La enseñanza secundaria y universitaria estuvo vedada a la mujer durante todo el siglo XIX. Contrariamente a lo que se pueda pensar, no existía ningún tipo de legislación restrictiva al respecto, sobretodo porque se consideraba una situación impensable. Las pocas mujeres que se decidieron a cursar estudios universitarios tendrían que luchar contra un clima de opinión desfavorable, una legislación realizada sobre la marcha que tan sólo ponía cortapisas y contra la imposibilidad de acceder a un trabajo en relación a los estudios cursados.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, como respuesta a la presión creciente que ejercen las mujeres europeas para acceder a niveles superiores de educación, surgirán diversas teorías pseudo-científicas que pondrán en tela de juicio la capacidad intelectual de la mujer. Fundándose en el determinismo biológico, dichas teorías alegarán que la función biológica de la hembra era parir y cuidar a los niños. Se intentó ahuyentar a la mujer de todo trabajo intelectual con teorías, como las de los frenólogos o craniólogos, que alegaban que la mujer estaba menos capacitada fisiológicamente que el varón para el trabajo mental. Hacia finales de siglo, el degeneracionismo consideraba que al hacer un uso intensivo del cerebro, las mujeres ponían en peligro sus capacidades reproductivas. El médico alemán P.J.Moebius en su famoso tratado La inferioridad mental de la mujer (1900), situó el último escalón teórico en contra del acceso de la mujer a estudios superiores y a las profesiones, recalcando la incapacidad natural de ésta para pensar hondo, concentrarse por mucho tiempo e inventar.

Todo este marco de opinión conformaba el clima social e intelectual cuando algunas mujeres españolas empezaron a entrar en las aulas universitarias. El caso de Concepción Arenal debe considerarse una excepción, ya que en 1841 se atrevió a cursar estudios en la Universidad Central de Madrid disfrazada de hombre, y al ser descubierta, provocó una gran polémica hasta que el Rector le autorizó a finalizar los estudios. Concepción Arenal fue una de las pocas mujeres, junto a Emilia Pardo Bazán, que se atrevieron a cuestionar el ideal de mujer que imperaba durante la Restauración española, aquel que consideraba las labores domésticas y el cuidado de los niños como las únicas tareas propias del sexo femenino. Siempre estuvo vinculada a las cuestiones de reforma penitenciaria y educativas, creyendo que la formación y la instrucción de la mujer constituía el primer paso para lograr la igualdad de derechos de ésta en la sociedad.

El auténtico problema surgiría a partir de la década de 1870, cuando Elena Maseras y Dolores Aleu solicitaron el título de Licenciadas tras haber logrado cursar sus estudios mediante un permiso expreso del Ministerio de Fomento. El Consejo de Instrucción Pública se enfrentó así en 1878 a un largo debate que no se resolvería hasta 1882, cuando, mediante una Real Orden de 16 de marzo, se aceptaba la expedición de títulos a las mujeres que lo solicitaran, siempre y cuando estuvieran matriculadas en aquel momento, pero al mismo tiempo prohibía la matriculación en adelante.

A partir de esta fecha se sucedieron una serie de órdenes sumamente contradictorias con el objetivo de ir bloqueando el acceso de la mujer a la enseñanza superior, dado que no existía ninguna legislación firme al respecto y que las demandas de acceso eran cada vez más numerosas. Una Orden de 28 de julio de 1883 autorizaba a matricularse sólo a las mujeres que en octubre de 1882 ya estuvieran cursando la Segunda Enseñanza. El 19 de octubre de 1882, una Orden advertía a los rectores que podían admitir la matrícula a las que poseyeran el título de bachiller pero prohibía en lo sucesivo cursar el bachiller a las "señoras". Al año siguiente, la Orden de 25 de septiembre de 1883 permitió la matrícula en el bachiller pero no en estudios universitarios.

Sin embargo, varias mujeres se enfrentaron a las trabas legales, continuando sus estudios muy a menudo protegidas por el propio profesorado. El número de alumnas aumentó paulatinamente durante los años 80, así en 1887 se calcula que había 1.082 mujeres cursando estudios superiores y universitarios, y 1.433 habían cursado la segunda enseñanza frente a 55.504 hombres. Al año siguiente, la Real Orden de 11 de junio de 1888 fijaba la situación para el resto de siglo, permitiendo a las mujeres cursar estudios en institutos y universidades tras conseguir un permiso especial de la superioridad para poder matricularse. Esta regla discriminatoria siguió vigente hasta su derogación por otra Real Orden de 8 de marzo de 1910.

Venciendo todas las dificultades, a principios de siglo veinticuatro mujeres ya habían obtenido un título universitario, y entre 1872 y 1910, cincuenta y tres mujeres consiguieron la licenciatura y, en algunos casos, el doctorado.

A partir de 1910 se abrió un nuevo camino, al menos desde un punto de vista legal, para el acceso de la mujer a los estudios superiores. En el curso 1919-20 la cifra de matriculadas es de 345, y para el curso 1927-28 la cifra ya asciende a 1.681, lo que representa un 4,2% del total del alumnado universitario. Las mujeres que realizaron estudios universitarios durante la primera mitad del siglo XX lo hicieron mayoritariamente en la Facultad de Farmacia y en la de Filosofía y Letras, motivadas principalmente por las numerosas salidas profesionales: institutos de enseñanza media, colegios religiosos, Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.