ENTRE PREMIOS Y RECORTES: EL ZIGZAGUEANTE PROCESO DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES

Marta Pallarès-Blanch[*]
Centro de Desarrollo Rural Integrado de Cataluña

Antoni F. Tulla
Universitat Autònoma de Barcelona

Antònia Casellas
Universitat Autònoma de Barcelona

Ana Vera
Universitat Autònoma de Barcelona

Recibido: 10 de septiembre de 2013; aceptado: 19 de septiembre de 2013

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Entre premios y recortes: el zigzagueante proceso de empoderamiento de las mujeres rurales (Resumen)

A pesar del rápido ascenso de la participación de las mujeres en la política parlamentaria española, a partir del 2011 el porcentaje ha descendido. En el ámbito rural, tradicionalmente poco receptivo con respecto a la paridad de género, se observa la misma tendencia, como ejemplifica el caso de los Pirineos Catalanes. Este artículo plantea los posibles límites de las políticas paritarias en el ámbito rural analizando como la participación de las mujeres en la política formal se relaciona con patrones segregacionistas de género, a la vez que se investigan los mecanismos de movilización y organización de las mujeres en redes de cooperación. El estudio permite ampliar el conocimiento sobre los mecanismos de empoderamiento de las mujeres ante los retos de la democracia participativa en el siglo XXI.

Palabras clave: Empoderamiento de las mujeres, participación en la política formal, activismo social, techo de cristal, inclusión, redes de cooperación y enfoque ascendente

 

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Between prices and cuttings: the zigzagging empowerment process of rural women (Abstract)

Despite the rapid increase in the involvement of women in the Spanish parliamentary politics, since 2011 the proportion has declined. In rural areas, traditionally little receptive with respect to gender parity, local government show women´s stagnation rates, as exemplified by the case of the Catalan Pyrenees. This paper examines the possible limits of parity policies in rural areas analyzing how the participation of women in formal politics is related to patterns of gender segregation, while investigating the mechanisms of mobilization and organization of women´s networking. The study broadens the understanding of the mechanisms of empowerment of women and the challenges of participatory democracy in the XXI century.

Key words: Women's empowerment, participation in formal politics, social activism, glass ceiling, inclusion, cooperation networks and bottom-up approach

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La presencia de las mujeres en los órganos de representación política en España ha experimentado un rápido aumento desde la restauración de la democracia a finales de 1970. Sin embargo, al inicio de la segunda década del siglo XXI este proceso muestra signos de estancamiento en determinadas zonas rurales, como ejemplifica el caso de la región catalana del Alto Pirineo y Aran. En la práctica de la política formal se identifican las mismas pautas sexistas que en el mercado laboral, en cuanto a la segregación entre sexos según competencias temáticas y niveles de responsabilidad. Las mujeres rurales se concentran en las áreas de gestión pública con presupuestos más bajos. Además, mucho más difícil que estar en política como concejala es hacerlo desde el cargo de responsabilidad como alcaldesa. Al mismo tiempo, la permanencia en la política es menos prolongada en las mujeres[1]. Estas dinámicas sexistas se registran en todos los ámbitos territoriales, aunque de forma más acusada en las zonas rurales. Para Ana Sabaté y María Ángeles Díaz[2], la importancia de avanzar en la representatividad política de las mujeres en las áreas rurales se puede argumentar a partir de tres planteamientos normativos: 1) por la necesidad de una equidad de género (igualdad de oportunidades) en base a la idea de justicia social; 2) para asegurar la estabilidad demográfica, social y económica de las áreas rurales y 3) para dar visibilidad y reconocimiento a las aportaciones de las mujeres al desarrollo rural, capitalizando sus habilidades y recursos adquiridos socialmente.

Por otra parte, observamos un creciente reconocimiento institucional, precisamente más notorio en las zonas rurales, hacia la labor emprendida por las mujeres en el campo de la emprendeduría y de creación de autoempleo. Paralelamente sin embargo, los presupuestos que más pueden influir en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, en particular en las zonas rurales, son los más afectados por las medidas de reducción de la inversión pública. Esta contradicción estructural, expresada en términos de premios, por un lado, y recortes, por otro, es consubstancial al sistema patriarcal[3]. Es por este motivo que identificamos una trayectoria zigzagueante en el proceso de empoderamiento necesario para que las mujeres dispongan de igualdad de oportunidades de facto.

Con esta investigación nos proponemos ilustrar las cuestiones más relevantes en este proceso de transición de las mujeres en la política local en zonas rurales. Presentamos en primer lugar, el marco en el que se circunscriben las teorías sobre representación política y empoderamiento de las mujeres. En segundo lugar, exponemos brevemente el contexto socioeconómico actual de las mujeres rurales y describimos los datos que informan de la evolución de la representación de las mujeres en la política formal en España en los ámbitos estatal, autonómico y local desde las primeras elecciones democráticas hasta el año 2013. Para ello, partimos, en primer lugar de diversas fuentes secundarias. Por un lado, agradecemos los datos que proporciona la sección “Mujeres en cifras” de la web del Instituto de la Mujer, que valoramos como una de las fuentes principales de datos oficiales estadísticos en España para los estudios de género y de las mujeres. En este sentido es más que valioso, indispensable, disponer de datos desagregados por sexo, como desde 2007 exige la normativa[4] para datos oficiales. Dicha desagregación ha permitido analizar la evolución, a través de los sucesivos períodos legislativos, de la presencia de las mujeres en los gobiernos locales, comunidades autónomas y Parlamento Español, entre otros ámbitos de representación política y económica. Por otro lado, otra fuente básica para la explotación de datos de representación política de las mujeres en el ámbito de Cataluña la representa el Banco de Datos "Dones i Homes Protagonistes a les Institucions Democràtiques Catalanes", elaborado por Marta Corcoy Rius y Patricia Laura Gómez, del programa Ciutats i Persones, del Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICPS). Estos datos han permitido identificar los patrones de representación de cargos electos en las instituciones políticas locales atendiendo a razones de sexo, municipio, relección a los cargos a lo largo de las legislaturas y responsabilidad por áreas temáticas. También se han usado las bases de datos estadísticos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) y del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) para ofrecer datos socioeconómicos de la zona de estudio, junto al Eurostat para la comparativa con el ámbito europeo. Para los datos de representación de mujeres en la política a nivel europeo hemos usado los datos oficiales de la Comisión Europea[5] y de la Unión Inter-parlamentaria[6].

En segundo lugar, a nivel de fuentes primarias se analizan entrevistas semi-estructuradas a 15 mujeres y 15 hombres involucrados en la política local en la región del Alto Pirineo y Aran[7](ver Figura 1). La selección de los perfiles para la entrevista partió de la técnica conocida por “bola de nieve” iniciando las consultas a la organización de ámbito regional; Institut de Promoció i Desenvolupament de l’Alt Pirineu y Aran y a la citada fuente del ICPS. Se combinaron otros perfiles además del sexo, como cargos electos de pequeños y grandes municipios, cargos electos al gobierno y en la oposición, cargos electos de todos los partidos políticos y de todas las edades, en algunos casos recién entrados en la política en otros casos ya retirados. Las entrevistas fueron realizadas con la ayuda[8] de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. En este documento seleccionamos tres cuestiones de la entrevista: 1) Motivos para participar en la política local, 2) Disponibilidad de candidatas y 3) Valoración de la presencia de mujeres en la política local y posibles diferencias, si las hubiere, con la de los hombres. Esta información cualitativa se explora para ahondar en las causas que han motivado a las mujeres y los hombres entrevistados a involucrarse en la política local, identificando las dificultades y los aspectos facilitadores en su acceso a la política formal, tomando por referencia la región catalana del Alto Pirineo y Aran (figura 1). Finalmente, en las conclusiones valoramos estos resultados en relación al proceso de empoderamiento de las mujeres.

Figura 1. Localización de la región de estudio Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas del Departament de Territori i Sostenibilitat. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (2012)

 

El proceso de empoderamiento de las mujeres en la política rural

La exclusión de las mujeres ha sido durante siglos una característica de los regímenes democráticos. La lucha de las sufragistas por el derecho al voto consiguió la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, proceso que culminó bien entrado el siglo XX. En España el sufragio femenino se reconoció en la Constitución de 1931 de la Segunda República. No obstante, la incorporación de las mujeres a la política se produce a un ritmo más lento que su introducción al mercado de trabajo. En el año 2012, se llega al 55,87 por ciento de Tasa de Población Activa Femenina[9] en Cataluña, siendo el 53,41 por ciento en España y el 65,5 por ciento en el conjunto de los veintisiete países que integran la Unión Europea (Europa-27). En cambio, el porcentaje de mujeres en parlamentos nacionales es solo del 20,3 por ciento[10] a nivel mundial y del 25 por ciento[11] en la Europa-27.

La regulación en medidas de fomento de la paridad de sexos se introduce para paliar esta infrarrepresentación estructural de las mujeres en los órganos políticos[12].La paridad, entendida como la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y toma de decisiones en todas las esferas de la vida, constituye una condición clave para la igualdad entre los sexos. La paridad de sexos en la representación política refleja mejor la composición de la sociedad y garantiza la participación de las mujeres en la elaboración de las políticas públicas. Por ello, la normativa europea recomienda[13] el reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones entre el 40 por ciento y el 60 por ciento por sexo. Sin embargo, en 2012 sólo cinco países de la UE-27 contaban con parlamentos paritarios en sus estados nacionales: Bélgica, Holanda, Islandia, Noruega y Suecia[14]. Tanto en estos países, como en aquellos en los que el porcentaje de mujeres en el Parlamento se acerca al 40 por ciento, se han introducido medidas de cuota de representación. En algunos casos, las cuotas han sido asumidas de forma voluntaria por los partidos, adoptándolas en la elaboración de las candidaturas electorales. En otros casos, los mecanismos de acción positiva han tenido un carácter legal o constitucional[15]. En España los efectos de la aplicación de las medidas paritarias que marca la Ley 3/2007[16] se reflejan en un claro aumento de la representación de las mujeres, aunque la paridad no se ha conseguido debido a la presencia mayoritaria de las candidatas en las últimas posiciones. Este fenómeno se reproduce en todos los partidos, aunque en menor medida en los que ya disponían de una cuota paritaria fijada voluntariamente para la elaboración de las candidaturas, generalmente, en partidos de izquierda y centro-izquierda[17]. Por tanto, se puede argumentar que el porcentaje de mujeres en las listas resulta un instrumento insuficiente para garantizar la paridad efectiva en los cargos públicos. Para seguir aumentando la participación de las mujeres, y garantizar que sean elegidas, se hace necesario introducir medidas complementarias, como las listas cremallera, en las que mujeres y hombres se alternan sucesivamente en las posiciones a lo largo de la lista[18].

En los estudios sobre género y política domina el enfoque que los factores de oferta y demanda que afectan a la participación política de las mujeres[19]. En términos de oferta, la falta de candidatas se explica por una menor afiliación a los partidos y una menor participación en la política formal por parte de las mujeres. Por otro lado, las mujeres tienen que hacer frente a una serie de factores de la demanda relacionados con el acceso a la esfera pública. La principal barrera en este ámbito es la cultura política que domina en los centros de poder, donde las directrices que definen la meritocracia y las cualidades necesarias para ocupar un cargo llevan un sello claramente masculino[20]. Debido a ello las mujeres pueden verse sometidas a constantes pruebas de competencia, dado que su perfil frecuentemente no se ajusta al de los hombres. Esta cultura organizacional con raíces patriarcales sigue siendo fuerte en las zonas rurales, especialmente en las de montaña[21]. Por último, la vida política y las actividades de los partidos suelen coincidir con los horarios en los que las mujeres tienden a estar más ocupadas en el cuidado de los hijos u otros dependientes. Esta amalgama de limitaciones se conoce por el concepto "techo de cristal" ya que, a pesar de la inexistencia de barreras sexistas legales, actúa restringiendo el acceso de las mujeres a los puestos de máxima responsabilidad[22].

El enfoque de oferta y demanda ha sido cuestionado en recientes estudios[23] considerándolo un modelo importado de la economía liberal, basado en el supuesto equilibro entre oferta y demanda del mercado, equilibro que, según la crítica no se produce. Desde esta perspectiva se argumenta que las diferencias de representación de las mujeres entre países no se explican por factores de oferta y demanda como fuerzas abstractas. Para comprender tales diferencias hay que reconocer el papel de las normas y de las prácticas en términos de género y cómo éstas intervienen en los partidos políticos y en los sistemas electorales[24]. El estudio de Bækgaard y Kjaer (2011) sobre representación de las mujeres en la política danesa, apoya la tesis de Krook. Así, mientras que se registran claras restricciones en la oferta, tanto a nivel de verticalidad (jerarquía de cargos por responsabilidad), como horizontalidad (áreas competenciales por temática), no se registra ninguna por lo que respecta a la demanda[25].

Las dificultades de construcción y garantía de la ciudadanía femenina se explican, en parte, porque sólo muy recientemente la teoría sobre la ciudadanía ha sido permeada por el enfoque de género[26]. Según Cobo[27] la paridad ataca el núcleo básico de la democracia patriarcal al proponer una nueva distribución del poder entre hombres y mujeres. Por este motivo las acciones positivas en pro de la paridad no están exentas de polémicas e incluso de recursos legales por parte de los partidos más conservadores[28]. La superación del déficit de representación femenina mediante la paridad debe formar parte de una propuesta más amplia hacia un nuevo contrato social, donde también las responsabilidades familiares estén repartidas de forma equilibrada entre hombres y mujeres. En la medida en que la autonomía y la libertad son los rasgos que definen al ciudadano, la dependencia se separa del debate político. Al instalarse ésta en la esfera privada, origina una relación de dependencias en cadena: las mujeres dependientes de los hombres y las personas dependientes, sean niños, personas enfermas, discapacitadas o viejas lo son de las mujeres[29].

El mismo concepto de ciudadanía ha sido revisado por autoras como Benhabib y Cornella (1990), Young (2000), Fraser (2008) o Pateman (1996) las cuales critican las concepciones liberales de la ciudadanía, así como la posición de Habermas[30] sobre una democracia del diálogo entre individuos, en la que se ponen de lado las relaciones de poder. Phillips (2008) por su parte, defiende la política de la presencia, al no haber una solución única a los problemas que sea objetivamente válida. Phillips propone la representación de personas, a lo que denomina política de la presencia de las mujeres en las instituciones democráticas, como paso necesario para garantizar su acceso al ejercicio del poder político. Otra posición es la defendida por Iris M. Young[31] cuestionando la mayoría como término estrictamente numérico, ya que las sociedades modernas contienen múltiples grupos culturales, algunos de los cuales dominan injustamente. Para esta autora son los hombres dotados de poder económico los que se apoderan de las riendas de la esfera pública y por ello contrapone a la noción de ciudadanía como mayoría, la ciudadanía de grupos caracterizados por la afinidad, la autoidentificación y el ser identificados por los demás. Asimismo, considera que hay grupos privilegiados y grupos oprimidos, por lo que no son simplemente diferentes.

Entre la emergencia de modelos teóricos que recogen la relación entre género y ciudadanía destaca el enfoque de ciudadanía como empowerment (empoderamiento) o creación neta del poder. El empoderamiento se refiriere literalmente a “hacer surgir poder en un grupo”. De esta manera, el empoderamiento está ligado a la participación, a la autonomía y al bienestar. El concepto, por tanto, se desmarca de la tradición individualista, de atomización de los sujetos, al apelar a la colectividad de los procesos de toma de decisiones y reconocer un lugar protagónico a los grupos o colectivos en las dinámicas de poder. Desde el enfoque del empoderamiento, el concepto de ciudadanía incorpora las asimetrías de poder entre grupos y las necesidades de reconocimiento de la diferencia. El concepto de empoderamiento fue popularizado a partir de IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995, a través del Desarrollo Humano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según el PNUD, la presencia de mujeres en los parlamentos y su nivel de formación expresan el grado de “empoderamiento” de éstas (Índice de Potenciación de Género) que, junto con sus condiciones de salud y posición en el mercado laboral, forman el Índice de Desigualdad de Género, uno de los indicadores del Índice de Desarrollo Humano[32]. Con la matriz conceptual del modelo de Desarrollo Humano; la teoría de las capacidades de Sen[33] (1997), las tesis de desarrollo humano y la feminista exhiben sus mayores coincidencias. Posteriormente, Martha Nussbaum (2002) reformula y amplía el concepto de capacidades centrales de Sen aplicando la perspectiva de género. Los resultados son una mayor precisión en la definición de capacidades centrales y la articulación de éstas sobre una lógica de empoderamiento que alcanza tanto al ámbito privado-familiar como al ámbito público. Para Nussbaum el ordenamiento político-público debe brindar a los ciudadanos un nivel básico de capacidad. Si la gente se encuentra sistemáticamente por debajo del nivel mínimo, se requiere perentoriamente la intervención de los estados. Este nuevo enfoque de ciudadanía involucra una revisión de la relación entre Estado y familia, tal y como ha sido entendida por el liberalismo. Desde esta perspectiva, no solo las mujeres necesitan adquirir las denominadas capacidades masculinas de la elección y de la planificación independiente, sino que también los hombres deben adquirir habilidades tradicionalmente asociadas con el quehacer de las mujeres.

El enfoque de empoderamiento está implícito en el concepto de transversalidad (mainstreaming) de las políticas de género, ya totalmente incorporado en la jerga de las políticas públicas con perspectiva de género. Su eficacia es aún dudosa y su implantación muy reciente en las áreas rurales españolas. Aun así, la institucionalización de las políticas de género y, concretamente, de las políticas locales de género nos proporciona referencias obligadas como son la aplicación de presupuestos de género, medidas para el bienestar cotidiano o las políticas del tiempo[34]. En estos momentos de recortes en las políticas sociales, son valiosas experiencias que hay que custodiar como ejemplos de transformación y redireccionamiento de la propia agenda política incorporando la perspectiva de las mujeres en el proceso político.

Mujeres rurales en contexto, representación y acción

En 2012 la agricultura representa sólo el 8,69 por ciento de la población ocupada en el Alto Pirineo y Aran; 4,24 por ciento en las mujeres y 11,62 por ciento en los hombres, aun teniendo en cuenta el carácter rural de esta región de Cataluña. La organización laboral tradicional en la explotación agraria se ha caracterizado por una marcada separación entre la esfera productiva, encabezada por los hombres, y la reproductiva y asistencial, relegada en exclusividad a las mujeres[35]. Mientras el rol de las mujeres incluía las tareas de ayuda a la esfera productiva, el rol de los hombres, no sólo no exigía un trato a la inversa, sino que éste era considerado impropio. Este aspecto asimétrico es el factor clave que explica la discriminación de los trabajos de las mujeres y su confinamiento a la invisibilidad[36]. Esta estructura es aun influyente en las zonas rurales, viéndose reflejada en una mayor relegación del trabajo doméstico en las mujeres que en las áreas urbanas[37]. Otra característica de las zonas rurales es su escasa oferta laboral, especialmente de trabajos cualificados, que afecta de forma especial a la población joven y a las mujeres. En primer lugar, ello dificulta el retorno de la población formada, en este caso femenina y masculina, a las zonas de origen rural. En segundo lugar, los sectores menos “empoderados”, es decir mujeres y jóvenes tienen más difícil acceder a puestos cualificados. Todo ello conlleva a la conocida doble discriminación de las mujeres rurales, por razón de sexo y por razón de origen geográfico. Esta situación se ve reflejada en la aportación económica de las mujeres rurales y en la propia diferencia salarial. Así, una mujer rural sustentadora principal tiene salarios un 34 por ciento más bajos que la media; un 41 por ciento menos que un varón urbano; un 26 por ciento menos que un varón rural y un 15 por ciento menos que una mujer urbana[38].

Mujeres rurales empresarias y emprendedoras

En el siglo XXI el gran grueso de la población activa femenina en las zonas rurales de los países occidentales se reparte entre los servicios de la administración pública y la actividad empresarial como profesional autónoma, ya sea en el comercio, en el turismo rural, en la producción artesanal o en la agricultura. En todos los casos de actividad empresarial se trata de trabajos de jornadas laborales muy largas y con características de micronegocios, por lo que llevan incluida la precariedad laboral. Destaca, además, la falta de tradición empresarial en las mujeres, hecho que las lleva a perpetuar el rol de complementar al marido. El principal inconveniente para la consecución del proyecto empresarial son las dificultades para la conciliación con las cuestiones familiares y personales. Otra limitación que experimentan es la escasa oferta formativa y de servicios para las personas. Por otro lado, los estudios enfatizan que las mujeres emprendedoras reinvierten en el negocio, ofrecen calidad y fiabilidad en el producto, así como en el servicio prestado, por lo que responden al perfil de buenas emprendedoras. En el desarrollo de sus negocios se observa como es fundamental la red de apoyo mutuo entre mujeres. Las mujeres destacan de sus proyectos empresariales, el hecho de que éstos les hayan aportado visibilidad a su trabajo, independencia económica y un aumento de la autoestima[39].

El aumento de visibilización del trabajo de las mujeres junto con el consecuente empoderamiento se refleja en los resultados de la presente investigación. Con frecuencia, las mujeres entrevistadas atribuyen a su labor empresarial el motivo por el que han recibido la propuesta de pertenecer a una candidatura política. Además, su cargo empresarial les conllevaba responsabilidades en asociaciones. Por lo tanto, el empoderamiento y liderazgo que las mujeres rurales experimentan a través de su propia emprendeduría es, en la mayor parte de los casos, el mismo canal que les da acceso a la actividad política.

Desde los estudios rurales con perspectiva de género, el rol de las mujeres en las comunidades rurales ha sido analizado y destacado, concluyendo que éste es clave en la viabilidad de la explotación agraria[40], en el desarrollo del tercer sector[41] y en el desarrollo rural[42]. Desde diversas instancias gubernamentales se reconoce la labor de las mujeres, beneficiándolas con premios simbólicos que les dan visibilidad, reconocimiento y, por lo tanto, empoderamiento. Sin embargo, es inevitable encontrar contradicción entre este reconocimiento institucional, al tiempo que los presupuestos en inversión pública son recortados, precisamente en los conceptos que más directamente afectan a las mujeres y muy especialmente en las zonas rurales, como son los servicios de atención a las personas[43].

La representación de las mujeres en las instituciones políticas españolas

La proporción de diputadas en el Congreso de los Diputados del Estado Español ha aumentado significativamente desde el 6 por ciento en el período legislativo de 1977 a 1982 hasta alcanzar el 38,26 por ciento en el período legislativo 2008-2011. No obstante, en la última legislatura (2011-2015) la proporción ha bajado al 35,43 por ciento[44]. A la vez, el proceso de incorporación de mujeres en los gobiernos locales de algunas zonas rurales muestra signos de estancamiento. Este es el caso de la región del Alto Pirineo y Aran, en los Pirineos Catalanes, con el 21,9 por ciento de mujeres en el período legislativo de 2007 a 2011 yque se estanca con el 21,8 por ciento en el período legislativo de 2011 a 2015. En los siguientes apartados analizamos en detalle estas tendencias.

La representación de mujeres en las Comunidades Autónomas del Estado Español

La proporción media de mujeres en los parlamentos autonómicos, 43,1 por ciento (figura 2), es bastante superior a la proporción de mujeres en el Congreso, 35,45 por ciento. Se observa en 2011 importantes diferencias entre Comunidades Autónomas, destacando Castilla-León, Castilla la Mancha y Andalucía como las tres Comunidades con proporciones más altas, superando la media española en los tres casos. En el otro extremo encontramos a Aragón, Canarias y Navarra, donde la proporción de mujeres en los parlamentos autonómicos tiene los porcentajes más bajos, inferiores a la media española todos ellos (figura 2).

Figura 2. Proporción de mujeres en los parlamentos autonómicos españoles 1987-2011, en porcentaje Fuente: datos del Instituto de la Mujer. Estadísticas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://www.inmujer.es/estadisticas/portada/home.htm)

La evolución de la proporción de mujeres en los parlamentos autonómicos en las últimas décadas (figura 3), tomando por referencia los años 1987, 1997, 2007 y 2011, observamos cómo entre 1987, con el 7 por ciento de mujeres de media, y 1997, con el 20 por ciento, la proporción de mujeres prácticamente se triplica. El siguiente período, 1997-2007, representa un segundo gran salto en el que también se dobla la proporción, pasando del 20 por ciento al 41 por ciento. Por el contrario, de 2007 a 2011 la proporción crece poco, del 41 por ciento al 43 por ciento, y no crece en todas las Comunidades Autónomas. Es más, en la Figura 2 se observan puede apreciar, claramente, como en algunas Comunidades Autónomas la proporción de mujeres ha descendido en 2011. Entre ellas identificamos, por un lado, el grupo de Comunidades con valores habitualmente altos, que puede que ahora estén tocando techo: Baleares, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y País Vasco. Por otro lado, encontramos a las comunidades que han tenido históricamente una baja representación de mujeres en sus parlamentos. Son los casos de Aragón, Canarias y Navarra. No obstante, hay que reconocer que éste último período temporal abarca pocos años.

En los cuatro periodos seleccionados se repiten las Comunidades de Madrid y el País Vasco como las de mayor proporción de mujeres en la política parlamentaria. Baleares y Castilla-La Mancha aparecen en tres momentos, mientras que Andalucía y Castilla-León en dos. No hay una razón precisa, por ahora, que explique porque en 2011 es en estas siete Comunidades donde ha descendido la incorporación de mujeres en la política parlamentaria y no en otras. Otros estudios[45] corroboran esta tesis afirmando que no pueden establecerse relaciones claras con potenciales variables explicativas- demográficas como la población; económicas como la renta per cápita y el PIB o con políticas de partidos; tamaño de partidos, partidos estatales o nacionalistas, gobiernos de coalición o monocolor, presencia de hechos identitarios etno-nacionales, nivel competencial asumido por la Comunidad Autónoma etc. No puede sino concluirse que la variedad e intensidad de la presencia de mujeres depende de dinámicas internas de cada partido en cada región, registrándose casos muy distintos en diferentes territorios dentro de un mismo partido[46].

Figura 3. Índice de variación del número de mujeres en los parlamentos autonómicos españoles 1987-2011, en porcentaje Fuente: datos del Instituto de la Mujer. Estadísticas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://www.inmujer.es/estadisticas/portada/home.htm)

La participación de las mujeres en las asambleas parlamentarias en España ha experimentado un acelerado incremento, más rápido pero con similar volumen al registrado en países europeos con las cuotas más altas[47]. Otro dato revelador que se refleja en la figura 3 es el hecho de que los incrementos más altos se hayan registrado en períodos previos al establecimiento de las cotas de paridad que marca la Ley 3/2007. En realidad, aunque la aplicación de la Ley haya impulsado el crecimiento de la presencia de mujeres en los parlamentos de ocho Comunidades, en siete ha decrecido y en cuatro se ha mantenido igual. Solo Canarias y Navarra no llegan al mínimo del 40 por ciento de personas de un mismo sexo, tal y como exige la Ley. Curiosamente, en Castilla-León se sobrepasa el máximo del 60 por ciento permitido de personas de un mismo sexo, dato que no podemos argumentar. Lo que parece más determinante en la promoción de mujeres en las listas de candidatos al parlamento son las decisiones de inclusión tomadas dentro de determinados partidos políticos, práctica que se ha ido generalizando[48]. El parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta desde 1997 con un porcentaje de mujeres ligeramente inferior a la media del total en España, a pesar de partir de un porcentaje superior en 1987.

Representación de mujeres en los gobiernos locales. Caso del Alto Pirineo y Aran

La participación de mujeres en los gobiernos municipales también ha evolucionado significativamente en España (cuadro 1). No obstante, en el período 2011-2015 aún no se logra alcanzar el mínimo del 40 por ciento.

Cuadro 1 Evolución de la proporción de alcaldesa y concejalas en los ayuntamientos por Comunidades Autónomas, 1983-2011 Comunidades Autónomas 1983 1995 2007 2011 Alcaldía Alcaldía Concejalas Alcaldía Concejalas Alcaldía Concejalas M* % % M % % M % % M % Andalucía 16 2,1 3,9 152 19,3 16,0 3.378 37,8 19,8 3.381 42,0 Aragón 13 1,8 6,9 464 13,4 13,4 979 23,1 16,3 975 26,9 Asturias 3 3,8 3,8 194 21,2 14,1 355 37,4 19,2 306 36,7 Islas Balears 1 1,5 10,4 161 20,9 9,0 321 35,9 10,4 352 42,0 Islas Canarias 1 1,1 2,3 215 18,3 12,6 522 38,2 19,1 535 41,0 Cantabria 4 3,9 2,9 122 13,3 11,8 282 27,3 7,8 307 32,3 Castilla-León 52 2,3 7,6 1.339 12,3 13,6 2.835 22,8 15,7 2.893 26,8 Castilla-La Mancha 19 2,1 8,6 828 15,9 17,5 1,903 30,6 19,2 1.956 34,6 Cataluña 15 1,6 4,7 1.101 15,3 12,7 2.585 29,1 14,3 2.759 34,4 Extremadura 12 3,2 5,8 504 17,8 15,7 1.966 35 18,2 1.076 36,5 Galicia 6 1,9 4,5 408 11,3 8,0 1.064 31,8 7,6 1.246 36,5 Madrid 4 2,2 10,6 343 23,4 19,6 1.143 29,8 23,9 857 40,7 Murcia 4 8,9 6,7 140 21,7 13,3 850 38,7 13,0 299 42,0 Navarra 1 0,4 5,1 284 17,2 17,7 277 37,2 18,9 557 35,5 La Rioja 5 2,9 8,0 504 22,0 10,3 895 35 14,9 232 29,0 Valencia 3 0,6 6,1 136 16,8 17,5 260 26,9 19,2 1.957 38,3 País Vasco 6 2,6 8,8 1.037 21,4 19,9 531 27,8 22,0 959 40,4 Ceuta y Melilla                 0,0 21 43,8 España 164 2,0 6,5 9.300 16,5 14,6 20.165 30,5 16,8 20.668 34,9 *M= Mujeres.                       Fuente: Elaborado a partir de los datos del Instituto de la Mujer, 2011 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/poder/poder_ejecutivo.htm

 

En el Alto Pirineo y Aran la participación de las mujeres en los gobiernos locales en el período legislativo de 2011 a 2015 cuenta solamente con el 21,8 por ciento, frente al 34,4 de Cataluña y el 34,9 de España (cuadro 2). Más difícil resulta el acceso de las mujeres del Alto Pirineo y Aran al cargo de alcaldesa, siendo solo el 7,8 por ciento de mujeres que ostentan este cargo, frente al 14,1 de Cataluña y el 16,8 de España (cuadro 2).

Cuadro 2 Evolución de la presencia de mujeres en los ayuntamientos Alto Pirineo Catalán por comarcas, Cataluña y España. 1979-2015 (absolutos y %)
	Concejalas
Comarcas	1ª PL1 1979-83			4ª PL 1991-95			8ª PL 2007-11			9ª PL 2011-15
	MT2	% M	THM3	MT	% M	THM	MT	% M	THM	MT	% M	THM
Alt Urgell	1	0,8	131	8	6,4	125	26	20,6	126	25	19,2	130
Alta Ribagorça	1	4,0	25	5	20,0	25	6	22,2	27	7	28,0	25
Cerdanya	3	2,8	107	6	5,9	102	28	25,9	108	27	23,9	113
Pallars Jussà	5	5,2	97	10	10,2	98	20	20,6	97	22	22,4	98
Pallars Sobirà	2	2,1	97	11	12,4	89	21	21,4	98	22	22,2	99
Val d'Aran	8	13,6	59	7	13,7	51	11	20,0	55	11	18,6	59
APyA	20	3,9	516	47	9,6	490	112	21,9	511	114	21,8	524
Cataluña	393	4,8	8.262	919	11,0	8.321	2.651	29,6	8.953	2.759	34,4	8.023
España	2.356	4,5	52.350	9.300	16,4	56.537	20.165	30,5	66.115	20.668	34,9	59.136
	Alcaldesas
APyA	2	2,6	77	1	1,3	77	5	6,5	77	6	7,8	77
Cataluña	21	2,2	934	30	3,2	941	124	13,0	955	133	14,1	946
España	164	2,0	8.051	529	6,5	8.096	1.179	14,6	8.075	1.355	16,8	8.078
Nota: 1: PL: Periodo Legislativo. 2: TM: Total Mujeres. 3: Total Hombres y Mujeres.
Fuente: Elaboración a partir de datos de Corcoy, et al., 2011.
Datos 2011-15: http://www.terracatalana.cat/les/eleccions/2011///. Datos España: Capo, 1992

Si comparamos los tres ámbitos territoriales del estudio; España, Cataluña y Alto Pirineo y Aran, observamos como el incremento de la presencia de mujeres en el gobierno local ha sido constante en los tres ámbitos, hasta el período 2007-2011. En el siguiente periodo, 2011-2015 se produce una desaceleración tanto en España como en Cataluña y un estancamiento en el Alto Pirineo y Aran (figura 4).

Figura 4. Evolución de la presencia de mujeres en el gobierno local: España, Cataluña y Alto Pirineo y Aran, 1975-2015, en porcentaje Fuente: datos del Instituto de la Mujer. Estadísticas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://www.inmujer.es/estadisticas/portada/home.htm) Fuente para el Alto Pirineo y Aran 1970-2007: Corcoy et al, 2011 Fuente para Alto Pirineo y Aran 2011-15: http://www.terracatalana.cat/catalunya/eleccions/

Existen además otros dos aspectos específicos en cuanto a la calidad de la representación de las mujeres en el gobierno local del Alto Pirineo y Aran. En primer lugar, se identifica una mayor segregación de sexo en las responsabilidades políticas por la concentración de mujeres en los puestos “menos importantes[49]” (cuadro 3).

Donde hay mayor representación de mujeres es en el área de “Servicios a las personas” con el 29,1 por ciento en el Alto Pirineo y Aran frente al 43 por ciento de Cataluña. En cambio, donde está más representado el colectivo de los hombres es en el área de “Territorio y medio ambiente” con un 95,1 por ciento en el Alto Pirineo y Aran y un 88,7 por ciento en Cataluña. También está muy masculinizada el área de “Mantenimiento, Infraestructuras y Servicios municipales” con un 87,5 por ciento y 88,1 por ciento respectivamente. En el Alto Pirineo y Aran los hombres tienen una representación máxima del 70 por ciento, en Cataluña es del 60 por ciento. En cambio, las representación máxima de las mujeres en el Alto Pirineo y Aran es del 30 por ciento, mientras que en Cataluña llega al 40 por ciento. El gran contraste entre el 25,7 por ciento de políticas “Sin responsabilidades específicas” en el Alto Pirineo y Aran frente al 74,3 por ciento de los políticos, es menos acusado en el total de Cataluña; 33,1 por ciento de políticas y 66,9 por ciento de políticos.

En segundo lugar y centrándonos en el número de miembros del consistorio que son relegidos (cuadro 4) vemos como en el Alto Pirineo y Aran el porcentaje de relegidas pasó del 2,7 por ciento de la primera legislatura al 14,3 por ciento de la octava. Para Cataluña los datos son del 3,5 por ciento y del 21,7 por ciento, respectivamente.

¿Empoderamiento? un balance

Las pautas de participación en las democracias industrializadas han cambiado desde la década de los noventa. Mientras que las formas institucionalizadas de participación (véase, miembros de partido) están disminuyendo, se observa un incremento en la aparición de formas no institucionalizadas de participación política. Un estudio basado en la Encuesta Social Europea[50], la Encuesta de Ciudadanía, Participación, Democracia[51] de los EUA y los Estudios de Elecciones Holandeses[52] establece que las diferencias de género se han reducido considerablemente y en algunos casos incluso se ha invertido hacia la participación no-institucionalizada, en la que las mujeres tienden a ser más activas que los hombres. En dicha encuesta, tanto las mujeres más jóvenes, como los hombres más jóvenes, tienen claramente preferencia por formas no institucionalizadas de participación política[53]. Otra encuesta de 2011 en Cataluña muestra cómo, si bien los hombres adultos participan un 3,6 por ciento más en asociaciones que las mujeres, en la población joven la situación es inversa, son las mujeres las que participan más que los hombres, con un 8,6 por ciento más de proporción[54]. Las mujeres constituyen, además, redes de solidaridad, familiares y amistosas que permiten una circulación más fluida de los recursos y del aprovechamiento de todas las posibilidades de supervivencia: desde los comedores colectivos, hasta las redes entre madres y abuelas y también entre mujeres pobres, evitándose mutuamente la exclusión social[55]. Similares resultados hemos obtenido en investigaciones previas realizadas en el área del Alto Pirineo y Aran, en la que, de nuevo, las mujeres se identificaron como el colectivo más activo en la creación de redes de solidaridad[56]

La necesidad de garantizar una política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está presente en los principios ideológicos de la UE[57], en la política agraria comunitaria vigente[58] y en la OIT[59]. Según la UE es prioritario ofrecer políticas de apoyo a las mujeres rurales para fijar población, cohesionar el territorio[60] y corregir la masculinización de la población rural. Sin embargo, en vista a los datos expuestos, las mujeres tienen una baja representación en los gobiernos locales y ésta, además, adquiere los mismos patrones que los del mercado laboral, siéndoles mucho más difícil ocupar los puestos de máxima decisión política. Ante esta situación el análisis de las entrevistas en profundidad permite determinar qué factores intervienen facilitando u obstaculizando la incorporación de las mujeres en los cargos de representación política del área de estudio.

Puntos en común en los discursos de hombres y mujeres

A la pregunta sobre los principales motivos que condujeron a las personas entrevistadas a participar en la política local, existe consenso en identificar el deseo de ayudar a la comunidad, tanto la cercana como la general. Otro dato común entre hombres y mujeres hace referencia al tamaño de municipio, cuando mayor es éste, las personas entrevistadas muestran menos críticas con el sistema político dominante. En su lugar, sus enfoques son más institucionalizados y sus respuestas más formales.

Diferencias en el discurso de hombres y mujeres

En cuanto a la pregunta sobre la disponibilidad de candidatas, se respondió por parte de los cabezas de lista que era muy limitada. Las respuestas aportadas por los hombres identificaron que la falta de candidatas era debida a un supuesto menor interés de las mujeres en la afiliación a partidos y en la política formal, con matices añadidos, como el de la “oposición de las mujeres a participar en el juego sucio de la política” o en “tener demasiada sensibilidad para soportar las tensiones que acompañan el ejercicio de la política”. La limitación de la oferta debida a “las dificultades de las mujeres para la conciliación laboral, familiar y personal”, fue el argumento más mencionado en todos los casos entrevistados, siendo manifestado con mayor énfasis por las mujeres. Otras aportaciones interesantes, son ”la ausencia de modelos previos de mujeres en política”, que situaría a las mujeres en un contexto sin referencias, hecho que añadido al “elevado sentido de la responsabilidad y la implicación personal de las mujeres con los compromisos adquiridos”, las empujaría a rechazar las invitaciones a ser candidatas.

Por el lado de la demanda, señalando como principal barrera la cultura de política dominante, de clara impronta masculina, las respuestas fueron muy diferentes según los sexos. Mientras que para los hombres entrevistados no veían razón, en muchos casos, que explicara la falta de presencia de las mujeres en la política, sus mismas compañeras de política local afirmaban sentirse más exigidas y observadas en tanto que mujeres que “ejercían un poder que a ojos externos parecía impropio”. En las respuestas sobre su recorrido vital, las mujeres se habían adaptado a la dinámica política dominante pero, en bastantes casos, con dificultades disimuladas, especialmente al principio. Estas dificultades habían sido suavizadas por el apoyo que les habían ofrecido otras mujeres, estuvieran o no en el mismo partido político.

En cuanto a los factores que facilitan la implicación de las mujeres en la política activa, coincidieron ambos sexos en que la previa vinculación en organizaciones cívicas era un aspecto decisivo en su trayectoria. Las mujeres enfatizaron la disponibilidad de tiempo. Por este motivo algunas de ellas eran mujeres con los hijos mayores, o bien, sin hijos.

Contribuciones de las mujeres al modelo de empoderamiento

En cuanto a la valoración de la aportación de las mujeres en los gobiernos locales, las mujeres entrevistadas aprecian la existencia de equipos mixtos, mencionan y dan apoyo a la necesidad de tomar las decisiones en equipo y a cooperar con las administraciones de los territorios vecinos. Existe consenso, también, entre las respuestas de las mujeres, en que hombres y mujeres tienen sensibilidades diferentes, aunque los objetivos puedan ser, esencialmente, los mismos. Mientras que las mujeres manifiestan la necesidad de considerar que los beneficiarios finales son las personas, los hombres tienden a concentrarse más en los aspectos ejecutivos del proyecto.

La mayoría de mujeres entrevistadas habían aportado conciencia de género en su práctica política, a pesar de su desconocimiento sobre la perspectiva de género. Las más jóvenes, tenían una visión muy crítica sobre el sistema político imperante y se mostraron abiertas a emprender alternativas. Esta actitud era compartida por algunos hombres jóvenes.

La mayoría de los hombres manifestaron apreciar las aportaciones de las mujeres por su eficiencia, capacidad de trabajo y organización, su planteamiento grupal y sus aptitudes para la conciliación. Sin embargo, no mostraron preocupación por la baja presencia de mujeres en la toma de decisiones ni interés en indagar sobre las causas. En algunos casos se mostraron reacios a las medidas de paridad. La escasa consciencia entre los hombres entrevistados sobre las dificultades que las mujeres afrontan en el proceso de incorporación en la política muestra la tendencia generalizada, a considerar equiparables la igualdad de derechos con la igualdad de oportunidades.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Conclusiones

En los anteriores apartados hemos analizado el progresivo aumento de la participación de las mujeres en España en tres niveles de organización política; el Congreso del Estado, los Parlamentos Autonómicos y las Administraciones Locales. Los datos demuestran que aun acercándose a las tasas más altas de participación femenina del mundo, no se consigue llegar en muchos casos al mínimo del 40 por ciento establecido por ley. El análisis de la calidad de esta participación, a través del caso del área de montaña del Alto Pirineo y Aran en Cataluña, nos permite observar unos patrones de desigualdad semejantes a los que se identifican en el mercado laboral. Por un lado, la representación de las mujeres es mucho menor en los puestos de máxima responsabilidad. Por otro, la permanencia en los cargos electos es más corta que en los hombres. Este aspecto nos lleva a recuperar las tesis de oferta y demanda establecidas por la teoría clásica[61].

La participación de las mujeres en las estructuras de representación parlamentaria y en los gobiernos es un indicador de igualdad de oportunidades en la sociedad[62]. Sin embargo, los factores de demanda y oferta del mercado político constriñen de una forma específica a las mujeres, limitando su acceso y manteniéndolas alejadas de los puestos de máxima decisión. Tradicionalmente, se ha atribuido a la falta de interés de las mujeres. Datos recientes muestran que esta diferencia en el interés por la política entre hombres y mujeres es atribuible únicamente en los adultos, pero nula entre los jóvenes[63]. Esta conclusión, matizaría el modelo de oferta y demanda así como otros postulados que defienden el desinterés de las mujeres por las cuestiones políticas. El modelo de oferta y demanda sigue siendo útil, siempre y cuando contenga en su marco de análisis que existen disidencias a las prácticas políticas dominantes y que en éstas las mujeres tienen un papel destacado.

Los resultados de esta investigación ponen en evidencia la necesidad de reivindicar las políticas de paridad, dado que han sido decisivas para el aumento de la participación de las mujeres en la política. No obstante, y tal y como se ha demostrado en este estudio, estos apoyos no son suficientes para garantizar la plena representación de las mujeres en la política en igualdad de condiciones, es decir, sin producirse dinámicas de segregación por sexo. Éstas son medidas legales que responden a un enfoque top-down, por lo que seguirán potenciando un modelo político por imposición, que insistimos, da sus frutos. En este sentido, es relevante destacar que las medidas para aumentar la paridad con frecuencia no se entienden y algunos hombres son activamente resistentes a ellas. Parece evidente, por lo tanto, que estas políticas de apoyo a las mujeres deben venir acompañadas de otras acciones para promover su empoderamiento. Hay que mencionar, además, que las medidas de paridad en España no son vinculantes en municipios de menos de 3.000 habitantes, que son la mayoría de los municipios en el Alto Pirineo y Aran. Por otro lado, los sectores con mayor capacidad de dar empleo a las mujeres cuentan con la inversión pública como paso previo. En su mayor parte consisten en iniciativas públicas de fomento de los servicios a las personas. Urge, por tanto, clarificar conceptos y metodologías frente a un contexto que es previsible que cuestione la necesidad de instrumentos públicos de apoyo a las mujeres. Los recortes en inversión pública disminuyen claramente el margen que las mujeres estaban consiguiendo y, por lo tanto, la labor que éstas ejercen transformando la política. Finalmente, hay que tener en cuenta también que existen otras vías de hacer política, básicamente a través del asociacionismo, y que son necesarias para aprovechar el capital humano, femenino y masculino que no se siente identificado con los patrones establecidos.

Bibliografía

BÆKGAARD, Martin y KJAER, Ulrik. Is there a Gendered Division of Labor in Assignments to Political Committees? Paper tabled at the panel 397. En: Gender and Institutions at the 6th ECPR General Conference, Reykjavik 25-27 August, 2011. 16 p.

BAYLINA, Mireia y BOCK, Bettina. Gender and Rural Development in academic discourse”, p. 95-99. En GOVERDE, Henri; DE HAAN, Henk; BAYLINA, Mireia (eds.): Power and Gender in European Rural Development. Aldershot/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2004. 190 p.

BENERÍA, Lourdes. Género, Desarrollo y Globalización. Barcelona: Hacer Editorial, 2005. 203 p.

BENERÍA, Lourdes y SARASÚA, Carmen. ¿A quién afecta el recorte del gasto?, El País, Jueves, 28 de octubre de 2010, edición impresa, Sección Tribuna: la Cuarta página.

BENHABIB, Seyla y CORNELLA, Drucilla. Teoría Feminista y teoría crítica. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1990. 449 p.

BOWLBY, Sophie; FOORD, Janet; MACKENZIE, Suzanne. Feminism and geography, Area, 1982, vol. 14, nº1, p. 19-25.

CÀNOVES, Gemma; BLANCO, Assumpció. El papel de las mujeres en la diversificación de actividades económicas en una comarca rural de Cataluña: el caso del Pallars Jussà. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 2008, vol. 20, p. 133-154

CAPO, Jordi. La élite política local en España, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) 1992, nº 76, p. 127-143.

CASELLAS, Antonia; PALLARÈS-BLANCH, Marta; TULLA, Antoni F. Women’s Political Participation in Parliamentary Democracy in Rural Catalonia (1970’s–2000’s). Analele Universităţii de Vest din Timişoara, GEOGRAFIE, , vol. XIX, p. 11-26. Timisoara: Universidad de Timisoara, 21-24 de Mayo de 2009. [4 de mayo de 2013].

CASELLAS, Antònia; TULLA, Antoni F.; VERA, Ana; PALLARÈS-BLANCH, Marta. Gobernanza local y espacio rural. Un análisis territorial desde la perspectiva de género, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2013, nº 62, p.379-402.

COBO, Rosa. “Democracia paritaria y sujeto político feminista”, Anales de la Cátedra de Francisco Suárez, 2002, vol. 36, p. 29-44. [4 de mayo de 2013].

COMAS D’ARGEMIR, Dolors. La família troncal en el marc de les transformacions socio-econòmiques del Pirineu d'Aragó, Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 1984, nº 5, p.44-68.

CORCOY, Marta; BARBER, Carolina; EXPELETA, Tomàs; MONTAÑEZ, Xesco. Homes i dones Protagonistes a les Institucions democràtiques catalanes. Presencia i permanencia als càrrecs (1977-2011). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Sociologia, 2011. 20 p. [4 de mayo de 2013].

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Agents d’igualtat de gènere: una nova professió, Sèrie Igualtat i Ciutadania, Col·lecció documents de treball, 2007, nº 2. Barcelona. 12 p. [20 de agosto de 2013].

ENQUESTA SOBRE PARTICIPACIÓ I POLÍTICA A CATALUNYA. Direcció General de Joventut i Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Generalitat de Catalunya, 2011. 26 p. [20 de agosto de 2013].

FRASER, Nancy. Escalas de justicia. Barcelona: Herder, 2008. 296 p.

GARCÍA SANZ, Benjamín. La mujer rural en los procesos de desarrollo de los pueblos, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, vol. 55, p. 107-120.

GELAMBÍ, Mònica. Les polítiques de gènere en els ajuntaments catalans: en procés de construcció, Working Paper 243/05. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2005. [4 de mayo de 2013].

HABERMAS, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Volume II: Lifeworld and System: A critique of functionalist reason. Beacon Press, (v. 2), 1987. 457 p.

IZQUIERDO, María Jesús. Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: Hacia una política democrática del cuidado, Congreso Internacional Sare 2003: Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado. Vitoria-Gasteiz: Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, 2004. 119-155 p.

KITTILSON CAUL, Miki. Challenging parties, challenging parliaments: Women and elected office in contemporary Western Europe. Columbus: Ohio State University Press, 2006. 190 p.

LITTLE, Jo; PANELLI, Rita. Gender Research in Rural Geography, Gender, Place and Culture, 2003, vol. 10, nº 3, p. 281–289.

NORRIS, Pippa. Passages to Power. Legislative recruitment in advanced democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 159.

NUSSBAUM, Martha. Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder Editorial, 2002. 414 p.

OÑATE, Pablo. Cuotas, cantidad y calidad de la representación de las mujeres en España. En I. Delgado (ed.): Alcanzando el equilibrio. El acceso y la presencia de las mujeres en los parlamentos. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 117-136, 2011.

PALLARES-BARBERA, Montserrat, CASELLAS, Antònia, DOT, Esteve y PALLARÈS-BLANCH, Marta. Xarxes, Capital Social i treballs de les Dones als Pirineus. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2005. (no publicado). 84 p.

PALLARÈS-BARBERÀ, Montserrat, PALLARÈS BLANCH, Marta y TULLA, Antoni Francesc. Capital social i treballs de les dones als Pirineus. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de la Dona, 2003. 119 p.

PATEMAN, Carole. El Contrato Sexual. Barcelona: Anthropos, 1995. 318 p.

PHILLIPS, Anne y SAHARSO, Sawitri. The rights of women and the crisis of multiculturalism, Ethnicities, 2008, vol. 8, nº 3, p. 291-301.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (2011) Informe sobre Desarrollo Humano 2011 Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 201 p.

RICO GONZÁLEZ, M. y GÓMEZ GARCÍA J.M. La contribución de la mujer en la economía rural de Castilla y León, Economía Agraria y Recursos Naturales, 2009, vol. 9 nº 2, p. 51-77.

SABATÉ, Ana; DÍAZ, María Ángeles. Mujeres y desarrollo rural: la conciliación de tiempos de vida y trabajo, Serie Geográfica, 2003, vol. 11, p. 141-162.

SEN, Amartya. Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial, 1997. 221 p. (versión de Ana María Bravo, revisión de Pedro Schwartz).

STOLLE, Dietlind y HOOGHE, Marc. Shifting Inequalities? Patterns of Exclusion and Inclusion in Emerging Forms of Political Participation, Discussion Paper SP I 2009–204. Social Science Research Center Berlin (WZB). [4 de mayo de 2013].

TULLA, Antoni Francesc; CASELLAS, Antonia; PALLARÈS-BLANCH, Marta; VERA, Ana. Las relaciones de género en las políticas locales y en el desarrollo económico del Pirineo Catalán, Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero, 2012, vol. 3, nº2, p. 76-86. [4 de mayo de 2013].

TULLA, Antoni Francesc. Women and family farms in Catalonia, Iberian Studies, 1991, nº 20 (1 y 2), p. 62-80.

VALCARCEL, Amelia. La política de las mujeres. Valencia: Universidad de Valencia, 1997. 233 p.

VERGE, Tània. Mujer y partidos políticos en España: las estrategias de los partidos y su impacto institucional, 1978-2004, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2006, vol. 115, p. 165-196.

VERGE, Tània. Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2008, vol. 123, p. 123-150.

WHATMORE, Sarah. Life Cycle or Patriarchy? Gender Divisions in Family Farming, Journal of Rural Studies, 1991, vol. 7, nº 1/2, p. 71-76.

YOUNG, Iris M. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2011 (1990). 286 p.

ZÚÑIGA AÑAZCO, Yanira. Ciudadanía y Género. Representaciones y conceptualizaciones en el pensamiento moderno y contemporáneo, Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios, 2010, vol. 17, nº 2, p. 133-163.

 

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© Copyright Antoni F. Tulla, 2014.
© Copyright Antònia Casellas, 2014.
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© Copyright Biblio3W, 2014.

 

Ficha bibliográfica:

PALLARÈS BLANCH, Marta; TULLA, Antoni F.; CASELLAS, Antònia; VERA, Ana. Entre premios y recortes: el zigzagueante proceso de empoderamiento de las mujeres rurales. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 5 de enero de 2014, Vol. XIX, nº 1057. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-1057.htm>. [ISSN 1138-9796].