Durante el bienio progresista se intenta tímidamente una legislación social protectora de las clases trabajadoras, coincidiendo con un contexto de fuerte reivindicación obrera (huelga general de 1855 en Barcelona), que no logró plasmarse en la aprobación de ninguna ley laboral:

-En enero de 1855, a iniciativa del Ministro de Fomento Francisco Luxán y del presidente del Congreso Pascual Mardoz, se presenta un proyecto de Real Decreto para la creación de una Comisión con atribuciones para "reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las dificultades suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de nuestras provincias manufactureras y proponer al Gobierno los medios más oportunos de terminarlas felizmente". Aunque el proyecto no superaría el trámite parlamentario, indica una naciente voluntad por armonizar las relaciones entre obreros y fabricantes, así como garantizar el orden público, abordando de forma sistemática la preparación de una legislación reformadora de las relaciones de trabajo y el estudio de la situación de las relaciones entre patronos y obreros.

-El 8 de octubre de 1855 el ministro de Fomento unionista Manuel Alonso Martínez presenta a las Cortes un proyecto de ley sobre ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera. Este proyecto respondía a la promesa que el Gobierno realizó a los obreros de Barcelona por poner fin a la huelga. Sin embargo, el debate parlamentario no pudo superar las importantes impugnaciones que tanto burgueses demócratas como obreros realizaron al proyecto, ambos sectores profundamente defraudados por la tibieza de la iniciativa legal.