La represión político-jurídica del franquismo hacia la mujer.

El régimen totalitario de Franco, con su composición multiforme y toda su rudeza ideológica y militar, fue cayendo sobre los derechos femeninos conseguidos durante el breve lapso democrático de la República, y con ellos, las bases de todo el debate feminista que se venía desarrollando desde finales del siglo XIX en España.

El nuevo Movimiento Nacional, partido único formado esencialmente por falangistas y tradicionalistas monárquicos-carlistas y el ejército, vehiculó la represión político-jurídica con la imposición de una legislación que borraba completamente los derechos femeninos, mediante un nuevo corpus legislativo y la compilación de un buen número de leyes del Código Civil de 1889. Este conjunto de leyes, bajo la idea franquista de una "democracia orgánica" corporativista frente a la "democracia inorgánica" individualista de la República, querrá dotar el poder personal autoritario de Franco de un máscara institucional decente, un estado de derecho o "Rechstaat" alemán, señala R. Carr. Una detenida mirada a esta legislación nos remite al recuerdo militarista del Imperio español y al respaldo de la Iglesia, - la pastoral de julio de 1937 fue el primer paso - este último refrendado con la admisión de los jesuitas en 1938, la Iglesia recuperará el control de la educación (y que abrirá las puertas a grupos como el Opus Dei y el ACNP). La ideología presente en estas leyes y sus preámbulos justificativos tiene mucho de un falangismo conservador con la dialéctica habitual entre las clases sociales y de las ideas de otros grupos (aunque la mayoría de los ministros eran falangistas). Según B.Muniesa se sirve también de un tradicionalismo decimonónico basado en autores como Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés y del carlista Vázquez de Mella: el liberalismo lleva al comunismo y éste a la anarquía y a la guerra y se le intuye como culpable del receso final de España. En consecuencia las leyes franquistas, especialmente las de trabajo, serán antiliberales en cuanto darán al Estado un control del mercado, aunque seguirán respetando en esquema la estructura productiva empresarial.

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