Inicio de la política de integración asimilicionista del Estado español.

Carlos III intenta legislar precisamente esto: la asimilación bajo amenaza. Pero es una amenaza más ilustrada: físicamente es más respetuosa; introduciendo algunas medidas de protección social, aunque del todo insuficientes e ineficaces.

En el año 1772 se elabora un informe sobre la comunidad gitana, en el cual se incluían los siguientes puntos básicos, como se señala en la obra de Teresa San Román La diferencia inquietante:

-"Los gitanos son ciudadanos españoles".

-"No han de hacer servir ni su lengua ni sus vestimentas tradicionales, ni realizar ninguna acción que los diferencie como grupo del resto de ciudadanos, porque son iguales".

-"Los niños deberán ir a la escuela desde los 4 años para que aprendan conocimientos básicos y para que se eduquen en la doctrina de la Iglesia. El municipio se hará cargo de los gastos. Si los padres no tienen un buen comportamiento , se les quitará a sus hijos, para que de esta manera puedan aprender a ser aquello que han de ser, hacer y saber".

-"Los gitanos son libres de fijar la residencia donde quieran, con la única limitación de los territorios de las residencias reales".

-"Pueden realizar cualquier tipo de actividad, a excepción de las que puedan ser "innobles" o no produzcan lo suficiente para garantizar un nivel de vida regular".

-"Tienen derecho a un asilo, y los enfermos o inhábiles tienen derecho a ser atendidos".

-"Si las corporaciones les impiden la entrada o las comunidades se oponen a su residencia serán penalizados, y ningún tribunal del reino podrá aceptar ningún recurso en contra de la aceptación de un gitano por el mero hecho de que lo sea".

-"Se establecerán penas para los gitanos que no cumplan estas disposiciones en el plazo de 90 días y la reincidencia se castiga con la muerte".

-"Por otro lado, se hace amnistía: los que se presenten en el plazo de dos meses ante el tribunal serán amnistiados de los delitos que pudiesen haber cometido".

-"Se prevé la pérdida del derecho a hacerse cargo de su hijo a quien no lo eduque de la forma adecuada o de un mal ejemplo en todo aquello que establece la ley".

Asimismo, como señala la propia Teresa San Román "la ley representaba una equiparación jurídica plena, una voluntad política firme respecto a la total asimilación de la comunidad gitana y una defensa de sus derechos comunes ante la discriminación y la más pura negación de sus relaciones sociales y sus símbolos étnicos de identidad" .El objetivo sigue siendo el mismo: la asimilación.


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