EL PANTANO DE NÍJAR: ANTECEDENTES Y PRIMEROS TIEMPOS DE UNA EMPRESA FRUSTRADA (1841-1850)

Enrique Fernández Bolea

Palabras clave: recursos hídricos, obras hidráulicas, Levante español

Key words: hydrological resources, hydraulic public works, Spanish East

Una respuesta secular a la escasez de recursos hídricos. en los inicios de la gran hidráulica contemporánea

Los antecedentes son abundantes y lejanos en el tiempo. El sureste peninsular, aquejado de una indigencia pluviométrica endémica, ha visto como sus habitantes se han enzarzado tradicionalmente en una lucha titánica por aprovechar hasta la última gota de agua que resbalaba sobre su árida faz. Romanos, primero, y árabes, después, protagonizaron meritorios esfuerzos por acumular en reservorios esos escasos e irregulares caudales, aportados casi siempre por cursos que han recibido la denominación de ríos-rambla. Se trataba de aprovechar, de este modo, el potencial hidrológico de las cuencas ubicadas en las pequeñas cadenas montañosas prelitorales, castigadas por un régimen pluviométrico incierto donde a la torrencialidad de esporádicas precipitaciones podían suceder dilatados episodios de extrema sequía.

Fue a partir del siglo XVI, consolidados ya los procesos de reconquista y repoblación sobre los solares levantinos, cuando los organismos y colectividades cristianas promuevan la construcción de nuevos embalses o recuperen otros arruinados y en desuso. Unas veces con el solo concurso de la iniciativa local y otras con la ayuda de la Corona, que enviará técnicos y cederá a los concejos la competencia de recaudar impuestos con destino a la financiación de las obras, se afrontarán en las centurias venideras decisivos proyectos para garantizar el abastecimiento de los regadíos tradicionales. Y estas lógicas pretensiones coincidirán en el tiempo con el afianzamiento de algunas innovaciones técnicas que van a contribuir a la solidez y seguridad de los futuros reservorios; me estoy refiriendo a la presa en arco, con la que se contrarrestaban los efectos de la presión hidrostática sobre el dique, contribuyendo de este modo a la estabilidad de la infraestructura[1]. Como consecuencia de esta novedad se aligeraba el muro o dique hacia la coronación mediante escalones o talud en el paramento de aguas abajo. Fruto de la aplicación de esta técnica se producirá en 1584 la reconstrucción de la presa de Almansa, con una capacidad de 2,8 millones de m³; el famoso pantano de Tibi[2], levantado entre 1580 y 1594, y cuyo dique, con 43 metros de altura, retenía entre 3,7 y 5,4 millones de m³; la presa de Elche, iniciada en 1632, reparada en diversas ocasiones a lo largo del siglo XVIII y rehabilitada en 1843 para contener 3 millones de m³; o la presa de Relleu, en Villajoyosa, construida en 1653 y con capacidad para 6 millones de m³.

La función primordial de todas ellas no era otra que alejar el fantasma de desabastecimiento que se cernía sobre las vegas de los valles cuando una seca, con más frecuencia de la deseada, se apoderaba del territorio. A este objetivo apremiante unirán los promotores de aquellas obras públicas la necesidad de regular, mediante su laminación, las periódicas avenidas, disminuyendo así su poder destructivo sobre cultivos y personas.

Ahora bien, como se anotaba más arriba, estas iniciativas locales no ambicionarán otra cosa que la propia permanencia y garantía de unos riegos que se habían ido consolidando en las centurias precedentes mediante el aporte de los recursos que proporcionaba la hidráulica tradicional. Es verdad que, hasta la construcción de estos grandes depósitos, se aprovecharon únicamente las aguas de manantiales y pozos, recursos muy expuestos a los caprichos de una climatología habitualmente adversa. Pero estas limitadas perspectivas locales se ampliarán enseguida con la llegada del siglo de las luces y sus grandes proyectos de canales hidráulicos. En el ámbito geográfico que nos ocupa -el sureste peninsular-  sobresalió sin duda el utópico intento de trasvasar aguas desde la cuenca alta del Guadalquivir hasta Cartagena. Aunque los conatos más tempranos habría que situarlos durante el reinado de Felipe II, momento en el que se realizan los primeros trabajos de nivelación, y a lo largo del siglo XVII, cuando la ciudad de Lorca reclama en reiteradas ocasiones el inicio de las obras[3], no será hasta el afianzamiento de los ideales reformistas e ilustrados cuando se afronten una serie de decisivas actuaciones encaminadas a la materialización del proyecto.

En efecto, en 1718 el ingeniero militar Próspero de Verboom levantará los planos topográficos correspondientes al recorrido del venidero canal; luego, en 1742, se producirá una revitalización del proyecto al nombrar la Corona al ingeniero militar Sebastián Ferigán Cortés, adscrito entonces al Departamento Marítimo de Cartagena, como “Director de las nivelaciones, medidas y demarcaciones necesarias para la conducción de los ríos Castril y Guardal, a fin de regar los campos de Lorca, Murcia y Cartagena”[4]. Sin embargo, habrá que esperar a 1774 para que comience a materializarse, pues el 4 de junio Carlos III otorgará, a través de Real Cédula, concesión privada a Pedro Prádez “para hacer a su costa, y a la de su Compañía, un Canal de Riego, y Navegación, con las aguas de los ríos Castril, Guardal, y otros, para que se puedan regar, y hacer fecundos los Campos de Lorca, Totana, y demás del Campo de Cartagena”[5]. Con esta finalidad organizará el tal Prádez una sociedad por acciones dotada con un capital de 60 millones de reales bajo el título de Compañía del Canal de Murcia. Aquella empresa se iba a encargar en el futuro inmediato de ejecutar las obras necesarias para la derivación de las aguas, su conducción hasta los campos de Murcia y la posterior explotación de la infraestructura. Pero una pésima gestión que condujo a la comisión de continuas irregularidades en la financiación de las obras abocó a esta empresa al fracaso, viéndose obligada la Corona a anular la concesión en 1776. De inmediato el Estado asume toda competencia sobre la continuidad de las obras mediante la creación de una nueva empresa que las proseguirá a partir de 1777. Durará poco la nueva administración, ya que un cúmulo de dificultades técnicas ligadas a crasos errores en los cálculos de nivelación y aforo pondrán en duda su viabilidad, hasta el punto de aconsejar su paralización cuatro años después del reinicio[6]. El sueño de comunicar el interior del Reino de Granada con Cartagena mediante una canal de navegación –primitivo objetivo del proyecto- y la posibilidad de dotar de riegos abundantes y continuos a unas 90.000 hectáreas de los sedientos campos murcianos se desvanecieron ante la conjunción de unas dificultades técnicas insuperables.

El decreto de inviabilidad del canal supuso un duro golpe para la política hidráulica de Carlos III y su máximo valedor, el primer secretario de Estado Floridablanca. Con el fin de atenuar en lo posible el escándalo que supuso aquel fracaso, tan costoso como inútil, se aprobarán nuevos y ambiciosos planes hidráulicos que devolverán una cierta esperanza al sureste peninsular, pues no hay que olvidar que una buena parte de los propietarios de tierras granadinos y murcianos habían depositado en aquella utopía sus expectativas de desarrollo agrícola. El mismo día que se decretaba la definitiva disolución de la Compañía del Canal de Murcia era admitida la propuesta del pseudoarquitecto Martínez de Lara –miembro a su vez de la Comisión que había juzgado la imposibilidad del canal- para levantar los hiperembalses de Puentes y Valdeinfierno en la cuenca de Gaudalentín[7], todo un reto para una época en la que aún no se habían construido reservorios de gran capacidad. No convendría olvidar que ambas presas fueron inicialmente elementos integrantes de aquel proyecto general del Canal de Riego y Navegación del Castril y el Guardal al Reino de Murcia, convirtiéndose después en la única alternativa a aquel sonoro fiasco. Desde ese momento, su construcción quedó enmarcada por un pretencioso plan, ideado por el reformismo ilustrado, que perseguía una profunda transformación del Campo de Lorca. 

Una vez recibido el dictamen favorable del arquitecto Juan de Villanueva, el proyecto para la construcción de los dos pantanos mereció la aprobación de Carlos III el 11 de febrero de 1785. Entonces fue designado Antonio de Robles Vives, cuñado del conde de Floridablanca, comisionado regio y director de las obras, mientras que Jerónimo Martínez de Lara, autor de los planos, coordinaría sobre el terreno la ejecución de  los trabajos. Así comienza su deambular la Real Empresa de Pantanos[8], cuyos esfuerzos, al margen de la fábrica de ambos reservorios, se centraron en una serie de reformas urbanas en Lorca, además de la mejora de su red de canalizaciones para riego. Las obras de aquellos gigantescos embalses se iniciaron el 1 de marzo de 1785 y para el 15 de agosto de 1788 ya se habían calado las compuertas de Valdeinfierno, debiendo esperar a diciembre para ejecutar la misma operación en Puentes. La conclusión definitiva de estas infraestructuras se produjo un poco más tarde, después de haber gastado 7.585.992 reales de vellón, inversión con la que se pretendía responder a las demandas hidrológicas de 47.000 fanegas (13.137 hectáreas) de tierras repartidas por la vega lorquina. Los 29,5 hm³ de Valdeinfierno y los 52 de Puentes no contaban con precedentes en la historia de los embalses españoles, y esa exagerada capacidad –habrá que esperar a 1912 para que el embalse de Guadalcacín (93 hm³) los supere- hizo dudar de la solidez del dique construido en Puentes, sobre todo si tenemos presente que durante las operaciones de cimentación de la presa se sufrieron serias dificultades para encontrar una roca firme que se hallaba a considerable profundidad[9]. 

No tendrían que transcurrir muchos años para que el destino se encargara de evidenciar aquellos defectos en la construcción. El 30 de abril de 1802, según parece por sifonamiento, se produce la rotura de Puentes; la columna de agua se trasladó con vertiginosa rapidez e inusitado poder destructivo hasta Lorca donde provocó la muerte a 608 personas y daños valorados en 34.365.000 reales. Esta tragedia, de proporciones desconocidas en el ámbito surestino, tuvo significativas consecuencias sobre la política hidráulica del Estado. Mucho más cuando a aquella desgracia de enorme repercusión social, se le sumó un rosario de fiascos técnicos como el aterramiento de Valdeinfierno, el abandono de la presa de El Gascó en Guadarrama (reservorio que formaba parte de las infraestructuras del utópico canal de Guadarrama al océano Atlántico) o la ruina del llamado Mar de la Cabina. El desprestigio acumulado por tanto fracaso, además de una coyuntura económica desfavorable y esa inestabilidad política que se apodera del país desde los inicios del XIX, pesarán como una losa sobre la Corona y sus instituciones, desestimando durante las próximas décadas cualquier iniciativa para la construcción de nuevos embalses[10]. Es en este contexto de ausencia de actividad e inversión públicas donde habría que situar la llamativa construcción, en al ámbito hiperárido de Almería, de la conocida como presa de Isabel II o pantano de Níjar, promocionado y financiado por una empresa de exclusivo carácter privado. No dejemos de lado el hecho de que hasta la reconstrucción de Puentes entre 1881 y 1884, cuando el Estado vuelve a tomar las riendas de la política hidráulica, el de Níjar se convertirá en la mayor infraestructura de su género entre las construidas en España a lo largo de casi una centuria.

Primeros intentos: propuestas y frustraciones

Las primeras noticias sobre el intento de acometer un dique de contención de aguas en la Cerrada de los Tristanes, a unos seis kilómetros de Níjar en el antiguo camino de Lucainena de las Torres, quedan envueltas por un cierto halo legendario que podría restar verosimilitud a las mismas. Allá por 1792[11], al poco de la construcción de los embalses lorquinos, la duquesa de Abrantes quiso promover a sus expensas una presa a cambio de que se le cediesen terrenos del término jurisdiccional de aquella población, los cuales le resultaban necesarios para que “sus estados lindasen por aquella parte con el mar”[12]. María Vicenta Fernández de Córdoba y Pimentel, que así se llamaba nuestra noble, estaba casada con el VII duque de Abrantes, Ángel Mª Carvajal y Zúñiga, quien pudo recibir como herencia de su abuela, Francisca de Paula Zúñiga y Fernández de Córdoba, las posesiones que le dejase Valero Zúñiga y Ayala, marqués de Águilafuente y señor de Lucainena de las Torres[13]. El hecho de que este término lindase y aún linde con el de Níjar podría justificar las pretensiones de la duquesa de conectar sus posesiones interiores con aquellas que, perteneciendo a este último término, se asomasen al mar. Sea como fuere, los naturales propietarios de las tierras apetecidas por la noble no cedieron a aquella pretensión y “se negaron a admitir tan ventajosa propuesta”[14], reduciéndose esta tentativa -si realmente existió- a un primer conato frustrado. 

La nueva legislación promulgada por la Corona a partir de 1819 generará un ambiente propicio para la promoción de obras hidráulicas. De ese año es una Real Cédula que estipulaba la concesión de diversas exenciones a los impulsores o patrocinadores de canales y otras infraestructuras destinadas a la dotación de riegos. No será casual entonces que en 1820 Diego Mª Madolell, visionario hidráulico al que nos volveremos a encontrar vinculado a otras obras de similar cariz por distintos puntos de la provincia[15], retome aquel pensamiento que primero barajase la duquesa de Abrantes y se reúna con los hacendados y labradores de la villa de Níjar para otorgar escritura de formación de sociedad ante el secretario de aquel ayuntamiento, Manuel Eusebio García. Por medio de este documento se establecía el número de riegos que habían de recibir las tierras con las aguas del futuro pantano, así como lo que había de pagarse por ellos[16].

Al año siguiente, el 23 de julio de 1821, se encuentra Madolell en Cádiz, probablemente en busca de los capitales que se le resisten en su provincia de origen. Allí, reunido ante notario con Juan Antonio de Aramburu, Francisco Antonio de la Raza, Juan Bautista del Llano, Manuel Mª Nadal May, Francisco Rivera y Agustín de Miaurio, va a escriturar una nueva compañía bajo el titulo de Regadíos de Níjar, adquiriendo además el compromiso de ejecutar las obras “con arreglo a las bases consignadas en el contrato”[17]. Muy pronto se desplazarán aquellos socios hasta la villa y, acompañados de personal técnico, se enfrentarán a los preliminares necesarios para la definitiva materialización del proyecto: procederán de este modo al reconocimiento, medición y nivelación de los terrenos donde se iba a alzar la presa, así como a la detallada inspección de la extensa llanura que pretendían poner en regadío. Aportarán los recursos económicos imprescindibles para afrontar los gastos iniciales y, como primera y más urgente medida, adquirirán el cortijo y hacienda de Bibandamas, como parte del vaso del pantano,  por 7.141 reales de vellón. Con premura “cortaron todos los árboles que poblaban dicha hacienda, construyeron albergues para los trabajadores, formaron una calera, y a la vez se proporcionaron cuantos útiles y herramientas juzgaron convenientes para la obra”[18], y en todo ello invirtieron la respetable cantidad de 60.000 reales. Sin embargo, lo que hasta ese momento se había revelado como una empresa fluida en la que reinaba el acuerdo y la coincidencia de intereses, comenzó a resentirse por la desconfianza que mostraron algunos de los socios. Así se ponía de manifiesto en una memoria publicada por el mismo Madolell en 1841, donde se leía lo siguiente: “En seguida se compraron las fincas que habrían de cubrirse por las aguas del Pantano… pero la detestable envidia de algunos a quienes no se dio en los fondos de la empresa la intervención que desearan, logró, esparciendo voces alarmantes y especies insidiosas, introducir la desconfianza y el desaliento en los socios y que estos retirasen súbitamente sus fondos”[19]. En aquel mismo documento se afirmaba que el tal Madolell marchó a Cádiz y demandó a los capitalistas para obligarles a cumplir con lo convenido en la escritura de creación de la sociedad, pero la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, el enfrentamiento e inestabilidad del país que trajo aparejada, paralizó todos los recursos legales iniciados por el visionario.

En realidad, se trataba de la primera paralización de unos trabajos que habían contado con cierta organización e inversión, los cuales sufrirían un abandono de casi veinte años. No obstante, justo en el ecuador de aquel período de quietud habría que situar un nuevo intento de reactivación del proyecto, esta vez protagonizado por el Ayuntamiento de la villa. Corría el año 1830 cuando el Municipio, aprovechando la recién creada Junta General de Fomento del Reino, solicita real licencia para la construcción de un pantano en el mismo paraje. Ahora bien, en esta ocasión el Gobierno exigirá de los interesados la elaboración de un completo informe que incluyese datos detallados sobre la topografía de la zona, el área que se pretendía regar con las aguas de aquel reservorio y otros aspectos de utilidad para la empresa. La respuesta de Madrid no se demoró en exceso, puesto que el 24 de octubre de 1831 se concede al Consistorio de Níjar “el permiso para que en la cerrada de Tristanes, de este término, se construyese un estanque o pantaneta con el nombre de la entonces augusta Infanta Doña María Isabel Luisa, que actualmente reina, a fin de dar riego a las feraces tierras de estos campos”[20]. Aunque se presentaron licitadores, las obras no llegaron a emprenderse por el desaliento que produjo el estallido de la primera guerra carlista.

1841 y la tumultuosa reactivación de la empresa

En la década que separa la concesión de permiso al Ayuntamiento para la construcción del pantano y el resurgimiento del interés por la infraestructura en 1841, además de una cruenta guerra civil, en España han ocurrido muchas otras cosas. Nos encontramos en los prolegómenos de una animación financiera y asociativa sin parangón en la historia del país, que se nutre de la expansión de unos negocios mineros que no dejan de aportar sustanciosos beneficios. Las explotaciones de Sierra Almagrera en Almería o Hiendelaencina en Ciudad Real contribuirán, con la sorprendente riqueza de sus filones, decisivamente a aquel alborozo financiero y especulativo que se vivió en las principales plazas comerciales españolas desde los primeros años 40[21]. Por eso no nos va a extrañar que, tras esa tercera suspensión del proyecto, sean los vecinos de la villa de Níjar los que, esta vez, exciten los ánimos de nuestro viejo conocido Madolell para que de nuevo impulse la formación de una sociedad que se hiciese cargo de la obra. Así fue como el emprendedor, teniendo presentes las experiencias anteriores y aprovechándose de una coyuntura económica mucho más favorable que en ocasiones precedentes, volverá a recorrer buena parte de las provincias limítrofes en busca de interesados en las 2.100 acciones de que se componía la nueva sociedad. Aquellos accionistas vieron en el objetivo de convertir en regadío miles de hectáreas de secano tradicional del Campo de Níjar un negocio más, inicialmente tan rentable como los muchos que salpicaban el panorama económico de mediados del XIX.

Lo cierto es que para noviembre de 1841 un buen número de estos capitalistas, procedentes de diferentes ciudades y provincias, se reúnen en la villa almeriense y eligen a su primera Junta gubernativa, compuesta por veinte vocales, todos vecinos de aquella localidad, y presidida por Madolell quien, además de erigirse en director de los trabajos, asumió las funciones de administrador, recaudador y distribuidor de los fondos destinados a los sueldos de los trabajadores[22]. La concentración de competencias en la persona de Madolell, su incapacidad para ejecutarlas con una cierta solvencia, dio lugar a una situación tan nefasta para los intereses de la empresa que, años después, será objeto de lamentaciones en algún informe: “Desde esta fecha, en que se formó la compañía de una manera precipitada, y tal vez capciosa, data la época de oscuridad y desorden de esta empresa, el caos de su historia y el laberinto de su administración, por cuyos tortuosos caminos no ha sido posible penetrar y cuyas funestas consecuencias duran todavía, a pesar del empeño que las Juntas generales de los años 42, 43 y 44 han mostrado en cicatrizar tan profundas heridas”[23]. Y en el seno de esa debacle organizativa se afrontaron los primeros trabajos de cimentación de la presa, eso sí sin planos ni memorias descriptivas ni presupuestos que hubiesen servido de fundamento a una obra era considerada tan útil como importante para el futuro de la comarca.

A pesar de las irregularidades, la falta ocasional de fondos y los errores contables, las obras continuaban sin interrupción. Hasta que la Junta gubernativa, cumpliendo con lo estipulado en el reglamento provisional de la empresa, convocó a Junta general para el 20 de agosto de 1842. Los asistentes pudieron comprobar sobre el terreno el desarrollo de las actividades y todos los pormenores en el proceso de desarrollo del proyecto, obteniendo de esta inspección resultados nada alentadores: “Yo tengo presente que habiéndome acercado, como presidente de la junta, a la comisión de cuentas para ver el estado de sus trabajos, me confesó paladinamente que no encontraba medios de aclarar las de aquella época, por la falta de elementos para su formación. […] La sociedad no se había organizado legalmente: no había empresa y antes de todo interesaba constituirla”[24].

El desconcierto y el caos organizativo eran tales que los miembros de la Junta no pudieron darse un respiro en los diez días que en Níjar estuvieron concentrados. Todo estaba por hacer, si bien lo que más urgía era indudablemente otorgar documentos de legalidad a la empresa. Para ello, el 24 de agosto de 1492, una comisión, en representación de los 1095 socios que integraban la sociedad, se personará ante el escribano de Níjar, Manuel Eusebio García, “deseando dar la conveniente estabilidad y firmeza a la asociación que tienen formada para dar riego a los campos de esta expresada villa”, por lo que habían acordado en la junta general de días pasados “celebrar la oportuna escritura de compañía”[25]. Plasmaban como objetivo primordial, dentro de las bases estipuladas por el documento, “dar riego a los campos de esta villa por medio de presas que se construirán para empantanar la aguas necesarias al intento, en los sitios de las cerradas de Tristanes  e Inox y otros parajes; como también recoger e iluminar las aguas que puedan ser útiles al fin expuesto…”[26].

Pero la actividad legal de la comisión no se detuvo ahí. Antes de partir para sus respectivos lugares de residencia, los comisionados quisieron dejar bien atados otros aspectos que pudiesen originar suspicacias en el futuro. El mismo día y ante el mismo notario comparecerán los procuradores síndicos del Ayuntamiento de Níjar con la única intención de ceder a favor de la flamante compañía la real licencia que aquel consistorio obtuvo del Estado el 24 de octubre de 1831, “obligándose a no reclamar ni ir jamás contra esta cesión y declaración, pena de no ser oídos en juicio ni fuera de él, bajo la expresa condición que la referida compañía ha de dar concluido el Pantano hasta la altura de cuarenta varas poco más o menos, en el espacio de cuatro años, a contar desde el día de hoy, a no ser que lo impidan disposiciones judiciales u otras causas que no estén en el arbitrio de la Empresa el evitar, pues no habiéndolas, y pasado dicho término sin construir el pantano hasta la altura referida, queda del mero hecho facultado el ayuntamiento y el pueblo para buscar nuevos empresarios, quienes habrán de abonar a la empresa actual el valor de las obras necesarias y útiles que queden hechas, valuadas a juicio de peritos, o para contratar de nuevo con la sociedad que hoy existe”[27]. De este condicionante hubo que echar mano en el futuro y el Ayuntamiento tuvo que renovar el contrato a una empresa que no concluiría las obras del dique hasta 1851, es decir cinco años después del plazo inicialmente establecido.

Tampoco quisieron los componente de aquella comisión dejar de atender los perjuicios que la construcción de la presa acarrearía a algunos propietarios de tierras. En efecto, los dueños de varias haciendas situadas en los Tristanes siempre habían empleado para su riego las aguas claras que corrían por la rambla del Carrizal y cuya toma, al hallarse en la cerrada donde se pretendía materializar aquel pensamiento hidráulico, quedaría bajo sus aguas. Había que indemnizar, por consiguiente, los perjuicios que se infligían, compensando el lógico traspaso de aquellas aguas a favor de la compañía tan pronto como se efectuase la obra. Así fue como, en la reiterada fecha en la que se firmaron los protocolos anteriores, se adquiere ante el mismo escribano la obligación y compromiso de “dar a los expresados hacendados igual cantidad de agua por los grifos o compuertas del Pantano, de modo que la puedan regar en las mismas tierras que en la actualidad lo hacen por la acequia que tiene en el día, o por otra que en caso de imposibilidad fuese necesario abrir a costa de la Empresa”[28] .

Aún les quedaba un inconveniente que resolver, puesto que Diego Mª Madolell había promovido distintas escrituras, como la establecida en Cádiz para la creación de la sociedad Regadíos de Níjar, a través de las que se arrogaba algunos derechos sobre la construcción y explotación del pantano. Buscando precisamente seguridad y absoluta capacidad de acción en el futuro, la empresa compró al día siguiente la renuncia de Madolell y sus herederos a cualquiera de los derechos adquiridos por documentos públicos anteriores, “mediante a que esta le ha remunerado ya esta cesión, los trabajos que ha invertido antes y después, los desembolsos que ha hecho, y la industria que ha prestado y ha de prestar con las cuarenta y dos acciones […] que se le han concedido…”[29]. Como vemos, este traspaso de derechos y voluntades había forzado a la empresa a modificar su oferta de acciones, pasando de las 2.100 iniciales a las 2.142 después de contabilizar las adjudicadas a Madolell.

Ahora bien, en paralelo a esta frenética actividad notarial, la comisión alternaría la redacción del reglamento definitivo de la empresa, aprobado el 24 de agosto[30], con la inspección de los trabajos y el saneamiento de la contabilidad. En este sentido, una de las primeras medidas será la suspensión de las obras hasta que no se paguen las deudas contraídas durante esta primera etapa de descontrol financiero. Si los acreedores eran legión y presionaban a la Junta para que hiciese efectivos los pagos con celeridad, no menos angustiosa resultaba la situación que atravesaban los obreros, a los que se les adeudaban sus salarios casi desde el comienzo de los trabajos[31]. 

Será a principios de septiembre de 1842 cuando el jefe superior político de la provincia, Jerónimo Muñoz López, anuncie su visita al lugar de los trabajos con el fin de informar al Gobierno sobre el estado en que se encontraba el proyecto. La comisión, ansiosa por obtener una aprobación por parte del Estado que alejase cualquier riesgo sobre fortunas y vidas, nombró rauda un representante que se desplazó a la capital para acelerar la venida del máximo responsable de la administración central en Almería. A los pocos días ya estaba aquella autoridad en el sitio del pantano, acompañada del ingeniero civil de la provincia, Juan Bautista Domínguez, y del inspector de minas, Ramón Pellico; allí mismo se mandó llamar a Madolell, que hasta ese momento se había ocupado de la dirección de los trabajos, y se le solicitaron todos los presupuestos y planos que hubiese utilizado durante el curso de las obras, “habiendo contestado que nada tenía trabajado, sino un pequeño croquis medio en perspectiva litografiado en Málaga, que presentó [y]le fue desestimado”[32]. Se puso de manifiesto una vez más la irresponsabilidad de Madolell en el momento de afrontar una obra de aquellas dimensiones sin los mínimos resortes técnicos y administrativos, así como una ineptitud que se evidenciará aún más si cabe cuando se inspeccionen los trabajos realizados bajo su dirección hasta ese preciso instante.

Y es que desde el primero de noviembre de 1841, fecha en que principiaron las obras, hasta diciembre de 1842 se habían gastado 182.548 reales. Pero la mayor parte de las intervenciones facultadas por Madolell se consideraron inútiles y, en algunos casos, ajenas al propio interés y objeto del proyecto. Algo así ocurrió con el camino carretero que mandó abrir desde Níjar hasta el lugar de las obras, con una longitud de 7.000 varas (5,8 kilómetros), que, si bien facilitó el tránsito de caballerías y operarios, no “es punto donde debieran invertirse fondos destinados a la construcción del Pantano”[33]. Sonoros fiascos cometió también el pseudofacultativo con el levantamiento de un vaso de calera tan colosal como inservible; o con una cimentación tan defectuosa y poco ortodoxa que “quizás no se habría llenado el vaso la primera vez cuando el empuje de las aguas la hubiera arruinado y en pos de ella la vida de muchas personas”[34].

Mientras tanto, el jefe político de la provincia, preocupado por tal cúmulo de  irregularidades y suponiendo que aquella ausencia de fundamentos documentales podía poner en grave riesgo la continuidad de un proyecto que se creía tan beneficioso, encargó al arquitecto murciano Jerónimo Ros Giménez la formación de los planos, así como la redacción de un informe sobre el estado de las obras en el que también participaron nuestros conocidos facultativos Juan Bautista Domínguez y Ramón Pellico. Estamos en la antesala de una nueva etapa en el proceso de construcción del embalse que se iniciará en diciembre de 1842 bajo una saneada administración: los miembros de aquella activa comisión, una vez saldadas las deudas contraídas por la empresa y constituida la nueva Junta gubernativa, retornarán a sus lugares de origen. Pero en esta encomiable y efectiva labor reformadora sólo se cometió un error: mantener a Madolell como director de los trabajos.

La salida del visionario y la continuidad de la obra

Los autores de aquel informe que encargara el jefe político de la provincia –hecho público el 15 de septiembre de 1842- fueron muy condescendientes con Madolell. Exquisitamente discretos en la valoración de los trabajos ejecutados por el director, mostraban su absoluta confianza en que éste subsanase “la falta de diseños geométricos, presupuesto y demás detalles que son datos indispensables para graduar las ventajas de una obra y asegurarse de su permanencia y solidez”[35] mediante su urgente presentación para ser examinados y aprobados por la Academia de San Fernando. Probablemente pecaran de ingenuos y bien intencionados, lo que resulta indudable es que esta bondadosa apreciación de los facultativos fue decisiva para que Madolell siguiese desempeñando sus funciones de dirección.

Mientras tanto, las gestiones iniciadas para que Madrid autorizase la ejecución de las obras comienzan a dar sus frutos. El 6 de febrero de 1843 se rubrica una real orden por la que se permitía a la empresa la construcción de un pantano o estanque de riego. En los últimos días de ese mismo mes, uno de los vocales de la Junta gubernativa se desplazará a Murcia para recoger los ansiados planos, haciéndose acompañar en su viaje de vuelta por Jerónimo Ros, encargado de su formación. Sólo faltaba la aprobación definitiva y conforme a la real orden otorgada días antes por Madrid, de ahí que el 16 de marzo la Junta gubernativa viaje hasta Almería y presente los planos ante la autoridad provincial.

Pero el 2 de abril, una circunstancia –seguramente feliz para la mayoría de los interesados en aquella infraestructura- tendrá inmediatas consecuencias sobre la dirección facultativa de los trabajos: Madolell tiene que trasladarse a Sierra Almagrera para ejecutar un reconocimiento de la galería de desagüe Riqueza Positiva, en la que parece ser tenía una cierta responsabilidad. En el oficio que eleva a la Junta dice que “no pudiendo asistir por esta causa a las obras dejo en mi lugar y con todas mis facultades al arquitecto don Jerónimo Ros Giménez”[36], quien hasta ese momento y paradójicamente –recordemos que es autor de los planos- habría ejercido como ayudante de la dirección. 

A cambiar el rumbo de los acontecimientos contribuyó igualmente la creación el primero de mayo, por parte de la Junta gubernativa, de distintas comisiones, entre las que destacó la facultativa. Formaron parte de ésta, entre otros, el coronel de ingenieros José Cruz Muller, el ingeniero civil de la provincia Juan Bautista Domínguez y el oficial de la Armada y diputado José Aznar y Reina. Tras una inspección escrupulosa y detallada de las obras ejecutadas hasta ese momento, elevaron dictamen en el que, esta vez, no hubo lugar para la benevolencia y la comprensión hacia la labor realizada hasta entonces por Madolell; todo lo contrario, se pasó revista con exhaustivo detalle a cada uno de los errores y graves defectos cometidos durante su período de dirección, lo que puso de nuevo en evidencia, además de la oscura y desorganizada ejecución de la obra, la ineptitud de un individuo que no demostraba capacidad alguna para seguir ostentando aquella responsabilidad. Aunque con anterioridad a la exposición del dictamen se intentó persuadir a Madolell –en consideración a su labor precursora en esta empresa- de que abandonase por voluntad propia sus funciones de director, fue del todo inútil porque su orgullo le impedía asumir esa incompetencia que la realidad le atribuía. Finalmente fue citado por la Junta gubernativa para escuchar el resultado del dictamen y mientras esto se producía “aparecieron de una manera tumultuosa en la plaza pública y en frente del edificio donde se celebraba la reunión todos los trabajadores de las obras con sus respectivos capataces, a la cabeza de los cuales el principal, hombre más atrevido y más favorecido de Madolell, entregó en el seno de la Junta una especie de memorial sin firma en el que, suponiendo el asentimiento de sus compañeros, pedía la permanencia del director al frente de las obras del Pantano y que de ninguna manera fuese removido de su destino”[37]. Nadie dudó entonces de la responsabilidad de Madolell como instigador de aquella algarada, hasta el punto de que, en la misma reunión, “varios socios le dirigieron ásperas reconvenciones, las que rechazadas con un ánimo frío revelaron más que sospechas”[38]. Pero aquella medida de presión, lejos de amedrentar a los miembros de la Junta, los ratificó en la urgente necesidad -por el bien de las obras y de la empresa- de separar a Diego Mª Madolell de sus funciones de dirección, “y que se nombre en su lugar un facultativo con el carácter de tal que las dirija y las lleve a cabo bajo su responsabilidad”[39]. No tuvieron que ir muy lejos para encontrar un sustituto, pues nadie mejor que Jerónimo Ros, autor de los planos y familiarizado con el curso de los trabajos, para asumir la tarea. La Junta, no obstante, dio una nueva muestra de consideración al carácter emprendedor de Madolell y a sus esfuerzos por la promoción de la empresa, nombrándole director honorario.

Hasta aquí el relato de una agitada y no menos controvertida relación. A partir de aquel momento el nuevo facultativo dirigirá las obras bajo las bases de los planos elaborados por él mismo, y uno de sus primeros empeños, siguiendo las indicaciones de la comisión facultativa, consistió en la destrucción de todas las obras falsas “hasta encontrar el suelo firme que sirve de fundamento”[40]. La etapa recién inaugurada parecía exigir la erradicación de la nefasta herencia de Diego Mª Madolell, aunque sólo fuese en sus aspectos técnicos, pues en los casi dos años en los que aquel había ejercido la responsabilidad la empresa del Pantano de Níjar se resintió severamente, acusando el retraso infligido por la ejecución de unas obras inservibles que luego fueron desestimadas, además de la pérdida de los sustanciosos capitales invertidos en aquellos trabajos. Desde entonces y hasta 1848 no hubo notoria interrupción en el proceso constructivo de la presa; en este último año Pascual Madoz, en su Diccionario, se hacía eco del avanzado estado de los trabajos de la presa: “El terreno en su mayor parte es llano, y se divide en secano y regadío; para hacer mayor este beneficio, se está construyendo con incansable afán a dist. de 1 leg. E. del pueblo un magnífico pantano, cuya obra, que merece el título de grandiosa, tanto por su construcción como por los inmensos beneficios que han de reportar al país, tuvo su principio en el año 1841, y se halla ya casi concluida después de innumerables dificultades con que la empresa ha tenido que luchar, durante los 7 años que van transcurridos para llevar a cabo un pensamiento de tal magnitud”[41]. Después se detendrá el geógrafo en las características de la infraestructura y en los beneficios que acarrearía para todo el Campo de Níjar: “Este pantano forma un vaso de 1.500 varas de longitud [1.254 metros], 1.100 de latitud [920 metros] y 40 de profundidad [33,5 metros], que puede contener 33.000.000 de varas cúbicas de agua [27,6 hm³]: su muro tiene 40 varas de altura [33,5 metros] y 20 de espesor [16,7 metros]. Dicho pantano recibirá las aguas de las grandes vertientes de sierra Alhamilla, que van a confluir al cortijo de Vivandamas, y además las que se recojan por efecto de varias obras que con este objeto hay emprendidas; cuyas aguas depositadas en el expresado vaso serán suficientes para el riego de todo el campo que se extiende hasta el vecino mar de sierra de Gata y que contendrá más de 100.000 fan. de sembradura”[42].

Tras una paralización de más de seis meses a lo largo de 1848, el pantano se pudo por fin inaugurar el 8 de mayo de 1850 mediante un acto protocolario al que asistió el gobernador de la provincia, pero en el que no hubo presencia de miembros del Ayuntamiento de Níjar[43]. Previamente, mediante Real Decreto de 26 de julio de 1849, la soberana se dignó a conceder autorización por la que accedía a que aquel reservorio llevase su nombre. En la lapida que se descubrió durante el acto de inauguración –actualmente desaparecida- se podía leer: “Pantano de Isabel 2ª., construido a espensas de una Sociedad anónima, bajo la dirección de D. Gerónimo Ros Giménez, Arquitecto de la Academia de San Fernando, e inspección del Coronel de Ingenieros D. José de la Cruz Muller. Ano de 1850”[44].  

Finalizada la construcción del muro, los accionistas tuvieron que afrontar la financiación de otras obras que garantizasen la conducción de las aguas desde el embalse hasta los nuevos regadíos (el canal del Campo), objeto primordial de aquella empresa, así como la dotación de “aguas fijas” y continuas (taladro de Rambla Honda) que lo alimentasen cuando las eventuales de los aluviones de la rambla del Carrizal escaseasen por efecto de la sequía. Pero todo esfuerzo resultaría insuficiente, puesto que el fracaso de aquel monumental intento comenzó a manifestarse desde el preciso momento en que las rambladas iban a acumular en el vaso los abundantes lodos de sus arrastres. Para el año 1861 el embalse se halla parcialmente colmatado y una década más tarde cegado casi en su totalidad. Tampoco se cumplirían aquellas optimistas expectativas que anunciaban el riego de miles de hectáreas del Campo de Níjar, ya que apenas si se alcanzó el abastecimiento de unas pocas decenas[45]. La contundencia de estos hechos acabó  por truncar un sueño de seis millones de reales, ocultos en forma de murallón ciclópeo en medio de la desolación de sierra Alhamilla, aunque, eso sí, dispuesto a sorprender las retinas de cualquier espíritu inquieto que hasta allí se aproxime.             

Notas

[2] Enric A. Llobregat Conesa, en línea

[3] Sobre las tentativas de los siglos XVI y XVII para la construcción del canal, véase Burgos Esteban, 1995, y Franco Fernández, 1999.

[4] H. Capel, 1997

[5] Portada de la Real Cédula de su Magestad, a consulta del Consejo, aprobando la propuesta hecha por Don Pedro Prádez…, 1774, en Franco Fernández, Op. cit.,p. 36.

[6] En relación a los procesos organizativos y constructivos de esta infraestructura, véase Díaz López, 1996, p. 485-499; y con más detalle, Franco Fernández, Op. cit.

[7] Gil Olcina, 2002, en http://habitat.ap.upm.es/boletin/n27/aagil.htm. Este especialista nos alumbra sobre las repercusiones de aquel fiasco en la política hidráulica posterior: “(…) el fracaso del Canal de Murcia tuvo respuesta inmediata, tanto general como específica, del gobierno de Carlos III. En el aspecto global, y a los efectos que ahora interesan, es de destacar que, frente al régimen de concesiones a compañías particulares utilizado originariamente tanto en el Canal Imperial de Aragón como en el de Murcia, ahora la Corona asume las iniciativas, bien mediante financiación directa para los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, o a través del Banco Nacional de San Carlos (1782), en el caso del presa y canal de Guadarrama al Guadalquivir y al Océano. En suma, es el claro antecedente del protagonismo estatal que reclamarán los regeneracionistas un siglo después, en especial por boca de Costa, frente al sistema de concesiones a particulares auspiciado, sobre todo, por la leyes de 20 de febrero de 1870, que refrendó Echegaray, y la de 27 de julio de 1883 o ley Gamazo”.

[8] “Un enfrentamiento prototípico: la actuación del reformismo borbónico en el regadío de Lorca”, en Gil Olcina, 1993 (Edición electrónica).

[9] El mismo Gil Olcina alude al diferente nivel de dificultad que se puso de manifiesto en la construcción de ambas presas: “Mientras la fijación de la presa de Valdeinfierno no ofrecía serias dificultades en un profundo y estrecho cañón de dolomías jurásicas, Puentes las planteaba muy graves por lo intenso del aluvionamiento; los sondeos evidenciaron el gran espesor de los depósitos, al propio tiempo que las aguas subálveas la zanja en busca de roca firme. Para obviar la dificultad, Martínez de Lara, que desconocía el comportamiento del conjunto presa-terreno, dispuso una cimentación especial de pilotaje”. En “Perduración de los Planes Hidráulicos en España”, 2002.

[10] “Resonancia y utilización de la catástrofe de Puentes”, en Gil Olcina, Op. cit., 1993.

[11] J. Esteban afirma en dos artículos publicados en el periódico almeriense La Independencia el 5 de febrero y el primero de marzo de 1911, titulados respectivamente “Almería y sus riegos. El pantano de Níjar” y “Almería y sus riegos. Más sobre el pantano de Níjar”, que esta presa comenzó a construirse en 1793, si bien no hace mención de la fuente de donde ha extraído el dato. Ambos artículos fueron consultados por Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana Mª Rodríguez López, 1988.

[12] Manifiesto histórico del origen, progreso y estado actual de la obra del pantano de Níjar, Málaga, Imprenta del Comercio, 1844, p. 5.

[13] Estos datos genealógicos me han sido proporcionados por Valeriano Sánchez Ramos.

[14] Manifiesto histórico del origen, progreso y estado actual de la obra del pantano de Níjar, p. 5.

[15] Impulsor de varias iniciativas relacionadas con la dotación de riegos, lo hallamos en octubre de 1833 dando principio a la apertura de un cauce para procurar riego a los campos de Dalías, Roquetas, Félix y Vícar; tras su desvinculación forzosa del pantano de Níjar, se aplicará a partir de 1847 en la creación de una empresa por acciones que afrontase la construcción de una presa en la Cerrada del Marmón, entre Urrácal y Olula, con objeto de fertilizar las tierras del valle medio del Almanzora. Para profundizar más sobre la figura de Madolell, véase Cara Barrionuevo y Rodríguez López 2006, p. 231.

[16] Manifiesto histórico del origen, progreso y estado actual de la obra del pantano de Níjar, 1844, p. 6.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem, p. 19, nota 1.

[20] Ibidem, p. 7.

[21] Sánchez Picón y Rodríguez Vaquero, 1989, p. 1135-1136.

[22] Manifiesto histórico del origen, progreso y estado actual de la obra del pantano de Níjar, 1844, p. 8.

[23] Ibidem, p. 20, nota 2.

[24] Ibidem, p. 20, nota 3.

[25] “Escritura de Compañía entre los socios que componen la Empresa del Pantano de esta villa”, 24-8-1842, en [Empresa del Pantano de Níjar], 1842, pp. 3-5. En este mismo documento se especificaba el número de socios por cada sección geográfica, quedando como sigue: departamento de Málaga, 696; departamento de Cartagena, 180; departamento de Murcia, 143; departamento de Valencia, 49; y departamento de Granada-Almería-Níjar, 27.

[26] Ibidem.

[27] “Cesión: El ayuntamiento constitucional a favor de la compañía del Pantano de esta villa”, 24-8-1842, en [Empresa del Pantano de Níjar], 1842, pp. 6-9.

[28] “Convenio entre los socios de la Empresa del Pantano y los hacendados del sitio de los Tristanes”, 24- 8-1842, en [Empresa del Pantano de Níjar], 1842, pp. 9-12.

[29] “Cesión. D. Diego María Madolell a la Empresa del Pantano de Níjar”, 25-8-1842, en [Empresa del Pantano de Níjar], 1842 , pp. 12-13.

[30] Reglamento para el régimen y gobierno de la Empresa del pantano de Níjar, 24-8-1842, en [Empresa del Pantano de Níjar], 1842, pp. 13-22.

[31] Manifiesto histórico del origen, progreso y estado actual de la obra del pantano de Níjar, 1844, p. 10.

[32] Ibidem, p. 11.

[33] Ibidem.

[34] Ibidem, p. 24, nota 5.

[35] Ibidem, p. 21, nota 4.

[36] Ibidem, p. 25, nota 8.

[37] Ibidem, p. 14.

[38] Ibidem, p. 36, nota 10.

[39] Ibidem, p. 15.

[40] Ibidem.

[41] Madoz, ed. 1988, voz Níjar, p. 166.

[42] Ibidem. Sobre las imprecisiones cometidas por Madoz a la hora de ofrecer estos datos , nos tropezamos con la siguiente consideración: “[…] entretanto ofrecemos a nuestros consocios el resultado de nuestras observaciones que si no tienen todas las noticias que desearíamos darles, al menos serán más ciertas que las que se han emitido en el Diccionario de Madoz que se supone al vaso capaz de poder contener 33 millones de varas cúbicas de aguas, y con ellas regar cien mil fanegas de tierra, lo cual no nos sorprende, pues estos datos habrán sido suministrados por alguno que ignorase, como la redacción del Diccionario, que ni en la cuenca que debe regarse existen las cien mil fanegas, ni aunque existieran se regarían con dichas aguas, pues en el caso que las pudiese contener el vaso, sólo serían bastantes para dar un riego de un decímetro de altura a 20.835 fanegas de tierra de la cabida de 12 mil varas cuadradas que es la medida de aquella localidad”; y luego aclara en nota: “La cubicación del vaso es una cuestión sin resolver, pues hay quien dice caben diez millones de varas cúbicas [8,4 hm³], y otros que muchas menos”, incluido todo lo anterior en “El Pantano de Isabel II, sus obras ejecutadas y las que faltaban que hacer en 10 de abril de 1851”, en El Agrónomo, Madrid, 1852, p. 4. Poniendo igualmente en evidencia la inexactitud de los datos aportados por Madoz, el ingeniero Pablo de Alzola y Minondo reducirá su capacidad de embalse a «quince millones de metros cúbicos» y la superficie de tierra susceptible de ser regada con sus aguas a «13.000 hectáreas». Véase Alzola y Minondo, 2001 (3ª ed.), p. 372.

[43] Sánchez Picón y Rodríguez Vaquero, Op. cit., 1989, p. 1.138. Estos autores consideran significativa la ausencia de los representantes municipales, siendo además de la opinión que los acontecimientos posteriores “parecen calificar este acto [la inauguración] como meramente testimonial y dirigido a animar a los accionistas ante los nuevos previsibles desembolsos, ya que todavía faltaban obras fundamentales para que el embalse cumpliera su objetivo primordial de poner en regadío una amplia porción del Campo de Níjar”.

[44] En “Acta de inauguración del pantano”, inserta en el Libro Capitular de Níjar, y recogida por Sánchez Picón y Rodríguez Vaquero, Op. cit., 1989, p. 1.147, nota 16.

[45] Sobre las causas y consecuencias de este fracaso, véase Sánchez Picón y Rodríguez Vaquero, Op. cit., 1989; Rodríguez Vaquero, y Sánchez Picón, 1997, p. 93-98 (“Hidráulica moderna. Pantano de Isabel II”); y Castillo Requena y Rodríguez Vaquero, 1995-1996, p. 144-147 (“Pantano de Isabel II”).

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