienes y servicios y adquiriendo sus productos. También se refiere a los perjuicios de las cooperativas que serían cubiertos con el Fondo de Reserva y si este resulta insuficiente, a prorrateo.
Como órgano fiscalizador sobre el mayor número de unidades cooperativas, el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) desarrolló numerosos programas en el campo cooperativista, como el Programa Nacional de Cooperativismo (PRONACOOP) con el objetivo de estimular la creación de cooperativas, racionalizar el cooperativismo, en especial en la agricultura, y crear estrategias de modernización y aumento de productividad; y el Fundo Nacional do Cooperativismo (FUNACOOP) con la finalidad de desarrollar proyectos de investigaciones científicas y tecnológicas, fomentar la producción intelectual sobre la doctrina y la práctica del cooperativismo y subsidiar la elaboración de proyectos cooperativos agroindustriales, entre otros.
Como resultado de un pequeño avance tras un retroceso importante, la nueva legislación dio un fuerte impulso asociacionista en el país en los años 1980, como alternativa a los pequeños negocios. En el sector rural, el fin de los subsidios estimuló el resurgir de las cooperativas de crédito apoyadas por las cooperativas agrícolas. Debido a esto, mientras en la década de 1970 en el estado de Rio Grande do Sul, se extinguieron más de 50 cooperativas de crédito, la década de los 80, con menor control estatal, fue conocida como un período de resurgimiento del cooperativismo de crédito rural y de su modernización[28]. Esto puede ser observado a través de la organización de la Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul Ltda., fundada por nueve cooperativas de crédito modelo Raiffeisen, supervivientes de la extinción de cooperativas iniciada con la reforma bancaria de 1964. Su objetivo: organizar el Sistema Nacional y asumir parte de las funciones del Estado en la financiación rural.
Dando continuación al proceso, la Ley 6.981 de 1982 introdujo modificaciones en la Ley 5.764 de 1971, y a partir de ese momento surgieron o resurgieron diversas otras cooperativas de crédito, como fue el caso de la Cooperativa de Crédito Agropecuaria do Oeste Ltda. (SECREDI) en Toledo, Oeste del estado de Paraná, que en el año siguiente se transformó en la Cooperativa Central de Crédito Rural do Paraná.
A escala brasileña la Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (CONFEBRAS) fundada en Vitoria, capital do estado de Espírito Santo en 1986 fue la primera cooperativa de 3° grado de Brasil que reunió varias Federações Estaduais ou cooperativas de crédito de 2° grado.
La prohibición constitucional de interferencia estatal y la autogestión del cooperativismo brasileño
La democratización del país a partir de 1985 y la constitución brasileña promulgada en 1988 creó condiciones para que las relaciones entre el Estado y el cooperativismo pasasen por cambios profundos, principalmente por dos motivos. Uno, como resultado de la alteración en el equilibrio de fuerzas de los poderes del Estado con la Constitución, que eliminó la primacía del Poder Ejecutivo; y la otra marcada por la retirada del Estado del terreno económico, debido a su incapacidad para atender la demanda que él mismo creó a lo largo de la historia.
El cooperativismo bajo la nueva constitución y los problemas coyunturales
Para el cooperativismo la disposición más importante de la Constitución de 8 de octubre de 1988, es el inciso XVIII del artículo 5°, donde se puede leer: “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. Con la entrada en vigor de la constitución el cooperativismo brasileño se equiparó al cooperativismo de los países desarrollados, libres de la tutela del Estado.
Otros artículos atienden también al cooperativismo. El artículo 174, párrafo 2° dice además, que “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo”, lo que otorga al Estado el papel de incentivar el cooperativismo, sin ejercer interferencia en la vida de las cooperativas.
Con relación a las cooperativas de crédito, concretamente, el artículo 192 menciona:
“Art. 192 – O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
(...)
VIII- o funcionamento das cooperativas de créditos e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras”.
Según Vergílio Perius, la constitución garantizó a las cooperativas de crédito las siguientes conquistas:
- “Inserção no sistema financeiro nacional;
- Tratamento igualitário em relaçao às demais instituições financeras, eis que seu funcionamento, operacionalidade e estruturação serão próprias das instituições financeras;
- Sua operação não se restringia à operação de instituição bancária, mas financera, o que amplia enormemente suas possibilidades de expansão e consolidação;
- Definição do funcionamento, da operacionalidade e da estruturação, em lei complementar, acoplada ao Sistema Financero Nacional”[29].
Considerando estas disposiciones de la Constitución de 1988 y previendo la revisión de la legislación cooperativista, el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley 1.709/89, que en 19 capítulos, entre otras medidas, establece: 1) el cambio de la expresión asociado por la de “socio”; 2) el no empeño de las cuotas-partes; 3) el retorno de remanentes que debe ser proporcional a las operaciones realizadas por los socios, al mismo tiempo que faculta a la asamblea general para darles otros destinos (art. 4°); 4) que los remanentes líquidos podrán ser incorporados al capital de los socios o destinados a la formación de capital rotativo (art. 59); 5) que la responsabilidad quede limitada al valor de capital subscrito (art. 2); y 6) que si concurren dos o más candidaturas el voto será secreto.
También permite la constitución de centrales o federaciones asociadas a cooperativas singulares y la afiliación de cooperativas, independiente de su grado. En el artículo 88 consta que existe la posibilidad de que las cooperativas participen de sociedades no cooperativas, públicas o privadas, mediante previa autorización[30].
A pesar de contar con una legislación que procura modernizar y preparar el sistema cooperativo brasileño para que pueda actuar en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, fueron diversos los obstáculos que tuvo que sortear en las últimas décadas. Dos de ellos ocasionaron un momento de crisis en el cooperativismo.
Uno se refiere a los efectos negativos de una hiperinflación y estancamiento que asoló la economía brasileña, enflaquecida y descapitalizada por la larga recesión económica, producto directo de sucesivos “choques” económicos que desmantelaron el sistema productivo brasileño principalmente a partir de 1985. El otro, resultó de la propia crisis del movimiento cooperativista internacional que, con la caída del socialismo real y la competencia con las empresas capitalistas, encontraba dificultad en conciliar los valores de referencia del Cooperativismo aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con los obstáculos que era preciso superar.
Aunque con estas dificultades, el movimiento cooperativo brasileño ha intentado utilizar espacios hasta entonces no permitidos. Además de participar de debates relativos a grandes temas nacionales, en el campo económico pasó a defender cuestiones relacionadas con la autogestión y con la actuación del Estado, a la vez que surgió una discusión interna para la relectura de la norma rochdaleana que trataba de la neutralidad política.
Para comprender la vulnerabilidad del cooperativismo brasileño en este período, Diva B. Pinho cree que es necesario considerarlo a partir de dos grupos de problemas que se relacionan y se encadenan: los problemas de su crecimiento sin sustentación estructural de crédito cooperativo y aquellos resultantes de los impactos de la larga recesión económica. En el primer caso, fue insuficiente el esfuerzo de concentración horizontal y vertical (centrales, federaciones y confederaciones), de reducción de los costes (racionalización administrativa, economía de escala y otras) y de creación de holdings para dirigir grandes complejos de cooperativas, ya que las empresas disponen de estructura más flexible o pueden dedicarse a actividades que las cooperativas no pueden legalmente realizar por ser sociedades de personas y no de capital.
Según la misma autora, la falta de un sistema propio para captar recursos y reinvertirlos en el sector cooperativo dificultó el desarrollo de las cooperativas, obligándolas a pagar altos intereses impuestos por el sistema bancario y financiero[31].
A las dificultades coyunturales se añadieron los problemas políticos y económicos que en 1992 culminaron con el impeachment del Presidente Collor de Mello y que generaron dificultades administrativas en el área cooperativista.
Con el impacto del Plan Collor I y II, entre 1990 y 1992 que retuvieron los depósitos en cuenta corriente, se intensificaron el esfuerzo de reducción de los costes y el aumento de la eficiencia y la eficacia para hacer frente a la desfavorable coyuntura económica.
En un documento, la Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) describe así las dificultades vividas por la entidad, desde finales de la década de 1980 al final de la década de 1990:
“Em 1988, o X Congresso Brasileiro de Cooperativismo propôs, a Constituição Federal previu, mas a ausência de legislação que previsse uma fonte própria de recursos impediu, por dez anos, que a autogestao das cooperativas se tornasse uma realidad contínua e permanente em todo país.
O Cooperativismo agropecuário, então o principal ramo em atividade no Brasil, sofria com os sucessivos planos econômicos do governo. Programas que buscavam a liberalização da economia e a redução da intervenção do Estado na agricultura provocaram o endividamento dos produtores rurais- e consequentemente das cooperativas agropecuárias”[32].
El primer paso hacia una solución surgió con el planteamiento de dos programas. Uno preveía la liberación de recursos para las cooperativas que presentasen un proyecto de reestructuración que las volviesen auto-sostenibles. El otro, hacía viable la implantación del Programa de Autogestão, que permitía al cooperativismo conquistar la soñada autonomía de que disponía la Constitución Federal de 1988. Para esto, el 3 de septiembre de 1998 el gobierno editó la Medida Provisória 1.715, creando el Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias (RECOOP) y el Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).
En cuanto a las cooperativas de crédito, la Resolución 1.914 de 1992 del Conselho Monetario Nacional reglamentó la constitución y el funcionamiento de las cooperativas de crédito y les concedió viabilidad operacional con la que superaron parte de las dificultades creadas por rígidas normas en vigor durante veintiocho años, desde las medidas del Gobierno Militar que ilegalizaron las cooperativas de crédito en 1964. Un proceso que tuvo continuidad durante las décadas de 1990 y 2000. En 2000 la Resolução 2.788 permitió la constitución de bancos cooperativos múltiples. Una actitud que fue acompañada de otras medidas y dio frutos en la segunda década de 1990.
También es importante señalar que en el campo de la competencia por los mercados, el cooperativismo brasileño de los años 1990 se caracterizó por una búsqueda constante en su adaptación para asumir los cambios internacionales, principalmente los relacionados con la globalización de los mercados y con la eliminación de barreras arancelarias entre bloques económicos regionales pertenecientes a América Latina (Mercosul) y Europa (Unión Europea).
Asociadas a éstas surgieron otras alternativas como la implantación de la Cooperativa Exportadora e Importadora de Cooperativas S/A con el objetivo de reducir gastos operacionales, obtener financiación y reducir riesgos; se creó un Banco Cooperativo cuyo plan inicial era la capitalización de cooperativas agrícolas sobre todo en el Centro-Sur del país, incluso con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); hubo también una integración de las cooperativas en el programa de reforma agraria; y se produjo finalmente, la participación en actividades relacionadas con la cuestión ambiental en Amazonía y el cerrado brasileño.
No se ahorraron tampoco esfuerzos en lo referente al uso de nuevas tecnologías, como a la biotecnología y a la ingeniería genética acompañadas de la inserción de la robótica e informatización de la producción y de los servicios, asociados al aumento de productividad: las cooperativas no podían quedarse al margen de estos profundos cambios mundiales. Tanto es así que el año de 1991 fue declarado por el Gobierno Federal como “Año de la Calidad y de la productividad”, y a él siguieron otros años de la década de 1990 donde el lema era la necesidad de cambio de estrategias para promover el aumento de la calidad y el volumen.
Así mismo, el proceso de democratización y los nuevos avances cooperativos hicieron que la Ley 5.764 de 1971 quedara disociada de la realidad del cooperativismo brasileño.
En los últimos años, las discusiones sobre la necesidad de una nueva ley para el cooperativismo ganaron impulso. En el 2003, el gobierno federal instituyó el primer Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) del cooperativismo, con el objetivo de diagnosticar la situación de este y definir las actuaciones en el sector. A finales del 2004 fue creado el segundo GTI que tuvo como misión presentar propuestas para una nueva ley.
La creación en 2005 de la União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, conocida por la sigla UNICAFES, en el I Encontro Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária, fue otro paso importante. Juntamente con la Associação Nacional do Cooperativismo da Economia Familiar e Solidária (ANCOSOL) y otras entidades afines, tienen la función de estudiar y presentar proyectos para atender las necesidades de la agricultura familiar en lo referente a temas más generales como la elaboración de una nueva ley de cooperativas, la regularización de las cooperativas de crédito, la relación institucional con el Banco Central y el fortalecimiento de las representaciones regionales y nacionales.
Asegurar al cooperativismo amplia libertad de organización y de representación, es condición necesaria para su expansión, porque la estructura única de representación vigente hasta la Constitución de 1988 no favoreció el florecimiento de nuevas cooperativas. Según el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), en 1960, antes de la dictadura militar existían un total de 4.653 cooperativas en Brasil. En 1981, ya al final de este período, la cantidad había caído a 2.208. En 2005, se estimaba que eran más de 20 mil las cooperativas registradas en las Juntas Comerciais[33].
El impulso a las cooperativas de crédito
En un contexto en el que el cooperativismo brasileño fortalecía su participación en representaciones internacionales, - como muestra que en 1997 fuese elegido un brasileño para presidir la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) - las cooperativas de crédito dieron un paso importante hacia su sistema de organización. Se constituyeron centrales y confederaciones a partir de tres sistemas distintos: el Sistema de Crédito Cooperativo (SICREDI), el Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB) y el Sistema de Cooperativas de Crédito Profissionais da Saúde (UNICRED).
Según la Organização das Cooperativas Brasileiras el sistema de crédito se fortalecía, pero aún no estaba completo. El Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNC), que durante décadas había realizado todas las operaciones del sistema financiero, había sido extinguido por el gobierno en 1990, y las cooperativas de crédito pasaron a depender de los bancos comerciales. Esta dependencia dificultaba y hacía más costosas las operaciones del sistema. La solución, según la misma fuente, vino cuando el Conselho Monetario Nacional dictó la Resolución 2.193/95, autorizando la creación de los bancos cooperativos. En 1996, se creó el Banco Cooperativo Sicredi S.A. (BANSICRED) y en 1997, el Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB)[34].
El Bansicredi S. A, se constituyó a partir de las Cooperativas afiliadas a la central SICREDI, en el Estado de Rio Grande do Sul, autorizado por el Conselho Monetario Nacional para acceder a los productos y servicios bancarios vedados a las cooperativas por la legislación y para administrar los recursos financieros en gran escala. En 1999 consiguió autorización para operar con el crédito rural. Con esta estructura su actuación se expandió hacia otros estados del sur de Brasil y del centro oeste, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.
Respecto a la creación del Banccob S.A., la aprobación de su funcionamiento fue dada por el Banco Central Brasileiro y constituida por cinco Centrais de Crédito Urbano y seis Centrais de Crédito Rural de ocho estados brasileños.
A estos dos sistemas se filiaron innumerables cooperativas de crédito, fortalecidas en centrales y confederaciones.
Además del Sistema de Crédito Cooperativo do Rio Grande do Sul (SICREDI-CENTRAL) con casi 100.000 asociados; también se fundaron la Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mutuo do Estado do Pará (CECRESPA), la Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mutuo do Estado do São Paulo (CECRESP) y la Associação Nacional das Cooperativas de Crédito (ANCOOP), entre otros ejemplos más.
La Resolução 2.688, del año 2000, permitió la constitución de bancos cooperativos múltiples, lo que aumentó el radio de acción de éstas para atender las necesidades de sus asociados. Los servicios se ampliaron y por esto un agricultor asociado a una cooperativa de crédito hoy, puede, por ejemplo, contratar seguros y préstamos personales en la propia cooperativa de la que es socio, sin necesidad de recurrir a bancos “convencionales”, como sucedía anteriormente.
En el año 2002 la Resolución 3.958 abrió la posibilidad de formación de cooperativas de pequeños empresarios, microempresas y emprendedores de mínima envergadura, responsables de negocios de naturaleza industrial, comercial o de prestación de servicios, incluidas las actividades del área rural, cuyos ingresos brutos anuales, en el momento de la asociación, fueran iguales o inferiores al límite establecido por la legislación en vigor para las pequeñas empresas. En 2003 vuelve a darse el permiso para constituir cooperativas de libre admisión de asociados.
La emergencia de la vertiente cooperativista de economía solidaria
Este esfuerzo de revitalización de las cooperativas se inserta en un movimiento más amplio de modernización de las actividades y de ampliación de la democracia, y gana resonancia con las discusiones sobre economía solidaria. Una perspectiva que se distancia de aquella de los años 1970/80 en que el cooperativismo brasileño controlado por el Estado, actuaba de forma autoritaria y centralizadora apoyando una “modernización conservadora” volcada a los intereses de la agricultura de exportación en detrimento de una agricultura de subsistencia desarrollada por la agricultura de base familiar[35].
Esta nueva vertiente de carácter “incluyente” surge en Brasil en la década de 1980 y gana impulso en la década siguiente, como parte de un fenómeno observado también en otros países. Se trata de una nueva “forma social de producción” cuya tendencia es impulsar una línea alternativa al cooperativismo convencional y al mismo tiempo crear otras estrategias de supervivencia a los económicamente más débiles, no vinculada a los programas asistenciales, pero sí a actividades productivas desarrolladas colectivamente.
Su origen esta vinculado a las condiciones socioeconómicas y políticas de las últimas décadas, principalmente la de 1980 en que la estructuración productiva y la crisis industrial trajeron los primeros grandes ejemplos de cooperativas de trabajadores que se hicieron cargo de las empresas en que trabajaban y que habían quebrado. Fueron sus principales exponentes estas cooperativas de trabajo, el surgimiento de cooperativas asociadas a empresas familiares y las cooperativas en asentamientos de trabajadores sin tierras.
Según Emanuel Silva y sus colaboradores cinco son los factores que parecen haber contribuido a este cambio de enfoque:
a) a revitalização dos conceitos e da prática cooperativa a partir de um balanço em relação às práticas do passado;
b) o crescimento do desemprego estrutural, estimulando a proliferação de organizações de economia solidária;
c) o caráter competitivo da globalização que impõe práticas cooperativas com boa performance empresarial;
d) a flexibilização das relações de trabalho, estimulando práticas autogeridas; e
e) a ampliação das discussões em torno dos conceitos de desenvolvimento local e de idéia de economia social e de terceiro setor[36].
Con orígenes diferentes, estas actividades autogestionadas constituyen, según José Ricardo Tauile (2005), por lo menos dos amplios conjuntos. En uno de ellos están empresas que pasaron o aún hoy pasan por un proceso de quiebra o pre-quiebra, mientras el otro grupo tiene su germen a partir del estímulo de políticas progresistas o creadas espontáneamente a partir de iniciativas comunitarias. En cualquier caso, según el autor, algunas comunidades locales se organizan cooperativamente para conseguir la subsistencia de sus integrantes supliendo, a veces, carencias sociales propias.
Así, por sus características, este asociacionismo abarca ampliamente segmentos poblacionales que por su situación social y económica no tenían acceso al cooperativismo convencional, y según Nyssens y Gaiger se ha convertido en un eficiente mecanismo generador de trabajo y renta, a veces alcanzando niveles de desempeño que permiten a estos grupos permanecer en el mercado, con razonables perspectivas de supervivencia (Nyssens, 1996; Gaiger et al., 1999)[37].
Las investigaciones que tratan del tema son innumerables. Para no alargarnos, comentaremos unos pocos planteamientos que nos parecen ser los que más se acercan al problema que estamos estudiando. Antes todavía, creemos indispensable definir esta nueva modalidad de asociacionismo y mencionar su importancia y características, lo que hacemos a través de las palabras de Gabriel Kraychete:
“(...) Pode-se afirmar que estas atividades, em seu conjunto, sustentan una economia dos setores populares, envolvendo, mesmo que de modo disperso e fragmentado, um extenso fluxo de produtos, serviços e modalidades diversas de trocas e mercados. Face à existencia de diferentes denominações – economía popular, economia popular e solidária, socioeconomia solidária- convencionamos designar por economia dos setores populares as atividades que, diferentemente da empresa capitalista, possuem uma racionalidade econômica ancorada na geração de recursos (monetário ou não) destinados a prover e repor os meios de vida, e na utilização de recursos humanos próprios, agregando, portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital. No âmbito dessa economia dos setores populares convivem, além das atividades realizadas de forma individual ou familiar, as diferentes modalidades de trabalho associativo, formalizada ou não, a exemplo das cooperativas, empreendimentos autogestionários, oficinas de produção associada, centrais de comercialização de agricultores familiares, associação de artesãos, escolas e projetos de educaçao e formação de trabalhadores, organizações de microcrédito, fundos rotativos, etc”[38].
Se trata de una nueva forma social de producción en que el planteamiento de investigadores está siendo llevado a discusiones que analizan su relación, o mejor su no relación con la lógica del capital. Es el reverso de la lógica del capital, según palabras de José Luis Coraggio, al mencionar que la racionalidad de esta economía está anclada en la generación de renta destinada a proveer y reponer los medios de vida y en la utilización de recursos humanos propios, englobando unidades de trabajo y no de inversión de capital. Y que difiere de las empresas, que tienen por objetivo la acumulación de capital, ya que al contrario de éstas, la racionalidad económica de estos emprendedores populares están subordinados a la lógica de la reproducción de la vida familiar[39].
Este planteamiento lleva a otros estudiosos del tema, como Luiz Inácio Gaiger, a comparar esta nueva forma social con la denominada economía campesina en lo que se refiere a su estructura de funcionamiento. Estas son sus palabras:
“UMA FORMA SOCIAL SOLIDÁRIA DE PRODUÇÃO? O fenômeno da economia solidária guarda semelhanças com a economia camponesa. Em primeiro lugar, porque as relações sociais de produção desenvolvidas nos empreendimentos econômicos solidários são distintas da forma assalariada. Muito embora, também aqui, os formatos jurídicos e os graus de inovação no conteúdo das relações sejam variáveis e sujeitos à reversão, as práticas de autogestão e cooperação dão a esses empreendimentos uma natureza singular, pois modificam o princípio e a finalidade da extração do trabalho excedente. Assim, aquelas práticas: a) funcionam com base na propriedade social dos meios de produção, vedando a apropriação individual desses meios ou sua alienação particular; b) o controle do empreendimento e o poder de decisão pertencem à sociedade de trabalhadores, em regime de paridade de direitos; c) a gestão do empreendimento está presa à comunidade de trabalho, que organiza o processo produtivo, opera as estratégias econômicas e dispõe sobre o destino do excedente produzido (Verano, 2001). Em suma, há uma unidade entre a posse e o uso dos meios de produção.
De outra parte, o solidarismo mostra-se capaz de converter-se no elemento básico de uma nova racionalidade econômica, apta a sustentar os empreendimentos através de resultados materiais efetivos e de ganhos extra-econômicos. Pesquisas empíricas vêm apontando que a cooperação na gestão e no trabalho, no lugar de contrapor-se aos imperativos de eficiência, atua como vetor de racionalização do processo produtivo, com efeitos tangíveis e vantagens reais, comparativamente ao trabalho individual e à cooperação, entre os assalariados, induzida pela empresa capitalista (Gaiger et al., 1999; Peixoto, 2000). O trabalho consorciado age em favor dos próprios produtores e confere à noção de eficiência uma conotação bem mais ampla, referida igualmente à qualidade de vida dos trabalhadores e à satisfação de objetivos culturais e ético-morais. Esse espírito distingue-se da racionalidade capitalista – que não é solidária e tampouco inclusiva – e da solidariedade popular comunitária – desprovida dos instrumentos adequados a um desempenho sócio-econômico que não seja circunscrito e marginal[40].
Con un vínculo variable, a veces restringiéndose a dispositivos funcionales para economías de base individual o familiar, otras veces alcanza la socialización plena de los medios de producción y antepone los intereses de cada uno a una especie de empresa asociativa plenamente autogestionaria. Su éxito, se debe a los efectos positivos de su carácter cooperativo. Para ellos, según Gaiger, el trabajo ejerce un papel nítidamente central en favor del esta actividad y de una mayor racionalidad en el trabajo:
“Ao propiciar uma experiência efetiva de dignidade e eqüidade, o labor produtivo é enriquecido do ponto de vista cognitivo e humano. O maior interesse e motivação dos associados, o emprego, mutuamente acordado, da maior capacidade de trabalho disponível, a divisão dos benefícios segundo o aporte em trabalho, são fatos relacionados com a cooperação, no sentido de acionar o favorecer um maior rendimento do trabalho associado”[41].
Según el autor, a medida que se acentúan, provocan una reversión del proceso que tuvo lugar en los orígenes del capitalismo, cuando el trabajador fue separado de los objetos por él producidos y se convirtió en propiedad de otro, en mercancía adquirida y destinada al uso del capital. La autogestión y la cooperación producen, según eso, una reconciliación entre el trabajador y las fuerzas productivas que él detenta y utiliza. No siendo mas un elemento desechable y no estando ya separado del producto de su trabajo, ahora bajo su dominio, el trabajador recupera las condiciones necesarias, aunque a veces no suficientes, para una experiencia integral de vida laboral y asciende a un nuevo estadio de satisfacción, de atención a sus aspiraciones no solo materiales o lucrativas. Por consiguiente, las relaciones de producción de estas empresas solidarias no son solo atípicas para el modo de producción capitalista, sino contrarias a la forma social de producción asalariada: en ésta, el capital emplea el trabajo; en aquellos, los trabajadores emplean el capital.
Este resultado lleva a entender las asociaciones solidarias como expresión de una forma social de producción específica contrapuesta a la forma típica del capitalismo.
Argumentos similares han sido defendidos igualmente por Paul Singer, en defensa de la profundidad del cambio contenida en la economía solidaria, considerando la necesidad del aprendizaje de un nuevo modelo económico por los trabajadores. La mejora significativa en las condiciones de vida, procedente del trabajo en una empresa autogestionária, y el fortalecimiento que tales hechos representan un gran avance en la lucha general de los trabajadores contra la exploración capitalista. En verdad cualifican la transformación social a largo plazo, ya que la alternativa solidaria, en si misma, es la puesta en marcha de un nuevo modo de producción, en el sentido amplio y profundo que el término contiene[42].
En este contexto, están apareciendo iniciativas de gran interés, como redes y clubes de cambio, las cooperativas de crédito y otras, alternativamente a la lógica mercantil del dinero y de los cambios en general, en algunos casos de modo experimental y subsidiario.
Con referencia a las cooperativas de crédito, representó un gran avance la creación de ECOSOL (Central de Cooperativas de Crédito de Economía Solidaria) en diciembre de 2002, formada por cooperativas de crédito rurales y urbanas que funcionan como instituciones financieras locales autogestionarias. Su aprobación se hizo en febrero de 2004, por el Banco Central. Actúa con 30 bases de apoyo de servicio en conjunto con organizaciones como la Agencia de Desenvolvimiento Solidario ligada a CUT (Central Única de los Trabajadores), SEBRAE Nacional (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), Cáritas Brasileña, el DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos), además de las organizaciones europeas ICCO (Interkerklijke Coordinatie Commissie de Ontwikkelings, Holanda) y las alemanas Fundação Rosa de Luxemburgo y DGB (Confederación Sindical Alemana).
El origen de ECOSOL está vinculado al contexto de crédito bancario brasileño de las últimas décadas. Como vimos, el Banco de Brasil, órgano oficial para administrar la demanda de crédito de pequeños productores y empresarios, ya no cumplía este papel desde los años ochenta, cuando los programas de fomento crediticio se concentraban en el Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que por su estructura centralizada no conseguía atender a los municipios del interior de los estados. Tampoco conseguieron atender la demanda los agentes financieros privados que el BNDES utilizó para desarrollar este trabajo, ya que carecían de autonomía suficiente para realizar operaciones diversificadas y alternativas.
Como resultado, mientras se experimentaba un gran desenvolvimiento de la red de bancos privados, el sistema cooperativismo brasileño de crédito marginado clamaba por mejoras. El impasse creado y las discusiones por él generadas, rompieron la “representación única” del cooperativismo brasileño que tenían la Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) y se creó una nueva división dentro del cooperativismo. Mientras la OCB continuó liderando la mayoría del denominado “cooperativismo tradicional”, la creación de la Secretaria Nacional de Economia Solidaria aglutinó las cooperativas de un sistema nuevo: el Sistema de Economia Solidaria (ECOSOL).
Con una fuerte tendencia de crecimiento, sobre todo en la rama de trabajo y microcrédito, las cooperativas de economía solidaria están procurando invertir en el desarrollo de la educación cooperativa, incentivando la fidelidad y el compromiso de los cooperados con la cooperativa por medio de contratos y proyectos especiales. Está volcada al desarrollo local y al fortalecimiento financiero de las asociaciones y cooperativas solidarias se produce a través de la captación del ahorro local y de la financiación de actividades productivas.
A este proyecto se suman otros muchos. Con la creación de la Agencia de Desarrollo Solidario por la CUT, otros sindicatos como el Sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista (la mayor área industrial de São Paulo) ha transformado ya en cooperativas a 11 empresas capitalistas que estaban en vías de quiebra. Su meta es colaborar en la creación de más de 60 cooperativas de desempleados en todo estado de São Paulo[43].
Por su parte, la ANTEAG (Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária) ha formado una asociación de empresas de autogestión y co-gestión con más de 50 empresas y cerca de 20.000 trabajadores asociados en éstas. A través de convenios con órganos públicos como el Ministerio de Trabajo y otros organismos, busca establecer la cooperación técnica para el desarrollo de metodologías y técnicas profesionales destinadas a atender a los trabajadores asociados y autogestionados. Su objetivo principal es capacitar para la autogestión y la economía solidaria a través de oficinas de desarrollo en diferentes ramas de actividad como medio ambiente, área jurídica, desarrollo de redes, estudios de viabilidad económica, cualidad y tecnología.
Se debe destacar igualmente la red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) . Se inició a mediados de la década 1990 en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y en su primera década de existencia se han creado cerca de una veintena de nuevas ITCP en universidades de las cinco regiones brasileñas. La propuesta de esta red de “incubadoras” es apoyar la formación y consolidación de cooperativas orientadas por los principios de la autogestión a partir de recursos y conocimiento técnico disponible en las universidades. La idea es atraer profesores e investigadores universitarios además de estudiantes interesados en la búsqueda de proyectos alternativos y que atiendan las demandas sociales más urgentes.
La metodología de las ITCP varía de acuerdo con cada universidad y en función de las especificidades de cada institución o de las diferencias regionales. Sin embargo, la defensa de los principios unitarios como el respecto a la autonomía y autogestión de los emprendimientos, el apoyo a las cooperativas que valoren el trabajo y la acción formativa de calificación y capacitación como parte fundamental del “proceso de incubación” son fundamentales y van acompañados por asesorías y consultorías prestadas directamente a las cooperativas[44].
Son organizaciones que en su mayoría atienden proyectos del área urbana y rural indistintamente. Sin embargo, el sector agrícola también posee importantes ejemplos de autogestión y cooperación practicada en colectivos de producción como el de los asentamientos y reasentamientos rurales, bajo forma de cooperativas agropecuarias y otras formas asociativas. Se modifica la forma social de producción, sin embargo en la mayoría de los casos la base técnica y las innovaciones tecnológicas, derivada del estado de las fuerzas productivas permanece intocada o superficialmente alterada[45].
Esto puede observarse con relación a las líneas de microcrédito CRESOL (Sistema de Cooperativas de Crédito Rural con Interação Solidaria). Se trata de uno de los ejemplos más activos, que tiene sus orígenes en el sudoeste del estado de Paraná, pero se ha expansionado luego por toda la Región Sur de Brasil. Actualmente posee una amplia red de servicios en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, y al formar parte de la ECOSOL esta dirigida hacia los intereses de sus asociados, en su mayoría pequeños agricultores familiares[46].
Sim embargo, siempre que es necesario, activa también los mecanismos que le permiten atender a una parcela de la población que se encontraba excluída de los servicios bancários, sin acceso a una cuenta bancária y a un préstamo, como es el caso extremo de los sin-techo y sin-tierra. Diva Pinho hace un breve relato sobre los rasgos que definen a estas cooperativas, distinguiéndolas de las demás:
“(a) livre associação de pessoas sem nenhum tipo de vínculo entre elas a não ser a delimitação geográfica; (b) definição dos juros sobre os empréstimos pelos próprios cooperados em assembléia; (c) captação de depósitos à vista e à prazo, mas apenas junto aos próprios associados, aliás, os únicos que podem receber empréstimos; (d) ampliação e difusão do sistema cooperativo de crédito como alternativa a bancos e financeiras, para diminuir os juros dos empréstimos; (e) facilidade para formar cooperativas, principalmente em pequenos municípios sem atendimento do sistema bancário; (f) democratização do acesso ao crédito e pressão sobre os bancos para a redução dos spreads (diferença entre a taxa de captação e de aplicação), embutidos nos juros al tomador final; (g) criação de canais de concessão de microcrédito, inclusive com repasse de recursos de bancos oficiais às cooperativas que se formarem a partir do novo modelo (como repasse de recursos do Programa de geração de Emprego e Renda, Proger, do Banco do Brasil (...)”[47].
Otro de los ejemplos más conocidos de cooperativas que pertenecen al Sistema de Economia Solidaria (ECOSOL), son las cooperativas agrícolas del Movimento dos Sem Terra (MST), que a partir del final de la década de 1980 han implantado diversas experiencias con asociaciones de cooperación agrícola y desarrollo económico de los asentados. Incluso con la creación de un Sistema Cooperativo dos Assentados (SCA) y con la fundación de la Confederação das Cooperativas da Reforma Agraria (CONCRAB).
El Sistema Cooperativo dos Asentados está formado por comunidades estimuladas a trabajar de forma colectiva, con el objetivo de satisfacer sus necesidades primarias, racionalizar diversas funciones como la comercialización, la gestión de créditos, asistencia técnica, planificación de la producción, además de la compra de abonos, herbicidas y aperos, propiciando el aumento de la producción.
Los datos del Sistema Nacional de Informações em Economia Solidaria (SIES) divulgados en su Atlas (Ministério do Trabalho e Emprego) sobre la economía solidaria en Brasil nos permite observar que en 2005 existían ya cerca de 15.000 empresas solidarias en más de 2.200 municipios brasileños (el 41 por ciento del total). El 50 por ciento de ellos se localizaba en el área rural, un 33 por ciento en el área urbana y otro 17 por ciento actuaba en ambas áreas.
Este Atlas también publica que poco más del 40 por ciento de estas empresas y del 46 por ciento del valor producido estaban relacionados con las actividades agropecuarias, la extracción y la pesca. Sobre la comercialización, los datos demuestran que en su mayoría los productos tenían como destino los mercados comunitarios y locales, y que el 80 por ciento de los emprendedores declaró que con la venta obtenía como máximo un salario mínimo mensual. La encuesta también alertó de que el 61 por ciento de estos, tenía dificultades para comercializar sus productos, un 49 por ciento para acceder a créditos y otro 27 por ciento a asistencia técnica, y que en su mayoría formaban parte de redes y movimientos sociales y populares[48].
Los hechos demuestran la importancia del movimiento cooperativo, a partir de las asociaciones creadas por inmigrantes que fueron fundamentales en su supervivencia en áreas distantes y sin infraestructura o considerando la reciente vertiente de la economía solidaria. Su aplicación con diferentes objetivos y características ha producido, en más de un siglo de existencia en Brasil, nuevas perspectivas especialmente entre la población menos asistida social y económicamente. Por eso este movimiento debe ser estimulado tanto política como social y económicamente, para que sea una forma más que contribuya a la disminución de las grandes diferencias sociales existentes en Brasil y en gran parte del mundo.
Notas
