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TIEMPOS LENTOS, RUMBOS CAMBIANTES Y RESULTADOS INCIERTOS. LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA

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Tiempos lentos, rumbos cambiantes y resultados inciertos. Las políticas de vivienda en la ciudad de Bahía Blanca (Resumen)

En el espacio urbano fragmentado, diferenciado, heterogéneo,  se materializan los  procesos de producción del espacio  realizados por los distintos agentes intervinientes y las temporalidades ligadas a ellos, que  van  determinando la formación de las diferentes áreas.

En este contexto, el estudio está focalizado en las políticas habitacionales,  a través de las acciones llevadas a cabo por el Estado y otros agentes, con el propósito de resolver problemas de déficit habitacional, entre los que se destacan situaciones de conflicto surgidas de las ocupaciones ilegales de tierra.

El caso de estudio es Bahía Blanca, ciudad media localizada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, donde se iniciaron acciones, desde hace algo más de una década, que han generado cambios en ciertas áreas. Sin embargo, los diversos programas y proyectos no alcanzaron a producir una transformación significativa en el hábitat y  una solución al déficit habitacional.

Palabras clave: política habitacional, fragmentación urbana, vivienda de interés social, periferia, expansión urbana

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Slow times, changing directions, uncertain results. The housing policies in Bahía Blanca (Abstract)

In the heterogeneous, fragmented, differentiated urban space are materialized the processes carried out by the different agents  and  the time bound  to them, as  they are determining the formation of the different areas.

In this context, the focus of the study is the housing policies, through the actions of the State and other agents, with the purpose of solving problems of housing deficit, among those arisen conflicting situations of the illegal occupations.

The case of study is Bahía Blanca, medium size city located in the Southwest of the Province of Buenos Aires, Argentina, where for something more than one decade, they have generated changes in certain areas. However, the diverse programs and projects didn't reach a significant transformation in the habitat and a solution to the housing deficit.

Key words: urban fragmentation, housing policy, social housing, periphery, urban expansion.

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En el espacio urbano fragmentado, diferenciado, heterogéneo,  se materializan los  procesos de producción del espacio  realizados por los distintos agentes intervinientes y las temporalidades ligadas a ellos, que van  determinando la formación de las diferentes áreas. Esta dinámica corresponde tanto a la participación  de quienes lo hacen  a través del mercado inmobiliario,  como a  la acción de los grupos que, por  carecer de recursos,  producen ciudad al margen del circuito formal. En esta fragmentación urbana, se destacan las áreas de la sobrevivencia, del refugio, pautadas por los tiempos lentos  y cortos de la vida cotidiana, relacionados con el trabajo y  los inconvenientes ligados al transporte, inseguridad, conflicto, violencia. Ante esta realidad, el Estado interviene  aplicando políticas sociales en las cuales la vivienda tiene prioridad, al igual que la educación y la salud.

Bahía Blanca, ciudad media localizada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina,(Figura 1) no escapa a esta situación. En el espacio bahiense se destaca el sector sur-oeste en el que se concentran las desigualdades, las carencias y la marginalidad, social y ambiental. Y es en este sector donde se registran importantes intervenciones, debido a que es allí donde también se localiza una amplia disponibilidad de tierras del Estado, destinadas a programas de vivienda social. Desde hace algo más de una década, se iniciaron  acciones que han resultado en cambios importantes en ciertas áreas; sin embargo, la situación de precariedad prevalece en gran parte del sector, ya que los diversos programas y proyectos no alcanzaron a producir una transformación significativa en el hábitat. En este contexto, el interés de la ponencia está focalizado en el estudio de las políticas habitacionales- entendidas de manera general como el conjunto de decisiones y acciones, directas e indirectas, del sector público en materia habitacional-  a través de las acciones llevadas a cabo por el Estado y otros agentes, con el propósito de resolver problemas de déficit habitacional, entre los que se destacan las situaciones de conflicto surgidas como consecuencia de las ocupaciones ilegales de tierra.

 

Figura 1 Localización de la ciudad de Bahía Blanca

 

El accionar del Estado ha sido variable, según las condiciones socioeconómicas y políticas en que se registraron sus intervenciones, lo que ha motivado la aplicación de distintos programas habitacionales, con resultados variables debido a los cambios en los agentes intervinientes, en los estilos de gestión y las modificaciones que se introducen durante la ejecución de los emprendimientos. Esta situación es claramente observable en la materialización de los diversos conjuntos de vivienda  en el sector objeto de estudio, con tiempos lentos y largos debido a prolongadas interrupciones, rumbos cambiantes  según cambios políticos e institucionales y que, en conjunto, introducen incertidumbre en los resultados.  

El interés de  abordar esta temática se sustenta en que la problemática habitacional urbana, en los sectores de población con graves carencias materiales, abarca una amplia variedad de situaciones, vinculada a  la complejidad de los agentes intervinientes en el mercado de tierras, de las condiciones de dominio,  los instrumentos aplicados, los tiempos demandados  para su regularización y la limitada eficiencia en la ejecución de las políticas públicas.  Las carencias más críticas en vivienda y conformación del hábitat, se localizan en las áreas urbanas periféricas, acentuando la marginalidad y la diferenciación socio espacial. En la producción informal de ciudad, la intervención  estatal se traduce en distinto tipo de acciones  para tratar de  encauzarlos en la lógica social o en la normativa vigente. De tal manera,  el Estado actúa como regulador de los sectores privados, mediador de conflictos  y legitimador o legalizador de  la ciudad  “ilegal “. (Clichevsky, 1990: 8).  En estos casos la gestión se aplica en un sentido amplio, que hace referencia a la “ciudad real” frente a la “ciudad formal”.  Dicen Prévôt  y Schenier que, en efecto, numerosos problemas escapan a toda legalidad, toda técnica clásica y se administran  por aproximación y compromiso  entre los diferentes actores (autoridades municipales, líderes locales, asociaciones de barrio, etc.). Todas estas prácticas urbanas, sobre todo en relación al suelo, producen sus propias reglas. (Clichevsky y otros, 1990: 87).  

Se abordan las políticas aplicadas en Argentina a partir de los años noventa porque es cuando, con el proceso de reestructuración del Estado, se producen importantes transformaciones institucionales con profundas implicancias en lo social, y particularmente en lo vinculado a la vivienda y al hábitat.

Las políticas de vivienda en Argentina 1990-2008

Se entiende la política de vivienda “como el conjunto de decisiones y acciones (directas e indirectas) del sector público en materia habitacional,…, teniendo en cuenta las diferencias existentes de poder y las características y funcionamiento del sistema político”. (Gargantini, 2005:77). El accionar de los agentes intervinientes se enmarca en la articulación político-social-económica que corresponde al proceso histórico. De tal manera, la formulación y la implementación de las políticas, según tiempo y lugar,  no sólo depende de factores económicos sino también de las condiciones cómo se distribuye el poder- la participación en la toma de decisiones y el acceso a los centros de toma de decisiones. 

Es interesante considerar  los cambios que se introducen en la política habitacional a partir de la reestructuración del Estado, que incluye la descentralización del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) en 1992. Este organismo fue creado en 1972  para atender las necesidades en vivienda de la población que no podía acceder al mercado, con la centralización del control de fondos y operatorias. La reestructuración impulsada desde el nivel nacional se ha plasmado en una descentralización funcional hacia el nivel provincial, mediante la cual los programas se diseñan en el nivel central y los gobiernos provinciales y municipales participan en  la ejecución.

“ Vale decir, se trata de una descentralización operativa antes que política, avalando la hipótesis de que la descentralización es, ante todo, alcanzar mayor eficacia en el uso de recursos escasos, al que con frecuencia se supedita la efectiva democratización de los programas.” …“Esto lleva a que, de manera diferenciada con otras áreas sociales como la salud y la educación, la vivienda sea crecientemente definida y aceptada como un bien privado para el cual los recursos individuales constituyen la vía de acceso casi exclusiva.” (Rodríguez, 2000)

Esta nueva etapa esta marcada por la diversificación de las operatorias, la conformación del Sistema Federal de Vivienda y con un cambio en el origen de los recursos. En la visión oficial, como indica Martínez de Jiménez, “la vivienda es un problema que se resuelve básicamente en el mercado. Es una visión que se sustenta en la concepción neoliberal según la cual los beneficios se corresponden con lo que cada uno puede contribuir de acuerdo a sus ingresos. Es la equidad del mercado: ´a cada cual según sus capacidad de pago¨.(1998:33).

Como resultado de la descentralización del FONAVI, se amplió el espectro de intervenciones dado  que se incorporaron nuevas operatorias, con la posibilidad de co-financiamiento mediante la participación de municipios o entidades intermedias, a la vez que mejoró el recupero de los préstamos y la posibilidad de reasignar fondos. Así, la oferta abarca, como indica Martínez de Jiménez (op.cit.: 34), múltiples soluciones alternativas en la urbanización de tierras y provisión de alojamientos básicos (programas de lotes con servicios, provisión de núcleos húmedos o materiales para autoconstrucción); rehabilitación de áreas urbanas deterioradas y de asentamientos precarios (reordenamiento parcelarios, regularización dominial, completamiento de infraestructura básica, mejoramiento de viviendas, así como   construcción de unidades nuevas y demoliciones); y préstamos para terminaciones (núcleo sanitario), ampliaciones y/o refacciones de viviendas deficitarias en lote propio.

En este período también se incorporan el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), con financiamiento de la banca mundial, y  el Programa “Arraigo”, implementado por la Comisión Nacional de Tierras Fiscales (CNTF) de la Presidencia de la Nación (Decreto PEN 846/91 y 158/92), destinado a la regularización de tierras. “Estas iniciativas surgieron  como forma de amortiguar la tensa situación social en las provincias, donde a la debacle financiera de las administraciones  y a los graves problemas de las economías regionales con elevado desempleo, se le suman forzadas y persistentes prácticas clientelistas  de los poderes  políticos provinciales y locales.”(Gargantini, op. cit.:96).

A partir del año 2000, las acciones en materia de vivienda son afectadas por la profunda crisis político-económica que se produce a escala nacional,  que se reproducen en los ámbitos provincial y local. En los primeros años del nuevo siglo fueron  escasas las posibilidades abiertas a la población de menores recursos en materia habitacional. Dos programas que se orientan a atender problemas habitacionales y de empleo –el de Emergencia Habitacional y  el de Solidaridad Habitacional – no han alcanzado logros importantes. 

A partir de fines de 2004, se destaca la puesta en marcha de Programas Federales,  en cuyo marco se han iniciado una serie de operatorias en todo el país, orientadas en gran parte a la producción masiva de viviendas llave en mano y a cargo de grandes empresas constructoras.

En la página oficial se indica que el "Sistema Federal de la Vivienda", establecido en la Ley Nacional N° 24.464 y promulgada el 27/03/95, fue creado con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna, conforme lo previsto en el Art. 14 de la Constitución Nacional. Este Sistema está integrado por el FO.NA.VI. - Fondo Nacional de la Vivienda -, los Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son responsables de la aplicación de la Ley en sus respectivas jurisdicciones, y el Consejo Nacional de la Vivienda.

Se indica que se realizan acciones tendientes al logro de los siguientes objetivos prioritarios:

      -    Atender la demanda habitacional destinada a familias de recursos insuficientes, mejorando la calidad de vida de los adjudicatarios, facilitando el acceso a una vivienda.

      -    Disminuir el déficit habitacional en las distintas jurisdicciones.

      -    Promover el desarrollo tecnológico del sector de la construcción mediante la aplicación de técnicas y materiales que conduzcan a mejorar la calidad de los productos, con disminución de tiempos y costos.

      -    Contribuir a la generación de empleos directos e indirectos, apoyando el fortalecimiento de las economías regionales y locales.

En el texto se señala que los recursos del FO.NA.VI. están destinados a financiar, total o parcialmente, los emprendimientos que cumplan con el objetivo de la Ley y se ejecutan con la intervención de los Organismos Ejecutores de vivienda a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por acción directa o con la participación de municipios, comunas o entidades intermedias, siendo su responsabilidad las de programación, ejecución, control, adjudicación y recupero de las inversiones realizadas.

Además, en dicho sitio  se indica que, generalmente, los siguientes emprendimientos, financiados total o parcialmente, se desarrollan a través de la implementación de diversas líneas de acción, estando facultados los organismos ejecutores al dictado de normas y reglamentaciones que tiendan al fiel cumplimiento del destino impuesto por la citada Ley

      -    Construcción de viviendas, por acción directa o a través entidades intermedias mediante el otorgamiento de créditos individuales o mancomunados.

      -    Otorgamiento de créditos individuales para la compra, mejoramiento, terminación y/o ampliación de viviendas.

      -    Provisión de materiales y/o mano de obra.

      -    Desarrollo de programas de Lotes con Servicios y/o Núcleos Húmedos.

      -    Ejecución de obras de urbanización, de infraestructura básica y de equipamientos comunitarios.

Una síntesis de los diversos programas  en ejecución se presenta en el esquema siguiente y el desarrollo de los mismos esta disponible en la página oficial www.vivienda.gov.ar/programas .html

       FO.NA.VI.

-          Fed REACTIVACIÓN

-          Fed  SOLIDARIDAD

-          Fed CONSTRUCCIÓN

-          Fed MEJOR VIVIR

-          Fed EMERGENCIA

-          PROPASA

-          PROMHIB

-          PROSOFA

-          ROSARIO HABITAT

-          PROMEBA

                       -    CARITAS

Por lo tanto, como organismo rector de la política habitacional se encuentra la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas  del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, que “marca una concepción de la vivienda como mero objeto físico y de cambio, sin llegar a cuestionar las causas fundamentales de dicho problema, que pertenecen sin dudas al complejo campo de los social”.(Gargantini, op.cit.: 100).

Sin embargo, a pesar de esta oferta, se considera que se carece de una política habitacional adecuada a las necesidades y capacidades de las familias de escasos recursos, que permita implementar un proceso de mejoramiento del hábitat popular sustentable y que permita aprovechar el capital social y humano existente en estos grupos de la población. Las diferentes políticas socio-habitacionales (es decir, de viviendas de interés social, implementadas para grupos de escasos recursos) se han orientado a la producción de viviendas y no corresponden al concepto de construcción de hábitat o de servicios habitacionales, según Yunovsky.

En tal sentido se debería utilizar una definición amplia, como indica Herzer en cuanto a que “se trata de una vivienda adecuada en un período adecuado como parte de un proceso colectivo; que sea accesible que se pueda pagar (sea alquiler o compra); que esté relativamente bien ubicada (que se acceda mediante transporte público), que tenga comodidades para la familia que la va a habitar; que disponga de servicios-luz, agua y cloacas, que se construya sobre suelo adecuado, que dé seguridad y privacidad a la familia y que se adecue culturalmente a sus necesidades. En pocas palabras que cumpla con los derechos expresados en el derecho a la vivienda”. (Herzer 2005: 36).

Debido a que, en general, son financiadas por el Estado, con créditos subsidiados y construidas por empresas privadas, las viviendas no han respondido adecuadamente a las necesidades de los hogares destinatarios y no se ha logrado una diversificación de la oferta, que podría haber incrementado el número de soluciones  habitacionales concretadas y lograr una reducción del déficit.  

Una crítica reiterada se hace a los criterios de selección, para acceder a estos planes, que  en muchos casos no son accesibles a personas con graves problemas de vivienda, por la composición del grupo familiar, o bien  por los requisitos al demandante, que se orientan más a personas con empleos formales.

Además, la persistencia en la oferta de viviendas llave en mano no permite el acceso a otras opciones correspondientes a soluciones progresivas y tecnologías adecuadas  a condiciones locales. En gran número de casos, las soluciones aportadas corresponden a unidades diseñadas para otras realidades, con materiales que no responden a las condiciones ambientales, “concentrando los recursos en modelos que imitan situaciones ajenas, en muchas ocasiones sin fundamentos técnicos y bajo concepciones sectoriales del hábitat humano” (Gargantini: 105). Las propuestas técnicas no toman en consideración las necesidades de sus futuros habitantes, en relación a  las prácticas cotidianas y actividades económicas desarrolladas en el ámbito familiar.

Las nuevas viviendas diseñadas para los actuales programas, responden a tipologías únicas para la construcción de unidades habitacionales a escala nacional. Estos prototipos se conforman sobre una estructura de 44 m2, aproximadamente, y cuentan con dos dormitorios, baño, cocina y estar-comedor. Lo más saliente es que los beneficiarios no tienen poder de elección, ni tampoco se trabaja con técnicos que podrían aportar proyectos consensuados, para establecer una relación “más amigable” entre habitantes y viviendas, como elemento básico del hábitat.

Es así que “en este contexto de pobreza, no se plantean elementos de diseño. Como si la pobreza por ingresos fuera universalizable, extensible y homologable a todos los planos de la existencia y los arquitectos populares no pudieran ejercer la práctica del diseño, como parte de la transformación de las condiciones de vida con los grupos de mas bajos ingresos”. (Rodríguez et al: 2007:108-109).

Siguiendo a Lombardo (2007), se considera que en la producción social del espacio urbano el proceso de espacialización se realiza a través de:

§          la calificación del espacio –referida a la provisión de infraestructura, equipamiento y servicios, a las distintas áreas de la ciudad.

§          La valorización del territorio – los precios del suelo, de los edificios y sus modificaciones según la calificación de las distintas zonas de la ciudad para las diversas funciones urbanas –

§          La diferenciación espacial – las diversas cualidades que las distintas zonas y lugares urbanos presentan entre si.

Complementando lo anterior en cuanto a la idea de producción de hábitat deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: (Herzer op cit: 37)

a)      Seguridad de la tenencia:

b)      Creación de un ambiente sostenible

c)      Desarrollo de instrumentos financieros adecuados

d)      Participación, valoración de las necesidades y recursos de los grupos atendidos

e)      Integración social y mejoramiento urbano-mejoramiento barrial

Intervenciones en Bahía Blanca en la década de los noventa

Se toma como estudio de caso la ciudad de Bahía Blanca por ser el ámbito de un gobierno local, el territorio específico de ejecución de los proyectos, como una de las modalidades de construir  ciudad. Además, es  donde se expresan las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y se concretan las relaciones entre agentes públicos y privados que evidencian la relación  Estado-Mercado.

Es también en el espacio local donde se manifiestan los problemas habitacionales de los hogares y  las discrepancias entre necesidades y oportunidades, las expectativas creadas y los tiempos largos que padecen los demandantes, las relaciones entre oferta  y demanda, así como las modalidades que asume la política habitacional según los tiempos políticos.

En los años 90 se destacan dos formas de intervención, que se orientan a resolver tanto la situación dominial como al mejoramiento de las condiciones materiales de vida  de sus habitantes. En ambos casos la aplicación de la Ley Nacional 24146/92  permitió disponer de las tierras necesarias para llevar a cabo la regularización de estos emprendimientos (Figura 2).

 

Figura 2  Bahía Blanca: Tierras del Estado Nacional
Fuente: Plan Estratégico Municipalidad de Bahía Blanca 1998

 

Esta ley es sancionada con el objetivo de ofrecer  a las distintas instancias gubernamentales las tierras fiscales ociosas pertenecientes a la jurisdicción nacional para su aprovechamiento, estableciendo la intencionalidad de realizar en ellas propuestas de uso residencial o equipamiento comunitario y recreativo.En Bahía Blanca, los asentamientos marginales y las tierras disponibles del Estado se concentran en el sector suroeste (Figura 3).

 

 

Programa de Mejoramiento de Barrios – Villa Rosario Sur

Este proyecto fue presentado como  experiencia piloto por  el Municipio local  al Programa de Mejoramiento de Barrios  de la Secretaría de Desarrollo Social, para ser financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los recursos para el proyecto fueron cofinanciados por el crédito del Programa Mejoramiento de Barrios para la obra pública, equipamiento y núcleos húmedos de las viviendas y por fondos propios del I.V.B.A. en carácter de aporte complementario para el área seca de las unidades habitacionales. La metodología de adjudicación de la obra fue por licitación pública nacional. (Consejo Nacional de la Vivienda, 2002: 6).

Se elige el sector de Villa Rosario para la propuesta,  que consiste en la reubicación de las viviendas que ocupan 168 familias asentadas en la  margen izquierda  del arroyo Napostá Grande, sobre su curso inferior, radicadas ilegalmente en la zona de restricción bajo la responsabilidad de  la Dirección Nacional de Hidráulica. La selección de esta propuesta  resultó de la vinculación entre  el mejoramiento de la calidad habitacional con  el saneamiento ambiental y preservación del recurso natural planteada en el proyecto.

El  barrio Villa Rosario Sur, dentro del cual se encuentra la zona de intervención, cuenta con la mayoría de los servicios básicos, calles de tierra  y una proporción importante de viviendas presentan un alto grado de consolidación.  En contraste,  el sector en estudio, ubicado sobre la margen del arroyo, conformaba un conjunto de viviendas muy precarias, destacándose algunas  construidas en chapas, maderas y material de desecho.

El Programa de Mejoramiento Barrial y Lote con Servicios pone en funcionamiento un mecanismo para financiar acciones encaminadas a solucionar la problemática habitacional de la población de escasos recursos. Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población urbana con necesidades básicas insatisfechas, que habita asentamientos precarios localizados  en sitios de alto riesgo por condiciones ambientales o por factores antrópicos desfavorables.

El Programa  contempla la financiación de:

1.    Proyectos integrados que garanticen el acceso a la tierra, a la infraestructura y a los servicios comunitarios básicos.

2.    Lotes con servicios para la relocalización de población que sea necesario erradicar como resultado de su ubicación en áreas de riesgo, en condiciones de hacinamiento o alta densidad de ocupación.

Los rubros a financiar son: abastecimiento de agua potable, colección, tratamiento y evacuación de aguas servidas; drenajes pluviales; accesibilidad vial; alumbrado público y luz; módulo sanitario; regularización dominial.

Respecto a la parte habitacional, se efectuó la demolición del grupo de viviendas ubicadas sobre el borde del arroyo, que se relocalizaron en predios ubicados en un sector inmediato de propiedad original de Ferrocarriles Argentinos. Además, se contemplaba un plan de asistencia técnica especializada, vinculada con la economía familiar,  y acciones para el equipamiento comunitario, orientado a la integración social.

La ejecución de este proyecto, sin duda, ha solucionado un grave problema habitacional. Un rasgo a distinguir en este proyecto,  es el haber logrado una alta participación de las familias involucradas. Como se señala en el artículo  del Consejo Nacional de la Vivienda ( op.cit.:7), “cabe destacar el alto grado de organización comunitaria alcanzado con la conformación de una comisión vecinal representativa e integrada en los distintos ciclos del proyecto desde una perspectiva de autogestión y protagonismo activo. A modo de ejemplo del producto de la participación activa de la comunidad, y en el marco planteado para la relocalización, se consensuó con los beneficiarios la ubicación de cada familia en las nuevas unidades, manteniendo los vínculos existentes de vecindad que fueron desarrollándose, a través del tiempo, en el actual asentamiento”.

En la página de Noticias del Instituto (30/9/05)  se informa que “Con la presencia de responsables de la Unidad Ejecutora, autoridades municipales y las familias adjudicatarias, se realizó el acto de entrega de 56 viviendas, correspondientes a la tercera y última etapa de la Relocalización del Barrio Villa Rosario Sur, totalizando así las 168 unidades habitacionales que conforman el proyecto.

Cabe consignar que en este emprendimiento, casi desde su origen, se planteó la necesidad de incorporar un grupo de 28 familias que, en iguales condiciones, se ubican sobre la otra margen del arroyo y no fueron contempladas en la propuesta.  En la actualidad, como se puede observar en el Plan de obras previstas por los Programas Federales, para el año 2008, se contempla otra intervención que completa este proceso de ordenamiento y corresponde a la relocalización de estas familias. Por último, de este proyecto queda  pendiente  la etapa vinculada al saneamiento ambiental y recuperación del arroyo Napostá  Grande.

El Programa Arraigo en Bahía Blanca

También en el marco de la Ley 24.146, el Programa Arraigo en Bahía Blanca se propone regularizar la situación dominial de los asentamientos ilegales que se habían ubicado en la traza del ex-Camino de Cintura de Vialidad Nacional: Villa Nocito, Bajo Rondeau, Parodi y Villa Quilmes. Constituyó un esfuerzo  en materia de regularización dominial e impulsó programas complementarios de desarrollo urbano-ambiental, destinados a la recuperación del medio ambiente, la integración urbana  y social, así como la provisión de infraestructura y equipamiento comunitario.

El proceso de gestión se llevó a cabo partiendo de un censo de las familias ocupantes, que arrojó un total de 776 familias involucradas y  se realizaron los planos de mensura imprescindibles para la obtención de los títulos de propiedad, contando con la colaboración de los colegios profesionales de Agrimensores y Abogados. Se  organizaron cinco Cooperativas de Vivienda, Crédito y Consumo con el doble objetivo de integrar a las familias y de ser la entidad intermediaria para la obtención de financiamiento. Cuatro de ellas se asociaron al emprendimiento  de administración y construcción  de viviendas así como a la construcción de materiales; y la restante se orientó a la autoconstrucción.  La conformación de cooperativas, a su vez, funcionó como organización base para controlar la no materialización de nuevas ocupaciones y de esta manera, preservar el éxito del programa.

El plan de trabajo se complementó con la puesta en marcha de un Centro de Producción, entre cuyas funciones se destacan las de administrar la construcción, la formación de recursos humanos y la producción de un sistema constructivo parcialmente sistematizado, con vistas a una posible  incorporación al mercado. Su objetivo principal  fue el de constituir una alternativa ante el problema de desocupación de los vecinos involucrados en el Programa y facilitar su futura inserción laboral, teniendo en cuenta la capacitación recibida.

Respecto a la propuesta urbanística, se redefine el proyecto de camino de cintura original  como una Avenida de Interconexión Barrial que se  materializa con un ancho de 30 mts.

La regularización dominial comprende varios tipos de acciones (Cuadro 1):

1.    Los frentistas. Son quienes regularizan la tenencia permaneciendo en el lugar que están  ocupando. Para este grupo se  implementa  una financiación que les permita realizar el mejoramiento de sus viviendas.

2.    Las relocalizaciones. Se llevan a cabo en aquellos casos que, en general, ocupan el centro de manzana, lo que redunda en una menor densidad y una adecuada distribución de las viviendas por lote. En estos casos, la mayoría accede a viviendas financiadas por el Instituto de la Vivienda. El resto optó por un lote, asumiendo la construcción de la vivienda en forma individual.

3.    Los corrimientos. Algunos vecinos son parcialmente afectados por la nueva traza del Camino, proponiéndose para ellos  una solución particularizada  que  consiste en su reubicación dentro del mismo  lote, adoptando la modalidad de vivienda cáscara, es decir, la construcción de muros perimetrales, con baño y cocina.  

Barrio	Total de Familias	Frentistas	Relocalizaciones			Corrimientos
			Lotes		Viviendas
Rondeau	248	139	21	29		59
Nocito	295	178	31	86		-
Parodi	179	84	-	95		-
Quilmes	41	-	-	41		-
Total	763  *	401	52	251		59
* Sobre el total de 776 familias censadas, se tiene una diferencia de 13 casos que por tener un tratamiento   particular no están  comprendidas en este cuadro.

 

En el caso de las relocalizaciones, se llevó a cabo un estudio de todas las manzanas involucradas para determinar  la familia que se quedaba en cada  lote y la que se trasladaba. El criterio adoptado  fue que permanecía  el que ocupaba  el frente del lote, aunque también se consideró la calidad de la construcción existente.

La construcción de las viviendas se había programado en tres etapas y se estimaba que para fines de 1999 se completaría la ejecución del Proyecto, quedando pendientes algunos procedimientos legales en relación a la titularización de algunos lotes.

También en este caso, los tiempos se fueron alargando, en parte debido a los cambios institucionales que se produjeron. Como indica Retta, hasta el año 2000 las tareas realizadas: mensuras, escrituras, viviendas, fueron coordinadas directamente por los responsables del Programa Arraigo. En diciembre de dicho año, se firmó un Convenio de Cooperación, por el cual se comienza  a trabajar desde el Municipio conjuntamente con el Programa. Si bien con la creación de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social (Decreto nº 158/06) el Programa Arraigo fue transferido a esta dependencia y pasó a denominarse Comisión Nacional de Tierra Social., se siguió trabajando del mismo modo. Concretamente, en estas últimas etapas,  se realizaron Convenios relativos a  las tierras libres afectadas a la CTFN por Decreto 156/92, en el marco de Programa Federal de Construcción de Viviendas. Un cambio reciente se produjo con  el  Decreto 341/2008, por el cual  se transfiere la  Comisión Nacional de Tierra Social, de la ex Subsecretaria de Tierras para el Hábitat Social de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que pasará a denominarse Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”. Es importante señalar que en los temas relacionados con la regularización dominial de los lotes ocupados, hay todavía un gran atraso. (Retta, 2008:1).

Además, quedan pendientes de esta intervención, la construcción de 54 viviendas y 72 mejoras, las cuales están incluidas en las actuales obras previstas para el año 2008  en los Programas Federales. 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires

Varios emprendimientos se materializaron en la década de los noventa, a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que hizo posible  un número significativo de conjuntos  habitacionales en el ámbito provincial, aunque con menor participación  en Bahía Blanca.  Los mismos fueron  financiados por el Instituto por tratarse de proyectos de vivienda económica y de interés social, los que respondían a iniciativas y gestión de sindicatos,  asociaciones, cooperativas, etc. Gran parte de estos conjuntos tenían antecedentes varios años antes, relacionados con la compra de las tierras destinadas a  estos emprendimientos.  Como ejemplo de estas acciones se encuentran los barrios Cooperación I (130 viv.) y Cooperación II  ( 541viv.), 5 de Abril (274 viv.), SOSBA (568viv.).

Asentamiento Spurr

La existencia de este asentamiento surge de la ocupación  y organización de un predio, propiedad del Estado Nacional, cuando se estaba considerando el traspaso de un bloque de tierra mayor  del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires, y de ésta al Municipio. Ante la perspectiva de disponer de este predio,  la indefinición en concretar el traspaso y el tiempo transcurrido, algunas familias con necesidades perentorias de vivienda iniciaron la invasión de dichas tierras, para ir anticipándose  a la ejecución de un  proyecto de urbanización para el área. Si bien el grupo realizó el parcelamiento completo, con identificación de las familias a ocupar cada lote,  en un inicio sólo  se registraban ocupaciones a lo largo de una de las calles perimetrales y en el año 1997 continuaron algunos asentamientos espontáneos sobre la calle Tierra del Fuego.  Es a principios de 1998 cuando se evidencia la apropiación de un macizo de aproximadamente 25 has,  por parte de numerosas familias que proceden a desmalezar y cercar los lotes, con el objetivo de tomar posesión de esta propiedad. Desde el Municipio se ha seguido este proceso para  la adecuada inserción del sector en la trama urbana, pues en parte ha afectado una avenida proyectada para la ciudad, y se realizaron tareas de mensura y subdivisión para ajustar y acondicionar el parcelamiento llevado a cabo por los ocupantes, de acuerdo a la normativa vigente.

Como consecuencia, y ante el agravamiento de la situación económica,  se ha registrado la ocupación de diferentes predios con construcciones precarias que ponen de manifiesto el  crecimiento físico del asentamiento. Es importante destacar el interés de las familias ocupantes por regularizar la tenencia de la tierra, como así también para acceder a los servicios públicos. En tal sentido, la comunidad reconoce la necesidad de organización para que el asentamiento se encauce conforme a las normas establecidas para el desarrollo urbano, con el objeto de evitar que se  transforme en una villa marginal. La solución a los problemas habitacionales de estos hogares es posible que se alcance con la operatoria del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, obra licitada y en espera del anticipo financiero, como consta en el plan 2008 de obras pendientes de los Programas Federales.

Cambios en los inicios del Siglo XXI

De acuerdo a información obtenida, para Bahía Blanca se encuentran asignadas, dentro de los Programas Federales, un total aproximado a las 4.400 viviendas; sin embargo, todavía es muy escaso el nivel de materialización de las acciones. “Desde la implementación del denominado Plan Federal de Viviendas en nuestro país, Bahía Blanca ha sido una de las ciudades que más dificultades ha encontrado para concretar complejos habitacionales dentro de los lineamientos de esta operatoria, al punto que, en determinados momentos, dirigentes políticos de primer nivel no dudaron en señalar que era  ‘la única ciudad del interior sin estas obras’.” (LNP 30/12/07).

Un nuevo impulso y perspectivas de cambio importantes se perfilan a partir de  abril de 2007, a nivel local. Para responder a estas nuevas responsabilidades de la gestión municipal, por Decreto 355/07, se establece el Instituto Municipal de Vivienda, Tierra y Hábitat, con el objetivo general de llevar adelante la aplicación de las políticas de vivienda, tierra y hábitat de este Municipio. En el documento  se hace referencia que se ha detectado, en los últimos años, una demanda creciente de vivienda, registrándose más de 5.600 familias bahienses que carecen de vivienda o habitan en inmuebles precarios, sumándose a ello requerimientos de mejoras, asistencia constructiva y dotación de infraestructura básica de servicios.  Los ambiciosos objetivos que se propone esta nueva dependencia quedan expresados en el Artículo 2º  al señalar que se establecen como principios rectores:

-         Formular las políticas de vivienda y tierras en el ámbito local.

-         Contribuir al acceso a una vivienda digna a los habitantes del Partido de Bahía Blanca, postergados por razones económicas y sociales.

-         Gestionar el ingreso de tierras al erario municipal.

-         Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias.

-         Gestionar, administrar y ejecutar planes, programas y proyectos habitacionales.

-         Mejorar las condiciones de calidad de vida urbana.

-         Promover el mejoramiento de sectores urbanos deprimidos.

Esta dependencia municipal es la que articula, con los niveles provincial y nacional, la gestión de las operatorias de los Programas Federales.

Es evidente el bajo grado de materialización de los Programas Federales  en la ciudad ya que, desde su implementación, recién en febrero de 2007, luego de varios procesos licitatorios anulados, postergados o desechados, sólo se ha logrado poner en marcha la construcción de 185 unidades, distribuidas en dos conjuntos habitacionales, que corresponden a:

• 105 viviendas ubicadas en proximidad del barrio Vista Alegre (entre calle Don Bosco y la línea del ferrocarril), y
• 80 viviendas, localizadas en el área delimitada por Emilio Rosas, Fitz Roy, las avenidas Jorge Moore y Arias y las vías del ferrocarril.

En ambos casos se evidencia un avance promedio del alrededor del 60%, en la ejecución de la obra.

El 27 de diciembre de 2007 se abrió la licitación para la construcción de 588 viviendas, por parte de la Municipalidad, dentro de la normativa de los Programas Federales, con un presupuesto total por la obra de $ 62.096.613[1].

Esto representa una nueva oportunidad para  avanzar en la concreción de estos planes habitacionales, instrumentados desde la Nación. De acuerdo con la reglamentación vigente, en primer término se procede a la apertura del denominado sobre Nº 1, que contiene documentación relacionada con los antecedentes y ciertas exigencias a las empresas oferentes. En el análisis, que requiere un periodo de varias semanas,  intervienen dependencias municipales, provinciales y nacionales. Una vez que se dispone del listado de empresas en condiciones de participar,  se procede a la apertura del sobre Nº 2, que contiene la oferta propiamente dicha.

Las operatorias que se pusieron en marcha  corresponden a:

A.  Un proyecto, con el antecedente de un intento fracasado, que corresponde a  256 viviendas ya licitadas en 2005, e, incluso, adjudicadas a una empresa privada del Gran Buenos Aires,  que fue la primera convocatoria  en Bahía Blanca. Si bien se anunció en reiteradas oportunidades la ejecución de la obra, no se logró concretar y finalmente se canceló toda la actuación y se reinicia la convocatoria.

Las 256 unidades están comprendidas en  tres conjuntos habitacionales, todos incluidos ahora en el Subprogramas Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Infraestructura y Obras Complementarias, que corresponden a:

      . dos conjuntos de 135 viviendas  y  93 viviendas, respectivamente,  ubicados en el área de calles Undiano y Tierra del Fuego,

      . un conjunto de 28 viviendas en Villa Harding Green. Esta obra ha sido una de las más postergadas, ya que fue licitada en 2004 y adjudicada a una firma bonaerense en 2006, pero  posteriormente se canceló todo lo actuado[2].

B. Otra  obra  corresponde a la construcción de 172 viviendas en Villa Esperanza (Berutti, Tarija, Avenente y arroyo Napostá), en tierras cedidas por la Asociación de Empleados de Comercio al Municipio. Se trata de un asentamiento marginal ubicado a orillas del Arroyo Napostá. En esta oportunidad se procede a la apertura de las propuestas económicas. Esta operatoria  también registra la anulación de una licitación anterior (junio de 2007), debido a que las ofertas de las empresas superaron en más del 70% el  presupuesto oficial.

C. Por último, se procede a la apertura de los sobres Nº 1 y Nº 2 para la ejecución de 160 viviendas ubicadas en la chacra Nº 292, perteneciente al Sindicato de Luz y Fuerza. En este caso, la operatoria incluye la provisión de terrenos por parte de la entidad gremial[3].

Las viviendas, construidas según diseños elaborados desde el nivel nacional, corresponden a unidades en planta baja y tipo dúplex, con  56 m²  promedio[4].

Los resultados obtenidos de esta convocatoria muestran que en los casos B y C las propuestas económicas son inferiores al presupuesto oficial, lo cual permite prever que se logrará avanzar en la ejecución de estas obras. Como se indica en una de las notas periodísticas (28/12) “cada licitación cuya oferta económica se conoció comenzará un ciclo burocrático cuya duración no es simple de estimar, pues incluye el análisis de la misma por parte de varias dependencias nacionales”.

La demora y el fracaso de las acciones en la experiencia bahiense es consecuencia  de diversos factores. La  falta de empresas interesadas en llevar a cabo estas operatorias llevó a declarar desiertos  varios llamados. En otras ocasiones, la presentación de un único oferente  dificultaba la adjudicación, o bien, los postulantes presentaban ofertas que superaban los montos oficiales. Otro obstáculo importante lo constituye que el Municipio no dispone de tierras para  incorporar a este tipo de proyectos y las gestiones llevadas a cabo con otros organismos estatales para obtenerlas (por ejemplo ONABE, Arraigo) debieron pasar por largos y complicados procesos burocráticos. Un aspecto a destacar es que para  facilitar la participación de empresas constructoras locales en estos proyectos, el Municipio estableció un registro local de empresas, con el propósito de entregar el certificado de capacidad técnico-financiera que les permitiera participar en las licitaciones, sin depender de la Provincia.

 A pesar de las facilidades,  todavía pesa como obstáculo importante la complejidad  de los trámites a realizar en dependencias nacionales y provinciales. 

Obras en espera  y con grandes expectativas

Se pueden destacar tres obras que, por su envergadura e impacto social, tendrán consecuencias importantes en el proceso de organización territorial de la periferia.

La obra a realizar en el barrio Spurr, dentro del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Privados, es una de las más ambiciosas y también de las que presentan mayores dificultades, ya que abarca construcción de unidades nuevas y mejoras en viviendas existentes. Si bien fue licitada  y adjudicada a principios de 2007, faltaba el depósito del dinero para iniciar los trabajos. A esto se agregó una complicación administrativa, pues desde la Provincia se solicitó rehacer el expediente, con respecto a las tareas a realizar, aspecto que puede representar la demora por largos meses en el inicio de la obra.

 “Otra obra "emblemática", que demuestra lo intrincado del sistema del Plan Federal, es el caso de las 256 viviendas licitadas en noviembre de 2005, las primeras sometidas a compulsa de precios en nuestra ciudad, que se ubicarán en terrenos en el área de calles Undiano y Tierra del Fuego. Adjudicada a la empresa Casago SA, su tramitación inició un camino (con firma de contrato incluido) que terminó recién en estos días con... la anulación de todo lo actuado (!).”(La Nueva Provincia, 30/12/07). Es posible que la nueva licitación sea la vía para concretar esta obra.

También dentro de la operatoria Federal el Sindicato de Luz y Fuerza  impulsa el Complejo Habitacional Luz y Fuerza II. En la página Web del Sindicato se indica:

“Es interesante detenerse en la calidad de las construcciones, no se trata aquí por cierto de las mal llamadas VIVIENDAS ECONÓMICAS, que siempre resultan un lugar de hacinamiento e incomodidad, por el contrario la actitud del Sindicato de Luz y Fuerza es la de promover una solución digna al problema, de acuerdo con su concepción de los derechos naturales de cada persona, ese lugar, debe ofrecer algo mas importante que la mínima cobertura para defender al hombre de las inclemencias del tiempo, un hogar donde la familia se halle a gusto y pueda evolucionar en un nivel aceptable de protección y confort, características indispensables que reúnen las casas construidas en este nuevo Plan de Viviendas.”

El conjunto habitacional está constituido por  322 viviendas individuales tipo duplex de 2 dormitorios, de 55,57 m². También en este proyecto se incluyó una vivienda en planta baja para cubrir las necesidades de personas con discapacidad física y/o motriz en el porcentaje requerido por ley. Las viviendas contarán con todos los servicios (cordón cuneta, alumbrado público y las mejoras que el sindicato ha resuelto incorporar en beneficio de los futuros adjudicatarios) y ocuparán el predio delimitado por las calles Indiada, Araucanos, Patagones, Salinas Chicas, Pilcaniyen, Humboldt, Bouchard, D´Orbigny, Haití y Baigorria. Ya se iniciaron las acciones, con la licitación de las obras y se espera el anticipo  para iniciar la ejecución de una primera etapa de 160 viviendas.

En síntesis, los Programas Federales tienen alcance nacional, instrumentados por acuerdos entre la Nación y cada provincia que, a su vez, los transfiere a los municipios. Por lo tanto, desde la viabilidad del proyecto hasta la adjudicación de las viviendas, los trámites involucran  a las dependencias de las  tres jurisdicciones. Sin embargo, en el caso de Bahía Blanca, las gestiones se están realizando por el momento directamente desde el Municipio con la Nación, sin participación de las dependencias provinciales. Una espera adicional está representada por la adjudicación de las viviendas. Esto es así porque, en las operatorias bahienses según las pautas federales, no se elaboran listas de beneficiados para su adjudicación, antes de la terminación de la construcción, excepto en el caso de sindicatos que han suministrado las tierras, los cuales tienen un listado de preadjudicatarios.  Por lo tanto, una vez concluida la obra,  “para los potenciales futuros ocupantes de las casas viene un tiempo burocrático que incluirá inscripciones, análisis, papeles, preadjudicación y mucha, muchísima, paciencia.” (La Nueva Provincia, 30/12/07)

El panorama actual de las obras proyectadas para 2008, con los  Programas Federales de Construcción de Viviendas en la ciudad, es el siguiente:

Subprograma Federal con Municipios

* 105 viviendas, en Don Bosco y vías del FC, en construcción, 67% de avance.

* 80 viviendas, en E. Rosas, Moore, Arias y vías, en construcción, 63% de avance.

Programa  Plurianual

* 160 viviendas, en chacra 344, sector norte, adjudicada, falta firma de contrato.

* 146 viviendas, en Arias-Chubut-Levalle-Moore, adjudicada, falta firma del contrato.

* 22 viviendas, en General Cerri, adjudicada, falta firma de contrato.

* 172 viviendas, en Villa Esperanza, licitada; se abrió el sobre Nº 2 con las ofertas.

* 276 viviendas, Sindicato Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosa y Afines, en Berutti 2.500. Ya licitada se espera anticipo financiero, mediante la modalidad TPU (Terreno y

     Proyecto Urbano, provisto por el oferente).

* 256 viviendas, en Undiano y Tierra del Fuego y Villa Harding Green. Licitada, se espera el anticipo financiero.

* 160 viviendas, Sindicato de Luz y Fuerza, en chacra 292. Licitada, se espera el anticipo Financiero, mediante la modalidad TPU.

Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios

* 183 viviendas nuevas y 231 mejoras, en barrio Spurr, licitada, se espera el anticipo financiero.

* 54 viviendas y 72 mejoras, relocalizaciones camino de interconexión, pliego en confección.

Solidaridad Reactivación II-IPVBA.

* 28 viviendas, en Villa Rosario Sur, se terminaron obras de infraestructura.

Completamiento reactivación II-IPVBA.

* 16 viviendas, en Aldea Romana, para completar, 92% de avance.

* 46 viviendas, en Villa Harding Green, para completar, 65% avance de obra.

* 9 viviendas, en Chubut-Arango-J. M. de Rosas-E. Rosas, para completar, 78% avance de  obra.

Programa Municipal de Vivienda.

* 3 viviendas, Villa Harding Green, se encuentra a la firma del contrato.

Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano.

* 114 viviendas, Cáritas, red de agua y cloacas al 82% de avance; gas y electricidad, al 50%. ( nexos para infraestructura)  

Además, es importante destacar otro programa que se está implementando en la ciudad. Es  el Programa Agua + Trabajo, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, para la extensión del servicio de agua en áreas  carenciadas. Los habitantes aportan el trabajo y el Municipio los organiza, aporta materiales y dirección técnica. Se forman cooperativas de trabajo por cuadra y se capacita a los frentistas en esta tarea, lo que luego les permite participar en mercado. En este programa se asigna un valor muy importante a la participación de las mujeres.

La territorialización de las acciones

La territorialización de estas intervenciones, orientadas a solucionar los problemas habitacionales de la población de menores recursos, en su mayoría se expresan en la construcción de una ciudad desarticulada. Las acciones se concretan en rasgos morfológicos  incompletos, inacabados, que demandan intervenciones urgentes para el mejoramiento de las condiciones  del hábitat. Aquí es muy importante la relación entre espacio privado y espacio público, pues corresponde a un grupo de población que carece de los medios necesarios para emprender la construcción y mantenimiento de su hábitat, si bien pueden participar activamente en ello y crear el compromiso de la comunidad  en su  continuidad. Esto, en general, no ocurre, pues los habitantes a quienes están destinadas las viviendas y el barrio, no tienen ninguna participación. Un ejemplo de esta situación en la actualidad corresponde a los programas federales, dado que  la selección de los beneficiarios se decide una vez finalizada la obra, salvo los casos en que organizaciones comunitarias, sindicatos u otras instituciones son poseedoras de la tierra. Por lo tanto, no se puede lograr una real apropiación e identificación de las familias con el hábitat en construcción.

 Las áreas ocupadas por los conjuntos habitacionales, producto de la materialización de estas políticas, en su mayor parte se localizan en la periferia de la trama urbana consolidada. Si bien la  normativa vigente exige la pavimentación de las calles internas, se observa la desarticulación de esas nuevas    “islas”    del conjunto urbano. Al entregarse las construcciones sin la correspondiente  forestación  del espacio público – calles y plaza- transcurre mucho tiempo en lograr un entorno verde, que muchas veces no es el más adecuado; sería importante que sea planeado y/o dirigido por técnicos. Es de suma importancia que las aceras, tanto dentro del barrio como en el entorno, sean adecuadas y mantenidas en buenas condiciones. Un alto número de las personas que viven en estos conjuntos se moviliza  a pie o en bicicleta, o bien son usuarios del  transporte público  de pasajeros. Por lo tanto, al estado adecuado de las aceras se debe agregar, en el mobiliario urbano de estos barrios, la dotación de refugios para los, a veces largos,  tiempos de espera.   Se carece, en la mayoría de los casos, de una adecuada conexión con acera y ciclovías  entre estos conjuntos y la trama del entorno. Como ejemplo pueden indicarse los complejos emplazados en Avda. Alem 3000,  los barrios 5 de Abril, SOSBA y los del área portuaria de Ing. White,  etc.

Es así que las distintas áreas que componen la ciudad son producto de acciones vinculadas a distintos actores que ponen en evidencia, a través de las distintas materializaciones, la fragmentación socioespacial y las fuertes disparidades sociales, donde se marca de una manera mas contrastante la lógica que rige a la ciudad capitalista, como resultado de la  “interacción contradictoria y compleja de: i) la lógica de la ganancia –donde la ciudad es objeto y soporte de negocios; ii) la lógica de la necesidad –impulsada por aquellos grupos y sectores sociales que no logran procurar sus condiciones de reproducción social en el ámbito de la dinámica mercantil, y iii) la lógica de lo público, donde el Estado actúa, a través de regulaciones y políticas, proveyendo, de variadas maneras, el sustento para el despliegue de las otras lógicas”. (Herzer, citado por Rodríguez et al., 2007).

Reflexiones finales

Del análisis efectuado se puede concluir que las diversas políticas de vivienda implementadas en nuestro país, desde los `90, ponen de manifiesto la falta de continuidad en las acciones, con tiempos lentos, los cambios en los productos alcanzado y en la población objetivo, por los rumbos cambiantes,  así como la compleja trama burocrática que impone largos plazos y desilusiones a las expectativas de las familias en emergencia habitacional, que implica resultados inciertos.

Gargantini (op.cit.:102)  establece una serie de características de las políticas de vivienda en Argentina, desde mediados del siglo XX a los inicios del siglo XXI, de las cuales se destacan las siguientes, por ser significativas en el período y área de estudio:

§         Carencia de una comprensión integral de la problemática habitacional y desconocimiento de la situación real.

§         Planeamiento urbano excluyente.

§         Permanencia y agudización progresiva del problema habitacional, que incide negativamente en las condiciones de habitabilidad de los grupos de menores recursos.

§         Falta de programas de asistencia técnica efectiva y propuestas tecnológicas  para apoyar los procesos de autroproducción social  de viviendas y mantenimiento del hábitat.

§         Préstamos inaccesibles a la población de bajos ingresos.

Es importante destacar las “asignaturas pendientes” señaladas por Martínez de Jiménez (op.cit.:49), son también aplicables a las intervenciones en estudio: ¨Entre éstas cabe mencionar: la localización de los nuevos conjuntos ya que son excepcionales los programas de vivienda incorporados a la trama urbana actual; las tipologías utilizadas (prácticamente todas las jurisdicciones siguen utilizando los mismos prototipos); la no utilización de materiales regionales y la escasa participación de las Organizaciones no Gubernamentales en el desarrollo de programas descentralizados”. 

Se puede establecer que, aunque se cuenta  con los instrumentos y normativas orientados a  una solución habitacional, la regularización en la tenencia de la tierra y al mejoramiento del hábitat, la discontinuidad en las acciones y las fricciones de poder entre distintos niveles del Estado, ponen en evidencia los inconvenientes que surgen en las distintas instancias de gestión y que imposibilitan arribar a una solución mas integral, en parte ocasionados por la implementación de proyectos inadecuados a las necesidades y requerimientos de las familias afectadas.

En este contexto, vale recordar lo señalado por Cuenya (1994: 79) en cuanto a los componentes del llamado “problema de la vivienda”. Por un lado, el déficit se refiere al aspecto cuantitativo, en cuanto a la falta de unidades de vivienda respecto de la cantidad de hogares existentes. Por el otro, y no menos importante, abarca la dimensión cualitativa, porque una proporción de los hogares tiene algún lugar donde vivir, pero en condiciones inadecuadas. “Ella remite  a la pobreza habitacional, que muy bien puede describirse por el hacinamiento, la precariedad, la promiscuidad, la inseguridad en la tenencia, la falta de privacidad, la insalubridad, la segregación espacial. Esto es, la ausencia de un conjunto de condiciones que, en cada momento histórico y en cada sociedad, se consideran necesarias para la subsistencia.”

Por lo tanto, gran parte del déficit habitacional está compuesto por casas modestas e inconclusas, en su mayor parte autoconstruidas sobre lote propio y que constituyen la categoría recuperable del déficit, mediante refacción y/o completamiento. La participación de los habitantes en la recuperación y mejoramiento de su hábitat es fundamental.

 

Notas

 

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