El camino que nos condujo a la democracia moderna estuvo lleno de herejes, judíos y cristianos.

RAMÓN VALLS

Catedrático de Filosofía y Síndic de Greuges de la Universidad de Barcelona

El Vaticano quiere meter párrafo en la Constitución europea. El suyo, claro. Y para ello pide la influencia de don José María Aznar, católico creyente. El cristianismo, se alega, forma parte de nuestra herencia cultural, cosa que nadie niega pero que hay que aclarar.

Destaquemos primeramente que esa herencia es aportación de todas las iglesias y corrientes cristianas, no sólo del catolicismo: la ortodoxia griega y rusa, por supuesto, y las iglesias reformadas del norte de Europa también. El legado incluye diferencias, no es homogéneo. Además, no sería justo olvidar las interpretaciones ilustradas del cristianismo que vieron en Jesús de Nazaret un ejemplo moral de gran alcance, pero que no lo aceptaron como hijo de Dios en el sentido excepcionalmente único de la ortodoxia, o sea, consustancial con el Padre, según la jerga teológica. Todas estas corrientes, entre otras, las juzga el Vaticano cismáticas o heréticas, pero existen y pesan como el catolicismo. Y dado que una Constitución política no puede dirimir pleitos teológicos que varios siglos de caridad cristiana no pudieron solucionar, no queda más remedio que la mención del cristianismo en la Constitución europea sea tan vaga como la presencia en ella de la cultura grecorromana, por ejemplo.

Observemos también que la dignidad humana ligada al ejercicio de la libertad política, a la soberanía popular y al sufragio universal procede próximamente de la gloriosa revolución inglesa y de la revolución francesa, aunque su raíz más lejana sea cristiana. El Vaticano no puede ignorar que cuando esos valores irrumpieron en el campo político, la Iglesia católica no los acogió con entusiasmo precisamente ni se atribuyó su paternidad. Los condenó y persiguió tenazmente, y aún hoy siguen ausentes de sus leyes internas claramente autocráticas, cosa que muchos católicos lamentan.

En cualquier caso, si la concepción moderna de la dignidad humana se quiere derivar de la fe religiosa que considera hijos de Dios a todos los humanos, nadie debería olvidar que esa doctrina la comparte el cristianismo con el judaísmo y el islam. Especialmente un español, aunque sea inspector de Hacienda, debe saber que la mayor parte de la cultura griega que Europa conoció en la edad media la recibió del islam mediante las traducciones del árabe al latín que se hicieron en Toledo. Además, ¿no son tan europeos como nosotros los mahometanos de Bosnia? Y si un día piden los turcos ingresar en la Unión Europea, ¿los vamos a rechazar porque no comparten nuestra cultura cristiana? Demasiado lío histórico y teológico para una Constitución que tiene ya mucho lío político, que es el que tiene que arreglar. Ni puede pretender el Vaticano que nadie corrija su versión peculiar de la historia. La infalibilidad que se atribuye el obispo de Roma no se extiende, que se sepa, a la historiografía.

Es claro, además, que el camino que condujo a la democracia moderna estuvo lleno de insignes herejes, judíos y cristianos. Las aportaciones de Spinoza con su “Ética” y de Locke con su “Carta sobre la tolerancia”, por ejemplo, fueron decisivas para la libertad de pensamiento y expresión. Los escritos de Rousseau sembraron entusiasmo por la libertad moral y política. La raíz religiosa de estos valores floreció, por tanto, en el tallo de los herejes.

Advirtamos por último a Europa desde España que el párrafo sobre el cristianismo no es inocente. La mención del catolicismo en el artículo 16 de nuestra Constitución sirve para frenar la experimentación con embriones, para impedir la ley de plazos del aborto o para oponerse a una norma razonable sobre la eutanasia.

El Vaticano esgrime su interpretación autoritaria de lo que llama derecho natural y trata de imponerlo a todos, sean o no católicos, en forma de ley civil y penal. Sirve, en una palabra, para perpetuar el poder de la Iglesia sobre el poder político.